Categoría: El Zancudo

Por: Arturo Soto Munguía

En Sonora se está trabajando en dos vías para resolver el complejo tema de la seguridad pública: por un lado, destinando fuertes recursos para el combate a la pobreza extrema, que a la postre se convierte en tierra fértil para la tentación de las actividades ilícitas, y por el otro, en el equipamiento y capacitación de las corporaciones policiacas.

Ayer el gobernador Alfonso Durazo anunció que el próximo año se destinarán 750 millones de pesos para los programas orientados a la población más vulnerable. La cifra es notable si se considera que este año se aplicaron cien millones de pesos en esos programas.

Al mismo tiempo, la secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río informó que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asciende a 350 millones de pesos y con él se adquirieron 118 patrullas y se llegará a 140 este año. Con esos recursos se ha adquirido también armamento, cargadores, chalecos balísticos cuyo costo roza los 40 millones de pesos; otros 30 millones para la implementación del programa de radiocomunicación P-25, circuitos cerrados de televisión, camionetas para traslado de reos y detectores de metales, así como uniformes para las corporaciones y para el personal del sistema penitenciario.

Entre el combate a la pobreza y el fortalecimiento de las corporaciones, en Sonora se está trabajando bien.

Pero no ayudan mucho declaraciones como las vertidas por el presidente en su mañanera de ayer.

Lo pudo decir más fuerte pero no más claro. El presidente de la República aceptó que entidades como Sinaloa no se encuentran entre las que registran el mayor número de homicidios dolosos debido a que allí es un solo cártel el predominante. Y si no hay enfrentamientos entre cárteles, no hay homicidios. Esa es la lógica presidencial.

A fuerza de ser objetivos se debe reconocer que mentiras, no dijo. En otros estados, y en no pocas ciudades del país las disputas por las plazas entre grupos del crimen organizado derivan invariablemente en toda suerte de asesinatos y masacres.

Cajeme, para no ir muy lejos, en varias ocasiones ha sido rankeada en el top five de las ciudades más peligrosas del mundo. Las autoridades de los tres niveles de gobierno han aceptado que en ese municipio son al menos tres grupos criminales los que libran sus propias guerras y el saldo ha sido de terror.

Apenas antenoche, allí fue asesinada a balazos la regidora del PT en Bácum, Verónica Montiel, lo que por cierto muestra de nuevo esa penumbra densa en la que no se alcanza a distinguir dónde comienza la política y dónde la actividad criminal. No es el primer asesinato de funcionarios públicos del PT en Sonora, por cierto.

El problema con la cita que nos ocupa no es lo que se dice, sino quién lo dice. Que sea el presidente de la República, por mandato de ley también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en México es por lo menos, escalofriante, porque es la admisión tácita de que el crimen organizado es una especie de coadyuvante en las tareas de pacificación del país.

Y sobre todo porque se da en un contexto en que los grupos criminales parecen estar intensificando sus acciones, cada vez más espectaculares: la toma del mercado en San Cristóbal de las Casas, el llamado Robo del siglo en Colima, los convoyes que se mueven libremente por las carreteras y caminos del país, o el asalto ayer mismo a una plataforma petrolera en la Sonda de Campeche.

En el abordaje al tema del crimen organizado, el presidente ha sido pródigo en declaraciones desafortunadas, pero esta creo que se lleva las palmas porque prácticamente está planteando que en alguna medida, la pacificación del país depende de la supremacía de un cártel del crimen organizado sobre los otros. Algo así como que el narco se regula con el narco.

¿Y saben que es lo peor? Que mentiras no dijo. Pero que sea el presidente quien lo diga no solo es políticamente incorrecto, sino socialmente inaceptable por las implicaciones que pudiera tener, y las interpretaciones que se le pueden dar.

Por ejemplo, que el Estado mexicano ha subrogado a los criminales las tareas de seguridad. O que los capos del crimen organizado lo tomen como un aliciente para escalar sus guerras por el control del territorio, o fortalecer alianzas inconfesables con el propio Estado mexicano. Terrible.

II

Como estaba cantado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI declaró procedente la impugnación de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu a la fórmula de Zaira Fernández y Pascual Soto, con lo que validó a los quejosos como fórmula única y con ello se define el relevo en la dirigencia estatal de ese partido, que comenzó dormilonamente desde noviembre pasado, pero que se puso intensa en las últimas dos semanas y se decantó con esta resolución.

Las cosas sin embargo, no acaban aquí. Zaira y Pascual ofrecerán una rueda de prensa la mañana de este viernes en la que básicamente anunciarán la impugnación del proceso en tribunales electorales, mientras que Onésimo e Iris harán lo propio una hora después, seguramente para celebrar la designación que los pone al frente del partido en Sonora, en sustitución de Ernesto de Lucas y Kitty Gutiérrez.

Como en toda batalla de ganadores y perdedores, es sintomático que Onésimo e Iris ofrecerán su rueda de prensa en la sede del partido, mientras que Zaira y Pascual lo harán en un café de la colonia 5 de Mayo.

El registro de esta fórmula fue invalidado argumentando que no cumplió con algunos requisitos, aunque el propio Onésimo admitió en entrevista de radio que sí lo habían hecho.

El asunto pues, va para largo y se da en un contexto nacional donde Alito Moreno, el dirigente nacional pasa por su peor momento político y su permanencia al frente del partido está pendiendo de un hilo. Aunque después del encuentro que tuvo con exdirigentes nacionales él dijo que cumpliría con el periodo de cuatro años para el que fue electo, lo cierto es que su presencia se está convirtiendo en una carga muy pesada y no sería raro que en los próximos días haya noticias al respecto.

Como sea, el proceso derivó en un choque de trenes donde hasta ahora, el que descarriló fue el de las corrientes agrupadas en torno a los grupos de poder reales y fácticos del PRI en Sonora, que de alguna manera hegemonizaron el poder en los últimos 30 años.

Vamos a ver cómo evoluciona esto.

III

Estos y otros interesantes temas los abordaremos hoy al filo de la una de la tarde en la Mesa de Análisis del Informativo Sonora en Red, que se transmite por la FM de la Red 93.3 y sus plataformas digitales en Facebook y YouTube, así como en la señal de Azteca Tucson Canal 14 para todo el sur de Arizona.

Por: Arturo Soto Munguía
No es sencilla la tarea que se ha puesto como meta la presidenta del Congreso, Natalia Rivera Grijalva: pavimentar el camino del reencuentro de las instituciones -concretamente del Poder Legislativo- con una sociedad civil que por diversas causas ha tomado distancia y no tiene la menor de las ideas sobre el trabajo que allí se realiza.

Seguramente no es la única integrante de la actual legislatura a quien le interesa este tema, pero quizás sí la que tenga una idea más elaborada sobre la forma de abordar el reto.

No es física cuántica, ni una fórmula encriptada; se reduce a algo más sencillo aunque no se les da a todos: trabajo. Trabajo cercano a la sociedad civil, legislando sobre sus problemáticas concretas y los temas que tocan sus cotidianidades, pero sobre todo, integrando a esa sociedad a través de sus organizaciones a las labores legislativas.

En una entrevista concedida para la audiencia de la Red 93.3 en el Informativo Sonora en Red, donde me toca colaborar junto a Fernando Oropeza, la presidenta de la Diputación Permanente ejemplifica con dos casos muy específicos.

La reciente reunión con 30 gobiernos locales de Arizona (incluyendo tres comunidades indígenas) agrupadas en la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG, por sus siglas en inglés) y la gestión de legisladores sonorenses para agilizar el trámite de un permiso especial a quienes viajen a cualquier lugar de Arizona y Nuevo México. Actualmente se tiene que tramitar ese permiso si se desea ir más allá de Tucson.

Y vaya que en Sonora hay gente interesada en obviar ese trámite.

El otro tema es el del parlamento abierto, producto de una reforma al artículo 129 constitucional, propuesta por la propia Natalia Rivera y aprobada por unanimidad y en seguimiento de la cual este mismo jueves serán presentados l@s siete integrantes del Comité Técnico Asesor, una instancia de participación ciudadana que coadyuvará a la socialización y discusión de iniciativas, dictámenes y temas diversos que son materia de debate en el Congreso.

Lo interesante de este punto es que por primera vez, la sociedad civil tendría la oportunidad de conocer y opinar sobre temas como los relativos a presupuestos, cuentas públicas y fiscalización, que hasta hoy eran objeto de discusión en ámbitos muy reducidos.

Pero vayamos por partes.

