Categoría: El Zancudo

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Aunque el emplazamiento a huelga de la CTM para el próximo 25 de octubre correspondería abordarlo a la secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva por tratarse de un asunto laboral, por el matiz eminentemente político del conflicto corresponde también al secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra.

Pero el conflicto involucra también a la directora del Transporte, Lirio Anahí del Castillo, que depende de Heriberto Aguilar, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de la cual depende la citada dirección.

El emplazamiento a huelga por parte de las huestes de Javier Villarreal Gámez, quien ya anunció la solidaridad de los 90 sindicatos cetemistas de Hermosillo es el primer trompo verdaderamente zumbón que se echará a la uña el estrenado gobierno estatal y hay que estar muy atentos al abordaje que vaya a dársele.

No se trata de un asunto menor porque una huelga en el servicio de transporte urbano implica detener los aproximadamente 300 mil pasajes diarios de hermosillenses que tienen en esas unidades su única opción de movilidad, así que un conflicto laboral le pegaría a un sector importante de la población usuaria, pero también a las empresas que resentirían las ausencias y retardos del personal.

Los operadores que reclaman una serie de incumplimientos salariales y contractuales, como los concesionarios que como patrones resultaron más de lo mismo respecto a sus antecesores, a quienes el gobierno anterior les rescindió las concesiones precisamente por el permanente estado de conflicto en que mantenían la relación con sus trabajadores, pero también por el incumplimiento de los términos en que deberían prestar el servicio, son ‘cachoras muy apedreadas’ en sus tácticas de negociación con el gobierno.

Las más de las veces, tanto el gobierno como las partes en conflicto han ‘pateado el bote’ en este tema que es de una complejidad abrumadora por la cantidad de problemas de todo tipo que se han acumulado a lo largo de muchos años y en donde hasta los ex concesionarios aparecen involucrados.

Las últimas veces que los operadores se han ido al paro, el gobierno ha entrado al quite echando mano de taxis o habilitando camiones particulares en las rutas más importantes, pero eso resuelve a medias y temporalmente el problema que, insistimos en parte por esas prácticas ha ido creciendo inexorablemente.

La huelga está programada para estallar el próximo lunes a las cinco de la mañana y hasta ayer, el concesionario Jesús Padilla Zenteno se negaba a presentarse en una mesa de negociación argumentando que no está dispuesto a ceder a las demandas laborales (como el pago de horas extra) porque en ninguno de los otros estados donde también opera concesiones lo hace.

Las autoridades por su parte, no han emitido algún posicionamiento respecto a este conflicto en puerta y resultará sumamente interesante ver de qué están hechos los nuevos funcionarios en materia de atención a conflictos laborales.

A no ser, desde luego, que sigan ocupados con esa bola de nieve que está creciendo en varias dependencias a raíz de los despidos del personal de la pasada administración, un tema con el que siempre deben lidiar los gobiernos entrantes y que esta vez se repite, incluyendo los desplantes autoritarios hacia los despedidos.

II

El Congreso del Estado otorgó ayer la presea del poderío de las mujeres sonorenses, correspondiendo a Olga Haydée Flores, Elizabeth Araux Sánchez, Guadalupe Taddei Zavala, Martha Patricia Alonso Ramírez y Silvia Isabel Núñez Esquer en los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural, respectivamente.

Esta es la primera vez que se entrega este galardón y ninguna de ellas lo desmerece. Se trata de mujeres destacadas en sus trayectorias profesionales y su activismo a favor de diversas causas desde una perspectiva de género.

Y a propósito de mujeres en el Congreso, la diputada Natalia Rivera presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación que tiene como objetivo generar políticas públicas que faciliten el acceso a internet para niñas y niños de educación básica.

El tema es muy vigente sobre todo a raíz de la pandemia que evidenció la gran brecha digital entre quienes cuentan con acceso a la red de redes y a dispositivos electrónicos, y quienes quedaron fuera de las clases remotas durante el confinamiento.

El espíritu de esta iniciativa que fue turnada a comisiones para su estudio es evitar que esa brecha siga creciendo y dejando al margen de las nuevas habilidades digitales a los sectores más vulnerables de la población estudiantil, a partir de un programa sin limitación de acceso y cobertura en los sectores más pobres.

III

Se le enredó la piola en la conducción de la sesión en que se discute la miscelánea fiscal 2022 al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna y si por la víspera se saca el día, la aprobación de la propuesta presidencial será todo menos miel sobre hojuelas.

Anoche hubo gritos y sombrerazos; empujones y una que otra cachetada guajolotera entre diputados y diputadas en San Lázaro cuando se discutía el punto de la deducibilidad de las aportaciones de empresas a organizaciones no gubernamentales.

Acatando la línea presidencial dictada por la mañana, legislador@s de Morena mayoritearon a mano alzada la aprobación de un tope a esa deducibilidad, ya que como se sabe, AMLO dijo ayer que las empresas no estaban para el altruismo, sino para pagar impuestos y esas aportaciones en realidad tienen como finalidad evadirlos.

Lo notable es que fue una diputada de Morena, María Clemente García quien prendió la mecha al pronunciarse en contra de la línea presidencial. Ella vive desde hace 13 años con VIH y ha podido acceder a servicios y medicamentos gracias a organizaciones de la sociedad civil “consiguiendo una calidad de vida que el Estado me ha negado”, dijo.

A partir de allí diputados de oposición pidieron una votación nominal, Morena se opuso y se armó la rebambaramba, obligando al presidente de la Directiva a decretar un receso.

El resultado de la elección 2021 comienza a tener efectos en el quehacer legislativo. A Morena no le fue mal en estos comicios, pero tampoco le fue tan bien como hubiera querido.

La oposición está haciendo valer su peso y, para estar moralmente derrotada ya metió en aprietos a la bancada mayoritaria. El zafarrancho de anoche anticipa una discusión bastante álgida en otros temas, señaladamente el de la reforma eléctrica, que podría ser rechazada, lo que sería una severa abolladura a la corona del presidente.

Estamos frente a los primeros tiros de calentamiento en la nueva configuración del Congreso federal.

EL ZANCUDO Por: Arturo Soto Munguía
Estamos, dijo hace algunos días el gobernador Alfonso Durazo, administrando el caos.

Aludía, no sin razón, a lo que se encontró la nueva administración al llegar a sus oficinas y comenzar a revisar aquello que durante el proceso de entrega recepción o no era tan evidente o fue maquillado de tal forma que no lo detectaron.

Casi decían como la diputada Rosa Elena Trujillo a propósito de la cuenta pública estatal: el informe está tan bien hecho que no le entendimos. Urge legislar.

Pero en descargo, habría que decir que esta narrativa del caos aparece periódicamente cada transición gubernamental, la mayoría de las veces con razón, otras como una especie de blindaje por si las expectativas generadas durante la campaña no se cumplen conforme transcurre el tiempo.

Vale recordar la anécdota citada por el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa cuando, unos días después de tomar posesión en 2015 le tocó recibir a unos inversionistas europeos en su oficina de palacio, mismo que no se llevaron los padrecistas porque no pudieron ponerle ruedas.

