Categoría: El Zancudo

Por: Arturo Soto Munguía
No es la primera vez que alguien aventure la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas sea candidato presidencial, pero es la primera vez que una encuesta lo ubica en un empate técnico con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, los dos tapados que en la víspera, flanquearon al presidente Andrés Manuel López Obrador en su mitin (no informe) en el zócalo capitalino.

Descalificar el ejercicio demoscópico por tener origen en ese que desde la perspectiva presidencial es un pasquín inmundo y reducto del conservadurismo neoliberal, es el recurso más facilón y yesca seca para que arda la pradera de la negación a ultranza y la soberbia triunfalista.

Las cosas sin embargo, no son tan sencillas. Antes bien, encierran un alto grado de complejidad como solo puede apreciarse en una sucesión presidencial aparentemente lejana pero definitivamente anticipada por el banderazo del propio AMLO que adelantó el juego del ‘tapado’ mucho antes de los tiempos que tradicionalmente jugaban los presidentes.

Primero, es claro que la oposición sigue dispersa, fragmentada, errática y desprovista de un liderazgo que se acerque siquiera a la posibilidad de competirle a Morena en 2024, sea quien sea la candidata o el candidato del presidente.

Ya estamos en edad, creo, de tomar distancia de los eufemismos y asumir que quien abandere a Morena y sus aliados en la contienda presidencial venidera no surgirá del pueblo ni de las encuestas ni de alguna elección interna, sino de lo que diga el dedito del otoñal, casi invernal patriarca.

Segundo, el hijo del malogrado candidato sonorense ni siquiera ha manifestado su intención de contender por la presidencia, pero en caso de que lo hiciera, entre eso y la posibilidad de que sucediera hay un largo y muy escarpado camino de negociaciones desde el partido en el que milita, Movimiento Ciudadano que en los anteriores dos procesos electorales ha decidido caminar solo, sin el PRI, el PAN y el PRD a los que considera una pesada carga negativa.

Tercero, Movimento Ciudadano y el mismo Colosio Riojas están lejos, pero muy lejos de encarnar un movimiento cívico-político y un liderazgo como el que la izquierda mexicana fue construyendo durante más de cincuenta años y que en una coyuntura muy específica, López Obrador tuvo la astucia de recoger, replantear alianzas, persistir y coronar con la victoria de 2018.

Pensar en el primogénito de Luis Donaldo Colosio Murrieta como un candidato que aglutine al antiobradorismo tendría que pasar por el filtro de otro ex priista como Dante Delgado Rannauro bajo cuyo liderazgo de facto, Movimiento Ciudadano ya gobierna los estados de Jalisco y Nuevo León, amén de un buen número de capitales estatales y aún más municipios.

MC es una fuerza político-electoral que está en condiciones de imponer condiciones en una eventual alianza con partidos no solo desgastados, sino carentes de figuras acreditadas, con suficiente autoridad moral y política como para entrar a una campaña donde inevitablemente tendrían que hacer milagros para evitar que les pisen su larguísima cola.

Pensar en Ricardo Anaya, del PAN; Guadalupe Acosta Naranjo o cualquier otro del PRD y ya poniéndose muy sarcástico, Alfredo del Mazo por el PRI, no pasa de ser un mal chiste, como lo es el llamado Frente Cívico Nacional. Hasta Fernández Noroña les pondría una pela.

Ahora bien, no hay ingenuidad en la encuesta de Reforma. Ese diario es, a no dudarlo, reducto y trinchera de poderosos grupos que detentaron y/o se beneficiaron del poder y que lo siguen haciendo pero no están suficientemente conformes con los términos y condiciones en que lo hacen. Eso de ir a Palacio Nacional a comer tamales de chipilín para que les enjareten boletos de la rifa de un avión que terminó siendo otro acto de prestidigitación mediática está bien, pero es muy de kermesse de kínder.

Y bueno, esto estaría a todo dar para un momento de relax en preescolar, pero no para una ‘empresa’ como el gobierno mexicano que maneja más de siete billones de pesos al año. Billones, sí, siete millones de millones de pesos. De ese tamaño es la disputa.

Nada es casualidad.

Hace unos días el presidente se reunió con esos capitanes del dinero. Antier en el zócalo, AMLO se posicionó por primera vez a la izquierda, lo que regocijó mucho al ala dura de Morena, que mascan pero no tragan al priismo, al panismo, al oportunismo de derecha y pseudoizquierda y se les atraganta la idea de ofrendar a los militares la sangre de los muertos en la ‘guerra sucia’ pero tienen que hacer mutis y hasta reventarse las palmas de las manos en los aplausos cuando escuchan que ahora sí el ejército es del pueblo.

Pues hay noticias. La oposición también está tomando el pulso de esa insistencia presidencial en partir al país en dos y se ha sacado de la manga al joven Colosio Riojas, que alguna vez juró jamás participar en política pero ahora es alcalde de Monterrey y quizás pudo ser gobernador de Nuevo León, pero esa es otra historia.

(Algún día les contaré los avatares del viaje que hice a Magdalena para cubrir el sepelio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y la imagen que guardo de su hijo en el regazo luctuoso de su madre).

El punto es que aquel niño ojeroso y desesperanzado, hoy aparece en una encuesta como posible candidato presidencial, muy cerca de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Y aparece justo a la mitad del sexenio de López Obrador, que por iniciativa propia adelantó los tiempos de la sucesión.

Claudia y Marcelo parecen ir por caminos despejados, salvo en la recta final, donde habrá que decidir por una o por otro.

Al joven Colosio Riojas ya lo metieron, con su consentimiento o sin él, al baile.

Hay tres años para que la mercadotecnia política haga lo suyo.

Y en medio de todas esas opciones, pues que Dios nos agarre confesados mientras posponemos indefinidamente el sueño de vivir en Dinamarca.

Por: Arturo Soto Munguía
Apenas se estaba disipando el humo de la balacera y el granadazo en el palacio municipal de Guaymas, Sonora, cuando en Tula, Hidalgo otro grupo criminal hizo estallar tres carros bomba en un operativo coordinado para liberar al jefe de un cártel conocido como ‘Pueblos Unidos’ y al que apodan ‘El Michoacano’.

En el primero de los casos y de acuerdo a las autoridades federales, los sicarios iban por el secretario de Seguridad en el puerto, un capitán de la Marina de nombre Andrés Humberto Cano Ahuir, pero en el ataque estuvo a punto de ser alcanzada por las balas la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, que hoy tiene que gobernar custodiada por un aparatoso cuerpo de seguridad fuertemente armado. La joven Marisol Cuadras, de 18 años, que participaba de una manifestación contra la violencia hacia las mujeres, fue asesinada.

En el segundo caso, además de ‘El Michoacano’, jefe de una célula criminal dedicada la huachicoleo, escaparon del penal otros ocho reos.

Los hechos no tienen que ver entre sí pero ayudan a configurar el mosaico de violencia que está pintando de sangre prácticamente todo el territorio nacional.

La escalada ciertamente no es nueva, pero los métodos que están utilizando los criminales organizados tendrían que encender todas las luces de alerta en el tablero de la seguridad nacional cuya titular, la periodista en receso Rosa Icela Rodríguez sigue insistiendo en la efectividad de la política de abrazos y no balazos.

Aunque no están relacionados uno con otro, los atentados en Guaymas y Tula tienen algo en común: fueron perpetrados contra instituciones del Estado mexicano al que evidentemente han perdido todo respeto, y contra funcionarios públicos en activo.

