Categoría: El Zancudo

Si algo se puede concluir de los accidentados sucesos de los últimos dos días en la esfera gubernamental sonorense, es que efectivamente no hay pacto de impunidad, pero tampoco hay materia para el linchamiento de personajes de la administración pasada, con el que no pocos se relamían los bigotes.

Hay que reconocer que la del martes fue una jugada magistral de control de crisis por parte del gobernador Alfonso Durazo.

Acorralado por la defensiva de los medios de comunicación deseosos de taclearlo antes de que soltara el balón, sorprendió con un pase lateral a su ala cerrada Memo Noriega, quien no consiguió muchas yardas pero conservó la posesión del balón y evitó el castigo a su mariscal de campo.

Ni Tom Brady ni Aaron Rodgers hubieran salido tan bien librados con una jugada de engaño tan trabajada.

Alfonso Durazo se quitó de encima la presión de los medios que exigían un posicionamiento agresivo sobre la designación de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, le pasó la bola al contralor que salió del campo, detuvo el reloj y al siguiente día apareció sin nada en las manos, desinfló el tema y a otra cosa mariposa.

Doña Claudia sigue preparando el menaje, don Alfonso presidió un bonito evento sobre protección de los niños, niñas y adolescentes; nadie le recordó el tema del presunto pacto de impunidad y quien salió a responder por ello fue el Memo Noriega que, amparado en el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, no soltó prenda alguna sobre las investigaciones que la contraloría lleva a cabo.

Hizo, eso sí, una prolija explicación sobre los procedimientos administrativos de la dependencia a su cargo y soltó un par de distractores para el entretenimiento del respetable público: la Estafa Maestra y la Operación Safiro, temas ambos de competencia federal y en los cuales la contraloría estatal poco o nada puede hacer.

En el primer caso, la Auditoría Superior de la Federación fue la que presentó una denuncia ante la FGR por el presunto desvío de millonarios recursos federales y solicitó una investigación a la contraloría estatal sobre Telemax, empresa involucrada en ese caso conocido como la Estafa Maestra. En su momento, la contraloría estatal inhabilitó por diez años al director de la televisora, Daniel Hidalgo Hurtado.

Hasta allí, la parte administrativa, la que le corresponde a la contraloría estatal fue solventada. Esta instancia tampoco puede turnar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora porque se trata de recursos federales. En todo caso es la FGR la que podría presentar una denuncia penal, pero el caso ya salió del ámbito estatal.

De hecho, la llamada Estafa Maestra es a estas alturas, más fuego de artificio que otra cosa. Hasta el año pasado por este caso había nueve exfuncionarios procesados y solo uno sentenciado a seis meses de prisión, que conmutó por una multa y servicios comunitarios. Rosario Robles permanece en prisión, pero el delito por el que fue aprehendida es menor y no tiene que ver necesariamente con el asunto principal. Se sabe que su reclusión tiene más tintes de revancha política que de otra cosa.

Y en el caso de la Operación Safiro, tampoco tiene competencia la contraloría estatal. Fue la FGR en todo caso la que se hizo cargo; no es cierto que los delitos hayan prescrito pero técnicamente es la FGR la que tendría que responder por su seguimiento.

Guillermo Noriega explicó por otro lado los procedimientos que se llevan a cabo a propósito de las 172 auditorías en curso a dependencias estatales. Procedimientos normales de los que hasta el momento no se derivan responsabilidades administrativas, mucho menos penales.

Es más, las cuentas públicas estatales correspondientes a los años anteriores (2018, 2019 y 2020) ya fueron auditadas por la ASF y aprobadas por esa misma instancia. No son, por tanto, auditables a menos que existan evidencias claras de la comisión de algún delito y no parece ser el caso.

En resumen, el gobernador despresurizó el tema del presunto pacto de impunidad para con personajes de la administración anterior, mandó la pelota a la cancha de su contralor y éste explicó que solo hay procedimientos normales de auditoría y si encuentran irregularidades se actuará conforme a dichos procedimientos, dejando abierta la posibilidad de establecer sanciones administrativas o turnar a las fiscalías aquellos casos en que se presuman responsabilidades penales.

O sea, si alguien quería ver sangre o cabezas rodando, se quedaron con las ganas.

Ahora bien, si se llegase a demostrar alguna responsabilidad penal sobre algún ex funcionario (a), lo que sobrevendría son largos litigios que no necesariamente deriven en encarcelamientos.

Lo que sí sucedió es que el tema del consulado en Barcelona ya se desinfló.

II

Justo el día en que la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi confirmó que Ciudad Obregón se mantiene como la segunda en el país donde sus habitantes se sienten más inseguros, se anunció también el relevo del capitán Cándido Tarango como secretario de Seguridad municipal.

La percepción de inseguridad en Cajeme (95% de sus ciudadanos se siente inseguro) no es para menos. En el último año se han registrado al menos un millar de asesinatos en las calles de la cabecera municipal y en sus áreas rurales.

Para relevar a Tarango llega otro militar, el capitán de Navío Infantería de Marina, Paracaidista Diplomado del Estado Mayor, Claudio Cruz Hernández.

El nuevo jefe de policía municipal llega a un terreno hostil, un municipio que apareció el año pasado como el número cuatro en el ranking mundial (¡mundial!) de ciudades inseguras. El año pasado cerró con 770 asesinatos y en lo que va de este mes ya se llegó a los mil, la inmensa mayoría derivados de la disputa que por esa plaza protagonizan al menos tres grupos de la delincuencia organizada, según han reconocido las propias autoridades.

Ojalá el cambio sea para mejorar. Cajeme y sus habitantes no merecen el infierno en que lo han convertido los criminales en los últimos años.

Y ya que andan con cambios en mandos de seguridad, bien podrían echarle un ojo a San Luis Río Colorado, donde en las últimas dos semanas se han soltado los demonios.

 

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
En el despacho de ayer expusimos la idea de que a quien menos conviene dejar crecer la especie de que tras la integración de Claudia Pavlovich al servicio exterior del gobierno obradorista existió un presunto pacto de impunidad era al mismísimo gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Es más, yo no estaría tan seguro de que la decisión presidencial de mandar a Claudia Pavlovich a Barcelona sea un certificado de impunidad para quienes hayan cometido delitos contra el erario; antes bien, diríase que el gobernador está más obligado que nunca a instruir a sus colaboradores a presentar elementos de prueba que acrediten la presunta comisión de esos delitos”, escribimos en la víspera.

Pues Alfonso Durazo hizo bueno el pronóstico y ayer, en público de la gente -como diría el corrido de Benjamín Argumedo-, dio a conocer que en la contraloría estatal a cargo de Guillermo Noriega Esparza existen 159 (son ciento cincuenta y nueve) auditorías entre ellas 17 especiales, en 14 dependencias estatales, de las cuales este día se darán a conocer algunos pormenores.

No todos, desde luego, por aquello de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero al gobernador le urge enviar el mensaje de que él estuvo al margen de las negociaciones que derivaron en el nombramiento consular de la ex gobernadora, porque en el cañaveral de pasiones que desató dicho nombramiento, algunos rayos y centellas cayeron sobre su persona.

Y muchos de esos cuestionamientos tuvieron su origen, más que en un compromiso con la honestidad, la transparencia y/o la rendición de cuentas, en un insano deseo de venganza. En Morena, pero sobre todo en el padrecismo neomorenista que se trepó a la 4T para cobrar no tan viejas facturas políticas, agotaron las reservas de Vitacilina tratando de curar el ardor provocado por ese presunto pacto que hizo volar a la paloma rumbo a la madre patria después de que la madre les partiera.