El saqueo de la oficina la hacía lucir una coqueta decoración minimalista, porque se habían llevado hasta los lápices. Al edificio no le habían dado mantenimiento en meses, ni siquiera una fumigada porque eso hubiera sido una suerte de suicidio colectivo, de manera que en plena reunión el estrenado funcionario comenzó a sudar frío. Sobre el techo, un cucarachón tridimensional avanzaba con torpeza, amenazando con caer sobre la cabeza de uno de los empresarios. Qué pena con las visitas.

Esa narrativa, cambiando lo que haya que cambiar, se repite sexenalmente. O trianualmente en el caso de los ayuntamientos.

Si de consuelo le sirve, el gobernador debe saber que no está solo en eso de administrar el caos.

Ayer salieron a informar sobre el estado de cosas que encontró la administración del Toño Astiazarán en la comuna hermosillense y el resultado es desolador:

Una deuda de corto plazo que asciende a 170 millones de pesos. De la deuda de largo plazo mejor ni hablamos, porque eso provocó una baja en su calificación crediticia de ocho puntos en los últimos tres años.

En el trienio de Alejandro López Caballero, Hermosillo era el cuarto municipio más endeudado del país; para el 2020, ya en la administración de Célida López ascendió un peldaño ubicándose como el tercero con mil 764 millones de pesos, solo detrás de Tijuana y Monterrey según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la cámara federal de diputados.

Una cartera vencida de mil 300 millones de impuestos prediales no cubiertos; un crédito fiscal por 147 mdp por el cual el SAT se cobra ‘a lo chino’ entre 11 y 12 mdp mensuales.

Flor Ayala Robles Linares, tesorera; Lisette López Godínez, directora de Recursos Humanos y Ramón Corral Aguirre, oficial mayor, revelaron en rueda de prensa algunos datos interesantes: la administración de Toño Astiazarán enfrenta 186 juicios laborales en su contra, que representan 72 mdp en indemnizaciones, entre otros temas, algunos tan graves como falta de control en el registro de personal lo que alimenta las sospechas sobre la existencia de una nutrida flota de aviadores.

En el resto de los municipios, señaladamente en los de más de 100 mil habitantes la situación no es diferente, excepto por el hecho de que en ellos la transición fue entre alcaldes del mismo partido y se les complica más la denuncia de presuntas irregularidades ya que sería un explícito reconocimiento de que sus gobiernos fallaron.

Así pues los nuevos alcaldes y alcaldesas van a tener que morderse un dedo para no evidenciar el caos que les tocará administrar, pero a la larga eso va a acotar mucho sus márgenes de acción y en tres años pueden estar repitiendo la historia.

En aras de no parecer muy belicosos, los tres funcionarios del gobierno municipal de Hermosillo “coincidieron en que la meta es superar las dificultades apostándole a la eficiencia operativa, los ahorros, la mejora en la recaudación, y recuperación de cartera vencida por diferentes conceptos, y a partir del aumento de los ingresos tener mejor margen de maniobra para la inversión pública y mejora en los servicios públicos”.

El reto para todos los ayuntamientos es enorme.

II

Como lo adelantamos en el despacho anterior, el gobernador Alfonso Durazo informó este lunes sobre el avance en los acuerdos con la tribu yaqui para levantar las piolas de la carretera federal, reubicar la caseta de esperanza y determinar un monto de los recursos allí captados para destinarlos a la etnia yaqui.

Antes de reubicar esa caseta de cobro -y el resto de las ubicadas en esa rúa-, tendrán que recuperarlas pues hasta hoy siguen tomadas por un grupo de vivales que apoyaron las campañas de Morena y que luego se dividieron. Algunos se replegaron y hasta fueron contratados en el gobierno del estado; otros se mantienen en la toma.

A ellos, el gobernador les mandó un mensaje en el sentido de que si verdaderamente están comprometidos con el bienestar de los sonorenses deben dialogar para ‘devolver’ las casetas, siempre por la vía del diálogo. Aunque advirtió que si a vía de la negociación política se agota, el gobierno federal tomará otro tipo de acciones.

No especificó cuales, pero se intuye que muy pronto los susodichos van a tener que buscar otra forma de mantenerse (podría ser trabajando, pero esa posibilidad es remota), o asumir que el gobierno puede suministrar les gratuitamente techo y alimento diario en cualquiera de los bonitos ‘resorts’ con los que cuenta el sistema estatal penitenciario. Qué nervios.

Cebolla finamente picada

Las fanfarrias que acompañaron la reaparición del ex gobernador Guillermo Padrés celebrando por todo lo alto que el gobierno persecutor de Claudia Pavlovich ya se había marchado y la 4T no tenía interés alguno en perseguirlo políticamente, callaron como los mariachis de José Alfredo.

La FGR recordó ayer que existen dos procesos penales en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero. La extinta PGR se desistió de las acusaciones por delincuencia organizada y el propio presidente de la República dejó ver que en ello intervinieron sus abogados Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, el segundo villano favorito de AMLO después de Felipe Calderón.

Hoy, la FGR considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra el ex gobernador y así lo hará en su momento.

Desde luego, Padrés se volvió a hacer humo y al parecer entendió que calladito se ve más bonito y que la suave mano de Claudia Pavlovich es una brisa fresca comparada con la tormenta que le puede significar torear al fiscal carnal Alejandro Gertz Manero que ahorita no anda buscando a quien se la hizo, sino a quien se la pague, después del perro oso con Lozoya y el avispero que trae encima por un litigio contra su propia familia.

Ya veremos de qué va el próximo capítulo de esta serie.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Viaje relámpago el fin de semana a Ciudad Obregón, la capital mundial de los balazos sin tregua.

El domingo a media mañana nos encontramos al alcalde Javier Lamarque Cano despachando asuntos relacionados con el Organismo Operador de Agua en los famosísimos Taquitos de la Ford, muy recomendables, especialmente los combinados de manita con chicharrón, y mejor aún si se acompañan con un bichi caliente y un cocacolón helado.

El alcalde desayunó con el director de Oomapas, Guillermo Patiño Fierro pero lo notable es que ambos llegaron solos, sin más acompañantes y sin personal de seguridad. El punto llamó la atención pues para el nivel de violencia criminal que ha alcanzado aquel sufrido municipio, es raro ver al jefe de la comuna caminando como uno más en las calles de la ciudad.

Cierto también que aunque las mesas estaban llenas, nadie pareció notar la presencia del alcalde. No recibió un solo saludo, excepción hecha de un servidor, que aprovechó el momento para documentar gráficamente ese encuentro.

La imagen, publicada en mi cuenta de Twitter recibió varios comentarios no muy amables hacia el munícipe, uno de ellos aduciendo que bien puede pasearse por donde quiera y pasar desapercibido pues no ha hecho nada por Cajeme.

El comentario me pareció ciertamente injusto, pues el alcalde apenas tiene un mes en funciones y es muy poco tiempo para una evaluación, mucho menos en materia de seguridad, ya que es un tema de responsabilidad compartida con los gobiernos estatal y federal.

Me quedo con el hecho poco común de ver al alcalde del municipio más violento del estado (el mes pasado cerró con más de 60 asesinatos y en lo que va de octubre ya rebasaron los 30) despachando asuntos de trabajo en una taquería banquetera sin un solo elemento de custodia.

La mejor interpretación, como siempre, taquera lectora, malpasado lector, la tendrán ustedes.