¿Cuál será el siguiente episodio? Imposible saberlo, pero no es difícil suponer que, una vez cruzada la línea de los atentados que si no son terroristas sí se parecen mucho, la desgracia se cierne ominosa e inminente, en cualquier parte del país.

Y una cosa es segura: no se van a detener llenando el zócalo capitalino para sublimar el culto a la personalidad.

II

En temas de la grilla local, cada vez están más cerca las fechas en que tanto el PAN como el PRI habrán de renovar sus dirigencias estatales.

En el blanquiazul la elección será el próximo domingo y hay dos contendientes: Gildardo Real y Humberto Souza; el primero ha logrado aglutinar a las cabezas de las principales corrientes del panismo, el segundo se asume como el candidato de las bases que nunca han ocupado los cargos de dirección en el partido y casi siempre son excluidos de las candidaturas.

Por el lado del tricolor son varios los apuntados y ya levantaron la mano Humberto Robles Pompa, mejor conocido como ‘El Buitre’; David Palafox, Rogelio Díaz Brown, Bulmaro Pacheco Moreno y Pascual Axel Soto, que está resultando la sorpresa y ha repuntado considerablemente a partir del acercamiento con la militancia organizada, liderazgos de organizaciones y en las colonias y municipios, así como varios ex gobernadores que le han manifestado su apoyo.

De acuerdo con los reportes que se desprenden de ese cabildeo, todo parece indicar que el rival a vencer es Pascual Soto y solo falta que se cumplan los tiempos que marca su partido para que asuma la dirigencia.

Desde luego, faltaría preguntar a otros contendientes su opinión al respecto, pero sobre todo, preguntarle a todos, tanto en el PRI como en el PAN, para qué quieren llegar a la dirigencia de sus respectivos partidos en un contexto que aparece tan complicado como el actual.

Por cierto, Pascual estará próximamente en los micrófonos de la Red 93.3 por donde ya han pasado varios de ellos, para que responda a esa y otras preguntas. Ya les avisaremos con tiempo para que se avituallen de sodas y palomitas porque trae mucho qué decir sobre el tema.

III

Vitamina pura para el presidente de la República la concentración de ayer en el zócalo capitalino. No hay sorpresa en que lo haya llenado; sorprende en todo caso por qué no lo había hecho antes sabiendo, como se sabe, que ese es su mero mole; el ambiente que le fascina, el escenario que mejor domina, el foro que le inflama el ego.

La multitud devota afianza la narrativa presidencial que machaconamente gira sobre las frases que se han convertido en mantras y siguen arrancando el aplauso del respetable pueblo bueno que se arremolina de nuevo en la plaza de armas para celebrar el tercer año de la asunción al poder de un presidente que vuelve a conseguir el objetivo: ser el centro de la opinión pública nacional.

Y vaya que lo consiguió, como siempre. Unos para refrendar su profesión de fe transformadora y su devoción cuasi religiosa; otros para recordar el catálogo de promesas incumplidas y evidenciar el acarreo descarado que ya no es acarreo sino apoyo para transporte. Desde luego, para tildarlo de irresponsable por congregar multitudes en el inicio de la cuarta ola del Covid19 y el descubrimiento de una nueva variable del virus.

Pero dígase lo que se diga, Andrés Manuel sigue siendo un fenómeno sociopolítico difícilmente equiparable a cualquier otro liderazgo en la historia moderna. Para regocijo de unos y derramamiento de bilis en otros.

No hubo hallazgos novedosos en su discurso pero no los necesita. De hecho el éxito de su narrativa reside en buena medida en la reiteración de sus mantras. Y en la propaganda monumental, la escenografía abigarrada que lo coloca al centro del universo y se viraliza en todos los medios, agigantando su figura y empequeñeciendo cualquier otra cosa, oposición incluida.

Al final, como en la canción de Serrat, volverá el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza y el señor cura a su misa.

México.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía

Se me encogió poquito el corazón ayer que vi una imagen del gobernador Alfonso Durazo entregando proyectos productivos para mujeres jefas de familia.

Estos apoyos, por modestos que parezcan, resuelven problemas en las economías domésticas a partir del autoempleo y ayudan a paliar necesidades muy básicas de esas familias, generalmente estratificadas en la franja de la pobreza.

Se me encogió poquito el corazón, digo, porque recordé que el gobernador solía ser muy crítico sobre el -llamémoslo así-, minimalismo gubernamental de su antecesora a quien aludía en tono no desprovisto de socarronería, como una gobernadora que se la pasaba cortando listones o entregando carritos de hotdogs y aseguraba que él no iba a hacer lo mismo.

Como dato hay que apuntar que las dos o tres veces que el gobernador ha salido a presumir generación de empleos o instalación de grandes empresas, se trata de cifras correspondientes a la administración anterior y empresas instaladas en ese mismo periodo, pero esa es otra historia.

Si nos atenemos al mantra cuatroteísta de que ‘gobernar no tiene ciencia’, se puede decir que copiar, menos. Así que la directora de Desarrollo Social en el estado, Wendy Briseño se copió el programa Soy Pilar creado en la administración pasada, le cambió de nombre y ayer juntó una buena cantidad de beneficiarias del renombrado programa para que el gobernador se luciera entregando esos apoyos.

Claro que el minimalismo convence, pero la rimbombancia arrasa, de manera que ‘Soy Pilar’ se llama ahora “Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social”, y en esa lógica los ‘carritos de hot dogs’ se llaman ‘Proyectos Gastronómicos’; las máquinas de coser “Manufactura”; los kits de peluquería son “Estética” y así.

Para el magno evento se reunieron, además del gobernador, la propia Briseño; la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Mireya Scarone, la directora general de Programas Sociales de la Sedesson, Patricia Duarte Franco y una pequeña nube de funcionarias y funcionarios públicos de apoyo para entregar 41 proyectos productivos y sumar 83 en estos tres meses, de un total de 111 a entregarse en esta primera etapa.

Ignoro cuántas etapas vaya a tener el programa, pero el hecho de que se hayan recibido mil 800 solicitudes da una idea de la cantidad de gente en lista de espera y de sus apremios económicos.

Yo sí le creo al gobernador cuando dice que vienen grandes cosas para Sonora, con el presupuesto social más grande de la historia y las obras extraordinarias como la modernización del puerto de Guaymas, la construcción, modernización y ampliación de carreteras y caminos vecinales; la modernización de las aduanas, la mega planta fotovoltaica, entre otras. Y también celebraré cuando corte los listones respectivos, con el mismo entusiasmo que celebro la entrega de carritos de hot dogs, que por el momento ha tenido a bien gestionar la copiona secretaria de Desarrollo Social.

Por lo pronto, es lo que hay. Y está bien, pero urge que se acabe este año y comience el siguiente para que la transformación de Sonora empiece a notarse.

Cebolla finamente picada

Me preguntaron ayer que si por qué no escribí nada sobre la rueda de prensa que al alimón la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río; la fiscal estatal Claudia Indira Contreras y el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez en torno a los avances en las investigaciones sobre los hechos violentos que derivaron en el asesinato de la activista feminista Marisol Cuadras, el agente municipal de Guaymas, Antelmo Gutiérrez y un limpiavidrios que cambió su botellita de agua con jabón por una .9 mm.

Pues no escribí nada porque nada hubo. Es decir, me entusiasmé cuando hablaron de once cateos e igual número de detenciones, pero el gozo se fue al pozo cuando aclararon que no necesariamente los detenidos están involucrados en el atentado que tenía como objetivos a la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova y su comisario de seguridad, Andrés Humberto Cano Ahuir.