Pero Alfonso Durazo es una liebre muy lampareada y después de tantos años en los más altos vuelos de la política mexicana, ya tiene el esquema completo de vacunas y refuerzos contra la maledicencia y el amarre de navajas.

Lo dejó claro en la rueda de prensa ayer. Campañas mediáticas similares le tocó vivir cuando asesinaron a su jefe Luis Donaldo Colosio, cuando renunció al PRI; cuando entre Vicente Fox y Martha Sahagún le echaron el peso del aparato presidencial encima; cuando se sumó a la campaña de López Obrador y también durante las campañas electorales en las que fue candidato.

Él mismo hizo ese recuento para asegurar posteriormente, que a estas alturas de su vida no está para proteger a nadie que haya cometido alguna irregularidad. Y ante la insistencia de quienes querían ver correr la sangre fue contundente al citar a Luis Donaldo Colosio: “No me envenenen el alma (…) eso enferma la vida política del estado y no se puede vivir así”, dijo.

En congruencia con ese postulado, aseguró que ha tomado la decisión de no imputar irresponsablemente a nadie, de respetar la presunción de inocencia, de no lastimar reputaciones ni impulsar ese tipo de campañas. Lo cual no significa -también lo dejó claro-, que no tome decisiones para romper con los vicios del pasado.

Y así diciendo, le pasó la bola a su contralor estatal allí presente, instruyéndolo para que este miércoles informe sobre las 159 auditorías que se están llevando a cabo y de las cuales Guillermo Noriega ofrecerá detalles este mediodía.

Por cierto, como si de un flashback se tratase, el partido del gobernador saltó a la palestra como en los viejos tiempos lo hacían el PRI o el PAN para hacer patente su respaldo mediante un comunicado en el que manifiestan su apoyo y confianza al presidente de la república respecto a los nombramientos anunciados en el cuerpo diplomático, y también al gobernador en sus dichos sobre la inexistencia de un pacto de impunidad.

Como en los viejos tiempos, pues. Aunque, ya en esa dinámica, se extrañó que no hubiera una ‘cargada’ de funcionarios públicos suscribiendo esa posición. Ignoro si hubo una instrucción para que se abstuvieran, o si de plano no les nació hacerlo y prefirieron dejar que el gobernador se defendiera solo. Pa’ saber.

II

Pero como en este mundo matraca no todo es grilla y envenenamiento de almas, surgió información ayer en esa misma rueda de prensa sobre la planta fotovoltaica que se construirá en Puerto Peñasco, de la cual el gobierno de Sonora será poseedor del 44 por ciento de los beneficios derivados de la comercialización de la energía allí producida, lo cual a su vez se destinará a reducir el monto de los recibos de luz en los ‘picos’ de verano e invierno.

Esta planta en la que se instalarán más de dos millones de paneles solares tiene una dimensión equivalente a 315 veces el estadio Azteca y en ella se invertirán mil 644 millones de dólares para beneficiar a 1.6 millones de consumidores. Parte del fluido eléctrico se comercializará también en Baja California.

El gobernador dio a conocer estos datos, acompañado del director corporativo de Planeación Estratégica de la CFE, Guillermo Arismendi Gamboa, destacando que con este proyecto Sonora se pondrá a la vanguardia en la generación de energías limpias.

III

Y ya con esta me despido porque mi corazón no aguanta tantas tensiones y mi alma que no está envenenada pende de un hilo mientras le miden el agua a los camotes de la pandemia y deciden si se llevan a cabo o no las Fiestas del Pitic, el FAOT, el carnaval de Guaymas y la Expo-Gan. Las autoridades están trabajando horas extra en la difícil tarea de calcular el vital líquido a los tubérculos y tomar las previsiones del caso.

Hoy habrá noticias por rumbos de Guaymas y a decir de algunas versiones en redes sociales, la cancelación del carnaval es inminente, no así el FAOT y las Fiestas del Pitic, eventos para los cuales se está considerando llevarlos a cabo bajo un esquema híbrido presencial y virtual. En el caso del FAOT, sin venta de alcohol en la vía pública ni eventos masivos en las calles; en el caso de las Fiestas del Pitic también exploran esas posibilidades.

Ya veremos, como le dijo Andrea Boccelli a José Feliciano.

Por: Arturo Soto Munguía
La disputa por las plazas explica, pero de ninguna manera justifica la escalada de violencia criminal con la que cerró el año pasado y que continúa en este, sin que haya visos de que baje de tono la estridencia de las balaceras en varias ciudades del estado donde parecen focalizadas las disputas de las bandas criminales.

Cajeme, Guaymas y Caborca son municipios donde el conteo de cadáveres ya forma parte de la cotidianeidad y en la última semana, San Luis Río Colorado aportó una notable cuota de sangre a las masacres.

Cualquier habitante de esas localidades ha hecho suya la narrativa oficial que una y otra vez reconoce que el origen de esa violencia reside en la disputa de los grupos criminales por el control de las plazas.

A fuerza de repetirse, ese argumento hace palidecer el verdadero tema de fondo: si los criminales se están disputando el territorio nacional ¿en qué papel queda el Estado mexicano, constitucionalmente facultado para ejercer su poder sobre ese espacio geográfico?

Hablar de un municipio como Cajeme que no llega al medio millón de habitantes y donde el año pasado cerró con una cifra de 770 asesinatos puede ofrecer una idea clara sobre quien realmente controla el territorio. Pero lo mismo puede decirse del valle de Guaymas-Empalme, la sierra alta y baja o la zona del desierto de Altar.

Apenas van 16 días transcurridos en el primer mes del año y Cajeme ya cuenta 32 asesinatos. En Guaymas, ayer fueron asesinados un policía municipal y un guardia del Cereso que viajaban en un automóvil en céntrica zona del puerto. Desde otro auto un sujeto abrió fuego en su contra, acabando con sus vidas. Más tarde fueron localizados otros dos cuerpos sin vida en el entronque de la carretera a Ortiz y La Misa. Ambos tenían el tiro de gracia.

Ayer mismo en SLRC se registraron cuatro ejecuciones, entre ellas las de dos taxistas. La semana pasada un hombre fue ejecutado en aquella ciudad mientras era acompañado de su hijo menor de edad que resultó gravemente herido.

La forma en que operan los sicarios solo puede ser explicada con una palabra: impunidad. Lo mismo en las calles que en casas o comercios; igual en despoblado, se mueven con entera libertad mientras las autoridades se ocupan de contar casquillos, colocar cintas amarillas, hacer el recuento diario de los muertos y enviar boletines de prensa consignando los hechos y asegurando que se investigan.

Las cifras mueven a la desesperanza y dejan la sensación de que poco o nada se está haciendo para recuperar el control del territorio a partir de estrategias que incluyan labores de inteligencia y operativos efectivos de combate al crimen organizado. Nada parece que vaya a cambiar al menos en el corto plazo.

La política de seguridad que se ha trazado desde el ámbito federal al que corresponden este tipo de delitos no es incorrecta. Sintetizada en ‘abrazos, no balazos’ y ‘becarios sí, sicarios no’, apela a la buena voluntad del pueblo al que también pertenecen los criminales y a la superación de la pobreza extrema, caldo de cultivo propicio para el reclutamiento de jóvenes que, citando a Monsiváis, prefieren vivir unos cuantos meses o años sin las carencias de su condición social, que morir en la miseria, bajo el jacal y sobre el catre en el que murieron sus padres y sus abuelos.

