Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguía

Abróchense los cinturones porque esta semana se pondrá intensa la grilla por rumbos de San Lázaro donde comenzará el debate de la reforma electoral propuesta por Morena y que será una nueva prueba a la voluntad unitaria de la oposición, seriamente dañada después de que el PRI rompiera la llamada ‘moratoria constitucional’ avalando la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.

Aunque Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI ha declarado que los diputados de ese partido votarán en contra de la reforma electoral, es claro que ‘Alito’ ha dejado de ser un interlocutor confiable para los otrora aliados después de lo ocurrido en el tema de seguridad pública.

Para atizar la discordia en el debate, el secretario de Gobernación Adán Augusto López adelantó recientemente que ya hay un acuerdo con el PRI para sacar adelante la reforma electoral, algo que fue negado por ‘Alito’, pero la palabra del dirigente tricolor no se anda cotizando muy alto últimamente a quien desde algunos sectores del PAN y el PRD perciben como un hombre acorralado, vulnerable y poco confiable.

Los temas que han causado más escozor entre los diputados de oposición tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos y la redefinición del Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales. La iniciativa viene de Palacio Nacional y entre otras cosas plantea que los consejeros del INE (convertido en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) sean electos en las urnas a propuesta de los tres poderes del Estado.

La oposición ha advertido que esa propuesta entraña riesgos de que el instituto sea copado por funcionarios afines al gobierno federal, convirtiéndolo en una suerte de Comisión Federal Electoral como la que existía antes de crear el IFE y que era un apéndice de la secretaría de Gobernación.

Detrás de la pretendida democratización del método para elegir a los consejeros (a boca de urna) aparece una elección con ‘dados cargados’ toda vez que las propuestas saldrían del Poder Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial. Obviamente las propuestas del presidente y las de un Congreso mayoritariamente morenista, lo mismo de una Suprema Corte plegada a la voluntad presidencial sesgarían los perfiles, han sostenido.

Se sabe que para sacar adelante la reforma se requiere de una mayoría calificada que no tiene Morena en la Cámara de Diputados, pero siempre habrá formas de conseguirla, ya por el convencimiento, ya por la coacción. Incluso si eso no funciona siempre queda la opción de reformas a leyes secundarias, como ocurrió con la reforma eléctrica.

Lo cierto es que esta semana comenzará un nuevo episodio de tensiones donde no se descarta una nueva escalada de presiones sobre legisladores de oposición y una radicalización de posturas entre quienes están a favor y quienes están en contra de la reforma.

De acuerdo con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas la iniciativa tiene tres ejes principales: reducir el financiamiento al INE y la elección de sus consejeros; certeza en acciones afirmativas para garantizar la participación de comunidades indígenas, afromexicanas, mujeres y comunidad LGBTTTIQ+, así como el financiamiento transparente de los partidos políticos para evitar que lucren con la pobreza o cometan fraude.

En este último punto el debate se pondrá sabroso después de las revelaciones hechas en el libro El rey del cash, donde su autora, Elena Chávez narra la forma en que durante casi 20 años se financió el movimiento de López Obrador desde que fue candidato del PRD en 2006 y 2012, y ni se diga en 2018.

Hay que ir por palomitas y refrescos, porque vienen días intensos.

II

Se rebasaron las expectativas de asistencia al Festival del Globo organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo, algo que traía muy optimista al alcalde Antonio Astiazarán por todo lo que representa no solo en términos de derrama económica, sino como espacio para la convivencia familiar y la atracción turística.

El festival incluyó amenidades diversas con artistas locales y para el cierre estaba programado Alex Syntek cuyo show es garantía de calidad en todos los sentidos. Me tocó presenciarlo en el Festival del Vino que organiza el empresario guaymense Roberto Lemmen Meyer hace ya un par de años y realmente el señor lo deja todo en el escenario.

Todo parece indicar que el Festival del Globo llegó para quedarse en Hermosillo, de acuerdo con lo que declaró el alcalde. Enhorabuena.

III

Después de permanecer por tres décadas como sempiterna dirigente estatal del organismo de mujeres del PRI, la señora Gloria Galindo de Salazar fue relevada en ese encargo por la huatabampense Lupita Soto.

Para su toma de protesta estuvo en Hermosillo la dirigente nacional de ese organismo femenil, Monserrat Arco, atestiguando el evento el dirigente estatal del tricolor Rogelio Díaz Brown.

El arribo de Lupita Soto envía una señal de inclusión hacia el grupo cercano a la exgobernadora Claudia Pavlovich, a quien la huatabampense acompañó a lo largo de su gobierno como secretaria privada.

El dato es relevante porque ese grupo buscó la dirigencia estatal con la planilla integrada por Zaira Fernández y Pascual Soto, a quienes primero inhabilitaron como fórmula para imponer a Onésimo Mariscales e Iris Sánchez Chiu, aunque al final se optó por una salida negociada en la que ambas fórmulas cedieron para abrirle el camino a Rogelio Díaz Brown.

Por cierto, a Pascual Soto lo vimos en unas fotografías tomadas durante la asamblea estatal del PRD que se llevó a cabo ayer y en la que estuvo el dirigente nacional Jesús Zambrano y a la que asistió también el alcalde de Hermosillo.

No extraña la presencia de ambos, toda vez que en el pasado proceso electoral fueron aliados PRI-PAN-PRD y en el caso particular de Pascual, siempre se ha pronunciado por mantener esa alianza.

Por Arturo Soto Munguía

Llegó la hora del recuento del primer año de la cuarta transformación en Sonora.

Sin rencores ni venganzas, sin exclusiones, pero sin evitar el ajuste de cuentas con el pasado, particularmente con ese al que desde la campaña -y lo reiteró ayer- el entonces candidato a la gubernatura aludió como el grupo que durante 30 años ejerció el poder discrecionalmente haciendo del estado un botín y que está lejos, subrayó, de regresar.

Con matices, la liturgia de los informes sigue intacta. Se extrañaron a las afueras del Congreso los ruidosos grupos de manifestantes que solían llegar con exigencias de todo tipo, pero también los no menos ruidosos grupos de apoyadores -convencidos o acarreados- que llegaban para acuerpar al jefe del Ejecutivo.

No se necesitaron. Varias cuadras de esa parte del centro histórico de Hermosillo estaba custodiada por un impresionante dispositivo de seguridad: agentes municipales y estatales, cadetes del Instituto de Policía, militares vestidos de civil pero inconfundibles bajo las guayaberas blancas o la ropa casual, el cabello muy corto, los ‘chícharos’ en las orejas.

Son los que cuidan la seguridad de los invitados especiales: Adán Augusto López, secretario de Gobernación y el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, señaladamente.

Al recinto legislativo no entra nadie. Solo la comitiva que acompaña al gobernador y que esperaron pacientemente la presidenta de la Cámara, Diana Karina Barreras y el presidente de la CRICP, Fermín Trujillo Fuentes.

En cinco minutos desahogaron el protocolo. Breve tiempo, pero suficiente para que a la neopetista le ganara la emoción de saberse protagonista estelar de la nueva hegemonía y haciendo a un lado formalismos, visiblemente emocionada hizo también a un lado las simulaciones y prácticamente le cedió su condición de presidenta de un poder autónomo al gobernador: “Llevar las riendas del Congreso no es nada fácil, pero sabemos que nuestro señor gobernador con su capacidá y su honestidá lo va a llevar a cabo”.

Desahogado el protocolo, la comitiva se trasladó al Auditorio Cívico, a un costado del edificio sede del Poder Legislativo. Hacía muchos años que el viejo auditorio no se usaba para un informe de gobierno y ahora reverdecía los laureles de la no menos vieja liturgia en la que aparecen liderazgos sociales, políticos y empresariales. Líderes de partidos, legisladores, alcaldes y alcaldesas; un exgobernador, Samuel Ocaña; mandos militares y el gabinete legal y ampliado.

