Categoría: El Zancudo

Por: Arturo Soto Munguía
La Comisión Estatal de Derechos Humanos no solo existe, sino que hasta emite recomendaciones.

Aunque ustedes no lo crean vejada lectora, abusador lector, el largo brazo del ombudsman sonorense Pedro Gabriel González Avilés llegó hasta Cajeme, y más específicamente hasta el escritorio del alcalde Javier Lamarque Cano para que llame a cuentas a algunos agentes de su policía municipal que, a juzgar por la denuncia que dio pie a la recomendación, hicieron como que estaban ocupados sosteniendo un entretenido diálogo con la morenita del Tepeyac y desatendieron un llamado del 9-1-1 para que acudieran a un domicilio donde un sujeto sí identificado amenazaba con una pavorosa arma de fuego a su aterrada esposa.

Mientras los municipales hacían como que la virgen les hablaba, el sujeto de marras que a la postre resultó ser un oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal pretendía dirimir un diferendo con su señora, para lo cual dejó de lado cualquier curso de mediación y control de crisis, y en su lugar sacó su Prieto Beretta (así dice la nota del 29 de junio del año pasado, que consigna los hechos, aunque seguramente se trataba de una Pietro Beretta, que ya en la zacapela, cualquiera la ve prieta) calibre nueve milímetros con la cual la amenazó.

El punto es que los municipales no fueron ni para darle un vasito de agua con azúcar para el susto a la aterrada denunciante, pero eso no dio pie a la recomendación, sino el hecho de que no lo detuvieron, sino que llamaron a sus colegas de la AMIC, uno de los cuales llegó para desarmar al belicoso policía, y a otra cosa mariposa. Ah, los municipales tampoco elaboraron el Informe Policial Homologado a pesar de tratarse de un hecho en el que una mujer estuvo bajo riesgo de muerte.

Fue por lo menos un caso de encubrimiento entre policías en el que la vida de la señora estuvo en peligro, y por ello ni tarda ni perezosa la CEDH se abocó a las diligencias necesarias y después de siete meses emitió una recomendación al señor Lamarque Cano solicitando iniciar un procedimiento administrativo contra los agentes en cuestión, concluirlo en tiempo y forma y rendir un informe del seguimiento y avance del caso.

También le solicitó reasignar a los agentes a funciones donde no tengan contacto directo con la ciudadanía e instruir a quien corresponda para ofrecer capacitación a los elementos en materia de derechos humanos en el ejercicio de su deber y sensibilidad en el trato a la ciudadanía.

Grave el caso por tratarse de la agresión a una mujer, pero es más grave porque el agresor es un agente de la Fiscalía estatal. No se tratara del ‘Mataperros de Ures’ porque hasta al SWAT entra en acción…

II

Pues no es uno ni dos ni tres las solicitudes ante el IEE para crear nuevos partidos políticos estatales. Al Partido Sonorense de Alí Camacho, Manny Hernández y Fernando Valenzuela se suma el Partido Sonorense Independiente, impulsado por Petra Santos, pero se sabe que el ex director de Servicios Públicos Municipales y experimentado político Norberto Barraza Almazán está haciendo su luchita en ese sentido.

Aún más, me reportan que no son los únicos partidos en ciernes (antes tienen que cumplir una serie de requisitos legales), de manera que para 2024 seguramente veremos, si no muchas caras nuevas en las boletas electorales, por lo menos muchas siglas nuevas.

La experiencia reciente con los partidos de nueva creación es que sirven como plataforma para impulsar candidaturas -generalmente de hombres y mujeres que por diversas razones abandonaros militancias previas-, les alcanza para ganar algunas regidurías pero no para el 3 por ciento de la votación general, lo que inevitablemente los condena a desaparecer en una especie de debut y despedida.

Así fue con el MAS (Movimiento Alternativo Sonorense) que participó por primera vez en 2018 como partido estatal y desapareció ese mismo año. Lanzó como candidato a la alcaldía de Hermosillo al ex perredista José Guadalupe Curiel, a quien le alcanzó para una regiduría. Hoy es funcionario estatal.

En la elección pasada compitieron Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, aunque estos dos tenían registro nacional y en el caso del último, desapareció en la elección previa como Partido Encuentro Social. Sus candidatos a la gubernatura, Cuauhtémoc Galindo Delgado y Carlos Zataráin hoy forman parte del gabinete ampliado de Alfonso Durazo.

Otro partido de nueva creación y con registro nacional que participó en la elección 2021 es Fuerza Social por México, que postuló a María del Rosario Fátima Robles Robles como candidata a la gubernatura. Ese partido también perdió el registro y su candidata se inscribió en la lista de aspirantes para dirigir el Instituto Sonorense de las Mujeres, pero se quedó en el camino. Fue seleccionada Mireya Scarone Adarga.

El único caso ‘exitoso’ es el del Partido Social Demócrata que compitió en 2009 llevando como candidato a la alcaldía al ex priista Vicente Terán Uribe, quien ganó la elección en Agua Prieta. Fue exitoso porque ganó la alcaldía pero igual desapareció en esa elección.

Veremos cómo recibe el electorado a las nuevas opciones que se presenten en 2024, donde habrá de todo.

Por: Arturo Soto Munguía

Si usted, decepcionado lector, desesperanzada lectora ya se hartó de los partidos políticos y está pensando seriamente en pasarse al lado de la mayoría abstencionista que marcó época en la elección pasada cuando se quedó en sus casas viendo como la aplanadora guinda cargada de cascajo le pasaba por encima a lo que quedaba del resto de los partidos, haga una pausa y reconsidere.

Hace días se presentaron en el IEE los señores Alí Camacho, Fernando Valenzuela y Manuel Hernández para presentar la documentación respectiva solicitando se reconozca oficialmente a lo que han dado en llamar Partido Sonorense, una organización con alcance estatal que vendrá a hacer trizas a cuanta opción político electoral se le atraviese en su camino en 2024.

(Risas grabadas).

Alí Camacho es un activista social del sur del estado que en repetidas ocasiones ha buscado una candidatura por el PRI, mismas veces que ha sido ‘bateado’, y Manny Hernández es (o era hasta hace poco) cabeza de la llamada Corriente Crítica del PRI. A Fernando Valenzuela no lo conocemos bien, pero no es el Toro de Etchohuaquila, eso sí lo tenemos claro.

Ahora que si le da cus-cus votar por el neoliberalismo redimido, no se descorazone, porque también podrá voltear hacia la izquierda y encontrarse con el nuevo partido político que hoy, hoy, hoy será anunciado (también como solicitante de registro) nada más y nada menos que por la aguerrida luchadora social y defensora de los desamparados (Benjamín Hurtado no entra en esta categoría), la mismísima Petra Santos Ortiz.

Todos estos personajes están buscando, no vayan ustedes a creer que su vigencia política y su sobrevivencia en el cada vez más escurridizo presupuesto público, sino que traen toda la voluntad de aportar su trabajo, experiencia, conocimientos y proyectos a la construcción de un Sonora más próspero, democrático, progresista, incluyente, plural, diverso y chulo de bonito.

(Aplausos grabados).

Así que ya lo sabe, si usted es de los que se andan moviendo entre los titubeos ideológicos, las vacilaciones políticas y las indefiniciones programáticas, muy pronto tendrá un nuevo par de opciones, si no para comenzar la quinta transformación, por lo menos para consolidar liderazgos de los que estamos ávidos todos aquellos que aún consideramos insuficientes la guía espiritual, el faro moral, la consistencia ética y el poderoso ejemplo de abnegación y entrega a las mejores causas de la patria que representan el Lupillo Curiel, el Temo Galindo y el Bebo Zatarain, los exponentes más preclaros de una lucha que no ha sido en vano.