Primero, el encuentro con representantes de MAG se da por primera vez en Hermosillo, aunque se trata de una asociación con más de 70 años de fundada y con trabajos previos de coordinación con los gobiernos locales de Sonora para abordar agendas comunes, que por cierto son nutridas.

Solo como dato, el 70 por ciento del turismo que registra Arizona proviene de Sonora y de cada diez dólares que entran a ese estado, siete llegan de Sonora; incluso en tiempos de pandemia, cuando estuvieron cerrados los puertos terrestres, el 56% del turismo que visitó Arizona llegó desde nuestro estado.

Para darse una idea, por la frontera entre ambos estados se mueven anualmente de ida y vuelta, 18 mil millones de dólares. La relación entre ambos estados es pues, intensa. En lo comercial, pero también en lo industrial, la cultural, lo turístico y un sinfín de temas más, de allí que se hace necesario trabajar en la armonización de las leyes a ambos lados de la frontera, para mejorar los términos y las áreas de oportunidad en esa relación.

Por ejemplo, se sabe que en Arizona no se cuenta con un rastro certificado, de manera que toda su producción ganadera tiene que ser llevada a Nuevo México y Texas, siendo que en Agua Prieta existe un rastro de la Unión Ganadera Regional de Sonora, certificado incluso por autoridades pecuarias y sanitarias de Estados Unidos. Los ganaderos arizonenses podrían hacer uso de esas instalaciones abatiendo mucho sus costos y a la vez generando muchos empleos en México.

Ya hay un convenio también para becar con el 50% a todos los estudiantes sonorenses que apliquen y sean aceptados en la Universidad de Arizona, y como ese, existen muchos temas más en los que hay que fortalecer la relación bilateral y los diputados y diputadas sonorenses pueden colaborar mucho en ello.

Pero si de reencontrarse (y reivindicarse) con la sociedad civil se trata, el parlamento abierto es fundamental. Permite por ejemplo que si una iniciativa dictaminada en el Congreso es considerada lesiva al interés ciudadano, pueda revertirse en tribunales, equilibrando así las decisiones legislativas a partir del reclamo ciudadano.

Este jueves será presentado el grupo que conforma el Comité Técnico Asesor, una instancia encargada de elaborar el plan de acción para socializar todos los temas legislativos mediante convocatorias a la sociedad civil para que participen en su enriquecimiento por las vías que ese comité proponga: foros, plataformas digitales y cualquier otro espacio que consideren adecuado.

Se trata de dejar atrás la simulación de las consultas que terminaban en diálogos de sordos y provocar que la socialización de las iniciativas sea objeto de debates amplios, temáticos, que ofrezcan resultados concretos con los grupos interesados: en materia de políticas de género, de violencia contra los animales, de transporte y de toda la agenda que se discute en el Congreso, incluyendo dos de las tareas sustantivas del Poder Legislativo como lo son el presupuesto y la fiscalización de su ejercicio.

Como presidenta de la Comisión de Fiscalización, Rivera Grijalva sostiene que desde el inicio de su gestión ha trabajado con mecanismos de parlamento abierto, creando micrositios de consulta para darle publicidad a todo: dictámenes, sesiones, asistencia a las mismas, oficios, dictámenes y todo aquello que resulte de interés público.

De hecho, se ha encargado al Instituto Superior de Auditoría Fiscal que además de los legajos con las cuentas públicas y presupuestos, se entregue una versión en ‘lenguaje ciudadano’, una versión que pueda socializarse en sectores amplios de la sociedad, porque siempre se presentan en un lenguaje técnico que solo entienden los especialistas, como si quisiera esconderse de la mirada ciudadana, dice.

II

Como se estableció en un despacho anterior, la llamada Ley Ingrid no atenta contra la libertad de expresión, garantizada con sus respectivas limitantes en el artículo sexto constitucional. Pero para evitar interpretaciones en otro sentido, el gobernador del estado enviará una propuesta de modificación que especifique que no se afecta el ejercicio periodístico ni la labor de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Lo anterior lo estableció el propio gobernador en su rueda de prensa semanal, donde presentó avances en obras de infraestructura que ya están en marcha, como la carretera Agua Prieta-Bavispe con todo y sus 59 puentes que forman parte de la obra hidráulica. Algunos tramos ya tienen la carpeta asfáltica, y será entregada a más tardar el día último de diciembre de este año.

Y otra buena noticia es que están por entregarse varios tramos de la carretera federal 15, entre los que se encuentra el de las ‘curvas de Quijano’, a la altura de Ímuris, un tramo de curvas complicadas al que por fin se le está entrando. También el tramo que cruza Vícam y el límite entre Sonora y Sinaloa, que se encuentran en pésimo estado.

En el evento, el gobernador presentó un video sobre los avances en la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, donde también se están intensificando los trabajos. Pero nada mencionó de la invitación que hizo a reporteros y reporteras hace un par de semanas para visitar in situ la obra.

Ese tipo de giras están canceladas desde el principio de esta administración por razones estrictamente presupuestales, de pobreza franciscana y porque además la banda reporteril como niño Dios (picio).

El asunto es fácilmente salvable, sin embargo. Que cada quien lleve sus burritos de los que sea, sándwiches veganos para los de estómago delicado, o una torta de El Chavo para los todo-terreno, y sus respectivos sodones. Nada de chayoostiones en Las Torres o un ‘prófugo’ en que El Flavio, pa’ que vea que jalamos.

Por cierto, si algún día el gober va al más famoso restaurante del malecón en Peñasco, tiene que probar ese pescado y de paso averiguar la historia de su nombre.

Por: Arturo Soto Munguía

Hechos aislados pero cada vez más frecuentes (diría el clásico) muestran un grado de descomposición social y un predominio de la delincuencia organizada sobre las instituciones del Estado mexicano lo cual, lejos de tener un impacto político, parece reforzar la legitimidad del gobierno federal.

Es un fenómeno raro. Y complejo.

Ayer, un comando armado de hombres encapuchados tomó por asalto el mercado de San Cristóbal de la Casas, en Chiapas. Al parecer es parte de la disputa por el territorio y por los negocios de la zona. Situaciones similares se han vivido en otros estados del país, donde municipios enteros han sido materialmente copados por grupos de la delincuencia organizada, que se mueven con entera libertad y complacencia de las autoridades.

Por espacio de tres o cuatro horas, los sicarios incendiaron vehículos, realizaron disparos y bloqueos de calles. Como llegaron, se fueron. La gente se escondió donde pudo y las imágenes de los hechos inundaron las redes sociales.

El pasado 5 de junio, en el puerto de Manzanillo, Colima, un grupo de hombres tomaron un patio de maniobras de una empresa privada y por espacio de al menos ocho horas, revisaron contenedores y se robaron los que eligieron. Inicialmente se dijo que la carga robada era de oro, plata y zinc, aunque las autoridades locales aclararon ayer que en realidad se trató de concentrado de durazno propiedad de una empresa procesadora de jugos; aires acondicionados y llantas.

Lo raro del asunto es que los hechos se conocieron siete días después de perpetrados. No hay manera de explicar un atraco de esta naturaleza sin dimensionar el nivel de organización de los presuntos, su conocimiento del terreno, así como información, mucha información sobre la actividad en el lugar, muy cercano por cierto a una base de la Marina Armada de México, a cuyo cargo está el puerto.

Difícilmente hay un país en el mundo donde se registren hechos de este calibre y de manera tan frecuente. Eso sin contar el recuento diario de asesinatos que pueblan el territorio nacional y que al parecer están tan normalizados que la gente los asume ya como parte de sus cotidianidades.

Los reportes de productores agrícolas, ganaderos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos en el sentido de una escalada en la extorsión y el cobro de piso en casi todos los estados del país, son también parte de la narrativa cotidiana.

Todo pasa y al mismo tiempo no pasa nada. El país entero parece sumido en el marasmo y la resignación, y en el caso de la clase política, los opinólogos y comentócratas, bastante más entretenidos en el juego sucesorio, las corcholatas, los escándalos y rijosidades en los partidos políticos.

Los índices de popularidad del presidente están en niveles más que aceptables, su calificación también y el aval en las urnas a su proyecto de gobierno es inobjetable, como quedó de manifiesto en cada elección desde 2018.

A vuelo de pájaro cualquiera podría pensar que los mexicanos aceptamos que podemos seguir viviendo con todo esto, sin mayores repercusiones. O que no hay, en el escenario actual, un proyecto de gobierno que sea ‘comprado’ por los electores de manera significativa.