II

Comienzan a tomar forma los acuerdos para levantar las piolas que los hermanos yaquis tienen en la carretera internacional condicionando el paso de los usuarios de esa rúa al pago de una cuota ‘voluntaria’ que ya ha provocado incidentes violentos.

Una de las salidas puede ser el establecimiento de un porcentaje de los ingresos captados en la caseta de cobro ubicada en la salida norte de Ciudad Obregón, con lo que se resarciría el llamado ‘paso de servidumbre’, un derecho por el uso del territorio yaqui para la instalación de infraestructura eléctrica, ferroviaria, telefónica, carretera y de ductos para el traslado de agua, gas y combustibles líquidos.

Esa propuesta se planteó ayer en un encuentro que sostuvo el gobernador Alfonso Durazo con sus homólogos de los ocho pueblos yaquis, como parte del seguimiento del Plan de Justica para la etnia y de acuerdo con sus declaraciones ya es del conocimiento del presidente de la República, quien manifestó estar de acuerdo.

Claro, el gobierno federal tendría que ‘recuperar’ esa caseta, actualmente usufructuada por una extraña organización autollamada Movimiento Ciudadano por el Libre Tránsito, un sospechoso engendro nacido al calor de la contienda electoral 2018, en el que inicialmente participaban varios de los que hoy ostentan cargos públicos en gobiernos de Morena, o en ese partido.

También participaban allí ciudadanos de distintas organizaciones no gubernamentales y activistas sociales que posteriormente se deslindaron cuando advirtieron que un grupo de vivales se ‘adueñó’ del movimiento con fines primordialmente recaudatorios.

Pero incluso ese grupo, que actualmente tiene ‘tomadas’ todas las casetas de la Carretera 15 se ha dividido, algunos de sus ‘dirigentes’ fueron contratados por el gobierno de Alfonso Durazo pese a sus nefastos antecedentes y otros se mantienen cobrando esas cuotas ‘voluntarias’.

Ni ellos ni los yaquis apostados en Vícam y Pótam parecen estar atentos al avance en las negociaciones para despejar la carretera, pues ayer todavía se encontraban allí pasando los botes para que los usuarios cooperen con sus causas.

Mientras tanto el Plan de Justicia para la etnia sigue avanzando y ayer el gobernador se reunió con sus homólogos yaquis para proponer el establecimiento de una zona especial a la vera de la carretera en territorio yoreme, que permita mediante ciertos privilegios fomentar el establecimiento de empresas que contribuyan a generar empleos en esa región.

III

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez mantiene un buen ritmo de trabajo en la integración de los comités vecinales llamados CRECES, un modelo de organización en las colonias que si bien ya existía desde hace muchos años, en esta administración tendrán la facultad de decidir las prioridades presupuestales, incidiendo así en el mejoramiento de sus entornos.

Hasta el momento van once comités instalados y la meta es cerrar el año con 50 y llegar a 200 en 2022.

La propuesta suena interesante porque integra a los vecinos en la discusión de los temas que les afectan, siendo los más recurrentes los relacionados con seguridad pública, áreas verdes y espacios deportivos, alumbrado y bacheo.

El alcalde ha tenido el tino de invitar a las diputadas y diputados locales para que sean parte de esta discusión, ya que es en el Congreso del Estado donde finalmente se decide la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de los municipios. Ayer, estuvieron acompañándolo las diputadas Karina Zárate y Alejandra López Noriega en las colonias Modelo y Miguel Hidalgo, respectivamente.

Cebolla finamente picada

Al menos uno de los tres ex funcionarios del padrecismo a quienes un juez dictó auto de formal prisión por el presunto desvío de 80 millones de pesos apareció en una radio local la semana pasada alegando ser víctima de una persecución por razones políticas.

Se trata del tesorero de Padrés, Mario Cuen Aranda con quien hay que coincidir en sus dichos.

Efectivamente son razones políticas las que están detrás del auto de formal prisión, ya que es política de la FGR meter al bote a los bandidos.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
No recuerdo a algún alcalde o gobernador que haya sido encausado penalmente por haber reprobado en sus cuentas públicas.

Sanciones administrativas y hasta inhabilitaciones sí, pero que el ejercicio indebido del presupuesto se traduzca en algunos años a la sombra, no lo recuerdo.

Y esto se debe básicamente a que las facultades de fiscalización del Congreso y la ruta crítica que siguen esos procesos están diseñadas para que todo quede en fuegos de artificio, en ejercicios para la retórica y en oportunidades de subir a la tribuna para lucir dotes de oratoria, quienes las tienen, porque algun@s francamente y con la pena, serían descalificad@ en un concurso de secundaria.

Muy sucintamente el proceso es como sigue: los diputados (generalmente sus asesores) revisan las cuentas públicas del estado y los municipios, hacen las observaciones correspondientes y en caso de que éstas no sean solventadas en un plazo determinado, ha lugar a sanciones por parte de los órganos de control, ya sea la contraloría estatal o las municipales.

Si alguien no solventa esas observaciones, se inician los procedimientos, ya por responsabilidad administrativa a través de la Contraloría, ya por las fiscalías en caso de daño patrimonial, lo cual casi nunca ocurre.

El pleno del Congreso abordó ayer este tema y por lo menos hasta esta parte del proceso repitió la historia: posicionamientos de cada bancada, unos reprobando la cuenta pública estatal, como fue el caso de Morena y el PAN; otros defendiéndola como fue el caso, obviamente del PRI.

Al final serán otras instancias, señaladamente la contraloría a cargo de Guillermo Noriega Esparza la encargada de determinar si hay o no sanciones después de una revisión más detallada posterior al periodo legal para solventar las observaciones.

El informe de las cuentas públicas fue presentado por el ISAF y la bancada de Morena en voz de su coordinadora Ernestina Castro Valenzuela lo rechazó contundentemente en lo que corresponde a la administración estatal “por considerarlo ineficiente, irregular, confuso y probablemente cómplice en el errático, ilegal e ilegítimo manejo del destino de la contabilidad gubernamental”.

Su homólogo del PAN, Kiko Munro hizo lo propio y también reprobó a nombre de su bancada la cuenta pública estatal “pues el Gobierno del Estado incurrió en diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos, ya que no existió transparencia en el destino de los mismos, como el de obras o proyectos de inversión, lo que ocasionó afectaciones en los municipios al no recibir de manera puntual las participaciones federales y se estima fueron alrededor de 66 gobiernos municipales los que se vieron afectados.

Diana Karina Barrera, a nombre de la bancada del PT puso el foco en el tema que abre esta columna: la falta de ‘dientes’ para sancionar malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos: “Queremos trabajar en conjunto con nuestras compañeras y compañeros diputados para realizar las reformas pertinentes, para que no solo se revise y se califiquen las cuentas públicas, sino que además existan consecuencias”, expresó.

Con el colmillo que le ha crecido a lo largo de tres legislaturas locales de las que ha sido parte, Fermín Trujillo, del PANAL hizo un llamado a abordar el tema con seriedad y no solo desde el atrincheramiento partidista, toda vez que así como unos cuestionan la cuenta pública de ayer, el año próximo les tocará defenderla. Es, dijo, parte del juego político.