(Matracas, confeti y serpentinas)

II

El pequeño José es un bebé de unos cuantos días de nacido. Todavía no abre bien los ojos y en su infinita inocencia y probablemente no haya sido todavía presentado ante Dios para su fe bautismal, pero su madre ya lo presentó ante un gran cuadro con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. El mejor presidente de México, en voz de su propia madre, que lo llevó en brazos como quien se lo ofrece a un santo.

La madre no es cualquier madre. Se trata de la señora María del Pilar Ávila Olmedo, a la sazón gobernadora de Baja California, que apenas hace unos días presentó a la criatura en redes sociales y ayer, hizo circular un video en el que destilando devoción, lleva al niño ante la imagen del presidente. La fe mueve montañas, pero el fanatismo las convierte en luminosas epifanías, en sacramento laico, en reverencial entrega y en abnegada ofrenda.

El pequeño José, que en su infinita inocencia no tiene culpa de nada, ni siquiera de nacer en un hospital privado de San Diego porque qué oso el IMSS o un hospital público de México tampoco entiende porqué su madre hace grabar ese video con él como segundo protagonista (el primero es AMLO, claro) y lo viraliza en redes sociales.

La estampa me enchinó un poco el cuero. Primero porque en estos días el país entero se sacudió con la noticia de un bebé un poco mayor que José, pero sin tanta suerte. No nació en San Diego, sino en un hospital de Iztacalco; presentó problemas de salud y fue sometido a una operación que no resistió y tras fallecer fue enterrado en el panteón Nicolás Tolentino, de Iztapalapa, de donde su cadáver fue robado y encontrado después en el basurero del penal de San Miguel, en Puebla.

Ni el pequeño José, ni su madre ni el presidente tienen la culpa de este espeluznante crimen. Pero si la narrativa gubernamental versa machaconamente sobre igualdad, derechos para todos, respeto a las infancias, empatía con los vulnerables, lo mínimo que se podía pedir era un poco de sensibilidad y ‘timing’.

La estampa de doña Pilar llevando a su pequeño hijo a presentarlo ante la imagen del presidente quizás hizo rodar más de una emocionada lágrima a cualquier devoto de San Andrés, pero no deja de ser inoportuna especialmente porque un día antes, manos criminales asesinaron en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado y una semana atrás, al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.

Cada quien tiene derecho a venerar las imágenes que a su fe convenga, y a transmitir esa veneración a su familia, pero doña Pilar, figura pública, gobernadora de un estado donde acaban de asesinar a dos periodistas arteramente bien podría reservarse esos actos de fe para espacios y momentos más íntimos.

Insisto, no tiene doña Pilar la culpa de lo ocurrido al otro bebé ni a los periodistas asesinados, pero la escena muestra diáfanamente la burbuja en la que viven algunos gobernantes, su distancia con la realidad, su absoluta falta de empatía y una cierta vocación por trascender ante los ojos del supremo mandante.

III

Ayer comentábamos que el gobernador Alfonso Durazo ha tenido que ponerse el overol, arremangarse la camisa y atender personalmente algunos conflictos sociales y políticos que poco a poco se van desentrampando: Cananea, yaquis, transporte urbano, seguridad pública.

¡Seguridad pública!, gritarán, saltando de su asiento el balaceado lector, la rafagueada lectora, y con justa razón.

Pues ayer en su rueda de prensa para dar a conocer los avances en el Plan de Justicia para Cananea donde destaca la creación de un fondo con recursos federales y del Grupo México para garantizar un ingreso mensual por diez años a los mineros retirados, así como atención médica, el gobernador tocó también el escabroso tema de la inseguridad, acompañado del delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez.

Dieron a conocer que en esta última semana se incautaron 400 mil pastillas de fentanilo, 352 kilos de narcóticos, 38 armas de asalto, 20 armas cortas, 157 cargadores, diez mil cartuchos, 38 vehículos terrestres y una aeronave. Sobre estos últimos se harán las gestiones correspondientes para habilitarlos como ambulancias; la avioneta podría dar ese servicio a comunidades de la sierra para casos de emergencia.

Hasta aquí todo muy bien.

Pero más tarde nos enteramos por medio de un boletín de la Fiscalía estatal, de la intensa movilización del personal de esa dependencia. Hasta Ures viajaron un agente del MP especializado, un médico veterinario y personal de servicios periciales; también elementos de la Agencia de Investigación Criminal, del departamento de Abigeato que se coordinaron a su vez con sus homólogos de Ures.

La intensa movilización atendió dos demandas por las muertes de Azul, Pulguita, La Pelos, La Wera y Nala, perritos “de ambos sexos, diversas razas y edades”, precisa el boletín.

El personal de la fiscalía inició las pesquisas de las que se desprendieron dos líneas de investigación, aunque no especifica cuáles, o lo hace de manera muy general quizás para respetar la presunción de inocencia de los presuntos autores del envenenamiento de los pobres animalitos, y desde luego el debido proceso.

El boletín es hermoso y revelador: “Ana Laura, propietaria de ‘Nala’, cruza de Pitbull con criollo narró que envenenaron a la perrita el sábado por la noche, falleció el domingo por la madrugada, por lo que decidió interponer la denuncia de la cual ya fue atendida”.

Desde luego, no podían dejar pasar la oportunidad de presumir el reconocimiento social a la eficiencia y rapidez de la atención policiaca. Agregan, citando a la misma Ana Laura: “Se me hizo muy rápido porque ayer hable con una muchacha que me dijo ‘vamos a pasar el caso directamente a la fiscalía’ y hoy en la mañana ya me marcaron, que venían para acá… están haciendo muy buen trabajo porque fue de un día para otro”, expuso.

Esta columna, de innegable vocación animalista, reconoce en toda su valía los trabajos para dar con el envenenador de perros en Ures, pero de nuevo, el ‘timing’. Hay una matazón de cristianos desde Cajeme hasta SLRC y los sabuesos de la fiscalía andan tras la pista de un presunto envenenador de perros.

Agradezcamos que al menos no convocaron a una rueda de prensa, así fuera virtual para dar a conocer el sonado caso. Vaya pues.

Por: Arturo Soto Munguía

Una bronca (otra) de regulares dimensiones está por estallar en el sur del estado.

Les cuento rápidamente que algunos propietarios de predios a la orilla de la playa de Huatabampito se han encontrado en los últimos meses con que están siendo invadidos por gente extraña que se posesiona de los mismos amparados en documentos otorgados por una persona a la que apodan ‘Chapo Niti’ y que se ostenta como autoridad del ejido Moroncarit.

El problema no es nuevo. Ya desde el año pasado se discutió en el cabildo de Huatabampo porque entonces había al menos ocho lotes invadidos de acuerdo con una denuncia del entonces regidor Javier Ruiz Love y declaraciones de la síndica Oralia Palomares.

Pero en los últimos meses los casos se han multiplicado y se habla de que al menos un centenar de lotes se encuentran en esas condiciones, despojados a sus legítimos dueños con el contubernio de autoridades de catastro municipal y en un caso que involucra a algunos notarios públicos.

Se trata de lotes de 14 por 30 metros con valor cercano al millón de pesos cada uno, que fueron adquiridos por sus propietarios desde hace varios años a un costo mucho menor. Con el tiempo esos terrenos adquirieron mayor plusvalía sobre todo porque en esa playa no existen ya terrenos para fraccionar.

El punto es que ya no hay lotes en ese lugar porque todos fueron vendidos desde entonces, pero las autoridades ejidales están emitiendo cartas de posesión a nuevos propietarios, amparados en una resolución del Tribunal Agrario.