Todos solícitos, atentos, expectantes y prestos al aplauso que rubrica cada frase matona, cada logro descrito, cada compromiso perfilado.

Alfonso Durazo es, a no dudarlo, el gobernador más sólidamente legitimado en las urnas con el voto ciudadano en estos últimos 30 años que suele citar como referencia para establecer el parteaguas entre el antes y el ahora. Manlio Fabio Beltrones fue el último que llegó con el carro (casi) completo y gobernó con absoluto control sobre los otros poderes, sobre partidos y organizaciones sociales, sobre el sector empresarial y hasta sobre los poderes eclesiásticos y los medios de comunicación, usando siempre el viejo truco de la zanahoria y el garrote.

Durazo se cuida mucho, en su mensaje, de marcar la diferencia: Nosotros no vamos a reprimir, sentencia, y pondera la estabilidad social que ha marcado su primer año de gobierno, en el que no ha habido una sola huelga lo que atribuye al ejercicio de la política que privilegia el diálogo por encima de la coerción o la amenaza.

Durazo es también un hombre agradecido. Abre su discurso refrendando su lealtad absoluta al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de nación. Sin ambages ni recovecos se cuadra ante el líder de la cuarta transformación y no deja un resquicio para la duda sobre su compromiso con él.

Enseguida devela las claves de la legitimidad: un ejercicio gubernamental que privilegia a los sectores más amplios de la población y a los más abandonados, a los que nunca les había tocado.

Parece sencillo, pero no lo es tanto. En Sonora hay casi 600 mil beneficiarios de los programas del bienestar, entre los que se cuentan masivamente estudiantes becados, jóvenes construyendo el futuro y adultos mayores. Casi 600 mil sonorenses que periódicamente reciben montos que van desde los mil pesos mensuales de una beca para niños y niñas de primaria, hasta 3 mil 850 pesos bimestrales para personas de la tercera edad.

Si es mucho o es poco no está a discusión. Lo que es un hecho es que en el imaginario colectivo, los beneficiarios de esos programas concluyen que ese dinerito no lo tenían y peor aún, que en lugar de caer a sus bolsillos, los anteriores gobiernos se lo robaban.

Parece una ecuación sencilla, pero no todos la entienden aunque en ella reside buena parte de los resultados electorales en las últimas dos jornadas, la de 2018 y la de 2021. La primera llevó a Alfonso Durazo al senado; la segunda a la gubernatura.

Lo que siguió fue la danza de los millones. La inversión en educación, salud, infraestructura; los planes de justicia para las etnias yaqui, mayo, seri y guarijío, así como el plan de justicia para Cananea. Destacó el arranque de los frentes de obra en la modernización del puerto de Guaymas, que incluye la carretera que unirá al puerto con el estado de Chihuahua y que forma parte de un megaproyecto que establecerá un corredor comercial y turístico con alcances globales para llevar mercancías (incluyendo gas natural) a los países de la cuenca del Pacífico en Asia.

No todo, sin embargo, podía ser miel sobre hojuelas. El apartado de seguridad sigue siendo un tema polémico. El gobernador citó datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública para documentar que en lo que va de su administración el homicidio doloso ha bajado 6%, con lo que se rompió la tendencia de violencia ascendente iniciada en 2013. Dijo que el feminicidio se redujo en 40%, el robo a casa habitación bajó 16%; el robo a transeúnte, 7%; el robo en transporte público, 40%; la extorsión, 11%; el narcomenudeo disminuyó 18% y la violencia familiar 14%.

La delincuencia organizada, empero, se esmeró en mostrar que tenía otros datos. Ayer mismo hubo un intento de motín en el Cereso de Guaymas, donde se registró el asesinato de al menos una persona, en hechos distintos; en Rosario Tesopaco estalló la violencia, hubo tres vehículos incendiados y un asesinato; en Empalme hubo cuatro ejecuciones y una balacera que sumió en el pánico a la población.

En Guaymas y Empalme las balaceras ocurrieron en zonas céntricas y cercanas a escuelas y jardines de niños.

En San Luis Río Colorado hubo enfrentamientos entre bandas criminales que dejaron un saldo de cuatro personas asesinadas.

El tema de la seguridad pública, y sobre todo el de los delitos de alto impacto sigue siendo una sombra sobre el gobierno de Alfonso Durazo. Una sombra que ennegreció su primer informe de gobierno.

Por Arturo Soto Munguía

Le salió la vena opositora a Movimiento Ciudadano y en Hermosillo se lanzaron con todo sobre su ex aliado (fue su candidato al senado en 2018, aliados con el PAN), el hoy alcalde Antonio Astiazarán, con un tema que políticamente es bastante redituable habida cuenta que no hay hermosillense que en estos momentos no haya visto alterada su vida cotidiana por el mal estado de las vialidades.

El asunto de los baches no afecta solo a los automovilistas cuyas quejas se replican al por mayor en las redes sociales, sino que ha llevado a los usuarios del transporte urbano a modificar incluso sus horarios por las demoras que significan los traslados y en general, las afectaciones a la movilidad nos pegan a todos.

Movimiento Ciudadano plantea tres ejes de una estrategia crítica que incluye la participación ciudadana al hacer un llamado a dar seguimiento a los trabajos de bacheo, partiendo de las dudas que generan las cifras oficiales en cuanto a la forma como se está combatiendo el problema. Al mismo tiempo trabajan en una propuesta que contenga un apartado técnico y presupuestal para el bacheo efectivo, y promoverán el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que el ayuntamiento pueda resarcir los daños a vehículos y personas ocasionados por deficiencias en la infraestructura urbana.

Así lo dieron a conocer ayer en rueda de prensa, los dirigentes estatal y municipal de ese partido, Manuel Scott y Rogelio Cota, quienes también recordaron al alcalde su promesa de regresar el pago de predial si en siete días no cumplía con tapar los baches reportados por ciudadanos al corriente con el pago de ese impuesto.

Y hasta aquí todo suena muy bien. El pequeño problemilla llega a la hora de ponerle numeritos presupuestales al asunto, porque el presidente de la República ya les mandó decir a los alcaldes y gobernadores que si saben contar, no cuenten con un solo peso del recurso federal para atender ese problema y que le metan ingenio a la cobranza de impuestos, a las negociaciones con empresas constructoras y se aprieten el cinturón para escalar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.

De ninguna manera se trata de asumir la defensoría de oficio del alcalde de Hermosillo (y del resto de los alcaldes que también enfrentan problemas similares y hasta peores en sus municipalidades), pero el Toño Astiazarán es el único que está presentando chamba en la materia, con todo y que el problema es de una gravedad tal, que lo rebasa.

Hay décadas de simulaciones y ‘bomberazos’ para tapar con materiales de baja calidad hoyancos, zanjas y baches. En Hermosillo ya hay dos o tres generaciones que posiblemente no recuerden la última vez que el gobierno construyó una vialidad completa con concreto hidráulico, pero seguramente sí permanece en la memoria las veces que alcaldes y alcaldesas de distinto signo político repitieron ese ciclo de tapar un hoyo y ver salir cinco con la primera lluvia.

Y conste que hasta antes de 2018, había programas, fideicomisos, bolsas y partidas millonarias para atender la infraestructura urbana en los municipios, que evidentemente fueron saqueados en la rapiña de corrupción y según estimaciones de quienes conocen el tema, de cada peso destinado a obras de pavimentación, recarpeteo, bacheo y en general, de infraestructura urbana, terminaban aplicándose diez centavos.

Afortunadamente llegó López Obrador a la presidencia y ya no hay corrupción (risas grabadas) pero tampoco hay dinero para invertir en obras de infraestructura.

Sarcasmos aparte, el tema es serio. Ya estamos en el tiempo que se discute en la cámara de diputados el presupuesto federal y, como sucede desde hace cuatro años lo previsible es que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal no contemple recursos para este rubro.

