Categoría: El Zancudo

Por Arturo Soto Munguia

No todos los que se registran podrían participar en la elección; previamente deberán pasar dos etapas en que los órganos electorales universitarios evaluarán cualitativa y cuantitativamente sus precandidaturas.

Podrán participar todos los universitarios, estudiantes, docentes y personal manual y administrativo con sus derechos a salvo; no hay urnas ni papeletas sino que el voto se emitirá vía electrónica, pero solo podrá emitirse dentro del Campus.

El voto es universal, libre y secreto, pero existe un criterio de ponderación según el cual los votos del personal académico tienen un valor de 48%, lo mismo que el de los estudiantes; el voto del personal manual y administrativo es representado con el 4%.

En la Universidad existen seis facultades; cada una tiene un número distinto de departamentos y desde luego, de estudiantes, maestros y empleados, pero independientemente de ello, al final cada facultad ‘vale’ lo mismo: 8% para estudiantes, y 8% para maestros, considerando que el 48% se divide entre seis, que es el número de facultades.

Por poner un ejemplo: la facultad interdisciplinaria de ciencias sociales tiene 9 departamentos: (Historia y antropología, derecho, Psicología y Ciencias de la Comunicación, Sociología y Administración Pública, y Trabajo social, todas estas en Hermosillo; Ciencias sociales en Caborca, Ciencias Administrativas y Agropecuarias en Santa Ana; Ciencias sociales en Nogales y Ciencias sociales en Navojoa).

La facultad ‘vale’ 8% de manera que cada uno de los departamentos ‘valdría’ .88% para estudiantes y el mismo porcentaje para maestros. Hay facultades como la de Ciencias Biológicas y de la Salud que tienen diez departamentos, o la de Humanidades y Artes que tiene cuatro; en el primer caso la ponderación se reduce a .8% y en el segundo crece a 2%.

Con estos criterios, la Comisión Electoral designará la terna de personas que hayan obtenido el mayor porcentaje de voto ponderado y la presentará al Colegiado Permanente del Colegio Universitario; esta última instancia entrevistará a los integrantes de la terna y votará, aquí sí mediante papeletas en urnas por los candidatos(as). Si alguien obtiene dos terceras partes o más de los votos (son 138 integrantes del CU), se declara ganador; si no, pasa a una segunda ronda en la que gana quien obtenga la mayoría simple.

Como se ve, es importante la votación en las facultades y sus departamentos, pero donde se pondrá verdaderamente intenso el proceso es en el Colegio Universitario por una razón sencilla: la correlación de fuerzas en ese órgano no favorece al proyecto más afín al gobierno del estado, que por cierto se encuentra muy bien representado con al menos tres candidat@s: Cuauhtémoc González, académico y sindicalista identificado con el grupo que desde hace 30 años domina en el STAUS; Aarón Grageda, ex secretario de Educación y Cultura en el primer tercio de Alfonso Durazo, de donde por cierto no salió en hombros y entre fanfarrias, y Judith Tánori, ex diputada federal que llegó a la cámara como suplente de Wendy Briseño, a quien el gobernador llamó para incorporarla a su gabinete en 2021.

Y aquí es donde el asunto se pone verdaderamente candente, pues para que uno de ellos llegue a la rectoría, necesariamente tendrían que ser los tres con mayor porcentaje de voto ponderado, un escenario que luce complicado considerando que el voto proclive a la 4T tendrá tres opciones, lo que se traduciría en una fragmentación de sus preferencias.

Hay que considerar también que son otras dos candidatas las que han solicitado su registro: María Elena Robles, ex directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas en el último tramo de la vigencia de la Ley 4, y la actual coordinadora de esa facultad, Dena María Camarena. De ambas se dice que son candidatas afines a la actual administración universitaria; de hecho, María Elena Robles es esposa del secretario Académico, Ramón Robles Zepeda.

Ambas captarían el voto que no simpatiza con la 4T, y que no es nada despreciable; en la elección para integrar los órganos de gobierno ya bajo la Ley 169 ese voto ganó con amplia mayoría el Colegio Universitario.

