Categoría: El Zancudo

Por: Arturo Soto Munguía

Cuesta abajo en su rodada, Alito Moreno parece dispuesto a pasar a la historia como el enterrador del PRI, el partido que gobernó México durante más de 70 años consecutivos y del que ya queda solo una pálida sombra.

El tema en el plano nacional es importante, pero tiene sus reverberaciones en los estados, y concretamente en Sonora el ejemplo es emblemático para ilustrar el gran quiebre institucional de la otrora poderosa aplanadora.

El asunto es serio para el tricolor, pues si el desmantelamiento estuviera signado por el relevo de los que se van, con cuadros de gran experiencia en la organización, el trabajo de tierra y fogueados en campañas electorales, muchas de ellas exitosas, se podría avizorar un buen destino. Pero no es así.

Una somera ojeada a la integración de la nueva dirigencia estatal encabezada por Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, mostraría un ‘line up’ que ni de lejos aparece competitivo rumbo a lo que viene en 2024 y que no tiene que ver solo con las candidaturas, sino con los trabajos de reorganización interna, de motivación a las bases, de relanzamiento de sectores y organizaciones y, hacia afuera, con el replanteamiento de su política de alianzas.

Aunque el contexto era completamente diferente en 2015, comenzando por el hecho de que Morena, fundado apenas un año antes ni siquiera aparecía significativamente en el mapa electoral, el PRI no solo le arrebató la gubernatura al panismo padrecista sino también la mayoría en el Congreso local. La maquinaria funcionaba.

Luego vino la ola AMLO en 2018 y después la de 2021, llevándose no solo las expectativas de los tricolores, sino también de los panistas (salvo aquellos que alcanzaron a saltar a tiempo a Morena), en una marejada que sacudió al país entero.

A Claudia Pavlovich la expulsaron de su partido bajo acusaciones de haber entregado el estado a Morena; acusaciones que vinieron paradójicamente de Alito Moreno, que siguiendo esa lógica se irá del tricolor con la nada honrosa carga de haber entregado no uno, sino diez estados.

Ayer, Natalia Rivera Grijalva renunció al PRI después de 30 años de militancia. Lo hizo a través de una carta en la que expone sus motivos y que fue ampliamente difundida.

El caso de la actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso es notable, y aunque ha sido fuertemente ‘troleada’ por su renuncia (no es la primera vez que la hacen blanco del ‘fuego amigo’), mantiene la ecuanimidad y anticipa que no se distraerá en responder esas ‘troleadas’.

Ayer la tuvimos en los micrófonos de la Red 93.3 y fue inevitable preguntarle por el tema. Concretamente sobre uno de los cuestionamientos más recurrentes que versa en el sentido de que se va del PRI después de que el partido le ha dado todo.

El argumento sería válido si Natalia no hubiera ganado a pulso cada una de las posiciones que ha ocupado, por cierto no muchas de verdadera relevancia, salvo la jefatura de Oficina del Ejecutivo con Pavlovich y ahora la diputación local.

Pero comenzó a participar en el PRI desde los 16 años en las tareas más modestas y participó en doce campañas electorales haciendo trabajo de tierra no solo en Sonora, sino en Tamaulipas, Estado de México y otros lugares. Su trabajo fue durante todos esos años ayudar a que otros y otras llegaran a regidurías, alcaldías, diputaciones locales y federales; al senado. Es decir, tampoco es que le hayan regalado nada.

Con esa convicción se va a Movimiento Ciudadano. A construir y aportar desde abajo: “no voy por una candidatura, eso no está puesto sobre la mesa; no lo hice nunca en el PRI y no lo voy a hacer en MC. Yo sé que cuando trabajas en equipo en tareas desde las más modestas, siempre hay oportunidades, pero hay que ganárselas así, trabajando, dice.

El hecho cierto es que Claudia Pavlovich ya no está en el PRI, Natalia tampoco; el Pato de Lucas ya tiene un pie fuera y se esperan otras renuncias. Lo que no se ve, insisto, es un ‘line up’ que despierte entusiasmo en un partido bastante alicaído.

Por cierto, anoche la Sala Superior del TEPJF con sede en Guadalajara declaró improcedente el recurso de impugnación presentado por Zaira Fernández y Pascual Soto contra Onésimo e Iris. El asunto no está muerto, pues lo remitió al Tribunal electoral del estado, donde habrá de resolverse.

Son, sin embargo muy pocas las expectativas de que aquí les favorezca la resolución. Si eso sucede y definitivamente ‘le dan palo’, es altamente probable que entonces sí comience la verdadera desbandada en el tricolor.

II

Y bueno, como la vida es una tómbola-tómbola-tómbola, una rueda de la fortuna, un tranca-palanca en el que a veces estás arriba y a veces estás abajo, mientras en el PRI y el PAN hay vientos de funeral, en Morena suena la tambora a todo lo que da.

Hace unos días se reunieron sus principales dirigentes para celebrar el octavo aniversario de la fundación de su partido, y ayer el presidente estatal David Mendoza Rivas se reunió con consejeras y consejeros estatales para preparar la renovación de esa instancia de dirección partidista.

El próximo 30 de julio se llevarán a cabo las asambleas distritales para elegir a 35 hombres y 35 mujeres que integrarán el nuevo Consejo estatal, que habrá de encabezar los trabajos relacionados con el proceso electoral de 2024.

Por: Arturo Soto Munguía

Contra el mercadeo mediático del dolor y el sufrimiento ajenos se manifestaron los diputados del Congreso de Sonora al apoyar las modificaciones enviadas desde el Ejecutivo a la llamada Ley Ingrid que establece sanciones A FUNCIONARIOS PÚBLICOS que difundan imágenes de personas fallecidas en situación de investigación penal.

El tema se enredó en una primera modificación a un artículo del Código Penal realizada a finales de marzo pasado, y que dejaba abierta la posibilidad de que esas sanciones se extendieran hacia cualquier ciudadano y hacia periodistas en ejercicio de su labor informativa.

En realidad la reforma presentada inicialmente en Sonora solo retomaba las limitantes que ya existen en el artículo sexto constitucional para proteger la moral y la vida privada o los derechos de terceros, pero las ampliaba a las personas fallecidas que suelen ser captadas en imágenes que luego se difunden en medios de comunicación tradicionales y en las redes.

