Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguía

Dos iniciativas para reformar la legislación estatal presentó ayer el gobernador Alfonso Durazo: una para hacer concurrente la elección presidencial con la de gobernador, y otra para que los informes de gobierno regresen a la fecha en que estaban legalmente estipulados hasta hace unos años, es decir el 13 de septiembre, y no el 14 de octubre como ocurre actualmente.

Sobre la primera ya bordamos ampliamente en el despacho de ayer. La segunda, que aplicaría a partir del año próximo, el gobernador decidió aplicarla de facto y aprovechó los dos eventos que presidió ayer para hacer un recuento pormenorizado del primer año de la cuarta transformación en Sonora: los logros, los retos y los avatares para recomponer el rumbo de una administración estatal que, aunque no le gusta decirlo, encontró en muy malas condiciones financieras.

Así, en el primer evento al que acudieron representantes de los otros dos poderes y acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como líderes empresariales, el gobernador derivó la explicación de las reformas presentadas hacia los avatares de la gobernabilidad democrática y las ventajas de contar con un hombre de Estado en la presidencia de la República, que ha sido fundamental para desarrollar los planes de justicia para las etnias sonorenses, y con Dios, que existe -dijo citando a Paco Ignacio Taibo II- “y es de izquierda”, con lo que concitó los aplausos del auditorio.

Habló de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, cuya segunda etapa estará a cargo de una empresa sonorense que ganó la licitación de obras que implican una inversión de 840 millones de dólares, cifra que, aunque no le gusta decirlo ni compararse con otras administraciones, no se invirtió en los pasados seis años.

Y ya encarrerado, se refirió a la modernización del puerto de Guaymas, cuyas obras ya comenzaron, y a la carretera Guaymas-Chihuahua, la modernización de los puertos fronterizos y el retiro de las vías del tren del casco urbano de Nogales.

Dijo que el próximo año se aumentará la bolsa para el combate al hambre, de cien a 750 millones de pesos y destacó el fondo de becas por 508 mdp, 400 de los cuales vienen de la reducción al presupuesto del Congreso.

Al término de ese evento ofreció su mañanera semanal ante medios de comunicación, en la que volvió sobre los mismos temas pues, aunque no le gusta decirlo, al inicio de su administración no había ni para proyectos ejecutivos de las obras enumeradas, y si no hay proyectos ejecutivos pues simplemente no hay obras, pero gracias a su gestión y al apoyo del presidente de la República y secretarios del gabinete federal, ya hay dinero para proyectos ejecutivos.

Por ejemplo el de la carretera Guaymas-Chihuahua tuvo un costo de 50 millones de pesos y fue absorbido por la SCT. Adelantó que en lo sucesivo, el presupuesto estatal contará con una bolsa para financiar proyectos ejecutivos.

Y así fue que antes del 14 de octubre, día de su primer informe de gobierno, Alfonso Durazo no se quedó con las ganas de probar que los informes deben ser el 13 de septiembre, como lo propone la reforma presentada ante el Congreso.

II

Esa misma tarde pero en el Expo Forum a la salida sur de Hermosillo, el alcalde Antonio Astiazarán hizo lo propio ante un auditorio compuesto por su gabinete legal y ampliado, legisladores y representantes del Poder Judicial así como liderazgos empresariales y de otros sectores de la sociedad civil.

En su mensaje alusivo a su primer informe de gobierno, y contando entre los invitados especiales al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el alcalde de Hermosillo enfatizó que durante su administración y a pesar del contexto de crisis, se ha triplicado la inversión en obra pública.

Buscando alianzas con la sociedad y otros niveles de gobierno, dijo, se alcanzó una inversión de 681 millones de pesos sin contraer deuda, recursos que se han aplicado en el recarpeteo, pavimentación y bacheo de vialidades; rehabilitar la infraestructura de agua y drenaje, así como programas sociales: desayunos escolares, CRECES en salud y Peso Solar.

En materia de seguridad pública, Hermosillo es el único municipio del país que pasó de 70 a 300 patrullas policiacas este año, de las cuales 220 son eléctricas, algo que lo convierte no en el único del país, sino en el mundo, que aplica un programa de esta naturaleza.

Y todo esto, dijo, con recursos propios, a partir de una mejor recaudación y una administración más eficiente y austera del presupuesto.

Destacó también la participación ciudadana a través de los comités CRECES en las colonias de la ciudad que permiten integrar a la ciudadanía en el diseño y operación de las políticas públicas municipales.

III

Fuerte corrió la versión ayer en círculos priistas en el sentido de que, viendo el litigio que demora en tribunales para decidir en definitiva cuál será la ruta en el proceso de relevo de mandos en la dirigencia estatal del PRI, desde el profundo sur sonorense levantó la mano Rogelio Díaz Brown para inscribir una fórmula que compitiera en la contienda que, pase lo que pase tendrá que repetirse.

Las versiones que llegan hasta este despacho versan sobre una campaña soterrada que trae el cajemense diciendo a quien quiera oírlo que ya ‘amarró’ los apoyos de los exgobernadores Claudia Pavlovich Arellano y Manlio Fabio Beltrones Rivera y que con eso le sobra para emerger como una tercera vía.

Para nadie es un secreto que entre Pavlovich y Beltrones siempre ha existido una cercanía inocultable que de hecho derivó en la postulación de la primera como candidata a la gubernatura en 2015, cuando acabaron con el efímero paso de los panistas que hubieran deseado mejor suerte, pero Guillermo Padrés acabó no solo con las esperanzas transexenales blanquiazules, sino con la confianza ciudadana que al PAN le costó décadas construir, pero al corrupto padrecismo le bastaron unos años para demolerla.

Esa relación Pavlovich-Beltrones prevalece, pero no para el tema de la sucesión en el PRI estatal donde, me aseguran, al Roger ‘ni lo topan’.

Ese es uno de los problemas para el cajemense. El otro es que el ordenamiento de los tribunales electorales apunta a la reposición del proceso y éste sería entre las dos fórmulas que se registraron para el mismo, es decir, la de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, y la de Zaira Fernández y Pascual Soto.

No habría pues, posibilidades de inscribir a otra fórmula.

Por cierto, también circularon versiones en el sentido de que la compañera de fórmula del Roger sería la diputada Karina Zárate, a quien me encontré en el informe de Toño Astiazarán y, preguntándole al respecto se descartó de plano y sentenció que lo urgente es sacar adelante el proceso bajo los lineamientos que indiquen los tribunales, y hacerlo privilegiando la civilidad y la unidad. Pero ya, porque estamos perdiendo mucho tiempo, dijo.

En ese mismo evento estaba Onésimo Aguilera y reiteró que en el proceso solo participarán las fórmulas registradas y que está listo para ganarle a cualquiera, incluso, sostuvo, si por alguna razón se inscribiera otra fórmula, también se los echa. Kiobo.

Por Arturo Soto Munguía

En Sonora, todas las elecciones para alcaldes, diputados locales, federales y senadores coinciden con la elección presidencial. La única que se encuentra desfasada tres años es la de gobernador(a).

Hoy, Alfonso Durazo anunciará una reforma para ‘empatar’ esos comicios, de manera que quien lo suceda en el cargo en 2027 será electo para un periodo de tres años, de manera que para 2030, todos los cargos de elección serán disputados en la misma fecha, desde el presidente de la República hasta el regidor suplente de Banámichi.

Quiero pensar que el secretario de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo y su equipo de especialistas cuidaron hasta los últimos detalles de esta iniciativa para no dejar una sola ambigüedad, un solo resquicio por el cual se cuelen ambiciones políticas que por ejemplo en Baja California provocaron una crisis que metió en un brete al Congreso local, a los tribunales electorales y hasta a la SCJN.

Cierto que desde la reforma electoral federal de 2014 se contempla que las constituciones y leyes estatales deben garantizar que se verifique al menos una elección local en la misma fecha que tenga lugar alguna de las elecciones federales, lo cual ya sucede con todas en Sonora.

Obviamente hay cargos que duran tres años (alcaldes, diputados locales y federales) de manera que esas coinciden alternadamente con la elección presidencial. Los cargos que duran seis años son dos: los del Senado y la gubernatura. La elección al Senado sí coincide con la elección presidencial, la de gobernador(a) no.

