Categoría: El Zancudo

Por: Arturo Soto Munguía
En estos días cuando parecen multiplicarse las voces que advierten de una escalada en el presidencialismo decidido a ‘ir por todas las canicas’ pasando por encima de los otros dos poderes y de los organismos autónomos, la SCJN levantó la mano para mostrar que no será tan fácil.

En los últimos dos días los ministros de la Suprema Corte han propinado dos reveses al titular del ejecutivo. Primero al invalidar una norma que obligaba a los exfuncionarios del gobierno federal a esperar 10 años para incorporarse laboralmente al sector privado, y que fue presentada por el presidente de la República con el objetivo de evitar que expresidentes y exsecretarios (sobre todo) prestaran sus servicios a grandes empresas trasnacionales donde podrían aprovechar la información privilegiada de la que disponen para hacer grandes negocios.

Al presidente le causan mucho escozor los casos de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, que al término de su mandato fueron contratados por trasnacionales con grandes negocios en México, señaladamente en el sector energético. El lunes, la SCJN la echó por tierra.

Pero más importante todavía es lo que sucedió ayer, cuando nueve de los once ministros del pleno de la Corte le ‘amarraron las manos’ al presidente en el manejo discrecional de los recursos obtenidos por los programas de austeridad, tal y como lo mandataba una ley presentada también por el titular del Ejecutivo.

El tema no es menor. En los primeros tres años de su gobierno, esos recursos ascienden a 13 mil millones de pesos provenientes básicamente de las medidas de austeridad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero casi la mitad tiene su origen en los organismos autónomos.

Esos recursos eran aplicados en los programas federales “o al destino que por decreto determine el presidente”.

Los ministros concluyeron que esa norma violenta la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir el destino del gasto público.

Si ayer el presidente calificó como una aberración la resolución de la SCJN que invalidó la norma alusiva a los exfuncionarios y adelantó que la combatiría legalmente, su molestia aumentará hoy al enterarse del nuevo revés de los ministros.

Pero eso no sería nada si en los próximos días su iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica es declarada inconstitucional en el máximo tribunal del país. Ayer, la sesión en la que se discutía el tema tuvo que ser levantada sin conclusiones, pero al menos dos ministros adelantaron ya su voto en contra, argumentando que esa ley viola el principio de libre competencia que se debe buscar en el sector, privilegia las facultades de la CFE y cancela las subastas para adquirir energía, lo que afectaría a los usuarios finales al elevar el precio de la electricidad.

El escenario en que se declare inconstitucional es poco probable, pues para ello se requiere el voto de ocho de los once ministros y ministras; es decir, al gobierno le basta con conseguir cuatro votos a favor de la constitucionalidad para desechar todos los recursos legales que se han presentado contra esa ley.

Pero esa es una parte del problema. La otra es la reforma constitucional que está por discutirse y en su caso aprobarse en la cámara de diputados, relacionada con el sector energético. Una cosa es la Ley de la Industria Eléctrica que se discute en la Corte, y otra la reforma eléctrica que se discutirá en la Cámara, donde a Morena y sus aliados les faltan 55 votos para alcanzar la mayoría calificada requerida para una modificación constitucional.

Y el PRI ya adelantó que votará en bloque contra la reforma, lo mismo que el PAN y el PRD, que en conjunto presentarán una propuesta alterna.

La propuesta del presidente es la columna vertebral de su proyecto en el rubro energético y si no pasa en el Congreso el coraje en Palacio Nacional será mayúsculo. Tema aparte es la presión del gobierno y las corporaciones norteamericanas que han puesto en duda la continuidad del T-MEC si esa reforma se aprueba.

Pero por si algo faltaba, tampoco la propuesta presidencial de reforma electoral tiene el camino despejado. El tema del que más se ha hablado sobre esta iniciativa es el de la elección directa en las urnas, de consejeros del INE y magistrados del TEPJF.

La propuesta parece vestir el ropaje democrático, pero el diablo está en los detalles. Los candidatos y candidatas serían propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a razón de 20 personas cada uno de esos poderes, diez hombres y diez mujeres.

¿Alguien pondría en tela de duda las filias políticas de las eventuales propuestas de Presidencia? En un Congreso de mayoría morenista, ¿cuántas personas identificadas con la oposición serían aprobadas? Creo que muy pocas. Y lo mismo ocurriría con las propuestas de la Corte.

Al final, la ‘plantilla’ de candidatos y candidatas estaría compuesta mayoritariamente por personajes identificados con el gobierno federal y tanto el INE como el TEPJF quedarían integrados por puros afines a la 4T. Sobre todo porque una elección como esta difícilmente despertaría el entusiasmo ciudadano de manera masiva, y más bien el voto provendría de las bases electorales de los partidos, donde obviamente la ventaja la tiene el partido del gobierno, programas clientelares incluidos.

Esos son algunos de los ‘peros’ que la oposición le está poniendo a la propuesta presidencial en la materia, cuyo destino es más bien incierto. Si no pasa, vendrá otro coraje en Palacio Nacional.

II

Pero bueno, no todas son malas noticias. Acá en Sonora la rueda de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo tuvo puras buenas: ya está lista la asignación presupuestal para la carretera que unirá a Guaymas con Chihuahua, proyecto en el que se invertirán 13 mil millones de pesos junto a la federación y el gobierno de aquel estado.

Esta es una obra anunciada desde el inicio de la actual administración y ya está listo el proyecto ejecutivo, la asignación presupuestal y los acuerdos con el vecino estado, de manera que en muy poco tiempo podremos comenzar a ver las máquinas trabajando. Son muy buenas noticias para Sonora, y en particular para el alicaído puerto de Guaymas, al que ya le toca una buena racha.

Por otro lado, el gobernador anunció que el premio para el primer lugar en la carrera Río Sonora Trail 2022 aumentará de 50 mil a 500 mil pesos y habrá una bolsa acumulada de 500 mil pesos más para los ganadores en las diferentes categorías. Se espera, dijo, la participación de mil personas en esta justa deportiva que tiene el objetivo de promover las bellezas de esa ruta y sus destinos turísticos.

La secretaria de Turismo Célida López Cárdenas invitó también a los y las fotógrafas sonorenses a enviar sus mejores trabajos de paisajes regionales para montar la exposición itinerante ‘Sonora, un tesoro por descubrir’ que se exhibirá en la Ciudad de México el próximo 15 de junio.

Por: Arturo Soto Munguía
Desde el ‘Mátenlos en caliente’ de Porfirio Díaz hasta el ‘Comes y te vas’ de Vicente Fox, pasando por el ‘Sí robé, pero poquito’ de Hilario Ramírez “Layín”, la historia de la política mexicana no podría entenderse sin esos portentosos desplantes de síntesis que en dos o tres palabras resumen momentos épicos y describen la catadura de sus protagonistas; su grandeza o su miseria humana; su talante autoritario o su vocación democrática.

Vicente Fox fue sin duda un venero de estos chispeantes destellos de espontánea honestidad para autodefinirse como el zafio que es, que sigue siendo. Al término de su mandato, Andrés Bustamante, bajo el personaje de ‘Ponchito’ recopiló en un pequeño libro las “250 frases que sacudieron al país”, la mayoría de ellas originadas en el ronco pecho y flaco cerebro del mandatario, pero también de otros actores de ese sexenio.