Los diputados dejaron claro que en ningún momento se trata de censurar ni obstaculizar a nada ni a nadie, pero parten de la premisa de que nuestra sociedad se ensucia y envilece si permitimos la difusión sin control de ese tipo de imágenes que solo alimentan el morbo, la cultura de la violencia y entorpecen en muchos casos el debido proceso legal cuando son permitidas o utilizadas por servidores públicos.

Las penalizaciones estarían dirigidas a éstos cuando infrinjan esta ley, y será mayor cuando se trate de imágenes que se relacionen con la muerte de mujeres, niñas o adolescentes.

Por cierto, todo México está atento a lo que suceda este martes, cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores aparezca de nuevo en su programa ‘Martes del jaguar’, ya que eventualmente podría cumplir su advertencia de difundir fotos comprometedoras de algunas diputadas federales que ellas mismas le habrían enviado al dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, a quien trae de bajada desde hace rato.

La expectativa crece pues la gobernadora podría incurrir en violaciones a la llamada Ley Olimpia, recientemente aprobada y que sanciona la difusión de ese tipo de imágenes.

A Layda Sansores el cumplimiento y respeto a la ley es algo que no le quita el sueño, pues de hecho los audios filtrados en los que se escucha al dirigente priista evidenciando no solo su florido y campechano lenguaje, sino participando de conversaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, fueron obtenidas ilegalmente.

Al ser ese su origen, tales conversaciones carecen de validez legal en un eventual juicio, pero la quemada ya no se la quita nadie, si es que alguna parte le quedaba sin rostizar al desacreditado dirigente nacional del PRI, al que por cierto las autoridades de migración ‘atoraron’ por más de una hora en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de su gira por Europa.

Nadie en su sano juicio metería las manos a la hoguera del descrédito en la que hoy arde Alejandro Moreno, pero siempre quedará en el aire la pregunta en el sentido de que si su bancada hubiera aprobado la reforma eléctrica del presidente López Obrador, le habrían enderezado esta campaña que terminará demoliendo no solo lo que le quedaba de reputación al campechano, sino dañando severamente a la alianza opositora si éste se mantiene como dirigente nacional del tricolor.

Las protestas y reclamos de algunas diputadas federales -a quienes doña Layda no mencionó por sus nombres-, hacen suponer que las imágenes sí existen y, de nuevo habrían sido obtenidas ilegalmente con fines de persecución política, lo cual es igualmente preocupante que la degradación y el escarnio a que serían sometidas las mujeres en cuestión si se difunden tales imágenes.

Ya veremos mañana.

II

A los 100 años de edad murió ayer el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Funeral sin pompa institucional, lejos de un acto de Estado, acompañado por familiares, amigos y muy pocos colaboradores.

Normal, para un exmandatario que llevó sobre sus espaldas la pesada losa de las masacres estudiantiles de 1968 y 1971, y buena parte de la llamada ‘guerra sucia’, un negro episodio de la historia mexicana plagada de asesinatos, desapariciones, tortura y represión a la disidencia, sobre todo de izquierda que encontró en las montañas y la clandestinidad en las zonas urbanas un escondite desde donde empujar sus demandas de cambio social por la vía de las armas.

A lo largo de las décadas, muchos de esos hombres y mujeres organizados en movimientos armados diversos fueron dejando esa vía para incorporarse a la legalidad y transitar por la ruta electoral. No son pocos quienes vieron cristalizados sus sueños en 2018 y hoy forman filas en el gobierno y en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de ellos recuerda bien a Echeverría y al contrario, consideran que debió ser procesado penalmente por delitos de lesa humanidad.

De hecho, el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas exigió a la FGR reabrir las investigaciones contra el expresidente, por genocidio.

“Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se lo dejó en libertad bajó las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de las PGR ahora Fiscalía General de la República”, relató el Comité del 68.

Y apenas hacen bien en solicitar la reapertura de las investigaciones, aprovechando que ya andan reabriendo expedientes como el del caso Colosio.

Por: Arturo Soto Munguía

No están ustedes para saberlo pero acá su servilleta sí está para contarlo: a la salida de ‘Kiko’ Munro de la bancada panista en el Congreso local podría sumarse la de Sagrario Montaño Palomares y, eventualmente la de Armando Gutiérrez “El Bigotes”.

Tal como lo adelantamos ayer, este viernes el diputado del PAN Ernesto ‘Kiko’ Munro dejará su bancada para sumarse a la hasta ahora solitaria diputada del PES, Paloma María Terán, con lo que ese partido podrá constituir ya su propia bancada y, además del peso político en el Congreso, podrán acceder a una serie de prerrogativas propias de cada fracción parlamentaria.

Los motivos del rocaportense para decir adiós a su militancia de toda la vida serán expuestos hoy en rueda de prensa, pero lo que hemos podido averiguar es que Munro López se cansó de buscar un sentido de pertenencia en la bancada que lidera Alejandra López Noriega y donde simplemente ya no cabía.

Pero la bancada blanquiazul es solo una extensión de lo que sucede en el partido, donde el liderazgo de Gildardo Real no da cabida a nadie que no sea de sus incondicionales cercanías y pregonan unidad, “pero solo de dientes para afuera”, de acuerdo con fuentes de ese partido que se encuentran buscando la puerta de salida.

Si en días pasados se especuló con la posibilidad de una desbandada de legisladores priistas después del impugnado proceso de elección de su nueva dirigencia, al parecer los panistas se les adelantaron, lo cual no quiere decir que esa historia no se repita en el tricolor, como veremos más adelante.

Porque no solamente es Kiko Munro el que ha decidido retirarse del PAN y buscar cabida en otras opciones de participación política. Entre la gente que discrepa de la forma como se está manejando el partido desde la dirigencia de Gildardo Real y que también han tomado distancia se cuentan otros cuadros destacados, como Eduardo Romero, Gustavo de Unanue, Miguel Sesma y Humberto Souza. Se sabe que también el alcalde de Puerto Peñasco y cuñado de Kiko Munro, Jorge Pivac Carillo ya migró a Movimiento Ciudadano.