Eso es lo que va a homologar la propuesta del gobernador Durazo. Y digo que va a homologar porque no hay manera de que la iniciativa tenga algún tropiezo en el Congreso local, considerando la mayoría calificada que holgadamente tienen el partido del gobernador y sus aliados y hasta las simpatías de sus no aliados.

Lo que es obligado, en todo caso, es que diputadas y diputados se pongan a estudiar mucho y pongan a trabajar a sus asesores para cuidar también todos los detalles, o ya de perdida para que no se vean muy ‘verdes’ a la hora de los debates.

Cito el caso de Baja California porque allá el tema se les enredó más que una Maruchan y de hecho dejó heridas políticas abiertas hasta ahora. La elección para gobernador allá fue en 2019, año que no coincidía con ninguna elección federal. En atención a la reforma de 2014, el Congreso local decidió ese año que quien resultara electo en 2019, solo duraría dos años, empatando así el proceso local con el federal.

Esa elección la ganó el senador Jaime Bonilla, de Morena. Pero una vez en el poder (incluso antes) impugnó en tribunales ¡su propia elección! para litigar una ampliación de su periodo a cinco años.

Luego se desistió de la vía judicial y decidió mejor operar en un Congreso local donde Morena solo contaba con tres diputados, pero dicen que a punta de cañonazos de esos que según el General Obregón nadie aguanta, logró los votos entre priistas, panistas y diputados de otros partidos locales que ya iban de salida y no les caería nada mal un bono de retiro.

Pero prácticamente toda la bancada mayoritaria, la del partido gobernante en ese entonces en BC, el PAN, votó a favor. Entre ellos se encuentra el esposo de la actual gobernadora (entonces alcaldesa de Mexicali) Marina del Pilar Ávila, que por cierto tiene sus orígenes en ese partido. Varios de ellos fueron expulsados del blanquiazul; otros están trabajando en el actual gobierno estatal de Morena. Cinco priistas también votaron a favor y luego fueron sometidos a un proceso de expulsión en el PRI.

Total que la ‘Ley Bonilla’ que extendía el mandato del gobernador a cinco años pasó en el Congreso local, pero fue declarada inconstitucional por la SCJN después de un largo, tenso y complicado litigio y Bonilla tuvo que regresar a su escaño en el Senado, no sin agravios acumulados, entre otras cosas porque la candidata de Morena en 2021 fue Marina del Pilar Ávila, con quien mantiene una relación política bastante tensa.

El caso de Sonora es diferente, pero los abogados del gobernador Durazo y los legisladores locales deberán tener mucho cuidado en no dejar lagunas que pudieran despertar la tentación en quien suceda al de Bavispe en 2027, de pretender extender su mandato. El poder, recuerden, marea.

II

Y a propósito de Durazo, que está por cumplir su primer año al frente de la administración estatal, fue evaluado por los sonorenses a partir de una encuesta realizada por la empresa Infinitum y recibió una calificación aprobatoria con 6.8% en cuanto a la percepción de calidad de su trabajo.

En ese mismo ejercicio el presidente AMLO aparece con 7.4% de aprobación.

En cuanto a la aprobación de su trayectoria, el 52 por ciento la aprueba (25% todo y 26.9% algo), mientras que hay un 28.16 que no aprueba ni desaprueba; 7. 30% que reprueba algo y 12.54% que reprueba todo.

En general al gobernador le fue bien, considerando que si bien el 57% opina que el principal factor negativo que aqueja a Sonora es la inseguridad, el 62% considera que tiene capacidad para mejorar la seguridad en el estado frente a 32% que opina lo contrario.

65% opina que está bien preparado para gobernar contra un 29% que opina lo contrario.

III

Hoy al filo de las 18:30 horas el alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán compartirá un mensaje a la ciudadanía con motivo de su primer informe de gobierno. La cita es en el Expo Forum. Desde allá les estaremos reportando.

Septiembre, mes de la patria es también el mes del grito de independencia y de los informes de gobierno: del presidente, del gobernador y de alcaldes y alcaldesas.

Los equipos de prácticamente todos estos últimos deben estar sudando frío en la preparación de sus respectivos informes considerando que usualmente esta obligación legal era acatada protocolariamente entregando sus informes en una sesión de cabildo, pero también era aprovechada la ocasión para enviar un mensaje a sus comunidades con el recuento de lo hecho a lo largo de un año.

Desde 2019 estos actos otrora de lucimiento han venido de más a menos. Normal, dado el cambio de paradigma en la política fiscal del gobierno federal y en los criterios de distribución de los recursos públicos.

Ya va para el cuarto año que la federación presume el destino de una cantidad impresionante de dinero público para financiar sus diversos programas sociales: becas estudiantiles, pensiones a adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, comunidades indígenas y en general, a los olvidados de siempre, lo cual está muy bien.

Pero los alcaldes y las alcaldesas saben mejor que nadie cómo el tiempo se ha encargado de dar al traste con la infraestructura urbana de sus comunidades, señaladamente las vialidades, que hoy por hoy son el principal dolor de cabeza en los municipios, sobre todo en los más poblados.

Ya cuatro años sin destinar montos considerables a este rubro tienen sus efectos, agravados por las inclemencias del clima. Las más recientes lluvias han sido letales para calles y avenidas, caminos rurales, sistemas de drenaje y distribución de agua potable; el estado en que se encuentran es en algunos casos francamente deplorable.

Parques, jardines, instalaciones deportivas, camellones lucen ‘mechudos’ como hace tiempo no se veían. La austeridad republicana que ya pasó a ser pobreza franciscana se topa además con la precaria recaudación municipal, un tema que ya estalló en Cajeme donde el alcalde Javier Lamarque salió a dar el grito anticipadamente aduciendo que no hay dinero porque los cajemenses no pagan sus prediales, las multas ni el agua potable.

Y dio algunas cifras: en prediales se adeudan 550 millones de pesos; en multas de tránsito casi 400 mdp; en traslado de dominio, 18 mdp. La cartera vencida del organismo operador de agua en Cajeme es de mil 500 mdp ya que ¡el 75% de la gente no paga sus recibos!

Otros alcaldes no han dado cifras, pero seguramente andan en esos rangos, si no es que peores.

Así las cosas, no habrá mucho qué mostrar en sus informes de gobierno, salvo lo aplicado en programas del Bienestar, que por cierto los alcaldes y alcaldesas solo ven pasar volando.

Un caso excepcional es el de Hermosillo. El alcalde Antonio Astiazarán ha mejorado la recaudación incrementando en 22% los recursos propios, activó mecanismos financieros, y gestionó recursos ante la banca de desarrollo para sacar adelante por cuenta propia varios programas importantes. Hablar de 220 patrullas eléctricas que ya están circulando en la ciudad no es cosa menor. Ni en sus mejores sueños, algún otro presidente municipal en este periodo aspiraría a contar siquiera con unos diez vehículos policiacos nuevos.

El gobernador acaba de entregar 36 patrullas para 14 municipios sobre todo de la sierra, mediante una inversión de 74 millones de pesos que también incluyó uniformes, armas y equipo para las corporaciones municipales. Pero que los ayuntamientos puedan reforzar sus corporaciones por sí mismos luce bastante complicado.

Volviendo con Hermosillo, este año se invertirán 600 mdp en obra pública, monto que triplica lo destinado a este rubro en años anteriores y eso ha sido gracias al plan de fortalecimiento municipal, lo que además le ha permitido al municipio avanzar seis posiciones en su calificación crediticia. Con esos recursos se adquirirán 25 nuevas unidades recolectoras de basura. La clave: más ingresos, menos gasto corriente.

Cabe señalar que la capital del estado también fue dañada por las recientes lluvias y pasa por un momento crítico en cuanto al estado en que quedaron las vialidades, pero se están atendiendo con cuadrillas que trabajan doble turno.

En ese escenario, es dable suponer que por estas fechas, solo el alcalde de Hermosillo y el gobernador del estado tendrán ‘carnita’ en sus informes. El resto de los ediles se las verán negras para llenar dos o tres cuartillas con logros propios.

