Categoría: El Zancudo

Por: Arturo Soto Munguia

Indudablemente el tema de la ‘Casa gris’ descolocó seriamente al presidente de la República; su equipo de manejo de crisis fue por decir lo menos, errático y perdieron la conversación pública al menos en las dos últimas semanas, como también fue evidente en las redes sociales.

El daño fue grande pero que se sepa, hasta ahora las elecciones se ganan con votos y no con tuitazos.

Salvo algunas encuestas siempre discutibles y la estridencia de las voces amplificadas en redes, no hay indicadores más confiables para concluir, como algunos se han adelantado a hacerlo, “que el sexenio ya se acabó”, “que el presidente está derrotado” y que “este año será la tumba de la Cuarta Transformación”.

Adelantar esas vísperas sería al menos ingenuo, básicamente porque el presidente sigue teniendo el control del aparato de Estado y no se diga del partido; su capacidad en términos de recursos económicos, materiales y humanos es notoriamente superior al de una oposición partidista que, mostrándose muy rijosa no atina sino a marchar a la cola del debate público potenciado por otros personajes.

Las figuras más sobresalientes del PRI y el PAN prácticamente han cedido la vanguardia de la oposición (voluntaria o involuntariamente) a otras voces, señaladamente las de los autores del reportaje que evidenció el modo de vida del hijo mayor de López Obrador, de manera que si en estos momentos hubiera elecciones presidenciales es muy probable que Carlos Loret o Brozo consiguieran si se postularan, más votos que Ricardo Anaya o Alito Moreno, por mencionar a algunos.

El autodestape de Lilly Téllez no solo fue un despropósito, sino la confirmación de los peligros que encarna la banalización de la política. En las revueltas aguas de los últimos días, la senadora agitó la bandera del encarcelamiento de López Obrador si es que ella llegase a la presidencia, como le gustaría, según dijo.

Y posiblemente en la crisis de liderazgos opositores al obradorismo, habrá quién le compre tal consigna, pero de lo que no cabe ninguna duda, es que ya se la compraron en Palacio Nacional, de la misma manera como Enrique Peña Nieto se la compró a Ricardo Anaya cuando éste anticipó lo mismo para el entonces presidente. Anaya no solo no ganó la elección; hoy anda a salto de mata y su anticipadisima candidatura está lejos de representar un peligro para la hegemonía de Morena.

Hay al menos dos aduanas antes de la sucesión presidencial que sí pueden tomarse como indicadores de lo que puede suceder en 2024: la consulta para la revocación de mandato, que en ningún escenario alcanzaría los 36 millones de votos emitidos (independientemente si es a favor o en contra) para hacerla vinculante, pero será un poderoso ejercicio para aceitar la maquinaria Estatal y de partido rumbo a la aduana que sigue.

Y esta la constituyen las elecciones en seis estados de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el próximo 5 de junio.

Morena no gobierna en ninguno de esos estados pero las previsiones eran, al menos hasta antes del escándalo de la ‘Casa gris’ (y de los conflictos internos en Morena) que ganara al menos cinco de las seis.

Por ello no es gratuito que desde ahora la oposición (y aquí incluimos a Latinus y a Mexicanos Contra la Corrupción, entre otras organizaciones) estén disparando toda su artillería contra el presidente y contra su paritdo que, también hay que apuntarlo, han abierto flancos importantes, por omisión y por comisión y justamente en ellos están recibiendo la metralla.

Hoy, Morena gobierna 16 estados y la mitad de la Ciudad de México donde en conjunto hay 58 millones de habitantes. Si el vaticinio se cumple, en 2022 estaría gobernando 21 de las 31 entidades (y la mitad de la Ciudad de México si la oposición conserva las posiciones ganadas el año pasado). Eso convertiría al partido del presidente en un enemigo formidable, aún más poderoso de lo que se mostró en 2021, y prácticamente estaría diciéndole adiós al sueño opositor de recuperar la presidencia.

Eso lo sabe la oposición y por eso ha escalado su ofensiva y lo seguirá haciendo en adelante. Pero también lo saben en Palacio Nacional y están trabajando en ese sentido.

Así, lo que hemos visto hasta ahora en materia de denuncias, ataques y contraataques; guerra sucia, campañas negras, fake news, piquetes de ojos y puñaladas traperas no es nada comparado con lo que viene.

¿Y la gobernanza? Bien, gracias. Lamentablemente en un clima erizado de confrontación política, los asuntos urgentes de la nación: crecimiento y desarrollo, combate a la corrupción, la pobreza y la inseguridad seguirán estando en segundo plano.

La guerra de unos por conservar el poder y de otros por recuperarlo, no se va a detener en esas minucias.

II

Parece temprano para evaluar el desempeño que según la percepción de sus gobernados tienen los alcaldes del país, ya que aún no completan seis meses al frente de sus municipios, sin embargo la empresa Mitofsky realizó un estudio en ese sentido y en el lugar número 12 (al medir a quienes gobiernan capitales estatales) aparece el de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Cuando se miden todos los alcaldes del país, ‘El Toño’ ocupa el lugar 28, lo que muestra un avance de 11 casillas respecto a la medición de diciembre pasado, en la que ocupaba el lugar 39.

Son buenos números para el guaymense avecindado en Hermosillo que, con su larga trayectoria en el servicio público seguramente no se llenará del caldo flaco que suelen servir las casas encuestadoras.

Astiazarán trae programas interesantes, sobre todo los relacionados con un ambicioso proyecto relacionado con la masificación del uso doméstico de energía solar que sería un ejemplo nacional no solo por los beneficios económicos traducidos en una reducción del costo de la energía eléctrica, sino porque se inscribe en esa visión vanguardista que apunta a las ciudades sustentables de las que si bien aún nos encontramos lejísimos, hay buenas señales en ese sentido.

Prueba de ello es la licitación para adquirir 220 patrullas eléctricas (actualmente Hermosillo cuenta con 70 en operación) mediante un esquema de arrendamiento financiero en el que se pagarán con recursos del propio municipio.

Esta es una buena noticia no solo porque se multiplicará por cinco la flota vehicular de la policía municipal y se reducirán sustancialmente los tiempos de respuesta, sino porque se está haciendo en esa perspectiva del desarrollo sustentable, lo que a la larga se traduce no solo en beneficios económicos, sino en un gobierno amigable con el medio ambiente.

En algo deben haber influido estos programas para traducirse en puntos de aprobación para el alcalde, aunque aún sea muy temprano para echar campanas al vuelo.

Por: Arturo Soto Munguia

Hace algunas semanas comenzaron a llegar a este despacho algunos señalamientos sobre ciertas cosas que ocurren en la Secretaría del Trabajo, relacionadas con actos de prepotencia, trato despótico (sobre todo en lo relativo a despidos de personal), desorden administrativo y manejo políticamente discrecional de asuntos netamente laborales.

De los nombramientos de nuevos funcionarios ni se diga. Para muestra, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Cajeme donde en menos de cinco meses han cambiado de titular en tres ocasiones. El penúltimo duró en el cargo 28 días.

Aunque parezca una paradoja, el clima laboral en la dependencia encargada de mantener la paz en las relaciones de trabajo se ha vuelto muy pesado.

El asunto, me decían entonces, tiene que ver con el desconocimiento de la titular, Olga Armida Grijalva Otero, de las áreas de esa Secretaría y el manejo de las mismas. Para suplir eso, se rodeó de algunos personajes que son los que realmente manejan los asuntos y por lo visto no lo hacen nada bien.

Señalaban también al subsecretario del Trabajo, Antonio Ruiz García, un litigante que ya ocupó cargos en dependencias laborales y a quien se liga con la CTM, como la mano que mece la cuna de la secretaria. El que mueve la tenebra, pues.

Lo que hasta ayer eran rumores de alguna manera se confirman con lo que expone en la renuncia presentada el pasado 10 de febrero por quien ocupaba el cargo de subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad, José Luis Lomelí Gutiérrez.

Se pueden decir muchas cosas por parte de terceros, pero basta leer la carta de renuncia para saber que las cosas no andan bien en esa dependencia, crucial por cierto para la estabilidad laboral y la promoción económica del estado.

Sin más, les dejo para que la laboriosa lectora, el patronal lector juzguen por sí mismos.