Entiendo que por la gravedad de los hechos, les urgía salir a dar explicaciones, pero si van a hacerlo solo para informar que las investigaciones siguen, igual podrían evitarse la fatiga.

Mientras tanto, los criminales no descansan y no hay día que pase sin que una o más personas sean asesinadas violentamente en Sonora.

II

Se enojó ayer el presidente de la República, pero no por el paro en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) sino por el reportaje que publicaron varios medios de comunicación y que involucra a uno de sus hijos mayores de edad en presuntos negocios si no ilícitos, al menos cobijados por la sombra del presidencial apellido.

A los estudiantes y profesores no pasó de tildarlos, era previsible, como parte de la mafia del poder intelectual que comandan Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze aunque éstos, a decir del profesor del CIDE Adrián Lajous, posiblemente nunca hayan puesto un pie en esa institución.

El presidente cargó contra la revista Proceso, pero no es la primera vez que lo hace, lo que sí sorprendió fue la virulencia con la que anatematizó a la periodista Carmen Aristegui a quien desconoció de fea manera y lo más bajito que le dijo fue que era una conservadora que jamás ha apoyado las causas del pueblo que, por antonomasia son las causas del presidente.

Si alguna periodista hay en México, comprometida con las causas democráticas es Carmen Aristegui. Desde sus trincheras, ella fue pieza clave en las luchas que terminaron llevando a Andrés Manuel a la presidencia. Los antiamlo aluden a ella como Chairistegui, lo cual es un indicador del lado en el que la ubican.

Pero cometió el error de darle cabida al citado reportaje, surgido de una investigación en la que participaron varios medios y elaborado por Tania Gómez y Sergio Rincón, lo que desató la ira del presidente.

Este episodio solo confirma el talante de López Obrador y sus consideraciones sobre lo que debe y no debe ser el periodismo.

Si Aristegui es conservadora, ya podemos concluir que para el presidente el modelo a seguir, el icono del compromiso periodístico con la verdad y el ejercicio profesional y documentado, es Lord Molécula.

Así las cosas.

Por: Arturo Soto Munguía
Abrimos la semana con un paro y toma de instalaciones en el Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE).

El tema es importante no por lo que representa su comunidad en términos numéricos (su población estudiantil apenas rebasa el medio millar), sino porque después del choque del presidente con la UNAM y el Conacyt, el CIDE encarna en estos días el desencuentro de una parte de la comunidad académica y científica del país con la visión que sobre la educación tiene y delinea el presidente.

Desde su perspectiva, las universidades, centros de investigación e instituciones culturales fueron tomadas por los conservadores durante el periodo neoliberal para inocular en los jóvenes el peligroso virus del aspiracionismo pequeño burgués y despojándolas de su compromiso con el pueblo y la transformación que encabeza.

Bajo esa premisa, lo primero que hizo el presidente a través de sus diputados en el Congreso federal fue materialmente ‘confiscar’ los fideicomisos, alimentados varios de ellos por recursos generados por las propias instituciones a partir de prestación de servicios, licencias de tecnologías, uso de patentes y convenios con otras instituciones públicas y empresas privadas.

De allí se financiaban becas, proyectos de investigación, participación en foros internacionales, intercambios académicos y demás. Obvio, para el presidente todo eso no solo es innecesario, sino muy oneroso y es un pretexto para que los académicos le den vuelo a sus excesos lúdicos viajando por el mundo bebiendo vinos caros y exquisitas viandas.

Pues eso se acabó. En la cuarta transformación no puede haber profes ricos con pueblo pobre, así que ‘matanga dijo la changa’ y se apropió de los fideicomisos destinando esos recursos para otros fines, señaladamente los que tienen que ver con el financiamiento de los programas del Bienestar.

El caso del CIDE es peculiar además, porque en la campaña electoral de 2018 varios estudiantes hicieron viral un video en el que aparecían mostrando su credencial de la institución y adelantando su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Tres años después se van al paro y tomarán las instalaciones porque además, recientemente fue removido por pérdida de confianza el director Alejandro Madrazo Lajous, nombrando como interino a José Antonio Romero Tellaeche. Esa decisión fue impugnada por una parte del alumnado y la planta docente, que iniciaron un movimiento reivindicando la libertad de cátedra y de expresión que, consideran se ven amenazadas. El movimiento tomó vuelo después de que la FGR acusó a 31 investigadores del Conacyt de delincuencia organizada.

Como en otros temas, al presidente no le falta razón en algunas de sus afirmaciones. En la comunidad académica y científica se ha creado una élite dorada de funcionarios que ganan muy bien y viven mejor, aunque eso no significa que necesariamente sean partícipes de actos de corrupción.

Tienen acceso a salarios muy altos si se les compara con la media nacional para un profesionista, además de becas, bonos, viáticos, ingresos extra por su trabajo en la iniciativa privada u otras instituciones y organizaciones internacionales. Mucho les ha costado llegar a esos niveles, años de estudio y trabajo especializado.

Es difícil precisar cuántos han llegado ahí por su esfuerzo personal o familiar, y cuántos por la meritocracia y la lealtad a grupos de poder que ciertamente existen en todas esas instituciones. Pero antes de investigar a detalle, el sello de este gobierno es echarlos a todos y todas en el costal del conservadurismo neoliberal y agarrar corte parejo, cerrando además las vías del diálogo, que es lo que reclaman en este caso los estudiantes y profesores del CIDE.

La protesta finalmente es focalizada y no parece tener por dónde desbordarse hacia apoyos en sectores populares. Al contrario, bastaría que el presidente mostrara durante una de sus mañaneras el cheque quincenal de algún ‘machuchón’ de la academia para demostrarle al pueblo bueno y pobre, que ese privilegiado puede llegar a ganar más de cien mil pesos mientras la gente se muere de hambre.

La comunidad académica y científica sigue siendo en México un sector minoritario y en donde el presidente tiene muchos apoyos, especialmente entre aquellos y aquellas que por su trabajo, antigüedad y preparación tienen asegurados sus ingresos y pensiones holgadas o trabajo en la burocracia gubernamental ahora que están al frente.

Quienes no entran en ese rango pueden protestar y movilizarse. No son por el momento una oposición que al presidente le quite el sueño, mucho menos si con aquello que les quita, alimenta a una gran base social a partir de sus programas sociales dirigidos a los más necesitados.

Los niveles de aprobación que incluso los medios ‘conservadores’ reportan, indican que AMLO sigue gozando de grandes simpatías, aunque le urge refrendarlas porque eso es parte de su estilo personal y las necesidades de legitimación a la mitad de su mandato.

Por eso este primero de diciembre está convocando a un informe de gobierno en el zócalo capitalino. Un encuentro masivo (la cuarta ola de la Covid19 y el descubrimiento de una nueva variable son irrelevantes) en el que vuelva a demostrar que tiene el apoyo popular y la oposición sigue moralmente derrotada, numéricamente diezmada y políticamente destanteada.

Hasta hoy eso le ha funcionado y bien. En el próximo informe (ya reportan saturación de vuelos en Sonora y renta de camiones para trasladar simpatizantes al zócalo en Ciudad de México) seguramente veremos la reafirmación de esa narrativa que insiste en la descalificación del adversario, encarnado en esa minoría que se le opone por haberles quitado sus privilegios y porque quieren seguir robando.