Los legítimos dueños se encuentran confundidos y molestos, y preparan ya demandas legales para recuperar sus lotes, aunque se están encontrando con muchas trabas en las instancias gubernamentales, y con algunas sorpresas porque no saben quiénes son los nuevos propietarios.

Este asunto puede escalar próximamente.

II

El gobernador Alfonso Durazo se puso el overol y tuvo que entrar al quite para desenredar la piola de un conflicto que amenazaba con escalar seriamente desde la mismísima capital del cobre, Cananea, donde a lo largo de los años se han venido acumulando problemas irresueltos que al sumarse forman un peligroso coctel de inconformidades imposibles de abordar en una sola mesa.

Durazo promovió una reunión de alto nivel de donde salieron acuerdos iniciales para, de entrada levantar el bloqueo que los mineros de la Sección 65 mantuvieron en la carretera Ímuris-Cananea durante tres días, ahorcando el tránsito de mercancías y personas por esa rúa.

Los reportes indican que se esa reunión, el que salió muy molesto fue el senador y ex líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, un viejo conocido de los cananenses a los que se ‘bailó’ con 50 millones de dólares y que los mineros demandan les sea regresado.

Son muchos y muy variados los problemas que aquejan a los pobladores del mineral, pero hay que reconocer la gestión de Alfonso Durazo para comenzar a darles salida.

Lo mismo sucede en territorio yaqui, donde también estuvo el gobernador el pasado fin de semana abordando los temas relacionados con el Plan de Justicia para la etnia.

Entiendo sus desconfianzas después de haber tratado con tantos gobiernos y presidentes que no les han cumplido, “nada más que entre más nos tardemos en tenernos confianza, más tiempo vamos a perder en construir juntos soluciones”, les dijo a integrantes de la tribu yaqui reunidos en Vícam Estación, a donde acudió acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno.

No es casual que Durazo haya tomado personalmente por los cuernos al toro del conflicto en Cananea y los pueblos yaquis, pues ahí se operan los planes de justicia que el gobierno federal diseñó para ambas comunidades, donde ha habido resistencias que dejan una sombra de duda sobre la eficiencia de los operadores gubernamentales de esos programas, que al parecer no están haciendo la chamba y por ello tuvo que entrar al quite el primer mandatario.

Recordemos que el presidente López Obrador tenía programada una gira para este mes, misma que se pospuso para febrero, en la que visitaría las comunidades indígenas yaqui y seri en medio de una agenda donde aparecían varios temas relacionados con seguridad pública, salud y otros programas federales. Los mineros de Cananea siempre están muy pendientes de estas visitas y ya en una ocasión lo dejaron momentáneamente varado en el estacionamiento del aeropuerto de Hermosillo.

El gobernador no puede darse el lujo de que los dos planes insignia del gobierno federal se ‘atoren’ por la falta de operación política y que en su próxima visita el presidente se lleve algunas sorpresas.

III

Todo mal con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Desde la Fiscalía de Baja California que lo define en un boletín oficial como ‘fallecimiento’ hasta la narrativa presidencial que llama a no adelantar juicios, pero a botepronto deslinda al ex gobernador Jaime Bonilla quien como propietario de un consorcio de medios acababa de perder el juicio laboral que Maldonado ubicó ante el mismo presidente como fuente de hostigamientos que la hacían temer por su vida.

Peor aún la declaración del presidente en la mañanera de ayer asegurando que el asesinato sería investigado como todos. En un país donde el 95 por ciento de las agresiones a periodistas quedan impunes, la promesa de investigarlo ‘como todos’ adquiere tintes de un siniestro humor negro.

Este día en varias ciudades del país se organizarán manifestaciones de repudio al crimen de los tres periodistas asesinados este mes, y de todos los que han caído a lo largo y ancho del territorio nacional en los últimos años, lapso en el cual México se ha convertido en el segundo país más peligroso para ejercer este oficio.

Esa narrativa que viene desde la más alta tribuna del país es la que más mueve a la desesperanza y alimenta la certeza de que, lejos de disiparse, la ominosa sombra del miedo y la impunidad se cierna de manera más amenazante sobre el periodismo y los periodistas.

Todo mal.

Por: Arturo Soto Munguia

Anoche mataron a balazos a la periodista Lourdes Maldonado López en Tijuana; la semana pasada asesinaron a balazos al periodista Margarito Martínez Esquivel, también en Tijuana. Con José Luis Gamboa Arenas, periodista asesinado a puñaladas en Veracruz, este año comenzó con las primeras hojas de su calendario salpicadas de sangre de comunicadores.

En realidad, el calendario está empapado desde hace décadas por la sangre de personas dedicadas a cualquier profesión, pero no hay hasta el momento un indicador que coloque a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer digamos la abogacía, la medicina, la arquitectura, el magisterio, la contaduría, el comercio, la enfermería, el diseño gráfico, la herrería, la investigación científica…

Para ejercer el periodismo sí. El año pasado México se situó en segundo lugar del ranking mundial de países más peligrosos para ejercer esta profesión, solo después de Afganistán (¡de Afganistán!).

El horror de lo que sucede en México cotidianamente ha galvanizado el ánimo de la sociedad. ¿Qué son tres periodistas asesinados en un mes, frente a los más de cien mil asesinatos registrados en el país durante los últimos tres años?

Lourdes Maldonado iba llegando a su casa manejando su auto cuando fue atacada a balazos por personas que evidentemente la estaban esperando. Seguramente conocían sus rutas y rutinas; su domicilio y sus horarios. La tenían documentada. A Margarito Martínez lo mataron de una forma similar.

Además de ser comunicadores, ambos tenían otras cosas en común: habían recibido amenazas y se encontraban acogidos al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Lourdes Maldonado acababa de ganar un litigio laboral a la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad de Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California; empresa que fue embargada a favor de la periodista demandante, quien fue nombrada como depositaria interventora de la misma.

Tres días después la asesinaron.

En 2019, Lourdes Maldonado acudió a la ‘mañanera’ y le planteó al presidente de la República su caso, pues dijo temer por su vida. El presidente la remitió con Jesús Ramírez Cuevas, su jefe de prensa. Hoy está muerta.

Margarito Martínez, fotoperiodista que laboraba para varios medios de comunicación había recibido amenazas de un ex policía que lo acusó de haberlo señalado como ‘halcón’ del crimen organizado a través de páginas de Facebook que supuestamente manejaba Martínez. Tras las amenazas, el fotoperiodista apeló al mecanismo de protección tanto federal como estatal, aunque el secretario de Gobierno de Baja California negó que haya estado inscrito en tal mecanismo. Martínez Esquivel fue asesinado cuando salía de su casa la semana pasada.

II

Hace unos diez años, periodistas de Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz comenzaron a manejar el concepto ‘zona de silencio’. Aludían con él al territorio controlado por grupos del crimen organizado donde, por decisión propia y en resguardo de sus propias vidas, los periodistas asumieron que había temas sobre los que no se puede hablar ni escribir.

El poder del narco en esa zona era tal, que las autoridades gubernamentales tenían una existencia virtual. Habían claudicado, o por lo menos accedido a compartir atribuciones, facultades y prerrogativas con la delincuencia que instalaba retenes para controlar el libre tránsito, cobraba impuestos (derecho de piso, cuotas sobre producción agropecuaria, derechos de importación); seguridad pública y política penitenciaria; migración y hasta financiamiento y supervisión de campañas electorales, entre otras cosas.

Desde entonces y poco a poco el país entero se ha ido convirtiendo en una ‘zona de silencio’.