Sirva el presente para saludarle deseando se encuentre bien. Por la anterior hago de su conocimiento lo siguiente.

Con humildad y alegría recibí la distinción como subsecretario de promoción del empleo y productividad en el estado, nombramiento que mucho me honra por lo que expreso mi más profunda gratitud hacia usted y hacia nuestro gobernador por haber confiado en el suscrito.

Desde el punto de vista institucional la democracia política se basa en una cadena sucesiva de relaciones de confianza que dan origen a un verdadero trabajo en equipo, sin embargo en esta subsecretaría ha sucedido todo lo contrario.

Tempranamente advertí la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de su gabinete y de sus funcionarios designados cual ‘gabinete en la sombra’ del que nunca fui parte en detrimento de la estabilidad de esta secretaría tal y como se lo expresé en diferentes oportunidades y distintos momentos.

Con su anuencia, usted ha preferido mantenerlos y continuar por el camino de decisiones erráticas que han derivado en una grave crisis institucional. Sinceramente deseo que usted convoque a personas con una solvencia profesional y moral en el manejo de esta dependencia, lo anterior en beneficio de nuestro estado.

Personal que ingresó a laborar a esta dependencia –de toda su confianza- han ejercido una serie de eventos que tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a los compañeros que laboraron y laboran en la Subsecretaría de Promoción del Empleo y la Productividad, causando un daño psicológico, económico y laboral-profesional, ejerciendo el poder de subordinación de manera desmedida.

Como consecuencia, en los medios de comunicación, en sus redes sociales y en múltiples reuniones que usted ha realizado siempre evoca el respeto a las personas y a la dignidad laboral, sin embargo en los hechos no ha existido lógica, toda vez que la congruencia implica dar testimonio público de lo que se es, se piensa y se cree, por lo que el suscrito no puedo ni debo ser partícipe de dobles discursos que tanto afectan a esta secretaria y a nuestro gobernador.

En virtud de lo anterior vengo mediante la presente misiva a presentar de manera formal mi renuncia, misma que solicito surta efectos a partir de la presentación de este documento, agradeciendo de nuevo la confianza que usted depositó en mí y, desde luego, le deseo sinceramente el mayor de los éxitos al frente de esta dependencia.

El documento está certificado por el notario público número 71 Abraham Flores Salazar.

II

Y a propósito de violencias, pero no solo laborales sino de todo tipo y contra las mujeres, el gobernador Alfonso Durazo agarró por los cuernos ese bravo toro y se comprometió a dotar de presupuesto al grupo formalmente integrado ayer para dar seguimiento y respuestas a la complicadísima situación que viven las mujeres en Sonora.

Recordemos que desde agosto del año pasado existe una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, misma que contiene medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño.

Para ello se requiere no solo políticas públicas transversales, sino sobre todo, recursos: humanos, tecnológicos, económicos, materiales.

Esa será la misión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta de Género Contra las Mujeres, cuyos alcances esperamos sean aún más largos que su nombre.

Por lo pronto hay 32 recomendaciones que deben atender las instituciones involucradas en la problemática que ha dado origen a las mismas y que, de acuerdo con el diagnóstico presentado es bastante compleja.

Recordemos que durante muchos años se estuvo regateando o posponiendo la declaratoria de alerta de género, acaso por la creencia de que al aceptarla se mandaba una imagen de incapacidad institucional para garantizar una vida sin violencia para las mujeres. Pero como bien dijo el gobernador, para resolver un problema hay que empezar por reconocerlo.

“Me siento responsable de hacer sin regateos la parte que me corresponde para resolver cuanto antes el problema desde su perspectiva de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño a las víctimas”, dijo ante funcionarias estatales y federales de instituciones de atención a las mujeres, organizaciones de derechos humanos y colectivas solicitantes de la declaratoria.

En el acto, solo el gobernador y su secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte poniéndole el pecho a las balas ante un batallón de bravías mujeres de reconocida trayectoria en la lucha por sus derechos.

Lo que sea de cada quien, ya nomás con la titular del ISM, Mireya Scarone y la colega y amiga Sylvia Núñez Esquer yo hubiera salido corriendo…

III

Levantó la mano Zaira Zulema Fernández, la síndica municipal de Hermosillo para competir en el tan disputado como postergado relevo en la dirigencia estatal que hoy ocupa El Pato de Lucas.

Hasta donde se sabe, la funcionaria no ha solicitado licencia a su cargo, pero ya inició una adelantada campaña de posicionamiento que estará en la mira de quienes vigilan las reglas del proceso interno.

Hay una larga lista de aspirantes entre los que se cuentan a Bulmaro Pacheco, Humberto Robles Pompa, Pascual Soto, Onésimo Aguilera, Pedro Ángel Contreras, David Palafox y hay quien incluye hasta a Pedro Ángel Contreras.

En la búsqueda de paternidades o al menos el sentido de pertenencia a grupos o corrientes internas del priismo, Zaira Zulema se identifica con la que encabeza Manlio Fabio Beltrones a cuya sombra nació y creció en la política y el servicio público.

El hecho cierto es que la convocatoria respectiva no ha sido publicada y el CEN del PRI ni siquiera ha enviado al delegado que vendría a ‘medir’ las posibilidades y conveniencias de cada perfil en la coyuntura actual.

 

Por: Arturo Soto Munguia
El gobernador Alfonso Durazo puede pasar a la historia como quien acabó con esa maldición que se le atribuye a Plutarco Elías Calles y a la cual le endosan todas las desgracias que asuelan al puerto desde hace décadas.

“Guaymas nunca dejará de ser una aldea de pescadores”, dicen que escupió un día ‘El Turco’ y desde entonces en el bello puerto han sido más las duras que las maduras; los guaymenses ya no sienten lo duro sino lo tupido y de lo que piden su limosna es que regresen los huracanes y se vayan sus políticos.

Pues bien, esa historia parece encaminarse a su fin. Guaymas ha sido puesto en el centro de la agenda de los gobiernos estatal y federal, decididos a convertirlo en uno de los puntos de carga más importantes del Pacífico mediante un proyecto integral de gran calado.

No solo se trata de la ampliación del puerto para dejarlo en condiciones de multiplicar su capacidad de carga y descarga, sino que hay una serie de obras complementarias que ya están autorizadas y se financiarán con recursos del Fideicomiso de Aduanas que actualmente cuenta con 90 mil millones de pesos.

Ayer, el gobernador Alfonso Durazo explicó que con la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, el retiro de las vías del tren que actualmente parten en dos a la ciudad de Nogales y con la modernización de su aduana, Guaymas estará listo en pocos años para su despegue.

Ya se gestionó con el gobierno federal para modernizar ese tramo de 100 kilómetros por el que llegará al puerto toda la producción agropecuaria, manufacturera e industrial de Chihuahua que actualmente sale al Pacífico por Ensenada después de subir a El Paso. Además, con el corredor fiscal Guaymas-Nogales se podrá revisar en el mismo puerto, en coordinación con la agencia aduanal de EEUU, toda la mercancía que llegue y tenga como destino el vecino país del norte, a donde podrá entrar ya sin revisión.

Guaymas y los guaymenses se lo merecen.

II

El fin de semana pasado hubo una convocatoria de periodistas para manifestarnos en cualquier lugar del país donde estuviésemos, por la justicia para los colegas asesinados y contra la impunidad en sus casos.

En Hermosillo, una solitaria Reyna Haydee Ramírez se encargó de colocar unas sillas en una esquina del Palacio de Gobierno, con los rostros de los más recientes colegas abatidos y los hashtags con sus respectivos nombres.

A la convocatoria acudimos nueve periodistas. Y mientras escuchaba a Reyna hacer un pronunciamiento, veía los rostros de los muertos y los HT #TodosSomosLourdes #TodosSomosJosé #TodosSomosRoberto #TodosSomosHeber #TodosSomosMargarito y pensaba que esos eran los que deberían estar uniéndonos. Que su sangre sirviera para alimentar las exigencias de justicia, para ensamblar la unidad gremial, para visibilizar la precarización laboral que azota a la inmensa mayoría de los periodistas.

Pero como no, pues no.

Muchos prefirieron mirar hacia otro lado y otros más se sumaron, pero a otros HT que a esas horas peleaban por convertirse en trending topic: #TodosSomosLoret y #TodosSomosAMLO.

También pensé escribir algo al respecto, pero se me adelantó alguien.