Estudiantes y maestros de la UNAM, Conacyt y ahora el CIDE habrán de entrar al costal de esa minoría que lo seguirá siendo, mientras el gobierno siga repartiendo a nombre del presidente cientos de miles de millones de pesos para alimentar una base social mucho más amplia.

Y los cartones no parece que se vayan a emparejar al menos en el corto plazo. Mucho menos si la oposición sigue aturdida, reciclando liderazgos gastados y yendo a la zaga de la agenda que cotidianamente les marcan desde las mañaneras.

Lo más reciente que hicieron fue crear el llamado Frente Cívico Nacional, que busca competir en las elecciones presidenciales de 2024 como una nueva alianza opositora.

Pero sus integrantes fundadores son: Guadalupe Acosta Naranjo (PRD); Beatriz Pagés (PRI); Gustavo Madero (PAN); Fernando Belaunzarán (PAN), entre otros como Emilio Álvarez Icaza, Francisco Valdez Ugalde, Cecilia Soto y María Elena Morera.

Con esa oposición que tuitea muy duro y hace memes bien cabrones pero cosecha pocos votos, el presidente puede seguir durmiendo tranquilo.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía

Solamente en Sonora sucede que en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un comando armado irrumpe en el palacio municipal de Guaymas con el objetivo de asesinar a la alcaldesa de Guaymas, haciendo estallar una granada de fragmentación y disparando armas largas que segaron la vida de una joven que participaba en la marcha feminista de ese día.

En la refriega también fue asesinado un policía municipal y otro hombre, además resultaron varios heridos entre ellos el colega y amigo Noé Cabrales, fotógrafo y sub director de Comunicación Social en el ayuntamiento porteño.

La alcaldesa estaba acompañada de su comisario de Seguridad, Andrés Humberto Cano Ahuir, un personaje envuelto en la polémica desde el día que le interceptaron una llamada en la que presuntamente sugiere la ejecución de un agente involucrado con un grupo criminal. Agente que fue asesinado a balazos días después, cuando regaba unas plantas en el frente de su casa.

Con esos antecedentes, cualquiera la pensaría dos veces para hacerse acompañar de este capitán de la Marina Armada que fue uno de los cuatro militares propuestos por el entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño para hacerse cargo de las policías municipales en Navojoa, Cajeme, Guaymas y Hermosillo.

A él le tocó en el puerto durante la administración de la polémica alcaldesa Sara Valle Dessens.

Los testimonios y las imágenes difundidas tras el atentado en la llamada Casa de piedra revelan que minutos antes, la alcaldesa recibió a las manifestantes y hasta se tomaron fotos juntas. Después se desató el infierno en el que cayó muerta Marisol Cuadras, una joven feminista de reconocido activismo en las causas de las mujeres.

La alcaldesa siempre estuvo acompañada de cerca por Cano Ahuir, el marino que, pese a sus antecedentes fue propuesto por la propia alcaldesa Karla Córdova para repetir en el cargo durante su administración durante un periodo de tres meses en los que estaría a modo de prueba. El cabildo aprobó esa propuesta.

La seguridad pública está fuera de control en Guaymas desde el trienio pasado. Recordemos que la casa de la entonces alcaldesa Sara Valle fue baleada en una ocasión y ella tuvo que despachar casi la mitad de su administración desde el cuartel militar, custodiada por la tropa (y por el mismo Cano Ahuir) pues recibió amenazas de muerte.

Recordemos también que en junio de 2019, el contralor municipal Daniel Morales Pardini fue asesinado a balazos en la calle principal del puerto, la Avenida Serdán. Antes de ocupar ese cargo, el malogrado funcionario desempeñó el cargo de subdirector de la Policía Municipal. Durante la administración de Sara Valle, más de una decena de agentes municipales fueron asesinados por el crimen organizado.

Pero nada supera lo que sucedió ayer. Los sicarios fueron a cobrar la vida de la alcaldesa Karla Córdova en el mismísimo Palacio Municipal donde se encontraba rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad cuyos integrantes fueron evidentemente sorprendidos, aunque alcanzaron a matar a uno de los agresores. El resto huyó y hasta el momento de redactar esta nota se desconoce su paradero.

El atentado, dirigido contra una mujer y en el que resultó asesinada una joven activista de apenas 18 años es doblemente trágico porque coincidió con la manifestación contra la violencia hacia las mujeres. Marisol cuadras, que minutos antes portaba un cartel con la leyenda ‘Nos queremos vivas’ cayó abatida por las balas de los criminales.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno se les debería estar cayendo la cara de vergüenza, pero sobre todo deberían estar dando el manotazo en la mesa para cambiar lo que haya que cambiar en el puerto, donde la violencia criminal ya rebasó todos los límites.

Las enérgicas condenas y las sentidas condolencias no sirven de mucho si no hay resultados concretos, como de hecho no los hay.

En Sonora no terminábamos de salir del espanto por el hallazgo de las Madres Buscadoras en la costa de Hermosillo: 16 fosas clandestinas con los restos de quizás una veintena de personas hasta ese día en calidad de desaparecidas, cuando nos enteramos con horror de lo que sucedió en Guaymas.

¿Qué nivel del horror, el descaro, la impunidad y el cinismo falta desbloquear en Sonora?

Si los criminales ya se animaron a tomar por asalto el palacio municipal del puerto de Guaymas, atacar con una granada explosiva y balear a gente inocente, ¿cuál será el siguiente paso?

Las autoridades tienen la palabra. Los ciudadanos, la desolación, el miedo, la tristeza, la capacidad de asombro intacta.

Qué pena.

Colofón

Al filo de la media noche se activó nuevamente el código rojo en el puerto. El cuerpo de un hombre sin vida fue arrojado desde un vehículo en la salida norte, a la altura de la gasolinera El Valiente.

Momentos antes se activó en Empalme, donde se escucharon ráfagas de metralla.

Así el cierre de este jueves negro en Sonora.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Pues el conflicto por los permisos de caza en la etnia seri se complicó más de lo que cualquiera podría imaginar y en unas cuantas horas apareció no solo como un tema de gobernabilidad en la tribu, sino como la punta del proverbial iceberg bajo la cual aparece una complicadísima trama de intereses que ha puesto contra la pared hasta a las autoridades del gobierno estatal y federal.

El tema de los permisos de caza es un jugoso negocio que reditúa cientos de miles de dólares que jamás se han traducido en una mejora en las condiciones de vida de la etnia, pero sí en el enquistamiento de cacicazgos que tutelan la vida cotidiana de los habitantes de Punta Chueca y El Desemboque, comunidades empobrecidas y lastimadas por las carencias de lo más indispensables y en los últimos años, también por el flagelo de las adicciones a partir de su estratégica ubicación geográfica para el trasiego de drogas.

En el despacho de ayer consignamos esa parte del conflicto que tiene qué ver con la elección del presidente de bienes comunales en la etnia, que es quien administra los permisos de caza de borrego cimarrón y venado bura en la isla Tiburón, mismos que tienen un valor unitario de 45 mil dólares y 7 mil dólares respectivamente.

Miguel Estrella es un integrante de la etnia que se reclama ganador de la elección, pero las autoridades del gobierno estatal y federal reconocen a Joel Barnett lo que ha ocasionado un conflicto que llegó hasta la oficina del director jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo, a petición del Concejo de Ancianos de la tribu, que ve con preocupación el derrotero que están tomando las cosas en aquella desértica comarca.