En su cuarto año de gobierno y producto de una exposición mediática mucho más intensa, Andrés Manuel López Obrador ya daría para una enciclopedia de frases chuscas, divertidas, preocupantes, certeras, lacerantes y algunas también de pena ajena, pero esa es otra historia y ya habrá quien las recopile.

Nuestra clase política es pródiga en la generación de estas perlas de sabiduría o de ignorancia. Podría decirse que ellos y ellas inventaron los memes antes de que se les conociera como memes. Algunas de esas joyas resultan divertidas en extremo, pero otras hacen cruzar una sombra de preocupación sobre las audiencias porque generalmente son soltadas a botepronto y resultan una traición del subconsciente, un sentimiento que se fuga sorteando esos laberintos de la solemnidad que suelen galvanizar el discurso político.

Este es el caso de lo expresado ayer por el senador Armando Guadiana Tijerina, un pintoresco personaje que parece sacado de las descoloridas páginas de ‘Los Supermachos’, aquella historieta legendaria de Eduardo del Río (Rius).

Guadiana tiene un extraordinario parecido con Don Perpetuo del Rosal, el alcalde de San Garabato Cucuchan que decidió mudar su oficina a la cantina del pueblo, porque para atender asuntos de Estado da lo mismo un escritorio que una barra, decía.

Alguien lo define así: “De botas y sombrero de ala ancha, de eternos lentes oscuros y bigotazo ranchero, miembro fiel del RIP (eran épocas en que la censura no hubiese permitido usar el nombre del PRI), don Perpetuo hacía y deshacía a su antojo, con todo el autoritarismo, el cinismo y el populismo de tantos políticos mexicanos de ayer, hoy y mañana”.

Pues parece que el senador Guadiana no solo se parece físicamente a Don Perpetuo, sino que realmente es su alter ego.

Ayer, cuestionado por la periodista Azucena Uresti sobre el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar al secretario de Gobernación Adán Augusto López (a quien acompañó en Coahuila) para que participara en diversos actos de promoción de la consulta de revocación de mandato (uno de ellos en Sonora), don Perpetuo coahuilense espetó con naturalidad un “Si así fue ¿qué tiene?, es por su seguridad”.

Y es en esa naturalidad donde reside la preocupación. La participación de funcionarios públicos en la promoción de la consulta de revocación es un asunto que aún no se dirime en tribunales pero existe una resolución del TEPJF que lo impide. De lo que no hay ninguna duda es de la prohibición del uso de recursos públicos para el proselitismo político y eso, el señor Adán Augusto López se lo pasó por lo más elevado del arco de sus huevos, como hay testimonios y evidencias de sobra.

El segundo responsable de la gobernabilidad en el país, el hombre que porta la investidura de la legalidad y el respeto a las normas simplemente las pisotea con frescura. Y con alarde y sorna, hay que decirlo, pues en Hermosillo donde arengó en la plaza pública a favor de la consulta y de que se quede el presidente, espetó que si lo corren los del INE se viene a trabajar con (Alfonso) Durazo y que en todo caso, será un honor que lo corran por defender al mejor presidente que ha tenido México.

Esto, que puede parecer parte de la picaresca política mexicana en realidad no lo es tanto. El ‘Qué tiene’ del senador Guadiana en realidad resume la normalización de la ilegalidad desde el poder. El abuso, el autoritarismo, la impunidad, el desplante de soberbia de quien sabe que se puede violar y torcer la ley si en ello va la defensa del proyecto político que defiende.

Uno de sus contemporáneos en el PRI de los 80’ lo hizo en Chihuahua en aquel memorable ‘fraude patriótico’. Su nombre es Manuel Bartlett y hoy se encuentran de nuevo juntos en el mismo proyecto.

II

En descargo, hay que decir que el señor Adán Augusto puede hacer eso y más porque quiere y porque puede. Como en el jurásico priista, el actual gobierno carece de contrapesos importantes. La oposición anda más entretenida en sus guerras intestinas que en presentar batalla para recuperar el poder o al menos, para conquistar posiciones que equilibren la correlación de fuerzas.

Ayer, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno reveló que iniciarán procesos para expulsar de ese partido a la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y al de Sinaloa, Quirino Ordaz por haber aceptado el Consulado de México en Barcelona y la embajada en España, respectivamente.

Independientemente de la profunda preocupación y desespero que tal amenaza les provoca, Quirino y Claudia seguramente andarán ahorita buscando la mejor paella para platicar sobre el asunto en torno a ella.

Por cierto, me informan que al menos en el caso de la exgobernadora ya alista su defensa legal para evitar la expulsión, y que el litigio lo encabezará un joven abogado que colaboró con ella en el área jurídica de su gobierno. No estoy en condiciones de revelar su identidad, pero puedo adelantarles que sus iniciales son I de Iván, J de Jaimes y A de Archundia. Eso dicen.

Y a propósito de fuego amigo entre las huestes tricolores, donde sigue de amor la llama es en el proceso de renovación de la dirigencia estatal en Sonora.

Trascendió el desaguisado que hubo en un encuentro suscitado el pasado fin de semana entre los aspirantes al relevo de El Pato de Lucas, durante una reunión en conocido restaurante de la colonia Centenario.

Hasta allí acudieron los interesados en participar como candidat@s y algunos otros personajes de peso como Ernesto Gándara, el propio Pato y su secretaria General Kitty Gutiérrez Mazón.

Lo que ha trascendido es que hay una molestia general entre los aspirantes Zaira Fernández, Humberto Robles Pompa, Próspero Ibarra, David Palafox, Pascual Soto y Pedro Ángel Contreras porque se tienen indicios que en el CEN del tricolor están retardando la convocatoria para emitir una que venga con destinatario, y ese destinatario, infieren, es Bulmaro Pacheco Moreno.

Las cosas se pusieron intensas y hubo una acalorada discusión entre éste último a quien reportan bastante molesto, y la secretaria general del PRI, Kitty Gutiérrez, tocándole también lo suyo a Zaira Fernández.

Al final, me dicen, hubo acuerdo en exigir a la dirigencia nacional una convocatoria que permita la participación de todos los aspirantes, aunque tal acuerdo no contó con la adhesión de Bulmaro.

Lo cierto es que la convocatoria debió salir desde octubre del año pasado y es hora de que no aparece, lo cual trae nerviosos a los pretensos y está provocando que los ánimos se caldeen más de la cuenta.

Veremos si en los próximos días este tema se incluye en la agenda de Alito, si es que no anda muy ocupado queriendo expulsar a la exgobernadora de Sonora y al exgobernador de Sinaloa.

Qué nervios.

• Por: Arturo Soto Munguía

Por: Arturo Soto Munguía

El verano de 2005 fue uno de los más horribles que se recuerden en Hermosillo. La ciudad se quedó sin agua y entonces comenzó a racionarse el suministro de manera que en la mayor parte de la ‘capital del noroeste’ al abrir la llave salía solo el chasquido del aire que movía los medidores. Es decir, que también se cobraba.