Llegando a este punto, vale preguntar: si los estados y municipios no tienen recursos suficientes para atender el problema de las vialidades, reconocido por el propio presidente como una demanda ciudadana por encima de la seguridad pública (y eso es mucho decir), ¿el ingenuo lector, la soñadora lectora creen que algún diputado o diputada federal por Sonora vaya a subir a la tribuna un reclamo o propuesta para modificar el presupuesto de egresos y destinar algún monto o partida para pavimentación?

O mejor aún, honestamente, ¿usted se acuerda quién es la diputada o diputado federal que lo representa por su distrito?

Ahí se las dejo.

II

Y a propósito de pesos y centavos, si los gobiernos estatales y municipales no pasan por su mejor momento financiero, les tengo noticias. Tampoco el gobierno federal tiene.

La situación es tan crítica que ayer, la cámara de diputados federal aprobó casi por unanimidad una propuesta de reforma presentada por el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier Velazco para expropiar fondos que podrían llegar a los 10 mil millones de pesos y que actualmente se encuentran en cuentas bancarias que no registraron movimientos en los últimos seis años, para ser aplicados en temas de seguridad pública.

La propuesta morenista fue aprobada en lo general por 483 votos, cero en contra y una abstención. En lo particular tuvo 102 votos en contra.

¿De qué se trata esto?

La Ley de Instituciones de Crédito ya permitía expropiar los recursos en cuentas inactivas durante más de seis años, para destinarlos a instituciones de beneficencia pública. La reforma cambia el destino de esos recursos y la beneficencia pública se quedará con el recurso de cuentas con menos de 52 mil pesos.

Pero todas aquellas cuentas inactivas con más de 52 mil pesos se irán a una cuenta global del gobierno federal y de allí se repartirán de la siguiente manera: el 50% para la federación, el 30% para los estados y el 20% para los municipios.

De los y las legisladoras de Morena no extraña la aprobación de esta reforma, pero es muy sintomático que los partidos de oposición la hayan aprobado, pues da una idea del ‘piojo’ que se cargan en estados y municipios que gobiernan y, ante el previsible escenario de un presupuesto federal 2023 sin dinero para seguridad pública, lo que caiga es bueno. Del perdido, lo que aparezca, dirían.

En este espacio citamos en su momento el sentir de una alcaldesa y un alcalde sonorenses, morenistas por cierto, que en sus periodos de gestión (2018-2021) se quejaron amargamente de la pichicatería del gobierno federal para con sus municipios.

Célida López, de Hermosillo se lamentó de que en su segundo año de gobierno ‘vio pasar volando’ más de mil millones de pesos (¡mil millones de pesos!) para programas sociales, pero casi nada para inversión en obra pública.

Sergio Pablo Mariscal, de Cajeme, solicitó al gobierno federal comprensión para destinar recursos a su municipio, dándole ‘un pellizco’ a los proyectos estratégicos (tren maya, AIFA, refinería Dos Bocas, tren transítsmico) y orientar recursos para atender los problemas de su localidad.

Ni una ni otro fueron escuchados.

Hoy solo queda un par de dudas. Si el propio presidente reconoció que en los municipios el problema de la infraestructura urbana, concretamente el de las vialidades es una demanda más sentida incluso que la seguridad, ¿Por qué los recursos que van a expropiar no se destinan a pavimentación, recarpeteo y bacheo?

Y otra: ¿por qué los diputados no plantearon esa alternativa?

Una última: ¿quiénes son los diputados y diputadas federales de Sonora?

Por Arturo Soto Munguía

Apenas pasada la elección de 2021, el presidente destapó a sus corcholatas, adelantando como nunca la sucesión presidencial. A quince meses de aquella mañanera en la que enlistó a seis ‘tapad@s’, quizás la idea de apresurar tanto el proceso no aparezca tan genial.

Quienes estaban en la lista inicial eran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle. Ayer, agregó a la lista a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña.

La incorporación de Ricardo Monreal después de muchos meses de desprecios puede obedecer al trabajo de tejido fino que hizo en el papel de policía bueno (junto al policía malo, Adán Augusto López) para sacar adelante en el senado la reforma que extendió la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Pero quizás obedezca a otras causas, entre ellas la eventual renuncia del zacatecano ante la previsible decisión final en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que no sería cosa menor. Si a Monreal le adjudican (los propios morenistas) la operación política que derivó en la derrota electoral de Morena en media capital del país, significa que el tipo trae algo en la bola y puede abrirle otro boquete importante al partido en el gobierno si echa a andar sus habilidades en la concertación con otras fuerzas políticas.

Tatiana Clouthier ya no está en el gabinete y sus primeras declaraciones tras su salida no deben echarse en saco roto. La sinaloense avecindada en Monterrey declaró al columnista Enrique Galván, de La Jornada, que el presidente está rodeado de una jauría que no deja avanzar proyectos y que está más ocupada en la sucesión presidencial que en el ejercicio de gobierno.

El presidente sigue jactándose de su alta popularidad y muestra un exceso de confianza tal que lo lleva a ironizar con la debilidad de sus opositores y hasta se da el lujo de ofrecerles asesorías gratuitas para que conduzcan el proceso de selección de su candidato o candidata presidencial.

Pero ese exceso de confianza fue el que lo llevó también a perder la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México en 2021. Si eso no hubiera ocurrido, el presidente habría transitado la segunda mitad de su sexenio por un camino despejado en la aprobación de reformas importantes como la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral. Las primeras dos las sacó en procesos accidentados y muy apretadamente, y la tercera está en veremos.

Con todo, una instantánea de este momento indica que no hay manera de que Morena no refrende su permanencia en Palacio Nacional para 2024. Sus bases electorales gozan de cabal salud; el aparato de Estado opera con eficiencia en la operación de políticas públicas que se traducen en votos y el ejército de leales tiene una convicción a toda prueba. Tienen muchísimo dinero y saben cómo utilizarlo.

La oposición por su parte, luce errática, desarticulada y hasta confrontada. Ni siquiera han sido ellos quienes han asestado los mejores golpes al partido oficial, sino que marchan a la cola de revelaciones periodísticas (como la de la Casa Gris), de las filtraciones producto del hackeo guacamayo o de la presunta ‘bomba’ que significaría el libro de Elena Chávez, ‘El rey del cash’, que tampoco fue el misil atómico que esperaban.

Eso no significa que no hayan minado la imagen del presidente, sobre todo fuera de los sectores que bajo ninguna circunstancia abdicarían del apoyo incondicional al proyecto de la 4T, sectores, hay que decirlo, que siguen siendo mayoritarios en el país y que sin duda le alcanzarían para refrendar el triunfo en 2024.

Por otro lado la oposición carece de un programa aglutinador, de una personalidad que concite los consensos internos y que a la vez sea competitiva electoralmente. Más bien parecen apostarle a una escalada en la guerra de tribus morenistas y al desprendimiento de personajes como Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, pero eso también es muy azaroso.

La Alianza Va por México integrada por PRI, PAN y PRD vive sus propios dramas internos y ya cambió de nombre a ‘Unid@s’ pero en ella aparecen los mismos protagonistas. Movimiento Ciudadano está jugando ‘pegado a la barda’ esperando cachar la candidatura de Marcelo Ebrard y/o Ricardo Monreal, pero eso sigue siendo también muy azaroso.

Estamos a poco menos de dos años de la elección, y muchas cosas pueden pasar en este último tramo. Veremos de qué cuero salen más correas.

II

Dejó la víbora chillando la colega y amiga Michelle Rivera al colgar en su cuenta de tuiter un aviso de que este día varios ‘panistas importantes’ presentarían su renuncia a ese instituto político.

Las razones esbozadas por la colega tienen que ver con inconformidades generadas después de la asamblea estatal, donde les cerraron espacios a ciertos militantes, y también por la invitación que hicieron al exgobernador Guillermo Padrés.