El conflicto sin embargo, escapa de las manos de Salazar Razo y toca los ámbitos de la justicia federal, que ha fallado a favor de Barnett provocando la ira del grupo que promueve a Miguel Estrella y donde aparecen personajes como Carlos Astorga, sobrino de Miguel y a quien pobladores de la tribu señalan como el financiero de su campaña y a la sazón, el verdadero jefe de jefes en esa región.

El tema no es menor y el jurídico del gobierno del estado no tiene los alcances para incidir en la resolución de este conflicto que evidentemente requiere de una operación política de más altos vuelos, porque el papeleo en tribunales son pelillos a la mar cuando ya las cosas se están tratando de dirimir por la vía de la violencia en la etnia. Reportes desde allá consignan agresiones físicas y verbales que pueden escalar peligrosamente.

Quizás sea el momento para que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra se tome un descanso en su infatigable trajín para aparecer en las fotos de todos los presídiums oficiales y eche una mirada a lo que ocurre en territorio comcáac. Quizás sea hora de que deje de ‘sacar curas’ de los memes donde encarna a Diego Verdaguer y por lo menos le pregunte a alguien que sepa realmente lo que ocurre en la etnia seri, antes de que le llegue al gobernador con una disculpa porque no estaba enterado, porque ya fue demasiado tarde.

Ayer salió el primer millón de pesos por concepto de permisos de caza y Joel Barnett se apresuraba a meter en sobrecitos amarillos billetes que sumaban tres mil pesos para repartir entre los habitantes de Punta Chueca. Hoy hará lo mismo en El Desemboque y los indígenas de esa comunidad verán por primera vez en sus bolsillos un dinero que no veían antes.

Eso, desde luego, tiene muy molestos a quienes forman filas con Miguel Estrella, que sigue litigando su condición de presidente de Bienes Comunales y por tanto, reclamando el derecho de controlar los cintillos de caza, que a estas alturas son la principal fuente de ingresos para la etnia, aunque no hay testimonios de que ese recurso se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida.

Pero eso es historia. Los cintillos ya se entregaron y si había contratos con autoridades no reconocidas, eso es, como dijeran los Tigres del Norte, ‘cuestión olvidada’.

El problema es ahora cómo van a resolver las autoridades estatales y federales el tema de la seguridad de los cazadores norteamericanos que pagaron hasta un millón de pesos por venir a la isla Tiburón en búsqueda de un trofeo (perdón a los y las animalistas y a los, las que crean que los ranchos cinegéticos son una actividad marginal en la economía local y a quienes crean que no se cobra por exportar esas cabezas de cimarrones y buras que adornan salas, recibidores y hasta recámaras).

En un par de días más comienza la temporada cinegética y los hermanos gringos llegarán con toda su parafernalia cinegética a territorio seri, pero quizá se encuentren con ciertos conflictos irresueltos en la etnia que pueden poner en riesgo su propia seguridad personal.

El tema no se reduce a unos cintillos de caza o a un asunto de gobernabilidad basada en usos y costumbres. Trasciende los linderos de la seguridad pública, las garantías para extranjeros, las políticas públicas en materia de turismo y promoción económica, entre otras cosas.

Admito que me equivoqué. Salazar Razo es la pieza menor en esto que parecía un desacuerdo tribal, pero que a estas alturas se puede complicar más de la cuenta. Y allá, en Punta Chueca y El Desemboque la comunidad seri sigue preguntándose cuándo podrán ver cumplido el derecho al agua potable, por decir lo menos.

II

Y bueno, no es que uno sea un apátrida, un enemigo de la promoción económica que incluye la llamada industria sin chimeneas que es el turismo, pero tampoco se puede fingir que acá Sonora es la representación gráfica de un algodón de azúcar.

Ayer las Madres Buscadoras, esas mujeres que algún día, no sé cuándo, tendrían que remover a chingadazos todas las letras de oro en las paredes del Congreso del Estado para llenarlas de cruces por sus muertos, encontraron otras fosas clandestinas.

En ellas, los restos de al menos 20 personas que algún día fueron hijos, tías, primos, sobrinas y que hoy son un diente chueco en una mandíbula llena de tierra; un resto de la ropa con la que salió al baile, un zapato que estrenaba, un tatuaje todo borroso, un escapulario, una medalla, una sonrisa chueca, un adiós, un hasta luego, un me voy y no regreso.

Un no sé. Un estoy muerta, muerto. Me hallaste. No soy feliz pero tú lo eres, madre, porque me encontraste.

Fosas clandestinas aquí a tiro de piedra. Más cerca, mucho más cerca que la foto de mañana con funcionarios y funcionarias de sonrisas ensayadas y mantras inservibles para bajar los índices de criminalidad, pero muy buenas para mantenerse en esos cargos donde la nómina llega puntualmente, como el olvido de las promesas de campaña.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Cuando se alude a conflictos étnicos en Sonora suele echarse la mirada hacia el sur del estado, al territorio yaqui más específicamente.

Con pasar iguales o peores penurias, el resto de las etnias, acaso por ser poblacionalmente menores casi siempre pasan desapercibidas, excepción hecha de aquellas veces en que se lleva a cabo una visita de funcionarios de gobierno, algún desastre natural o problemas derivados de la construcción de obras públicas o privadas que invaden su territorio.

Regidos por sus usos y costumbres, las etnias se han dado a sí mismas formas de organización social, política, cultural que norman su convivencia de manera más o menos armónica. Salvo cuando los gobiernos yoris meten sus manos.

Eso parece estar ocurriendo en estos días con los comcáacs, más familiarmente conocidos como seris, que habitan las comunidades de Punta Chueca y El Desemboque en la costa de Hermosillo, poblaciones de economías precarias, muy lastimadas por la pobreza, la falta de servicios y también, hay que decirlo, por la actividad del crimen organizado.

Pues bien, en junio pasado, como cada tres años se llevó a cabo una elección entre los comuneros para cambiar al presidente de Bienes Comunales de la isla Tiburón, que no solo es un sitio sagrado para la tribu, sino también una reserva ecológica y área de protección de flora y fauna.

En la isla Tiburón hay especies como el venado bura y el borrego cimarrón, cotizados animales silvestres que año con año son buscados para su caza que, debidamente normada por autoridades estatales y federales, constituyen una fuente muy importante de recursos para la etnia.

Un permiso para caza de borrego cimarrón se cotiza en 45 mil dólares y para venado bura oscila entre 7 y 8 mil dólares. El año pasado se otorgaron 12 permisos para cimarrón y 10 para bura.

El dato es importante porque parece que de ahí deriva parte del conflicto que relatamos ya que el presidente de bienes comunales es quien gestiona los permisos de caza, y la elección de junio pasado fue impugnada por un grupo que encabeza Miguel Estrella, quien se reclama legítimamente electo.

De acuerdo con su versión, Estrella obtuvo 95 votos; Efraín Perales 92 y Joel Barnett 91. Sin embargo, Barnett falsificó un acta de la asamblea y la presentó ante el Registro Agrario Nacional, pero se trataba de un documento relativo a una asamblea realizada en enero, que los otros contendientes desconocen pues, alegan, las firmas fueron falsificadas.

El punto es que Barnett registró el acta en el Tribunal Agrario del distrito 28 con sede en Hermosillo y la magistrada Alejandrina Gámez la dio como buena. El grupo de Estrella se inconformó y presentó un recurso de revisión que se fue hasta los tribunales en Ciudad de México, donde todavía no se dirime.

Para mediar en el conflicto, el director Jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo citó al grupo de Miguel Estrella en su oficina de Palacio. Siempre de acuerdo con la versión de este grupo, el recién estrenado funcionario les comunicó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo tendrían que desistir del litigio y dejar en sus manos (en las de Salazar Razo) la gestión de los cintillos de caza y que ellos mismos (el gobierno estatal) los van a repartir.