Resultará interesante observar el comportamiento del sector estudiantil, el más nutrido de todos con más de 30 mil estudiantes, pero el menos participativo. En la elección citada, su participación apenas rebasó el 20%. El sector académico es el más activo en estos procesos y también el más politizado. Resulta harto interesante cómo va a dividir sus preferencias, tanto en el voto ponderado en las facultades, como en el Colegio Universitario que es la última instancia donde se elige rector(a).

¿Qué sorpresas nos depara este proceso?

Vayan por palomitas.

Por Arturo Soto Munguia

Suman cinco las personas que solicitarán registro a partir de hoy para aspirar a la rectoría de la Universidad de Sonora y el proceso cada vez se pone más interesante por el reacomodo de fuerzas entre los grupos universitarios que respaldan a cada una de ellas.

Ayer levantaron la mano dos mujeres: una de ellas, Judith Celina Tánori Córdova. Ella fue suplente de Wendy Briseño en la diputación federal que ganó en 2021 y que asumió cuando la titular se integró al gabinete de Alfonso Durazo como secretaria del Bienestar. Es 100 por ciento 4T y quizás en la campaña se le conozca un poco más, pues su paso por la cámara federal pasó sin pena ni gloria.

La otra es María Elena Robles, quien fuera la última directora de la División de Ciencias Económicas y Administrativas cuando aún regía la derogada Ley 4 impuesta por Manlio Fabio Beltrones en 1991 y derogada en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño en 2023. Esta aspirante tiene una peculiaridad: es esposa del actual Secretario Académico de la Unison, Ramón Robles Zepeda.

El dato es relevante porque Robles Zepeda había manifestado a sus cercanos sus intenciones de buscar la Rectoría; siendo del mismo grupo que la actual rectora Rita Plancarte se asume una voluntad de continuidad de ese proyecto. En los corrillos universitarios se habla de que el funcionario había logrado un acuerdo con Cuauhtémoc González, otro de los aspirantes, para apoyarlo en su campaña, pero repentinamente acuerda con su esposa -y se asume que con el grupo de la rectora- inscribir a María Elena Robles en el proceso.

Con el registro de estas dos académicas, suman cinco los aspirantes en la lista que integran además Aarón Grageda Bustamante, el exsecretario de Educación y Cultura en el primer tercio de la administración de Alfonso Durazo y Dena María Jesús Camarena Gómez, actual Coordinadora General de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas y Administrativas.

Si ayer consignamos que dos candidatos afines a la 4T (Cuauhtémoc y Aarón) dividirían el voto proclive a ese proyecto, la inscripción de Judith Tánori terminaría de fragmentarlo, sin contar que María Elena Robles, cuyo grupo apoyaría a Cuauhtémoc González, una vez registrada le restaría votos al colega comunicólogo.

¿Ven cómo se van poniendo intensas las cosas?

Un escenario de fragmentación del voto pro 4T de esa naturaleza, ensancharía el camino a Dena María Camarena, que ciertamente es la menos conocida de todos los aspirantes, pero eso que podría representar una desventaja en campaña, se puede convertir en ventaja pues la colocaría al margen de los grupos que tradicionalmente se han disputado la rectoría en la Unison.

Claro, todavía falta ver quiénes de los cinco (si es que no se inscribe alguien más hasta el 20 de febrero que vence el plazo para registros) pasan dos etapas en que los órganos electorales universitarios harán la evaluación cualitativa y cuantitativa de los aspirantes para determinar si pasan a la siguiente etapa, de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria.

II

El largo periodo en que rigió la Ley 4 a la Unison desde 1991 hasta 2003 desmovilizó a las bases estudiantiles, magisteriales y de trabajadores manuales y administrativos; los intensos procesos electorales que se sucedían cada año para elegir a los órganos de gobierno bajo la antigua ley 103 pasaron a la historia y durante más de 30 años los movimientos estudiantiles fueron más bien esporádicos y de baja intensidad; incluso el sindicalismo pareció entrar en un letargo con movilizaciones excepcionales.