A reserva de lo que suceda hoy, me quedo con una versión obtenida de gente cercana a los asuntos del PAN, en el sentido de que el origen de esa información es, directa o indirectamente, nada menos que el exsecretario de Gobierno de Guillermo Padrés, Roberto Romero López, quien reaccionó de esa manera después de que ni siquiera fuera invitado a la asamblea estatal, y tampoco le dieron posiciones entre los consejeros estatales.

Ahí luego averiguamos qué pasó.

III

Los días 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo en Hermosillo el primer Foro Mundial de Energía Solar que reunirá a ponentes especialistas en la materia, del sector público y privado, así como de la academia, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Entre ellos se cuenta al expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos; el exalcalde de Los Ángeles y actual consejero de Infraestructura en California, Antonio Villaraigosa; Calixto Mateos, director General de NADBank y Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, del ITESM. También fue secretario federal de Turismo y director de Bancomext.

En el evento habrá conferencias, paneles de expertos, presentación de proyectos, encuentro de negocios B2B, sesiones de networking, talleres de capacitación, área de exposición y un hackatón, que es un encuentro de programadores para el desarrollo colaborativo de software.

Por Arturo Soto Munguía

Vaya escobazo que le dio al avispero padrecista la diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva al declarar que ese partido no buscaría una alianza con el PAN, un partido que le aplaude a un corrupto como Guillermo Padrés.

Aludía, seguramente después de leer El Zancudo de ayer, al aplauso de pie que le prodigaron al exgobernador los panistas reunidos en su asamblea estatal, aunque institucionalmente después ya ni lo mencionaron en el boletín oficial del evento.

Mal terminaba de dar esa declaración cuando el colega y amigo Fernando Oropeza la subió a su cuenta de Twitter y de allí en más todo fue como si le hubieran echado limón al ostión del padrecismo, para que sus más conspicuos representantes saltaran a la palestra yéndosele a la yugular a la diputada.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes fue en el sentido de que apenas acaba de llegar a Movimiento Ciudadano y ya pretende erigirse en vocera y artífice de la política de alianzas de ese partido, pero resulta que más tarde tuvimos en los micrófonos de la Red 93.3 FM al dirigente municipal de MC, Rogelio Cota y nos dijo que los dichos de Natalia no fueron producto de la improvisación, sino que es un tema previamente conversado en las filas emecistas y en sintonía con la dirigencia nacional donde, recogiendo el sentir de la ciudadanía han tomado la decisión de ir solos en los próximos procesos electorales.

Claro, a Natalia también le recordaron su paso por la administración de Claudia Pavlovich, donde firmó los seis años como Jefa de la Oficina del Ejecutivo, reclamándole presuntos actos de corrupción que desde luego no solo no acreditaron, sino que mientras ellos descargaban su ira contra la pasada administración, sus diputados en el Congreso local estaban aprobando el dictamen respecto a la calificación de la cuenta pública estatal 2021, que corresponde a ocho meses de la pasada administración y cuatro de la que hoy encabeza Alfonso Durazo. Con las observaciones del ISAF y posicionamiento crítico, pero la aprobaron.

Incluso la administración directa del Ejecutivo en los meses correspondientes a la administración de Claudia Pavlovich tuvo una aprobación de 100, con solo dos observaciones

Lo cierto es que a Natalia los padrecistas no le perdonan el protagonismo que tuvo durante la campaña de 2015, cuando los trajo a toallazos, de esquina a poste y no les quitó el guante de la cara hasta que salieron de Palacio de Gobierno y muchos de ellos emprendieron la graciosa huida, cargando eso sí, costales de billetes producto del saqueo a las arcas públicas.

Y fue la propia Natalia quien ayer presentó el informe de resultados de la cuenta pública 2021, acordado unánimemente en la Comisión de Fiscalización en función de las conclusiones del ISAF, que señaló mil 750 observaciones de las cuales faltan por solventar 641.

Se habla de un daño patrimonial de 564 millones de pesos, que podría reducirse si se solventan las observaciones. En realidad, para un ejercicio presupuestal de 70 mil millones de pesos, esos 564 no son tan relevantes, sobre todo considerando que el último año de Padrés, el daño patrimonial rozó los 10 mil millones de pesos.

En fin, quede este episodio como el preludio de los capítulos que están por escribirse en relación con eventuales alianzas entre partidos de oposición a Morena, que por lo visto no marchan por caminos despejados.

II

En más de la cuenta pública, en general tuvo una calificación de 86.50, pero no pasaron la prueba varias dependencias estatales: Comisión Estatal del Agua, Isssteson, Fondo de Operación de Obras Sonora SI y la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

Tampoco aprobaron 17 municipios, Empalme y Huatabampo entre los más grandes y el resto son pequeñas municipalidades de la sierra y el desierto.

El Acuerdo aprobado relativo a la cuenta estatal establece que, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, deberá dar seguimiento a cada una de las observaciones y salvedades señaladas en el Informe de Resultados del ejercicio fiscal 2021 y, en caso de no solventarlas, en términos de lo que marca la Ley en la materia, deberá promover ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad que resulten procedentes en cada caso, mismo sentido del Acuerdo sobre las 17 cuentas municipales no aprobadas.

Cada uno de los grupos parlamentarios hizo su respectivo posicionamiento, con una fuerte carga crítica, señalando errores, omisiones y presuntas faltas administrativas, pero finalmente terminaron votando a favor.

III

Y a dos días de su primer informe de gobierno, Alfonso Durazo sigue sacando la chamba y este día andará en el meritito Rosario Tesopaco para dar el banderazo de inicio a la obra de modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, un megaproyecto que vendrá a relanzar la actividad económica entre ambos estados, teniendo como centro de operaciones el puerto, donde por cierto ya comenzaron las obras de ampliación y modernización la semana pasada.

Esta carretera, gestionada por el gobernador Alfonso Durazo y su homóloga de Chihuahua tendrá una inversión de 13 mil millones de pesos, un monto que se puede referenciar considerando por ejemplo que el programa de modernización carretera en el gobierno de Claudia Pavlovich fue de cinco mil millones, o el Acueducto Independencia de Guillermo Padrés de alrededor de cuatro mil millones, aunque inicialmente estuvo proyectado con dos mil millones aproximadamente.

IV

Otro que no se duerme en sus laureles es el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán que ayer inauguró un centro de carga para las patrullas eléctricas integrado por 345 paneles solares y 120 cargadores que estiman un ahorro de 150 mil pesos mensuales en electricidad.

Este centro de carga está ubicado en la comandancia de la Zona Norte de la Policía Municipal, allí donde antes había una especie de panteón de patrullas, un espacio que asemejaba más a un deshuesadero que a otra cosa.

Para darse una idea del ahorro, considérese que cada patrulla convencional consumía un promedio diario de 837 pesos solo en gasolina; las patrullas eléctricas consumen 65 pesos diarios y con energía limpia, renovable y gratuita.

La Policía Municipal de Hermosillo es la primera en el país en contar con un parque solar, que por cierto se hizo posible gracias a la donación de 132 paneles solares por parte del grupo empresarial FEMSA, y forma parte de una serie de estrategias con perspectiva medioambiental que viene desarrollando el ayuntamiento.

Y aquí hay que reconocer el trabajo de la directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, que por cierto ha acompañado al Toño Astiazarán en estos temas desde que estaba a cargo de la AC Energía Sonora. Palomita.

Por Arturo Soto Munguía

Algo de masoquismo hay entre los panistas sonorenses, que ayer aplaudieron a rabiar la presencia del exgobernador Guillermo Padrés en la asamblea donde se renovó el Consejo Estatal y se eligieron candidatos al Consejo Nacional.