No es una estrategia incorrecta, subráyese, aunque está proyectada para dar resultados en el largo plazo. Pero como dice la conseja popular, en el largo plazo todos vamos a estar muertos.

II

De acuerdo con algunos especialistas hemos llegado al pico de la cuarta ola de la pandemia y en los próximos días comenzará a registrarse una baja en los casos de contagios, lo que de ninguna manera implica bajar la guardia.

Lo que parece ser una buena noticia no lo es tanto considerando lo que se viene en fechas ya muy próximas, a saber: el regreso a clases presenciales y algunos eventos masivos cuya realización está siendo valorada por las autoridades: el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, las Fiestas del Pitic y la Expo-Gan en sus ediciones 2022.

El carnaval de Guaymas ya fue cancelado y los anteriormente citados previsiblemente correrán la misma suerte.

Como ha quedado documentado, esta cuarta ola signada por la presencia de la variante Ómicron de Covid19 pegó fuerte en Sonora y muchos de los que íbamos invictos caímos presa de los contagios. La semana pasada hubo varios días en los que se registraron consecutivamente más de mil casos y en ello tuvo que ver sin duda el relajamiento de los protocolos sanitarios durante las celebraciones de navidad y año nuevo.

Juntar a decenas de miles de parroquianos en festividades como el FAOT, la Expo-Gan o las Fiestas del Pitic no parece ser una buena idea, incluso si se considera que la mayoría de la población ya está vacunada y en esta etapa ya se están comenzando a aplicar los refuerzos a población vulnerable.

Aventarse el tiro de realizar esos eventos es tanto como retar al virus, que ya nos dio una probadita de su gran transmisibilidad. El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán y el gobernador Alfonso Durazo ya declararon que están evaluando todas las condiciones para determinar si se llevan a cabo o se cancelan.

Veremos en los próximos días cuál es la decisión que toman. Por lo pronto lo que es un hecho es que este lunes comenzará el regreso a clases presenciales con una serie de recomendaciones y cuidando mucho los protocolos.

Con 998 nuevos casos, ayer fue el día con más alto registro oficial de contagios Covid19 en lo que va del años y como comentábamos ayer, el panorama no es alentador.

Pese a que la letalidad de la variante Ómicron cuya presencia en Sonora reconoció ayer el secretario de Salud, José Luis Alomía es menor que la Covid19, tiene una transmisibilidad más alta y eso ha provocado el disparo en los contagios.

Por todos lados se están reportando casos con síntomas leves y no tanto, pero en el gremio periodístico el virus pegó con tubo en este inicio de año y ya nos mandó a la banca a más de una veintena de comunicadores y comunicadoras a quienes desde nuestra propia convalecencia enviamos deseos de pronta y total recuperación.

Hasta ayer, la lista de colegas infectados iba así: Hilario Olea Ruiz, Juan Carlos Zúñiga, Gerardo Moreno, Germán Contreras, Guillermo González, Gil Reyes, Juana María Olguín, Karina Barraza, Lorena Martínez, Isela Hong, Rafael Rentería, Arturo Salcido, César Fraijo, Ángel Lozano, Gamaliel González, Leonor Hernández, Mónica Miranda, Polet Ruano y Martín Holguín.

Por la naturaleza propia del trabajo y aunque ya se ha normalizado el ‘reporteo a distancia’, es altamente probable que el brote en el gremio se dispare en los próximos días.

Por lo pronto ayer se cambió, acertadamente la comparecencia semanal del gobernador Alfonso Durazo ante los medios de comunicación, mudándola de la sala de prensa al patio central de Palacio de Gobierno, un espacio mucho más amplio, abierto y naturalmente ventilado. Y este día la secretaria de Seguridad y la fiscal estatal, María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras ofrecerán una rueda de prensa, misma que será en modalidad virtual.

Ahora sí que por el bien de todos, primero los protocolos.

Fuera de eso, es predecible el desfile de cuentas alegres sobre órdenes de aprehensión ejecutadas, disminución de delitos, vinculaciones a proceso y un largo etcétera de ‘logros’ en materia de seguridad, pero siempre estará presente la sombra de los delitos de alto impacto que mantienen en la zozobra a los habitantes de varios municipios especialmente conflictivos en esa materia.

Cajeme sigue siendo una brasa ardiendo y no hay día en que no se reporten asesinatos y/o hallazgos de cadáveres; Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado son también focos rojos en el tablero de la seguridad pública y no hay, hasta el momento una estrategia más o menos articulada para devolver la paz a esos municipios.

Cajeme es la locura. El año pinta para romper todos los récords de ejecuciones. Nada más en los primeros días de este año la cifra ya llegó a 30 asesinatos con los tres que perpetraron anoche en la colonia Misión del Real, Más temprano habían asesinado a otro frente a las instalaciones del cuartel militar de Esperanza, donde no es el primer tiroteo que se registra.

Si el mes pasado cerró con un promedio sostenido durante los últimos meses de 2021 de dos asesinatos diarios, enero 2022 ya promedia tres.

Veremos si hoy aparece algún anuncio importante al respecto, lo que se antoja difícil considerando la complejidad multifactorial del fenómeno de la violencia criminal, que lamentablemente no cede.

II

Pero volviendo con la rueda de prensa del gobernador, en temas más amables anticipó ayer el rediseño de la programación de Telemax y si nos atenemos a la visión de Estado que Alfonso Durazo ha forjado a través de su larga carrera política en las más altas esferas del poder, seguramente vienen buenas noticias.

Reconvertir un medio de gobierno -o peor aún, de partido- en uno de Estado es algo más que una redefinición teórica: atraviesa por dotar a la televisora de contenidos que recojan la pluralidad política y la diversidad social de los sonorenses, abandonando la tentación de instrumentalizarlo como un altar para el culto a la personalidad del gobernante, una herramienta para el ajuste de cuentas políticas y un ‘garrote de trapo’ para la descalificación y el denuesto de los adversarios, algo que fue moneda corriente en sexenios anteriores, señaladamente en el de Guillermo Padrés, y no se diga más atrás, en el de Manlio Fabio Beltrones.

Durante la administración de Claudia Pavlovich se avanzó en ese camino, pero se quedaron lejos de la idea original con la que fue concebida la función de la televisora oficial en el sexenio de Samuel Ocaña, por cierto uno de los referentes del gobernador Durazo, que a su vez tiene en la dirección de Telemax a Paulina Ocaña, nieta del neumólogo de Arivechi.

Ayer el gobernador fue claro al advertir que la televisora estará dedicada exclusivamente a difundir información, entretenimiento y programas que sirvan a la superación cultural y educativa de la gente de Sonora; que sirva al fortalecimiento de sus valores y no para destinarla al desprestigio de adversarios y a lastimar reputaciones de la gente. Lo dijo con todas sus letras.

El próximo viernes será presentado el nuevo diseño programático de Telemax, que en esta administración ha sido concebida como parte integral de un sistema estatal de comunicación en el que se incluye a Radio Sonora llevando como cabeza de este a Edgar Hiram Sallard, que mucho ha tenido que ver en este relanzamiento cuyo diseño se viene trabajando desde hace tres meses.

Por cierto, la televisora estatal ya no transmitirá dos programas de corte religioso, aunque conservará la misa dominical católica.

Esperemos al viernes para ver de qué van los cambios en la televisora.

III

Ya para cerrar, agradecemos los mensajes y llamadas de colegas, amigos y familiares reportándose para saber cómo va la convalecencia en esta su humilde casa donde permanecemos aislados y en espera de ahuyentar el maldito bicho, que ciertamente ya va de salida.