Eso no significa que los grupos que históricamente se han disputado el poder en la Unison hayan desaparecido. De hecho tienen vigencia hasta la fecha y la sucesión en rectoría, la primera que se dará bajo la nueva legislación universitaria los ha despertado, y con ello, las próximas semanas serán de gran intensidad en el campus.

La grilla se ha desatado y las figuras más visibles comienzan a ser blanco de ataques por varios flancos. A Aarón Grageda ya le cayeron algunos petardos desde trincheras políticamente muy bien identificadas, recordándole su polémico paso por la SEC, de donde no salió ileso; a Cuauhtémoc lo comienzan a grillar por dejar la representación sindical para buscar asumirse como la parte patronal, que en la Unison es la rectoría.

A Judith Tánori le pesa su condición de militante progubernamental, y de todo esto seguramente están tomando nota en Palacio de Gobierno, donde Alfonso Durazo ha mantenido una posición firme en el sentido de que no meterá las manos en el proceso, respetando la autonomía de la Universidad, pero es claro que hay intereses en su gabinete que van a jugar sus cartas en este proceso.

En la entrega de mañana repasaremos los detalles de la nueva legislación y de la convocatoria, cuyas letras norman la sucesión en marcha. Y hay detalles muy interesantes, por ejemplo en lo que respecta a las campañas que se llevarán a cabo del 28 de febrero al 24 de marzo) y las implicaciones del voto ponderado.

Por Arturo Soto Munguia

No los quiero mortificar pero faltan 14 días para que el gobierno mexicano acredite la efectividad de su combate a la migración y el tráfico de drogas –señaladamente el fentanilo-, plazo impuesto por Donald Trump el pasado 3 de febrero, como condición para pausar 30 días la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas a EEUU.

Bien a bien, no se sabe cuáles son los indicadores que el crecido gobernante norteamericano habrá de considerar para determinar si concede una prórroga a sus amenazas, pero es claro que estas han metido gran presión en su contraparte mexicana que parece empeñada en convencer al presidente norteamericano de que el fenómeno de la migración y el narcotráfico tiene responsabilidades compartidas, lo que a Trump, en su infinita arrogancia parece tenerle sin cuidado.

Es cierto que en los últimos meses las fuerzas armadas mexicanas han asestado fuertes golpes al crimen organizado y que los diez mil elementos de la Guardia Nacional apostados en la frontera norte han logrado significativos descensos en los cruces de migrantes ilegales, pero también es claro que ante un tipo tan veleidoso como Trump, eso no ofrece ninguna certeza en ningún sentido.

Vaya, ni siquiera respetó la pausa impuesta unilateralmente por él mismo, y sin titubeos impuso aranceles a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, por más que el gobierno mexicano insista en que eso es perjudicial para la propia economía estadunidense.

Sé que usted, geopolítica lectora, internacionalista lector le entienden mejor que yo a este tema, pero desde esta humilde tribuna creo que Trump es un tipo que no negocia si no tiene en la mano una pistola puesta en la cabeza del interlocutor, así que venderá carísima esa ficha de los aranceles.

Y si a eso le agregan que la presidenta Claudia Sheinbaum a veces parece mandarle señales equivocadas, como esa de enviar al cuestionadísimo ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón como cónsul a Miami, o aparecer al lado del ex secretario de la Defensa detenido en EEUU por cargos de narcotráfico, Salvador Cienfuegos, pues las cosas no pintan bien.

Me queda claro que en México se están haciendo esfuerzos encomiables para no enfurecer más a la fiera, aprehendiendo objetivos criminales, incrementando decomisos y aseguramientos de armas y drogas, como los que se han dado en Sonora.

Pero dudo que sea suficiente, sobre todo si detrás del supuesto interés gringo en combatir a los cárteles se esconde la histórica y perversa intención expansionista, colonizadora, gandalla y avasallante de la potencia vecina.

Ayer se capturaron dos objetivos prioritarios en Caborca, pero también allá un grupo armado balaceó el hotel donde se hospedan agentes de la Policía Estatal; en Hermosillo asesinaron a sangre fría a un conocido empresario restaurantero y San Luis Río Colorado y Cajeme siguen registrando episodios violentos de alto impacto.