En los primeros 23 días de este año, tres periodistas han sido asesinados. Es probable que sus casos pasen a engrosar la lista del 95 por ciento de los crímenes de comunicadores que permanecen en la impunidad.

Puede suceder que esos casos se diluyan en el mar de sangre y la oleada de violencia que sacude al país desde el caribe mexicano hasta la frontera norte. Ahora sí que de Mérida a Ensenada y el narco como si nada.

Pero ¿Quién va a contar la historia?

Lourdes, Margarito y José Luis ya no. L@s 25 periodistas asesinad@s en los últimos tres años según Artículo 19, tampoco.

III

Hace diez años, había esa zona de silencio que en México se refería a Coahuila, Tamaulipas y el norte de Veracruz. Hoy, todo México es esa zona de silencio, donde el respeto a las libertades (incluidas la de expresión y la de prensa) es irrestricto, hasta que deja de serlo.

Los asesinatos de periodistas no son un mensaje ‘al pueblo en general’, que quizás los registra como una parte casi imperceptible de los miles de asesinatos que se cuentan por año, sino a un sector muy específico de la sociedad al que le queda muy claro que en el país, no hay ente más poderoso que el Estado, que no hay organización más grande y articulada que el gobierno, que no hay fuerza de tarea con mayor poder de fuego que el Ejército. Y que por lo tanto, ningún grupo criminal, ninguno, puede estar por encima de todo eso.

Y sin embargo, lo está.

Por: Arturo Soto Munguía

A veces sucede que los gustos, aficiones o especialidades de nuestros gobernantes replican entre sus equipos, se asumen como propias por sus colaboradores y de pronto resulta que, por ejemplo, si al presidente le gusta el beisbol, todo mundo se vuelve especialista en el rey de los deportes.

Con Manlio Fabio Beltrones se volvió común ver a sus amigos y no tanto fumando elegantes puros Cohiba Behike o algunos más caros.

Armando López Nogales tenía (seguro la sigue teniendo) una especial afición por el basquetbol y en algún momento de su sexenio se creó hasta un programa denominado ‘Cascareando con el gober’ que básicamente consistía en la organización de ‘retas’ y torneos en los barrios, donde la chavalada pasaba gratos momentos departiendo con el jefe del Ejecutivo.

Solía suceder que entre sus colaboradores, algunos que en sus vidas habían pisado una duela, de pronto aparecieran convertidos en una versión muy municipal de Michael Jordan.

Eduardo Bours y Guillermo Padrés compartían su gusto por la crianza de caballos y solían pasar buenos momentos en sus ranchos montando sus briosos cuacos. También sucedió que súbitamente, varios de sus cercanos anduvieran luego despidiendo un fuerte olor a ‘Mamisan’, una poderosa pomada desinflamante y analgésica con la que embadurnaban sus nalgas después de alguna cabalgata, pues los caballos no los conocían más que en los carruseles de las ferias y en los almanaques de las ferreterías.

Qué decir de las ‘claudilleras’ tan atentas a los outfits de la gobernadora, para buscar hasta en Tepito las mejores versiones de faldas, zapatos, blusas y vestidos para no desentonar en los eventos públicos.

Alfonso Durazo es un hombre muy culto, con una enorme afición por la cultura y las artes, especialmente la literatura histórica. No es gratuito que hace poco anunciara la digitalización de 46 libros sobre la historia de Sonora, que serán distribuidos gratuitamente a través de distintas plataformas digitales.

Este es un programa muy importante porque rescata textos señeros para entender el devenir social, cultural y político de nuestro estado; son además volúmenes muy difíciles de conseguir y que pronto estarán al alcance de cualquier persona interesada, en cualquier parte del mundo.

Por mimetismo, por quedar bien o por lo que sea, los colaboradores de los gobernantes suelen asumir y reproducir esos gustos o aficiones; a veces es bueno, a veces no tanto.

Viene a cuento esta breve digresión a propósito del estilo personal, o el sello que el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán le está imprimiendo a su gobierno, derivado de su larga experiencia en el tema de las energías limpias y el desarrollo sustentable.

Este es uno de los casos en que lo ideal sería que no solo sus colaboradores y cercanos replicaran lo que está haciendo el alcalde, sino que tal cosa permeara en el resto de la sociedad, como puede ocurrir si fructifican algunos de los programas que ha puesto en marcha y que ya están perfilando la marca de la casa, el sello de este trienio.

Es sabido que el Toño Astiazarán acumula años de experiencia en la materia a partir de su liderazgo en la asociación civil Energía Sonora, a través de la cual consolidó proyectos como el de los aerogeneradores en Puerto Peñasco, que no solo fueron concebidos desde la perspectiva del respeto y cuidado al medio ambiente, sino como valiosas herramientas para abaratar el costo de la energía eléctrica en el consumo doméstico, comercial e industrial.

Vale precisar que su mano derecha en esa AC fue siempre Claudia Neudert Córdova, así que no es casual que en la administración municipal que encabeza, Claudia sea la titular de una dependencia de nueva creación llamada Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, que ya está dando de qué hablar y para bien.

Ayer, el alcalde puso en marcha el programa Hogar Solar, que con un fondo inicial de tres millones de pesos aportará el 15% de la inversión para instalar paneles solares en las primeras cien viviendas de Hermosillo, con alto consumo de energía eléctrica.

El programa, primero en su tipo a nivel nacional incluye acciones paralelas como aislamiento térmico, focos ahorradores, diagnósticos individualizados de consumos y eventuales fallas; propuestas de mejoras con apoyo de estudiantes de carreras afines a este tema, a los que se denominará ‘Tumbawatts’. Este equipo ya operaba en la asociación Energía Sonora.

La ambiciosa idea del alcalde es que tantas casas como sea posible en la ciudad cuenten con paneles solares, generando su propia electricidad y reduzcan costos. El programa cuenta con la aprobación y colaboración de la CFE y cualquier ciudadano interesado en inscribirse solo tiene que hacer ‘click’ en el banner disponible en la página oficial del ayuntamiento www.hermosillo.gob.mx

Por cierto, Hermosillo acaba de ganar el concurso internacional Global Mayor Challenge, con la estrategia ‘Biciclando’, que le valió un financiamiento de un millón de dólares por parte de la agencia Bloomberg Philanthropies para su ejecución durante los próximos tres años.

Básicamente, Biciclando consiste en la recolección de materiales reciclables de los desechos domésticos a bordo de bicicletas electro asistidas y tripuladas por mujeres en condición vulnerable, que con la venta de esos materiales obtienen un ingreso. Las mujeres usarán una aplicación de celular para contactar con los vecinos que requieran sus servicios.

El programa fue premiado por privilegiar la perspectiva de género, el cuidado del medio ambiente, la economía circular y la promoción de la movilidad urbana no motorizada.

Bien ahí.

II

Pero como no todo en esta vida es coser y cantar, desde Cananea bajan noticias sobre situaciones que no abonan a la paz social y la estabilidad laboral en el estado. Mineros de la Sección 65 revivieron el fuego de un viejo conflicto (están en huelga desde hace 14 años) con la patronal Grupo México, y bloquearon la carretera a Ímuris provocando la paralización del transporte terrestre de todo tipo.

El conflicto escaló porque los transportistas, reclamando su justo derecho al libre tránsito bloquearon a su vez la salida de Cananea a Agua Prieta. Cientos, si no es que miles de personas se han quedado ‘varadas’ en esos tramos, bajo temperaturas inclementes y están pidiendo la intervención de las autoridades para liberar el tránsito.