Pero como en la casa del jabonero, en el Congreso también el que no cae resbala y al maestro se le fue una desafortunada frase que hizo recordar al verde-priista Samuel Moreno Terán admitiendo su condición de corruptos hace algunos años.

“Todos nacemos inocentes, pero en el trayecto del servicio público con hacemos delincuentes”, dijo.

Pos bueno.

La maestra Rosa Elena Trujillo, de MC tuvo una participación más bien cándida.

“El informe de resultados está muy bien elaborado pero está hecho para que sea difícil de entender y de encontrar la “ruta del peso”, así como irregularidades del gasto sin la ayuda de expertos, lo que calificó como muy lamentable ya que, aunque esté disponible al público, no es una información accesible y ese es uno de los puntos en los que se debe de legislar”, dijo.

O sea, el informe está tan bien elaborado que no entendimos ni madres. Urge legislar.

El PRI, desde luego defendió el informe relativo a la anterior administración estatal y ‘El Pato’ de Lucas indicó que la pandemia por el coronavirus obligó a las administraciones públicas de todo el mundo, en la que por supuesto se incluye a Sonora, a tomar decisiones urgentes, inéditas, arriesgadas e impopulares, en las que no había tiempo que perder ni antecedente o protocolo que marcara un rumbo preciso o una estrategia conocida y probada a seguir.

“Las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo este importante ejercicio de fiscalización implicó la suma de mujeres y hombres ejemplares, quienes de manera escrupulosa fiscalizaron más del 85 por ciento del total de los recursos destinados a los tres poderes del Estado, a sus entes autónomos y a 72 municipios que conforman la geografía política de nuestra entidad. De esa magnitud y alcance fue el trabajo realizado por el ISAF en plena pandemia COVID-19”, aseveró.

Y así, posicionamientos vemos, sanciones no sabemos.

II

Sin salirnos del Congreso, sigue avanzando el proceso de integración de comisiones. Uno de los más acertados nombramientos en la presidencia de una de ellas, la de vivienda, es la de Ely Sallard.

Con más de 32 años de experiencia en los sectores público y privado, la legisladora conoce como nadie todo lo relacionado con el tema y trae muchas ideas para desarrollar. Una de ellas es un programa de recuperación de viviendas abandonadas, del que pronto se conocerán más detalles. Pero de que le entiende al asunto, le entiende y muy bien.

III

El que también entiende que la antisolemnidad a veces es parte del ejercicio político, pero no es recomendable quedarse siempre en el chascarrillo es el alcalde de la capital, Antonio Astiazarán.

Después de la escaramuza con el presidente de la República a propósito de nieves y pavimentos, el alcalde de Hermosillo se fue a disfrutar un sabroso helado de pithaya, pero no se enganchó más en el tema.

Al contrario, puso manos a la obra y logró la aprobación en cabildo de un paquete de obras hasta por 550 millones de pesos que se invertirán en la construcción de 49 pavimentos nuevos con concreto hidráulico, ocho rehabilitaciones con ese mismo material en cruceros; 17 rehabilitaciones de bulevares y avenidas con asfalto y mejoras en nueve parques, cinco unidades deportivas, 3 centros Hábitat y un programa de semaforización.

O sea, el alcalde se pone a chambear sin esperar el carrito de las nieves, ya que los recursos para ejercer estas obras provienen del sector social y privado, lo cual indica el nivel de cabildeo que trae con los constructores, y la prisa por seguir reparando Hermosillo, que francamente lo necesita.

En los próximos 33 meses el pago a esos constructores se hará con el flujo de recursos del presupuesto de egresos de la capital, pero definitivamente el alcalde no se quedó nomás disfrutando su nieve y puso literalmente manos a las obras.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Decir que la esperanza muere al último en un estado donde la muerte campea libre y trágicamente por doquier es como mencionar la soga en la casa del ahorcado.

Pero si de algo sirve el acuerdo por la paz que se firmó ayer es para alimentar esa esperanza, antes de que también muera.

Después de lo plasmado aquí en el despacho de ayer sobre este tema, hay poco que escribir a casa respecto a la firma del convenio para el mando policial coordinado, conocido como Acuerdo por la paz, salvo esa gran expectativa que levanta en el sentido de que ahora sí habrá una respuesta institucional a la escalada violenta que sacude al estado y de manera muy especial y lamentable a Cajeme.

Antes de que se firmara el acuerdo en Hermosillo entre el gobernador del estado, las titulares de la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal, así como autoridades federales, ya se conocía de varias ejecuciones en aquel municipio del sur, y durante el día siguieron hasta alcanzar once víctimas de las balas del crimen organizado.

La tragedia no paró allí. Esa misma mañana se registró un hecho insólito en un juzgado de lo familiar, donde un hombre disparó contra un funcionario público, matándolo en el acto para posteriormente introducirse a una oficina y darse un balazo en la cabeza que terminó costándole la vida.

El crimen no tiene relación con la delincuencia, sino con rencillas familiares producto de un litigio por la custodia de los hijos del suicida, pero los hechos dejaron de manifiesto la vulnerabilidad institucional, los pobres o inexistentes protocolos de seguridad en los juzgados donde el hombre entró tranquilamente sin que el arma que portaba fuera detectada.

Al menos 11 asesinatos en una sola ciudad el mismo día son suficientes para documentar la gravedad del problema. Una lectura condescendiente sobre el tema sería que precisamente por ello es que las instituciones están coordinando acciones para abatir esos indicadores, pero el hecho cierto es que tal coordinación ya existía y para ello sesiona diariamente la llamada Mesa de Seguridad en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Se infiere que con este acuerdo habrán de mejorarse los trabajos en ese sentido, pero la gente ya está cansada de vivir con miedo en Ciudad Obregón y el valle del yaqui, pero también en otras regiones y municipios donde menudean las balaceras y los homicidios dolosos.

Tristemente los medios de comunicación hemos caído en la fúnebre dinámica de estar contando los muertos del día, pero es imposible voltear hacia otro lado cuando la cotidianidad en Sonora está siendo alterada tan violentamente.

La sociedad estará muy pendiente de lo que suceda en adelante con la implementación de este acuerdo, que fue presentado como la mejor ruta para transitar el camino de la pacificación y por el bien de todos, más vale que así sea y se comiencen a ver resultados a la brevedad.

Tienen razón quienes sostienen que el fenómeno de la violencia criminal no apareció súbitamente y tampoco se puede resolver en unos cuantos días, pero quienes asumieron hace un mes las riendas del estado vendieron la idea de que tenían la respuesta y es lo que la gente sigue esperando.

Porque la esperanza muere al último, pero de seguir así las cosas, si se permite la hipérbole, después de que caiga el último asesinado, la esperanza terminará suicidándose.

II

Mientras tanto el presidente de la República sigue divirtiéndose con chascarrillos, baladronadas y provocaciones. Realmente lo disfruta, atrincherado en Palacio Nacional, blindado por el aplauso y la obsecuencia en un foro para él solito, desde el cual hace reverberar sus palabras por todo el país, todo el día, todos los días.

Hace poco evitó acudir al senado para el acto de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, “porque una senadora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto”, asentó en una carta dirigida a la galardonada. No permitiría, dijo antes, que se manchara la investidura presidencial.

El presidente se ríe pero no se lleva, y a veces se lleva, pero no se aguanta.