Jorge Zepeda Patterson es desde hace muchos años un periodista de consulta obligada para el análisis del acontecer político en México. Su compromiso con las causas de la izquierda democrática está fuera de toda duda y en algún momento, hace poco más de un año, el presidente lo enlistó entre los menos de diez periodistas que lo apoyaban.

Hace cuatro días, el mismo presidente redujo a dos esa lista de apoyadores: los moneros de La Jornada Rafael Barajas ‘El Fisgón’ y José Hernández. Obviamente se quedó corto. A lo largo y ancho del país hay muchísimos periodistas y comunicadores que apoyan a la cuarta transformación y de manera muy comprometida al presidente. Como también son legión los que no solo no lo apoyan, sino que han hecho de la crítica pertinaz, a veces salvaje y con frecuencia grosera, su ejercicio cotidiano.

Cito a Zepeda porque ayer escribió una de las columnas más luminosas que he leído en el oscuro callejón de la estridente zacapela que en las últimas dos semanas ha escalado con inusitada fiereza, apartando de un manotazo los principios democráticos, señaladamente el de la tolerancia, bajo la premisa alentada desde Palacio Nacional, de que es la hora de las definiciones y el buen periodismo es militante solo bajo la condición de abanderar las causas de su gobierno.

Zepeda Patterson alude a la ‘guerra de hashtags’ suscitada a raíz de las revelaciones sobre la casa en que vivió en Houston el primogénito del presidente, hechas por Carlos Loret de Mola a través de la plataforma de Latinus tras la cual aparecen las figuras de Claudio X González y Roberto Madrazo Pintado, entre otros acérrimos enemigos políticos de López Obrador.

Me gustaría reivindicar la libertad política para criticar los desaciertos de la 4T y del presidente sin necesidad de identificarse con una visión del mundo y una práctica profesional con la que no se coincide. “Todos somos Loret” supone una defensa del periodista atacado, pero también implica una suerte de identificación con los calores y actitudes que él defiende. Desde luego, quien sí lo haga está en todo su derecho de sumarse a su causa y cantarlo al mundo, aunque seguiría preguntándome por qué la utilización de una fórmula tan absoluta y evidentemente falsa. Tan falsa y absoluta como el que se envuelve en el hashtag opuesto “Todos somos Obrador”, escribió.

Loret creyó más conveniente aparcar el periodismo para hacer parodia política y activismo partisano. Pero, al contemplar el espectáculo de algunas mañaneras, me pregunto si AMLO no ha comenzado a hacer algo equivalente; dejar de lado al jefe de Estado que pretendía ser para convertirse en animador de una carpa política para los suyos, en pregonero de sus propios resentimientos y sus nuevos agravios, en paciente de un diván público usado para dar salida a sus pulsiones personales. Y en el proceso, está lastimando las atendibles convicciones que lo trajeron al poder o los sueños de convertirse en el presidente que uniría a los mexicanos en la construcción de un mejor país para todos, apunta en otra parte de su columna.

Y cierra así: “Frente a esto no cabe sino rehuir los hashtags todos somos Loret y todos somos Obrador y los que vengan en camino, y comenzar a pensar otra vida pública en la que quepan incluso los que no piensan igual que nosotros”.

Si quieren leer el texto completo pueden consultar este link https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/no-todos-somos-un

III

Se confirma el arribo de Miguel Ángel Murillo Aispuro, el ex contralor del gobierno de Claudia Pavlovich a la dirección de Administración del CIAD, aunque me aclaran que en este nombramiento no tuvo nada que ver el gobierno del estado, sino que obedeció a la excelente relación que el oriundo de La Ladrillera tienen con el actual secretario de la Función Pública en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Roberto Salcedo Aquino.

Para los efectos a que haya lugar, queda asentada la aclaración respectiva.

Por: Arturo Soto Munguía
Que el gobernador Alfonso Durazo le aligera mucho la carga dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su recién concluida gira de trabajo por Sonora.

Y debe ser verdad, porque hasta el momento algunos programas insignia del gobierno federal como el plan de justicia para Cananea (cuyo creador es el propio Durazo), y el plan de justicia para la etnia Yaqui van avanzando, y acaso motivado por ello el presidente anunció también planes de justicia para las etnias seri y mayo.

Pero particularmente en la agenda indigenista el presidente le dejó al gobernador dos tareas que no son menores y sobre las que ya debe estar trabajando horas extra, arrastrando el lápiz, consultando asesores y buscando alternativas.

Una de esas tareas borda sobre el bloqueo carretero en territorio yaqui. El presidente esbozó una propuesta en el sentido de que el gobierno federal destine una cantidad de recursos similar a la que se recauda con el boteo en las llamadas ‘piolas de cuota’ y se adjudiquen a los pueblos yaquis.

La propuesta está más o menos encaminada, pues desde hace meses se planteó destinar un porcentaje de los recursos que ingresan a la caseta de cobro que opera Capufe en Esperanza, y solo faltaría definir montos y criterios de distribución.

Pero sobre todo, y aquí es donde el asunto puede atorarse, falta resolver el tema de la interlocución con la etnia, pues como se sabe hay allí una añeja división que es uno de los principales frenos a los programas gubernamentales. El ingrediente de una eventual presencia de personas ajenas a la tribu y presuntamente ligadas a grupos del crimen organizado es otro de los nudos de esta madeja.

Una madeja que debe desenredarse porque a su vez afecta a otros dos proyectos como lo son la creación de una zona económica especial a los costados de la carretera, donde se instalen empresas maquiladoras que ya emplean a unos tres mil hombres y mujeres de los pueblos y comunidades, pero éstos deben viajar diariamente hasta Guaymas y Empalme para cumplir su trabajo.

El otro proyecto es un parador turístico con restaurantes, servicios, venta de artesanía, que sería administrado por integrantes de la tribu y del cual saldrían los recursos para financiar el manejo de obras hidráulicas en beneficio de las comunidades.

Propuestas y programas hay, falta nada más que los hermanos yaquis se pongan de acuerdo, se arremanguen la camisa y le entren al trabajo fecundo y creador.

Con los seris, un día antes el presidente y el gobernador ponderaron los apoyos en forma de becas estudiantiles y la revisión de los planteles escolares; el acondicionamiento de los centros de salud en Punta Chueca y El Desemboque garantizando el abasto de medicamentos, así como el suministro de agua potable a través de pozos.

Pero donde la puerca torció el rabo fue cuando al presidente le entro la vena ecologista y esbozó una propuesta para dejar de cazar venado bura y borrego cimarrón; cancelar la actividad cinegética y sustituirla por ‘safaris fotográficos’ donde los turistas disparen a los animalitos con sus cámaras y no con sus rifles.

A la propuesta no se le puede escatimar la buena fe y la mejor intención, pero de acuerdo a mis contactos en la Isla del Tiburón, va a resultar contraproducente. El problema no es el dinero. Los seris obtienen unos diez millones de pesos anuales por los cintillos de caza, una actividad que está normada por las autoridades estatales y federales para proteger las especies, cazando solo ejemplares machos y viejos.

Pero apenas ayer domingo había instalados en la Isla al menos seis campamentos de cazadores furtivos que obtienen permisos verbales de parte de algunos integrantes de la etnia y realizan la actividad cinegética fuera de todos los protocolos establecidos. Ya se ha denunciado ante Profepa y Sagarpha pero la respuesta obtenida es que ‘no tienen recursos para ir a supervisar’.

El problema, insisten, no es el dinero. El gobierno federal puede disponer de esos recursos reorientándolos de alguna partida, de algún fondo o bolsa. El problema es que la actividad cinegética está regulada; existe un censo que acaban de realizar y que contó a 680 cimarrones; de ellos solo se otorgaron permisos para cazar 12. Los permisos cuestan alrededor de 40 mil dólares y los cazadores deben cumplir una serie de requisitos que no todos están en condiciones de presentar antes y después de la caza, para poder exportar sus trofeos.

Eliminar la caza solo potenciaría el furtivismo, se matarían más animales quizás indiscriminadamente y la falta de vigilancia y supervisión provocaría un descontrol en la actividad. Sustituirla por un ‘safari fotográfico’ dejaría menos recursos y mucha contaminación, sostienen.