Personalmente, me inclino más por lo segundo. La oposición sigue noqueada, chapoteando en un mar de desaciertos; sin personajes ni oferta atractivos. Esto va para largo.

II

Y a propósito, terminó sin novedad el encuentro del dirigente nacional del PRI con sus antecesores: la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas sigue sobre la mesa, pero al menos de ese encuentro no resultó la defenestración. Los trascendidos indican, sin embargo, que esta reunión abrió un compás de espera mientras se le busca una salida ‘decorosa’ al campechano, al que le sigue lloviendo en la milpa.

No solo fue acorralado por el jurásico tricolor para quienes Moreno Cárdenas amenaza convertirse en una suerte de meteorito que los extinga por completo; también la fiscalía de Campeche realizó una inspección en una de sus múltiples propiedades sobre las que pesan litigios acerca de su legal adquisición, también la gobernadora Layda Sansores difundió un nuevo audio de contenido similar a los anteriores, donde se escucha al dirigente priista en diálogos bastante bizarros y emblemáticos de la corrupción que se le achaca.

Alito Moreno se ha convertido en una ‘papa caliente’ no solo para su partido, sino para la propia alianza con el PAN y el PRD rumbo al 2024, al grado de que el propio Claudio X. González le asestó tremendo mazazo en la cabeza con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, involucrándolo en una presunta triangulación de dinero para la compra-venta de inmuebles y terrenos. El campechano está resultando con más propiedades que la moringa.

En camino de convertirse en una aceituna, a punto de perder el hueso, ya lo están agarrando de botana. Su homólogo de Morena, Mario Delgado publicó en su cuenta de Twitter, con ácido humor negro lo siguiente: “Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la derecha. #FuerzaAlito”.

Sin ninguna clase de autoridad moral o política, evidenciado en sus corruptelas, responsabilizado de las derrotas electorales desde 2019, Alejandro Moreno se ha vuelto insostenible en el PRI. Al tiempo.

A raíz de la armonización de la legislación local con la federal en materia de protección a la intimidad y la dignidad de las víctimas y sus familiares se ha suscitado un debate en torno a la presunta amenaza a la libertad de expresión que representaría esta reforma.

Conviene, sin embargo, ir con tiento en este tema, conocido como ‘Ley Ingrid’, delicado ciertamente.

De entrada debe precisarse que, como la llamada ‘Ley Olimpia’, ni una ni otra son en realidad, leyes como tal, sino que aluden a modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México, que posteriormente sirvieron de referencia para armonizar leyes estatales en al menos tres entidades más, y luego en el Código Penal Federal.

Básicamente, lo que plantean estas reformas son sanciones a quienes difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o las circunstancias del delito.

Si quien lo hace es un servidor público, la pena se agrava. Este punto es importante porque la ‘Ley Ingrid’ nace precisamente de un caso en que funcionarios filtraron a la prensa imágenes del cuerpo mutilado de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja, Erick Francisco ‘N’ la noche del 8 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, lo que provocó reacciones indignadas que derivaron en las citadas reformas.

¿Sancionar la difusión de ese tipo de imágenes (o cualquier otra información que encuadre en los supuestos citados) atenta contra la libertad de expresión?

Definitivamente no. Ni esta ley ni cualquier otra, coarta la libre expresión. La única que sí contempla limitantes en este tema es la propia Constitución y sus leyes reglamentarias, de tal suerte que si los ciudadanos o periodistas se sujetan a esas limitantes no hay por qué temer actos de censura.

Es el artículo sexto constitucional el que plantea que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El séptimo constitucional, por su parte establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el artículo sexto.

Es decir, la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, allí mismo está acotada bajo las precisiones del artículo sexto.

En realidad el propósito de la ‘Ley Ingrid’ es proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización. Lo que pretende es asegurar que la información personal relacionada con una muerte esté protegida y no pueda ser publicada.

Para no confundir a la opinión pública y evitar el riesgo de sancionar a personas que si bien pueden actualizar alguno de los supuestos, como las llamadas madres buscadoras (o rastreadoras) que actúan sin dolo ni afán pernicioso o amarillista, es de suma importancia remitirse a la exposición de motivos de la iniciativa, para entender su espíritu.

Allí se establece el concepto de ‘dignidad’ como fundamental para la idea de ‘lo humano’ contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tal suerte que las disposiciones legales y forenses que existen y que regulan el tratamiento de los muertos requieren que estos sean tratados como si tuvieran el derecho a la dignidad, en tanto se requiere que los vivos se comporten en una forma consecuente con dichas disposiciones.

En el caso de las ‘madres buscadoras’, no pudieran sancionarse a partir de esta ley, pues ellas son víctimas a consecuencia de un delito. En una ponderación de derechos, ellas podrían publicar alguna imagen, pero no con fines amarillistas o sensacionalistas sino con el propósito de coadyuvar a esclarecer un hecho, a partir del derecho al acceso a la justicia.

En resumen, los muertos también tienen derecho a un trato digno y, al igual que sus familiares, a salvaguardar su intimidad. La ley busca sancionar a quien violente estos derechos.

Ahora bien, en la práctica las autoridades judiciales va a tener una sobrecarga de trabajo si se considera que todos los días los medios de comunicación, y particularmente las redes sociales inundan sus espacios con imágenes de personas asesinadas o muertas en accidentes. El video en el que aparece Daniel Picazo, linchado y quemado en Huauchinango, Puebla, por una turba que lo acusó de intento de secuestro a un menor es el ejemplo más actualizado de esto.

Se han vuelto cotidianas también las estampas de curiosos que hasta selfies se toman con los cadáveres víctimas de homicidios dolosos, esos que se cuentan por miles en el país. Ese tipo de conductas son las que esta reforma legal busca sancionar, y no tiene que ver con la libertad de expresión, insisto, ya acotada en la propia Constitución.

II

Ayer suspendieron clases presenciales en un grupo de la secundaria Nuevos Horizontes en Hermosillo por la detección de varios casos de Covid19. Bastó el reporte en Twitter para que varias personas reportaran situaciones similares en las escuelas de sus hijos.

No se trata de generar alarma, pero la secretaría de Salud reportó este día 295 nuevos casos positivos y una defunción en la semana del 5 al 11 de junio; 179 de esos casos se registraron en Hermosillo y 63 en Cajeme.

Aunque recientemente el Congreso del Estado derogó la ley que hacía obligatorio el uso del cubrebocas, la secretaría de Salud recomienda seguir protegiéndose con él, sobre todo en espacios cerrados y con poca ventilación, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia.

Ciertamente que la vacunación masiva disminuyó drásticamente la incidencia de casos graves, hospitalizaciones y defunciones, pero el virus aún está en el aire y no está de más continuar con las medidas de prevención, porque al parecer estamos ante lo que pudiera considerarse un nuevo brote de la pandemia.

Por cierto, sería interesante conocer cuántos de esos 179 casos registrados en Hermosillo corresponden a gente que estuvo en eventos masivos, como los que hubo durante las Fiestas del Pitic. Nomás para el registro.

III

La maquinaria del viejo partido tricolor sigue funcionando. El proceso de renovación de la dirigencia estatal sigue su curso incluyendo la impugnación a la fórmula integrada por Zaira Fernández y Pascual Soto, lo que podría dirimirse esta misma semana.

Todo parece indicar, sin embargo, que tal y como lo adelantamos ayer a partir de lo visto y escuchado en la reunión de militantes y consejeros en la sede del PRI estatal, al final la decisión se decantará por la fórmula de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, así sea temporalmente ya que es previsible una nueva etapa de impugnaciones en tribunales electorales.

Por lo pronto ayer hubo un encuentro de estos dos aspirantes con los líderes de sectores y organizaciones, donde pasaron lista Bulmaro Pacheco, de la Fundación Colosio; Rosario Rodríguez, del Movimiento Territorial (estrenando cargo); Rodolfo Jordán, de la CNC; Héctor Medrano del MJM; Gloria Galindo, del organismo de Mujeres, Ignacio Martínez Tadeo, de la CNC; Guadalupe Silva Romero, de la CROM, Juan Gabriel Galindo, de la UGCM, entre otros.

La vieja maquinaria pues, funcionando, aceitada desde la cúpula donde todavía manda Alito Moreno, aunque no se sabe por cuánto tiempo más toda vez que comienzan a arreciar las voces que piden su renuncia no solo en Sonora sino en otros estados de la República.