Ya hace 17 años de aquellos episodios tomados a chunga hoy, en que nos bañábamos como los mosquitos, pegados a la pared, acopiábamos los ahorros para comprar un tinaco o en un desplante de opulencia fifí que incluso ahora resultará extravagante para algunos, llegamos a usar un garrafón de agua purificada para el aseo personal.

Así fuera un ‘baño vaquero’ que, para referenciar a los desconocedores, digamos que consiste básicamente en lavarse el pescuezo, los sobacos, las patas, el culo y sus zonas adyacentes.

No quiero asustarlos, pero desde hace unas semanas, en varias zonas de la ciudad se comienza a sentir una disminución en el suministro de agua.

Las noticias que llegan no son alentadoras. La presa El Novillo, de donde tuvo a bien robar agua ese santo varón llamado Guillermo y apellidado Padrés se encuentra tan seca, que las ‘tomas’ (esos tubos de donde se extrae el agua) ya no pueden ‘jalar’ sino aire.

También me tocó reportear ‘in situ’ esa magna obra de ingeniería (eufemismo que se ruboriza para esconder el atraco de más de tres mil millones de pesos ¡tres mil millones de pesos!) y observar los megatubos sumergidos en el agua de El Novillo, que se prolongaban cerro arriba y luego bajaban por kilómetros y kilómetros para llevar esa agua a Hermosillo.

‘El Novillo’, y ‘El Oviachic’ por consecuencia andan hoy por el 20% de su embalse y lo peor es que no llueve en Sonora. Es la hora de ponerse serios y no apelar a la sobrepoblación de ‘putos’ en Guaymas y otras sandeces que pueden resultar cómicas en algún momento, pero no ahora.

Hermosillo no tiene agua y Ciudad Obregón tampoco. El acueducto fue un negociazo para los mismos, incluyendo a esos que ahora levantan la mano como alternativa ante el mismo caos.

En aquel entonces hice una crónica que pudiera parecer apocalíptica, pero 17 años después recobra vigencia porque otra vez estamos a punto de quedarnos sin agua, de bañarnos como mosquitos pegados a la pared o de buscar cualquier recipiente para almacenar algo con qué lavar los trastes. O el cabello, o el sobaco o algo.

Ahí les va. No quiero buscar culpables, porque las víctimas podemos ser tod@s doña María Antonia, esa señora que le da vida al periodismo a ras de tierra, que jamás morirá bajo el fardo de los ‘datos’, siempre tan coquetos con el poder en turno.

II

Va la crónica:

Hace diez años que a doña María Antonia la alberga la misma casa, construida con lo que hace un día fue lámina negra y hoy tiene el color del desconsuelo.

En los veranos de Hermosillo, esas láminas suelen ser utilizadas como referencia para ilustrar las bondades del clima. Sobre ellas, aseguran, se puede guisar un huevo a eso del mediodía, y a lo mejor es cierto.

María Antonia Armenta, se llama y tiene 76 años. En los últimos diez ha sido -como el resto de sus vecinos en La Alborada-, nopales que los políticos van a ver, sólo cuando tienen tunas. Digámoslo más claro: votos.

Pero en estos días no tienen ni tunas, ni votos ni agua.

Bueno, agua nunca han tenido. Ni drenaje. La energía eléctrica llega a algunas casas a través de una maraña de cables que cuelgan a baja altura, enredados en árboles y postes improvisados.

A doña María se le ha venido el mundo encima desde hace cinco meses, fecha en que víctima de un aneurisma, falleció su hijo mayor, empleado de maquiladora. Tenía 40 años y era el sostén económico del hogar donde vivía junto a su madre y su hermano menor, de oficio albañil.

El muchacho le ayuda desde entonces con un poco de dinero. 150 pesos a la semana, según comienza a platicar, cuando ni siquiera parecía que de sus ojos grises podría brotar más llanto.

«Imagínate. Te voy a decir la verdad, un tambo de estos vale 150 pesos, a eso nos lo venden; entonces si compro el tambo, me quedo sin comer en toda la semana», dice la señora tratando de cubrirse del sol con una mantilla que parece gajo de cebolla.

Por eso no ha podido comprar un tambo para guardar agua, ahora que de plano las ‘pipas’ han espaciado sus visitas a la colonia, debido a que el racionamiento impuesto por el gobierno municipal las trae ocupadas día y noche, repartiendo agua en las zonas más afectadas.

«El agua se nos enlama porque la ‘pipa’ dura muchos días sin venir, y tenemos que pichicatearla, no vaya a ser que no venga y nos quedamos secos», explica mientras pone su mano en el filo de un tambo que alguna vez fue de 200 litros, pero el óxido ya lo lleva a la mitad.

En su casa, como en muchas otras de la colonia Alboradas, tampoco hay agua y los vecinos carecen de recipientes adecuados para almacenarla.

La guardan en contenedores de los materiales más dudosos, que tapan con tablas, pedazos de sillas o cualquier otra cosa. Ni pensar en un tinaco. Muy escasos vecinos cuentan con uno de ellos y su situación es verdaderamente complicada, ya que en toda la colonia hay una o dos llaves para abastecer a todos.

Y es que durante 20 horas al día, más de la mitad de la población hermosillense se queda sin suministro de agua potable.

A doña María Antonia eso le tendría sin cuidado, pues nunca ha tenido el servicio de agua en su casa, y desde hace diez años va y viene cargando sus cubetas para llenar sus tambos, incluido el oxidado.

Hace cinco meses, un aneurisma mató a su hijo mayor y desde entonces «todo se me ha venido encima, todas las enfermedades», dice, citando una larga lista de achaques y males que comienzan con la diabetes.

«Esta es la casita donde vivo, si quieren pásenle para que vean la pobreza», dice, como tratando de convencer a los reporteros, del infierno que vive bajo esas láminas que en un tiempo fueron negras.

Un tormento que hasta hace poco le tocaba de a menos, porque lo compartía con su hijo, el mayor, el sostén económico, el que murió hace cinco meses… el que desborda de llanto los ojos grises y entrecerrados de doña María Antonia, que aprieta en su boca la mantilla, como para no desgarrarse toda por dentro.

«Ya hemos ido a pedir tinacos, pero no nos hacen caso; hemos ido al Ayuntamiento, a esa otra parte donde dicen que están dando (tinacos); hemos ido a todas partes pero nadie nos escucha», prosigue, sollozante.

Pero ya no puede ir al centro. Su salud se fue hasta el suelo en las últimas semanas; está enferma y caminar le cuesta mucho trabajo.

Sobre todo en las accidentadas y calcinantes calles de su colonia, una más de las 200 a donde el agua no llega, por disposición de la presidenta municipal, que cada vez parece más confundida, errática y desinformada con respecto al problema.

De la alcaldesa se acuerda doña María Antonia, cuando habla del tandeo:

«Todo se me vino encima; yo no sé de qué partido sean ustedes, pero si son del PAN, díganle a esa señora que con esto, me ha quitado la vida», dice sollozando.

Alguien debería venir a decirle, mirando a los ojos de María Antonia, que el problema del agua sí se va a resolver, pero hasta el verano que entra.