El martes pasado, el gobernador Alfonso Durazo se refirió a ese bloqueo que apenas comenzaba y sostuvo que, con ser justas y muy añejas las demandas de los sindicalistas mineros, se inscriben en un contexto donde se mezclan toda clase de problemas irresueltos y con diversos protagonistas, lo que vuelve más complicado buscar soluciones en una sola mesa.

Aun así, ya se ha gestionado la intervención de la Secretaría de Gobernación, las autoridades laborales y directivos de la empresa minera que se supone ya tuvieron un primer encuentro en Ciudad de México y continuarán hoy las negociaciones.

La agenda del conflicto es ciertamente compleja y se va a requerir algo más que promesas y buena voluntad para llegar a acuerdos.

Yo mientras tanto me retiro y dejo la víbora chillando, inquiriendo sobre la rareza de las casualidades, pues la gira del presidente AMLO a Sonora programada para este mes, se pospuso para febrero argumentando complejidad en la agenda de los temas a tratar por estas tierras.

Y esa complejidad quizás tenga que ver con el espinoso camino por el que transitan dos de los grandes programas del gobierno federal para Sonora: el plan de justicia para la etnia yaqui y el plan de justicia para Cananea.

Ambos están de mírame y no me tientes, pero no vamos a ceder a las tentaciones conspiranoicas que comienzan a surgir suponiendo la presencia de alguna mano negra meciendo la cuna de la inestabilidad social, la grilla palaciega y las patadas debajo de la mesa donde se acomodan las fichas de la sucesión presidencial 2024 y donde no faltan los acomedidos que incluyan en esos menesteres hasta el nombramiento de la nueva cónsul en Barcelona, nomás para andar de envenenadores de almas.

Ya mejor nos vamos.

Si algo se puede concluir de los accidentados sucesos de los últimos dos días en la esfera gubernamental sonorense, es que efectivamente no hay pacto de impunidad, pero tampoco hay materia para el linchamiento de personajes de la administración pasada, con el que no pocos se relamían los bigotes.

Hay que reconocer que la del martes fue una jugada magistral de control de crisis por parte del gobernador Alfonso Durazo.

Acorralado por la defensiva de los medios de comunicación deseosos de taclearlo antes de que soltara el balón, sorprendió con un pase lateral a su ala cerrada Memo Noriega, quien no consiguió muchas yardas pero conservó la posesión del balón y evitó el castigo a su mariscal de campo.

Ni Tom Brady ni Aaron Rodgers hubieran salido tan bien librados con una jugada de engaño tan trabajada.

Alfonso Durazo se quitó de encima la presión de los medios que exigían un posicionamiento agresivo sobre la designación de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, le pasó la bola al contralor que salió del campo, detuvo el reloj y al siguiente día apareció sin nada en las manos, desinfló el tema y a otra cosa mariposa.

Doña Claudia sigue preparando el menaje, don Alfonso presidió un bonito evento sobre protección de los niños, niñas y adolescentes; nadie le recordó el tema del presunto pacto de impunidad y quien salió a responder por ello fue el Memo Noriega que, amparado en el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, no soltó prenda alguna sobre las investigaciones que la contraloría lleva a cabo.

Hizo, eso sí, una prolija explicación sobre los procedimientos administrativos de la dependencia a su cargo y soltó un par de distractores para el entretenimiento del respetable público: la Estafa Maestra y la Operación Safiro, temas ambos de competencia federal y en los cuales la contraloría estatal poco o nada puede hacer.

En el primer caso, la Auditoría Superior de la Federación fue la que presentó una denuncia ante la FGR por el presunto desvío de millonarios recursos federales y solicitó una investigación a la contraloría estatal sobre Telemax, empresa involucrada en ese caso conocido como la Estafa Maestra. En su momento, la contraloría estatal inhabilitó por diez años al director de la televisora, Daniel Hidalgo Hurtado.

Hasta allí, la parte administrativa, la que le corresponde a la contraloría estatal fue solventada. Esta instancia tampoco puede turnar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora porque se trata de recursos federales. En todo caso es la FGR la que podría presentar una denuncia penal, pero el caso ya salió del ámbito estatal.

De hecho, la llamada Estafa Maestra es a estas alturas, más fuego de artificio que otra cosa. Hasta el año pasado por este caso había nueve exfuncionarios procesados y solo uno sentenciado a seis meses de prisión, que conmutó por una multa y servicios comunitarios. Rosario Robles permanece en prisión, pero el delito por el que fue aprehendida es menor y no tiene que ver necesariamente con el asunto principal. Se sabe que su reclusión tiene más tintes de revancha política que de otra cosa.

Y en el caso de la Operación Safiro, tampoco tiene competencia la contraloría estatal. Fue la FGR en todo caso la que se hizo cargo; no es cierto que los delitos hayan prescrito pero técnicamente es la FGR la que tendría que responder por su seguimiento.

Guillermo Noriega explicó por otro lado los procedimientos que se llevan a cabo a propósito de las 172 auditorías en curso a dependencias estatales. Procedimientos normales de los que hasta el momento no se derivan responsabilidades administrativas, mucho menos penales.

Es más, las cuentas públicas estatales correspondientes a los años anteriores (2018, 2019 y 2020) ya fueron auditadas por la ASF y aprobadas por esa misma instancia. No son, por tanto, auditables a menos que existan evidencias claras de la comisión de algún delito y no parece ser el caso.

En resumen, el gobernador despresurizó el tema del presunto pacto de impunidad para con personajes de la administración anterior, mandó la pelota a la cancha de su contralor y éste explicó que solo hay procedimientos normales de auditoría y si encuentran irregularidades se actuará conforme a dichos procedimientos, dejando abierta la posibilidad de establecer sanciones administrativas o turnar a las fiscalías aquellos casos en que se presuman responsabilidades penales.

O sea, si alguien quería ver sangre o cabezas rodando, se quedaron con las ganas.

Ahora bien, si se llegase a demostrar alguna responsabilidad penal sobre algún ex funcionario (a), lo que sobrevendría son largos litigios que no necesariamente deriven en encarcelamientos.

Lo que sí sucedió es que el tema del consulado en Barcelona ya se desinfló.

II

Justo el día en que la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi confirmó que Ciudad Obregón se mantiene como la segunda en el país donde sus habitantes se sienten más inseguros, se anunció también el relevo del capitán Cándido Tarango como secretario de Seguridad municipal.

La percepción de inseguridad en Cajeme (95% de sus ciudadanos se siente inseguro) no es para menos. En el último año se han registrado al menos un millar de asesinatos en las calles de la cabecera municipal y en sus áreas rurales.

Para relevar a Tarango llega otro militar, el capitán de Navío Infantería de Marina, Paracaidista Diplomado del Estado Mayor, Claudio Cruz Hernández.

El nuevo jefe de policía municipal llega a un terreno hostil, un municipio que apareció el año pasado como el número cuatro en el ranking mundial (¡mundial!) de ciudades inseguras. El año pasado cerró con 770 asesinatos y en lo que va de este mes ya se llegó a los mil, la inmensa mayoría derivados de la disputa que por esa plaza protagonizan al menos tres grupos de la delincuencia organizada, según han reconocido las propias autoridades.

Ojalá el cambio sea para mejorar. Cajeme y sus habitantes no merecen el infierno en que lo han convertido los criminales en los últimos años.

Y ya que andan con cambios en mandos de seguridad, bien podrían echarle un ojo a San Luis Río Colorado, donde en las últimas dos semanas se han soltado los demonios.