El caso del gobierno del estado es distinto. Alfonso Durazo ha capitalizado bien su cercanía con el presidente de la República y con el gabinete federal, lo que ha hecho posible proyectar varios megaproyectos, algunos de los cuales ya han comenzado, como la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco que está llamada a convertirse en la más grande de América Latina.

Este lunes, según mis fuentes en Guaymas comenzarán las obras en el recinto fiscalizado del puerto marítimo, inicio de un proyecto de gran envergadura que supone inversiones superiores a los tres mil millones de pesos y que incluye la transformación del centro histórico, rehabilitando la red de agua potable y la de drenaje, auténticos y añejos problemas que se dejaron crecer en el pasado.

Realmente este es un proyecto que habrá de cambiarle el rostro a Guaymas, que por cierto ya lo merece.

También ya comenzaron los trabajos para la modernización de la carretera que une a Guaymas con Chihuahua, esto como parte del mismo proyecto que apunta también hacia Nogales detonar todo ese corredor por el que se moverán millones de toneladas de carga hacia EEUU.

Aunque es una obra que comenzó el pasado sexenio, este mes será entregado por fin el Hospital General de Especialidades en Hermosillo y también habrá informes sobre el avance de las obras del Plan de Justicia Yaqui que ya está en marcha incluyendo el acueducto que abastecerá a los ocho pueblos y detonará el nuevo distrito de riego.

El gobernador se reunió este fin de semana con diputadas y diputados de la colación Juntos Haremos Historia para explicarles cómo viene el presupuesto que está por presentar para el siguiente ejercicio fiscal. Un presupuesto, dijo, austero y con profundo sentido social, con el presupuesto social más grande de la historia, que incluirá además los planteamientos que la ciudadanía y los alcaldes y alcaldesas le han hecho en sus recorridos por los municipios del estado.

Entre las prioridades que mencionó, destacan las obras en los municipios que resultaron más afectados por las lluvias, para evitar que vuelvan a ocurrir inundaciones.

Así, la expectativa está puesta en el informe del gobernador, y la mano que pueda echarle a los alcaldes que, insisto, están sufriendo las de Caín para atender los reclamos ciudadanos, desde el sur profundo hasta el norte fronterizo y desde la costa a la sierra y al desierto.

Por Arturo Soto Munguía

Suceda lo que suceda en el accidentado proceso para renovar la dirigencia del PRI en Sonora, Onésimo Aguilera ya pasará a la historia quizás como el más efímero en la historia de ese partido, con solo 36 días en el cargo.

El 20 de junio pasado asumió la dirigencia acompañado de Iris Sánchez Chiu, después de que la comisión respectiva del CEN invalidara la fórmula de Zaira Fernández y Pascual Soto argumentando que no habían cumplido algunos requisitos de la convocatoria. La historia es conocida: Zaira y Pascual impugnaron, la Sala Superior del TEPJF con sede en Guadalajara remitió el expediente al TEE y éste falló a favor de la reposición del proceso.

Un proceso bastante desaseado que estuvo a cargo de un enviado del dirigente nacional Alito Moreno, el señor Jorge Meade Ocaranza, cuya estancia en Sonora también fue muy breve y ciertamente, polémica.

Una vez que la autoridad electoral ordenó reponer el proceso y convocar a nuevas elecciones, el CEN del PRI envió un nuevo delegado, el cenecista Ramiro Hernández García que asumió las funciones de dirigente y aunque este mostró más capacidad de negociación y una de sus primeras acciones fue reunirse con casi todos los exlíderes estatales, mantuvo los nombramientos que Onésimo e Iris habían hecho en el Comité Directivo Estatal.

Los efímeros dirigentes también hicieron lo propio e impugnaron la resolución del TEE y la mismo hizo la dirigencia nacional, pero ayer, la Sala Regional de Guadalajara ‘bateó’ esta impugnación y confirmó la orden para realizar elecciones y elegir a sus dirigentes en un nuevo proceso.

Onésimo Aguilera ha dicho que lo rechazado por la Sala Guadalajara es una impugnación presentada por el PRI nacional, pero que otra interpuesta por él fue aceptada, de manera que el resolutivo final se sabrá dentro de dos o tres semanas.

Se sabe que si el PRI va a una elección abierta, o incluso si esta se da en el Consejo estatal, Onésimo e Iris no tienen posibilidades de regresar a las oficinas que brevemente ocuparon en el edificio de Keneddy y Colosio, ya que Zaira y Pascual nunca dejaron de recorrer la milla visitando a las bases del partido en todo el estado, que en su mayoría fueron nombrados cuando las corrientes que representan dominaban la estructura.

De acuerdo con la más reciente resolución de la autoridad electoral, en la contienda solo podrán participar las dos planillas registradas y por lo que se ve, la de Zaira y Pascual llevan ventaja.

Como telón de fondo en toda esta trama, aparece la figura del dirigente nacional Alejandro Moreno, que no pasa por sus mejores momentos en términos de popularidad entre los priistas, señalado como está, de haber pactado con el gobierno federal del Morena para servirle de comparsa en sus intenciones de mantener a la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública, mediante un madruguete que por lo pronto ya provocó que el PAN y el PRD declararan suspendida temporalmente la Alianza Va por México.

Alito, como se sabe, es el principal apoyo de Onésimo e Iris, y de su suerte depende en buena medida lo que suceda en Sonora. Su permanencia al frente del tricolor parece estar prendida con alfileres desde hace rato, y a menos que Morena le dé respiración de boca a boca, no se ve cómo pueda mantenerse en el cargo por mucho tiempo, considerando además la pesada carga en que se ha convertido para la alianza opositora, que ya tiene enfrente las elecciones estatales en Coahuila y Estado de México.

El otro escenario es que Morena, en correspondencia con la genuflexión del dirigente nacional priista, no solo se olvide del juicio de desafuero en su contra, sino que le aplique una RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) y lo mantenga vivo para que le siga haciendo chambitas. Pero eso no es muy del agrado de los tricolores… ¿O sí?

Esta historia no termina de escribirse.

II

Al filo de la media noche de ayer (hora local en Sonora) el Senado de la República aprobó con los votos de Morena y sus aliados (PVEM, PT y PES) las reformas para que la Guardia Nacional pase estar operativa y administrativamente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Después de un largo y acalorado debate que se extendió por diez horas, el bloque opositor (PRI-PAN-PRD-MC) se mantuvo en el rechazo a la iniciativa, pero solo pudieron sumar 51 votos, contra 70 del bloque oficial.

El senador morenista Ricardo Monreal fue el único que se abstuvo.

El dictamen fue aprobado en lo general, y aunque hay artículos reservados para su discusión en lo particular, la decisión ya está tomada.

Lo anterior, porque no se trató de una reforma constitucional (que requeriría la dos terceras partes que Morena no tiene en el senado) sino de reformas a leyes secundarias que requieren solo la mitad más uno de los votos, que el bloque oficial fácilmente completa.

Al bloque opositor le queda el recurso de promover una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, pero a como están soplando los vientos en estos últimos días, parece que ha caído el último out en este juego.

Porque en la Suprema Corte, donde ayer se discutió otro tema candente: el de la prisión preventiva oficiosa cuya inaplicación había sido propuesta por dos ministros (Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández), estos retiraron sus proyectos, con lo que de momento el tema queda pendiente, pero todo parece indicar que los ministros, como Alito, tampoco aguantaron las presiones.

En los últimos días, el presidente de la República lanzó todas sus baterías contra los legisladores que estaban contra la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y contra los ministros que proponían eliminar la prisión preventiva oficiosa (no la justificada) y, para estas horas ya puede decirse que el presidente ganó ambas partidas.

La aplanadora guinda, por si tenían alguna duda, goza de cabal salud.

Por Arturo Soto Munguía

La posibilidad de que la Alianza Va por México presente candidaturas comunes en el Estado de México y Coahuila el próximo año está en el aire. El anuncio de una ‘suspensión temporal’ hecha por el PAN y el PRD respecto a su alianza -legislativa y electoral- con el PRI lesionó severamente esa posibilidad, que podría extenderse incluso hasta 2024 en la elección presidencial.