Este día, el aún dirigente nacional sostendrá un encuentro con el jurásico priista integrado por personajes que ya ocuparon su cargo en el pasado, como Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Joaquín Coldwell, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel. De la permanencia de Alito Moreno o la salida ‘decorosa’ que se le dé a su desastrosa gestión dependerá también lo que suceda con el relevo en Sonora. Atentos.

Por: Arturo Soto Munguía

En el PRI pueden estar muertas muchas cosas, menos la capacidad de asombro.

La extraña procesión que llega al edificio de Kennedy y Colosio parecería fúnebre si se juzga por el ataúd negro que llevan en andas, pero es más bien festiva si se considera el ritmo de salsa y la alharaca con que bailan al ritmo de Tropicalísmo Apache interpretando a Rubén Blades y su ‘Talento de televisión’.

No tiene talento pero echa pa’lante, ay pero mira mira mira mira qué elegante…

Pobres entre las pobres, han llegado desde alguna colonia polvorienta de la periferia hermosillense para dejar patente su vocación de lucha contra la imposición centralista, para refrendar su militancia tricolor a toda prueba y su convicción más revolucionaria que institucional. Ajá.

Y para confirmar el chauvinismo aldeano del Sonora más bronco que culto, junto al féretro con la foto de Alito Moreno y una corona de flores secas quizás recogidas de alguna tumba abandonada en un panteón cerca de su colonia, llevan también una piñata con el rostro de Jorge Meade Ocaranza, morelense de nacimiento pero para efectos prácticos, ‘guacho’.

Porque en el Hermosillo más bronco que culto, donde una lideresa priista dejó para el mármol el reclamo ‘no tienen educación a la verga’, de Villa de Seris para el sur, todos son ‘guachos’.

Y para refrendar su fe regionalista que se resume en el distintivo Equipo Sonora bordado al pecho de las camisas blancas de los que sí tienen con que vestir bien, a la piñata de Meade la traen vestida con el uniforme del América que simboliza, más que el sentido de pertenencia a alguna barra brava, la ferocidad del separatismo ranchero en tierra beisbolera, el fundamentalismo que define la idiosincrasia según José Terán, en El cazador de Guachos, mediante la sencilla prueba de la cáscara de naranja, la cual a continuación cito:

Esta funciona en base a las dudas que podamos tener respecto a la procedencia de un sujeto y que no encaje, por su manera de conducirse, con la imagen del típico norteño, Para ello es menester lanzarle de improviso una cáscara del fruto antes citado teniendo cuidado de observar las reacciones del individuo que puede ser de dos maneras: si éste detiene con el pecho el cascaroso asunto, lo gambetea, para después chutar a gol, no hay duda de su origen. El sonorense atrapará la cáscara e inmediatamente después la remitirá a una segunda base imaginaria.

De ese pelo.

La referencia no es menor. Los priistas ya pasaron por un momento sublime y similar cuando el gobernador Eduardo Bours coqueteaba con la idea de proclamar a Sonora como un estado independiente de la República y hasta tuvo a sus ‘operadores de medios’ para posicionar la marca “PRI Sonora”.

Pero esa es otra historia.

La imagen de una señora humildemente ataviada agarrando a palazos a la piñata de Jorge Meade vestido con el uniforme del América, en el escenario del auditorio Plutarco Elías Calles es la estampa del momento climático que vive el PRI en Sonora.

La disputa por la dirigencia estatal ha sido llevada al terreno de la exaltación de esos valores cada vez más en desuso, del ‘ser sonorense’. Los priistas no entendieron nada. Basaron su campaña por la gubernatura en esa misma idea y se acabaron su arsenal de ‘ideas’ tratando de fomentar el odio regionalista hacia Alfonso Durazo, un hombre que hizo la mayor parte de su carrera política en el centro del país. Así les fue. Los votantes sonorenses les pasaron por encima avasalladoramente.

Así como no han visto que por cada jugador de beisbol hay en Sonora 50 morros pateando una pelota en las calles, las canchas y los llanos, tampoco ven, o no quieren ver, que más que los estatutos, los usos y las costumbres en el PRI siguen tan vivos como la capacidad de asombro y si desde el CEN se tomó la decisión de designar a Onésimo Aguilera e Iris Sánchez como los nuevos dirigentes estatales, Zaira Fernández y Pascual Soto tendrán que sentarse a negociar lo que no quisieron, no supieron o no pudieron hacer en el momento procesal oportuno.

Muchas cosas han cambiado en el PRI, pero no los usos y las costumbres. Los revolucionarios de hoy son los institucionales de ayer y viceversa.

La ‘asamblea’ de ayer no tiene validez legal alguna, pero sirve para presionar políticamente. La reunión de mañana martes entre Alito Moreno y los exdirigentes nacionales del PRI, entre los que se encuentra Manlio Fabio Beltrones Rivera, tendrá consecuencias y arrojará luces sobre el tema de la sucesión en la dirigencia estatal en Sonora.

El PRI nacional está acorralado, diezmado, fragmentado y dividido. El PRI en Sonora también. Pero nadie hasta ahora quiere rendir lo que les queda de la plaza y están dispuestos a morir matando.

II

Afuera del PRI estatal, las señoras que llegan, ruidosas, festivas, pobres, cargando un féretro con la cara de Alito y una piñata de Meade vestido de americanista.

Adentro, Roberto Ruibal Astiazarán, fresco y alechugado. El ‘operador político-electoral’ de las últimas dos décadas, el que suma más millones en sus cuentas que victorias electoralesen una relación escandalosa e inversamente proporcional, reparte saludos y abrazos mientras consulta con fruición su Smartphone.

Los discursos no dejan lugar a dudas. En el Plutarco Elías Calles se escribió este domingo la historia de una derrota anunciada. Temporal, si quieren. Con revancha, si quieren, porque falta el litigio en tribunales, pero derrota al fin, para Zaira y Pascual.

Si la ganan después es otra historia, pero eso lo habremos de consignar en su momento.

Me quedo, por último, con lo que me pareció el discurso más sincero y autocrítico, más apegado a la realidad política, sin dejar de ser consecuente con su sentido de pertenencia al grupo que hoy pelea la dirigencia estatal, y ese fue el de Karina Zárate.

Indiscutiblemente ‘claudillera’, Karina es una de las dos únicas candidatas (os) que ganaron en las urnas su distrito local, y se sinceró en su intervención. Dijo: “Mi miedo no es hacia el emisario que nos mandaron (Jorge Meade) sino a regresar a la colonia, a donde nos piden resultados en las urnas, y hacerlo con una marca aún más desprestigiada.

“Les cuento un secreto: en el 2021 fue muy difícil hacerlo, y no sentí pena decir que era priista, pero sí me dio pena escuchar lo que la gente cree de nosotros. ¿Y saben algo? Las imposiciones, el juego pseudolegal y los trucos que siempre implementamos no los creemos ni nosotros. Las personas están cansadas allá afuera de estas prácticas y creo que estamos en la última llamada de atención para corregir el rumbo”.

Claro, tampoco se pudo abstener del llamado a la aldea y dijo que “no somos vacas, menos del mismo corral”, pero lo que queda finalmente claro es que en el PRI se está librando una batalla por la sobrevivencia y en ella, muchos van a correr y otros, otros se van a morir matando.

II

La intensificación de la relación bilateral con Estados Unidos que plantean los megaproyectos del gobierno del estado tiene su correlato en el ámbito legislativo. Las nuevas realidades en materia comercial, industrial, migratoria, cultural y en general las que atañen a las vocaciones de Sonora como estado fronterizo no pueden entenderse sin pasar por la armonización de las leyes, incluso las locales en ambos lados de la frontera.

Por ello es significativo el primer encuentro que tuvieron el pasado viernes diputados (as) locales con la Asociación de Gobiernos de Maricopa, una organización en la que participan funcionarios de gobierno, académicos y empresarios de 27 ciudades y tres naciones indígenas del condado de Maricopa, que incluye a la ciudad de Phoenix, una parte del condado de Pinal y el departamento del Transporte de Arizona.

En esta reunión, encabezada en la parte sonorense por la presidenta de la diputación permanente, Natalia Rivera Grijalva y en la que participaron los presidentes de las comisiones legislativas relacionadas con temas de educación, salud, infraestructura fronteriza, conexión carretera, investigación para el desarrollo, entre otros.