De todo esto seguramente toman nota los hijos del Tío Sam, sobre todo ahora que han desplegado una intensa actividad de espionaje y recopilación de información desde aire, mar y tierra, complementado con las notas que están cantando en cárceles estadunidenses personajes como el Chapo Guzmás y sus dos hijos, el Mayo Zambada, entre otros.

Por Arturo Soto Munguia

Una sublevación se está gestando en territorio seri. Comuneros de El Desemboque sostuvieron una reunión el sábado pasado; desde semanas atrás comenzaron a colectar firmas para exigir transparencia en el uso de los recursos obtenidos por la venta de cintillos de caza de borrego cimarrón, una actividad que representa la mayor fuente de ingresos para la etnia.

Sin embargo, se quejan que desde julio del año pasado a la fecha, el gobernador Jesús Félix ha obtenido ingresos por 31 millones de pesos por ese concepto -incluye adelantos que dan los organizadores de cacería para futuras temporadas- y que, de esos recursos que deberían distribuirse en la comunidad apenas se han repartido unos 300 mil pesos.

En la cuenta de Facebook del gobierno comca’ac, que maneja la esposa del gobernador, este se queja de que lo están calumniando, sostiene que de esos 31 millones la mitad fue recibida y administrada por el anterior gobierno tradicional, pero aun así la cifra sigue siendo muy elevada.

El problema está escalando. A finales del año pasado hubo una asamblea en la comunidad de El Desemboque para nombrar un ‘gobierno alterno’ donde el presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Robles le entregó el bastón de mando a Saúl Molina, autoridad que fue desconocida por el gobierno tradicional que tiene su sede en Punta Chueca, a través de un documento firmado por diversas autoridades de la etnia.

Periódicamente, cada año las disputas entre los seris aparecen. Tienen que ver con el manejo de los recursos obtenidos por la venta de cintillos, que otorga la Sagarhpa, que en el estado encabeza Célida López Cárdenas y que este año accedió a otorgar cuatro cintillos más, lo que no es asunto menor, pues cada uno de esos cintillos cuesta 50 mil dólares, poco más de un millón de pesos.

Desde hace mucho tiempo, estos cintillos se subastan en distintas sedes de Estados Unidos, principalmente en Las Vegas. Hay empresas que hacen ese trabajo al amparo de un convenio con la autoridad de la etnia, y también particulares como es el caso de algunos integrantes de la comunidad como Francisco Fonseca, Carlos Astorga, Víctor Estrella y otro apodado ‘El Negro Molina’.

Las cosas se complicaron desde el año pasado porque Jesús Félix y su esposa, una venezolana nacionalizada mexicana de nombre Mileidy Andrade dejaron fuera a los organizadores locales (incluyendo a los seris) y vendieron los permisos a extranjeros canadienses y norteamericanos, como a un comisionista llamado Shane Pallister que a través de un trato con el gobernador Jesús Félix hoy maneja el 70 por ciento de los permisos, mismos que llega a vender hasta en 120 mil dólares. El resto de los permisos los maneja una empresa de San Luis Potosí.

Pero esas empresas, particularmente la de Pallister, se quejan los seris, llega con sus propios empleados, traen a los cazadores con todo y agua y alimentos; es decir, cerro derrame económico en la etnia, que normalmente ofrece servicios de guías, ayudantes, mochileros, cocineros y demás. O sea, también se perdieron empleos.

De hecho, Pallister quiso registrarse ante Sagarhpa como prestador de servicios cinegéticos, pero se lo negaron por su condición de extranjero.

Las cosas no paran allí. En los últimos meses, los seris inconformes denuncian que Jesús Félix y su esposa, que hasta hace poco tenían un modestísimo negocio de servicios turísticos (tours en panga y rituales de sanación con el famoso sapo) ya se apropiaron, cercaron y habilitaron una extensa área de playa donde construyeron palapas para ofrecer esos servicios.