Justo cuando hay elecciones, por cierto.

Por: Arturo Soto Munguía

Como le adelantamos oportunamente, ayer se discutió en las comisiones de Educación y Derechos Humanos una iniciativa de ley que busca prevenir, atender y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades de Sonora.

El tema no es menor. Las instituciones de educación superior son un espacio que de un tiempo a la fecha ha sido tomado por las estudiantes para denunciar múltiples casos de estos delitos, pero la mayor parte de ellos no llegan a las instancias donde se puedan resolver y sancionar.

Se ha llegado al extremo de apelar a la autonomía universitaria o a la protección sindical para evadir la acción de la justicia.

La iniciativa en mención es autoría de la diputada María Alicia Gaytán, de Morena, que en la legislatura pasada presidió la Comisión de Igualdad y Género desde la cual dio una férrea batalla por la protección de los derechos de las mujeres y hoy retoma el tema con una propuesta que desde ya está sacando chispas, sobre todo por las obligaciones que plantea a las autoridades universitarias para denunciar ante el ministerio público y proceder para que exista una consecuencia laboral si el victimario es un trabajador de la institución.

Cito el artículo 11 de esta iniciativa porque creo que es el que mayor polémica generará.

“Al interior de la institución educativa el nivel de gravedad de los actos de acoso sexual se determinará de conformidad con la normatividad interna, pero el responsable de sustanciar el procedimiento que nazca de la denuncia deberá hacer del conocimiento inmediato de estos hechos al agente del ministerio público en los términos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la dirección de Recursos Humanos de la respectiva institución para el inicio del procedimiento rescisorio si así resulta procedente de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, contratos colectivos o reglamentos que los rija”.

“Desde la perspectiva de las estudiantes resulta complejo enfrentarse y defenderse de situaciones de acoso sexual porque además del caso personal, se enfrenta al condicionamiento que la propia estructura educativa, jerárquica y masculinizada aporta al silenciamiento del problema por parte de las víctimas que no disponen de herramientas necesarias para enfrentarse mediante la denuncia a toda la estructura de poder”, expone la iniciativa, que también apunta la ausencia de protocolos para atender este tema en la mayoría de las universidades.

Frente a esto, surge la necesidad institucional de prevenir, atender y sancionar este ejercicio de poder materializado en una relación de subordinación real de la víctima en los ámbitos escolares (…) que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva y que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del mismo sexo, lo cual trae efectos perjudiciales en el ambiente académico y personal de la víctima, agrega.

Aunque también reconoce los esfuerzos de autoridades universitarias para combatir este problema, sostiene que hay un vacío en el marco normativo que actualmente se limita a resoluciones no vinculativas y recomendaciones ambiguas, “pero de lo que se trata es de establecer sanciones proporcionales a los actos cometidos, a que se delibere sobre posibles responsabilidades penales y laborales de sujeto activo de estas conductas tanto por la autoridad civil como por la universitaria”.

En resumen, el objetivo es prevenir los actos de acoso y hostigamiento sexual, pero también crear los mecanismos, protocolos, programas y demás para atenderlos y sancionarlos, garantizando un ejercicio pleno de los derechos de las y los estudiantes universitarios en un ambiente de paz, concordia y ausente de violencia.

En este objetivo se incluye la corresponsabilidad de la comunidad universitaria, así como la capacitación al personal docente y administrativo para que promuevan la prevención y en su caso la intervención correspondiente.

Un punto muy interesante es la prohibición de prácticas de conciliación y mediación para casos de acoso y hostigamiento sexual, pues se sabe que éstas promueven la revictimización y culpabilización de la víctima.

Y otro no menos importante es la consideración como omisiones de la autoridad universitaria, de aquellos casos en que se nieguen a atenderlos o canalizarlos; evitar el acceso a la justicia o impedir a la víctima el acceso a información, material probatorio y evidencias necesarias para la integración del expediente.

La iniciativa generó consensos en las comisiones y pronto será llevada al pleno, donde la discusión para su eventual aprobación promete ponerse intensa.

II

Hermosillo se convirtió ayer en la primera ciudad del país en contar con una flotilla de patrullas eléctricas. El alcalde Antonio Astiazarán entregó las primeras seis unidades de este tipo, en un ambicioso plan que proyecta completar un parque vehicular de 300.

Actualmente la capital cuenta con 70 patrullas de propulsión mecánica, lo que no solamente resulta insuficiente para las labores policiacas en una ciudad de casi un millón de habitantes, sino que su gasto en combustible y costo de mantenimiento constituyen una grave sangría al presupuesto municipal.

Comparadas con estos vehículos, las nuevas patrullas eléctricas generarán un ahorro de hasta 54 mil pesos mensuales, ya que funcionan con electricidad y se cargan con energía solar. Una carga les permite recorrer hasta 394 kilómetros en la zona urbana.

El alcalde anunció que tiene programadas otras dos entregas para el 31 de mayo, cuando se sumarán 220 unidades eléctricas nuevas. Con esto, el tiempo de respuesta se reducirá de 30 a cinco minutos, explicó.

Al igual que las motocicletas eléctricas que recientemente entregó, las patrullas serán asignadas a un solo elemento de la Policía Municipal para incentivar su cuidado, toda vez que en un plazo determinado, el agente podrá adquirirla para su uso particular.

Actualmente, cada patrulla es utilizada por tres elementos, y si tienen ‘la patita pesada’, se la acaban en dos o tres años.

Por: Arturo Soto Munguía
Se tomaron muy en serio las y los diputados el tema de la legislación con perspectiva de género y ayer dictaminaron sendas reformas que vendrán a resolver asuntos que realmente tocan y lastiman la vida cotidiana sobre todo de las mujeres.

De entrada se aprobó reformar el artículo 24 del Código de familia, que parece haber sido redactado en el medioevo, ya que impedía a las mujeres divorciadas volver a casarse en un plazo no menor de 300 días, o someterse a una prueba de embarazo, esto último con la finalidad de saber con certeza la paternidad del bebé en gestación, en caso de que el resultado fuera positivo.

Esta fue una propuesta de la diputada Elly Sallard, del PRI, quien calificó la legislación derogada como una norma totalmente discriminatoria para las mujeres (los hombres pueden casarse cinco minutos después de haber firmado el divorcio), vulnera los derechos de igualdad de las mujeres, su dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, pero además es violatoria de tratados internacionales en la materia.

La iniciativa, expuso, surgió de sus recorridos en campaña durante el proceso electoral del año pasado, cuando varias mujeres le plantearon el drama que representa un divorcio cuando la pareja es uno de los típicos machos que todavía actúan bajo la premisa de que ‘si no eres mía no eres de nadie’; que albergan dudas sobre la paternidad de algún hijo y que hasta llegan al hostigamiento y la violencia.

En ese mismo tenor, la diputada Alejandra López Noriega, del PAN, presentó una iniciativa de ley que busca proteger al cónyuge que, habiéndose dedicado a las tareas del hogar y encontrándose en situación de desigualdad, usualmente queda en el desamparo en caso de divorcio.