Por cierto, anote usted que será cuestión de días o semanas para que también abandone las filas del blanquiazul el ex alcalde de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas, mejor conocido como “El Chavalo”, y por las mismas razones de Kiko Munro.

Con él, estaría abandonando la bancada blanquiazul también su esposa, Sagrario Montaño Palomares, quien llegó al Congreso al encabezar la lista de plurinominales. El número dos fue el propio Munro.

En un escenario así, la bancada del PAN estaría en riesgo de desaparecer, pues quedarían solo Alejandra López Noriega y Armando Gutiérrez “El Bigotes”, único panista que ganó su curul en las urnas y la relación con su coordinadora parlamentaria está lejos de ser buena.

Ni Kiko ni El Chavalo son improvisados en la política y antes bien, representan parcelas de poder importantes en sus respectivos municipios, donde han ganado las alcaldías, en el caso de Kiko Munro en dos ocasiones; en el caso de Díaz Nieblas ganó además elecciones para diputado local.

Un éxodo como el que se está perfilando en la bancada blanquiazul sería letal para esa fracción parlamentaria. Ya veremos.

II

Y ya que andamos por rumbos del Congreso, no todo es grilla, zancadillas y piquetes de ojo, ya que legisladoras y legisladores se pusieron las pilas para diseñar, discutir y aprobar un sistema de ordenamiento y evaluación del quehacer parlamentario y administrativo en esa institución.

A propuesta de la presidenta de la Mesa Directiva, Natalia Rivera Grijalva se emprendió el proceso que culminó con la aprobación del Programa de Gestión Institucional, que incluye no solo a diputados y diputadas, sino a las diferentes áreas del Poder Legislativo como la Oficialía Mayor, la Contraloría y el Centro de Investigaciones Parlamentarias.

El objetivo de este programa es fortalecer la institucionalidad y avanzar en la modernización de los procesos del quehacer legislativo para orientar sus acciones de manera ordenada en los próximos años.

Los cuatro grandes ejes de este programa son:
1.- Representatividad, agenda legislativa y fiscalización para el desarrollo.
2.- Orden y disciplina parlamentaria austera y de alto desempeño.
3.- Investigación legislativa y parlamento abierto.
4.- Prevención y control interno.

De acuerdo con Rivera Grijalva es fundamental avanzar en la consolidación de un sistema de evaluación del desempeño que observe todas las aristas de ese poder y que a través de indicadores de resultados permita observar los avances para consolidar el ejercicio de las responsabilidades y atribuciones que se le han conferido. Todos estos indicadores serán evaluados y presentados anualmente a través de un informe en los medios institucionales para conocimiento de la sociedad.

Con la promoción del parlamento abierto y este novedoso programa, Natalia Rivera se ha convertido en una bujía del trabajo parlamentario. La diputada, por cierto, también está por renunciar a su militancia en el PRI aunque no ha tomado una decisión (o al menos no la ha dado a conocer) sobre su destino como política y como diputada.

Parte, dice, con dolor y duelo, pero sin rencores ni agravios. Se va a comenzar de cero desde otras trincheras, a construir, que es lo que mejor sabe hacer. Sin hablar mal de nadie, sin patear el pesebre y sobre todo, a seguir trabajando para corresponder a los sonorenses el pago que les hacen como servidores públicos. Sin duda Natalia es mujer de una sola pieza y a donde quiera que vaya brillará con luz propia.

Junto con ella, Ernesto de Lucas ya tiene un pie fuera del tricolor y en una situación similar se encuentran las otras dos legisladoras del PRI, Karina Zárate y Ely Sallard. Es muy posible que antes de que acabe este verano, se registren movimientos muy interesantes en el Congreso de Sonora.

Ahora sí que estaríamos ante una situación inédita e histórica, en el que las representaciones de los dos principales partidos de oposición al gobierno morenista, literalmente se hagan humo, desaparezcan.

III

Los soldados que se enfrentaron en Altar con un comando de sicarios que los superaba en número y poder de fuego recibirán la medalla Cruz de Malta, una condecoración al mérito en la campaña contra el narcotráfico.

Los uniformados resistieron no solo el fuego cruzado en el que perdió la vida uno de ellos y otro más resultó herido, sino que aguantaron un cañonazo de 10 millones de pesos ofrecidos por los sicarios a cambio de la liberación de uno de sus jefes de plaza a quien apodan “El Duranguillo”.

El episodio armado duró aproximadamente tres horas y en la refriega en la que un sicario fue abatido por las balas de los soldados, uno más herido y cuatro capturados. Se aseguraron además ocho armas de fuego, más de seis mil cartuchos de diferentes calibres, cargadores y siete vehículos.

Por: Arturo Soto Munguía

Después de muchos rumores, versiones extraoficiales, afirmaciones tajantes y desmentidos no tanto, este viernes se anunciará la renuncia de Ernesto ‘Kiko’ Munro a la bancada del PAN en el Congreso local.

Y el anuncio se hará, desideologizada lectora, ecléctico lector, en una rueda de prensa a la que está convocando el Partido Encuentro Solidario, lo que confirmaría la especie de que el ex alcalde rocaportense y hoy diputado local del PAN pasaría a formar filas con la única diputada con que cuenta el PES en la legislatura local, la joven Paloma María Terán, que tiene nombre de albur, pero no es nada de Aimee Terán, otra joven que no tiene nada que ver con la política, pero también tiene nombre de albur.

Chascarrillos aparte, el punto es que Kiko Munro abandona la bancada del PAN donde anda como ‘pollito comprado’ -decía mi amá-, porque en esta rueda de la fortuna -y del infortunio- que es la política, su ciclo se cerró en ese partido y desde que Alejandra López Noriega asumió la coordinación de la bancada, sus posibilidades de trascendencia política se redujeron casi a cero.

En algún momento se especuló con la posibilidad de que Kiko Munro se iría a Movimiento Ciudadano, el partido que en estos momentos trae a todo tren la tarraya y el chinchorro pescando militantes de otros partidos, pero ni en MC les agradó la idea, ni al propio Kiko le resultaba atractiva, sobre todo por la agenda liberal de Movimiento Ciudadano que últimamente ha enfatizado mucho su vocación por la inclusión y respeto a las minorías LGBTIQ+ y otros temas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario, la legalización de ciertas drogas, etc.