Los seris inconformes no aceptaron pues ya tienen contratos firmados con cazadores que cada temporada llegan a la isla para sus actividades cinegéticas, y deben cumplirles o se harían sujetos de demandas legales.

El problema se complica porque en este conflicto aparece la señora Patricia Zepeda Arriaga, quien se dedica a la promoción y gestión de cintillos para la cacería en la isla Tiburón y es la que se queda con una buena parte de los recursos que derrama esta actividad. La señora, dicen, presume influencias tanto en las dependencias del gobierno estatal como del federal relacionadas con este tema.

Este miércoles por la mañana, el grupo de Miguel Estrella estará en las oficinas de la Sagarpha en Hermosillo buscando respuestas a sus demandas, ya que los cintillos de caza fueron entregados sin reconocer lo que reclaman como su condición de autoridad legítimamente electa.

Veremos en qué para todo esto.

II

Por fin rindieron protesta los nuevos funcionarios del Poder Legislativo, emanados de negociaciones no exentas de intensidades entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Acatando los lineamientos de la reforma constitucional recientemente aprobada (que echó abajo la reforma que hace tres años ‘atornilló’ a los hoy exfuncionarios en sus asientos), los diputados y diputadas arribaron a los acuerdos respectivos para renovar todo el aparato administrativo del Congreso en sus niveles de subdirección hacia arriba.

De hecho, hace un par de semanas que en esas oficinas ya no estaban los titulares, sino encargados de despacho.

Como es natural y atendiendo a la nueva configuración política de ese poder con mayoría morenista, casi todos los estrenados funcionarios traen la marca guinda de la casa, aunque otras fuerzas alcanzaron a negociar algunas posiciones.

En la dirección de Comunicación Social levantó la manita el colega y amigo Jesús Olivas Figueroa, experimentado comunicador que seguramente hará un buen papel considerando su conocimiento del medio y los protagonistas tanto de la talacha reporteril como de directivos y administradores.

Jesús estuvo apuntado en una lista de aspirantes hace tres años, como propuesta de Morena, pero por la historia que ya todos conocemos la mayoría guinda no pudo hacer valer su condición como tal y el colega tuvo que posponer hasta ahora sus aspiraciones que por fin ve cumplidas.

El trabajo que tienen enfrente no será fácil pues la comunicación institucional de un poder como el legislativo, plural, diverso y polémico exige mucha mano izquierda, especialmente en esta nueva etapa marcada por una realidad política distinta a la de legislaturas anteriores. Lidiar con la tropa que cubre la fuente y cumplir sus expectativas de información también le va a exigir horas extra. Pero el Olivas tiene la experiencia y la capacidad para sacar la tarea. Desde acá le deseamos suerte.

Los otros nombramientos son los siguientes:
– Julio César Navarro Contreras, Oficial Mayor.
– Benjamín Gaxiola Loya, titular del Órgano Interno de Control.
– Luis Rogelio Piñeda Taddei, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias.
– Florentino Valencia Durazo, Director General de Administración.
– Pavel Humberto Núñez Moreno, Director General Jurídico.
– Fernando Herrera Saldate, Director General de Normatividad y Procesos Administrativos de Contraloría Interna.
– Renso Daniel Sábori Castro, Director General de Evaluación y Auditoría de Contraloría Interna.
– Óscar Daniel Cardozo Arroyo, Subdirector de Apoyo Legislativo de Oficialía Mayor.
– Juan Carlos Aguilar Polanco, Subdirector de Estudios Legislativos de Oficialía Mayor.
– Julissa Bojórquez Castillo, Subdirectora de Documentación e Información Legislativa de Oficialía Mayor.
– María Fernanda Urquidy Vásquez, Subdirectora de Relaciones Públicas de Oficialía Mayor.
– Dulce María Domínguez Estrada, Directora General de Administración del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Roberto Morghen Gradías, Coordinador de Investigadores del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Victoria Mesalina del Carmen Larios Cortés, Subdirectora de Tesorería de la Dirección General de Administración.
– Karla Aguayo Equihua, Subdirectora de Control Presupuestal y Contabilidad de la Dirección General de Administración.
– Beatriz Alicia Salcido Madrid, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Administración.
– Julio César Coronado Olvera, Subdirector de Proveeduría y Servicios Generales de la Dirección General de Administración.
– Luz María Orduño Rodríguez, Subdirectora de Informática de la Dirección General de Administración.
– Juan Carlos Juvera Moreno, Subdirector de Atención Ciudadana de la Dirección General de Administración.
– Carmen Karina Mungarro Garibay, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Administración.
– Rubén Montaño Medina, Subdirector General Jurídico de la Dirección General Jurídica.

Por: Arturo Soto Munguía

La cinéfila lectora, el telenovelero lector se acordarán bien de aquel éxito de taquilla que retrató crudamente la realidad política mexicana del priismo autoritario.

Nos referimos a ‘La Ley de Herodes’ cuya sinopsis omitimos en obvio de tiempo y espacio, pero además porque millones de mexicanos la conocemos pues asistimos emocionados a ese relato descarnado, agridulce y vomitivo que nos contó cómo se las gastaba el viejo régimen, ya en sus estertores, ciertamente. La película se estrenó en 1999 y un año después el PRI fue echado de Los Pinos, aunque regresaría 12 años después.

Recordarán pues aquella escena entre chusca y siniestra en la que a Juan Vargas, el presidente de San Pedro de los Sahuaros le entregan una Constitución y una pistola (o una pistola y una Constitución) que simbolizaban los pilares de la gobernabilidad en su mandato.

La escena era chistosa porque era cierta. Se trataba de una recreación que encarnaba todos los vicios del viejo sistema que terminó hartando a los mexicanos, hasta que años después, más concretamente en 2018 el hartazgo se convirtió en los votos que echaron de la presidencia de la República a los corruptos, espurios, gandallas y enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas, para darle oportunidad a los honestos, legítimos, amorosos y transparentes.

Pero, reconociendo que el nuevo gobierno está transformando muchas cosas, algo pasó de entonces a la fecha, a juzgar por una serie de acontecimientos, políticas públicas, decisiones gubernamentales que nos hacen preguntarnos si no estaremos regresando a aquel pasado aborrecible, al menos en algunos temas.

Fueron muchas batallas, costó mucha sangre, se perdieron vidas, se encarceló y vejó a mucha gente en ese largo proceso para hacer menos escarpado el camino de la transición democrática; para que la sociedad se diera a sí misma instituciones que con todo y sus imperfecciones y con frecuencia serias fallas, acotaran al poder de un solo partido, de un solo hombre.

Los organismos, tribunales y fiscalías electorales; las instituciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, las universidades y centros de investigación son algunos ejemplos de esas instituciones que hoy están en la mira del nuevo gobierno.

No exentas de fallas, omisiones y hasta corruptelas, mal que bien acotaban al poder autoritario. Falibles o sospechosas, es mejor tenerlas que desaparecerlas de un manotazo o absorberlas y regresarlas a su estado larvario, cuando eran poco menos que un apéndice del gobierno, no instituciones de Estado.

Hoy, llama la atención que un día, las armas nacionales se sumen al activismo político al proyecto de nación que en nombre de la transformación encabeza el presidente, su partido y sus aliados, y al siguiente el mismo jefe del Ejecutivo ordene publicar un decreto que empareda a piedra y lodo toda la información sobre proyectos megamillonarios en los que por cierto, participa el propio ejército.