También se trata de una reforma al Código de familia para proteger al cónyuge (generalmente la cónyuge) que realiza tareas no remuneradas y a quienes la legislación actual deja en el desamparo en caso de divorcio, si no adquirió bienes o no desarrolló una carrera profesional por dedicarse al hogar.

Por último, el diputado Jacobo Mendoza, de Morena, presentó una iniciativa a favor de la adopción post-mortem, esto es, un mecanismo que garantiza el derecho de adopción aun cuando los padres adoptivos hayan fallecido en el proceso.

La propuesta va en el sentido de que si en el proceso de adopción fallece uno de los cónyuges adoptivos, el otro puede continuar el proceso; o si fallecen ambos, los abuelos pueden seguir el procedimiento siempre y cuando así sea su voluntad y se hayan creado entre ellos lazos afectivos de carácter filial.

La iniciativa también protege a todos aquellos menores que se encuentren sujetos a un juicio de adopción y cumplan la mayoría de edad durante el proceso. En esos casos el juicio debe continuar y la sentencia surtir efecto como si se tratara de un menor de edad.

Son iniciativas que sin duda van orientadas a proteger a las personas más vulnerables, especialmente las mujeres, por lo que probablemente también causen escozor entre la población masculina, señaladamente en aquellos que siguen viviendo en el México decimonónico y creen que aún está vigente el derecho de pernada y otras prácticas históricas de abuso y servidumbre sexual y económica.

Pero si creen que esto para aquí, permítanme decirles que no. Muy pronto habrá de presentarse una iniciativa que sacará aún más chispas entre el machirulismo rapaz, solo que no estoy en condiciones de darles más detalles. Pero aquí se van a enterar en los próximos días sobre este tema.

Y ya que andamos por rumbos del Congreso del Estado, los y las legisladoras enviaron un exhorto al gobernador del estado para que se ponga las pilas en la resolución del conflicto con los concesionarios a quienes se les requisaron los títulos y que desde hace varias semanas mantienen un ruidoso plantón exigiendo se les indemnice conforme a lo que ellos consideran justo (un millón y medio de pesos), aunque el gobierno ya abrió una ventanilla para pagar a razón de medio millón de pesos por concesión requisada.

La bronca, obviamente le va a caer al gobernador Alfonso Durazo (por si le faltara alguna) y en muy buena medida eso deriva del deficiente trabajo que ha realizado en la Dirección del Transporte su titular Lirio del Castillo, que nomás no encuentra la punta de la hebra a la enredada madeja de este conflicto.

Lirio del Castillo, quien solicitó licencia para separarse de su cargo como diputada local (llegó como plurinominal del Partido Verde) y prefirió asumir las riendas de aquella dependencia estatal, ahorita debe estar dándose de topes contra las paredes, porque eso de echarle problemas encima al gobernador en lugar de quitárselos no suele ser lo más recomendable.

Lo paradójico del caso es que fue Claudia Zulema Bours, su ex compañera de bancada verde (aunque ésta sí electa por el voto popular) quien presentó el exhorto de marras, en el que se admite estar al tanto de las negociaciones entre las partes en conflicto, sin embargo no se ha logrado resolver.

Esto debería servir para que la señora Del Castillo pusiera más de su parte para destrabar el conflicto, pero me dicen que no suda ni se acongoja mucho y ahorita anda más ocupada en una consulta popular para modificar rutas del transporte en Hermosillo. Su despreocupación, me dicen, obedece a que se siente muy respaldada por un padrino cuya identidad no me quisieron revelar, pero está fuera de la esfera gubernamental. Eso dicen.

Por: Arturo Soto Munguía
La afiliación de Lilly Téllez al PAN y su intención manifiesta de abanderar a la oposición como su candidata a la presidencia de la República ha hecho reverdecer esperanzas en esa oposición tan huérfana de liderazgos.

Creo, desde esta humilde tribuna, que representa todo lo contrario a esas expectativas. La ex conductora de televisión encarna precisamente todo aquello que alimenta y refuerza la narrativa que mejor le ha funcionado al presidente y al aparato de Estado para ganar la agenda, conquistar audiencias, acendrar la polarización en la que AMLO se mueve como pez en el agua.

Lilly Téllez representa la traición, la incongruencia, el oportunismo, el berrinche y la ausencia de propuestas (¿conocen alguna iniciativa que haya presentado como senadora?).

Sin duda su discurso está plagado de los clichés y lugares comunes que suelen contraponer a los clichés y los lugares comunes oficiales, pero eso no lleva a ningún lado.

Habla y dice lo que quiere oír el sector que odia al presidente, endulzando sus oídos, pero al mismo tiempo se coloca en el pecho una diana donde caben todas las flechas de los tiradores oficiales: fifí, neoliberal, ultraderechista, conservadora, machuchona…

Sería, creo, la candidata ideal. Para López Obrador.

II

Son varias cosas, además de la insuficiencia presupuestal, las que mantienen trabadas las negociaciones entre jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo y la parte patronal que en este caso es el propio Ayuntamiento.

Una de ellas es un convenio firmado entre el sindicato y la contraloría municipal donde se establece que las prerrogativas reclamadas por los inconformes (vales de despensa, apoyos funerarios, de salud y para el pago de luz eléctrica, básicamente) “únicamente podrán ser aplicadas en beneficio de los trabajadores que durante la vigencia del mismo se encuentren prestando sus servicios al referido ayuntamiento, mas no en favor de aquellos que han tenido un cambio de situación jurídica, entendiéndose por tales a aquellas personas que han pasado de ser trabajadores en activo (relación laboral) a formar parte de la lista de jubilados o pensionados de la institución de seguridad social que corresponde (relación administrativa.)”.

Esta cláusula es de alguna manera el origen del conflicto y aunque se han trabajado algunas alternativas para apoyar a jubilados y pensionados con menores ingresos, el asunto se ha complicado porque en el grupo de inconformes hay personas que ganan hasta 182 mil pesos y que bien podrían prescindir de otros apoyos.

Si bien son los menos (20), hay otro grupo que gana 50 mil pesos (28); uno más amplio que gana 35 mil pesos (111) y otro más formado por 298 personas con ingresos de 25 mil pesos.

El grupo más amplio es el que percibe ingresos por 15 mil pesos, integrado por 399 jubilados y pensionados, mientras que aquellos que ganan 7 mil pesos suman 227 y los que ganan 3 mil pesos son solo 40.

En las negociaciones de este conflicto ya hay avances para regresar algunos apoyos -independientemente del convenio que los excluye-, a las personas de menores ingresos (rango entre los 3 mil y 7 mil pesos) y se valora la posibilidad de ampliarlo a quienes obtienen 15 mil pesos, pero el tema ya derivó por el camino de la política partidista y eso entorpece las negociaciones.

Ayer en la manifestación que realizaron en palacio municipal se hicieron presentes el diputado del PT, Sebastián Orduño y el dirigente estatal de ese partido, Ramón Flores para apoyar a los integrantes del Movimiento 30 de julio, como se conoce a la agrupación de jubilados y pensionados.