Esta es la primera vez en la historia que se da un encuentro de esta naturaleza y por la parte norteamericana estuvieron Alexis Hermosillo, alcaldesa de El Mirage y presidenta del Comité de Desarrollo Económico de MAG; Jack Seller, supervisor del Distrito 1 y expresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa; Brannon Hampton, vicealcalde del municipio de Goodyear; Joel Navarro, concejal del Municipio de Tempe; Antonio Proto, director de la oficina Comercial de la ciudad de Phoenix en esta capital, Así como Lori Gary, directora de Desarrollo Económico del municipio de Goodyear; Amber Wakeman, subdirectora de Relaciones Públicas e Intergubernamentales del municipio de El Mirage; Kelli Williams, directora de Servicios Sociales de MAG; Elsa Beljean, coordinadora de Iniciativas con México, Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de MAG, entre otros.

III

Pensar global, accionar local. Así como se están impulsando grandes proyectos carreteros, aduaneros, ferroviarios y aeroportuarios desde Sonora para fortalecer su relación con el vecino país del norte, hay realidades locales que también se están transformando.

¿A qué se refiere el gobernador Alfonso Durazo cuando habla de que llegó la hora de que les toque a los que nunca les ha tocado?

La respuesta la tienen por ejemplo, los pobladores del pueblo de Tecoriname, en el municipio de Nácori Chico, enclavado en lo más alto de la sierra sonorense, allá donde aunque usted no lo crea, jamás había llegado el tendido eléctrico.

Esto es música para los oídos de otros pobladores de aquella región, como la Mesa Tres Ríos donde aún tienen que resolver sus cotidianidades con plantas domésticas de generación de energía y donde hasta ahora habían vivido de promesas. Proyectos para llevarles la electricidad ya hubo, pero se quedaron en eso, en proyectos.

Pues bien, en los próximos días iniciarán los trabajos para hacer realidad la electrificación del pueblo. Hasta las truchas que producen en la granja del la familia Martínez y Karina, su hija pródiga en Hermosillo, y el buen Abelardo Figueroa. Bien ahí.

Por: Arturo Soto Munguía

Parece un hecho consumado que este fin de semana el CEN del PRI declare improcedente el registro de Zaira Fernández y Pascual Soto como aspirantes a la dirigencia estatal del PRI, y convoque apresuradamente a una sesión de delegados para ratificar a la fórmula integrada por Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu.

Esta asamblea podría darse mañana sábado o el domingo y se anticipa que el conflicto estalle impredeciblemente, pues del lado de Zaira y Pascual están preparando a sus huestes para asistir a esa asamblea donde aseguran, la otra fórmula no tiene mayoría.

Lo que es un hecho es que la asamblea es obligatoria para la ratificación y tiene validez legal con un solo delegado que asista. Falta, sin embargo, que la contraparte lleve a sus consejeros y entonces se arme la rebambaramba.

Este viernes por la mañana, Zaira y Pascual están convocando a una tempranera rueda de prensa en la que seguramente abordarán el tema, toda vez que su eliminación de la contienda luce inminente.

Desde su equipo advierten que no se van a dejar y además de impugnar lo que consideran una imposición del CEN a cargo de Alito Moreno, se preparan para llevar el asunto a tribunales electorales, lo cual colocaría al PRI sonorense en un conflicto interno que a su vez permearía a otros niveles, pues aún tienen enfrente procesos de renovación de comités municipales y dirigencias de sectores y organizaciones.

“No nos vamos a dejar, Alito le ha declarado la guerra al priismo sonorense y vamos a ir a esa ganar esa guerra”, advierte Humberto Robles Pompa, uno de los aspirantes a la dirigencia estatal, que se hizo un lado para sumar su apoyo a la fórmula de Zaira y Pascual.

“Una cosa es el litigio en los tribunales, y otra es la lucha política que vamos a dar para impedir la imposición”, agrega.

Los argumentos del delegado del CEN, Jorge Meade Ocaranza para invalidar la fórmula de Zaira y Pascual tienen que ver con el no cumplimiento de algunos requisitos como no haber tomado el curso “Jesús Reyes Heroles”, mismo que fue convocado también súbitamente, previo ‘pitazo’ a Onésimo e Iris que sí pudieron acudir a la Ciudad de México. El CEN tampoco consideró la posibilidad de que el curso se pudiera tomar remotamente, como se llevaron a cabo otros eventos durante la pandemia.

Hay pues, tambores de guerra en el tricolor de Sonora, y este fin de semana las cosas se pueden poner feas.

II

No sé si ustedes tenían este dato, pero en Sonora han una población de 515 mil 347 perros y gatos en situación de calle. Independientemente de la chinga que se pegaron quienes hayan hecho este censo, esa cantidad animalitos deambulando por las calles de nuestras ciudades y pueblos derivan, necesariamente en un problema de salud pública, para los humanos y para ellos mismos.

De los 736 mil 210 perros y gatos que tienen un lugar en las familias humanas, más de medio millón van por la vida reproduciéndose sin control alguno, siendo presas de enfermedades, expuestos a toda clase de violencias y, dios no lo permita, sucumbiendo al aspiracionismo gastronómico de ciertos taqueros desalmados.

Hasta ahora, nadie había puesto el ojo en este problema, al menos no desde una perspectiva integral y transversal que de entrada crea la Unidad de Salud Animal cuya meta es lograr 20 mil esterilizaciones este año y 70 mil más en 2023 de acuerdo con lo anunciado ayer por el gobernador Alfonso Durazo.

Se sabe que en su campaña electoral, el entonces candidato sumó apoyos entre la comunidad animalera y sus distintas organizaciones que le plantearon tomar cartas en el asunto y avanzar en un programa de reducción de la sobrepoblación canina y felina y en el bienestar de animales abandonados y maltratados.

El programa busca generar conciencia ciudadana para la promoción de la esterilización y adopción masiva de animales en situación de calle, su atención médica y acciones preventivas de sensibilización comunitaria a partir de políticas públicas articuladas entre el gobierno y la sociedad civil.

Este es un programa plausible que vale la pena apoyar, y sería maravilloso que se comenzara a trabajar la idea de un hospital o clínicas públicas para atención a mascotas, pues los animalitos domésticos también se enferman y sufren accidentes, pero las clínicas privadas suelen tener precios elevados, fuera del alcance para miles de familias.

Quizás a usted le haya tocado llevar a su mascota a consulta, a vacunar, esterilizar o a atender alguna emergencia y salir de la veterinaria con la sensación de que pagó por una operación a corazón abierto en el CIMA, y todavía hay que pagar el medicamento.

En alguna ocasión, el Emilio Varela, pareja sentimental de La Camelia que ya tienen más de diez años siendo parte de la familia, salió inopinadamente a la calle y fue atacado salvajemente por el perro de una vecina, al que evidentemente no le cayó bien y lo mandó a la veterinaria con las tripas materialmente de fuera.

Duró internado cinco días y el chistecito nos salió como en siete mil pesos, aunque milagrosamente lograron salvarle la vida y aquí sigue dando guerra.

Pero en serio que si se concretara una veterinaria pública con tarifas accesibles, sería un hitazo y muy probablemente hasta autofinanciable. En fin.

En el evento, la fiscal estatal Claudia Indira Contreras presentó a la perrita ‘Golda’ que forma parte de un programa piloto de canoterapia para menores víctimas de violencia familiar o abuso sexual que no se encuentran en condiciones emocionales para rendir declaración ante las autoridades.

Por: Arturo Soto Munguía

Está subiendo de intensidad la campaña interna para renovar la dirigencia estatal del PRI en Sonora.

Todo lo que no sucedía en este largo, largo proceso que debió comenzar en noviembre del año pasado está pasando en estos días cuando la metralla suena en fuego cruzado y la duda ya no es tanto quién sucederá a El Pato de Lucas y a Kitty Mazón, sino cuántos daños colaterales dejará la refriega.

Por un lado Zaira Fernández y Pascual Soto andan muy maderistas promoviendo el sufragio efectivo y la no imposición, sudando el calcetín en reuniones con dirigentes municipales, liderazgos locales, consejeros políticos y líderes de sectores y organizaciones y llamando a sus contrincantes a medirse en las urnas.

Eso en el plano de lo políticamente correcto, porque en el otro, han dejado sus huellas dactilares en algunos videos de autoría desconocida que circulan profusamente en redes sociales acusando al delegado del CEN, Jorge Meade de ser el coordinador de campaña de Onésimo Aguilera y buscar imponerlo en la dirigencia por instrucciones de Alito Moreno.

Por el lado de Onésimo e Iris Sánchez Chiu, la otra fórmula, no se les ha visto muy activos en la promoción del voto y parecen tener cifradas sus esperanzas en que las instancias nacionales de su partido descarrilen a sus adversarios, que fueron impugnados por presuntas omisiones en los requisitos para inscribirse en esta contienda.