No enumero a todos y todas por cuestiones de espacio, pero reconozco el detalle de la ex gobernadora Claudia Pavlovich que se dio un tiempo para saludar y quedarse un ratito platicando de varias cosas relacionadas desde luego con su quehacer político, mismas que no estoy en condiciones de contarle porque estuvieron ‘fuera de libreta’, pero de que ando buchón, ando buchón y mejor aquí la dejo antes de que se me salga algo.

Diez días apenas van del nuevo año y en Sonora sumamos ya 4 mil 163 nuevos casos de Covid19, más los que se acumulen en lo sucesivo.

No, por ningún lado que se vea, este ha sido un arranque de año que se acerque siquiera al más modesto de los parabienes por los que brindamos al despedir un 2021 fatídico. Si aplicásemos las cabañuelas considerando no el clima, sino los contagios, el reporte de estos primeros diez días proyectarían un 2022 lúgubre, por decir lo menos.

1 de enero: 201 nuevos casos y una defunción.
2 de enero: 68 nuevos casos y una defunción.
3 de enero: 129 nuevos casos y dos defunciones.
4 de enero: 349 nuevos casos y dos defunciones.
5 de enero: 639 nuevos casos y una defunción.
6 de enero: 696 nuevos casos y una defunción.
7 de enero: 669 nuevos casos y una defunción.
8 de enero: 762 nuevos casos y una defunción.
9 de enero: 306 nuevos casos y una defunción.
10 de enero: 344 nuevos casos y ninguna defunción.

En total, 4 mil 163 nuevos casos.

En el plano nacional la cosa no pinta mejor. Los últimos días se han reportado cifras superiores a los 30 mil contagios cada 24 horas. La cuarta ola llegó a México como un tsunami y si bien la letalidad ha disminuido considerablemente, ya por las vacunas, ya por los tratamientos probados, ya por la atención oportuna, los estragos en la vida productiva, académica y social son devastadores.

Escribimos estas líneas desde el confinamiento obligado al que nos remitió la enfermedad, inopinadamente pescada ‘gracias’ a una persona que acudió a visitar esta su humilde casa después de una navidad celebrada en la acogedora calidez del hogar, precisamente para no andar exponiendo el físico al veleidoso bicho.

Pero las cosas pasan y como bien dice el refrán, de donde menos se espera salta la liebre. Afortunadamente los síntomas han sido prácticamente imperceptibles y ya vamos de salida, pero decenas de familiares, amigos y conocidos no pueden decir lo mismo.

La confinada lectora, el convaleciente lector no me dejarán mentir: hubo días en que la cantidad de casos reportados en redes sociales daban la impresión de que las nuevas variantes de la cepa maldita estaban pegando más fuerte que en sus primeras oleadas, y apretando el cerco incluso contra quienes conservábamos el invicto de manera más o menos decorosa.

Ya no. El virus ha llegado a las oficinas gubernamentales, a las empresas de todo tamaño; está en los centros comerciales y en cualquier sitio. Menos letal, cierto, pero más contagioso.

Y en ese contexto el presidente de la República arengaba en las últimas semanas instando al regreso a clases presenciales, sobre todo en las universidades, donde hoy el personal académico, administrativo y manual, así como los estudiantes mantienen muchísimas reservas a propósito de un regreso seguro a las aulas.

Pero si el mismísimo presidente anunció ayer su condición de contagiado (por segunda ocasión) de Covid19 ¿qué pueden esperar alumnos y maestros en planteles que están lejos de cumplir protocolos mínimos de seguridad?

El regreso a clases presenciales, que involucra no solamente a las escuelas, sino la intensa reactivación de la movilidad urbana y potencia el riesgo de contagios incalculablemente parece el camino más corto a la llamada inmunidad del rebaño, aquella inicial idea con la que se estrenó el ahora conocido como Doctor Muerte, Hugo López Gatell, cuando planteaba que era preferible una gran cantidad de infectados en las escuelas.

Después de casi dos años de pandemia y más de 300 mil muertos parece que la apuesta sigue siendo esa, en medio de una estrategia de prevención que ha ido de tumbo en tumbo y que terminó saturando clínicas y hospitales, provocando una crisis de salud descomunal que se agrava con la falta de reactivos para pruebas y medicamentos, sin contar los desbarres en las áreas de comunicación donde también parecen traer la brújula perdida.

Entre spots de botargas promoviendo el consumo de frutas y verduras y yerros garrafales como incluir la vasectomía como refuerzo gráfico para ilustrar propaganda oficial de la secretaría de Salud federal sobre prevención de la Covid19, las políticas del gobierno en la materia rayan en lo hueco, por no decir en lo demencial.

En Ciudad de México, por ejemplo, epicentro de la pandemia, la jefa de gobierno llamó a no hacerse pruebas sino a confinarse ante la sospecha de contagio por la aparición de cualquier síntoma parecido a los de la gripe. Muy pocos, sin embargo están dispuestos a acatar la instrucción, comenzando por el mismísimo presidente de la República que todavía el lunes apareció sin cubrebocas en la mañanera, después de encabezar la reunión del gabinete de seguridad y luego de sostener reuniones con sus secretarios y secretarias. López Obrador ya estaba contagiado y presentaba síntomas cuando sucedió esto, y horas más tarde confirmaba el positivo a Covid19.

La posibilidad de salir pronto de esta pesadilla aparece así, cada vez más lejana.

II

El año no comenzó bien tampoco en seguridad pública. En Sonora, Cajeme, Guaymas y Caborca siguen siendo focos rojos en ese rubro. Esos municipios, y otros, empezaron el año tal y como lo terminaron: reportando balaceras, enfrentamientos y asesinatos a diestra y siniestra.

Así como no hay estrategia para frenar la pandemia, tampoco parece haberla para poner un alto a la escalada de violencia que recorre el país, desde Chiapas hasta Baja California, pasando por Veracruz y Zacatecas donde no cesan las masacres.

La primera columna de este año debería ser una llena de buenaventura. La realidad, sin embargo, se empeña en no dejar una sola ranura por donde se filtre la luz de la esperanza.

Tenemos frente a nosotros un año nuevecito, con sus hojas en blanco y la pluma lista para escribir limpiamente las mejores historias. Lástima que haya tantos codos rozando el tintero. Lástima que los mexicanos estemos atrapados entre la espada de la violencia y la pared de la pandemia.

Por: Arturo Soto Munguía

Este miércoles al filo de la una de la tarde, el gobernador habrá de presentar un recuento de lo alcanzado en estos sus primeros 100 días al frente de la administración estatal.

Un arranque que no ha sido sencillo, pero en el que Durazo Montaño ha sabido aprovechar el bono democrático, la gobernabilidad que permite una mayoría legislativa afín a su proyecto y la excelente relación que tiene con el gabinete federal del que proviene, pero sobre todo con el presidente de la República.

Se sabe que el principal problema que ha enfrentado es el de la falta de recursos y eso ha ocasionado algunos tropiezos, ya para arrancar programas o darles continuidad, o hasta para pagar la nómina de la burocracia. El gobernador a veces no puede ocultar su desilusión cuando tiene que apoquinar 450 millones de pesos mensuales para cubrir el adelanto de participaciones que consiguió la pasada administración, pero de las cuales él no vio ni el polvo.

Eso lo llevó a incluir de último momento en el paquete fiscal presentado al Congreso una solicitud para un crédito de 990 millones de pesos que le permitiera solventar los compromisos de fin de año tanto para la administración estatal como para las municipales. Este monto es deuda de crto plazo que tendrá que pagarse el año próximo.