Por su formación en el PAN, el partido conservador por excelencia, sería un poco perturbador ver al Kiko ondeando la bandera arcoíris en una marcha del orgullo gay, aunque a estas alturas todo puede suceder y de hecho, se han visto cosas más churrigurescas en aras del pragmatismo político.

Suena más congruente su incorporación a la bancada del PES, un partido confesional de profundas raíces en el cristianismo y la prédica de la agenda más conservadora que, sin embargo y por esas extrañas piruetas de la política mexicana, hoy cierra filas con Morena, ese reducto de la izquierda que nos tiene al filo de la dictadura comunista si no fuera porque su comandante supremo acaba de condecorar con la medalla del orgullo nacional a Carlos Slim, acaso el producto más finamente acabado del capitalismo salvaje y la corrupción neoliberal del salinismo.

Qué desideologizado desmadre.

II

Agarró un nuevo aire el debate sobre la llamada ‘Ley Ingrid’ en Sonora, que no es ley sino una modificación a un artículo del Código Penal local, pero que en su redacción dejó abierta la posibilidad de que se establezcan duras sanciones “al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado”.

En el contexto de lo que estamos viviendo en México, donde la muerte ronda por las calles y las ejecuciones en vía pública son literalmente eventos a los que cualquiera estamos expuestos, con el agregado de que sin demérito del himno nacional, los smartphones han vuelto cotidiano el hecho de que a la patria un reportero en cada hijo le dio, el tema se volvió candente porque supone el castigo penal a quien reporte ese tipo de hechos.

Y ahí colamos los periodistas, pero también los ciudadanos que en más ocasiones de las deseadas, claudican a la tentación de tomarse una selfie con el ejecutado del día en segundo plano.

El debate es interesante porque tal cual está redactada, la adición al artículo 167 del Código Penal prefigura un acto de censura que de entrada, penalizaría la cobertura de eventos noticiosos que simplemente forman parte de los convulsos tiempos que vivimos.

De entrada hay que decir que las acotaciones a la libertad de expresión no dependen de un artículo del Código Penal, sino de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo sexto establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa “sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoque algún delito o perturbe el orden público”.

Es decir, las acotaciones a la libertad de expresión ya están establecidas en la Constitución y tienen que ver con la salvaguarda de la vida privada y los derechos de terceros, que obviamente es el tema que ha escalado el debate.

Sin embargo, y para evitar interpretaciones que están causando escozor, el secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Adolfo Salazar Razo informó que la próxima semana será enviada al Congreso una propuesta para precisar que las sanciones se establecen exclusivamente a los servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales.

Eso deja fuera a periodistas y, de manera señalada, a las personas que integran los grupos de rastreadoras y buscadoras, esas organizaciones que nacieron a raíz de la siniestra realidad que campea por todo el territorio nacional y que nos golpea cotidianamente con imágenes de mujeres escarbando en los llanos y los montes en búsqueda de sus familiares.

Por: Arturo Soto Munguía

No termina de organizar la Brigada Azteca para surcar los mares en pos del penacho de Moctezuma que nos agandallaron los españoles y luego fue a dar a Austria, cuando el presidente López Obrador ya se está pintando la cara de guerra para atacar el corazón del imperialismo yanqui y demoler la estatua de la libertad allá en la fatua Nueva York.

Ya sabemos que los austriacos no le soltaron el penacho ni para una exhibición temporal en estos lares, y allá en Estados Unidos nomás esbozaron una sonrisa entre divertida y tierna al enterarse de la campaña que está por iniciar el presidente mexicano si los ‘gringous’ insisten en condenar a la pena máxima al activista cibernético Julian Assange, fundador de Wikileaks, plataforma a través de la cual obtuvo y filtró información sensible para el gobierno de EEUU.

López Obrador se sacó de la manga esta campaña para desviar la atención de señalamientos en la prensa estadunidense sobre la precaria situación de seguridad que prevalece en México para el ejercicio periodístico, donde solo en este año han sido asesinados doce comunicadores.

Al modo AMLO, aquí nos tiene a todos imaginando la demolición de la emblemática estatua y no hablando del reguero de sangre que documenta por qué México se ha convertido en el país (sin conflicto bélico) más peligroso para la prensa, según Reporteros sin Fronteras.

Total que el próximo 12 de julio AMLO estará en Washington entrevistándose con su homólogo norteamericano y allí le propondrá indultar a Julian Assange a cambio de no demoler la estatua. No sabemos qué vaya a pasar, pero posiblemente Biden lo mande a Londres con todo y martillos y cinceles, para que eche abajo el Big Ben, ya que el gobierno británico fue el que concedió la extradición de Assange para ser juzgado en Estados Unidos.

Pero basta de chascarrillos. Al que reportan en Washington es al gobernador de Sonora, pero no perdiendo el tiempo con cortinas de humo, sino reunido con los dirigentes de la Asociación Nacional de Ganaderos de Res de aquel país, para trabajar una mayor proyección y fortalecimiento de los tratados internacionales que favorezcan la producción y exportación de productos ganaderos y agrícolas entre ambos países.

Nada más para que se den una idea, Sonora exporta anualmente al menos 300 mil cabezas de becerros y es la única entidad en México que cuenta con un estatus sanitario similar al de EEUU, lo que facilita el intercambio comercial.

Acompañado del presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del estado, Francisco Acuña Méndez, y el presidente de la UGRS, Juan Ochoa, el gobernador presentó una serie de propuestas encaminadas a dotar de valor agregado a la producción agropecuaria sonorense y a aprovechar las ventajas comparativas que ofrece Sonora para la inversión norteamericana.

El gobernador pues, trae una agenda bastante cargada en tierras del Tío Sam, donde ya se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para promover inversiones en Sonora, señaladamente en el sector turístico y de manera especial en el proyecto del Mar de Cortés. Por cierto en esta reunión lo acompañó la secretaria de Turismo, Célida López.

Otra de las propuestas que llevó es la de convertir a Sonora en un clúster automovilístico, aprovechando la calificada mano de obra local y el hecho de que aquí se cuenta con el depósito más importante de litio, además de ser el primer productor de grafito, componentes elementales para la producción de vehículos eléctricos.