Por lo pronto, el presidente ya le dejó esas dos tareas al gobernador: levantar los bloqueos carreteros en territorio yaqui y aterrizar un proyecto eco turístico en territorio seri.

II

El tema de la casa de Houston donde vivió el primogénito de Andrés Manuel López Obrador tomará un nuevo impulso esta semana. Todos los gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México publicaron ayer un desplegado en el que cierran filas en torno al presidente, le manifiestan su respaldo y sostienen que los ataques provienen de grupos políticos del pasado que perdieron sus privilegios en este gobierno.

Además, tanto José Ramón López Beltrán como su esposa Carolyn Adams difundieron sendas cartas explicando que no hay nada ilegal en la ocupación de la ya famosa residencia.

López Beltrán sostiene que desde 2020 trabaja como asesor legal en la empresa KEI Partners a través de la cual recibió su visa de trabajo TN. “Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, dice en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

Adams, por su parte escribió que “Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es FALSO”.

Después de dar su versión sobre la renta de la casa concluye: “Espero que todos los que crearon esta lamentable NOTICIA FALSA encuentren paz en sus corazones”.

Pero evidentemente las cosas no van a parar aquí. Las aclaraciones, señaladamente la de José Ramón dejaron más dudas que certezas, y todo un ejército de ‘stalkers’ se dedicó a rastrear en las siguientes horas el perfil y los antecedentes de la empresa que lo contrató y su inscripción en la barra de abogados de Texas, un requisito indispensable para ejercer esa profesión en Estados Unidos.

Se encontraron además con que la página de la empresa KEI Partners fue creada apenas antier. La empresa es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, dueño del Grupo Vidanta dedicado al desarrollo de los mejores destinos turísticos, hoteles resorts, campos de golf, inversiones de bienes raíces, infraestructura turística y experiencias de entretenimiento.

En Sonora se conoce a Daniel Chávez Morán por ser quien donó las dos mil hectáreas donde estará ubicada la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco.

El tema del primogénito, por lo visto seguirá en la agenda pública durante más tiempo.

Por: Arturo Soto Munguía
El presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará hoy en Sonora una gira de trabajo en la que aparece una visita al territorio yaqui, donde además de supervisar los avances del Plan de Justicia para la Etnia debería -y lo digo sin ánimo de joder-, buscar a una descendiente de Doña María Matus que hace unas ‘limpias’ excepcionales para ahuyentar las malas vibras y que le ayudaría a alejar los demonios fifís del conservadurismo neoliberal que últimamente lo traen a maltraer.

No sería la primera ni la última vez que López Obrador se acogiera a los rituales de los pueblos originarios, a su mística y cosmogonía, a sus prácticas ancestrales de purificación y protección espiritual. No es algo que le moleste; al contrario, se identifica con ello y en ello encuentra la fuerza que nutre su persistencia. Porque al presidente sus detractores le pueden regatear muchas cosas, menos la persistencia.

Tampoco la voluntad y entrega para mantener un acelerado ritmo de trabajo que incluye el incesante recorrido por el país, pese a que dos veces ha resultado positivo a la Covid19 y recientemente le fue practicado un cateterismo, después del cual informó que ya redactó su testamento para garantizar que en caso de que falte -escenario que solo los muy mezquinos desearían-, la continuidad de la cuarta transformación no se interrumpa.

Pero si los problemas de salud no lo han tumbado -y si se cae se levanta, ha dicho-, la semana pasada un obús teledirigido desde el frente enemigo le dio justo donde más le duele: su familia y su prédica de humildad y desapego a las cosas materiales, los lujos, la ostentación; el desprecio a las tentaciones de la corrupción.

Obvio, la reacción correspondió a la acción y el presidente se fue con todo contra los autores de ese ataque y en la contraofensiva se llevó hasta a Carmen Aristegui y ya encarrerado se fue contra la corona y el gobierno español, además de las empresas ibéricas que han visto a México como territorio de conquista y han contado con la complicidad de los gobiernos neoliberales del pasado.

El presidente no anda del mejor humor en estos días, pero afortunadamente en Sonora siempre encuentra las postales históricas que lo enamoran: la derrota de los filibusteros franceses en Guaymas a manos del ejército y civiles comandados por el General Yáñez; la resistencia heroica del pueblo yaqui, el vaivén de la cuna de la Revolución que desde Cananea se mece al fragor de los combates; la insurgencia civil de 2021 que acabó con 80 años de gobiernos prianistas en Sonora…

Por algo esta es la décimo sexta vez que ya como presidente, visita Sonora, donde en las últimas semanas el gobernador Alfonso Durazo ha corrido la milla preparando la casa para la visita.

Este viernes López Obrador tendrá a Hermosillo como sede de su cotidiana reunión con la Mesa de Seguridad, de donde seguramente saldrán chispas porque la cosa está que arde en esta materia por estos lares; luego la mañanera y de allí a Yécora, donde junto al gobernador y funcionarios federales evaluarán los programas sociales de su gobierno.

También tiene agendada una visita a los pueblos yaqui y seri el sábado, y la inauguración de las escuelas de beisbol en Hermosillo y Cajeme. Pero el eje central de esta gira es la seguridad pública.

Y no es para menos. Las cosas se han puesto particularmente feas sobre todo en los valles de Guaymas y Empalme, por lo que es de esperarse algún anuncio poderoso en esta gira.

Los sonorenses lo estamos esperando.

II

Y ahora las malas noticias:

Cinco periodistas asesinados en menos de 30 días son muchos. Desde el 16 de enero que abatieron a balazos a José Luis Gamboa en Veracruz, hasta ayer que mataron a Heber López en Oaxaca, la cifra va en cinco solo en este año.

Parece una macabra coincidencia, pero un día después de que fueron detenidos tres presuntos responsables del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, al otro extremo de la patria, en Salina Cruz cayó abatido a balazos Heber López. Sus asesinos entraron hasta su estudio de grabación donde se encontraba trabajando y abrieron fuego en su contra.

Hay dos personas detenidas por este crimen lo cual apuntaría a una apenas perceptible baja en los índices de impunidad que prevalecen en México donde más del 90 por ciento de las agresiones a periodistas quedan irresueltas, de acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Gobernación.

Con ser la impunidad una asignatura pendiente del actual gobierno, lo más alarmante es que los asesinatos sigan registrándose, este año con inusual frecuencia: en Tijuana mataron a Margarito Martínez, a Lourdes Maldonado y a Marco Ernesto Islas Flores. En estos últimos dos casos las autoridades se apresuraron a declarar que las ejecuciones no tuvieron que ver con su actividad periodística.

También en el mes de enero cayó asesinado en Veracruz José Luis Gamboa, editor de un portal de Internet, y en Zitácuaro Michoacán fue baleado Roberto Toledo, quien sobrevivió al ataque.

Cinco asesinatos en dos meses son muchos, y es mucha la facilidad con que se atenta contra la vida de los y las periodistas en este país que se ha convertido en el más peligroso para el ejercicio de esta profesión en el hemisferio occidental, de acuerdo con datos del Comité para Protección de Periodistas, un organismo de protección al gremio, con sede en Nueva York.

Como telón de fondo en todos estos asesinatos, aparece la imparable ola de violencia del crimen organizado, y un enrarecimiento del clima contra el ejercicio periodístico y contra quienes lo ejercen.

Esto tiene que parar.

Por: Arturo Soto Munguía
La saga de terror que vive Sonora con protagonistas guaymenses involucrados en hechos más que turbios puso de cabeza todo.

Pero uno de los daños colaterales del que poco o nada se ha hablado es la credibilidad de los organismos electorales -estatal y nacional-, sus instancias y procedimientos para la fiscalización de los recursos en campañas y la vigilancia para detectar dinero del crimen organizado en las mismas.

En la oscuridad quedan también los pactos, acuerdos o compromisos de candidat@s con sus financiadores. En el caso Guaymas, el IEE de Sonora aparece exhibido, manco, ciego, mudo…

Veamos: el tope de gastos de campaña para los y las candidatas a la alcaldía de Guaymas en 2021 aprobado por el Consejo General del instituto fue de 4 millones 529 mil 506 pesos.

Lo que ha salido a la luz hasta el momento es que el allanamiento a la casa del ex candidato del PT a la alcaldía, Rodolfo Lizárraga, por parte de un grupo de hombres armados era la búsqueda de siete millones de pesos producto de un préstamo cuyo origen hasta ahora se desconoce, pero evidentemente no vino, digamos de Bancoppel, si consideramos que sus métodos de cobranza suelen ser molestos y persistentes, pero jamás a punta de pistola.