Si bien Padrés Elías supo capitalizar la coyuntura política de un PRI quebrado por la imposición de Alfonso Elías como candidato de Eduardo Bours a la gubernatura y sumar liderazgos en Acción Nacional que permitieron romper la hegemonía histórica del tricolor para dar paso a la primera alternancia en Sonora, también es cierto que su gobierno fue un desastre de corruptelas y un fabricante de millonarios express, al grado de que seis años después fueron vapuleados en las urnas por el mismo PRI.

Si a alguien hay que endosarle el fracaso del PAN y su reducción a la mínima expresión es a Guillermo Padrés Elías y sus secuaces. No es una exageración: el propio Gildardo Real, hoy dirigente estatal de ese partido reconoció en el proceso electoral del año pasado, que si el blanquiazul no se aliaba con el PRI corría el riesgo de perder el registro como partido. De ese tamaño fue el declive.

Y sin embargo, los asistentes a la asamblea estatal se pusieron de pie para aplaudirlo, aunque en el boletín institucional el exgobernador no tuvo ni una mención que registrara su presencia.

En el evento, el dirigente estatal Gildardo Real sostuvo que el PAN es la única alternativa seria y fuerte para hacerle un frente a Morena, aunque bien a bien no se sabe si en su estrategia incluya la táctica de acabar con el enemigo desde adentro, porque varios connotados panistas (padrecistas, por cierto) ya están en la nómina del actual gobierno estatal y los municipales de Morena, y otros se andan arrimando a la sombra del duracismo, operando subrepticia, aunque no gratuitamente para su gobierno.

Por cierto, una de las tareas del nuevo Consejo Estatal será definir la política de alianzas del blanquiazul, un tema relevante porque al interior de ese partido, donde hay corrientes importantes que consideran un fracaso la alianza con el PRI y el PRD en 2021, y empujan para no repetir ese ejercicio. Ya se verá cuál es la decisión que finalmente toman.

Y también se verá si la reaparición de Guillermo Padrés les suma o les resta. Es decir, claramente les sumará en términos de dinero y de cohesión de la nomenklatura, donde el exgobernador sigue siendo el líder indiscutible, pero quién sabe si eso se traduzca en consensos hacia afuera, donde el PAN ha perdido cientos de miles de votos. Y en esa debacle, mucho tuvo que ver Padrés y los padrecistas.

II

Apenas en noviembre pasado, Marco Antonio Andrade me buscó para obsequiarme un libro. Yo no tenía idea de que quizás en esos días ya estaba afectado por una enfermedad terminal, que finalmente acabó con su vida ayer domingo.

A Marco Antonio lo conocí en la Universidad de Sonora en aquellos días de amor y de guerra cuando comenzaban a soplar los vientos de cambio en el país. 1987-88 como referencia imprescindible para entender la transición en México.

Estudiante de derecho, brillante orador, alumno aventajado y muy participativo políticamente, como suele ser la gente de Cananea. Destacó pronto como profesional y diez años después ya firmaba como director Jurídico del Congreso del Estado, donde solía presumir lo que llamaba sus poemas jurídicos, textos muy bien soportados en la ciencia del Derecho que los convertían en irrebatibles.

Fue el autor de toda la parte jurídica en que se apoyaron los diputados para revocarle el mandato a Sara Valle Dessens en su primer mandato como alcaldesa de Guaymas.

Su sagacidad lo hizo redactar una iniciativa para lograr que los diputados de la LV legislatura (1997-2000) incrementaran sus dietas, algo que solo se permitía a condición de que dicho incremento aplicara para la siguiente legislatura. No sé cómo lo hizo, pero documentó y argumentó de tal forma su propuesta, que encontró el resquicio por el cual hacerla pasar sin violentar la ley vigente.

También fue director Jurídico y secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, consultor de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y últimamente firmaba como asesor y representante legal de varias empresas mineras nacionales y extranjeras.

Su muerte me tomó por sorpresa. En mi escritorio tengo el libro De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera, de Umberto Eco, con una dedicatoria inmerecida para este tundeteclas.

Y como las malas noticias no vienen solas, días antes nos enteramos del fallecimiento de otro viejo conocido, pero éste del otro lado de la geometría política. Andrade militó siempre en la izquierda, desde el PSUM hasta el PRD; Martín Lugo Félix lo hizo siempre en el PRI. Tampoco pudo superar un cáncer y también se fue, dejando a familiares y amigos llenos de pesar.

A Martín también lo conocí desde aquellos años, cuando era dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, y pese a las diferencias políticas siempre fue alguien con quien se podía conversar y convivir.

Descansen en paz ambos buenos camaradas.

III

El alcalde Antonio Astiazarán se dio tiempo para asistir a la asamblea estatal del PAN, y él sí mereció una mención en el comunicado oficial.

El Toñito es hoy por hoy, el activo más valioso de ese partido, aunque como candidato de la alianza, la mayor parte de sus votos haya provenido del PRI. Como alcalde de la capital del estado ha sacado la chamba destacando sobre todos los alcaldes y alcaldesas del resto de los municipios.

El mayor problema que enfrenta en estos momentos es el del desastre que las lluvias provocaron en las vialidades de Hermosillo, pero no se ha tirado al piso como otros alcaldes, esperando que desde el estado o la federación les apoyen en ese tema. De hecho, es quien más recursos ha destinado para remediar un asunto que requiere miles de millones de pesos.

De hecho acaba de anunciar la intensificación de los trabajos con 27 cuadrillas que tienen como objetivo tapar 300 mil baches para fin de año.

Lo cierto también es que el alcalde se ha anotado varios éxitos en su gestión, acaso uno de los más relevantes es la adquisición de 220 patrullas eléctricas para fortalecer la seguridad pública -un rubro en el que Hermosillo, pese a ser la ciudad más poblada del estado, ha mantenido niveles aceptables- y ese programa ya está siendo considerado por otros alcaldes, como Javier Lamarque, de Cajeme, para implementarlo en sus municipios.

De hecho, este programa será expuesto en el Taller Nacional de Movilidad Eléctrica con Municipalidades 2022, que se llevará a cabo en Nicaragua, como parte del proyecto “Avanzando hacia la electrificación con un enfoque regional”, del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Por Arturo Soto Munguía

Hace apenas tres días el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de arranque a las obras de rehabilitación del parque La Sauceda en Hermosillo, con una inversión inicial de siete millones de pesos, y ayer el alcalde Antonio Astiazarán anunció 22.5 millones de pesos para invertir en la rehabilitación del Cárcamo en ese tan emblemático como abandonado parque recreativo.

Inaugurado en 1994, ese complejo recreativo se convirtió pronto en el lugar obligado para quien visitara Hermosillo: albercas y chapoteaderos; el museo infantil La Burbuja, juegos mecánicos, amplios espacios para picnic, una magnífica explanada para conciertos al aire libre y otras amenidades lo hacían único en el estado.

Una vorágine de acontecimientos poco claros fue acabando poco a poco con este parque, ubicado en una zona privilegiada que comprende más de 40 hectáreas al oriente de la ciudad, hasta que en 2012 cerró definitivamente sus puertas. Las últimas noticias sobre La Sauceda tenían que ver más con actos vandálicos, incendios provocados, proliferación de fauna nociva y en general, con la estampa del abandono.

Hoy el gobierno del estado ya arrancó el rescate de La Sauceda y comienzan a aplicarse los primeros recursos para rehabilitar varios espacios como parte de un proyecto más ambicioso que incluye la construcción de un parque lineal de 12 kilómetros que llegaría hasta La Victoria y, en palabras del gobernador Alfonso Durazo, en unos años no tendría nada que envidiarle al parque de Chapultepec en la Ciudad de México.

Por otro lado, el ayuntamiento de Hermosillo se hizo cargo de esa zona aledaña conocido como El Cárcamo, que en la administración pasada estuvo a punto de ser vendido, pero la oposición de grupos ambientalistas y una partida de recursos federales detuvieron el proceso de venta.