Lo más grave es que el señor Félix está concediendo permisos de caza (no expedidos por autoridad alguna) que vende hasta en 20 mil dólares a influencers, cantantes y hasta a un piloto de autos de carreras, algo que ingenuamente algunos de ellos documentaron gráficamente en sus cuentas de Facebook, aunque luego borraron las fotos.

De esos recursos tampoco se reporta nada a la etnia.

Ni el gobierno federal ni el estatal pueden hacer gran cosa en este conflicto que va escalando, por el famosísimo respeto a los usos y costumbres de la etnia, pero la inconformidad en una parte de la tribu sigue creciendo. Esperemos que no llegue a mayores.

De las personas que aparecen en las fotografías, no se sabe si entraron con permisos legales de caza a territorio seri, con los permisos extra que le dio Sagarhpa al gobernador o si son furtivos; en todo caso, me dicen fuentes de la etnia, los recursos generados, que son varios millones, no han sido reportados a la etnia en su totalidad.

Eso es lo que motivó la inconformidad y la reunión de comuneros el sábado pasado, para reunir firmas y exigir la destitución de Jesús Félix.

Por Arturo Soto Munguia

Sonó fuerte entre los alcaldes y alcaldesas de Sonora el llamado que hizo el gobernador Alfonso Durazo la semana pasada, durante la presentación del Plan Hídrico Sonora 2023-2052, optimizando sus presupuestos y privilegiando obras y acciones que por lo pronto atenúen los efectos de la ya prolongada sequía que se vive en todo el estado, por encima de obras de relumbrón.

Claramente el gobernador marcó la pauta al desglosar inversiones por más de 17 mil millones de pesos en diversos municipios, independientemente del signo partidista de los gobiernos locales.

Lo cierto es que el panorama en materia de agua no luce bien para los próximos meses (y quizá para los próximos años) por lo que se requiere el concurso de los tres niveles de gobierno, aunque también metió a más de cuatro en un brete porque son pocos los ayuntamientos que pueden presumir eficiencia en la recaudación y el gasto y en su mayoría dependen de los recursos estatales y federales sobre todo para la realización de obras de infraestructura.

Así que deberán echar mano de toda su creatividad y eficiencia administrativa para sumarse al mejoramiento de aquellos aspectos que tienen que ver con el servicio y distribución de agua potable: mejorar la red de distribución, reparar fugas, instalar medidores para una cobranza justa de los consumos y rehabilitar o reparar pozos y líneas de conducción, o aplicarse en el tratamiento de aguas residuales en aquellos municipios donde sea el caso.

Obviamente las necesidades y capacidades de cada municipio son distintas y dispares y va a resultar muy interesante observar los anuncios que se hagan desde el nivel local desde Álamos hasta San Luis Río Colorado.

Por supuesto, también hay que preguntarse desde el ámbito de lo personal y familiar, por la disposición de la sociedad para asumir las responsabilidades que exige esta nueva realidad de sequía extrema, donde al parecer todavía no hemos visto lo peor.

Por Arturo Soto Munguia

Grandes son los retos que se han trazado desde el gobierno estatal y el municipal de Hermosillo frente al poco promisorio horizonte donde no aparecen nubes que anuncien lluvias.

La prolongada sequía que ya va por su tercer año ha configurado, como expresó el director del organismo operador de Agua en Hermosillo, Renato Ulloa, una tormenta perfecta en la que convergen la ausencia de lluvias, las temperaturas extremas, el abatimiento de los mantos y las presas en niveles ínfimos.

Los pronósticos meteorológicos no hacen albergar muchas esperanzas de que las cosas cambien y a los factores citados arriba habría que agregar el deterioro de gran parte de la red de distribución y el masivo desperdicio de agua que representan las fugas; las dificultades presupuestales y una larga historia de administraciones que han pateado indefinidamente el bote sin tomar decisiones de gran calado para afrontar la realidad de una ciudad en medio del desierto donde el consumo per cápita es de 400 litros diarios.

Esa cifra tan disparada, que nos coloca entre las ciudades del mundo que más agua consumen y esto tiene que ver con el hecho de que prácticamente la mitad del volumen de agua que se inyecta a la red de distribución se va entre fugas y tomas clandestinas, sin contar el poco control sobre consumos ya que medio padrón de usuarios carece de medidor.