II

Y a propósito, sin prisa pero sin pausa, siguen llegando a Hermosillo los vehículos eléctricos que luego de ser equipados convenientemente, se incorporarán a la flota de la Policía Municipal para tareas de seguridad pública.

La meta es contar con un parque de 220 patrullas eléctricas para convertir a esta capital en la primera ciudad del país en trabajar un proyecto de estas características, que por cierto lleva buen ritmo.

Además de fortalecer la vigilancia y reducir los tiempos de respuesta a las denuncias ciudadanas, con estos vehículos 100 por ciento eléctricos se matan tres pájaros de un tiro, pues además de la mayor cobertura en seguridad pública municipal, se logran significativos ahorros en gasolina, lubricantes y servicios de las patrullas convencionales, y se trabaja en una opción moderna, amigable con el medio ambiente.

El pasado 30 de marzo se entregaron las primeras seis unidades, diez más el 20 de mayo; cinco días después se entregaron otras 3 (estas para el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar). El 2 de junio se incorporaron otras 12 patrullas eléctricas y el 11 de junio, nueve más.

Es decir, van 42 vehículos que ya están en operación, y en cuanto se equipen las que recién llegaron desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, habrá 82 patrullas con estas características prestando servicio en Hermosillo.

Y no es que uno sea insidioso o le guste andar amarrando navajas, pero la insegura lectora, el victimado lector de otros municipios se preguntarán ¿por qué sus alcaldes y alcaldesas no le preguntan al Toñito cómo le anda haciendo?

No estaría de más que su homólogo de Hermosillo les pasara unos tips, contactos o asesorías financieras para que se hicieran de algunos de estos vehículos para habilitarlos como patrullas, porque no creemos que haya un solo municipio que no sea deficitario en este rubro.

A menos, claro, que los y las ediles solo estén fildeando para cachar elevaditos que les llegan esporádicamente desde el gobierno del estado. Digo…

III

Por poquito el municipio de Etchojoa andaba ganando un lugar entre los que tienen la tasa de natalidad más alta del país, pues un error de captura en las oficinas del Registro Civil cambió el lugar de nacimiento de 57 mil 457 sonorenses, ubicando en aquella localidad el sitio donde vieron la luz primera.

Resulta que al migrar la base de datos al Registro Nacional de Población, se cambió el lugar de nacimiento, lo que ya fue corregido. Los nativos de San Luis Río Colorado fueron los primeros sorprendidos, pues más de 40 mil sanluisinos se enteraron sorpresivamente que en realidad eran etchojoenses, lo cual no tiene nada de malo, salvo los inconvenientes que pudieran suscitarse al presentar la documentación para algún trámite, con ese dato cambiado.

Afortunadamente se movieron rápido en el Registro Civil de Sonora para corregir ese error que de entrada les evitará las vueltas a esas oficinas para solicitar las modificaciones respectivas.

Por: Arturo Soto Munguía

La revelación hecha ayer por el presidente de la República en el sentido de que los militares que detuvieron a un objetivo criminal prioritario en Altar, Sonora, fueron ‘tentados’ por un comando armado que los superaba en número y poder de fuego, con 10 millones de pesos para que lo liberaran, confirma la declaración que hizo el gobernador Alfonso Durazo hace un par de semanas.

Cuestionado por presuntos arreglos del gobierno con grupos del crimen organizado para dejarlos operar en determinadas zonas, el gobernador dijo que “el único arreglo es que no hay arreglo”.

Por lo menos en este caso, los soldados se olvidaron de repartir abrazos y respondieron el fuego a los integrantes de uno de los grupos criminales que operan en el desierto de Sonora, logrando abatir a cuatro de ellos y capturando a dos más. En la refriega fue abatido también un elemento del ejército.

A estas alturas ya se sabe que los militares detuvieron a un sujeto al que apodan “El Duranguillo”, mismo al que sus compinches intentaron rescatar sembrando terror en el pueblo, en una especie de reedición del famoso ‘culiacanazo’, con quema de vehículos, disparos, amenazas y bloqueos carreteros, pero esta vez los militares no cedieron a sus pretensiones y los enfrentaron con éxito, apoyados por corporaciones estatales.

No es usual que los militares protagonicen este tipo de enfrentamientos, toda vez que hacerlo los distancia de la política de ‘abrazos y no balazos’, pero evidentemente la situación en Altar se tornó a tal grado peligrosa para sus propias vidas que se rifaron en la refriega. Con el entrenamiento castrense, difícilmente un grupo de sicarios podría superarlos, como ahora queda claro que ocurrió.

Con este suman ya varios casos de éxito en el combate al crimen organizado que se apuntan los militares en Sonora, algunos de ellos sin disparar un solo tiro, sino utilizando información e inteligencia, como fue el caso del impresionante decomiso de armas y casi tres millones de cartuchos útiles de diferentes calibres en Navojoa, mediante un operativo en marzo pasado.

En abril del año pasado, fue detenido “El Durango”, jefe de plaza de un grupo criminal en la zona del desierto, hermano de quien fuera detenido antier y que lo había sucedido en la estructura de mando.

También hace unos meses, el ejército logró el decomiso de tres toneladas de cocaína a un grupo criminal en aquella misma zona lo que, trascendió después oficialmente, derivó en una violenta respuesta de los sicarios, que ‘tomaron’ por varias horas la ciudad de Caborca, ‘levantando’ a varias personas y sembrando terror en la localidad.

Es claro que la actividad del crimen organizado nunca será erradicada por completo, pero también queda claro que cuando el ejército se decide, no hay grupo criminal que lo supere.

Siempre estará latente, sin embargo, la posibilidad de reeditar con estos enfrentamientos algo que al comandante supremo de las fuerzas armadas le causa prurito, como es la guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón, su némesis. Por eso los enfrentamientos armados son ahora excepcionales y lo más común es ver a soldados apedreados, vilipendiados y humillados por civiles armados, algo que no tiene muy contentos a varios altos mandos y ni se diga a la tropa, que es a la que le tocan los escupitajos.