La Constitución y la pistola, pues.

¿Qué dice el citado decreto?

Dice lo siguiente:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren estratégicos para el desarrollo nacional”.

En lenguaje liso y llano, toda la información sobre los llamados proyectos estratégicos será ocultada por motivos de seguridad nacional y por ser de interés público. Eso incluye el aeropuerto de Santa Lucía y otros cuatro en construcción; la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transístmico, entre otros.

Por citar un ejemplo, el programa de modernización de aduanas que se llevará a cabo con recursos de un fideicomiso que cuenta con 70 mil millones de pesos quedaría en la total opacidad y por tanto bajo el manejo discrecional de sus ejecutores. Y así con el resto.

No hay que confundirse. El decreto no surge como respuesta al reportaje de Latinus que documenta la opacidad y presuntas trácalas del ejército en Santa Lucía. En todo caso, debe saberse que en agosto de 2020 la periodista sonorense Zorayda Gallegos documentó el desvío de 156 millones de dólares a empresas fantasmas contratadas para llevar a cabo proyectos de infraestructura: carreteras, caminos rurales, cuarteles, bases aéreas, juzgados, hospitales militares entre otros, lo que le ganó un reconocimiento internacional.

La opacidad pues, no es nueva, como tampoco lo es la estrategia para legitimarla, en la que juegan un papel fundamental los legisladores federales de Morena que ya han presentado sendas iniciativas para evitar que por la vía del amparo se ataquen leyes impulsadas por el presidente relacionadas con proyectos de la CFE, Pemex o el proyecto ‘Agua saludable’ en la región de La Laguna, que costaría 10 mil millones de pesos.

El tema es complicadísimo y seguramente estamos frente a un colosal litigio que habrá de dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto ya le han dado ‘palo’ a algunas iniciativas y decretos presidenciales.

Es complicado porque de entrada tendría que abrogarse o modificarse la legislación sobre el derecho a la información que está ligado a tratados internacionales vinculatorios en materia de derechos humanos, por ejemplo. Ya se ve venir una acción de inconstitucionalidad para atacar el decreto.

El decreto también instruye a todas las dependencias a otorgar la autorización provisional para iniciar todos los proyectos en un plazo máximo de cinco días y si no se emite la autorización en ese lapso, se considerará resuelta en sentido positivo.

Imaginemos el tiempo que requiere la elaboración del manifiesto de impacto ambiental (que es apenas uno de los requisitos) para una carretera, una presa, una planta fotovoltaica. Las dependencias deberán autorizarlo en menos de una semana y si no lo hacen, la obra se lleva a cabo de todas maneras. Primero mato y luego virigüo.

Y lo más chingón es que, de acuerdo a los ‘considerandos’ del decreto, todo esto se hace en nombre de “la planeación democrática del desarrollo nacional (…) y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Créanlo: en nombre de la democracia, la nación, la patria, el PRI hizo las peores barbaridades, incluyendo los fraudes electorales. Si tienen dudas, pueden preguntarle a Bartlett porqué se le conoce como ‘fraude patriótico’ el que se aventó en Chihuahua en 1986.

Con el famoso decreto se viene, insisto, un litigio grande. Lo bueno es que las instituciones como el Poder Judicial todavía están de pie. Madreadonas, pero de pie. Lo bueno también es que el gobierno está echando mano de la ley para sacar adelante sus iniciativas. La cosa se puede poner más fea cuando en vez de la constitución, utilice la pistola.

Qué putos nervios.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
No debería desestimarse la delgada línea que separa la dignidad militar del activismo político, y que acaba de cruzar el General secretario de la Defensa Nacional Juan Cresencio Sandoval, al llamar a los mexicanos a unirse a la 4T.

En el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el General Secretario hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no puede ser considerado un desliz retórico. Porque el mensaje no viene de Mario Delgado, Fernández Noroña o cualquier otro civil en ejercicio de su derecho de participación política.

Si con alguna frecuencia suele decirse que el citado proyecto de nación se alimenta de una mirada al pasado, pensar en el activismo político de los militares echa esa mirada aún más atrás, a principios de los años 40, cuando eran el cuarto sector del entonces Partido de la Revolución Mexicana integrado por los sectores agrario, popular, obrero y militar.

Eso se terminó con la reconversión del PRM al PRI, aunque los militares siguieron teniendo gran peso en las decisiones políticas en el gobierno del partido único en esa etapa en la que Estado, gobierno, partido y presidente eran una y la misma cosa.

Aunque las fuerzas armadas dejaron de ser un sector del PRI, jamás se escindieron del partido en el gobierno. Al menos no del todo. De hecho, el todavía invencible tricolor fue dirigido nacionalmente por los generales Rodolfo Sánchez Taboada, Gabriel Leyva Vázquez, Agustín Olachea Avilés y Alfonso Corona del Rosal.

Fue bajo la dirección de este último cuando en 1963 se creó la Asociación Leandro Valle que, afiliada al PRI seguía negociando posiciones de gobierno y cargos de elección popular. Así llegaron diez militares a ocupar las gubernaturas de Zacatecas (Fernando Pamanes Escobedo); Oaxaca (Eliseo Jiménez Ruiz); Yucatán (Gracilano Alpuche Pinzón); Chiapas (Absalón Castellanos Domínguez, por cierto prisionero de guerra del EZLN durante el levantamiento armado de 1994); Hidalgo (Corona del Rosal y Oswaldo Cravioto Cisneros); Nayarit (Rogelio Flores Curiel); Aguascalientes (Miguel Ángel Barberena) y Baja California (Hermenegildo Cuenca Díaz).

También tuvieron un sinnúmero de senadores, diputados federales y locales.

Con el ascenso de nuevas fuerzas políticas, el modelo de partido único se agotó y dio paso a la competencia, la alternancia, la redefinición del Estado mexicano, la creación de nuevas instituciones que ayudaron a pavimentar el camino de la transición y se acotó a las fuerzas armadas a tareas propias de su naturaleza.

La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea es clara en su artículo 17 que a la letra reza: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Se argumentará que ninguna ley está por encima de la Constitución y por tanto cualquier ciudadano mexicano tiene a salvo el derecho de asociación, afiliación y la libertad de expresión, incluidos los militares.

Esto desde luego sería materia para expertos constitucionalistas, pero el sentido común indica que en un contexto como el actual, en que a los militares se les han conferido tareas, facultades y prerrogativas nunca antes vistas, estaríamos a un paso de que las fuerzas armadas participen también en la dirigencia de los partidos políticos, en el INE, en el Banco de México, en el ISTAI y en cuanta institución civil les parezca.

Finalmente los militares ya son constructores, administradores y empresarios de los megaproyectos sexenales: el aeropuerto de Santa Lucía (y otros cuatro más pequeños), la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y los bancos del Bienestar, por lo que se sabe.

También hacen funciones de agentes de migración, administran las aduanas, reparten gas, vacunas y libros de texto, entre otras.

Así, el activismo político del General Secretario puso nerviosos a más de cuatro que ven cómo la manu militari está ganando cada vez más espacios en todos los ámbitos, incluyendo el de la seguridad pública que, se dijo hasta el cansancio durante la pasada campaña de AMLO, no realizarían. De hecho, el hoy presidente repitió mucho la promesa de regresar el ejército a los cuarteles y lo que está a la vista es otra cosa.

Recordemos que la Guardia Nacional, integrada en un 90 por ciento por militares opera en todo el país realizando tareas de seguridad pública.