 

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
En el despacho de ayer expusimos la idea de que a quien menos conviene dejar crecer la especie de que tras la integración de Claudia Pavlovich al servicio exterior del gobierno obradorista existió un presunto pacto de impunidad era al mismísimo gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Es más, yo no estaría tan seguro de que la decisión presidencial de mandar a Claudia Pavlovich a Barcelona sea un certificado de impunidad para quienes hayan cometido delitos contra el erario; antes bien, diríase que el gobernador está más obligado que nunca a instruir a sus colaboradores a presentar elementos de prueba que acrediten la presunta comisión de esos delitos”, escribimos en la víspera.

Pues Alfonso Durazo hizo bueno el pronóstico y ayer, en público de la gente -como diría el corrido de Benjamín Argumedo-, dio a conocer que en la contraloría estatal a cargo de Guillermo Noriega Esparza existen 159 (son ciento cincuenta y nueve) auditorías entre ellas 17 especiales, en 14 dependencias estatales, de las cuales este día se darán a conocer algunos pormenores.

No todos, desde luego, por aquello de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero al gobernador le urge enviar el mensaje de que él estuvo al margen de las negociaciones que derivaron en el nombramiento consular de la ex gobernadora, porque en el cañaveral de pasiones que desató dicho nombramiento, algunos rayos y centellas cayeron sobre su persona.

Y muchos de esos cuestionamientos tuvieron su origen, más que en un compromiso con la honestidad, la transparencia y/o la rendición de cuentas, en un insano deseo de venganza. En Morena, pero sobre todo en el padrecismo neomorenista que se trepó a la 4T para cobrar no tan viejas facturas políticas, agotaron las reservas de Vitacilina tratando de curar el ardor provocado por ese presunto pacto que hizo volar a la paloma rumbo a la madre patria después de que la madre les partiera.

Pero Alfonso Durazo es una liebre muy lampareada y después de tantos años en los más altos vuelos de la política mexicana, ya tiene el esquema completo de vacunas y refuerzos contra la maledicencia y el amarre de navajas.

Lo dejó claro en la rueda de prensa ayer. Campañas mediáticas similares le tocó vivir cuando asesinaron a su jefe Luis Donaldo Colosio, cuando renunció al PRI; cuando entre Vicente Fox y Martha Sahagún le echaron el peso del aparato presidencial encima; cuando se sumó a la campaña de López Obrador y también durante las campañas electorales en las que fue candidato.

Él mismo hizo ese recuento para asegurar posteriormente, que a estas alturas de su vida no está para proteger a nadie que haya cometido alguna irregularidad. Y ante la insistencia de quienes querían ver correr la sangre fue contundente al citar a Luis Donaldo Colosio: “No me envenenen el alma (…) eso enferma la vida política del estado y no se puede vivir así”, dijo.

En congruencia con ese postulado, aseguró que ha tomado la decisión de no imputar irresponsablemente a nadie, de respetar la presunción de inocencia, de no lastimar reputaciones ni impulsar ese tipo de campañas. Lo cual no significa -también lo dejó claro-, que no tome decisiones para romper con los vicios del pasado.

Y así diciendo, le pasó la bola a su contralor estatal allí presente, instruyéndolo para que este miércoles informe sobre las 159 auditorías que se están llevando a cabo y de las cuales Guillermo Noriega ofrecerá detalles este mediodía.

Por cierto, como si de un flashback se tratase, el partido del gobernador saltó a la palestra como en los viejos tiempos lo hacían el PRI o el PAN para hacer patente su respaldo mediante un comunicado en el que manifiestan su apoyo y confianza al presidente de la república respecto a los nombramientos anunciados en el cuerpo diplomático, y también al gobernador en sus dichos sobre la inexistencia de un pacto de impunidad.

Como en los viejos tiempos, pues. Aunque, ya en esa dinámica, se extrañó que no hubiera una ‘cargada’ de funcionarios públicos suscribiendo esa posición. Ignoro si hubo una instrucción para que se abstuvieran, o si de plano no les nació hacerlo y prefirieron dejar que el gobernador se defendiera solo. Pa’ saber.

II

Pero como en este mundo matraca no todo es grilla y envenenamiento de almas, surgió información ayer en esa misma rueda de prensa sobre la planta fotovoltaica que se construirá en Puerto Peñasco, de la cual el gobierno de Sonora será poseedor del 44 por ciento de los beneficios derivados de la comercialización de la energía allí producida, lo cual a su vez se destinará a reducir el monto de los recibos de luz en los ‘picos’ de verano e invierno.

Esta planta en la que se instalarán más de dos millones de paneles solares tiene una dimensión equivalente a 315 veces el estadio Azteca y en ella se invertirán mil 644 millones de dólares para beneficiar a 1.6 millones de consumidores. Parte del fluido eléctrico se comercializará también en Baja California.

El gobernador dio a conocer estos datos, acompañado del director corporativo de Planeación Estratégica de la CFE, Guillermo Arismendi Gamboa, destacando que con este proyecto Sonora se pondrá a la vanguardia en la generación de energías limpias.

III

Y ya con esta me despido porque mi corazón no aguanta tantas tensiones y mi alma que no está envenenada pende de un hilo mientras le miden el agua a los camotes de la pandemia y deciden si se llevan a cabo o no las Fiestas del Pitic, el FAOT, el carnaval de Guaymas y la Expo-Gan. Las autoridades están trabajando horas extra en la difícil tarea de calcular el vital líquido a los tubérculos y tomar las previsiones del caso.

Hoy habrá noticias por rumbos de Guaymas y a decir de algunas versiones en redes sociales, la cancelación del carnaval es inminente, no así el FAOT y las Fiestas del Pitic, eventos para los cuales se está considerando llevarlos a cabo bajo un esquema híbrido presencial y virtual. En el caso del FAOT, sin venta de alcohol en la vía pública ni eventos masivos en las calles; en el caso de las Fiestas del Pitic también exploran esas posibilidades.

Ya veremos, como le dijo Andrea Boccelli a José Feliciano.

Por: Arturo Soto Munguía
La disputa por las plazas explica, pero de ninguna manera justifica la escalada de violencia criminal con la que cerró el año pasado y que continúa en este, sin que haya visos de que baje de tono la estridencia de las balaceras en varias ciudades del estado donde parecen focalizadas las disputas de las bandas criminales.

Cajeme, Guaymas y Caborca son municipios donde el conteo de cadáveres ya forma parte de la cotidianeidad y en la última semana, San Luis Río Colorado aportó una notable cuota de sangre a las masacres.

Cualquier habitante de esas localidades ha hecho suya la narrativa oficial que una y otra vez reconoce que el origen de esa violencia reside en la disputa de los grupos criminales por el control de las plazas.

A fuerza de repetirse, ese argumento hace palidecer el verdadero tema de fondo: si los criminales se están disputando el territorio nacional ¿en qué papel queda el Estado mexicano, constitucionalmente facultado para ejercer su poder sobre ese espacio geográfico?

Hablar de un municipio como Cajeme que no llega al medio millón de habitantes y donde el año pasado cerró con una cifra de 770 asesinatos puede ofrecer una idea clara sobre quien realmente controla el territorio. Pero lo mismo puede decirse del valle de Guaymas-Empalme, la sierra alta y baja o la zona del desierto de Altar.

Apenas van 16 días transcurridos en el primer mes del año y Cajeme ya cuenta 32 asesinatos. En Guaymas, ayer fueron asesinados un policía municipal y un guardia del Cereso que viajaban en un automóvil en céntrica zona del puerto. Desde otro auto un sujeto abrió fuego en su contra, acabando con sus vidas. Más tarde fueron localizados otros dos cuerpos sin vida en el entronque de la carretera a Ortiz y La Misa. Ambos tenían el tiro de gracia.