Vamos a ver cómo vienen los siguientes capítulos de esta saga que, ténganlo por seguro, no termina aquí ni ahora.

II

Actividad hoy en el Congreso del Estado donde después de un proceso de selección serán nombrados los contralores y contraloras de organismos autónomos: el ISTAI, la FGJE, el ISAF, la CEDH, el IEE y el TEE así como del Tribunal de Justicia Administrativa.

Estos cargos están muy disputados, a juzgar por la lista de 51 aspirantes, varios de los cuales se inscribieron para competir por dos y hasta tres opciones, confiando en que los diputados habrán de valorar sus perfiles, experiencias, currículums y demás.

Confesamos que la inmensa mayoría de los nombres de las y los aspirantes nos resultan desconocidos, pues no son de los que suelen aparecer en la cosa pública, salvo uno que otro por ahí entre los que ubicamos al buen amigo Rafael Higuera Alfaro, que amenaza convertirse en el nuevo Aquiles Fuentes Fierro, veterano maestro universitario a quien en el pasado reciente nomás le faltaba inscribirse en la convocatoria para diputado infantil por un día.

Resultará interesante dar seguimiento a la selección en cada uno de los casos, pues los aspirantes serán sometidos a la votación del pleno en una suerte de eliminatoria donde se irán descartando quienes no alcancen la mitad más uno de los votos, y así hasta completar la lista de siete nuevos funcionarios.

III

Un grupo de colegas y amigos de Gustavo Valenzuela, reportero de larga trayectoria nos hemos dado a la tarea de organizar una rifa para recabar fondos que ayuden a solventar un quebranto de salud que esperamos sea superado con éxito para que pronto se reintegre a las labores reporteriles.

La primera de estas actividades es una rifa de 10 mil pesos, con boletos que estaremos ofreciendo personalmente y a través de nuestras cuentas en redes sociales. Los boletos tienen un costo de 100 pesitos, una cantidad casi simbólica con la que se apela a la solidaridad de la legión de amistades que Gustavo ha hecho a lo largo de su carrera como periodista.

Aunque Gustavo es derechohabiente del ISSSTE, donde ha recibido la atención médica y los tratamientos adecuados, requiere medicamentos y artículos que están fuera del cuadro básico y la idea es recolectar fondos para ayudar con ellos.

Así que ya saben, si en los próximos días les ofrecemos uno, dos o los boletos que sus economías permitan adquirir para colaborar con la recuperación del colega y amigo, les agradeceremos su solidaridad.

Por: Arturo Soto Munguía

El de ayer fue un día negro para las mujeres en Sonora. Fue identificado el cuerpo sin vida de la joven Arith Alejandra Landeros Montaño, que estaba reportada como desaparecida. De acuerdo con la fiscal estatal Claudia Indira Contreras, la joven fue privada de la vida mediante asfixia por sofocación; fue quemada y abandonada en calles de la colonia El Sahuaro, de Hermosillo. Las características de este crimen hacen que se investigue como feminicidio.
ra joven, de nombre Perla Marina Jiménez Escárcega sigue en calidad de desaparecida, también aquí en Hermosillo.

Mientras tanto en Ciudad Obregón localizaron el cuerpo sin vida de otra joven que respondía al nombre de María de Jesús. Contaba con apenas 19 años y estaba embarazada. La mataron de un balazo en la cabeza, le dieron otro en el antebrazo y la dejaron tirada en un baldío.

La semana pasada apareció flotando en las costas de Guaymas la joven Amirani Rascón Ramos, que había sido reportada como desaparecida unos días antes.

El delito de feminicidio en Sonora está tomando visos dramáticos. Según cifras de la propia fiscalía estatal, de 2017 a la fecha se registraron 176 asesinatos de mujeres tipificados como tales. Y si bien es cierto que se han logrado 173 sentencias condenatorias para los responsables, lo que indica una capacidad de resolución del 98.3%, la cantidad de casos es alarmante. A la fecha hay 200 feminicidas en la cárcel, desde 2013, cuando se tipificó como delito.

Algunos datos para documentar el tema: en 2017 hubo 32 carpetas iniciadas y se obtuvieron 25 sentencias condenatorias; en 2018, 31 carpetas iniciadas y 30 sentencias condenatorias; en 2019, 37 carpetas y 45 sentencias (concluyeron algunos casos anteriores); en 2020, 30 casos registrados y 26 sentencias condenatorias; en 2021, 42 carpetas iniciadas y 39 sentencias condenatorias. En lo que va de este año se han iniciado cuatro carpetas.

Con estas cifras es evidente la eficiencia de la fiscalía a la hora de acreditar los delitos para lograr condenas; lo discutible es lo que está ocurriendo en un entorno donde al menos 30 mujeres son asesinadas al año, violentamente por razones de género.

Estamos de acuerdo que ninguna mujer debería sentirse amenazada ni en su casa ni en la escuela; en su trabajo o en los sitios de diversión y esparcimiento. La realidad es que sí lo están.

Y otra realidad lacerante es que, siendo la denuncia una de las herramientas más importantes para prevenir y perseguir este tipo de delitos, la gente no lo hace, básicamente porque no confían en las autoridades.

Fue muy sonado el caso suscitado un par de semanas atrás, de un tuitero de Hermosillo que denunció cómo operan algunos presuntos delincuentes en los antros, drogando a las chicas para llevárselas consigo. La denuncia se quedó en tuiter porque la afectada tiene miedo y su amigo denunciante también.

Miedo y desconfianza, según lo han publicado. Las cifras que presenta la fiscalía deberían inspirar esa confianza de que no hay impunidad, pero el miedo no se quita con eso, porque no se trata de celebrar la gran cantidad de pozos tapados después de que se ahogaron las niñas, sino de evitar que se ahoguen, si se vale la metáfora.

Claro, en esto la sociedad tiene también parte de la responsabilidad, pero como suele suceder en temas como este, cuando la responsabilidad se generaliza, tiende a diluirse.

Es un hecho que nos falta mucho para asumir la cultura de la denuncia como un mecanismo de protección que debería comenzar por la utilización de las líneas 9-1-1 y 089, el Protocolo Salva y el Código Violeta ante casos de violencia familiar y de género, o como diría la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río: “es importante que suba la denuncia para que el delito baje”.