Hablamos de Hermosillo, pero en el resto de los municipios con más de cien mil habitantes las cosas no son muy diferentes.

Era imposible seguir sin tomar esas acciones de gran calado que hagan frente al complicado escenario que plantea de entrada, el próximo verano.

El primero que tomó al toro por los cuernos fue el gobernador Alfonso Durazo, que la semana pasado convocó a todos los sectores productivos y sociales para anunciar las nuevas acciones del Plan Hídrico Sonora 2023-2053, un paquete de obras y programas con visión de largo plazo, que incluye la construcción de tres presas aguas arriba de los ríos San Miguel y Sonora, así como la construcción del bypass en la presa Abelardo L. Rodríguez. Estas dos acciones están orientadas a garantizar el abasto para la capital, Hermosillo; incluye también la perforación de 78 pozos en diferentes municipios, lo que junto a otras acciones representan una inversión de 17 mil millones de pesos.

En Álamos se puso en operación el Acueducto Macoyahui y en Guaymas se rehabilitaron 17 cárcamos de bombeo; para este año se han presupuestado recursos estatales y federales por más de dos mil 160 millones de pesos destinados a infraestructura hídrica.

Ayer, el alcalde de Hermosillo hizo lo propio y convocó a todos los sectores interesados en el tema para presentar el Modelo CUIDA, que también involucra a todos en acciones para enfrentar la sequía a partir de cinco ejes donde destacan la rehabilitación de pozos, el monitoreo en tiempo real y el uso eficiente del agua; reparación de fugas, inversión en equipo y sanciones para quienes desperdicien el agua.

Desde el estado y desde el municipio se han dado a la tarea de fomentar y fortalecer la cultura del agua a partir de intensas campañas de concientización.

El ayuntamiento ya ha invertido en un sistema de telemetría, en la construcción de una planta tratadora de aguas residuales y tubería morada para la conducción de agua tratada en el Parque Industrial, además de equipamiento y modernización de la planta potabilizadora; inversión en renta de derechos de agua entre otras acciones que han requerido una inversión de 493 millones de pesos.

Otros 258 millones –recursos del ayuntamiento y de NadBank serán destinados a fortalecer el equipamiento de nuevas fuentes de agua y a la detección y reparación de fugas y drenaje.

En el evento convocado por el alcalde estuvo el delegado de Conagua, Rodolfo Castro Valdez y la subsecretaria de Desarrollo Político del gobierno del estado, Bernardeth Ruiz Romero, así como el representante de la CEA, Rafael Vélez y el líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna y la diputada local Amairani Peña Escalante.

La convocatoria fue mucho más amplia y allí estuvieron representantes de cámaras empresariales y organizaciones sociales.

Por Arturo Soto Munguia

Son casi 18 mil millones de pesos los que se han invertido en obras y acciones para garantizar agua a todos los municipios del estado en el contexto de una sequía que plantea escenarios complicadísimos en algunas regiones, particularmente en el sur del estado donde la actividad agropecuaria está pasando momentos críticos.

A través del Plan Hídrico Sonora 2023-2053 se construyeron 78 pozos en diferentes puntos del estado; para darse una idea de la capacidad, equivalen a la de los 80 pozos con los que cuenta Hermosillo. En Guaymas hay 22 pozos en operación.

Este plan de largo plazo, sostuvo el gobernador Alfonso Durazo se ha nutrido de la colaboración entre sociedad, gobierno, academia y sector privado para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles.

Otras acciones de este plan son la modernización del acueducto Independencia y la construcción del Bypass en la presa Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo que conducirá 800 litros por segundo a la zona norte de la capital, donde últimamente se han registrado problemas de abasto, lo mismo que en otros municipios; de ahí que el gobernador hiciera un llamado a los ayuntamientos para sumar esfuerzos y destinar recursos a proyectos de gestión hídrica local como la modernización de redes de distribución, construcción de plantas de tratamiento y sistemas de riego eficientes.