Ayer mismo en SLRC se registraron cuatro ejecuciones, entre ellas las de dos taxistas. La semana pasada un hombre fue ejecutado en aquella ciudad mientras era acompañado de su hijo menor de edad que resultó gravemente herido.

La forma en que operan los sicarios solo puede ser explicada con una palabra: impunidad. Lo mismo en las calles que en casas o comercios; igual en despoblado, se mueven con entera libertad mientras las autoridades se ocupan de contar casquillos, colocar cintas amarillas, hacer el recuento diario de los muertos y enviar boletines de prensa consignando los hechos y asegurando que se investigan.

Las cifras mueven a la desesperanza y dejan la sensación de que poco o nada se está haciendo para recuperar el control del territorio a partir de estrategias que incluyan labores de inteligencia y operativos efectivos de combate al crimen organizado. Nada parece que vaya a cambiar al menos en el corto plazo.

La política de seguridad que se ha trazado desde el ámbito federal al que corresponden este tipo de delitos no es incorrecta. Sintetizada en ‘abrazos, no balazos’ y ‘becarios sí, sicarios no’, apela a la buena voluntad del pueblo al que también pertenecen los criminales y a la superación de la pobreza extrema, caldo de cultivo propicio para el reclutamiento de jóvenes que, citando a Monsiváis, prefieren vivir unos cuantos meses o años sin las carencias de su condición social, que morir en la miseria, bajo el jacal y sobre el catre en el que murieron sus padres y sus abuelos.

No es una estrategia incorrecta, subráyese, aunque está proyectada para dar resultados en el largo plazo. Pero como dice la conseja popular, en el largo plazo todos vamos a estar muertos.

II

De acuerdo con algunos especialistas hemos llegado al pico de la cuarta ola de la pandemia y en los próximos días comenzará a registrarse una baja en los casos de contagios, lo que de ninguna manera implica bajar la guardia.

Lo que parece ser una buena noticia no lo es tanto considerando lo que se viene en fechas ya muy próximas, a saber: el regreso a clases presenciales y algunos eventos masivos cuya realización está siendo valorada por las autoridades: el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, las Fiestas del Pitic y la Expo-Gan en sus ediciones 2022.

El carnaval de Guaymas ya fue cancelado y los anteriormente citados previsiblemente correrán la misma suerte.

Como ha quedado documentado, esta cuarta ola signada por la presencia de la variante Ómicron de Covid19 pegó fuerte en Sonora y muchos de los que íbamos invictos caímos presa de los contagios. La semana pasada hubo varios días en los que se registraron consecutivamente más de mil casos y en ello tuvo que ver sin duda el relajamiento de los protocolos sanitarios durante las celebraciones de navidad y año nuevo.

Juntar a decenas de miles de parroquianos en festividades como el FAOT, la Expo-Gan o las Fiestas del Pitic no parece ser una buena idea, incluso si se considera que la mayoría de la población ya está vacunada y en esta etapa ya se están comenzando a aplicar los refuerzos a población vulnerable.

Aventarse el tiro de realizar esos eventos es tanto como retar al virus, que ya nos dio una probadita de su gran transmisibilidad. El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán y el gobernador Alfonso Durazo ya declararon que están evaluando todas las condiciones para determinar si se llevan a cabo o se cancelan.

Veremos en los próximos días cuál es la decisión que toman. Por lo pronto lo que es un hecho es que este lunes comenzará el regreso a clases presenciales con una serie de recomendaciones y cuidando mucho los protocolos.

Con 998 nuevos casos, ayer fue el día con más alto registro oficial de contagios Covid19 en lo que va del años y como comentábamos ayer, el panorama no es alentador.

Pese a que la letalidad de la variante Ómicron cuya presencia en Sonora reconoció ayer el secretario de Salud, José Luis Alomía es menor que la Covid19, tiene una transmisibilidad más alta y eso ha provocado el disparo en los contagios.

Por todos lados se están reportando casos con síntomas leves y no tanto, pero en el gremio periodístico el virus pegó con tubo en este inicio de año y ya nos mandó a la banca a más de una veintena de comunicadores y comunicadoras a quienes desde nuestra propia convalecencia enviamos deseos de pronta y total recuperación.

Hasta ayer, la lista de colegas infectados iba así: Hilario Olea Ruiz, Juan Carlos Zúñiga, Gerardo Moreno, Germán Contreras, Guillermo González, Gil Reyes, Juana María Olguín, Karina Barraza, Lorena Martínez, Isela Hong, Rafael Rentería, Arturo Salcido, César Fraijo, Ángel Lozano, Gamaliel González, Leonor Hernández, Mónica Miranda, Polet Ruano y Martín Holguín.

Por la naturaleza propia del trabajo y aunque ya se ha normalizado el ‘reporteo a distancia’, es altamente probable que el brote en el gremio se dispare en los próximos días.

Por lo pronto ayer se cambió, acertadamente la comparecencia semanal del gobernador Alfonso Durazo ante los medios de comunicación, mudándola de la sala de prensa al patio central de Palacio de Gobierno, un espacio mucho más amplio, abierto y naturalmente ventilado. Y este día la secretaria de Seguridad y la fiscal estatal, María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras ofrecerán una rueda de prensa, misma que será en modalidad virtual.

Ahora sí que por el bien de todos, primero los protocolos.

Fuera de eso, es predecible el desfile de cuentas alegres sobre órdenes de aprehensión ejecutadas, disminución de delitos, vinculaciones a proceso y un largo etcétera de ‘logros’ en materia de seguridad, pero siempre estará presente la sombra de los delitos de alto impacto que mantienen en la zozobra a los habitantes de varios municipios especialmente conflictivos en esa materia.

Cajeme sigue siendo una brasa ardiendo y no hay día en que no se reporten asesinatos y/o hallazgos de cadáveres; Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado son también focos rojos en el tablero de la seguridad pública y no hay, hasta el momento una estrategia más o menos articulada para devolver la paz a esos municipios.

Cajeme es la locura. El año pinta para romper todos los récords de ejecuciones. Nada más en los primeros días de este año la cifra ya llegó a 30 asesinatos con los tres que perpetraron anoche en la colonia Misión del Real, Más temprano habían asesinado a otro frente a las instalaciones del cuartel militar de Esperanza, donde no es el primer tiroteo que se registra.

Si el mes pasado cerró con un promedio sostenido durante los últimos meses de 2021 de dos asesinatos diarios, enero 2022 ya promedia tres.

Veremos si hoy aparece algún anuncio importante al respecto, lo que se antoja difícil considerando la complejidad multifactorial del fenómeno de la violencia criminal, que lamentablemente no cede.

II

Pero volviendo con la rueda de prensa del gobernador, en temas más amables anticipó ayer el rediseño de la programación de Telemax y si nos atenemos a la visión de Estado que Alfonso Durazo ha forjado a través de su larga carrera política en las más altas esferas del poder, seguramente vienen buenas noticias.

Reconvertir un medio de gobierno -o peor aún, de partido- en uno de Estado es algo más que una redefinición teórica: atraviesa por dotar a la televisora de contenidos que recojan la pluralidad política y la diversidad social de los sonorenses, abandonando la tentación de instrumentalizarlo como un altar para el culto a la personalidad del gobernante, una herramienta para el ajuste de cuentas políticas y un ‘garrote de trapo’ para la descalificación y el denuesto de los adversarios, algo que fue moneda corriente en sexenios anteriores, señaladamente en el de Guillermo Padrés, y no se diga más atrás, en el de Manlio Fabio Beltrones.

Durante la administración de Claudia Pavlovich se avanzó en ese camino, pero se quedaron lejos de la idea original con la que fue concebida la función de la televisora oficial en el sexenio de Samuel Ocaña, por cierto uno de los referentes del gobernador Durazo, que a su vez tiene en la dirección de Telemax a Paulina Ocaña, nieta del neumólogo de Arivechi.