Pero fíjense las malas pasadas que suelen jugarnos los números. Asumiendo que no hay una cultura de denuncia generalizada, nada más en lo que va del año se han reportado al 9-1-1, 369 casos de violencia contra la mujer; mil 072 casos de violencia de pareja, y dos mil 582 casos de violencia familiar.

¿Qué sería si realmente existiera la cultura de la denuncia?

II

Con las alforjas bastante cargadas regresó de la Ciudad de México el gobernador Alfonso Durazo y este viernes a media mañana estará informando sobre diversas gestiones en el altiplano, comenzando por el encuentro con Manuel Bartlett, el director de la CFE en relación con la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, cuyas obras por cierto ya arrancaron.

(Por cierto, el gober le debe a la banda reporteril la prometida gira por aquellos desérticos parajes, misma que no se ha concretado por la austeridad republicana en el área de Comunicación Social, pero tampoco quieren aceptar mi propuesta de que cada quien lleve sus burritos de papa con chorizo, parralitos, una lata de sardinas y así).

La agenda estuvo bastante cargada, reuniéndose con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el secretario de Marina José Rafael Ojeda; con el titular de Banobras Jorge Mendoza Campos y el subsecretario de la SCT, Jorge Nuño Lara, con quien el tema obligado fue el de la carretera Guaymas-Chihuahua.

Firmó un convenio con el titilar de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Salcedo Aquino para modernizar y compartir plataformas tecnológicas que agilicen los procesos de transparencia y rendición de cuentas, un tema que también abordó con doña Claudia Sheinbaum, a quien no descarten ver por acá en los próximos días acordando sobre esos temas, no vayan a creer ustedes que vendría a promover su precandidatura presidencial.

Y ya para cerrar la gira, acompañó al presidente de la República en la celebración del tercer aniversario de la Guardia Nacional, de cuya creación fue artífice cuando ocupó la secretaría de Seguridad Pública federal.

En el evento estuvieron los principales mando de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, y ojalá el gobernador haya pedido refuerzos, porque esa sigue siendo una asignatura pendiente en Sonora.

Pero mejor la dejamos de este tamaño para que mañana el propio gobernador abunde sobre los acuerdos de esta gira.

Por: Arturo Soto Munguía

Voceros de la comunidad jesuita en México le enviaron un fuerte mensaje al presidente de la República a raíz del asesinato artero de dos sacerdotes en Cerocahui, Chihuahua, donde un conocido hampón que mantiene asolada la zona les dio muerte junto a un guía de turistas y también ‘levantó’ a otros dos hombres.

Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos, declaró el sacerdote Javier Ávila durante la misa de despedida de los padres Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales que fueron acribillados a tiros por un enloquecido sicario conocido como ‘El Chueco’. Obispos de 24 regiones del país publicaron un desplegado cuestionando la política de seguridad pública del gobierno federal.

En ese mismo tenor, la comunidad periodística también podría enviar un mensaje en el sentido de que los otros datos ya no alcanzan para cubrir los balazos.

Ayer fue asesinado a tiros el periodista tamaulipeco Antonio de la Cruz, y junto a él cayeron heridas su esposa y su hija y los últimos informes las reportan con vida.

Con Antonio de la Cruz suman 12 asesinatos de periodistas en lo que va de este año, y a estas alturas, por trágico que parezca, que se encuentre y castigue a los responsables ya parece menos importante que detener la ola de crímenes contra comunicadores en México, que no parece tener fin.

En el caso de los religiosos que exigieron al presidente cambiar su política de seguridad a la que consideraron fallida, éste respondió que ‘algunos’ de ellos “están apergollados por la oligarquía mexicana”.

Previsible en el discurso presidencial, la respuesta pone en la mira a jerarcas de la iglesia que efectivamente han hecho de su ministerio un tianguis de indulgencias para quien puede pagarlas, pero invisibiliza a una mayoría que, como en el caso de los sacerdotes en Cerocahui, llevan su trabajo a los linderos del sacrificio, ayudando a las comunidades más pobres en las condiciones más precarias.

Uno de los sacerdotes asesinados en Cerocahui, Javier Campos, conocido como ‘El padre Gallo’ profesaba su fe desde la opción por los pobres y se declaraba seguidor de monseñor Oscar Arnulfo Romero, salvadoreño, teólogo de la liberación, identificado con los movimientos guerrilleros de Centroamérica en la década de los 70 y 80.

Ni él ni ‘Morita’, como conocían a Joaquín César Mora, caben en la definición presidencial sobre los curas ‘apergollados por la oligarquía mexicana’, pero tal definición le resulta muy conveniente a López Obrador para reforzar su narrativa polarizante.

De acuerdo con datos del Centro Católico Multimodal, en 2019 asesinaron a un sacerdote; en 2021 a tres y este año van otros tres.

En el caso de periodistas, este año van 12 asesinad@s.

Este primero de julio, cuando el presidente celebre el cuarto aniversario del triunfo electoral que lo llevó a cruzarse la banda tricolor al pecho, explicará sus razones de por qué no va a cambiar su política de seguridad.

Muy triste, de verdad.

Y ojo, en el reduccionismo ramplón con que suele reducirse el debate nacional a dos grandes campos en los que solo caben en un lado los buenos (ellos, los del gobierno) y del otro los malos (todos los demás), suele suponerse que cuando se pide cambiar la política de seguridad, también simplificada en la frase ‘abrazos no balazos’, lo que se está pidiendo es que comience la masacre al estilo Felipe Calderón. “Que se dispare desde los helicópteros”, en las palabras del actual presidente.

Y no, no es eso lo que se está pidiendo. Solo que el Estado haga uso de su prerrogativa del monopolio de la violencia legítima para contener al crimen organizado; para detener y enjuiciar a los criminales, para frenar su escalada de violencia que ya suma cientos de miles de asesinatos y un clima de terror del que no se salva casi nadie.

No tiene ni caso (ni alcanza el espacio) para citar los ejemplos cotidianos que configuran un mosaico de estampas de horror: baleados, colgados, decapitados, descuartizados. Hombres, mujeres y niños; profesionales, estudiantes, sacerdotes, periodistas.