Ayer, el alcalde Toño Astiazarán anunció el arranque de la rehabilitación y modernización de la Unidad Deportiva El Cárcamo.

“Lo querían vender, querían convertir esta unidad en edificios y acabar con los espacios deportivos y eso no lo podíamos permitir. Por eso en campaña vine y dije ante deportistas que si yo ganaba no solamente lo impediríamos, sino que arreglaríamos este lugar como dios manda y hoy estoy emocionado porque vengo a honrar mi palabra”, expresó el alcalde durante el evento en el que hizo el anuncio.

Así, esta obra incluida en el Plan Hermosillo CRECE contará con cuatro campos de beisbol, dos canchas de basquetbol, dos de voleibol, un parque para patinaje, andadores peatonales, comedor urbano, área para adultos mayores y juegos infantiles incluyentes para niñas y niños con discapacidad; 241 cajones de estacionamiento y área para hacer ejercicio.

Si las cosas siguen su curso normal, muy pronto veremos renacer esa zona de la ciudad que en un tiempo fue orgullo de Sonora.

II

Conforme van apareciendo nuevas revelaciones extraídas de la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente los muy ingenuos o los deliberadamente perversos pueden sostener que los datos allí contenidos son irrelevantes.

Muchos de esos datos obtenidos ilegalmente por el grupo autodenominado Guacamaya tienen que ver con asuntos prioritarios de seguridad nacional, como el número de elementos de las fuerzas armadas destacamentados en puertos y aduanas, su capacidad operativa, poder de fuego y movilización; armas, equipo, transporte…

Esa información, en las manos equivocadas como pueden ser las de un gobierno coyunturalmente hostil o las del crimen organizado dejaría a nuestras fuerzas armadas en una condición de vulnerabilidad grave.

Si careciendo de esa información antier se registró una terrorífica masacre en Totolapan, un pueblo de Guerrero donde sicarios hicieron sonar la metralla por espacio de 40 minutos en un tiroteo que dejó un saldo de 18 muertos, incluyendo al presidente municipal. Si en cuatro años la cifra de asesinados en eventos de esta naturaleza andan rozando los 130 mil en todo el país, imagínense lo que las corporaciones criminales harían disponiendo de una radiografía más precisa de la capacidad de respuesta institucional por parte de los gobiernos federal y estatales.

A menos que se considere que por otras vías -como puede ser la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas y en las propias fuerzas armadas- esa información ya está desde hace tiempo en poder de los criminales y por eso actúan con tal descaro y desparpajo, deberíamos asumir que las cosas no pueden ir peor.

Pero nadie, quizá ni las propias elites castrenses saben a ciencia cierta la cantidad y la calidad de la información que les fue sustraída por los hackers de Guacamaya, ni quienes la están procesando en estos momentos, ni con qué fines.

Hasta ahora el Estado mexicano ha tomado el asunto con ligereza, al menos públicamente, pero seguro los servicios de inteligencia están trabajando a toda máquina para evaluar las dimensiones de la crisis y tratar de contenerla.

La información que está apareciendo dosificadamente a través de varios medios que tuvieron acceso a los seis terabytes de información parece concentrarse en aquellos temas que suelen suscitar el escándalo y el morbo, particularmente los relacionados con funcionarios públicos, policías y militares involucrados en actividades ilícitas, lo cual de suyo es grave, pero no hay manera de saber qué más puede salir a la luz.

Claro, también hay mucha paja en toda esa información, y algunos datos que confirman la gravedad de una vulneración de la seguridad nacional ante grupos terroristas extranjeros y cárteles mexicanos.

Por ejemplo, en una evaluación de riesgos sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Oficialía Mayor de la Defensa Nacional y el Comité de Administración del AIFA (integrado por militares) hizo un listado de grupos con posibilidades de perpetrar un acto de interferencia ilícita.

Encabezando la lista están Hezbollá y Al Quaeda con 10 y 12 puntos en una escala del nivel de amenaza que representan. Con 8 y 9 puntos en esa escala aparecen el Estado Islámico de Irak y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El Cártel Jalisco Nueva Generación está considerado con un nivel de amenaza de 10 puntos, igual que Hezbollá. El cártel La Familia, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y el cártel de los Beltrán Leyva aparecen con 8 puntos en esa escala.

También aparecen organizaciones sindicales y sociales que de acuerdo a esa información podrían constituir una amenaza seria. Allí aparecen el sindicato Libertad (ramos del transporte y la construcción, pero presuntamente ligados a extorsiones y otras actividades ilícitas); la CNTE y colectivos feministas catalogados con un nivel de amenaza de 10, es decir, el mismo que Hezbollá, un grupo de terroristas musulmanes.

En la lista aparecen también los familiares de niños con cáncer y las madres usuarias de guarderías infantiles con 6 y 5 puntos en la escala de amenaza, es decir, andan en el rango de peligrosidad del Cártel Unión Tepito, el Cártel del Centro y los ex trabajadores de la extinta Policía Federal.

Qué pena, pero mientras nuestras fuerzas armadas concentraban sus labores de inteligencia en grupos como los familiares de niños con cáncer o usuarias de guarderías infantiles, les llegó la Guacamaya y les robó toda la información, incluyendo aquella que sí puede poner en alerta a organizaciones criminales verdaderamente peligrosas.

Esta historia continuará.

Por Arturo Soto Munguía

Una milimétrica lectura de los pros y los contras, de los consensos sociales y de los costos políticos debió hacer el gobernador Alfonso Durazo para tomar la decisión, postergada durante muchos años por sus antecesores, de levantar la ‘piola de cuota’ que integrantes de la etnia yaqui mantenían en Vícam, esquilmando indiscriminadamente a usuarios de esa rúa.

No es casual que otros gobernadores hayan sido omisos en el abordaje de este tema. El único que se animó a desplegar un operativo como el que vimos ayer fue Eduardo Bours y la memoria registra aquellas imágenes de los policías estatales persiguiendo a los yaquis entre los matorrales. También se recuerda que fue flor de un día, porque las ‘piolas de cuota’ volvieron a instalarse unos días después.

Pero lo que muchos no sabíamos ahora es que desde hace meses, las autoridades tradicionales de la etnia que se encuentran participando desde el inicio de la implementación del Plan de Justicia Yaqui dieron el aval para que los grupos que mantenían los retenes fueran desalojados por el gobierno. Es decir, el consenso suscitado ayer y registrado de inmediato en las redes sociales por la liberación de la carretera también tiene aval entre autoridades de la tribu, algo que quizá no hizo Eduardo Bours en su momento.

La étnica lectora, el aborigen lector estarán enterados que el martes pasado fue detenido un joven que participaba de uno de esos retenes a la altura de Estación Oroz. Eso desató las protestas entre sus familiares y otros miembros de la etnia que procedieron a bloquear la carretera y unas horas después les cayó la policía estatal y la Guardia Nacional para despejar la carretera en un episodio donde hubo cinco detenidos.

Ayer miércoles, un nutrido contingente de policías estatales y federales hizo lo propio en Vícam, en un operativo en el que se detuvieron 20 personas. La carretera ya está despejada y los agentes permanecerán allí para evitar que se vuelvan a instalar.

Hace mucho que una medida tomada por el gobierno estatal no concitaba tantos consensos sociales como la que ayer culminó con la liberación de la carretera internacional. Ciudadanos y liderazgos de diversa filiación aplaudieron sonoramente el desalojo y respaldaron la decisión del gobernador Alfonso Durazo.

Eso, supongo, fue parte de esa lectura previa para decidirse a poner fin a un asunto que surgió como un justo reclamo de la etnia por la deuda histórica del Estado Mexicano no solo en materia de justicia social, sino en pesos contantes y sonantes que le corresponden por el llamado ‘paso de servidumbre’, una suerte de compensación, bono o impuesto por el uso de su territorio.