“¿Y tu nieve de que la quieres?” es una frase que no está llamada al mármol de la historia, ni a acrisolar algún discurso trascendente. Es más bien una alocución coloquial de uso corriente entre secundarianos cándidos y juguetones.

Pero si viene desde la respetabilísima e inmaculada investidura presidencial suena jocosa, desata el aplauso de la parroquia de fieles y se replica masivamente en todos los medios de comunicación.

Con esa frase respondió el presidente a una presunta solicitud que hizo el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, de seis mil millones de pesos requeridos para pavimentar la ciudad que gobierna.

La cifra rebasa con mucho el presupuesto de la capital de Sonora para todo el año, por lo que ciertamente suena desorbitada, pero en descargo hay que decir que el presidente partió de una premisa falsa. No fue el Toño quien la solicitó, sino Fermín González Gaxiola cuando fungió como alcalde interino en el relevo de Célida López, y lo hizo a partir de un estudio elaborado por el IMPLAN.

Pero bueno, las mañaneras no son para contabilizar las presuntas pifias y mentiras del presidente, solo las de sus adversarios. La palabra presidencial no admite réplica ni cotejo, solo el aplauso, la subyugación… y muchos memes.

Pero la investidura es la investidura y el alcalde de Hermosillo se habría visto mal si le responde de mal modo al presidente de la República. Astiazarán lo tomó por el lado amable, respondió que la nieve era bienvenida sobre todo si venía con una buena cantidad de recursos para la pavimentación y que él estaba dispuesto a poner la parte que le corresponde al ayuntamiento para ese fin.

Al final no pasó de una escaramuza verbal para el divertimiento colectivo y el afianzamiento de esa imagen del líder carismático, coloquial y dicharachero que cotidianamente consigue con éxito mantener a la opinión pública ocupada en sus dislates mientras el país avanza a pasos agigantados hacia su conversión en Dinamarca.

Iba a escribir Noruega, pero en ese peligroso y violento país un loco acaba de matar a cinco personas a flechazos, así que no sería justo tomarlo como modelo para el futuro de este México de fraternidad, amor, paz, prosperidad y abrazos, muchos abrazos.

III

Breve charla con el presidente del Congreso, Jacobo Mendoza a propósito de la reforma constitucional que entre otras cosas permitirá reestructurar el aparato administrativo del Poder Legislativo, un tema que trae nerviosos a muchos y muchas, unos porque deben despedirse de sus cargos, otros porque ya se les cansó el brazo de ensayar el ‘Sí, protesto’ de rigor.

Nos comenta el ex dirigente estatal de Morena que es posible que este mismo jueves se complete el voto aprobatorio en las dos terceras partes de los cabildos sonorenses, cuota requerida para darle cauce a la reforma.

De esa manera la próxima semana se estaría viendo lo relativo a las adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso y a partir de esa fecha comenzarían a operarse los cambios, así que no coman ansias.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Sociológicamente, el convenio que hoy se firmará es un instrumento que recoge una realidad social relativamente nueva en la que el crimen organizado ha hecho escalar la violencia a niveles nunca antes visto de manera tan extendida y servirá para atender el fenómeno desde políticas transversales y bien coordinadas.

Jurídicamente, adolece de varias inconsistencias o ambigüedades en cuanto a las facultades administrativas de los firmantes (Ejecutivo estatal, Secretaría de Seguridad Púbica del estado, Fiscalía Estatal, Ayuntamientos), por ejemplo en materia de inspección y vigilancia en su redacción de ‘giros negros’, o las facultades de la PESP para ejercer recursos asignados a los municipios cuando ésta asuma las tareas de la Policía Municipal.

Operativamente, el convenio cristalizaría lo que comenzó a operar de facto desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando el ejército y la marina asumieron el control de las tareas de seguridad pública con el llamado Mando Único Policial y siguió en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la creación de Policías Estatales Únicas. Ninguno de los dos proyectos tuvo un final feliz. Antes bien, fueron el prólogo de la novela de terror que estamos viviendo por estos días.

Políticamente, el convenio recupera la responsabilidad que cada una de las instancias e instituciones tienen en el marco del sistema de seguridad pública, de tal suerte que es más un instrumento político para el control de ese sistema desde la punta de la pirámide.

Y ya poniéndonos entre escépticos y sarcásticos, podría terminar siendo un facilitador de los ‘arreglos’ con la delincuencia organizada que, en la disputa por las plazas llegan a pactar con agentes federales, estatales, municipales y en el peor de los casos con los diferentes grupos que coexisten al interior de cada corporación.

También podemos fingir que esos ‘arreglos’ no existen, pero no le estaríamos haciendo justicia a esa realidad social que mencionamos al principio y que tiene su correlato en el asesinato de policías (sobre todo municipales, los más vulnerables en todo sentido y los más expuestos al accionar de los malosos); las amenazas y las denuncias del propio crimen organizado que han convertido las ‘narcomantas’ en un nuevo género periodístico que relata cotidianamente el involucramiento de servidores públicos de toda índole en acuerdos inconfesables con uno u otro de los muchos grupos de la delincuencia organizada.

Siempre será más fácil pactar con dos o tres, que con 10 o 15.

El punto es que este miércoles por la mañana se firmará el Acuerdo por la Paz, como han dado en llamar al convenio del mando policial coordinado, en el marco de la XX sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Presentado como una salida novedosa a la crisis de seguridad, una vez hechas las reformas constitucionales del caso y creada la Guardia Nacional, el Mando Policial Coordinado es en realidad una segunda vertiente del proceso de militarización de la seguridad pública en México, ya que su principal efecto en las entidades federativas es la adopción lisa y llana del modelo de policía militarizada.

Este modelo ya opera en otros estados. Uno de los primeros en firmar un convenio de esta naturaleza en la era de la 4T fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el 19 de marzo de 2019. Para 2021, esa entidad se ubicó en el segundo lugar nacional entre las que registraron mayor incremento de los delitos de alto impacto. Es decir, hasta ahora no ha probado su eficacia.

En resumen, el espíritu del convenio es plausible por cuanto a los objetivos que se propone, pero discutible en cuanto a las posibilidades de prosperar en un contexto real donde las policías, señaladamente las municipales se encuentran en un estado de vulnerabilidad: poco capacitadas, deficitarias en número, mal armadas y peor equipadas; sin acceso a tecnologías de vanguardia y fuertemente infiltradas, cuando no controladas por el crimen organizado.

Y es que, aunque el convenio establece que la coordinación se dará en materias de la “administración pública del fuero común” (concepto que no existe pero quizás fue acuñado para subrayar que su prioridad no serán los delitos del fuero federal) queda un mar de dudas al momento de conocer los términos en que se vaya a dar, por ejemplo, el intercambio de información sobre las operaciones de los grupos criminales en los municipios.

¿Se imaginan, por citar un ejemplo al azar, a los municipales de Naco ‘balconeando’ a los mañosos que operan en su territorio? ¿Se imaginan a los municipales de El Quiriego desarrollando software para colaborar con labores de inteligencia a partir de tecnologías de punta?

Yo tampoco.