Una agrupación que ya buscó la intervención del gobernador del estado, Alfonso Durazo, que por cierto se ha mantenido al margen; consiguió una recomendación de la CEDH y ahora llevó el tema al Congreso del Estado, donde estos temas suelen convertirse en moneda de cambio o instrumentos de presión política entre los partidos allí representados.

La capital del estado, como se sabe concentra casi un tercio de la población del estado (y por consiguiente de la lista nominal electoral); constituyó para Morena y sus aliados la derrota más dolorosa en el proceso de 2021 y obviamente su proyección es conquistar esta plaza por primera vez en 2024.

Es desde luego, una lucha legítima considerando que los partidos políticos tienen como divisa principal la conquista del gobierno, pero si en ese lance aprovechan un movimiento que surgió con demandas muy específicas, cabe la posibilidad de que esas demandas se inscriban en una plataforma partidista a la que eventualmente sean ajenos y en determinado momento sean utilizados solo como instrumento de golpeteo político, restándole legitimidad al movimiento.

Se entiende que en su afán por conseguir sus demandas, jubilados y pensionados abran la puerta a la partidización del conflicto, pero también es previsible que eso entorpezca aún más las negociaciones, como ha ocurrido en otros casos. Veremos qué pasa.

III

Ayer hubo elecciones extraordinarias en siete municipios de Oaxaca y cuatro de Veracruz. A Morena le fue muy mal en ambos casos.

No es una muestra representativa o que marque tendencias rumbo a las elecciones estatales del próximo 5 de junio en seis entidades, pero los resultados debieron prender alguna luz de alerta en el partido oficial que, pese a los saldos no del todo favorables obtenidos en 2021 cuando perdieron la mitad de la ciudad de México, han venido construyendo una narrativa de invencibilidad, que al menos ayer rodó por el suelo desde lo local.

En Oaxaca, donde habrá elecciones de gobernador en junio, perdieron seis de las siete alcaldías en disputa. El PVEM, que fue solo, ganó en cuatro; la alianza PRI-PAN-PRD-PANAL ganó una y la alianza PAN-PANAL ganó la otra.

En Veracruz mientras tanto, de las cuatro presidencias municipales que estaban en juego, Morena en alianza con el PT ganó solo una; el PT ganó una, el PRD otra y el partido de nueva creación ‘Podemos’ ganó la cuarta.

Se trata de municipios pequeños, ciertamente, pero a Morena le habría servido mucho ganarlas para reforzar su narrativa triunfalista, sobre todo en vísperas de la revocación de mandato. Porque independientemente de la dimensión de estos triunfos de la oposición, el mensaje que se manda es que la gente desdeñó las opciones de Morena.

En el plano nacional, esos pequeños municipios son una insignificancia en términos de votos. Pero la sumatoria de muchos acontecimientos que se han dado desde la elección de 2021 puede ser que no sea tan irrelevante.

Vienen eventos interesantes como la revocación de mandato, la discusión y aprobación o rechazo de la reforma eléctrica (un tema para nada menor) y las elecciones estatales del 5 de junio, que servirán para dejar atrás el terreno de las especulaciones y arrojarán elementos más objetivos para un análisis de lo que podría ocurrir en 2024.

Por: Arturo Soto Munguía
Cuenta el General Guadalupe Arroyo que cuando tomó la capital del estado de Apapátaro, las finanzas de su movimiento revolucionario eran más bien magras, de manera que al día siguiente metieron a la cárcel a cincuenta ricos, incluyendo al señor gobernador, al presidente municipal y a dos diputados locales.

“Mucho se me criticó después porque no puse en libertad a estos prisioneros cuando se me entregó el rescate que pedí por ellos, pero quiero aclarar que ese rescate lo pedí no para soltarlos, sino para no fusilarlos”, cuenta el General al que da vida, en primera persona, el inigualable Jorge Ibargüengoitia en “Los relámpagos de agosto”.

Pues acá en Sonora estamos a nada de que se escriba un pasaje parecido al de la novela citada, teniendo como protagonistas no a un pintoresco grupo de militares en una tragicomedia de disputa por el poder, sino a los hermanos yaquis que, a como pintan las cosas, no nos van a cobrar por dejarnos pasar sobre la carretera federal 15, sino por no pegarnos un balazo.

Ayer se vivió un episodio en el que sacaron a relucir sus armas y dispararon contra el chofer de un camión de mudanzas que ya les había pagado la cuota en el retén de Loma de Guamúchil, pero según su testimonio, se bajó a tomarse una selfie en el danzante yaqui, una gigantesca escultura que se erigió en lo que fue proyectado como un parador turístico pero que nunca fue habilitado como tal.

(En realidad se trató de otro atraco de Guillermo Padrés para pergueñar poco más de cien millones de pesos que costó la obra, pero esa es otra historia).

El punto es que los yaquis siguen instalados sobre la carretera federal cobrando una cuota por el llamado ‘paso de servidumbre’ (lo cual tiene su razón de ser), pero no es la primera vez que entran en conflicto con usuarios de la carretera, generalmente porque se niegan a pagar la cuota (que en sentido estricto no les corresponde pagar a ellos, sino al gobierno que hizo la carretera y al que los usuarios le pagamos de todos modos en las casetas que administra Capufe).

El gobierno, tanto estatal como federal han entablado negociaciones con autoridades tradicionales de la etnia para levantar esas ‘piolas de cuota’, pero los hermanos yaquis nomás no quieren.

En su más reciente visita a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador esbozó la propuesta de entregarles el monto de lo que recaudan en sus retenes, por la vía de un programa federal, pero ni eso ni anteriores propuestas incluidas en el Plan de Justicia para la etnia los ha convencido.

El asunto se torna más complejo porque no son pocas las evidencias -reconocidas incluso por la Fiscalía General de Justicia del Estado-, de que en esta acción de los yaquis que, insisto, tiene un argumento de legitimidad, participan también otros personajes con intereses ajenos a la etnia y más bien ligados con actividades propias del crimen organizado.

Al chofer del episodio de ayer lo agredieron físicamente, logró subir a su camión y emprender la huida, pero lo siguieron hasta entrar a Ciudad Obregón y le tiraron de balazos.

Cualquiera que se asome a las redes sociales percibirá con preocupación la manera en que comienza a escalar seriamente la aversión y hasta el rencor hacia la tribu entre los usuarios de la carretera, no solo los sonorenses sino cualquiera que transite por ese tramo, y solicitan la intervención de las autoridades civiles y militares para que dejen libre la carretera.

Con todos estos elementos, se está formando un coctel explosivo que cualquier rato puede estallar y salpicar de tragedia el sur del estado.

Los hechos se dan apenas unos días después de que los yaquis habían anunciado una tregua por Semana Santa y de hecho, ayer mismo levantaron el retén, pero no se sabe si fue por esa tregua o porque ‘se calentó el terreno’ con la agresión al camionero.

II

Algo de pimienta le pusieron en días pasados al hasta entonces más bien desangelado proceso para renovar la dirigencia estatal del PRI.

Me dicen que no fue casual el beligerante mensaje del orador oficial en la conmemoración luctuosa del 28 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, David Palafox Celaya.