Si juntas esas tres fuerzas tenían pocas expectativas de triunfo, separadas van al fracaso seguro.

En Palacio Nacional hay fiesta grande.

El hilo que las mantenía unidas era el de la ‘moratoria constitucional’ decretada para rechazar cualquier iniciativa de reforma a la Carta Magna enviada por el Ejecutivo en el Congreso, ya se rompió y hoy menos que nunca, las cuentas no les salen.

Y se rompió con la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, un alfil de Alito Moreno, que terminó anunciando como propuesta del PRI la extensión del periodo para mantener al Ejército y la Marina en labores de seguridad pública hasta 2028, lo cual fue considerado como un madruguete.

Se pueden echar muchas maromas para explicar la conveniencia de esa reforma en la que el tricolor va solo (o en la que espera contar con los votos de Morena) pero la jugada fue bastante obvia y no hay quien suponga algo distinto al hecho de que el dirigente nacional del PRI, acorralado en un juicio de desafuero que permita juzgarlo por diversos delitos, pactó con Palacio Nacional para salvar el pellejo.

Alito no solo provocó la ruptura de la alianza, también provocó una implosión en su partido, donde escaló el conflicto con personajes importantes que desde hace meses venían pidiendo su renuncia, entre los que se cuentan Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, entre otros exdirigentes nacionales.

Si en el Senado de la República algunos legisladores del PRI leales a Moreno Cárdenas inclinan la balanza a favor de la iniciativa presidencial para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, ya pueden irse despidiendo de otras dos gubernaturas el año que entra, y de la presidencia en 2024.

A Morena y sus aliados, que de por sí tenían el camino despejado en esa ruta, la fragmentación de la oposición a raíz de este tema le vino como anillo al dedo.

Ya le toca a Guaymas… pero una limpia

Se dice, en tono de chascarrillo, que una maldición pesa sobre el bello puerto, que después de aquella época de esplendor donde el cooperativismo camaronero estaba en auge y la prosperidad se respiraba en el puerto, no ha vuelto a ver la suya.

No lo van a creer, pero en aquel entonces, por allá en los años 70 del siglo pasado los estándares de vida entre los guaymenses estaban por encima de los de cualquier otro municipio de Sonora y eso suele ilustrarse con un dato: las agencias de automóviles en el puerto fueron en varias ocasiones las que registraron los más altos niveles de ventas de autos nuevos. Circulaba el dinero, pues.

Hoy, a los guaymenses no les alcanzan los dedos para tapar los hoyos de un barco que hace agua por todos lados.

El deterioro en el nivel de vida ha llevado a un ciudadano guaymense a demandar a la Comisión Estatal del Agua reclamando el derecho a un medio ambiente sano, por los problemas de salud pública que están generando las aguas negras que corren alegre y pestilentemente por sus calles, muchas de ellas destrozadas en sus pavimentos por las recientes lluvias.

Frente a problemas como estos, la famosa playa incluyente que significó un atraco en despoblado por al menos ocho millones de pesos viene quedando en calidad de mal chiste.

Esos se cuentan entre los problemas que de manera más generalizada sienten los y las ciudadanas del puerto, pero hay otro, la violencia, que si bien impacta de manera focalizada a ciertos grupos de personas lógicamente vinculadas a la actividad criminal, ya ha cobrado vidas inocentes, víctimas colaterales y está generando zozobra en la comunidad.

Hacer un recuento de estos hechos, en los que han caído abatidos casi una veintena de agentes policiacos en los últimos cuatro años, funcionarios municipales y desde luego presuntos delincuentes, sería larguísimo.

Ayer otro hecho de alto impacto volvió a sacudir el puerto. Un grupo de cinco personas fue privado de la libertad el 5 de septiembre. Sus captores los mantenían vigilados en una casa ubicada en una colonia popular, muy cerca de una escuela primaria.

Uno de ellos aprovechó que la persona que los vigilaba se durmió, para tomar su arma y hacer varias detonaciones que activaron el código rojo y movilizaron de inmediato a las corporaciones policiacas y militares. Al llegar se encontraron con las cinco personas, entre las que se encontraba una mujer de 31 años, Alma Verónica. Todos ellos fueron atendidos y entrevistados por personal de la fiscalía estatal para iniciar las pesquisas sobre la privación ilegal de la libertad de que fueron víctimas.

Un comunicado de la fiscalía sostiene que a Alma Verónica se le ofrecieron las medidas de protección que marca el protocolo: traslado a otros municipios o entidades y protección con elementos de seguridad, pero la mujer las rechazó a pesar de que le explicaron el alto nivel de riesgo que implicaba quedarse en el puerto.

Aun así, tuvo acompañamiento de policías municipales, mismos a quienes despidió argumentando que no los necesitaba, lo cual quedó plasmado en el informe policial homologado que firmaron los agentes.

Horas después, un comando armado llegó a su domicilio en la colonia El Rastro y disparó sobre ella, matándola en el acto. Extraoficialmente, hubo un reporte de que más temprano, un grupo de hombres armados llegaron al hospital a donde fue trasladado uno de los liberados que se encontraba herido. No pudieron ingresar al nosocomio, pero generaron mucha alarma.

Muchas cosas de este tipo están sucediendo en el puerto, pero aludir a la famosa maldición sería banalizar los hechos. Es mucho el trabajo que tiene que hacer en esa región la Mesa de Seguridad.

Por Arturo Soto Munguía

Que “Alito” Moreno es un dirigente político impresentable, de pena ajena e indefendible por sectores importantes del priismo y sus aliados es cierto, como lo es el hecho de que el gobierno de López Obrador tiene en ese personaje al mejor aliado para dinamitar cualquier atisbo de alianza opositora.

Si alguien resumiera en una sola palabra todo aquello que el hoy presidente articuló siendo candidato en un amplísimo catálogo de condenas a los vicios del viejo régimen, y que la mayoría de los mexicanos ‘compraron’ con la expectativa de que serían erradicadas, tendría que escoger entre dos: una de ellas es “Calderón”, la otra, “Alito”.

Los servicios de inteligencia del gobierno federal tienen documentado hasta el infinito y más allá, todo lo que el aún dirigente del PRI ha hecho a lo largo de su carrera política. Sobre todo, aquello que lo relaciona con actividades ilícitas o política y moralmente incorrectas.

Se las estuvieron guardando hasta antes de que el PRI se sumara al rechazo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente, pero una vez que lo hizo, le cayeron a palos y para ello utilizaron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que hizo del escarnio sobre su paisano un ‘reallity show’ de proporciones épicas y revelaciones escandalosas.

Hoy el tema energético es pasado. Lo que aparece enfrente es otra de las urgencias transexenales del presidente: la adscripción legal en lo administrativo, operativo y financiero, de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso, como se sabe ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con la reforma a leyes secundarias, pero falta una reforma constitucional que debe ser aprobada en el Senado.

Y en el Senado esa reforma se va a topar con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, que acaba de demostrar que aliado con fuerzas opositoras a Morena, puede ganarle al partido del presidente.

Pero ‘Alito’ sigue siendo el dirigente nacional del PRI, con quien el secretario de Gobernación cuchicheó recientemente en un acercamiento lleno de sospechosísimo porque en él podrían estar negociando algunos votos tricolores en el Senado.

El tema ha escalado de tal forma que ya no se trata de personas. Ni Alito, ni Adán, ni Monreal ni otros. Se trata de la sucesión 2024 y las posibilidades de que la alianza opositora se mantenga unida si quiere aspirar al menos a un meritorio segundo lugar.

Lo otro es pulverizarla y abrir las grandes alamedas por donde pase el pueblo coreando ‘es un honor estar con Obrador’ mientras el PRI y el PAN y el PRD y MC se hacen trizas solos.

En ese contexto debe entenderse la iniciativa presentada por la diputada priista (muy cercana a Alito) Yolanda de la Torre para extender hasta 2028 la disposición que tiene el presidente para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La iniciativa aparece como el plan B de López Obrador en caso de que el Senado rechace la reforma constitucional, y para ello utiliza al priismo de Alito, que por cierto carga sobre sus espaldas un juicio de desafuero.