Pero el asunto se fue enredando de tal modo que al paso de los años y producto de la división -también añeja- en la etnia, ya no se sabía dónde comenzaba el saldo de la deuda histórica y dónde comenzaba la baquetonada, sobre todo de grupos y personajes de dudoso proceder.

Lo cierto es que la cuotas que comenzaron siendo voluntarias y apelando a la solidaridad de los usuarios de la carretera se convirtieron en obligatorias y con montos fijos, que eran cobrados de no muy buena manera, al grado de que provocaron no pocos episodios de violencia, connatos de zafarranchos y agresiones a automovilistas y camioneros.

En el marco del Plan de Justicia para la etnia se esbozaron algunas propuestas, siendo las más publicitadas: el cambio de la caseta de Esperanza más al norte y la asignación de un porcentaje de lo que Capufe recauda por concepto de peaje. En una de sus giras, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso calcular el monto de lo que recaudan los yaquis en sus retenes, y asignarles esa cantidad institucionalmente.

Ninguna de las dos propuestas prosperó y las ‘piolas de cuota’ se mantuvieron. Lo que también se mantuvo fue la inconformidad de los usuarios de la carretera que exigían por todos los medios terminar con este problema.

Ayer finalmente se tomó la decisión y el retén de Vícam fue levantado.

El tema, sin embargo tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver con la profunda división que existe en la etnia, cuyos pueblos tienen dos y hasta tres guardias tradicionales que se asumen como autoridad. El gobierno no reconoce a todas y, por ejemplo, hay grupos importantes que se sienten excluidos de las negociaciones del Plan de Justicia, y que son precisamente quienes auspiciaban las ‘piolas de cuota’.

Grupos que se van a inconformar y apelando a la autonomía de su nación, a sus usos y costumbres y al derecho sobre su territorio pueden hacer escalar el conflicto.

Además de la fuerza pública, el gobierno del estado (y el federal) tendrán que sacar a relucir la mano izquierda de la negociación política (y quizás la chequera) para evitar desaguisados mayores. Y con esto aludo a personajes que operan abierta o subrepticiamente y que han enrarecido la convivencia en las comunidades indígenas de manera grave. Y con ‘grave’ me refiero a hechos de violencia que han llegado al asesinato de dirigentes, autoridades tradicionales y familiares de las mismas; extorsiones y levantones.

El graderío social sonorense ciertamente se levantó para aplaudir la liberación de la carretera. Lo que sigue es mantener ese respaldo a las tareas de operación política que desactiven eventuales brotes de violencia y encaucen las demandas de la tribu por la vía de la negociación y el diálogo, un camino que aparece abierto con el Plan de Justicia, pero en el que no todos los grupos al interior de la etnia parecen dispuestos a caminar.

El asunto no es nada sencillo, pero el gobernador parece tener la lectura correcta del contexto y así lo dejó ver en su cuenta de Twitter ayer por la tarde, cuando escribió: “El día de hoy continuamos con los operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década. En operativos anteriores de diversas instituciones de seguridad federales y estatales realizados en la zona se han decomisado armas de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal, drogas y dinero, por lo que no descartamos ninguna línea de investigación. Estamos comprometidos con salvaguardar la seguridad de miles de personas que transitan esta carretera y seguiremos actuando para que estos hechos no se repitan”.

Que así sea.

II

Ya van tres mañaneras en que el presidente va a la cola de los cuestionamientos surgidos de las revelaciones de los hackers de Guacamaya. Para un hombre de poder, acostumbrado a imponer la agenda cotidiana, debe ser bastante incómodo estar capeando el temporal de preguntas sobre asuntos que supuestamente son irrelevantes porque ‘no es algo que no se supiera’, pero que lo obligan a estar aclarando diariamente.

Ni toda la discografía de Chico Ché parece suficiente para banalizar las revelaciones que están surgiendo, sobre todo las relacionadas con las fuerzas armadas y personajes de su círculo cercano. Las más recientes aluden a la verdadera autoría de la reforma para controlar a la Guardia Nacional, donde ubican a la misma Sedena, y a la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, que según el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, entregó la seguridad pública del estado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hay por lo menos cien medios de comunicación, nacionales y extranjeros escudriñando la información obtenida del hackeo a los servidores de la Sedena y de allí han salido estas revelaciones. Es decir, no son inventadas, sino surgidas de comunicaciones institucionales.

Ciertamente hay información irrelevante, pero hay otra que aparece muy comprometedora.

Estamos a nada de que el ‘cállate chachalaca’ se convierta en un ‘cállate guacamaya’.

Por Arturo Soto Munguía

Consumatum est. Las fuerzas armadas -que viven uno de los momentos más turbulentos de la historia reciente tras el hackeo de Guacamaya y la divulgación de información comprometedora- permanecerán en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Igual que en la cámara de diputados, en la de senadores la bancada del PRI fue clave para aportar los votos necesarios (y hasta sobraditos) para aprobar una iniciativa que, ciertamente, tuvo modificaciones producto del cabildeo entre legisladores.

Como comandantes en jefe de esos cabildeos estuvieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López por parte del gobierno federal y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada morenista que todo parece indicar aplicaron el viejo truco del policía malo y el policía bueno.

Fue un día intenso en el senado, con debates que dejaron ver la calaña de algun@s legislador@s que suelen confundir la más alta tribuna de la nación con un vagón del metro, aunque también hubo quienes con altura de miras y argumentos sólidos defendieron sus posturas de una y otra parte.

El bloque opositor se fracturó. PAN y MC se mantuvieron firmes en su voto en contra, pero el PRD aportó dos votos, el de Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo.

El PRI se fue de paso y solo Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu aguantaron a pie firme. Con matices (por no llamarle maromas) votaron a favor: Sylvana Beltrones, Eruviel Ávila, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Manuel Añorve, Ángel García Yáñez y Mario Zamora. Claudia Anaya no asistió.

El hombre del momento este miércoles será sin duda Ricardo Monreal, pieza clave en la negociación de la reforma con sus excorreligionarios del tricolor. No solo sacó la tarea a un presidente que todavía hace unas semanas lo ubicaba al lado de sus adversarios en el tema de la militarización de la seguridad pública; con ello también asestó un garrotazo en la columna vertebral de la alianza opositora, de por sí prendida con alfileres después de la votación en la cámara de diputados. Alito Moreno, quién lo dijera, también sale fortalecido y su intención de quedarse al frente del PRI nacional hasta el año entrante es prácticamente un hecho.

¿Qué cedió Morena para conseguir esos votos? Algunos allá en el altiplano sostienen que en la mesa estuvo la elección de gobernador en el Estado de México, donde la maestra Delfina podría ser la moneda de cambio con el aún poderoso Grupo Atlacomulco, pero eso ya entra en el terreno de las especulaciones.

Lo cierto es que el Ejército se queda en las calles hasta 2028 (por lo menos) y el bloque opositor tendrá que entrar en un proceso de redefinición de alianzas. Morena sale jubilosa y fortalecida; en la oposición hay duelo.

El argumento más socorrido de los opositores que votaron a favor fue el compromiso plasmado en la iniciativa, de garantizar un presupuesto digno para fortalecer policías municipales y estatales, pero eso ya estaba contemplado en la iniciativa que validaron en 2019 cuando se acordó mantener a las fuerzas armadas en la calle hasta 2024, y no se cumplió en estos tres años.

Que se cumpla en los siguientes es un volado.

Por otro lado, en parte le asiste la razón al presidente cuando asegura que de regresar el ejército a los cuarteles, el crimen organizado estaría de fiesta, pero en parte no, porque los criminales están de fiesta desde hace años, y esa fiesta en realidad ha sido una orgía de sangre que ha dejado más de 130 mil muertos.

Veremos lo que sucede en los años por venir.