Aun así la maquinaria estatal ha seguido funcionando y apoyado en un Congreso de mayoría afín consiguió sacar intacta su propuesta presupuestal para el 2022, destacando el extraordinario monto para los programas sociales en sintonía con la política federal, y los ahorros proyectados a partir de un plan de austeridad que algunos califican de agresivo, pero que espera lograr economías hasta por cuatro mil millones de pesos en los próximos años.

Ayer el gobernador dio un adelanto de lo que seguramente incluirá en este recuento, destacando las multimillonarias inversiones para la modernización de aduanas y del puerto de Guaymas; los proyectos carreteros y la mega planta fotovoltaica para la que ya se anunciaron inversiones iniciales por el orden de los nueve mil millones de pesos.

Pero no adelantemos vísperas y mejor esperemos a lo que tenga que decir este día.

Por cierto en la rueda de prensa de ayer Alfonso Durazo mostró la mano izquierda y luego de negociaciones que no debieron ser sencillas con autoridades tradicionales yaquis éstas acordaron ‘levantar’ la ‘piola de cuota’ que tenían instalada en Loma de Guamúchil liberando el tránsito por la carretera federal 15 en ese tramo.

El asunto es notable porque justo en ese punto es donde se habían registrado más conflictos, algunos que rayaron en la violencia y donde recientemente fue grabado un agente de la policía municipal de Cajeme colaborando con los yaquis para obligar a pagar la cuota a un usuario de la carretera.

Esta situación se fue volviendo más compleja porque se dejó crecer por muchos años, y en el caso de Loma de Guamúchil se pudo negociar porque allí son las autoridades tradicionales las que operan el retén, no así en los instalados a la altura de Vícam y en Pótam, donde los ‘cobradores’ de cuotas ‘voluntarias’ son indígenas (y algunos ni siquiera lo son) que se apostan arbitrariamente y sin representación alguna.

Por las fechas que corren, cuando decenas de miles de ‘paisanos’ regresan por esa rúa a sus pueblos de origen el tema de las cuotas yaquis amenazaba con volverse aún más problemático, pero el gobierno del estado operó no solamente con el diálogo, sino que incluso se sabe que ya se liberaron algunas órdenes de aprehensión contra personas que organizan y operan los retenes, de allí que se hayan levantado.

Trascendió que en el caso de Loma de Guamúchil se trata de una especie de acto de buena voluntad por parte de las autoridades tradicionales yaquis para dejar libre el tránsito al menos en las fechas entre navidad y año nuevo, por lo que posiblemente vuelvan a instalarse pasadas éstas.

De cualquier forma el gobernador adelantó que se sigue trabajando en los trabajos del Plan de Justicia para la Etnia a fin de resolver también este, que es uno de los muchos asuntos en la agenda del gobierno con la etnia.

Durazo dijo que su propuesta inicial era de la de ‘mover’ la caseta de cobro que opera Capufe en Esperanza, reubicándola a la altura del danzante yaqui y destinar una parte de los recursos allí captados para resolver problemas de la etnia, señaladamente el del pago de operación (tarifas eléctricas) del acueducto que está proyectado para dotar de agua potable a los ocho pueblos y el resto de las comunidades indígenas.

Sin embargo esa propuesta no prosperó debido a los altos costos que representaba; en cambio se han proyectado paradores turísticos en los que se presten diversos servicios (como el de restaurantes) y actividades comerciales para ofrecer la producción artesanal de la etnia.

Hay que anotar un punto al gobernador Alfonso Durazo que poco a poco está avanzando en la solución de añejísimos problemas en ese territorio.

Sin duda una de las asignaturas pendientes y que resulta muy dolorosa para los ciudadanos es el tema de la seguridad pública, sobre todo en ciertas regiones del norte del estado, el desierto de Altar y de manera crítica en el corredor Cajeme-Empalme-Guaymas, donde no han podido dar pie con bola.

Los últimos tres meses en Cajeme han promediado los 60 homicidios dolosos diarios, pero diciembre pinta para romper ese siniestro récord, ya que aún faltan diez días para que termine el mes y los asesinatos suman 50, con los tres ‘embolsados’ que encontraron ayer por la noche.

Quizás el evento de los cien días sea el foro ideal para que el gobernador anuncie un golpe de timón en la estrategia, quizás algunos cambios en el gabinete de seguridad o al menos un jalón de orejas porque hasta el momento es la parte más crítica de su administración, lo que no deja de ser paradójico si se considera el muy reciente paso del hoy gobernador por la secretaría de Seguridad federal.

Hoy se verá.

Por: Arturo Soto Munguía

Andrés Humberto Cano Ahuir es el último de los cinco militares propuestos por el entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño para hacerse cargo de las corporaciones municipales en igual número de municipios, a saber: Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas y Hermosillo.

El paso de los milicianos por esos cargos civiles fue de más sombras que luces. De hecho, luces hubo muy pocas y sombras, muchas.

El 13 de agosto de 2019, casi al cumplirse el primer año de ejercicio de los nuevos alcaldes y alcaldesas en Sonora, el entonces secretario de Seguridad federal presidió un evento en el que estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich y altos mandos del Ejército y la Marina. Allí anunció que como parte de la nueva estrategia para abatir la criminalidad y recuperar la paz en el estado, serían elementos castrenses quienes asumirían el mando de las corporaciones municipales.

Y es que de 2018 a 2019 la escalada de violencia criminal registró un inusual repunte sobre todo en los municipios del sur del estado, señaladamente Cajeme, Guaymas y Empalme.

En Hermosillo, tomaría el mando el general de División Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Landeros Briseño quien salió del retiro para sustituir en el cargo al comisario Luis Alberto Campa Lastra; en Guaymas, estaría el capitán de Fragata Infantería de Marina D.E.M. Andrés Cano Ahuir; en Empalme, el capitan Corbeta de I.M.P. Julio Alberto Hernández Cruz; en Cajeme, Jorge Manuel Solís Casanova; y en Navojoa, el general de División, D.E.M. Ismael Cervantes Ramos.

Dos años después nadie de ellos sigue en sus cargos; unos tuvieron una permanencia tan breve como polémica -por decirlo amablemente- y en el caso de Navojoa, Cervantes Ramos ni siquiera tomó posesión ya que el cabildo nunca aprobó su nombramiento.

Cervantes habría relevado en el cargo a Luis Gerardo Villalobos Hernández, pero al ser rechazado por el cabildo, tuvo que quedarse Villalobos.

Al iniciar la presente administración de ‘El Mayito’ Martínez, el cargo fue ocupado por una experimentada policía que ya había sido comisaria en Etchojoa: Ana Lilia Córdova Herrera, quien apenas iniciando este mes de diciembre presentó su renuncia, aunque las versiones más extendidas en la Perla del Mayo indican que se resistió a abandonar el cargo hasta el último momento.

Hoy ese cargo lo ocupa Javier Alatorre Correa, un policía de carrera, abogado y desde hace 20 años, agente de la Policía Muicipal, con experiencia en la FGR.

En Cajeme, municipio rankeado en el top-five de las ciudades más peligrosas del mundo, donde este año los asesinatos violentos han promediado dos diarios, pero los años 2018 y 2019 no fueron menos sangrientos, tomó posesión el coronel Jorge Manuel Solís Casanova.

No pasaron seis meses para que solicitara su primera licencia, ausentándose del cargo en medio de la escalada de violencia criminal; luego solicitó una nueva licencia y los regidores comenzaron a presionar para que presentara su renuncia, lo cual sucedió el 23 de enero de 2020, pero ni los regidores fueron enterados.