Solamente ese préstamo casi duplica el monto del tope de campaña, aunque siempre quedará la duda si esos recursos serían aplicados también en el proselitismo de otros dos personajes que fueron candidatos: Roberto Palafox Suárez a la diputación local por el distrito XIII bajo las siglas de las Redes Sociales Progresistas y Jesús Iván Acevedo a la alcaldía de Guaymas por el partido Fuerza Social por México.

La duda tiene sentido si se considera que ambos sujetos están actualmente detenidos e investigados por su participación en el asalto a mano armada en la casa de Rodolfo Lizárraga, quien permanece bajo custodia policiaca en Hermosillo.

El punto es que el IEE cuenta con una Dirección Ejecutiva de Fiscalización que entre sus atribuciones tiene la de coordinarse con el INE para todo lo relacionado con la asignación, auditoría y fiscalización de los recursos públicos y privados a partidos y candidatos.

¿Le pasaron de noche esos siete millones de pesos, o lo que se hayan gastado de ese ‘préstamo’, pues se intuye que los encapuchados que asaltaron la casa de Lizárraga buscaban al menos una parte de ese dinero?

Pero la parte más oscura radica en los acuerdos que hacen los candidatos o los partidos con quienes financian sus campañas, al margen de los recursos públicos oficialmente asignados para ello.

Recordemos que Rodolfo Lizárraga buscó la candidatura de Morena a la alcaldía del puerto y, a pesar de ser el mejor posicionado electoralmente le fue denegada, optando por competir bajo las siglas de su partido, el PT. Es posible que los servicios de inteligencia de Morena hayan detectado algo que no les gustó en el aspirante y decidieron ir mejor con Karla Córdova, que a la postre resultó ganadora.

Aun así, todavía en la recta final de la campaña Rodolfo Lizárraga aparecía punteando en las encuestas. El señor ya se hacía despachando en la Casa de Piedra, un sueño que tenía años acariciando, y que hoy se ha vuelto una pesadilla.

Me tocó entrevistarlo un par de semanas antes de la jornada electoral y estaba segurísimo de su triunfo. Pero perdió. Y de los siete millones que el IEE jamás vio no se sabía nada, hasta que estalló el escándalo en el que no se descarta la relación con el asesinato de Daniel Palafox Suárez, el suplente de Lizárraga en el Congreso al final de la legislatura anterior.

Este caso indica que el financiamiento oscuro de candidatos y candidatas puede llegar a igualar y hasta rebasar los topes oficiales de campaña, y que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del IEE no está ni remotamente preparada para las labores a su cargo.

Y el año que entra comienza el próximo proceso electoral.

II

No han sido los mejores días para Marcelo Ebrard. España tardó mucho en otorgar el beneplácito al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz y dicen los enterados que ello se debió a la falta de cuidado en las formas diplomáticas con que el presidente hizo pública su designación.

Luego se tensaron las relaciones con Panamá, que rechazó la propuesta de AMLO para que Pedro Salmerón ocupara la embajada en aquel país. El presidente de México comparó a la canciller panameña con la Santa Inquisición por asumir como cierta, dijo, una posición del ITAM que retomaba las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el historiador. Ante el rechazo del país canalero, AMLO propuso a Jesusa Rodríguez, que tampoco ha obtenido el beneplácito del país centroamericano.

Las posiciones ambivalentes del embajador norteamericano Ken Salazar que un día aplaude la reforma eléctrica del presidente mexicano y al otro día la cuestiona, traen a maltraer al secretario de Relaciones Exteriores.

Para completar el cuadro, ayer el presidente anunció la conveniencia de ‘pausar’ las relaciones con España, aludiendo al saqueo que empresas privadas en contubernio con la corona el gobierno de aquel país y los gobiernos neoliberales de México han hecho del nuestro.

El anuncio hizo levantar las cejas aquí y allá porque de entrada, no se sabe bien a bien qué significa ‘pausar la relación’ entre ambos países y algunos anticipan una ruptura de consecuencias insospechadas en uno y otro lado del Atlántico.

Aunque después matizó su postura diciendo que era solo un comentario, una opinión, es claro que viniendo del presidente de la República sus palabras toman una dimensión distinta a la de cualquier opinador.

El eco de sus palabras no tiene el mismo efecto entre sus fieles en México que en la comunidad internacional, donde las relaciones se rigen por protocolos, convenios, tratados, formas que al presidente lo tienen sin cuidado. Vamos a pausar la relación y que el próximo presidente de México las restablezca, dijo, palabras más, palabras menos.

Como anécdota chistosa está bien, pero en España (y en otros países) no parecen tener el mismo sentido del humor que el presidente mexicano, que está haciendo trabajar horas extras a su canciller para recoger los pedazos de la vajilla que va rompiendo con campechano desparpajo y silvestre diplomacia.

Veremos en qué para todo esto.

Por: Arturo Soto Munguía

Ayer les dije que anotaran con lápiz el nombre de Franco Ferra como quien encabezará la poderosa Oficialía Mayor del gobierno del estado una vez que el Congreso local apruebe el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo para reordenar y reforzar la administración pública estatal, especialmente en temas de transparencia, austeridad y combate a la corrupción.

Pues si me hicieron caso, ya pueden borrar ese nombre y ahora sí anotar con marcador indeleble el de Franco Gerardo Marcelo Fabbri Vázquez, un hombre que llegará precedido de una fama bien ganada de durísima mano en su paso por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, donde hizo el uno-dos con el hoy gobernador Alfonso Durazo cuando éste se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Su fama de ‘duro’ no nace de la nada, sino de un impresionante currículum que no citaremos completo por falta de espacio. Aunque para que se vayan dando una idea del perfil del próximo funcionario les adelantamos unos datos.

Es licenciado en ciencias políticas y en administración de recursos humanos, materiales y financieros por la UAM; licenciado en derecho por la UVM certificado por Ceneval, diplomado en ética gubernamental y corporativa, anticorrupción y conflictos de interés por la Escuela Libre de Derecho, y diplomado en alta dirección de entidades públicas por el INAP.

En lo laboral ha sido contralor y coordinador de desarrollo institucional de la CNDH; contralor interno de la secretaría de Turismo, director de recursos materiales en la secretaría de la Función Pública, coordinador de enlace en la secretaría particular de la presidencia de la República; director de Administración en la secretaría de Gobernación.

Ha sido director de Administración en el gobierno del Distrito Federal y en varias dependencias y delegaciones; director de Difusión en la ASF, asesor en esa misma dependencia, en la cámara de senadores y en la de diputados, entre otras muchas cosas.

En algunos de esos cargos (por ejemplo en la presidencia de la República con Vicente Fox trabajó al lado de Alfonso Durazo) y para no hacer el cuento más largo, fue el encargado de todo el proceso administrativo para liquidar a la Policía Federal y dar paso a la Guardia Nacional, el proyecto insignia de Durazo.

La Oficialía Mayor de la que se hará cargo trabajará junto a la Contraloría en las estrategias de optimización del gasto, y seguramente estará en coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera del estado, también propuesta como parte del paquete de reformas.

Ahí nomás para que le vayan midiendo el agua a los camotes.

II

Bien dicen que la política es un juego de espejos. El dirigente estatal del PAN, Gildardo Real Ramírez y otros mandos de ese partido presentaron ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción una denuncia penal contra la ex gobernadora Claudia Pavlovich por el presunto desvío de ocho mil millones de pesos, lo que constituye quizás la primera prueba de fuego para el nuevo fiscal anticorrupción, Rogelio López García.

La denuncia fue asumida por algunos con un dejo de humor involuntario, porque no se sabe si en las investigaciones que se deriven de tal denuncia vayan a aparecer los montos que le tocaron al PAN y a sus dirigentes por haber validado, así fuera a regañadientes prácticamente todo lo que sucedió en la administración estatal pasada, no solo en lo administrativo, sino en lo legislativo y hasta en lo electoral, donde caminaron juntos en la Alianza Va por Sonora llevando como candidato común a Ernesto ‘El Borrego’ Gándara.

