Por Arturo Soto Munguía
Que “Alito” Moreno es un dirigente político impresentable, de pena ajena e indefendible por sectores importantes del priismo y sus aliados es cierto, como lo es el hecho de que el gobierno de López Obrador tiene en ese personaje al mejor aliado para dinamitar cualquier atisbo de alianza opositora.
Si alguien resumiera en una sola palabra todo aquello que el hoy presidente articuló siendo candidato en un amplísimo catálogo de condenas a los vicios del viejo régimen, y que la mayoría de los mexicanos ‘compraron’ con la expectativa de que serían erradicadas, tendría que escoger entre dos: una de ellas es “Calderón”, la otra, “Alito”.
Los servicios de inteligencia del gobierno federal tienen documentado hasta el infinito y más allá, todo lo que el aún dirigente del PRI ha hecho a lo largo de su carrera política. Sobre todo, aquello que lo relaciona con actividades ilícitas o política y moralmente incorrectas.
Se las estuvieron guardando hasta antes de que el PRI se sumara al rechazo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente, pero una vez que lo hizo, le cayeron a palos y para ello utilizaron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que hizo del escarnio sobre su paisano un ‘reallity show’ de proporciones épicas y revelaciones escandalosas.
Hoy el tema energético es pasado. Lo que aparece enfrente es otra de las urgencias transexenales del presidente: la adscripción legal en lo administrativo, operativo y financiero, de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso, como se sabe ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con la reforma a leyes secundarias, pero falta una reforma constitucional que debe ser aprobada en el Senado.
Y en el Senado esa reforma se va a topar con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, que acaba de demostrar que aliado con fuerzas opositoras a Morena, puede ganarle al partido del presidente.
Pero ‘Alito’ sigue siendo el dirigente nacional del PRI, con quien el secretario de Gobernación cuchicheó recientemente en un acercamiento lleno de sospechosísimo porque en él podrían estar negociando algunos votos tricolores en el Senado.
El tema ha escalado de tal forma que ya no se trata de personas. Ni Alito, ni Adán, ni Monreal ni otros. Se trata de la sucesión 2024 y las posibilidades de que la alianza opositora se mantenga unida si quiere aspirar al menos a un meritorio segundo lugar.
Lo otro es pulverizarla y abrir las grandes alamedas por donde pase el pueblo coreando ‘es un honor estar con Obrador’ mientras el PRI y el PAN y el PRD y MC se hacen trizas solos.
En ese contexto debe entenderse la iniciativa presentada por la diputada priista (muy cercana a Alito) Yolanda de la Torre para extender hasta 2028 la disposición que tiene el presidente para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La iniciativa aparece como el plan B de López Obrador en caso de que el Senado rechace la reforma constitucional, y para ello utiliza al priismo de Alito, que por cierto carga sobre sus espaldas un juicio de desafuero.
Vaya, las cosas se han puesto de tal modo tragicómicas, que hasta Layda Sansores anunció un ‘impasse’ en la filtración de audios comprometedores, por lo menos en lo que se define el tema del momento.
Hay, definitivamente muchas cosas en juego, cosas importantes, no como la presunta honra de Alito Moreno que, pase lo que pase, está políticamente muerto.
En el fondo está el proyecto transexenal de López Obrador, donde las fuerzas armadas tienen un rol fundamental y podría decirse, no sin exageraciones, histórico.
Y eso ha provocado rispideces en Morena, pero no son nada comparadas con las que generó en la alianza opositora, donde ya el PAN, segunda fuerza nacional, condicionó la permanencia de tal alianza al rechazo a la iniciativa de Yolanda de la Torre.
Esa, la cámara de diputados es una pista de este circo. La otra es el Senado, donde hoy habrá noticias.
Estos días son de una intensidad tal, que lo importante para la clase política -incluyendo desde luego a la clase gobernante- es la continuidad o la alternancia de sus proyectos, que según cada cual representan la paz, la prosperidad, el progreso, la alegría y el bienestar de todos, pero en lo que ellos se entretienen haciéndose trizas, el país arde. Y para ejemplos, el que sigue.
II
Tres trabajadores de la CFE, de esos a los que recientemente el director de la paraestatal aludió con malogrado humor como ‘mugrosos’, fueron asesinados ayer en la carretera a Ónavas, en el tramo San Javier-Tónichi.
Una camioneta fue incendiada y allí fallecieron dos de ellos. Más tarde se encontró otro vehículo con el cuerpo sin vida de otro electricista. Dos más fueron encontrados con vida y trasladados a Hermosillo en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Una verdadera tragedia cuyo seguimiento está en manos de la Fiscalía General de la República.
Asesinados por presuntos integrantes de una de las células del crimen organizado que opera en esa parte de la sierra entre Sonora y Chihuahua, los electricistas eran personas muy apreciadas en sus localidades de origen, por lo que el crimen conmocionó tremendamente a sus comunidades, pero también sacudió las conciencias en todo el país, porque esta vez no fue un tiroteo entre criminales, sino el ataque a trabajadores del gobierno federal cuya labor no tiene nada que ver con la agenda de seguridad pública.
Se sabe que desde hace décadas, en esa región hay presencia del crimen organizado y que eventualmente es escenario de enfrentamientos de bandas rivales, levantones y asesinatos, pero hace mucho que no se registraban ataques letales contra civiles, al menos no con la saña con que estos fueron perpetrados.
Notable también, el pasmo de las autoridades que tardaron horas para ofrecer información sobre lo ocurrido y cuando lo hicieron fue con ambigüedades que no aportaron nada a lo que previamente había circulado con profusión en las redes sociales.
De la paraestatal para la que trabajaban los hoy occisos ni hablar. Ya mañana o pasado habrá tiempo para un sentido lamento o una enérgica condena. Una esquela tal vez.
Cuánta razón tuvo el gobernador Alfonso Durazo cuando apenas un día antes, señalaba que a pesar de que los homicidios dolosos han tenido un decremento con respecto al año pasado en estas mismas fechas, no quería echar las campanas al vuelo con esas cifras porque luego sobreviene un delito de alto impacto -como este- y echa por tierra la percepción y las estadísticas.
Para estas horas, las corporaciones policiacas estatales, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas ya sobrevolaron el territorio de los hechos y despliegan un operativo para dar con los responsables. Ojalá que los atrapen y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.
III
La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado dictaminó ayer la iniciativa de la diputada Celeste Taddei Arriola que incluye el uniforme neutro en las escuelas públicas y privadas como estrategia de igualdad y no discriminación.
Básicamente de lo que se trata es de garantizar el derecho de las niñas y jóvenes a decidir si usan falda o pantalón en el uniforme escolar y aunque a muchos les parece un tema banal, fue previamente socializada para conocer las experiencias de las escolapias no solo en el ambiente de sus planteles, sino en el transporte y espacios deportivos.
En la comisión dictaminadora la iniciativa fue bien recibida y tanto la presidenta de la misma, Beatriz Cota Ponce como la secretaria Rosa Elena Trujillo coincidieron en que se trata de un tema prioritario en materia de derechos y libertades, con el que se busca combatir las brechas de desigualdad y los estereotipos de roles de género.
Incluso el diputado Iram Solís sostuvo que es un momento histórico en el que se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, para que éstas se sientan cómodas al acudir a las escuelas.
El documento fue enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que hoy decidirá si esta iniciativa se manda al pleno para su discusión y en su caso aprobación en la sesión de mañana jueves.
A propósito, por cierto, de prioridades.