También por debajo de cuerdas han dejado correr versiones de que Zaira y Pascual representan los intereses de Claudia Pavlovich, a quien acusan de haber ‘entregado la plaza’ a Morena en las pasadas elecciones. En ese rubro, aseguran desde el equipo de Zaira y Pascual, es el único en el que les ganan, pues Onésimo e Iris representan los intereses de Alito Moreno a quien responsabilizan de haber entregado al menos ocho gubernaturas durante su gestión como dirigente nacional.

En ese contexto el escenario no se vislumbra sereno. Si desde el centro del país se decide invalidar la fórmula de Zaira y Pascual habrá rebelión en la granja y eventualmente varias renuncias; si se llega a la elección en asambleas municipales de consejeros programadas para el próximo 24 de junio, la posibilidad de que algunas sean violentadas aparece en ese horizonte, si se considera esa versión que anda circulando en el sentido de que para ese fin podrían ser utilizados jornaleros agrícolas de la costa de Hermosillo, básicamente.

El delegado Jorge Meade Ocaraza debería estar sopesando estos escenarios.

II

Varias cosas quedaron claras tras el encuentro del gobernador Alfonso Durazo con directivos y periodistas de medios de comunicación con sede en diferentes municipios del estado -señaladamente la capital- con motivo del Día de la Libertad de Expresión.

Una de ellas, que me parece de lo más importante para la salud de la vida democrática del estado es que el nuevo Sistema de Comunicación Social que encabeza Edgar Hiram Sallard no será usado para la persecución política, el denuesto y las campañas negras contra personajes de la oposición y contra periodistas de línea crítica hacia las posiciones oficiales.

Cabe apuntar que en el gobierno de Claudia Pavlovich se dieron pasos importantes en ese sentido, después de que tanto Telemax como Radio Sonora fueran convertidos durante el padrecismo en una trinchera de sicarios, una extensión de las posiciones más retrógradas del gobierno y del PAN, y de esto pueden dar testimonio hasta los morenistas que hoy están en el gobierno.

Hoy, Telemax y Radio Sonora bajo la dirección de Paulina Ocaña y Tirso Amante están avanzando en el camino de convertirse en verdaderos medios de Estado, que no es lo mismo que de gobierno y mucho menos que de partido.

Dos: el recorte al presupuesto de Comunicación Social pegó fuerte a todos los medios, pero la ‘cobija’ se estiró hasta donde pudieron para cubrir a la mayoría. Aun así varios quedaron fuera y a otros que estaban acostumbrados a facturar cheques de seis ceros (a la derecha, obviamente) vieron mermados sus ingresos.

Tres: la voluntad expresa de avanzar en la definición de criterios objetivos, medibles y verificables para que esos convenios se determinen más por esos criterios que por la discrecionalidad de los funcionarios en turno.

El gobernador reiteró sin embargo, que los convenios de publicidad no son condicionantes para el no ejercicio de la crítica, parte consustancial del periodismo y ésta puede hacerse ‘con convenio o sin convenio’.

Cuatro: la apertura del gobernador para instalar una mesa para revisar las condiciones en que se desempeñan los medios de la entidad a fin de consolidar una estrategia que les beneficie: “tengo una vocación democrática y me gustaría contribuir a la consolidación de todos los medios”, dijo.

Se manifestó además, a favor de la propuesta del presidente de la República para destinar una parte del presupuesto de la comunicación institucional a garantizar prestaciones sociales a reporteros (as) que en muchísimos casos carecen de acceso a servicios médicos, pensiones, jubilaciones y de seguridad social en general.

El tema da para mucho y habrá que tomarle la palabra al gobernador y comenzar a arrastrar el lápiz para presentar propuestas en foros convocados por los propios periodistas. Por cierto, no se partiría de cero, pues durante años ya se han esbozado planteamientos en ese sentido.

III

Por fin se acabaron dudas y la nueva titular del Instituto Superior de Auditoría Fiscal resultó ser Beatriz Elena Huerta Urquijo.

En sesión extraordinaria el Congreso del Estado aprobó ayer su nombramiento después de un proceso en el que se inscribieron catorce aspirantes que tuvieron que pasar varios filtros de la Comisión de Fiscalización, encargada del proceso desde la convocatoria, las entrevistas con los interesados y el análisis de sus propuestas.

Hubo una primera aduana en la que pasaron seis finalistas y finalmente el pleno del Congreso se decantó en una votación que superó la mayoría calificada, por Huerta Urquijo quien ocupará el cargo por siete años, una vez que rinda protesta en la próxima sesión de la diputación permanente.

En un siguiente proceso, cuya convocatoria fue presentada ayer, serán electos los titulares de los órganos internos de control del IEE, del propio ISAF; el Istai, la CEDH, el TEE y la FGJE, por lo que los interesados (as) deberán presentar su documentación en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, del 13 al 17 de este mes de junio.

Así que ya lo sabe, aspiracionista lectora, fiscalizador lector, si ustedes acreditan experiencia en temas de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y contabilidad gubernamental, apresúrese a compilar los documentos que exige la convocatoria que será publicada próximamente en el portal del Congreso.

Fue una muy nutrida orden del día la que debió desahogar la presidenta del Congreso, Natalia Rivera, en la que destacan los decretos para garantizar la autonomía del ITSON y de El Colegio de Sonora; también se presentó un proyecto de decreto para modificar la integración de la Junta de Gobierno del Isssteson, la cual estará presidida por el gobernador del estado, y el director General del instituto pasará a ser Secretario Técnico con derecho a voz.

Por: Arturo Soto Munguía

A algunos les deben haber chillado los oídos ayer por la tarde en el patio central de Palacio de Gobierno, con la rúbrica del mensaje que con motivo del primer aniversario del triunfo electoral que acabó “con una historia de gobiernos de mediocre calidad moral”, Alfonso Durazo aprovechó también para hacer un llamado a su gabinete “a no perder el tiempo en la política pequeña, la de la intriga, la que nos divide, nos desgasta y enferma el alma”.

En un foro colmado por sus colaboradores, invitados especiales, alcaldes(as) y legislador@s, el gobernador hizo el recuento de los 365 días transcurridos desde aquella tarde en que se conoció el resultado de la jornada electoral que lo llevó a ocupar la oficina principal del histórico edificio y con él, todo el equipo allí presente.

En lo que podría ser el borrador de su ya próximo primer informe de gobierno, Durazo Montaño resumió las dificultades financieras que enfrentó al tomar las riendas de la administración estatal y cómo las han remontado al grado de que para el próximo mes se habrán liquidado todos los créditos de corto plazo solicitados para superar la emergencia inicial, de manera que en adelante dispondrá de 250 millones de pesos mensuales que se orientaban a pagar esos créditos y ahora se podrán destinar a la atención de las demandas de los sectores históricamente desatendidos.

Entre líneas hizo alusión a las intensas jornadas de trabajo en campaña, las dificultades que enfrentaron todos los que participaron en ella y a la responsabilidad que implica ahora cumplirle a los sonorenses, apegados a los principios de la Cuarta Transformación y a la ‘marca de la casa’: la convicción de que por el bien de todos primero los pobres.

Citó el mayor presupuesto social de la historia y los grandes proyectos que están en marcha para el desarrollo económico del estado, “gobernando para todos sin importar ideologías, creencias ni militancias políticas”.

Pero en la parte final de su discurso vino una especie de ‘leída de cartilla’ para aquellos que eventualmente caigan en la tentación de tomar distancia de la nueva forma de hacer política: “Hacer política es gestionar el bienestar de la gente, si nuestras acciones no van en ese sentido, no estamos haciendo el tipo de política que le interesa a los sonorenses”. El poder, les dijo, “es nada sin autoridad moral”.

Así que hizo un llamado a que nadie vaya por la vida con redobles de triunfadores; no son tiempos de andar peleando intermedias, tampoco de simular, sino de actuar con lealtad y sentido de pertenencia al proyecto “y el proyecto, que es impresionantemente generoso les va a recompensar con mucho más de aquello a lo que ustedes aspiren”, afirmó.

Desde luego hizo un reconocimiento al presidente de la República, al que llamó ‘el líder social más importante de este país’, agradeció su apoyo y llamó a seguir su ejemplo. Claro, es la euforia de la victoria. La del año pasado y la que se refrendó el pasado domingo para ese movimiento que quizás tenga sus orígenes en el movimiento estudiantil de 1968 y en todas las luchas sociales, políticas y electorales desde entonces.