Por cierto, bajo determinadas circunstancias (establecidas en el convenio) la Secretaría de Seguridad Pública asumirá el mando directo de las policías municipales de manera temporal y excepcional (básicamente, cuando consideren que los municipales no son suficientes ni capaces para enfrentar situaciones de violencia generalizada que afecte a la población, o se encuentren señalados por violación a las leyes o involucramiento con grupos criminales).

O sea…

II

Pero mejor vámonos a cosas más amables y esperanzadoras. Ayer el gobernador Alfonso Durazo dio a conocer el programa integral de infraestructura para el estado, un paquete de obras y acciones para resolver problemas urgentes en comunidades indígenas, municipios pequeños y comunidades rurales.

En ese paquete se incluyen obras hidráulicas para la comunidad seri, infraestructura eléctrica para Mesa Tres Ríos y Tecoriname; caminos rurales y represos en poblaciones sierreñas, entre otras.

Anunció que en algunas comunidades rurales se replicará el programa del gobierno federal para que sean los propios pobladores los que reciban directamente los recursos para la rehabilitación de sus caminos, participando ellos mismos en los trabajos de manera que esos recursos se traduzcan en empleos y derrama económica en las propias comunidades. Bien ahí.

Como detalle curioso, el gobernador le pidió a su secretario de Infraestructura, Heriberto Aguilar que expusiera todo este paquete de obras y acciones, pero el guaymense sufrió un ataque de pánico escénico, se equivocó, fue impreciso, confundió datos, se hizo bolas al grado de que su jefe tuvo que corregirlo en varias ocasiones hasta que se desesperó y Alfonso Durazo debió exponer lo que no pudo su secretario.

Muy mal se vio el señor Aguilar, lo que sea de cada quien.

Otra de las buenas noticias dadas por el gobernador es que Grupo México accedió, después de un buen cabildeo, a cambiar su domicilio fiscal a Sonora, con lo que sus impuestos serán pagados aquí, lo que se traducirá en una buena cantidad de recursos que se invertirán en los municipios de Cananea y Nacozari, así como en comunidades indígenas del sur del estado.

Es posible que otras grandes empresas se sumen a la propuesta que les ha hecho Durazo para cambiar su domicilio fiscal a Sonora.

III

No sé si en lo que a continuación les cuento haya tenido que ver Alfonso Durazo y sus conexiones de alto nivel en el gobierno federal, pero justo cuando los padrecistas lanzaban cohetes al aire y bailaban locos de contento porque su guía moral (eufemismo de rudeza innecesaria) anunció su regreso a la actividad política, la Fiscalía General de la República les echó un cubetazo de agua helada.

El Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes y fundadas para que un juez federal dictara autos de formal prisión contra tres ex funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés, por el desvío de 80 millones de pesos.

Carlos ‘V’, secretario de Hacienda; Mario ‘C’, tesorero y Luis ‘S’, director general de fondos y pagaduría en el gabinete de Padrés regresaron a la barandilla para recordarnos que los procesos contra personajes del corruptísimo gobierno padrecista siguen vivos, así que más de cuatro, incluyendo al del ex triunfal regreso ya podrían poner a remojar sus barbas, porque las de sus vecinos están cayendo.

Insisto, no creo que el gobernador haya tenido que ver con esto, pero buscando beneficiarios de la entambada en ciernes, cualquiera diría que a quien menos le conviene que le crezcan los enanos es al de Bavispe.

Digo yo, no se usted.

MOSTRÓ EL MÚSCULO ALFONSO DURAZO

No se anduvo con pichicaterías el gobernador a la hora de mostrar el ‘power’ que trae en sus relaciones con el gabinete federal, al reunir ayer a las secretarias del Trabajo y la de Medio Ambiente, Luisa Alcalde Luján y María Luisa Albores, así como a los titulares del IMSS y el Insabi, Zoé Robledo y Juan Antonio Ferrer, respectivamente.

Lo anterior en el marco de la presentación del Plan de Justicia para Cananea, un pueblo al que todo parece indicar ya le van a comenzar a abonar en su multicitada deuda histórica, pero además firmó un acuerdo para el abastecimiento de medicinas al Issstesson y anunció los primeros pasos para convertir el viejo hospital general en una escuela donde se capaciten los egresados de la facultad de medicina de la Universidad de Sonora.

Para el caso de Cananea, prevalecen allá problemas de todo tipo: laborales, de infraestructura, de salud pública y medioambientales. La presencia de las secretarias de Estado y los funcionarios federales citados es una buena señal en el sentido de que las cosas comenzarán a caminar después de muchos años trabadas.

El gobernador hizo valer su condición de ex colega en el gabinete federal para sentar en una sola mesa a estos cuatro personajes, con una agenda concreta y con anuncios que generan mucha expectativa también para la región sur del estado, más específicamente en territorio yaqui, donde se construirá un hospital rural equipado con 20 camas, albergue, residencias médicas, unidad de cuidados intensivos y quirófano, ubicado en Vícam Switch.

Pero además se construirán unidades médicas en Vícam Pueblo, Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Pótam, Tórim y Belem.

Hubo pues, buenas noticias que también hay que contar.

II

Donde también hubo un respiro fue por rumbos del ayuntamiento de Hermosillo, cuyo cabildo aprobó la contratación de un financiamiento de corto plazo hasta por 180 millones de pesos para desahogar la nómina de fin de año, un tormento que suele mortificar a todas las administraciones municipales cuando se acerca la fecha de pagar sueldos y aguinaldos en la parte final del ejercicio fiscal, cuando las arcas suelen estar como alcancía de fariseo.

Como también suele suceder hubo ediles que se opusieron a la contratación de un nuevo crédito, pero a decir verdad no hay más opciones en lo inmediato para salir de los compromisos financieros de estas fechas; además este recurso no se suma a la deuda de largo plazo pues deberá ser solventado en un año con recursos propios.

Falta, desde luego, la aprobación en el Congreso del Estado donde eventualmente se presentan también argumentos en contra, pero lo más probable es que la solicitud pase, pues el resto de los ayuntamientos se encuentran en situación similar (o peor) que la de Hermosillo.

Y como esos ayuntamientos, sobre todo los más poblados tienen gobiernos morenistas, se da por descontado que la mayoría legislativa de ese mismo partido vote a favor de las solicitudes que hagan sus alcaldes, a quienes veremos en los próximos días cabildeando al respecto.

III

Arranca la contienda interna en el PAN

Ayer se abrieron oficialmente las hostilidades de la contienda interna para relevar a Ernesto Munro Palacio en la dirigencia estatal del PAN al darse a conocer la convocatoria según la cual será el 5 de diciembre la fecha en que los panistas registrados en el padrón acudan a las urnas para elegir dicho relevo.

En este primer día del proceso acudieron a registrarse dos de los cuatro aspirantes: René Sotelo y Humberto Souza; Gildardo Real y Javier Dagnino lo harían en los próximos días siempre y cuando no exceda de la fecha límite para el registro de planillas, que es el 30 de octubre. A partir de ahora y hasta ese día, los aspirantes registrados deberán recolectar las firmas de apoyo que respalden sus candidaturas.

Sotelo y Souza son quienes han mostrado una mayor actividad de proselitismo previo recorriendo el estado en la promoción de sus propuestas para reposicionar a su partido hacia adentro, reencontrándose con la militancia y definiendo líneas de acción política que los afiancen en el papel de oposición que les toca jugar hoy.