II

En temas locales, se advirtió en este espacio que, aquel ultimátum que el gobernador Alfonso Durazo dio a su secretario de Infraestructura, Heriberto Aguilar para asegurar el arranque de la segunda etapa de las obras de modernización del puerto de Guaymas a más tardar el seis de octubre se parecía más a un pleito arreglado, solo para llegar a esa fecha, dar el banderazo a esas obras y repetir el espaldarazo al guaymense.

El tiempo lo confirma. Este día el gobernador estará en Guaymas, acompañado desde luego por Aguilar Castillo, para dar el banderazo al dragado de construcción para canales de navegación, la dársena de ciaboga, las áreas de maniobras y atraque del recinto portuario, así como a la construcción de un gran almacén frigorífico para mantener la cadena de frío para la revisión de aduana.

Ayer, al término de la rueda de prensa del gobernador, me encontré a Heriberto Aguilar en las escaleras de Palacio de Gobierno. Traía una sonrisa que no le cabía en la cara, así que por esa víspera se puede sacar el día.

III

Anoche se tensó el ambiente en territorio yaqui, cuando familiares de un joven detenido en flagrancia bloqueando un tramo carretero en Pótam, protestaron por su detención a manos de agentes de la AMIC, y reaccionaron bloqueando la carretera internacional a la altura de Estación Oroz, provocando un gran caos entre los usuarios de esa rúa.

Policías estatales acudieron al lugar y desalojaron a los manifestantes, deteniendo a otros cinco y liberando la carretera ya entrada la noche. Los agentes permanecerán en el lugar en previsión de nuevos bloqueos, pero el clima de tensión puede escalar en estos días.

Las reacciones en redes sociales fueron mayoritariamente a favor de la acción de los agentes estatales, y de una vez exigieron que se pasaran a Vícam y a Loma de Guamúchil donde todavía se mantienen retenes de cobro yaqui a los que no se ha podido mover por las buenas y no se animan a hacerlo por las malas, a pesar de las múltiples denuncias de abusos contra usuarios de la carretera, y a que ya se han presentado episodios de violencia, sin contar las extendidas versiones en el sentido de que los indígenas en los retenes están infiltrados por personas cuyos intereses están más ligados a actividades ilícitas que a las demandas de la etnia.

Un tema complicado al que las autoridades de gobierno no han podido o no han querido entrarle a fondo, y a pesar de que el Plan de Justicia para la etnia va muy avanzado y ya se están viendo las obras que contempla, incluyendo escuelas, un hospital, clínicas y hasta el acueducto para llevar agua a todas las comunidades, los retenes de cobro permanecen inamovibles.

Si el presidente desestimó las revelaciones sobre sus enfermedades, banalizando el tema al programar la canción de Chico Ché “No me quiso el ejército”, es posible que este martes acuda de nueva cuenta a su paisano asesor de cabecera en materia de manejo de crisis y control de daños y nos deleite con otra rolita que bien puede ser esa de ¿Tons qué, mami?

No hay nada que no se sepa, estaríamos preocupados si estuviéramos metidos en asuntos de corrupción, dijo, palabras más palabras menos, el presidente.

Pero de entre los millones de documentos que Guacamaya obtuvo mediante un hackeo masivo al sistema digital de la Sedena, comienzan a aparecer en diversos medios que están escudriñando ese mundo de información, más revelaciones.

Una de ellas tiene que ver con los casos de abuso sexual, acoso y otras violaciones a los derechos humanos en la propia corporación castrense.

El diario El País, de España dio a conocer que al menos 42 militares se encuentran involucrados en estos hechos; algunos ya están en prisión, otros en proceso y algunos simplemente fueron cambiados de pelotón.

De acuerdo con la información publicada, más de 300 militares fueron acusados, procesados o sentenciados por violar derechos humanos, pero 23 son casos de violación calificada o abuso sexual desde 2009 a la fecha.

Uno de los casos más recientes es de este 2022 y alude a un informe enviado por un contraalmirante destinado en Puerto Peñasco, Sonora en el que da cuenta del abuso sexual y hostigamiento del que fueron víctimas soldados (mujeres) en Chihuahua, por parte de mandos medios y superiores de la Sedena.

Los registros incluyen el testimonio de una mujer militar que fue abusada por un capitán y por ello pidió su cambio a otra base.

El ejército, relata el medio español, ha hecho circular una carta en la que sus miembros se comprometen a no incurrir en conductas de ese tipo

Uno de los casos contenidos en los documentos hackeados, y cuya veracidad fue aceptada incluso por el propio presidente es el de “una soldado que tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018. Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y cinco mil 300 pesos de multa. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército”,

Se sabe que en nombre de la disciplina castrense y la verticalidad absoluta de la cadena de mando, en el Ejército se suelen presentar abusos de este tipo, especialmente con mujeres, pero difícilmente trascienden a la luz pública.

Los documentos de Guacamaya, puestos a disposición de quien quiera consultarlos, o enviados a ciertos medios de comunicación para su divulgación, documentan estos y otros casos que en condiciones normales y en otro país ya serían un escándalo que habría colocado a los mandos militares en situaciones comprometidas.

En México, sin embargo, es posible que bajo el argumento de que ya se sabía, de que ya hay militares presos y bajo proceso, se argumente que todo se trata de una nueva andanada del conservadurismo nacional y extranjero, pero que no pasará nada y a lo sumo el presidente nos ponga a Chico Ché cantando

Tons qué mami (tú dirás lo que hay que hacer)
Tons qué mami (mira que te quiero ver)
Tons qué mami (eres algo sin igual)
Tons qué mami (para mí eres especial)

II

El ayuntamiento de Hermosillo ha puesto a disposición de los ciudadanos un chat de whatsapp para que a través de él puedan reportarse problemas con el alumbrado público, vecinos con música a alto volumen, automóviles abandonados, baches, deficiencias en la recolección de basura entre otros.

Se trata de una herramienta denominada “Hola” a la que puede accederse a través de un código QR que ha sido colocado en todas las dependencias municipales y viene a sumarse a las que ya existen con esos mismos fines: la línea 072, la aplicación HermosilloGob, las redes sociales y la atención en ventanillas. A través de éstas el ciudadano puede conocer el estado de folios anteriores, ponerse la corriente con adeudos y resolver dudas.

El alcalde Antonio Astiazarán puso en marcha esta nueva herramienta, que es como cualquier chat de whatsapp, con número 662 155 0100 y con respuesta automatizada para recibir reportes que serán canalizados a las dependencias respectivas para agilizar la atención de los problemas denunciados.

III

Por mandato de ley, ayer inició operaciones en nuevo sistema de justicia laboral en Sonora, pero será esta mañana cuando el gobernador Alfonso Durazo encabece el acto protocolario para su implementación.

Básicamente el nuevo sistema busca que la justicia en materia laboral sea cada vez más transparente, ética y que se destierre la corrupción, una viejísima inercia que usualmente termina perjudicando a los más desprotegidos.

Se supone que ya se encuentran en óptimas condiciones las instalaciones físicas de 13 juzgados, así como la estructura administrativa y organizacional que habrán de sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de negra historia.

Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una de las dependencias estatales que ha tenido un primer año muy accidentado en cuanto a su funcionamiento interno y las pugnas entre el personal y mandos de la secretaría ha provocado varios cambios, enroques y ceses en las juntas locales.

El reto no es menor para la maestra Olga Armida Grijalva Otero, titular de la Secretaría, pues el rezago en miles de expedientes es una pesada carga con la que habrá de seguir lidiando. Y por si fuera poco, el viernes pasado la dirigente estatal de la CATEM, Caarolina Lara anunció que ha presentado alrededor de mil 900 emplazamientos a huelga, que vienen a sumarse a otros tantos que la CTM está presentando en el marco de las próximas revisiones salariales y contractuales que, considerando los efectos de la inflación, se antojan complicados.

Ya veremos.