Si así es el deseo presidencial, pues también le echamos la culpa a Calderón y al régimen neoliberal, pero eso no alcanza ya para lavar la sangre, enterrar los muertos y curar las heridas. Ni va a alcanzar al menos en los próximos tres años, porque nada hará que el presidente modifique un ápice su idea de cómo abordar este problema.

PD.- Antonio de la Cruz, periodista asesinado en Tamaulipas no cubría, de manera preponderante, asuntos relacionados con el crimen organizado, aunque eventualmente tocaba temas de nota roja. Sus fuentes principales estaban en el sector agropecuario y en asuntos alusivos al medio ambiente.

Mantenía una línea crítica hacia el gobierno estatal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y más condescendiente hacia el gobierno federal.

Pero más allá de las disputas y los alegatos sobre las competencias de los respectivos ámbitos de gobierno, que parecen buscar deslindes anticipados, el hecho cierto es que con Antonio de la Cruz la lista de periodistas asesinados en México tan solo este año suma doce. Y contando…

Por: Arturo Soto Munguía

De seguir las cosas como van, a Alito Moreno no lo van a tumbar los audios que evidencian su pobre catadura moral y política, ni las estrepitosas derrotas electorales. A estas alturas sus detractores dentro del PRI podrían destituirlo argumentando incapacidad mental y aplicarle la que los ecuatorianos le aplicaron allá en 1997 a su presidente Abdalá Bucaram, a quien por cierto apodaban “El Loco”.

No es una exageración. Al dirigente priista lo traen loco a toallazos desde hace rato y quizás en ese estado de febril locura se le ocurrió que era buena idea proponer una reforma legal para reglamentar la portación de armas en el país, de manera que los ciudadanos podamos defendernos de los criminales por propia mano.

Su propuesta ciertamente aborda otros temas ya reglamentados por cierto, pero en esencia, nada más con el primero, está muerta antes de nacer.

Si en condiciones normales la mayoría morenista en la cámara de diputados jamás votaría una reforma que vaya en contra de la política de seguridad planteada por el presidente y que simplificadamente se conoce como ‘de abrazos y no balazos’, en el contexto actual, siendo Alito uno de los principales promotores de la ‘moratoria legislativa’ según la cual la oposición se encuentra en una especie de huelga de brazos caídos y advirtió que no aprobará ni una sola iniciativa enviada desde el sector oficial, la propuesta del campechano es, más que un despropósito, un disparate.

Veamos. Las licencias de portación de armas son expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la primera condición es que éstas sean compradas a la misma Sedena. Pero además, los requisitos para su expedición están diseñados para que muy pocos puedan hacerse de un arma.

El único lugar donde se realiza ese trámite es en el Campo Militar número 1 con sede en Ciudad de México y en caso de autorizarse, el interesado deberá recoger el documento personalmente en la oficina del secretario particular del General Secretario de la Defensa Nacional.

Antes se tiene que llenar una solicitud especial, acreditar un modo honesto de vivir, firmado por el empleador del solicitante, y en caso de que el interesado sea el empleador, la firma debe ser del alcalde del municipio en que resida; cartilla militar liberada, certificado médico de no impedimento físico; certificado médico-psicológico anexando los resultados de los test practicados; carta de no antecedentes penales; certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados, entre otras cosas.

En 2020 se presentaron 215 solicitudes y se autorizaron 130 y en 2021 solo 60. Hasta marzo de este año, se habían autorizado cuatro solicitudes. Por cierto, el catálogo de armas de la Sedena incluye el rifle calibre .22, escopeta calibre 12, revólveres y pistolas semiautomáticas de diferentes calibres.

Este arsenal, desde luego es un mal chiste en un país donde el crimen organizado posee cientos de miles de armas de grueso calibre, fusiles de asalto, granadas y parque a discreción. Nomás en el decomiso que se realizó recientemente en Navojoa se contaron casi un millón de cartuchos útiles.

Pero esa es acaso la parte menos grave del asunto. Las implicaciones sociales que tendría armar a la población nos pondrían en el umbral de una guerra civil sin precedentes, en la tentación (muchas veces justificada por los asesinatos de familiares y amigos; de niños, ancianos y mujeres) de cobrarse ojo por ojo, en los linderos del caos y la multiplicación exponencial de estampas como las que se viven hoy en estados como Michoacán con las ya muy conocidas ‘autodefensas’, que por cierto, cuentan con armas de todo tipo y de misteriosa procedencia.

La propuesta de Alito Moreno es además una locura porque simplemente la sociedad civil no puede tomar en sus manos las facultades y prerrogativas del Estado mexicano, una de ellas fundamental: la seguridad de los ciudadanos.

Que no lo está haciendo bien es un hecho, pero de eso a tomar literalmente el himno nacional y asumir que el cielo le dio a la patria un soldado en cada hijo, hay un enorme trecho.

Algo más: estamos en México, un país donde ni siquiera los cuerpos policiacos estatales y municipales tienen un registro completo de sus armas y las huellas de las mismas (que es algo así como el ADN de cada arma), y donde no todos los elementos pasan los controles de confianza exigidos para su portación, imagínense con una pistola al vecino que suele vapulear a la esposa cada vez que se encabrona, por poner un ejemplo hipotético.

Afortunadamente la propuesta del campechano murió antes de nacer y ni siquiera deberíamos estar discutiéndola. Lo que sí se debería discutir seriamente es si, ante el fracaso institucional para contener la violencia del crimen organizado, los mexicanos merecemos una oposición tan vacía de propuestas, tan perdida en sus onanismos (y enanismos); tan atrapada en su burbuja de incompetencia.

II

En temas locales, ayer no hubo conferencia del gobernador, porque se fue a Ciudad de México a firmar un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcido Aquino, para el empleo de herramientas tecnológicas que hagan más eficiente el combate a la corrupción.

Esos instrumentos permitirán simplificar los procesos en el ejercicio de gobierno de una forma transparente, dando seguimiento a compras, contratos y obra pública.

Acompañaron a Alfonso Durazo en este evento, el contralor Guillermo Noriega Esparza y el nuevo Oficial Mayor Franco Gerardo Marcello Fabbri.