Vaya, las cosas se han puesto de tal modo tragicómicas, que hasta Layda Sansores anunció un ‘impasse’ en la filtración de audios comprometedores, por lo menos en lo que se define el tema del momento.

Hay, definitivamente muchas cosas en juego, cosas importantes, no como la presunta honra de Alito Moreno que, pase lo que pase, está políticamente muerto.

En el fondo está el proyecto transexenal de López Obrador, donde las fuerzas armadas tienen un rol fundamental y podría decirse, no sin exageraciones, histórico.

Y eso ha provocado rispideces en Morena, pero no son nada comparadas con las que generó en la alianza opositora, donde ya el PAN, segunda fuerza nacional, condicionó la permanencia de tal alianza al rechazo a la iniciativa de Yolanda de la Torre.

Esa, la cámara de diputados es una pista de este circo. La otra es el Senado, donde hoy habrá noticias.

Estos días son de una intensidad tal, que lo importante para la clase política -incluyendo desde luego a la clase gobernante- es la continuidad o la alternancia de sus proyectos, que según cada cual representan la paz, la prosperidad, el progreso, la alegría y el bienestar de todos, pero en lo que ellos se entretienen haciéndose trizas, el país arde. Y para ejemplos, el que sigue.

II

Tres trabajadores de la CFE, de esos a los que recientemente el director de la paraestatal aludió con malogrado humor como ‘mugrosos’, fueron asesinados ayer en la carretera a Ónavas, en el tramo San Javier-Tónichi.

Una camioneta fue incendiada y allí fallecieron dos de ellos. Más tarde se encontró otro vehículo con el cuerpo sin vida de otro electricista. Dos más fueron encontrados con vida y trasladados a Hermosillo en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Una verdadera tragedia cuyo seguimiento está en manos de la Fiscalía General de la República.

Asesinados por presuntos integrantes de una de las células del crimen organizado que opera en esa parte de la sierra entre Sonora y Chihuahua, los electricistas eran personas muy apreciadas en sus localidades de origen, por lo que el crimen conmocionó tremendamente a sus comunidades, pero también sacudió las conciencias en todo el país, porque esta vez no fue un tiroteo entre criminales, sino el ataque a trabajadores del gobierno federal cuya labor no tiene nada que ver con la agenda de seguridad pública.

Se sabe que desde hace décadas, en esa región hay presencia del crimen organizado y que eventualmente es escenario de enfrentamientos de bandas rivales, levantones y asesinatos, pero hace mucho que no se registraban ataques letales contra civiles, al menos no con la saña con que estos fueron perpetrados.

Notable también, el pasmo de las autoridades que tardaron horas para ofrecer información sobre lo ocurrido y cuando lo hicieron fue con ambigüedades que no aportaron nada a lo que previamente había circulado con profusión en las redes sociales.

De la paraestatal para la que trabajaban los hoy occisos ni hablar. Ya mañana o pasado habrá tiempo para un sentido lamento o una enérgica condena. Una esquela tal vez.

Cuánta razón tuvo el gobernador Alfonso Durazo cuando apenas un día antes, señalaba que a pesar de que los homicidios dolosos han tenido un decremento con respecto al año pasado en estas mismas fechas, no quería echar las campanas al vuelo con esas cifras porque luego sobreviene un delito de alto impacto -como este- y echa por tierra la percepción y las estadísticas.

Para estas horas, las corporaciones policiacas estatales, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas ya sobrevolaron el territorio de los hechos y despliegan un operativo para dar con los responsables. Ojalá que los atrapen y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

III

La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado dictaminó ayer la iniciativa de la diputada Celeste Taddei Arriola que incluye el uniforme neutro en las escuelas públicas y privadas como estrategia de igualdad y no discriminación.

Básicamente de lo que se trata es de garantizar el derecho de las niñas y jóvenes a decidir si usan falda o pantalón en el uniforme escolar y aunque a muchos les parece un tema banal, fue previamente socializada para conocer las experiencias de las escolapias no solo en el ambiente de sus planteles, sino en el transporte y espacios deportivos.

En la comisión dictaminadora la iniciativa fue bien recibida y tanto la presidenta de la misma, Beatriz Cota Ponce como la secretaria Rosa Elena Trujillo coincidieron en que se trata de un tema prioritario en materia de derechos y libertades, con el que se busca combatir las brechas de desigualdad y los estereotipos de roles de género.

Incluso el diputado Iram Solís sostuvo que es un momento histórico en el que se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, para que éstas se sientan cómodas al acudir a las escuelas.

El documento fue enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que hoy decidirá si esta iniciativa se manda al pleno para su discusión y en su caso aprobación en la sesión de mañana jueves.

A propósito, por cierto, de prioridades.

Por Arturo Soto Munguía

Sonora, dijo tajante el gobernador Alfonso Durazo ayer, no será tierra fértil para el secuestro express, ni para ningún otro delito.

Los millennials no lo registran, pero allá a principios de los 90 del siglo pasado apareció una banda de secuestradores que desató el pánico en la región sur del estado. Originarios de Sinaloa, los criminales atacaron un par de ocasiones contra prósperos empresarios locales.

Pero no más. Un día, inopinadamente aparecieron en las páginas de los diarios regados en el suelo del valle del mayo con sendos balazos en diferentes partes del cuerpo. Bien acomodados los cuerpos y con armas en sus manos.

La versión oficial fue que se enfrentaron a los agentes estatales y perdieron la partida. La versión más extendida en radio pasillo sin embargo, fue que a los tipos los habían capturado con vida y fueron ejecutados sin miramientos para mandar una señal a quienes quisieran seguir sus pasos.

Como si fuera un corrido norteño, la verdad nunca se supo, pero lo cierto es que no se volvió a presentar un secuestro en los siguientes años.

¿Terrible? Sí. ¿Siniestro? Sí.

El punto es que cuando las bandas criminales además de matarse entre ellos comienzan a atentar contra ciudadanos, no en calidad de víctimas colaterales, sino como parte de acciones planeadas como el cobro de piso o los secuestros express las cuerdas de la sociedad se tensan mucho, el miedo aparece y cualquier cosa que se haga para salvaguardar su vida y su patrimonio no solo se justifica en el fuero interno de la gente, sino que incluso es aplaudida.

Se lee feo, pero sucede. Un ejemplo muy común en estos días es el de los videos que de pronto se viralizan en redes sociales bajo un título que comienza a popularizarse en todo el país: “Amo los finales felices”.

Casi siempre se trata de eventos en que presuntos criminales ven frustradas sus intenciones ya sea por la policía o por los mismos ciudadanos que terminan propinándoles la madriza de su vida. ¿Incorrecto? Sí. ¿Deleznable? Sí. ¿Preocupante en tanto nos coloca en la línea que separa la justicia de la barbarie? También.

Sin ir muy lejos, y esto sí lo recordamos todos porque ocurrió hace apenas tres o cuatro años. En varias ciudades del estado comenzaron a registrarse asaltos a transeúntes por parte de individuos armados con machetes.

En Navojoa uno de ellos puso a bailar a varios agentes municipales que hicieron el ridículo de su vida, dando saltitos tratando de evadir las chispas que el joven le sacaba al machete con la banqueta de una gasolinera. Fue un video muy comentado en su momento.

Pero más allá de la diversión morbosa que generó, el fenómeno se volvió preocupante porque las víctimas empezaron a multiplicarse. Hasta que se dio la orden a los policías de disparar sus armas en caso de que vieran en peligro su integridad durante eventos de ese tipo, lo cual por cierto es parte del protocolo policial.

Y lo que comenzó a aparecer entonces fueron los cuerpos de ‘macheteros’ abatidos. El último, fue prácticamente acribillado a quemarropa y quedó tendido con un balazo en el rostro.

Terrible. Pero ya no se registraron ataques con machetes.