Actualmente el coronel se desempeña como comisario de Seguridad Pública en Huimanguillo, Tabasco.

En su lugar, fue nombrado Francisco Cano Castro, pero la violencia siguió imbatible. Para el 28 de noviembre de 2020, llegó al cargo el capitán Cándido Tarango, bajo cuya gestión el crimen alcanzó niveles de escándalo durante la administración de Sergio Pablo Mariscal. Al llegar Javier Lamarque Cano en septiembre de 2021, lo ratifica en el cargo. Las cosas siguen igual o peor en aquel municipio.

En Empalme la situación no es menos dramática. En febrero de 2019 el comisario de Seguridad, Marco Vinicio Gálvez Gutiérrez fue ejecutado a tiros en la vía pública; hechos donde resultó seriamente herido su escolta Dominic Zazueta.

En abril de 2020 el capitán de corbeta Julio Alberto Hernández Cruz, quien había llegado como parte de los militares nombrados desde la secretaría de Seguridad federal, fue sustituido por otro militar, Luis Alberto Taylor González, quien llegó junto a su equipo y permanece en el cargo en esta nueva administración municipal.

Guaymas es el caso más emblemático de la estrategia fallida. Andrés Humberto Cano Ahuir llegó durante la administración de Sara Valle Dessens, un trienio de terror en el que fueron asesinados más de 10 agentes de la municipal y el contralor Daniel Morales Santini, quien previamente había ocupado un cargo directivo en Seguridad Pública. La propia casa de la alcaldesa fue baleada en hechos nunca esclarecidos.

A pesar de todo, Sara Valle se empeñó en mantenerlo en su cargo.

Más aún, la nueva alcaldesa Karla Córdova propuso su ratificación en cabildo, condicionando su permanencia a un ‘periodo de tres meses de prueba’. No se cumplía ese plazo cuando se dieron los violentos hechos en Palacio Municipal.

El 25 de noviembre pasado un grupo de sicarios llegó hasta la llamada ‘Casa de piedra’ abriendo fuego contra el capitán Cano Ahuir, que se encontraba junto a la alcaldesa y acompañado de sus escoltas. Uno de los sicarios hizo estallar una granada y en el tiroteo fue asesinado Antelmo Gutiérrez, escolta de la presidenta municipal y Marisol Cuadras, una joven de 18 años que participaba de una manifestación pacífica en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Vaya siniestra paradoja.

Ayer finalmente el capitán presentó su renuncia. Lo releva en el cargo otro capitán, Eladio Amaya Muñiz.

Cano Ahuir era el último de los cinco militares designados en 2019 al frente de las corporaciones municipales que se mantenían en sus cargos.

En Hermosillo llegó el general Gilberto Landeros Briseño, quien renunció en junio del año pasado para incorporarse al equipo de transición de Alfonso Durazo Montaño en el tema de seguridad.

Por: Arturo Soto Munguía
En Sonora el 2021 se está despidiendo en medio de cierta efervescencia social. Diversos conflictos aparecen en varios frentes poniendo a prueba la capacidad de operación política de las autoridades gubernamentales. Y financiera, porque algunas de esas inconformidades se resuelven con dinero que, al parecer, no hay.

Tal es el caso de la burocracia estatal, donde reportan que siguen sin depositarles la segunda parte del aguinaldo en Sedesson, Comunicación Social, Secretaría de Economía, entre otras dependencias. Todos saben que ese derecho laboral se va a cumplir, pero no saben cuándo y esperan que sea antes de las fechas navideñas.

Pero en el caso de los maestros y demás personal del sistema Cecytes el asunto está peor. Allí no les han pagado las últimas dos quincenas, el aguinaldo y otras prestaciones, por lo que ya se fueron a un paro indefinido y advirtieron que de no obtener respuesta ‘tomarán’ el Aeropuerto de Hermosillo y las casetas de cobro en la carretera federal.

El sindicato de Cecytes hizo circular ayer por la madrugada un comunicado interno en el que llaman a la movilización en los planteles de Hermosillo, San Pedro, Pesqueira y Miguel Alemán. También organizaron un plantón frente a Palacio de Gobierno, donde coincidieron con maestros del Conalep que exigen desde noviembre la destitución del director, Luis Carlos Santos, y con choferes del transporte urbano que exigen pago de sueldos y aguinaldos.

En el caso Conalep los maestros denunciaron que la respuesta obtenida por parte de autoridades del gobierno es que el nombramiento de Santos fue hecho por el gobernador y es por tanto inamovible. Han tenido mesas de diálogo con el secretario particular del gobernador, Francisco Vázquez y con el subsecretario de Educación, sin que haya respuestas a sus demandas.

En el caso de Cecytes, no fue la mejor manera de iniciar su administración como directora para la maestra Gracia Alicia Anduro Grijalva, que meses antes de la elección de junio pasado buscó la candidatura a la alcaldía de Etchojoa o a la diputación local por el distrito XX bajo las siglas de Morena. Ninguna de las dos se le concedió, pero fue nombrada directora de Cecytes.

Quizás no sea muy relevante, pero sirva como estampa de la nueva genealogía del poder, la señora Anduro Grijalva es madre del magistrado electoral y antes consejero del IEE, Vladimir Gómez Anduro y del recién nombrado rector de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, José Félix Gómez Anduro.

En sentido estricto, el conflicto en los Cecytes no le corresponde resolverlo a ella (aunque sí gestionarlo) en tanto que se trata de recursos financieros que la secretaría de Hacienda no ha liberado pese a que, como aseguran los maestros inconformes, la federación ya depositó la parte que le corresponde (unos 14 millones de pesos), pero falta la parte que le corresponde al estado.

El punto es que tras la movilización de ayer por parte de los maestros del Cecytes, la respuesta que obtuvieron es que el gobierno del estado no les debe nada y tienen que formarse en la fila de deudores. Hoy se esperan mayores movilizaciones.

En una buena medida, la solución a estos ‘atorones’ financieros descansa en el secretario de Hacienda, Omar Francisco del Valle Colosio, que tiene un currículum impecable y cartas credenciales impresionantes como especialista en temas financieros, pero algo parece estar sucediendo con él, pues sus más recientes apariciones públicas solo han sido como actor de reparto en los videos que el muy protagónico director del Isssteson, Jesús Manuel Acuña se manda producir y difunde cada vez que quiere echarle en cara la crítica situación por la que atraviesa el instituto a su cargo.

Más al sur está a punto de escalar el tema de los retenes yaquis en la carretera federal. Por estos días y hasta la primera semana de enero comenzará el abundante flujo de vehículos por esa rúa. Es temporada de jauja para la etnia, con o sin Plan de Justicia.

Todo lo que resta de diciembre los ‘paisanos’ llegan en una interminable caravana de vehículos, y a principios de año regresarán por esa misma rúa dejando una buena cantidad de dólares en las improvisadas alcancías con que los hermanos yaquis se cobran la llamada ‘servidumbre de paso’, un impuesto que deberían pagar el gobierno y las empresas que usufructúan su territorio pero que solidaria y desinteresadamente pagamos todos los usuarios de la carretera.

Lo de ‘solidaria y desinteresadamente’ es desde luego, un eufemismo, porque ahora que el gobierno federal ya está operando de nuevo las casetas de cobro, pues hay que apoquinar doble, lo cual genera molestias en los usuarios y ya comienzan a aparecer episodios de rispideces y desencuentros que podrían escalar en violencia.