Decimos que esto parece un juego de espejos porque el PAN, que después de la elección del año pasado ha navegado con bandera de oposición crítica al gobierno de la 4T, parece estar haciendo el trabajo que desde el gobierno del estado se les complica un poco, considerando que la ex gobernadora ya hace maletas para volar rumbo a Barcelona para hacerse cargo del consulado de aquella ciudad mediterránea en la península ibérica, por designación directa del presidente López Obrador.

Cuando ayer por la mañana le preguntaron al gobernador sobre la denuncia de los panistas, sostuvo que la FAS en un organismo autónomo dependiente de la Fiscalía estatal y es la que tiene el caso, pero de entrada desestimó los señalamientos y precisó que en realidad se trata de adeudos heredados de administraciones pasadas, incluyendo la de Guillermo Padrés, muchos de los cuales no tienen sustento.

“Vendrá el momento en el que nos hagan parte de las conclusiones de esa investigación y obviamente actuaremos en consecuencia”, mencionó Durazo Montaño, que en este juego de espejos asumió el papel de policía bueno, mientras que el PAN, el del policía malo.

Durazo ha sido insistente en declaraciones que aluden al mal estado en que recibió la administración estatal, pero dadas las circunstancias prefiere echar por delante a los panistas para que sean éstos quienes se vayan a la yugular de la ex gobernadora.

Un viejo truco que los panistas han ensayado mucho cuando están en la oposición, concertacesionando con el gobierno en turno, y a veces hasta les sale bien.

Si así es el caso y de la denuncia se derivan responsabilidades administrativas y/o penales contra Pavlovich, sería un maravilloso plato frío de la venganza que degustarían con fruición, sobre todo aquellos a quienes la justicia llevó a la cárcel al inicio de la administración pasada, comenzando por el propio exgobernador Padrés. El gobierno de Morena, por su parte, no tendría tanta carga de conciencia al proceder contra la hoy favorecida de López Obrador y en todo caso, dejaría que los panistas hicieran el papel de tonto útil.

Claro, todavía falta ver si existen las pruebas para acreditar la presunta comisión de los delitos imputados porque, tal y como sucedió con varios de esos panistas, las acusaciones son por corrupción, no por weyes y la prueba es que todos ellos andan libres y bien forrados.

Por cierto y a propósito del padrecismo rampante, ayer se hizo presente en la conferencia de prensa del gobernador Durazo, la contralora ‘ciudadana’ de Guillermo Padrés, aquella cuya primera declaración fue para confesar su profesión de fe hacia quien llamó su jefe.

No sabemos a ciencia cierta cómo fue que llegó hasta allí considerando su condición de invidente, esa que le impidió ver el, ese sí, descarado y obsceno saqueo de los recursos públicos que marcaron la administración de su jefe, pero bien que vio cuando le iba a tomar la foto, porque trató de cubrir su cara.

O bien se valió de un perro lazarillo o bien ya recuperó la vista, porque ahora hasta se permite escudriñar el trabajo que está haciendo el contralor Guillermo Noriega Esparza, a quien trae de las solapas reclamando todo lo que en su momento ella no hizo.

Pero bueno, ese es el juego de espejos que a veces nos ofrece las imágenes invertidas de esto que cada vez parece más el mundo al revés.

III

No son dos, ni tres, ni cuatro, sino siete millones de pesos los que andan perdidos en el caso de Rodolfo Lizárraga, el ex diputado del PT cuya casa fue allanada por personas armadas que buscaban ese dinero en efectivo que, de acuerdo a la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras fue ‘prestado’ para una campaña electoral, y era lo que buscaban las personas armadas que allanaron el domicilio del guaymense.

Sobre este caso ya hay cuatro personas detenidas, tres de ellas relacionadas con la política y uno más, la pareja sentimental del exdiputado. Y no se descarta que el asunto tenga relación con el asesinato del suplente de Lizárraga en la legislatura pasada, Daniel Palafox Suárez.

El tema tiene a los sonorenses en el filo de la butaca.

Por: Arturo Soto Munguía
Lo que parecía un caso más de delincuencia común en el convulso puerto de Guaymas tomó un giro insospechado y ya se convirtió en un thriller que mantiene al respetable en el filo de la butaca.

Una saga con los componentes que el más ambicioso escritor de novela negra quisiera para un best seller: crimen sanguinario, lucha por el poder, narcopolítica, ambiciones desatadas, traición, romance gay, barandilla y tribunales…

El pasado 19 de enero cuatro sujetos encapuchados y armados irrumpieron en la vivienda del ex diputado local del PT, Rodolfo Lizárraga encañonando a los moradores y exigiendo dinero en efectivo. Como no encontraran, causaron destrozos en la casa y huyeron con rumbo desconocido.

Por esos hechos, el también ex candidato del PT a la alcaldía del puerto presentó una denuncia de hechos, cuyas diligencias llevaron a la detención, ayer, de al menos dos presuntos involucrados: Roberto Palafox Suárez, asesor político del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, y ex candidato en 2021 a la diputación local por el distrito 13; también Jesús Iván Acevedo, regidor del ayuntamiento de Guaymas en la administración anterior que encabezó Sara Valle y en la actual, que encabeza Karla Córdova. En 2021 fue candidato a la alcaldía por el partido Fuerza Social por México.

El juez oral de lo penal Octavio Castrejón Martínez solicitó la aprehensión de ambas personas, además de Daniel Palafox Suárez, Bryan Alberto Juárez Ponce y José Luis Angulo Tapia. Extraoficialmente se habla de cuatro detenidos, es decir todos los señalados anteriormente, a excepción del hoy occiso.

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el cuatro de febrero, mismo día en que Daniel Palafox Suárez, quien se desempeñaba como director de informática en el Ayuntamiento de Empalme fue encontrado muerto, con un balazo en la cabeza y las manos amputadas. Su cuerpo fue abandonado en un paraje al sur de la rielera ciudad, donde se ubica una capilla a la Santa Muerte, sitio donde suelen aparecer cadáveres del 98 por ciento de los que andando en actividades ilícitas, corren más riesgo de ser ejecutados.

José Luis Angulo Tapia se desempeñó como coordinador de vendedores ambulantes en el trienio de Sara Valle Dessens, y Bryan Alberto es un joven que no cumple 20 años y que hasta hace poco sostenía una relación sentimental con Rodolfo Lizárraga. Algo pasó en esta relación porque el muchacho está involucrado en el allanamiento a la casa del ex diputado.

Desde que sucedió el asalto en su casa de Guaymas, Lizárraga permanece en una especie de auto arraigo domiciliario en Hermosillo, custodiado 24/7 por agentes de la policía estatal. Ayer declaró a la prensa estar tranquilo tras las detenciones, pero hay elementos para suponer que esa tranquilidad es fingida.

La desaparición y el asesinato de Daniel Palafox Suárez le dieron un vuelco a esta saga, que tiene sus antecedentes en una no tan vieja disputa entre ambos personajes. Palafox Suárez era el suplente de Lizárraga en el Congreso local; cuando éste solicitó licencia para competir por la alcaldía de Guaymas, Suárez tomó su lugar, pero al perder la elección, Lizárraga quiso volver por su curul, a lo que Palafox se negó y entraron en un conflicto que dirimieron públicamente en los medios de comunicación en términos nada amables.

Daniel y Roberto Palafox Suárez difundieron en junio pasado, una denuncia contra Lizárraga acusándolo entre otras cosas, de enriquecimiento inexplicable. La denuncia la hizo pública Daniel Palafox en el programa de radio del colega y amigo José Ramírez un día antes de la elección.

El 27 de mayo, una página de Facebook llamada El Blog de Guaymas (que anteriormente se llamaba El Blog del Narco) había reproducido casi literalmente lo que Palafox expuso en el programa de radio: compra de terrenos, construcciones, vehículos pagados de contado, entre otras cosas, por parte del ex diputado que, agregan, antes de ocupar ese cargo no tenía ni cuenta de ahorros.

Otro dato relevante es que la detención de los presuntos se llevó a cabo por la Unidad de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, por lo que se presume que no solo andan tras la pista del robo con violencia en la casa de Lizárraga, sino del asesinato de Daniel Palafox Suárez, que tuvo todas las características de haber sido ejecutado por el crimen organizado.