De ninguna manera se trata de validar el uso excesivo de la fuerza policial o las ejecuciones sumarias. Sería la locura. Pero cuando la violencia crece y la impunidad campea, inevitablemente la gente va a buscar protegerse a sí misma y en estos tiempos de redes sociales, va a festinar las golpizas o el abatimiento de presuntos criminales. No es plausible, pero sucede.

Y sucede especialmente cuando el Estado mexicano aparece incapaz de ejercer una de sus funciones que es la de salvaguardar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, como parece estar sucediendo en todo el país.

Viene a cuento lo anterior por el primer caso (oficialmente reconocido) de un empresario restaurantero que en Hermosillo fue secuestrado y posteriormente liberado tras pagar 236 mil pesos de rescate. Hay otro caso que la fiscalía estatal investiga, de otro hombre que fue ‘levantado’ por sujetos armados en Ciudad Obregón en hechos que fueron videograbados. La identidad también se mantiene en reserva, aunque la fiscalía informó que es originario de Sinaloa y que hasta el momento no se ha solicitado pago de rescate.

‘Levantones’ hay muchos en el estado y generalmente se dan entre gente dedicada a actividades ilícitas, pero secuestros (o secuestros express) no se habían reconocido oficialmente y el hecho de hacerlo enciendo luces de alerta en el tablero ciudadano. No solo de personajes encumbrados o propietarios de grandes fortunas, que por cierto tienen su propia seguridad privada, sino de gente próspera que ha forjado su patrimonio a través de muchos años de trabajo duro, como fue el caso del restaurantero secuestrado en Hermosillo.

Ayer le preguntaron al gobernador respecto a este tema, inquiriéndole si Sonora NO será tierra fértil para este delito, y respondió tajante: “Ni para este ni para ningún otro”.

Por la tranquilidad de todos, ojalá que así sea.

Claro, no se espera que se revivan tiempos de ejecuciones sumarias o se oficialice la ley del Talión; lo que se espera es que la autoridad actúe para que no crezca la zozobra al saber que en Sonora está operando una banda de secuestradores y estos sean detenidos y sometidos a la ley.

II

El gobernador fue abordado por la prensa al final del evento de entrega de patrullas, uniformes, armas y equipo táctico para la Policía Estatal de Seguridad Pública todo con una inversión de 74 millones de pesos que ciertamente ratifican el compromiso con las instituciones encargadas de mantener la seguridad pública en la entidad.

Un compromiso que refrendó allí mismo al girar instrucciones a la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río para incorporar a todos los hijos e hijas de policías estatales al programa de becas, con el monto más alto, de dos mil pesos mensuales para cada uno.

Estos estímulos, así como el hecho de dignificar la labor, los salarios y reconocer los méritos de los y las agentes para que sean éstos, los méritos en servicio y no los temas políticos los que determinen el ascenso en la carrera policial, fueron bien recibidos por los allí presentes, incluyendo a una representación de los 260 nuevos agentes que se incorporarán este año a la PESP, para avanzar en la meta de incrementar en mil el número de efectivos.

Acuerpado por autoridades civiles y militares y ante alcaldes de diversos municipios, sobre todo de la región serrana, el gobernador sostuvo que a partir de la coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, “nos permite decir, sin echar las campanas al vuelo, que vamos avanzando. El delito de más alto impacto (homicidio doloso) tiene una reducción de 12 por ciento en los meses de este año respecto al año anterior, y por primera vez en la historia hay a nivel nacional un quiebre relevante en el número de homicidios”, sostuvo.

Fueron 18 patrullas nuevas para la PESP y 18 más para las corporaciones municipales de Agua Prieta, Cananea, Cumpas, Empalme, Plutarco Elías Calles, Huásabas, Ures y Villa Hidalgo.

Por Arturo Soto Munguía

Septiembre abre con buenas noticias y estas llegan -aunque usted no lo crea- desde Guaymas.

El viernes pasado participamos en la Mesa de Análisis del informativo Sonora en Red que se transmite por la FM de la Red 93.3 y allí el colega y amigo Agustín Rodríguez nos sorprendió con la confirmación del arranque de obras por dos mil 300 millones de pesos que previamente había anunciado el gobernador Alfonso Durazo y que después de muchas maquetas y power points, este mes comenzarán su construcción.

Citando al titular de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en el puerto, Rogelio Bello Aguilar, expuso que en los próximos días se licitarán las obras de expansión portuaria que ya fueron aprobadas y anunciadas por el gobernador y el presidente de la República en su más reciente gira, de manera que para finales de este mes estaríamos viendo los primeros movimientos de este megaproyecto.

Este primer paquete comprende la habilitación de patios de áreas de almacenaje de granel mineral, la construcción de un muelle de usos múltiples en el tramo 1 de la banda este; el dragado de construcción para canales de navegación, dársena de ciaboga (que es donde los grandes buques hacen sus maniobras para entrar al puerto), tablaestaqueado de contención para muelles, rehabilitación y modernización del circuito de vía férrea y el reforzamiento del muelle de la terminal de cruceros para operar carga terminal, de acuerdo con la información recopilada por el colega.

Además se construirá un almacén frigorífico para la revisión aduanal y otro para minerales; se reubicarán las oficinas de la Asipona, dependencia federal que se sumará a los trabajos de rehabilitación y modernización del sistema de drenaje y alcantarillado de la ciudad, una de las demandas más sentidas de los guaymenses sobre todo en los últimos diez años.

La Asipona también participará en el proyecto de administración y modernización carretera entre Guaymas y Chihuahua con un presupuesto de mil 624 millones de pesos.

Por todo lo que implica el flujo de miles de millones de pesos que representan estas obras, se comienza a ver la luz de la reactivación al final del túnel después de un año exacto en que comenzó la actual administración, tiempo en el cual se tuvieron que hacer esfuerzos extraordinarios para estabilizar las quebradas finanzas estatales, incluso con un crédito de mil 250 millones de pesos que por cierto ya se pagó después de estar respondiendo con abonos nada chiquitos de 250 millones de pesos mensuales.

Todo parece indicar que en vísperas de su primer informe de gobierno el gobernador está pisando el acelerador a fondo, pues ayer domingo la secretaría de Salud informó que este mismo mes por fin será inaugurado el Hospital General de Especialidades en Hermosillo y comenzará a ofrecer sus primeros servicios en beneficio de la población más vulnerable.

De entrada, estarán disponibles los servicios de consulta externa, alergología, medicina del deporte y rehabilitación; neurología y dermatología, y como nuevas áreas de atención: psicología, psiquiatría, epidemiología y un departamento de nutrición, patología y endocrinología.

Este hospital también es una obra largamente anunciada que comenzó en el sexenio anterior pero cuya apertura se había pospuesto por diversas razones; en agosto del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Hermosillo para encabezar el que sería el último evento de la gobernadora Claudia Pavlovich, supervisando el equipamiento del nosocomio.

Pues bien, la espera ha terminado y este mes abrirá sus puertas para ofrecer también los servicios de medicina preventiva, recolección de muestras de sangre, gabinete dental, trabajo social, imagenología a los que se irán sumando otros como cirugía mayor, medicina crítica, urgencias, clínica del dolor entre otros.

Y siguiendo con las actividades preinforme, el gobernador estará hoy al filo de la 1:30 de la tarde en las instalaciones del C5i para hacer entrega de patrullas, equipo y uniformes a elementos de Seguridad Pública estatal y de patrullas a corporaciones municipales.

II

Si las cosas vienen como están proyectadas, Guaymas dejará de ser el payaso de las cachetadas y la referencia de todo lo malo que puede suceder en un municipio donde la gente ya no quiere queso, sino salir de las aguas negras… ¿o cómo era?

El megaproyecto para modernizar el puerto significa más de tres mil millones de pesos que incluyen recursos para dar un zarpazo de tigre donde las manitas de gato no solo han sido insuficientes, sino que algunas rayan en los desplantes de un inusual cinismo, como la cereza en el pastel que Sara Valle le puso a su administración con la llamada playa incluyente, que resultó una verdadera ofensa al sentido común, un atraco en despoblado y una obra que ya se llevó la marejada.

Municipios como Cajeme, Navojoa, Nogales y hasta Hermosillo estarán viendo, con un lagrimón rodándoles por la mejilla cuando comience a aplicarse el titipuchal de millones en la modernización del puerto, y volteando a ver el estado en que se encuentra su infraestructura urbana.