Ayer el gobernador fue claro al advertir que la televisora estará dedicada exclusivamente a difundir información, entretenimiento y programas que sirvan a la superación cultural y educativa de la gente de Sonora; que sirva al fortalecimiento de sus valores y no para destinarla al desprestigio de adversarios y a lastimar reputaciones de la gente. Lo dijo con todas sus letras.

El próximo viernes será presentado el nuevo diseño programático de Telemax, que en esta administración ha sido concebida como parte integral de un sistema estatal de comunicación en el que se incluye a Radio Sonora llevando como cabeza de este a Edgar Hiram Sallard, que mucho ha tenido que ver en este relanzamiento cuyo diseño se viene trabajando desde hace tres meses.

Por cierto, la televisora estatal ya no transmitirá dos programas de corte religioso, aunque conservará la misa dominical católica.

Esperemos al viernes para ver de qué van los cambios en la televisora.

III

Ya para cerrar, agradecemos los mensajes y llamadas de colegas, amigos y familiares reportándose para saber cómo va la convalecencia en esta su humilde casa donde permanecemos aislados y en espera de ahuyentar el maldito bicho, que ciertamente ya va de salida.

No enumero a todos y todas por cuestiones de espacio, pero reconozco el detalle de la ex gobernadora Claudia Pavlovich que se dio un tiempo para saludar y quedarse un ratito platicando de varias cosas relacionadas desde luego con su quehacer político, mismas que no estoy en condiciones de contarle porque estuvieron ‘fuera de libreta’, pero de que ando buchón, ando buchón y mejor aquí la dejo antes de que se me salga algo.

Diez días apenas van del nuevo año y en Sonora sumamos ya 4 mil 163 nuevos casos de Covid19, más los que se acumulen en lo sucesivo.

No, por ningún lado que se vea, este ha sido un arranque de año que se acerque siquiera al más modesto de los parabienes por los que brindamos al despedir un 2021 fatídico. Si aplicásemos las cabañuelas considerando no el clima, sino los contagios, el reporte de estos primeros diez días proyectarían un 2022 lúgubre, por decir lo menos.

1 de enero: 201 nuevos casos y una defunción.
2 de enero: 68 nuevos casos y una defunción.
3 de enero: 129 nuevos casos y dos defunciones.
4 de enero: 349 nuevos casos y dos defunciones.
5 de enero: 639 nuevos casos y una defunción.
6 de enero: 696 nuevos casos y una defunción.
7 de enero: 669 nuevos casos y una defunción.
8 de enero: 762 nuevos casos y una defunción.
9 de enero: 306 nuevos casos y una defunción.
10 de enero: 344 nuevos casos y ninguna defunción.

En total, 4 mil 163 nuevos casos.

En el plano nacional la cosa no pinta mejor. Los últimos días se han reportado cifras superiores a los 30 mil contagios cada 24 horas. La cuarta ola llegó a México como un tsunami y si bien la letalidad ha disminuido considerablemente, ya por las vacunas, ya por los tratamientos probados, ya por la atención oportuna, los estragos en la vida productiva, académica y social son devastadores.

Escribimos estas líneas desde el confinamiento obligado al que nos remitió la enfermedad, inopinadamente pescada ‘gracias’ a una persona que acudió a visitar esta su humilde casa después de una navidad celebrada en la acogedora calidez del hogar, precisamente para no andar exponiendo el físico al veleidoso bicho.

Pero las cosas pasan y como bien dice el refrán, de donde menos se espera salta la liebre. Afortunadamente los síntomas han sido prácticamente imperceptibles y ya vamos de salida, pero decenas de familiares, amigos y conocidos no pueden decir lo mismo.

La confinada lectora, el convaleciente lector no me dejarán mentir: hubo días en que la cantidad de casos reportados en redes sociales daban la impresión de que las nuevas variantes de la cepa maldita estaban pegando más fuerte que en sus primeras oleadas, y apretando el cerco incluso contra quienes conservábamos el invicto de manera más o menos decorosa.

Ya no. El virus ha llegado a las oficinas gubernamentales, a las empresas de todo tamaño; está en los centros comerciales y en cualquier sitio. Menos letal, cierto, pero más contagioso.

Y en ese contexto el presidente de la República arengaba en las últimas semanas instando al regreso a clases presenciales, sobre todo en las universidades, donde hoy el personal académico, administrativo y manual, así como los estudiantes mantienen muchísimas reservas a propósito de un regreso seguro a las aulas.

Pero si el mismísimo presidente anunció ayer su condición de contagiado (por segunda ocasión) de Covid19 ¿qué pueden esperar alumnos y maestros en planteles que están lejos de cumplir protocolos mínimos de seguridad?

El regreso a clases presenciales, que involucra no solamente a las escuelas, sino la intensa reactivación de la movilidad urbana y potencia el riesgo de contagios incalculablemente parece el camino más corto a la llamada inmunidad del rebaño, aquella inicial idea con la que se estrenó el ahora conocido como Doctor Muerte, Hugo López Gatell, cuando planteaba que era preferible una gran cantidad de infectados en las escuelas.

Después de casi dos años de pandemia y más de 300 mil muertos parece que la apuesta sigue siendo esa, en medio de una estrategia de prevención que ha ido de tumbo en tumbo y que terminó saturando clínicas y hospitales, provocando una crisis de salud descomunal que se agrava con la falta de reactivos para pruebas y medicamentos, sin contar los desbarres en las áreas de comunicación donde también parecen traer la brújula perdida.

Entre spots de botargas promoviendo el consumo de frutas y verduras y yerros garrafales como incluir la vasectomía como refuerzo gráfico para ilustrar propaganda oficial de la secretaría de Salud federal sobre prevención de la Covid19, las políticas del gobierno en la materia rayan en lo hueco, por no decir en lo demencial.

En Ciudad de México, por ejemplo, epicentro de la pandemia, la jefa de gobierno llamó a no hacerse pruebas sino a confinarse ante la sospecha de contagio por la aparición de cualquier síntoma parecido a los de la gripe. Muy pocos, sin embargo están dispuestos a acatar la instrucción, comenzando por el mismísimo presidente de la República que todavía el lunes apareció sin cubrebocas en la mañanera, después de encabezar la reunión del gabinete de seguridad y luego de sostener reuniones con sus secretarios y secretarias. López Obrador ya estaba contagiado y presentaba síntomas cuando sucedió esto, y horas más tarde confirmaba el positivo a Covid19.

La posibilidad de salir pronto de esta pesadilla aparece así, cada vez más lejana.

II

El año no comenzó bien tampoco en seguridad pública. En Sonora, Cajeme, Guaymas y Caborca siguen siendo focos rojos en ese rubro. Esos municipios, y otros, empezaron el año tal y como lo terminaron: reportando balaceras, enfrentamientos y asesinatos a diestra y siniestra.

Así como no hay estrategia para frenar la pandemia, tampoco parece haberla para poner un alto a la escalada de violencia que recorre el país, desde Chiapas hasta Baja California, pasando por Veracruz y Zacatecas donde no cesan las masacres.

La primera columna de este año debería ser una llena de buenaventura. La realidad, sin embargo, se empeña en no dejar una sola ranura por donde se filtre la luz de la esperanza.

Tenemos frente a nosotros un año nuevecito, con sus hojas en blanco y la pluma lista para escribir limpiamente las mejores historias. Lástima que haya tantos codos rozando el tintero. Lástima que los mexicanos estemos atrapados entre la espada de la violencia y la pared de la pandemia.