Fuentes asentadas en la ciudad de México aseguran que han detectado la intención del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como ‘Alito’ (aunque algunos le digan Amlito, vaya usted a saber por qué), de elaborar una convocatoria diseñada como traje a la medida para uno de los aspirantes, lo que ha alborotado el avispero.

Por eso, dicen, Palafox Celaya que por cierto está en la lista de aspirantes a suceder a ‘El Pato’ de Lucas en la dirigencia del expartidazo se lanzó duro con un discurso en el que llamó a los priistas a ser más revolucionarios y menos institucionales, a no permitir que los manipulen “con las conveniencias muy particulares de nadie” y, esperando que la convocatoria sea lanzada pronto soltó de su para nada ronco pecho un “no a las imposiciones, no a los dedazos, no a utilizar perversamente las dirigencias como plataformas políticas y sí y mil veces sí a la democracia”.

No mencionó a nadie por su nombre, pero tiró el escopetazo “para que nos escuchen quienes tengan que escucharnos”.

Pero, se preguntará la revolucionaria lectora, el institucional lector, ¿para quién estaría diseñada esa convocatoria con presunta dedicatoria?

Pues nadie sabe, pero dicen entre veras y bromas que entre los requisitos para registrarse se encuentran los de haber sido diputado local y federal; senador, presidente estatal del PRI, cónsul general, asesor de funcionarios federales, presidente de la Fundación Colosio y que sus iniciales sean BAPM.

Aunque el presunto perfil coincide, me rehúso a pensar que se trate de Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, que jamás se prestaría a una machincuepa de esta naturaleza. La versión me llegó ya muy entrada la noche, de manera que no hubo chance de cotejarla con el buen Bulmaro, pero sin duda hoy conoceremos su sentir y su pensar respecto a lo que se dice en este tema.

Lo cierto es que el proceso se encuentra ‘pasmado’ por alguna razón, y la convocatoria que debió salir en el mes de octubre no aparece; ya se fueron las nieves de enero y ya vienen las flores de mayo y a la dirigencia nacional nomás no se le ven ganas de lanzarla, mientras en Sonora a los interesados ya se les queman las habas.

Y no son pocos: además de Bulmaro y David, han levantado la mano Pascual Soto, Zaira Fernández, Humberto Robles Pompa y se menciona hasta a Rogelio Díaz Brown entre ellos.

Veremos y diremos.

Por: Arturo Soto Munguía
Sería quizás en la década de los 90 o en la siguiente cuando en Hermosillo se comenzó a hablar de la necesidad de una planeación de la ciudad a largo plazo.

Varios grupos empresariales, en diferentes momentos y en coordinación con autoridades municipales presentaron planes que en aquel entonces hablaban del año 2020 con un aire de futurismo, pensando en una capital de crecimiento ordenado, con servicios públicos eficientes y desde una perspectiva sustentable.

El planteamiento central solía estar relacionado con los virajes en programas y acciones de gobierno que cambiaban o se eliminaban y nacían otros cada trienio, a contentillo de quien encabezara cada administración, aun tratándose de personajes emanados de un mismo partido político.

El futuro ya nos alcanzó y los resultados de una planeación reinventada cada tres años no han sido los mejores.

Por razones que tienen que ver más con el interés pecuniario de gobernantes y empresarios -sobre todo de la construcción y los bienes raíces-, que con las necesidades de una ciudad en la que vive (y convive) una sociedad diversa, plural, heterogénea en sus características socioeconómicas y culturales, el desarrollo de Hermosillo ha sido más bien desordenado, por decirlo de un modo amable.

Hoy el tema se ha vuelto a poner sobre la mesa, pero ya no como una proyección sobre las buenas intenciones, o en el peor de los casos, sobre las expectativas particulares de grupos político-empresariales que, para decirlo sin rebuscamientos, se han forrado de lana a lo largo de los años en aras del inmediatismo, las ocurrencias y la rápida multiplicación de las ganancias y el ‘bisnes’.

Por primera vez se elaboró una agenda de largo plazo para garantizar el desarrollo económico y social del municipio para los próximos 12 años. La agenda 2022-2033 fue aprobada ayer por unanimidad en el cabildo hermosillense y es producto del trabajo de un subcomité técnico especializado del Comité de Planeación Municipal en el que participan expert@s en temas sociales, medio ambiente, financieros, económicos y de gobernanza.

Como dato, Hermosillo es la primera ciudad en el país que cuenta con un proyecto de esta índole, con indicadores y metas específicas relacionadas con las prioridades de esta capital: el desarrollo económico y social, continuo y sistemático del municipio, así como el bienestar de sus habitantes, en forma sostenida y sustentable, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso esta columna y que en breve abordaremos con más detalle.

Otro dato muy poco conocido es que la Ley de Planeación del Estado de Sonora establece la obligación a los ayuntamientos, de definir una agenda de largo plazo que contenga esos temas, pero hasta donde se sabe no hay otro cabildo que la haya aprobado. Vaya, ni siquiera se conocen trabajos en ese sentido en otros municipios.

Hay, en el subcomité técnico citado, especialistas en administración pública como María de Lourdes Ramos Loyo; dirigentes de organizaciones civiles como ‘Hermosillo cómo vamos’, representada por Ernesto Urbina Miranda. También académicos de reconocido prestigio como Jorge Inés León Balderrama, investigador del CIAD y Karla Mercedes López Montes, académica de la Unison, entre otros.

Esto es resultado de una de las primeras acciones del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, que en noviembre del año pasado, apenas dos meses después de rendir protesta instaló el Coplam bajo la premisa de construir alianzas con los gobiernos estatal y federal, lo mismo que con la sociedad civil organizada.

Desde entonces presentó algunos ejes rectores del desarrollo, como reducir la discrecionalidad del gobierno, transparentar y digitalizar trámites, comprometerse con la mejora regulatoria, estableciendo prioridades en las inversiones para infraestructura, agua potable y seguridad.

No sé si la escéptica lectora, el desconfiado lector coincidan, pero algo se está moviendo en Hermosillo. En un contexto nacional donde el flujo de recursos para equipamiento e infraestructura no es la principal característica, la capital ha sido la única ciudad en el estado donde se han entregado motopatrullas (eléctricas, por cierto) y hay planes para adquirir una flota de automóviles con esa misma tecnología para fortalecer la seguridad pública. En la ciudad comienza a notarse el bacheo y la limpieza de camellones y canales, que estaban abandonados.

Ahora ya hay un plan de desarrollo con proyección hasta el año 2033. Si uno voltea hacia otros municipios, señaladamente los más poblados como Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado o Guaymas por citar algunos verá que nada de esto está sucediendo. Ahora hay que estar pendientes de las metas proyectadas y el seguimiento para alcanzarlas.

II

Y para cerrar la semana con ánimo positivo, no es menos importante el anuncio que hizo ayer el gobernador Alfonso Durazo al fijarse como meta para el final de su sexenio lograr la gratuidad de la educación superior en las escuelas públicas del estado.

Por lo pronto se comprometió a aumentar en 25 por ciento el fondo de becas para el próximo año, pero ese sería solo el primer paso de un plan para que al finalizar su administración se alcance la gratuidad de los estudios en las universidades públicas: que no haya costos de inscripción, cuotas de permanencia, cuotas de laboratorio, entre otras cosas.