El tema de las ‘piolas de cuota’ que instalan los yaquis en la carretera no es nuevo, pero tampoco hay quien lo resuelva, ni siquiera con el Plan de Justicia para la Etnia del que tanto se ha hablado.

Son varios los titulares de diversas dependencias que deberían estar tomando cartas en este asunto, pero el que tradicionalmente se hacía cargo (por lo menos de aparecerse eventualmente en la zona de conflicto) era el secretario de Gobierno. Actualmente esta cartera la ocupa el maestro Álvaro Bracamonte Sierra, también de currículum impecable pero al que tampoco se le ha visto al menos comiéndose un wakabaki en Loma de Guamúchil.

El gobernador Alfonso Durazo trae una agenda cargadísima. Un día recibe a los mandos de las fuerzas armadas para tratar el no menos escabroso tema de la violencia criminal en el estado; otro día se reúne con diplomáticos norteamericanos para abordar además de ese asunto, el de la promoción económica; al siguiente vuela a Tabasco para reunirse con sus homólogos de todo el país y con el mismísimo presidente de la República, y si le queda un campito va y entrega los carritos de hot dogs que consiguió la secretaria de Desarrollo Social Wendy Briseño para repartirles a las jefas de familia, bajo el muy aspiracionista nombre de ‘proyectos gastronómicos’.

De la seguridad pública ni hablamos. María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras, como secretaria de Seguridad y Fiscal estatal respectivamente nomás no dan pie con bola. Cuando la prensa nacional e internacional aluden al desastre de la violencia criminal en Sonora, no las citan a ellas sino a Alfonso Durazo, que llegó a la gubernatura con los blasones de su paso por la Secretaría del ramo a nivel federal.

Para tener apenas tres meses en el cargo, los conflictos se siguen acumulando y el gobernador, que indudablemente es un hombre de Estado, un avezado político, un servidor público capaz y sensible, tampoco es Superman. De hecho, si lo fuera, su kryptonita sería es@s funcionari@s que no le ayudan mucho.

II

Mientras tanto el cabildo de Hermosillo aprobó por unanimidad el presupuesto de egresos 2022 que inicialmente era de 4 mil 113 millones de pesos pero tuvo una ampliación para quedar en 4 mil 838 millones 927 mil 748 pesos con 66 centavos.

El cabildo también aprobó una modificación al acuerdo que crea el organismo denominado Alumbrado Público y que se transforma en Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático.

Esto no es un simple cambio de nombre, sino que al fusionar cinco dependencias materializa el rediseño de la administración pública para hacer un gobierno más compacto, eficiente y barato. Desde luego, al frente de ese nuevo organismo estará Claudia Neudert, una muy cercana colaboradora del alcalde Antonio Astiazarán, que fue su principal apoyo al frente de Energía Sonora, una AC de larga y fructífera experiencia en los temas relacionados con las energías limpias.

Y por lo pronto aquí la dejamos. Hoy no hubo la gustada sección ‘Cebolla finamente picada’ porque no hubo nada de cebolla que picar. A ver si mañana.

Por: Arturo Soto Munguía
Los que andan nerviositos son los burócratas estatales. Hasta este despacho llegan quejas desde la Sedesson y otras dependencias en el sentido de que la segunda parte de su aguinaldo no les fue depositada el día 15 de diciembre como debió ser. Pero además, al preguntar a sus jefes les dijeron que no había fecha para cumplir con ese sagrado derecho laboral.

Todos saben que tarde o temprano ese dinerito les va a caer, pero la mayoría de los empleados y empleadas gubernamentales dependen de ese ingreso para pasar una navidad más o menos feliz y de allí su nerviosismo, porque Santa Claus fía algunas cosas, pero no todas.

Y del nerviosismo van a pasar al encabronamiento cuando se enteren de que en el presupuesto 2022 recientemente aprobado siempre sí se autorizaron compensaciones que se había dicho, iban a eliminar.

Claro, el incremento a las compensaciones no es para todos, solo para los niveles 12, 13 y 14 (directores generales, subsecretarios y secretarios) que pasarán a ganar además de su sueldo bruto, un poco más por ese concepto.

Para directores generales la compensación (remuneraciones adicionales y/o especiales, como se les conoce) pasará de 9 mil 800 a 14 mil pesos; para subsecretarios de 19 mil 600 a 28 mil pesos y para secretarios de 21 mil a 31 mil pesos.

En una entrevista que sostuvimos ayer en los micrófonos de la 93.3 FM con el coordinador parlamentario del PAN, Ernesto ‘Kiko’ Munro nos comentaba que si el gobierno del estado hubiera mantenido sin incremento esas compensaciones y ajustado el cinturón en otros rubros, el ahorro conseguido sería equivalente a los 450 millones de pesos que le redujeron al Congreso del Estado, recursos que bien pudieran ser orientados a otros rubros prioritarios como salud y educación.

Y es que el recurso asignado al Poder Legislativo corresponde apenas al .52% del presupuesto total, mientras que el gasto del Poder Ejecutivo representa el 77%, es decir la friolera de 51 mil 291 millones de pesos.

Así la danza de los millones.

II

Como se anticipó aquí, el tema de la seguridad pública en Sonora será parte importante de la gira que entrando el 2022 llevará a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador por estas tierras.

No era para menos después de los eventos de la víspera, cuando su esposa Beatriz Gutiérrez Müller estuvo en Cajeme justo el día en que cinco personas cayeron asesinadas ahí por las balas del crimen organizado y otros dos fueron abatidos en Guaymas.

La gira tenía como tema principal la inauguración de la planta desalinizadora para la comunidad seri de Punta Chueca y El Desemboque, pero los más recientes acontecimientos han prendido focos rojos (más) en el tablero de los encargados de la seguridad en el estado y el país, y ha rebasado la frontera norte.

No es casual que el tema haya sido tocado en la visita que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y el cónsul norteamericano en Hermosillo, Ken Roy hicieron a Sonora donde se reunieron con el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde de la capital Antonio Astiazarán.

Cierto que en la agenda de estas visitas hubo temas como el de la cooperación para el fomento y la promoción de inversiones y combate al cambio climático, pero sin duda el asunto de la seguridad tuvo carácter de prioritario.

Los diplomáticos llegaron a Sonora justo el día en que el Departamento de Estado norteamericano elevó a cinco millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de cada uno de los importantes jefes del narcotráfico que operan en el norte de México, como los cuatro hijos de Joaquín ‘El Chapo’Guzmán, del Cártel de Sinaloa así como de otras organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y los Beltrán Leyva.

Por cierto y a propósito de este tema, ayer se cumplieron tres meses del inicio de las nuevas administraciones municipales. En Guaymas, se cumplió también el plazo que la alcaldesa Sara Córdova propuso (y el cabildo aprobó) como periodo de prueba para ratificar o no al comisario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir.

Con gran ‘timing’ una parte del crimen organizado colocó narcomantas en el puerto con graves pero no nuevos señalamientos hacia el capitán de la Marina que dirige la seguridad pública en aquel municipio.

Hace tres semanas, un grupo de sicarios llegaron hasta el palacio municipal donde el capitán acompañaba a la alcaldesa, desatando un infierno de balas (y hasta un granadazo) que terminaron con la vida de una joven feminista que se manifestaba en el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. También resultó muerto un agente de la municipal y al menos otra joven seriamente herida.

¿Irá a haber ratificación? ¿Usted qué opina?

Cebolla finamente picada

Trabajadores cetemistas tomaron las calles en 14 municipios del estado para exigir la dignificación de los servicios que presta el IMSS, un elefante que estaba reumático pero ahora también está artrítico y cuadrapléjico.