Quedan muchos puntos oscuros en esta historia y habrá que esperar el resultado de las pesquisas que llevan a cabo los sabuesos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Pero todo huele muy mal…

II

Pasemos mejor a asuntos más amables. El secretario de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo estuvo ‘corriendo el lápiz’ durante los últimos meses para pulir un paquete de trece modificaciones legales para relanzar el desempeño gubernamental en áreas sensibles: combate a la corrupción, transparencia, seguridad y combate a la delincuencia; equilibrio económico y desarrollo social.

Fue el gobernador Alfonso Durazo quien presentó este paquete de reformas que en breve habrán de pasar por el Congreso del Estado para su aprobación.

A reserva de abundar líneas más adelante sobre algunas de estas reformas, destaquemos una que no aparece en relieve pero que vendrá a modificar sustancialmente el trabajo del gabinete.

Se trata de la desaparición de la Secretaría Técnica y la creación de la Oficialía Mayor, una instancia que ya existía en gobiernos anteriores pero desapareció en el gobierno de Claudia Pavlovich.

Según los enterados, en esta oficina se concentrará prácticamente todo el poder del Ejecutivo (después del que él detenta, claro); será una especie de supersecretaría y su ocupante será el verdadero brazo derecho del gobernador.

No digan que aquí lo leyeron pero esa oficina no la ocupará nadie del actual gabinete, sino que vendrá alguien del centro del país y se habla de un capitán de navío de nombre José López Ferra, hombre que estuvo muy cerca de Alfonso Durazo cuando éste ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete federal y es gente de todas sus confianzas.

Desde luego, apunte este nombre con lápiz, porque luego pasan otras cosas, pero el hecho cierto es que a partir de las nuevas reformas comenzará a operar de nuevo la Oficialía Mayor.

Por lo demás “Los cambios institucionales que propongo buscan cuatro grandes objetivos: un equilibrio de poderes democrático, la institucionalización de la austeridad republicana, el combate decidido a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones en asuntos públicos que fueron abandonados durante décadas como la movilidad, el deporte, la seguridad pública y el desarrollo sostenible”, dijo el gobernador.

Así, la titularidad en el ISAF y la Fiscalía estatal tendrán una vigencia de seis años para evitar encubrimiento e impunidad en administraciones salientes, y será el Congreso del Estado el que designe a los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos, facultad que hasta ahora recae en los titulares de dichas dependencias.

También será el Congreso junto con el Ejecutivo quienes definan al titular de la secretaría de Seguridad, lo que hasta ahora recae en el Consejo Ciudadano de SP.

Se modificará la Ley Anticorrupción para que las observaciones sean vinculantes a procesos legales; se abrirá a las denuncias ciudadanas y se reducirán las percepciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Sus sesiones de trabajo serán públicas a través de canales oficiales.

Se creará la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera y aumentarán los tiempos de prescripción para delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. También se faculta a la Contraloría a suspender contratos donde se detecten posibles daños patrimoniales. Hasta la omisión de cuotas del Isssteson será considerada falta grave. Ningún servidor público podrá ganar más que el titular del Ejecutivo.

Codeson se integrará a la Secretaría de Educación y Cultura, entre otras reformas.

“Las modificaciones propuestas son reformas de largo aliento que buscan dejar una arquitectura institucional diseñada con una visión de Estado, lo suficientemente sólida para que nuestro gobierno y las futuras administraciones cuenten con instrumentos normativos que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades. En lo inmediato, las y los sonorenses se beneficiarán con un gobierno austero que concentra los recursos públicos en proyectos, programas y acciones que benefician a la mayoría y a los más necesitados”, culminó el mandatario.

Por: Arturo Soto Munguía
Más que los resultados, hay una espera no despojada de cierto morbo por conocer las razones, los alcances y la utilidad práctica del estudio que la semana pasada anunciaron la fiscal estatal y la secretaria de Seguridad en Sonora, según el cual se estaría comprobando que el 98 por ciento de las víctimas de homicidio doloso, lo fueron por su involucramiento en actividades ilícitas.

Sin descalificar a priori dicho estudio, el sentido común indica que para arribar a esa conclusión no se requeriría un equipo multidisciplinario que se devanara los sesos y consumiera recursos públicos eventualmente cuantiosos.

Pero esa sería la parte menos cuestionable. Lo más serio es el camino de la criminalización y la revictimización de ese 98 por ciento de los y las muertas en tiroteos, enfrentamientos y ejecuciones, sin contar esa otra imprecisable cifra de cadáveres encontrados con preocupante frecuencia por los colectivos de madres buscadoras, que apenas el sábado daban cuenta de lo que llamaron ‘un campo de exterminio’ en Santa Ana.

Soy un convencido de que el gobierno de la cuarta transformación en Sonora ha privilegiado la incorporación de cuadros con una visión progresista, de avanzada, surgida de la investigación y la academia, nutrida en autores vanguardistas. Profesionales de la abogacía, la criminalística, la sociología y otras disciplinas, que pueden y deben arribar a mejores puertos en materia de políticas públicas a partir de la investigación, el análisis, el procesamiento de datos para interpretar la realidad.

La Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad no son la excepción, pero en este caso siento que sus titulares, Claudia Indira Contreras y María Dolores del Río están quedando a deber.

Realmente no serviría de mucho, y antes bien nos haría regresar 20 años en la historia, concluir basados en ese estudio, que sí hay muchos homicidios dolosos pero los ciudadanos de bien pueden estar tranquilos porque los muertos tienen antecedentes penales y perfiles criminales, es decir, ‘se están matando entre ellos’ y solo el dos por ciento de las víctimas son ‘daños colaterales’ o saldo rojo de violencia familiar y riñas por causas no relacionadas con el crimen organizado.

No se vale que las funcionarias citadas se aprovechen de que el gobernador anda a mil por hora, para meterle un gol como este.

Veamos: Alfonso Durazo trae sin duda, la experiencia de haber estado al frente de la secretaría de Seguridad federal, pero en las últimas semanas lo hemos visto recorriendo el estado atendiendo asuntos de la gobernanza que reclaman su presencia.

El gobernador trae en su agenda los temas del plan de justicia para Cananea, el plan de justicia para la etnia yaqui y el plan de justicia para los seris que no son, ni de lejos, asuntos menores. Lo hemos visto ir y venir a la Ciudad de México en la gestión de asuntos indispensables para el relanzamiento económico del estado: la modernización de aduanas, el puerto de Guaymas, la modificación del entorno urbano de Nogales; proyectos para Cajeme, obras carreteras, libramientos y desde luego la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

Eso sin contar asuntos que injustamente pueden considerarse más domésticos -porque no lo son-, como el reordenamiento financiero y administrativo del estado, el rescate del Isssteson, el plan anticorrupción y de austeridad, entre otros temas que le exigen un trabajo de 24/7.

La seguridad en el estado es, a no dudarlo un tema prioritario y si bien el gobernador dijo que se haría cargo personalmente, es obvio que en la complejidad de la gobernanza debe delegar tareas, y así ha depositado su confianza en dos mujeres que, lamentablemente aparecen rebasadas por una realidad empeñada en hacerlas ver erráticas y a veces hasta desesperadas. No es para menos.

Así las cosas, no queda más que esperar los resultados de ese estudio y que éstos vayan más allá de la revictimización y el desafortunado cliché ‘se están matando entre ellos’, porque entonces sí, no hay más opción que rezar para no aparecer algún malhadado día en la estadística del dos por ciento que no andamos en malos pasos y nos toque la de malas.

En el pasado, la criminalización de las víctimas y su consecuente revictimización hacía las veces de argumento para justificar la ausencia de resultados en las investigaciones de los homicidios dolosos. Si andaban en eso, se lo merecían, era la traducción más socorrida, lo que se decía sin decirlo.

Y sí, es posible que el 98% de los ejecutados (as) anduvieran en actividades ilícitas, pero sería interesante saber qué porcentaje de esos crímenes sigue en la impunidad, un dato que sería bueno incluir en el ya famoso estudio.

En vía de mientras y a vuelapluma, dejo cuatro nombres de víctimas cuyos asesinatos no han sido resueltos. Los cito porque no eran anónimos sicarios que aparecen y desaparecen sin que aparentemente nadie los reclame.

Abel Murrieta, Ricardo López, Marisol Cuadras y Daniel Palafox. Un candidato a la alcaldía de Cajeme, un periodista de Guaymas, una activista del feminismo en el mismo puerto y un funcionario municipal de Empalme.