El anuncio lo hizo en la Universidad Tecnológica de Hermosillo a donde acudió acompañado del secretario de Educación, Aarón Grajeda para entregar equipo para el procesamiento de minerales a los estudiantes de Minería.

El gobernador ha sido reiterativo en su convicción de que la educación es el gran equilibrador de las condiciones sociales y en ese sentido fueron los anuncios hechos ayer

Por: Arturo Soto Munguía
Al menos en un par de ocasiones el gobernador hubo de hacer una pausa en su discurso para aclarar su gargantea, para que la emoción no le destemplara el ánimo. Para evitar que la remembranza le desbordara el pecho.

De pie en la tribuna del Congreso del Estado, Alfonso Durazo ve a los ojos a Marcela y Laura Elena Colosio Murrieta, hermanas del hombre que fue su amigo, jefe y guía e inevitablemente debió pasar por sus memorias la recapitulación de aquellas horas trágicas: las transmisiones especiales en la televisión, el pulso desbocado de un país estremecido; las imágenes que se suceden en un bucle demencial y repetitivo. La multitud en Lomas Taurinas, ‘La Culebra’ a todo volumen, la pistola en cámara lenta, el disparo, el hombre caído, el terror, el susto y los jaloneos; la confusión. La tragedia. El 23 de marzo de 1994.

En su relato de los días previos, Durazo recuerda el momento en que conoció a Luis Donaldo Colosio; el primer encuentro, el primer consejo cuando asumió el cargo como su secretario particular en el PRI nacional, luego en Sedesol, sin imaginar siquiera remotamente lo que sobrevendría después: la candidatura, la campaña, lo que pudo ser y no fue.

No es solo el recuerdo del amigo vilmente asesinado lo que matiza la voz del gobernador en el evento protocolario para develar las letras doradas con su nombre en el salón de plenos del recinto legislativo. Como hombre de Estado, el gobernador sabe que en Tijuana no solo cayó abatido un candidato; con él se desmadejaron también las esperanzas de construir un país distinto al que veía el malogrado político de Magdalena, con hambre y sed de justicia.

Porque las escenas de aquel aciago día en Lomas Taurinas eran a su vez el capítulo más intenso de una saga que fue la síntesis y el reflejo de un país convulsionado, un sistema político en crisis y un partido en descomposición que ya no daba para más. Cuando las diferencias políticas se dirimen a balazos, el estruendo hace que la paz vuele lejos.

II

En el recinto legislativo, algunos colegas comentaban, no sin cierto dejo de sorna la ‘cabeza’ de mi anterior columna: “Si Colosio viviera… ¿con Morena estuviera?”.

Los signos de interrogación encierran, desde luego, una pregunta que nadie puede responder porque Colosio es hoy la historia de lo que no fue.

Pero en el discurso de su amigo Alfonso Durazo aparecen algunas referencias que lo ubican en el punto de inflexión de un movimiento plural y diverso que trascendió las fronteras de su propio partido y se coronara con el resultado de la elección presidencial 2018: “Su lugar en la historia fue ganado a pulso con su sacrificio para que México dejara de ser patrimonio de unos cuantos y se convirtiera en la esperanza compartida de todos, particularmente aquellos que más lo necesitan”, dijo.

Y fue más alla: “Rendir homenaje a su memoria es recordar una etapa trunca de nuestra historia, un futuro que no fue. Pero también es reconocer que ahora, en la etapa de transformación que vivimos en el país y en el estado su continua presencia camina junto a la gran obra de renovación y lucha democrática que ha vivido México desde aquel infausto día”.

Luis Donaldo, siguió, no pudo atestiguar en persona estos tiempos donde la patria se revitaliza día a día, pero su legado nos ha acompañado y lo seguirá haciendo desde este recinto cuya memoria honra hoy.

“Buscó ser presidente a través de elecciones limpias en un país que se encontraba tan lejano a una democracia realmente participativa; un país donde mandara el pueblo por encima de todas las cosas, de cualquier interés personal o de grupo: hoy podemos decir que ese reclamo es el estandarte que guía a la generación de mujeres y hombres que estamos comprometidos con el avance democrático y podemos asegurar que su muerte no fue en vano, sino que a partir de ella se levantaron voces plurales para impulsar la verdadera transición a la democracia”, apuntó.

Y para que no cupiera duda remató: “Su idea de un país de libertades y justicia, de un poder público cercano a la sociedad está presente entre nosotros y no pudo ser derrotado por su muerte trágica e injusta; por el contrario, formó parte de los acontecimientos que llevaron a nuestra patria a tocar sus notas democráticas más altas en el 2018”.

Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Ahora sí que se le pueden quitar los signos de interrogación al título de la columna y decir, a partir de lo expresado por el gobernador: si Colosio viviera, con la 4T estuviera.

III

En el salón de plenos, Fermín Trujillo, del PANAL se lleva su cachito de gloria. Él fue el autor de la iniciativa para la inscripción de las letras doradas en honor de Colosio, una propuesta aprobada por unanimidad y sin regateos, lo cual también fue agradecido por el gobernador.

Pero la que se llevó las palmas fue la presidenta de la mesa directiva, Natalia Rivera Grijalva, una joven que en aquel 1994 contaba apenas veinte años de edad y nacía a la vida política en medio de las convulsiones de un país cruzado por la inestabilidad, la crisis, los asesinatos políticos, la guerrilla zapatista y la despiadada guerra interna por la sucesión presidencial en un PRI que procesaba esa disputa en medio de celos, envidias y rencores.

Como priista, Natalia cita casi de memoria el ideario de Luis Donaldo Colosio. Lo considera un visionario cuyo legado hay que integrar a la conversación con las nuevas generaciones que no lo conocieron, “para encontrar las coincidencias que nos permitan avanzar”.

De hecho tocó fibras sensibles al gobernador al recapitular sobre la historia y enviar los recuerdos al momento preciso en que segaron la vida “de un hombre que llevaba sobre sus hombros muchas esperanzas de cambio y transformación”.

Es la hora, dijo, de una nueva reflexión sobre el pensamiento de Colosio, de cara a una nueva generación que está viviendo los devastadores efectos del cambio climático y el surgimiento de enfermedades altamente contagiosas y de rápida expansión, algo que el asesinado candidato preveía como consecuencia de un desarrollo fincado en el abuso de los recursos naturales.

“Sin duda Colosio era un visionario, sostuvo, porque lo que en 1994 hacía sentido, hoy, después de una pandemia, de profundas crisis económicas, de cambios de régimen y de conflictos internacionales, hace más sentido aún”, dijo.

En el Congreso es la hora de los abrazos, las palmadas, los reconocimientos. La unanimidad en torno a un hombre que ya no está, pero que concita consensos en estos tiempos de disensos, así sea por un momento. Ya mañana será otro día.

Por cierto, el PRI también realizó su tradicional guardia de honor en el busto a Luis Donaldo ubicado en el bulevar que lleva su nombre. Allá también estuvieron las hermanas del magdalenense, el dirigente estatal de ese partido, y militantes que aún le recuerdan.

Pero el evento grande esta vez fue en el Congreso.