Por cierto, este lunes por la mañana, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán presentará el paquete de acciones para hacer frente a la sequía extrema que vive la ciudad. Estas acciones están contenidas en un modelo llamado CUIDA. Ya les estaremos reportando en qué consiste.

Por Arturo Soto Munguia

Con frecuencia que muchos quisiéramos menos habitual, el municipio de Cajeme, cuya cabecera es Ciudad Obregón suele ser fuente de noticias poco gratas, generalmente relacionadas con hechos de violencia criminal.

No hace mucho, todavía aparecía en la lista de ciudades más peligrosas ¡del mundo!, aunque en descargo hay que decir que en ese ranking internacional había por lo menos diez ciudades de México.

Hoy la situación se ha tornado menos tensa y de aquellos meses en que llegó a promediar más de 60 homicidios dolosos, los reportes de este primer mes de 2025 registran al menos una veintena lo que se refleja según el Inegi en una disminución de la percepción de inseguridad en el municipio.

Pero el de la violencia no es el único problema en el Valle del Yaqui, que en algún tiempo llegó a ser conocido como ‘El granero de México’. La sequía ha hecho estragos y cientos de miles de hectáreas se han quedado sin sembrar, lo que ya se está resintiendo en la economía local.

En este contexto, donde además hay muy poca obra pública, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano tuvo la feliz ocurrencia de convocar a los medios de comunicación para que fueran testigos entre flashazos, corte de listón y fanfarrias y sonrisas de satisfacción y orgullo, para que difundieran ‘urbi et orbi’ la inauguración de… ¡Un bebedero!

Bueno, después se supo que serían varios, pero el evento inaugural fue para ¡un bebedero!

Así como lo lee, sedienta lectora, ecologista lector, en plena sala central del Palacio Municipal, el señor Lamarque flanqueado de sonrientes funcionarios que sostenían el listón con un gran moño plateado dio el tijeretazo oficial que daba por inaugurado el bebedero que, hay que decirlo, no es cualquier bebedero: es una bonita pieza de ingeniería en acero inoxidable, con enfriador integrado, de fácil uso y entre otras cosas, trae hasta una pantallita que le informa al bocaseca lector cuántas botellas de plástico se evita desechar al usarlo.

El alcalde informó que se instalarán varios de estos aparatos en dependencias municipales y lugares públicos (tienen un diseño antivandálico, aunque no sé para qué, porque ni vándalos hay en Cajeme) y todo con un costo de 43 mil 900 pesos, que es como quitarle un pelo a un gato presupuestal, si se consideran las ventajas que para la ciudadanía y el entorno representarán estos dispositivos, ya que entre otras cosas evitarán desechar 50 mil envases de plástico al año.

En fin, aunque el alcalde ha reiterado que lo den por muerto en la próxima sucesión presidencial, con estas acciones está empujando fuerte para meterse a la pelea por la candidatura.

II

Y ya que andamos con los alcaldes, el que sí se la aventó buena fue el de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez que ayer lanzó el programa “En la H cumpliendo ganas”.

Se trata de una nueva estrategia para estimular el pago oportuno del impuesto predial mediante la rifa de un automóvil 2025 (eléctrico, claro, pues el tema de las energías limpias ha sido una vertiente importante en sus políticas públicas) con valor de 357 mil pesos.

El proceso es sencillo: las personas que acudan a pagar su predial en este mes de enero tendrán tres oportunidades de participar en el sorteo; las que lo hagan en febrero, dos, y quienes paguen en marzo, una. La promoción es para personas físicas, así que si usted es químico, ni se acerque… no, no es cierto, esto fue un chascarrillo.

El sorteo se llevará a cabo el 31 de marzo próximo en el Callejón Velazco, a un costado del Palacio y con la presencia de un interventor de la Secretaría de Gobernación.

Uno de los datos relevantes en este evento, fue la reiteración de que el ayuntamiento de Hermosillo es el que más recursos propios genera; de hecho, ese rubro se ha incrementado en un 86% en la actual administración lo cual le ha permitido destacar también en la construcción de obra pública, como el paso a desnivel que se construye en el cruce de los bulevares Solidaridad y Colosio, que tendrá una inversión de 400 millones de pesos.