Pero también hacia afuera, en su relación con otros partidos políticos, señaladamente con los que fueron juntos en la pasada contienda electoral, un tema en el que ambos tienen distintas visiones.

Mientras que Humberto Souza fue un activo promotor de la candidatura común de Ernesto Gándara y plantea que hay temas en los que se puede seguir avanzando junto al PRI y el PRD, René Sotelo ha dicho que antes de la alianza con el PRI tienen que privilegiarse las alianzas con la propia militancia para salvar la identidad y los principios.

Gildardo Real mantiene un perfil más bajo, pero no ha estado inactivo. Fiel a su estilo, parece apostarle más a las negociaciones en corto con los factores de poder dentro de su partido. Y Javier Dagnino, pues es Javier Dagnino y tan tan. El reporte indica que sí se está moviendo y visitando gente, pero no lo toman muy en serio.

Notable, la ausencia de mujeres en la contienda, aunque la convocatoria obliga a integrar la fórmula presidencia-secretaría general con personas de género distinto. Aún no ha sido definido quiénes integrarían ni una de las fórmulas y todos están cabildeando sobre el particular.

Pero para informarnos mejor de cómo viene este proceso, hoy viernes nos acompañará en la cabina de la Red 93.3 Humberto Souza, a partir de las dos de la tarde. Hace un par de semanas tuvimos como invitado a René Sotelo y ahora le tocará a él exponer sus propuestas.

Se pondrá grilla la cosa porque hay muchos temas que abordar. Los esperamos a partir de la una en la Mesa de Análisis, y a las dos la entrevista por la FM de la Red 93.3 y sus plataformas digitales.

COMIENZA LA RECUPERACIÓN DE LA PAZ EN SONORA

Nos resistimos a dar crédito a las versiones hechas llegar a este despacho en el sentido de que los gobiernos de Baja California, Sinaloa y Chihuahua, limítrofes con Sonora están comenzando a sellar sus fronteras ante el previsible ‘efecto cucaracha’ que podrían sufrir en los próximos días.

El ‘efecto cucaracha’, como el policiaco lector, la malandrina lectora lo recuerdan se registra cuando en alguna entidad del país se aprietan las tuercas al crimen organizado, se le persigue y se le castiga provocando que los malosos pongan pies en polvorosa buscando estados donde las autoridades sean más condescendientes con sus perversas acciones.

En Sonora, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río y la fiscal estatal Claudia Indira Contreras ya anunciaron la primera acción conjunta para apretar esas tuercas e iniciar la recuperación de la paz en Sonora, lo que seguramente puso a temblar a los sicarios que asuelan casi todo el territorio estatal en sus disputas por las plazas más codiciadas.

Y esa primera acción es, escóndase sicaria lectora; huya, mariguanero lector, la firma de un convenio de colaboración por la paz con los 72 alcaldes de Sonora. Pero eso no se quedará ahí. También firmarán oooootro convenio, éste con la ciudadanía representada en cámaras empresariales, escuelas, asociaciones civiles y grupos de vecinos.

No quiero imaginar la estampida de malandros que provocará todo esto.

De acuerdo con la propia secretaria de Seguridad, “este esfuerzo y esta construcción de nuevas y distintas estrategias se verán reflejadas en los municipios prioritarios. Con la suma del trabajo de todos, transformaremos al estado a ras de suelo para alcanzar una Sonora de paz”, según escribió en su cuenta de tuiter.

Obviamente los delitos del fuero común y sobre todo los de alto impacto son un problema gravísimo que se ha vuelto espeluznante en los últimos años y no se podrá terminar con él de la noche a la mañana, pero desde este humilde despacho confiamos en que con la firma de unos 15 o 20 convenios más ya los sonorenses podamos volver a sacar el catre para dormir en el porche, a gusto.

PD.- ¿Alguien sabe en qué quedó el famoso mando único policial anunciado como una de las medidas urgentes que tomaría este gobierno en materia de seguridad?

Yo tampoco.

Cuando se quiere, se puede.

Aunque ya fue aprobada la reforma constitucional para implementar en Sonora el llamado parlamento abierto, la mayoría de los cabildos no han hecho lo propio; sin embargo, a propuesta de Natalia Rivera Grijalva la Comisión de Fiscalización acordó trabajar en su primera sesión bajo los lineamientos de ese sistema.

El parlamento abierto tiene como premisas fundamentales la democratización de la toma de decisiones y la transparencia en el ejercicio legislativo para que los temas abordados por las y los legisladores queden bajo el escrutinio público y todos sepamos, ahora sí que para citar a un clásico, quien es quién en el Congreso.

La Comisión de Fiscalización, que preside la misma Natalia Rivera sesionó ayer bajo uno de esos esquemas, transmitiendo en vivo las cuatro horas que duró la sesión en la que compareció el Auditor Mayor de Hacienda, Ramón Moya Grijalva para abordar el tema de las cuentas públicas del estado y los municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Esta es la primera vez que una sesión de esa comisión se transmite íntegra, de manera que cualquier ciudadano interesado pueda informarse vía redes sociales de lo que allí se discute; asimismo todos los documentos que se expongan deberán ser considerados públicos para permitir ese ejercicio de transparencia.

En esta primera sesión se hicieron observaciones y se plantearon dudas sobre el destino del gasto público tanto del gobierno del estado como de algunos municipios y del propio Congreso, lo que anticipa un debate intenso cuando el tema llegue al pleno.

Por lo pronto, bien por la voluntad de transparentar el ejercicio legislativo pese a que la reforma para incorporar la figura de parlamento abierto todavía no cuenta con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los cabildos sonorenses, pero eso habla de la voluntad para avanzar en mejores prácticas legislativas.

Cebolla finamente picada

“El tricolor en su laberinto” podría ser el título -poco original, pero llegador-, para la novela que está escribiéndose por estos días a propósito de la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador y para la cual necesita los votos que no tiene, ni siquiera con sus aliados en la cámara de diputados federal.

Y esos votos no vendrían de otra parte que del PRI, pues el PAN y el PRD, compañeros coyunturales de viaje en la pasada contienda electoral ya adelantaron que votarán en contra.

Así, el tricolor se encuentra entre la espada del presidente y la pared de su tembeleque vocación opositora. Entre su añoranza por el nacionalismo revolucionario que incubó lo que hoy se conoce como Morena, y el coqueteo con las políticas neoliberales que tanto le redituaron económicamente a sus más encumbrados personeros, pero tan costosas le resultaron electoralmente.

Entre la amenaza presidencial de ser exhibidos como traidores a la patria (como si no lo hiciera a diario), y la amenaza de ser exhibidos como traidores a una coalición que vendió con regular éxito la idea de una opción opositora.

La decisión no es sencilla y el dirigente nacional del PRI está siendo fuertemente presionado por todos los flancos, ante lo cual optó por una graciosa huida hacia la socialización de la propuesta, la consulta popular y cualquier cosa que le permita ganar tiempo y no salir tan raspado de esta encrucijada.

Spoiler: el PRI le va a dar al presidente los votos que necesita para completar las dos terceras partes del quórum legal en la sesión donde se discuta y se apruebe la reforma. Conseguirá un poco de oxígeno morenista para seguir vivo, pero no lo suficiente para su recuperación en el mediano plazo.