Por el abandono de años, por la corrupción, por las horneadas de nuevos ricos que se llenaron los bolsillos con soluciones cosméticas o por lo que usted guste y mande, incluida la saña con que la naturaleza se ha cebado en ellos durante las últimas semanas, los municipios del estado, sin excepción están sufriendo un deterioro que ante la falta de recursos (y de iniciativas proactivas) se encamina a lo irreversible.

Hermosillo, donde el alcalde Antonio Astiazarán ha destacado notablemente por su creatividad, capacidad de gestión y voluntad de integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, así como en la implementación de programas emergentes y de largo plazo, tampoco escapa a ese deterioro.

Pero si Hermosillo está jodido en sus vialidades, no vuelva usted la mirada a Ciudad Obregón, por citar el ejemplo más crítico. Ni a otros municipios desde los cuales nos llegan reportes no exentos de preocupación, sobre las condiciones en que las recientes lluvias los dejaron.

Y nadie sabe, ni los alcaldes y alcaldesas, ni los diputados y diputadas, ni el gobernador mismo, de dónde y cómo aparecerán los recursos para invertir en la reconstrucción del desastre.

El tema no es menor. El deterioro de las vialidades en todos los municipios trae echando chines y jotas a cualquiera que transite por ellas, y preguntándose con desesperanza cuándo, cómo y de dónde podrán salir los recursos para reparar todos los daños.

Y esto va más allá de las militancias políticas, de las convicciones ideológicas o la esperanza de que llegue el momento de cobrar la beca o el apoyo de algún programa de Bienestar. Cuando truena una llanta, se quiebra un amortiguador o se llega tarde al trabajo porque el camión no puede avanzar entre baches, lagunas, fugas, embotellamientos, la identificación partidaria pasa a segundo término y la mentada de madre no respeta siglas.

Ojo con eso.

Por Arturo Soto Munguía

En el Congreso del Estado se oficializó el draft legislativo.

A la usanza de los equipos de futbol que pujan por jugadores elegibles para reforzar sus líneas, ayer hubo movimientos en varias bancadas y se renovó la presidencia de la Mesa Directiva y de la poderosa Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Finalmente pasó lo que tenía que pasar: ganó el acuerdo político y la petista Diana Karina Barreras fue electa sin mayor trámite para presidir la Mesa Directiva en la que aparece como vicepresidenta Rebeca Irene Silva Romero; Alma Manuela Higuera Esquer como primera secretaria; Margarita Vélez de la Rocha como segunda secretaria y José Armando Gutiérrez como suplente.

La asunción de Diana Karina Barreras llegó precedida de una polémica sobre la legalidad de su nombramiento toda vez que, aunque el acuerdo político ordenaba que la presidencia le correspondía al PT, la ley orgánica mandata que debe haber alternancia de género, y como la anterior presidenta fue Natalia Rivera Grijalva, le correspondería a un varón del PT. Los medios manejaron con insistencia el nombre de Sebastián Orduño.

Fue el propio diputado guaymense quien, citado en un boletín de prensa difundido en la víspera por el dirigente estatal del PT, Ramón Flores, sostuvo que la propuesta del PT para que Barrerras Samaniego ocupara la presidencia “está apegada a la legalidad y jurisprudencia en materia de paridad de género”.

Sebastián Orduño definió a la nueva presidenta como “una diputada talentosa, sensible y comprometida con el Poder Legislativo sonorense”, de acuerdo con el boletín.

Obviamente, Ramón Flores se hizo presente en la sesión y ocupó la primera fila del espacio reservado para el público, donde acompañado de sus colaboradores atestiguaron el triunfo de la negociación política con una amplia sonrisa, para retirarse una vez desahogado ese punto. Lo demás es lo de menos.

La sesión de ayer también fue el adiós a la coordinadora parlamentaria de Morena, Ernestina Castro como presidenta de la CRICP.

Ese cargo lo ocupa ahora un hombre que hace surcos con el colmillo en la alfombra del Congreso, Fermín Trujillo Fuentes, dirigente de la Sección 54 del SNTE, tres veces diputado local, una vez diputado federal y senador son algunos de los cargos que acreditan el paso del maestro por las bravas aguas de la política en diferentes momentos de la historia.

Y en el draft legislativo, Natalia Rivera y Ernesto de Lucas oficializaron su incorporación a la bancada de Movimiento Ciudadano, después de renunciar a la del PRI (y al propio tricolor), con lo que la fracción parlamentaria naranja se convierte en la segunda fuerza al contar con cuatro diputad@s: Rosa Elena Trujillo, Jorge Ruso y los antes citados.

Por su parte, Kiko Munro hizo lo propio al migrar del PAN al PES (“Partido Encuentro Solitario”, lo nombró una nerviosa Diana Karina Barreras en su estreno como presidenta), donde además asumirá la coordinación de esa recién creada fracción parlamentaria que integra con Paloma María Terán.

La bancada del PRI se quedó con dos integrantes, Ely Sallard y Karina Teresita Zárate, quien asumió la coordinación parlamentaria.

Además de las agendas de cada bancada expuestas en la sesión de ayer, merece una mención especial el informe que rindió Natalia Rivera acerca del periodo que le tocó presidir y que sin duda fue uno de los más productivos que se recuerde.

78 acuerdos y 43 decretos aprobados que modifican diversas disposiciones jurídicas y diez nuevas leyes orientadas a mejorar la rendición de cuentas de los servidores públicos, protección a personas vulnerables, inclusión de grupos sociales marginados, medio ambiente y patrimonio cultural.

Desde luego, Natalia Rivera marcó su paso por la legislatura por la promoción del Parlamento Abierto, una iniciativa aprobada unánimemente que modificará en lo sucesivo la forma en que el Poder Legislativo socializa su trabajo, lo expone y consulta ante la ciudadanía, y replantea los modelos de comunicación para volver más transparente su trabajo.

II

Vaya escándalo el suscitado en días pasados con el nombramiento del joven Pablo Daniel Taddei Arriola como director de la empresa LitioMx que estará a cargo de los trabajos de explotación y administración del yacimiento de ese mineral ubicado en Bacadéhuachi y del que se han generado gigantescas expectativas.

Taddei Arriola se encuentra en estos momentos terminando un doctorado en Harvard, esa universidad con sede en el corazón del imperialismo yanqui a donde los tecnócratas del prianismo acudían para aprender a robar, de acuerdo con la definición que alguna vez hizo López Obrador.

Pero esa es acaso la más pequeña de las aristas que surgieron con este nombramiento otorgado por el propio presidente.

Lo que más ruido hizo es que el joven es hijo del llamado ‘súperdelegado’, Jorge Taddei Bringas, hermano de la diputada Celeste Taddei y sobrino de Guadalupe Taddei Zavala, actual directora del Instituto de Transparencia en el estado y anteriormente presidenta del IEE.

Hasta ahora se han contabilizado al menos diez integrantes de la familia Taddei en cargos importantes de la nueva burocracia estatal y federal y el pequeño escándalo provocó que en una revisión a la plataforma nacional de transparencia, apareciera que entre 2015 y 2020 el joven Taddei Arriola recibió más de ocho millones de pesos en becas para su exitosa carrera estudiantil.

Tengo el gusto de conocer a Jorge Taddei desde hace décadas y su carrera no ha estado manchada por actos de corrupción y sí por una intensa actividad política no solo en el sindicalismo universitario, sino en la brega electoral donde ya fue en una ocasión candidato a la alcaldía de Hermosillo por el PRD-PT en 2006 y antes, en el 2000 apoyó la candidatura presidencial de Vicente Fox Quesada en aquel grupo promotor de llamado ‘voto útil’ que decidieron apoyar al guanajuatense y no a Cuauhtémoc Cárdenas para vencer al PRI, lo cual finalmente sucedió.