Las demandas de los trabajadores ya se están añejando, pues desde hace meses vienen insistiendo en el déficit de 500 médicos especialistas en el IMSS Sonora y la consecuente postergación de consultas hasta por un año, amén de la falta de medicamentos, clínicas, hospitales y equipamiento.

Durante la anterior visita del presidente a Sonora, cuando estuvo en Cananea, fue abordado por el dirigente de la CTM, Javier Villarreal y ese mismo día se anunció un convenio para comenzar a subsanar el déficit de profesionales de la medicina. El convenio lo firmaron los directores del IMSS y el INSABI con el gobernador Alfonso Durazo, pero hasta ahora no se sabe de avance alguno.

No sé si alguien lleva la cuenta de los convenios y acuerdos que se han firmado en los últimos meses en materia de salud, seguridad, educación, promoción económica, transparencia, y quizás sea muy pronto para ver resultados, pero hasta ahora no parece haberlos.

Esos convenios y acuerdos ya están como los exhortos del Congreso del Estado que sirven más para la foto en tribuna pero… momento, momento. Los cetemistas fueron en marcha al mismísimo Congreso del estado para exigir a los legisladores que hicieran ¡un exhorto! a las autoridades de Salud a fin de que den cumplimiento a sus demandas.

Igual se hubieran llevado unas sillas, porque si se quedan de pie esperando, se van a cansar.

Por: Arturo Soto Munguía
No se le puede regatear mérito, ni un ápice de mérito al programa que vino a poner en marcha la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en Sonora: la promoción de la lectura a través de la distribución gratuita de libros como vehículos del conocimiento, la recreación, la cultura; viaje por el tiempo y el espacio para abrevar de la palabra escrita.

Pero sobre todo, el libro como instrumento de paz.

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller fue enfática en su discurso al arrancar el programa ‘Fandango por la lectura”, un evento en el que estuvo acompañada por el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, el alcalde de Cajeme y varios invitados especiales entre los que destacó la galardonada actriz Yalitza Aparicio.

“Queremos entregárselos (los libros) también a los que no están aquí, sino cuadras más allá, quizás a la izquierda, atrás, que hacen travesuras y dañan a la gente y la perturban y le quitan su paz y su tranquilidad, sus objetos y sus pertenencias y sus familiares”, dijo la presidenta del Consejo Honorario Memoria Histórica y Cultural de México.

Sublime.

Pero el destino suele jugar rudo. En el corazón del Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón que ha sido considerada la cuarta ciudad más peligrosa del mundo y casi al mismo tiempo que la esposa del presidente de la República daba su discurso, a unas cuadras de allí, no sé si a la izquierda o atrás, un hombre caía abatido por las balas. Quedó tirado junto a la bicicleta en que viajaba.

Poco antes, las autoridades habían descubierto el cuerpo inerte de otro hombre, flotando en las aguas de un canal. Otros dos fueron acribillados y muertos en la Ampliación Alameda y Las Brisas, respectivamente.

Más tarde, una mujer y su hijo fueron asesinados a tiros en su propia casa en la colonia Leandro Valle.

Como broma siniestra y cruel del destino, este doble asesinato se registró, según el parte policiaco, exactamente en las calles Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz.

Cinco asesinatos violentos en un solo día. En el día que estuvo en Obregón la esposa del presidente. En el día que encabezó un acto de promoción de la lectura como vehículo de la paz. En el día que una señora y su hijo quedaban tendidos en su casa, acribillados a balazos, en las calles Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz.

Por la noche, dos hombres más fueron ejecutados en sendos tiroteos registrados en Guaymas, donde hace un par de semanas un grupo de sicarios llegó hasta palacio municipal y abrió fuego buscando alcanzar al comisario de Seguridad y a la alcaldesa del puerto, pero acertando sus disparos en la humanidad de una joven feminista de 18 años que se manifestaba en contra de la violencia contra la mujer, durante el día internacional alusivo a esa causa.

Si alguna prueba faltaba para acreditar la libertad y la impunidad con que el crimen organizado opera en Sonora, este martes negro superó los límites. En la ciudad sede de un evento eminentemente pacifista encabezado por la esposa del presidente, el gobernador del estado y con el natural fuerte dispositivo de seguridad protegiéndolos, cinco asesinatos violentos les robaron la agenda.

Mientras sonaba la metralla en Cajeme, la secretaria de Seguridad María Dolores del Río presumía en su cuenta de Twitter una visita “al Cereso Feminil (sic) para apoyar a las mujeres privadas de su libertad con artículos de higiene personal, cobijas y calzado”.

Loable acción sin duda, sobre todo en esta época prenavideña. Pero por alguna razón, la gente comienza a sospechar que algo no está funcionando bien en materia de seguridad pública en Sonora.

Ignoro si la normalización de la violencia en esta región provoque que el despistado lector, la normalizadora lectora ya se enteren de las balaceras con naturalidad y desgano y ni siquiera tomen nota de ello. Pero los militares de alto rango que acompañaban a la esposa del presidente seguramente sí tomaron nota y alguna tarjetita le habrán de pasar a su comandante supremo.

II

El de ayer no fue un día de buenas noticias para el inquilino de Palacio Nacional.

Un ministro de la Corte concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, de manera inmediata deje de surtir efectos el acuerdo con el que fueron clasificados como de seguridad nacional los proyectos prioritarios del gobierno federal.

“La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”.

El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó la suspensión solicitada por el INAI con la que buscaba evitar que el gobierno federal realice mediante adjudicación directa obras y proyectos asociados a diversos sectores como comunicaciones, turístico, energético, aeroportuario o vías férreas.

El acuerdo del presidente López Obrador, publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), instruye a la Administración Pública Federal reservar los proyectos y obras del Gobierno de México al considerarlos como temas de seguridad nacional, por lo que, de igual modo, las adjudicaciones de este tipo de obras serían de manera directa.

La mañanera de hoy va a sacar chispas.

III

A inicios de septiembre, cuando aún no asumía la presidencia del Poder Legislativo, pero ya se sabía que la designación recaería sobre sus hombros, Jacobo Mendoza nos adelantó que su principal tarea sería la de imprimirle una nueva dinámica al Congreso del Estado. Acabar con la parálisis legislativa y dinamizar el quehacer parlamentario.

Lo está cumpliendo y hasta se está pasando de lanza, arriesgándose a que algún prenavideño diputado, alguna legisladora con agenda de posadas en ciernes le reclamen.

Ayer presentó un decreto que fue aprobado por unanimidad para que el primer periodo ordinario de sesiones que debería culminar hoy, se prorrogue por el tiempo que sea necesario para desahogar temas pendientes que sean considerados de urgencia y suma importancia.

Por lo pronto el Congreso sesionará el próximo sábado, pero en vía de mientras, ayer los diputados y diputadas chambearon horas extra.

Aprobaron el nombramiento de Guadalupe Von Ontiveros como nueva magistrada del STJE, a propuesta del Ejecutivo y eligieron de una terna a Alejandra Velarde Félix como nueva Fiscal Especializada en Delitos Electorales.

Conocieron de un dictamen con proyecto de ley para crear, desarrollar, utilizar y difundir software libre y de código abierto en Sonora; aprobaron una reforma para ampliar el catálogo de delitos que permita prevenir y sancionar actos en contra del medio ambiente en la entidad; autorizaron el refinanciamiento y reestructura de la deuda de Agua de Hermosillo y también la deuda de largo plazo de este municipio, entre otras cosas.

Bien ahí.