Pero como en la euforia no falta quien se maree con el vientecillo que sopla arriba del ladrillo, el gobernador les advirtió también de no perder el tiempo en la política de intrigas, la que nos divide, nos desgasta y enferma el alma. Ah, y que tampoco le anden quemando incienso, porque esos tiempos ya se acabaron.

Ignoro si lo dijo por alguien en particular o simplemente fue un chaleco unitalla, por si las moscas.

Lo cierto es que el gobernador no habló en el vacío cuando llamó a trabajar en el cumplimiento de los compromisos de su administración y no andar de farolones y grillos de poca monta.

Apenas unas horas antes, firmó con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos un convenio de colaboración para la conformación del proyecto interestatal de la carretera Guaymas-Chihuahua, en el que trabajarán durante los siguientes cuatro años y que en conjunto representa una inversión de 13 mil millones de pesos.

La obra comprende 250 kilómetros en Sonora y 185 en el vecino estado. No será una simple ampliación, sino la rectificación de una rúa bastante sinuosa que atraviesa la parte más alta de la sierra en ambos estados, lo que reducirá el tiempo de traslado en casi tres horas entre Chihuahua y Guaymas.

II

Donde también hubo buenas noticias es en el Ayuntamiento de Hermosillo, pues el alcalde Antonio Astiazarán anunció un plan para invertir cien millones de pesos en la producción y distribución de agua potable, asegurando el abasto para esta temporada de calor.

El Plan de Verano 2022 incluye la rehabilitación de 18 pozos, cambio de válvulas, equipos y micromedidores.

Esta es una medida emergente en estos días cuando la ciudad ha resentido los efectos del elevado consumo de agua propio de la temporada, pero próximamente se presentará un programa de gran visión y a largo plazo que se apoyará en expertos en el tema y la Junta de Gobierno del organismo operador.

En este plan se incluirán mejoras en la red de distribución, en materia de abasto y tratamiento y reúso de las aguas residuales.

Actualmente, la principal fuente de abasto en Hermosillo es una batería de 80 pozos que tienen una antigüedad de 15 años y de los cuales ya se rehabilitaron 18. En otro paquete se contempla una inversión de 40 millones provenientes de un subsidio que el ayuntamiento otorgó para dotar de equipo nuevo a 65 pozos.

El plan incluye la instalación de equipo de video vigilancia en 17 servicios de captación para detectar fallas, caídas de energía y reaccionar más rápido ante imprevistos. También se destinarán 10 millones de pesos para dotar de tinacos gratis a usuarios que no cuenten con sistema de almacenamiento, previo estudio socioeconómico.

El alcalde aseguró que hay agua suficiente garantizada para este verano.

Por: Arturo Soto Munguía

No están ustedes para saberlo aunque yo sí para contarlo; ayer que llegó el operativo sorpresa de la Contraloría estatal y la Fiscalía Anticorrupción a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue como si hubieran rociado banquetas y oficinas con pintura invisibilizadora marca ACME: desaparecieron todos los coyotes.

Se sabe que estos operativos son aleatorios, pero como en política no hay casualidades resulta sumamente notable que se llevara a cabo después de una serie de sospechosos cambios en la estructura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre los que se cuenta a tres subsecretarios y varios presidentes de Juntas locales, en medio de muchas acusaciones sobre la corrupción que prevalece en esa dependencia.

La mecha la prendió José Luis Lomelí, subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad, con una carta de renuncia en la que evidenció una serie de manejos turbios a cargo de lo que llamó un ‘gabinete de sombra’: el círculo cercano a la titular del ramo, Olga Armida Grijalva, donde destacaba el subsecretario Antonio Ruiz García y el secretario particular de Grijalva Otero, Efraín Zamora.

Lomelí fue relevado por América Murrieta Saldívar, quien renunció unas semanas después. El enrarecido clima laboral (vaya paradoja) en la Secretaría del Trabajo se atribuía a la tenebra operada por Antonio Ruiz, a quien finalmente le llegó la guillotina la semana pasada. Se sabe que el señor Ruiz García era una posición de la CTM en esa dependencia y que era el comandante en jefe de todas las triquiñuelas que a la postre, se traducían en pingues ganancias.

El punto que resulta muy significativo es que por primera vez, la Contraloría se hizo acompañar de personal de la Fiscalía Anticorrupción y les pasaron una báscula que ya quisieran los judiciales de los 80’ para un sospechoso de conspiración contra la democracia occidental y cristiana. Revisaron controles internos, libros de gobierno, flujo de dinero y si no atraparon un coyote fue porque, como les dijimos líneas arriba, desaparecieron como si hubieran ido tras el correcaminos.

Las huestes del contralor Memo Noriega salieron con varios expedientes bajo el brazo y al menos uno de ellos que definitivamente da para una investigación penal y que en el momento procesal oportuno les informaremos cuál es. De la evidencia recogida se determinará si proceden auditorías más completas o si basta con proponer mejoras en los procesos.

Por lo que hemos podido averiguar, el telón de fondo en toda esta trama tiene que ver con una viejísima inercia de complicidades entre funcionarios del Trabajo, despachos divinos, empresas y sindicatos, señaladamente de la CTM, que tuvo sus momentos de gloria durante los gobiernos del PRI y el efímero padrecismo panista.

Y por lo que se ve, el actual gobierno estatal ha tomado la decisión de pegar el manotazo en la mesa y acabar con esos viejos vicios, lo cual por cierto vendría a oxigenar un área estratégica para los proyectos de desarrollo económico que trae en su agenda Alfonso Durazo.

Algunos de los casos más recurrentes de corrupción en esa secretaría están relacionados con el doble papel de algunos funcionarios que a la vez fungen como asesores de empresas y su relación con los llamados despachos divinos; es común también que en algunos casos los funcionarios se queden con una parte del dinero que corresponde a un trabajador que gane un juicio (hay casos en que los cheques salen a nombre de un funcionario y no del trabajador).

La dilación de la justicia en demandas por despido es otro procedimiento que se cobra caro, y no solo afecta al trabajador que se encuentra desempleado, sino a la empresa que a la larga tiene que pagar cantidades mucho mayores porque las prestaciones se disparan.

Este tipo de prácticas dilatorias se han traducido en la acumulación de expedientes que a su vez provoca un serio rezago que satura las oficinas con sobrecargas de trabajo, y ya ni hablar de temas como los contratos de protección que sirven para extorsionar a empresarios de todos calibres, incluyendo los más pequeños.

Cualquiera que se dé una vuelta por las juntas del trabajo para pedir una asesoría, podrá detectar la presencia de abogados que lo abordan, lo enganchan y lo convencen de firmar una demanda.

Mucha gente no tiene idea de esos procedimientos legales y no se dan cuenta que con su firma, le otorgan al abogado en cuestión facultades múltiples para que actúe en su nombre y representación para recibir finiquitos y desistirse de la demanda. Lo que muchas veces sucede es que el abogado se arregla con el demandado, cobra, retira la demanda y deja al trabajador chiflando en la loma.

Esos son los famosos coyotes. Esos que desaparecieron ayer, cuando llegó el operativo de la Contraloría y la FAS.

II

Los días de Alito Moreno en la dirigencia nacional del PRI están contados. Si, como todo parece indicar, Morena le vuelve a pasar la aplanadora por encima a la Alianza Va por México en las elecciones estatales del próximo domingo, el campechano no tiene nada que hacer al frente de lo que queda de ese partido.

No me lo crean a mí, pero a partir del lunes comenzará una serie de manifestaciones de los propios tricolores para deshacerse de lo que consideran un pesado lastre rumbo a la sucesión presidencial 2024.

Pero no solo es en el PRI donde el campechano trae el santo de espaldas. En los propios partidos opositores aliados, señaladamente en el PAN comienza a crecer la idea de que con esos amigos no van a llegar muy lejos. El razonamiento, claro, se movería en la lógica de que para cargas negativas, ya con Ricardo Anaya, Calderón, Fox, el Jefe Diego y otras joyitas tienen suficiente.

Los misiles soltados por la senadora Layda Sansores contra su coterráneo fueron tan estridentes que ni siquiera dejaron oír las voces que se quejan por la ilegalidad de las grabaciones obtenidas, ni su nulo valor probatorio en un eventual litigio.

Alejandro Moreno fue aniquilado, como sería la intención de Palacio Nacional, según la otra grabación con la que quiso defenderse el priista, y en la que Manuel Velasco le advierte que por instrucciones del número uno y el número dos (AMLO y Adán Augusto, en clave) lo harían papilla si su bancada no votaba a favor de la reforma eléctrica, como de hecho pasó.