Sus hijos han tenido una brillante carrera académica y uno de ellos ya trabajaba en el gobierno federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero es en este sexenio donde la familia ha escalado notablemente espacios en la estructura gubernamental. Me queda claro que con la cuarta transformación sobrevino el desplazamiento de apellidos que antaño se repetían con igual o mayor frecuencia en los cargos públicos, conformando una nueva genealogía del poder, lo cual resulta hasta cierto punto natural.

No han sido pocos los hombres y mujeres de la 4T que han saludado con entusiasmo el nombramiento de Pablo Daniel y buscado cualquier cantidad de argumentos para justificarlo.

Y eso se entiende entre los cuatroteístas que vienen de otros partidos, sobre todo el PAN y el PRI, porque esa era una práctica común en sus gobiernos. Pero extraña un poco de aquellos que, proviniendo de la izquierda sonorense que siempre las cuestionó, ahora no solo la vean como normal, sino que prácticamente la definan como indispensable en las tareas encaminadas a terminar con todo vestigio del pasado neoliberal corrupto.

De aquellos cánticos y consignas sobre la educación crítica, científica, democrática y popular mejor ni hablamos, porque en Harvard no se escuchan mucho que digamos.

Son menos, pero los hay, quienes en Morena no ven con buenos ojos esta situación, no por tratarse de los Taddei sino, sostienen, porque no conciben que se haya diluido de esa forma el sentido crítico abrevado en las luchas de la izquierda contra esas prácticas y ahora las justifiquen bajo la premisa de que el nepotismo era malo porque lo utilizaban los prianistas, pero ahora es bueno porque lo utilizan ellos.

Algunos, veteranos de las luchas que derivaron en el triunfo electoral de AMLO en 2018 ven con preocupación que esto esté ocurriendo, pues advierten que esas prácticas son las que paulatinamente fueron minando la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos anteriores y, si no se mantiene una mirada crítica al respecto, el final del proyecto obradorista puede comenzar a escribirse con esto.

III

Desde este espacio abrazamos solidariamente a la colega y amiga Guille Romano y a su hermana Magaly en estos momentos dolorosos por la partida de su señor padre Sergio Romano.

Que el dolor se vaya pronto y que la memoria guarde para siempre los recuerdos gratos.

Por Artoro Soto Munguía

Se acabó el periodo de la diputación permanente y con él llega a su fin también la presidencia de Natalia Rivera Grijalva, que fue electa el pasado mes de febrero.

De acuerdo con los trascendidos quien se perfila como su relevo en la presidencia durante el próximo periodo ordinario que comienza el jueves de esta semana es la petista Diana Karina Barreras, quien llegaría en medio de la polémica por una presunta violación a la ley orgánica del Congreso de acuerdo a una interpretación del artículo 56 que establece que para el nombramiento de la Mesa Directiva se deberán observar los principios de paridad y alternancia de género.

Aunque como suele suceder, ‘acuerdo político mata interpretación’ y la suerte parece echada para que Barreras asuma la presidencia dejando con la carabina al hombro al también petista Sebastián Orduño también del PT, partido al que le toca presidir la Cámara en este periodo, también por acuerdos previos entre las bancadas.

Cualquiera que sea el caso, el hecho cierto es que quien llegue a la presidencia tendrá la vara muy alta, considerando el trabajo de sus antecesores en la actual legislatura: Jacobo Mendoza y Natalia Rivera.

A Jacobo le tocó tomar protesta al gobernador que acabó con el bipartidismo en Sonora y cimentar el andamiaje legislativo del proyecto de Alfonso Durazo en sus primeros meses, y lo hizo muy bien.

Natalia Rivera Grijalva sacó adelante las tareas de la legislatura más que decorosamente. Alejada del conflicto y con buena mano izquierda, la hoy diputada de Movimiento Ciudadano condujo los trabajos con solvencia y se dio tiempo para proponer varias iniciativas, destacando particularmente la relativa al Parlamento Abierto por el largo alcance que tiene en cuanto a las prácticas legislativas en el futuro.

Jacobo Mendoza y Natalia Rivera son quizá los mejores elementos con los que cuenta la actual legislatura, y por eso quien llegue tendrá muy alta la vara.

Diana Karina ha sido objeto de muchas críticas en su accionar político desde que, como regidora del PAN se convirtió en el voto decisivo para aprobar la concesión del servicio de alumbrado público propuesta por el alcalde Manuel Ignacio Acosta, un leonino título de concesión que terminó siendo revocado en la siguiente administración municipal encabezada por Célida López.

Sorprendió también su aparición como cabeza en la lista de plurinominales del PT ya que no había antecedente alguno de militancia en ese partido, salvo la relación política que pudo haber hecho con el dirigente estatal Ramón Flores cuando ambos militaban en las filas del PAN en tiempos de Guillermo Padrés, pero sobre todo, la relación con su esposo, el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna, también panista pero hoy encumbrado promotor del obradorismo.

Me dicen que Diana Karina Barreras tiene credenciales académicas, profesionales y políticas suficientes para seguir forjando su carrera política por sí misma pero la suspicaz lectora, el escéptico lector tendrán, como siempre una mejor opinión al respecto.

Lo cierto es que si este nuevo acuerdo político deriva en su elección como presidenta de la Cámara, tendrá frente a sí la oportunidad de probarlo y ahuyentar para siempre esas malintencionadas versiones del machismo opresor heteropatriarcal que la ubican siempre a la sombra de su marido, un tipo, este sí, más largo que cien kilos de chorizo toluqueño y con habilidades tales que le han permitido llegar desde el padrecismo rapaz, a presidir como diputado plurinominal de Morena la cámara federal y perfilarse como eventual candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, con una vocación y raigambre de izquierda que no podrían salir de una licuadora si en ella echaran a Epigmenio Ibarra, Paco Ignacio Taibo II, John Ackerman, El Fisgón, Fernández Noroña y una pizca de Lord Molécula.

En fin, ya veremos qué sucede.

II

En noticias más alentadoras, todo parece indicar que los sonorenses tendremos que comenzar a prepararnos para administrar la abundancia una vez que comience a operar la empresa Litio para México, en la que el gobierno de Sonora tendrá una importante participación, de acuerdo al anuncio hecho ayer por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Después de reunirse con el presidente de la República, el gobernador informó que esta empresa, a cargo de un Consejo de Administración integrado por las secretarías de Gobernación, Energía, Medio Ambiente, Hacienda y Economía podrá asociarse con particulares para la explotación e industrialización del litio que se encuentra en el subsuelo de Bacadéhuachi, en un yacimiento que ha sido considerado como el más grande del mundo.

Este mineral, que algunos han dado en llamar ‘el petróleo blanco’, es hoy en día de los mejor cotizados en el mercado global debido a sus potencialidades en esa industria sin la cual no se entendería el mundo actual y mucho menos el que viene, donde el almacenamiento de energías renovables no convencionales resulta esencial: computadoras, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, baterías para autos eléctricos y hasta para la industria armamentista.

Y Sonora tiene en Bacadéhuachi una reserva calculada en 243.8 millones de toneladas de ese químico.

Después de su reunión con el presidente, el gobernador dijo que la condición para que empresas particulares puedan asociarse con Litio de México es que establezcan sus procesos de industrialización en Sonora, “de tal manera que si una empresa quiere fabricar vehículos eléctricos puede asociarse (con Litio para México) pero deberá fabricar los vehículos aquí en el estado de Sonora”.

Claro, esto no será en el corto plazo, pero la expectativa es inmensa.

III

Y en la sección de noticias que no nos gusta dar, los cuerpos de los dos jóvenes desaparecidos en Empalme fueron encontrados a unos cuantos metros de donde sus familiares realizaban otro bloqueo carretero exigiendo su aparición con vida.

Este tema puede subir de tono, pues el último contacto que la madre de uno de ellos tuvo con él fue por vía telefónica y el joven le dijo que había sido detenido por elementos de la Marina, aunque en la base de esa institución le informaron cuando fue a preguntar, que no había allí nadie registrado como detenido bajo ese nombre.

Hasta el cierre de esta edición, la Marina no había dado a conocer una versión oficial sobre este asunto. Se trata de Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años de edad y Martín Antonio Soto Robles, de 19. Los dos han sido encontrados muertos y con huellas de tortura, según los reportes.