Por Arturo Soto Munguia

Después de un complicado tránsito en medio de litigios e impugnaciones, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) decidieron ‘tirar los fierros’ y anoche presentaron su renuncia.

El apresurado y polémico proceso electoral comenzó mal y sigue a trompicones.

La reforma Judicial pasó sin problemas por la Cámara de Diputados donde Morena y sus aliados tienen una indiscutible mayoría calificada, no así en el Senado donde hubieron de cooptar a dos senadores del PRD y, como les hiciera falta un voto para completar las dos terceras partes requeridas, operaron de alguna manera para que la dupla de veracruzanos panistas Miguel Ángel Yunez Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares.

El primero, senador propietario, el segundo su suplente. El primero se reportó enfermo el día de la sesión y asumió la titularidad su padre, quien fue el voto decisivo para aprobar la reforma judicial que entre otras cosas, ordena que por primera vez en la historia sean electos por voto popular los jueces, ministros y magistrados del PJF.

Para tal efecto, cada uno de los poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben de proponer candidatos y candidatas, que previamente serían seleccionados por el respectivo Comité de Evaluación. Todo el proceso ha estado lleno de recursos legales para suspenderlo, mismos que no han prosperado pero han metido demasiado ruido.

De hecho, el Comité del PJF se encontraba en pausa por una suspensión judicial y el Senado de la República fue autorizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral para que seleccionara a los candidatos que le corresponden a ese Poder, lo que haría mediante el polémico método de la tómbola en una sesión que se llevaría a cabo el 31 de enero.

Esto fue acordado por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado apenas ayer, en una reunión a la que no asistieron representantes del PRI y del PAN.

Quizás esto fue la gota que derramó el vaso y provocara la renuncia de los integrantes del Comité.

Apenas el 31 de octubre del año pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a las cinco personas que integrarían el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, encargados de seleccionar a partir de criterios de idoneidad, a los y las aspirantes a ocupar los cargos de impartición de justicia que serán postulados por el PJF en la parte que les corresponde.

Ayer, los cinco presentaron su renuncia.

“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, establecen en una carta difundida anoche.

“Hoy percibimos inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”, agregan Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina del Puente, Wilfrido Castañón León y Luis Enrique Pereda Trejo, los cinco integrantes.

Esta renuncia representa un nuevo escollo en el proceso, que evidentemente no será suspendido pues Morena y sus aliados están decididos a sacarlo adelante a toda costa, pese a los recursos de impugnación que se han presentado y los que vengan en el futuro, pues el PAN ya anunció que impugnará la tómbola del Senado.

A esos recursos legales se suman otros de índole presupuestal, ya que la presidenta del INE, la sonorense Guadalupe Taddei Zavala solicitó inicialmente 13 mil millones de pesos para organizar la elección en todas sus etapas, incluida la jornada electoral del próximo 1 de junio. El Congreso le autorizó la mitad y recientemente le autorizaron una ampliación de 800 millones más.

En una entrevista reciente, Taddei Zavala confió en que hubiera una ‘copiosa votación’ durante la jornada electoral, aunque citó otros ejercicios como el de la revocación de mandato en el que se ha tenido una participación de entre el 8 y el 15 por ciento del padrón electoral. Estos datos estarían proyectando una muy precaria afluencia a las urnas, lo que arroja también muchas dudas sobre las condiciones en que habrá de desarrollarse el proceso y sobre todo, la jornada electoral donde, según cálculos del propio INE, a cada votante le podría llevar hasta 10 minutos elegir a sus candidatos, aunque hay quienes han calculado más tiempo.

A cada entidad federativa le tocará por su parte, organizar la elección por parte del organismo electoral local, que en el caso de Sonora es el IEE, al que le acaban de autorizar recursos por 200 millones de pesos para dicha organización.

Vamos a ver cómo termina todo esto y qué efectos tendrá una vez que comiencen a trabajar las personas juzgadoras electas por voto popular.