Pasó que el PRI votó en contra y pasó que a Alito lo trituraron.

Lo que este episodio deja claro, es que Morena en el gobierno federal ya recurrió al arsenal de mañas y trapacerías que, como buenos sobrevivientes de aquellos años en que militaban en el PRI-Gobierno, aprendieron muy bien y lo están usando.

Escuchar al presidente decir “yo no me meto en esas cosas”; al secretario de Gobernación sonreír pícaramente y preguntar “¿Con esta voz, cómo voy a amenazar a alguien?”, o ver a Layda festejar desde la obscenamente lujosa finca heredada por su padre, un cacique priista en toda la extensión de la palabra, es el mejor flashback de aquellos años en que los tres militaban en el PRI-Gobierno, que está de regreso.

Y que desde luego, sabe cómo ganar elecciones a costa de lo que sea. Si no, que le pregunten a Muñoz Ledo, que ya está muy viejo, pero todavía se acuerda bien.

Por: Arturo Soto Munguía

Había tardado, pero en la trepidante saga de piquetes de ojos, zancadillas y patadas voladoras en la Secretaría del Trabajo ya apareció el nombre de Javier Villarreal Gámez, el dirigente estatal de la CTM a quien le atribuyen no solo el padrinazgo sobre Antonio Ruiz García, sino sobre la mismísima titular, Olga Armida Grijalva, que puede ser la siguiente baja en el mesón del duracismo.

Y es que el telón de fondo de los últimos acontecimientos en esa dependencia aparece la disputa por el control de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde corren cantidades nada despreciables de dinero por motivos que explicaremos más adelante.

Lo que derramó el vaso y provocó la renuncia del subsecretario Antonio Ruiz García fue la ‘luz verde’ que se le dio a la CTM para el emplazamiento a huelga en varias empresas por el pago de utilidades, mismos que operó Javier Villarreal a través del subsecretario, con quien mantiene una añeja relación que a la postre llevó a Ruiz García a ocupar la presidencia de la Junta Federal del Trabajo, mientras Olga Armida fungía como delegada de la Secretaría del Trabajo (federal) en Sonora durante el gobierno de Claudia Pavlovich.

Tanto Olga Armida como Antonio Ruiz, se dice, son posiciones del líder cetemista.

Olga Armida y Antonio Ruiz son también viejos amigos y cuando la primera ocupó la presidencia del entonces Consejo Estatal Electoral, el segundo se desempeñó como abogado externo de esa institución.

Ya se ha consignado aquí que el tenso clima laboral en la Secretaría, pero particularmente en las juntas locales de conciliación donde se han removido varios titulares (destaca la de Obregón, donde van cinco en siete meses) es resultado de la influencia de Ruiz García, que operó los ceses en las juntas cuando sus titulares no se prestaban a sus ‘jugadas’, pero terminó renunciando en días pasados porque desde Palacio no parecen muy contentos con la displicencia en el trato hacia Javier Villarreal.

Así, el cese de Antonio Ruiz no sería el inicio de la desarticulación del grupo cercano de Olga Armida, sino de las posiciones que tiene el dirigente cetemista en los tribunales laborales. Pero es al mismo tiempo una advertencia hacia la secretaria que no ha podido sacar adelante la instrucción de acabar con la corrupción en las juntas. Y con Ruiz García en la subsecretaría, menos podría hacerlo.

Pero, se preguntará con justa razón usted, sindicalista lectora, desocupado lector, ¿qué es lo que está en juego en las juntas locales como para desatar lo que ya se perfila como una limpia en la secretaría del ramo?

En obvio de tiempo y espacio, le daremos algunos elementos. La corrupción en esa secretaría existe desde tiempos inmemoriales y se manifiesta de distintas maneras. La primera de ellas tiene que ver con el control de tiempos y manejo de fechas de las audiencias dentro de los expedientes.

‘Aceitar’ con una lana al presidente de la junta o a funcionarios mayores es usualmente la diferencia entre resolver un asunto en breve o postergarlo por años; con los actuarios sucede lo mismo, por eso algunos andan a las diez de la noche entregando notificaciones, algunas con fecha del día anterior. Todo eso lo han tolerado los actuales y los anteriores titulares de la Secretaría.

En el caso de los emplazamientos a huelga sucede lo mismo, y allí la CTM tiene ‘alfombra roja’ para imponer fechas y procedimientos, obviamente, no gratis.

Eso pasaba antes y sigue pasando ahora. Por eso en Palacio han decidido tomar el toro por los cuernos y comenzar la limpia en la Secretaría del Trabajo para acabar con esas viejas prácticas. Por eso también se dice que la siguiente en bajar del barco podría ser la mismísima Olga Armida Grijalva, que no ha podido revertir esas inercias.

II

Si la deshidratada lectora, el sediento lector forman parte de esa legión que en Hermosillo comienza a pararse de puntitas para atisbar el futuro de esta ciudad cuyo crecimiento y viabilidad no puede entenderse sin el recurso agua, cada vez más escaso, le tenemos buenas noticias.

Ayer, el gobernador Alfonso Durazo mencionó un concepto al que no había aludido ni siquiera como candidato. Me refiero a lo que definió como su ‘gran legado’ y ese no es otro que garantizar el abasto de agua suficiente y de calidad para el consumo humano, el uso industrial y agrícola en la capital del estado.

Si en días pasados el gobernador sostuvo que el acueducto Independencia es insustituible, es claro que su mirada está puesta en el largo plazo y en esa perspectiva aparece irremediablemente la desalación de agua como una opción probada y efectiva, pero además sensible ante los escenarios de conflicto provocados por medidas que a la larga no son sostenibles ni sustentables, como el propio acueducto, que trasvasa el vital líquido de una cuenca a otra, lo cual en principio ya genera problemas de todo tipo.

Ya sea la construcción de una planta desaladora en Bahía de Kino o continuar el proyecto modular (así fue concebido) de la planta que está por comenzar operaciones en Empalme, para abastecer Hermosillo, pero la solución para la capital apunta en ese sentido y ya se están haciendo los estudios correspondientes.

Recordemos que hace más de 20 años la miopía de un alcalde como Pancho Búrquez boicoteó la construcción de una desaladora propuesta por el gobernador Armando López Nogales, que a estas alturas ya se habría pagado sola y estuviera abasteciendo a Hermosillo administrada por el propio ayuntamiento, pues su concesión a particulares ya estaría vencida.

Pero bueno, eso es historia y la realidad se ha encargado de probar que López Nogales tenía razón, y es hora de retomar el proyecto (ese o cualquier otro similar) porque ciertamente, como dicen en Cajeme, de lo que se trata es de gestionar nuevas fuentes de abasto y no dividir un recurso insuficiente.

No hay fecha para esto, pero si el gobernador dijo que ese sería su gran legado, no tengo ninguna duda de que trabajará en ese sentido en los próximos cinco años. Bien.

A vuelapluma

Fuimos de los primeros en condenar en este espacio el contenido de una llamada interceptada a ‘Alito’ Moreno en la que haría palidecer a un perico alvaradeño. Soez y corriente como el que más, el dirigente nacional del PRI soltó de su ronco pecho una serie de sandeces, entre otras aquella de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre.

‘Alito’ es a todas luces indefendible. De hecho, hay quien sostiene que su presencia en la dirigencia nacional es un peligro no solo para el PRI, sino para la eventual alianza opositora rumbo a la elección 2024, lo cual no es muy errado.

Pero del otro lado no cantan mal las rancheras. El propio ‘Alito’ dio a conocer una grabación donde el senador Manuel Velasco (sí, el mismo que envió al hoy desaparecido de la vida pública David León a entregar sobres amarillos con dinero a Pío López Obrador), en papel de cabildero de Adán Augusto López, que a su vez bajó la línea del presidente de la República, amenaza al priista con destruirlo si no plegaba a su bancada a favor de la reforma eléctrica.

Al priista ciertamente lo hicieron garras con la filtración de llamadas obscenas (incluso en lo político) -tampoco es que necesitaran mucho para desacreditarlo-, pero éste respondió con la filtración de esa llamada con Manuel Velasco, que no le pide nada a las suyas en términos de obscenidad política.

Así como el campechano no tiene manera de componer sus dislates documentados en las llamadas que presentó la gobernadora de su estado, Layda Sansores, Manuel Velasco tampoco.

Incluso obtenidos ilegalmente, esos diálogos son el retrato más fiel de una clase política negada a superar las guerras en las alcantarillas. Qué pena.