Son, desde luego, mucho más, pero ¿servirá de algo saber si están en el 98 o en el dos por ciento? A mi juicio no. Todos están muertos y sus crímenes, impunes.

II

No empezó bien el año para el gremio periodístico. Cinco asesinados en estos primeros días de 2022, cuatro en enero, uno en febrero; tres de ellos en Tijuana, donde los demonios andan sueltos.

Ayer se reportó el asesinato de Marcos Ernesto Islas. Cuatro balazos segaron su vida, a las puertas de su casa. Por la noche, la fiscalía de Baja California confirmó la detención de Jocsar Fidel ‘N’ como presunto responsable del crimen.

Marcos Ernesto editaba un portal de noticias, aunque tenía tiempo que se había retirado de esa actividad.

Cinco periodistas asesinados en los primeros días del año que corre no son cosa menor. Mucho menos si los crímenes aparecen en un contexto de escalada en la confrontación del poder político con la prensa, donde hasta a Carmen Aristegui, hasta hace muy poco referente del periodismo con vocación obradorista, le fue colocada una diana en la espalda para que los seguidores del presidente descargaran en ella su furia, acusando traición.

El derecho de réplica y el diálogo circular al que apela el presidente con frecuencia se está convirtiendo en una peligrosa competencia por ver de qué lado se lanzan más descalificaciones, denuestos y francas agresiones. El presidente es duro en sus calificativos, pero no lo son menos sus detractores, que sin trabas ni recato lo insultan a él y a su familia diariamente.

Estamos en un momento en que no hay manera de saber quién comenzó los ataques, pero lo peor es que no hay visos de que en alguna de las partes vaya a caber la mesura. Preocupante, porque la violencia verbal es la antesala de la violencia física.

En el picado mar de la escalada criminal y la manga ancha de la impunidad, ¿qué si algún deschavetado atentara contra la vida de alguno de los villanos favoritos del presidente? ¿Qué si en el peor de los casos, lo hiciera promovido por alguno de los enemigos del presidente?

Por el bien de todos, los ánimos deben atemperarse.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
“¿Qué es, qué es, que entre más le quitas más grande es?”. Así rezaba una vieja adivinanza que solíamos escuchar de los mayores, aquellos que hoy andamos correteando el refuerzo tras las dos dosis de la vacuna contra la Covid19.

La respuesta es sencilla: el hoyo.

Muchos años después, la respuesta a esa adivinanza bien pudiera ser: el crimen organizado.

Hace un par de días el delegado de la FGR daba a conocer el aseguramiento de armas, vehículos y droga en la semana anterior: 38 fusiles de asalto y 20 armas cortas, destacando también 400 mil pastillas de fentanilo, un narcótico 50 veces más potente que la heroína, 38 vehículos terrestres y una avioneta.

El informe se dio en la rueda
de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo, quien celebró los decomisos, destacó la participación de las policías estatales en las acciones que llevaron a ellos y subrayó que son parte del combate permanente a la delincuencia organizada.

Sacar de las calles 50 o 60 armas de fuego en poder de los criminales cada semana son acciones dignas de reconocimiento, alentadoras y plausibles.

Pero al mismo tiempo, sobrecogedoras. Porque si semanalmente las autoridades civiles y militares sacan de las calles tantas armas, tanta droga y detienen a tanto presunto delincuente, ¿de qué tamaño será el poder de fuego, el económico del crimen organizado si desde hace varios meses no registramos un punto de inflexión que indique el descenso en los delitos de alto impacto, homicidios dolosos, señaladamente?

Es difícil dimensionar la magnitud del fenómeno de la violencia criminal, mucho menos a partir del solo parámetro del decomiso de armas, pero el sentido común indica que si cientos de ellas son arrancadas de las manos de los sicarios mensualmente y los hechos de sangre no disminuyen, obviamente son muchas más las que permanecen en su poder.

¿Cuántas? Imposible saberlo, pero eso nos lleva inevitablemente a otras preguntas relacionados con el mercado negro de armas en Estados Unidos, la porosidad de la frontera y la corrupción de las autoridades aduaneras y policiacas tanto del lado mexicano como de sus pares al norte.

Eso es precisamente lo sobrecogedor del asunto: asimilar que por impresionantes que aparezcan los decomisos y detenciones, están lejos de representar un debilitamiento significativo de las bandas criminales que, al contrario, parecen robustecerse a cada golpe.

Ayer fue un día negro en Sonora. Huatabampo, una ciudad del sur del estado que usualmente no aporta notas rojas de manera frecuente, vivió momentos de terror. Un sujeto discutió con su esposa, le dio un balazo en la mano, asesinó a un tío de la señora que intentó defenderla y huyó a bordo de su camioneta, disparando a los transeúntes, asesinando a un joven y lesionando a dos más (completamente ajenos al conflicto) para luego intentar suicidarse de un balazo en el cuello, cuando chocó el auto contra un árbol y se vio rodeado por la policía. Y eso que solo traía una pistola calibre .40.

Luego la municipal tuvo que acuartelarse en su comandancia, temiendo que el grupo al que pertenece el agresor intentara alguna acción en su contra.

Huatabampo es una comunidad relativamente tranquila, pero de acuerdo con fuentes locales, el hecho de que no aparezcan en los medios no significa que los delitos no se cometan. Los levantones, me dicen, son asunto cotidiano.

Horas más tarde, en un ejido situado a escasos kilómetros de la cabecera municipal en Cajeme, sujetos acribillaron a un hombre y huyeron a Ciudad Obregón provocando una aparatosa movilización de las diferentes corporaciones policiacas. Hubo intercambio de disparos y finalmente el auto en que viajaban impactó contra un tráiler, volcándose y cayendo a un canal. Allí fueron asegurados dos sujetos a quienes se les encontró en posesión de tres fusiles de los conocidos como ‘cuerno de chivo’.

Eso fue al filo del mediodía. Para las cinco de la tarde, en la colonia Ladrillera de Ciudad Obregón fue asesinado a balazos otro hombre en una vivienda, y una hora después, en San Luis Río Colorado masacraron a otro hombre dentro de su auto. En Hermosillo, esa misma tarde balearon a otro sujeto en las calles Gaspar Luken y Bulevar Quiroga.

Todo esto en un solo día. Mejor cerramos el tema y nos retiramos lentamente llevándonos la duda en el pensamiento: ¿ya habrán capturado al ‘Mataperros de Ures’?

II

Tampoco en Hermosillo comenzó bien el año. Jubilados y pensionados van por su tercer día de plantón y bloqueo en palacio municipal, lo que ha obligado a los funcionarios que usualmente despachan allí, al home office.

Los manifestantes reclaman la restitución de beneficios como vales de despensa, servicio médico, gastos funerarios y pago de luz que el Ayuntamiento retiró de su pago quincenal. Como negociador, el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta no ha podido destrabar el conflicto y su oferta de restituir solo los vales de despensa a quienes ganen menos de siete mil pesos fue rechazada por los jubilados y pensionados.

Piden además un encuentro con el alcalde Antonio Astiazarán, que no se ha concretado.

Mientras tanto en el palacio de al lado, ex concesionarios del transporte urbano tienen toda la semana en un ruidoso plantón, reclamando les sean devueltas las concesiones que les retiró el gobierno de Claudia Pavlovich, otorgándolas a una empresa foránea que por cierto, tampoco ha cumplido su oferta de mejorar el servicio.

En ambos casos los conflictos permanecen empantanados en parte por una fallida operación política, pero fundamentalmente porque esas demandas no se resuelven con política sino con dinero, y dinero no hay, así que los plantones pueden prolongarse.

En el caso de los ex concesionarios el gobernador ya adelantó que no cederá ante demandas que lucen exageradas, como el pago de hasta 700 mil pesos mensuales a algunos de ellos, que ni siquiera trabajan las unidades.

Dijo también que está preparado política y emocionalmente para aguantar las presiones mientras continúen las negociaciones. Lo de ‘emocionalmente’ seguro lo dijo por los bocinazos que durante horas y horas hacen sonar los manifestantes en su plantón, bombardeando con decibeles las oficinas de Palacio.

En los próximos días vamos a ver si aparece la ‘mano zurda’ tanto en el ayuntamiento como en el gobierno del estado para darle una salida a estos conflictos.