Más aún, a raíz de los hechos violentos en Tulum donde hubo un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado y en el tiroteo asesinaron a dos turistas extranjeros, el mismo General Secretario anunció la creación de un batallón de mil 445 agentes de la Guardia Nacional para vigilar la Riviera Maya. Este modelo se replicará próximamente en otros destinos turísticos de México.

De manera muy mal disimulada, finalmente los militares, como en el sexenio de Calderón, están a cargo de la seguridad pública.

¿Qué de raro tendría que se hicieran cargo también de la gobernanza? La puerta parece estar abriéndose.

Como cosa curiosa, en el proyecto de nación que el señor Sandoval llamó a apoyar participan las más diversas corrientes ideológicas: desde la extrema derecha que no ve con malos ojos la militarización de la vida pública, hasta la izquierda que no hace mucho andaba a salto de mata huyendo de los balazos en las montañas, perseguidos por el mismo ejército al que abominaban y que hoy les guiña un ojo.

Por cierto, AMLO le entregó al General Secretario la medalla a la honestidad. Para ser sincero, es la primera vez que sé de este galardón y tengo la impresión que se trata de un invento urgente después del reportaje que documentó la presunta contratación de empresas fantasma, otras con antecedentes de desvío de recursos y varias operaciones que huelen a corrupción en la adjudicación de contratos por parte del ejército en el aeropuerto de Santa Lucía.

En fin…

II

Se nos acabó el espacio, pero mañana les compartiremos algunos trascendidos de la asamblea estatal del PRI donde se dieron cita más de un millar de militantes y ex militantes como Antonio Astiazarán y Ernesto Gándara, así como el ex gobernador Eduardo Bours Castelo y desde luego, todos los aspirantes a suceder a El Pato de Lucas en la dirigencia estatal, a saber: Humberto Robles Pompa, Pascual Soto, David Palafox, Bulmaro Pacheco y Rogelio Díaz Brown.

Que no estaban muertos ni andaban de parranda, dijo el Pato. Cuando mucho, malheridos y con la resaca de la derrota electoral de hace cinco meses, agregarían los malosos.

Mañana les pasamos uno que otro tip que salió de ese encuentro.

Por: Arturo Soto Munguía

Doña Ignacia Paredes Miranda tiene 69 años y desde antier se encontraba en la sala de Urgencias de la clínica del IMSS de la calle Juárez en Hermosillo con un diagnóstico de piedras en la vesícula.

Requiere cirugía pero no hay médicos disponibles y los que hay están sobresaturados de trabajo, así que mañana cumpliría dos días sin comer, pues nadie sabe si providencialmente se abrirá un espacio en algún quirófano y el personal médico tendrá un respiro en medio del trajín que tiene a todos trabajando a destajo para atenderla.

Anoche la subieron a piso y le dieron un vasito de avena y sigue esperando el quirófano.

Doña Nachita es adulta mayor y su salud de por sí ya era precaria porque las desgracias suelen no venir solas y hace poco uno de sus hijos murió de cáncer tras una larga y penosa convalecencia que se lo fue acabando hasta dejarlo en los puros huesos y ella estuvo allí para ver cómo se le apagaba una vida que era pura alegría, vitalidad y energía en sus apenas 45 años.

El golpe para la madre fue durísimo y la depresión encontró en ella presa fácil. Hasta que comenzó con esos dolores que antier la llevaron al IMSS, acaso la única opción de quienes están definitivamente fuera de la posibilidad de acceder a la atención en una clínica privada.

Cualquiera que haya pasado por la sala de Urgencias del IMSS, ya no como paciente, sino para visitar a un familiar o a un amigo sabrá que las escenas están muy cerca de lo dantesco y muy lejos de las cuentas alegres con que suelen endulzar la propaganda gubernamental para convencernos de que en materia de salud pública, estamos a nada de equipararnos con esa Dinamarca que no somos, que nunca hemos sido.

La sala de Urgencias de ese hospital, y de cualquier hospital público es una invitación a la desesperación y la tristeza, que de por sí era crítica pero se tornó peor en los últimos meses por la pandemia de la Covid19.

El personal médico y de enfermería va y viene cargando el peso del heroísmo muy en boga para medallas y reconocimientos pero que no se refleja en la nómina ni en acceso a medicinas, equipo, instrumentos, tecnología necesaria para despresurizar esa suerte de campamento de guerra a donde todos llegan con heridas y diagnósticos críticos.

Niños, ancianos, jóvenes, mujeres que hacen un coro fúnebre de quejidos y lamentos que llena el aire de aromas pesados a medicina, alcohol, sangre, lágrimas y esperan donde pueden, incluso en el suelo donde improvisan algo para sostener un frasco de suero en lo alto. Todo mundo luce triste y cansado y hasta la muerte parece exhausta agazapada en algún rincón, también esperando, esperando.

Este relato, aunque quisiera, no puede estar desprovisto de una crítica política. Pero que se entienda: no es hacia un funcionario o una administración en particular. Consigna lo que está pasando hoy 18 de noviembre de 2021 pero igual describe lo que pasó ayer o hace un año o más de una década.

No es un ‘yo acuso’ específico pero tampoco exime a nadie. Sucesivos gobiernos de todo signo han estado al frente de esta institución cuya nobleza es tanta que no han podido acabársela a pesar de que le han puesto empeño a esa tarea, transando, corrompiendo, normalizando el dolor y el sufrimiento, aspirando el aire de la seguridad personal en la nómina y exhalando el tufo de la insensibilidad perdonavidas.

Patrones y trabajadores pagan obligatoria y puntualmente sus cuotas, que no son una bicoca, para hacerse del derecho a reclamar una atención de calidad y calidez’ como rezaba un viejo eslogan que por cierto no he vuelto a escuchar quizás porque la desfachatez ya no les dio para tanto.

El caso de doña Nachita es uno entre decenas, si no es que cientos en esta hora, que están pasando por lo mismo.

La corrupción o lo que quieran ha ido erosionando la nobleza de esta institución hasta dejarla ciega, sorda, manca, coja, lista para terapia intensiva y cirugía mayor que nadie puede o no quiere hacer.

Apenas la semana pasada el dirigente estatal de la CTM, Javier Villlarreal ponía el dedo en la llaga y denunciaba el déficit de más de 400 médicos especialistas en el IMSS Sonora. En su más reciente visita a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo acompañar de todo su gabinete, incluyendo al director de esa institución, Zoe Robledo. Junto a él, Alfonso Durazo recogió la demanda del cetemista, admitió el déficit de médicos y juntos firmaron un convenio para subsanarlo gradualmente.

Ya veremos cuándo sucede eso. En vía de mientras la carga de trabajo al personal médico y de enfermería se sigue acumulando, los pacientes se hacinan en clínicas y hospitales y sus familiares van y vienen frenéticamente, desesperadamente buscando medicinas, ayudas, sangre o lo que sea necesario.

Por lo pronto está prohibido enfermarse si la achacosa lectora, el hipocondriaco lector forman filas en esa legión de mexicanos y mexicanas cuya atención médica depende de las instituciones públicas, de cualquier orden de gobierno.

El IMSS es acaso la institución de salud más importante y de mayor cobertura en el país, pero no ha sido la única afectada con la desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Insabi, que entró en operación trastabillando y hasta ahora no parece ser mejor que lo anterior.

Esperemos, por el bien de esa legión que no tenemos más opción que las instituciones públicas, que todo mejore.

Por lo pronto, prohibido enfermarse.