Y el presidente estará feliz, feliz, feliz porque además de sacar adelante su reforma, dinamitará una nueva alianza opositora que, aunque quiera minimizarla, le abolló seriamente la corona al grado de que hoy tenga que apelar a sus ex correligionarios priistas para recuperar terreno.

Se pondrá intenso, de eso no hay duda.

VILLALOBOS, EL CAPITÁN MIL HORAS Y SIETE VIDAS

Corrían los días del verano de 2015 y la campaña de Claudia Pavlovich no prendía del todo, después de un arranque más que desangelado en Hermosillo, Navojoa y Cajeme.

La campaña no prendía por obvias razones, entre las que se cuenta el conflicto interno en el tricolor tras el nuevo descarte de Ernesto Gándara al que todos daban como seguro candidato a la gubernatura, y el poderoso apoyo del aparato estatal en ese entonces comandado por Guillermo Padrés a su candidato Javier Gándara.

Después de más de un mes de campaña las cosas comenzaron a cambiar. A Javier Gándara le pesó demasiado la carga negativa del entonces gobernador, de quien nunca tomó distancia y mucho menos se deslindó, y los operadores de Claudia Pavlovich relanzaron una ofensiva mediática que dio en el clavo de las corruptelas padrecistas resumidas en un eslogan que recogía el descontento y alimentaba la esperanza: “Lo bueno es que ya se van”.

Por esos días, cuando Morena ni siquiera aparecía en el mapa político-electoral se llevó a cabo en Guaymas un evento de la candidata del PRI teniendo como sede el Hotel Playas de Cortés, precisamente de la familia Gándara. El dato es relevante porque para ese entonces se habían limado casi todas las asperezas y los priistas ponderaron la unidad que, de no haberse dado, habría repetido la historia de la derrota seis años atrás, cuando la candidatura de Alfonso Elías Serrano provocó la diáspora que le abrió paso a Padrés.

El tema en ese evento era el de la salud. Allí el principal orador, el que presentó el plan de la candidata en la materia fue un impecable profesional de la medicina que a la postre sería el titular de la Secretaría de Salud: Gilberto Ungson.

Pero entre la concurrencia hubo muchos cuchicheos y no pocas cejas arqueadas. Al lado de la candidata apareció, sonriente y despreocupado el señor Mario Villalobos García, el sempiterno dirigente sindical de los trabajadores de la salud, tanto estatales como federales.

La sorpresa tenía sentido. Villalobos ha tejido una larga y negra historia de charrismo sindical, componendas sospechosas, pactos de conveniencia que le han permitido no solo la sobrevivencia en el privilegio de la cúpula sindical, sino un poder desmesurado que le ha permitido vendettas personales, agandalles y sobre todo, plazas, muchas plazas para amigos y familiares, sin contar la nutrida flota de aviadores en la nómina gubernamental, donde sigue nadando a sus anchas.

Lo hizo con gobernadores priistas, lo hizo con Guillermo Padrés y lo sigue haciendo con Alfonso Durazo, a cuya campaña también se sumó alegremente. A Villalobos se le conoce como ‘El capitán mil horas’ por su conocida vocación por la aviación en la nómina, pero también como ‘El siete vidas’ porque ha transitado con singular frescura por administraciones de distinto signo partidista.

Hoy, que en su plan de austeridad el gobernador Alfonso Durazo ha anunciado una cruzada contra los aviadores, veremos qué tan en serio se toma esa empresa cuando le toque toparse con el señor Villalobos y el poder que ha acumulado para librar incluso órdenes de aprehensión y toda clase de investigaciones.

Sobre este tema, el gobernador informó que se detectaron 4 mil 900 servidores públicos que no presentaron su declaración patrimonial, por lo que -sin imputar a nadie y sin adelantar juicios-, podría tratarse de personas que cobran puntualmente sus quincenas sin presentarse a trabajar. Aviadores, pues.

Solamente en la Secretaría de Salud hay 694 personas que por alguna razón omitieron ese trámite de ley; en el Isssteson 637, en la Secretaría de Educación y Cultura 2 mil 610, por citar aquellas en las que se registraron más omisiones.

Ciertamente no podría asegurarse que todos son aviadores, pero ya la contraloría a cargo de Guillermo Noriega se encargará de aclararlo.

Qué nervios.

II

Y a propósito del sector salud, revelador dato el que dio Jesús Manuel Acuña, director del Isssteson: ocho por ciento de los jubilados y pensionados se llevan el 25 por ciento de todo el recurso para los ex trabajadores afiliados a esa institución.

Se trata de las llamadas ‘megapensiones’ o ‘pensiones doradas’ que llegan a rebasar en algunos casos los 200 mil pesos mensuales y esa es una de las muchas sangrías que tienen a la institución al borde de la quiebra, o por lo menos en la insolvencia que ya provocó retrasos en los pagos.

Esta quincena, se pagará a pensionados y jubilados que cobran pensiones entre dos mil y 44 mil pesos, dejando para la semana entrante a los que tienen pensiones más altas.

El gobernador anunció ayer también que se encuentran estudiando alguna estrategia jurídica para revertir esa situación, algo que se ve sumamente complicado porque la retroactividad de la ley no aplica en perjuicio de persona alguna. O para decirlo llanamente, quienes hoy gozan de esas jugosas pensiones lo seguirán haciendo, ya que no es ilegal aunque, como dijo el gobernador, sea inmoral.

Si a la nueva administración le sirve de consuelo, vale apuntar que la situación podría ser peor, si no es porque en el segundo año del gobierno de Claudia Pavlovich, el entonces director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras promovió (y ganó) un amparo en la Suprema Corte para impedir que más de mil jubilados y pensionados (o en vías de serlo) cobraran sus pensiones a partir del salario bruto, que incluye las famosas compensaciones con las que se disparaban los montos.

Ese amparo dejo intocadas (por efectos de la citada irretroactividad de la ley) las pensiones de ese ocho por ciento que inopinadamente desangra el fondo de pensiones, pero evitó que una muy nutrida horda de aspiracionistas ingresaran en masa a esa casta de privilegiados.

Veremos cómo lidia este torito el nuevo gobernador.

DE NOVATADAS, PIFIAS Y COSAS PEORES.

Qué macizo se han de estar dando cabezazos contra la pared quienes invitaron a Lilly Téllez para que fuera candidata al senado de la República, donde se ha convertido desde su bajísimo perfil político en un verdadero tormento para el partido que la postuló.

La maldición de Lilly ya le cayó encima al mismísimo presidente de la República que ayer anunció su negativa a asistir a la sede del Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que esta vez condecorará merecidamente a Ifigenia Martínez, una mujer de larga trayectoria en la lucha de la izquierda, desde aquellos años en que abandonó las filas del PRI para construir una opción alternativa al bipartidismo PRI-PAN que entonces dominaba el escenario electoral.

Un solo tuit de la comunicadora anticipando una recepción especial para el presidente bastó para que éste reculara y, bajo el argumento de no poner en riesgo su investidura, anunció que no asistiría a esa ceremonia cuyo protocolo dispone que solo dos personas hagan uso de la voz: la presidenta del Senado, en este caso Olga María Sánchez Cordero y la galardonada.

Pero al presidente no le va bien en escenarios no controlados. Ya lo retuvieron en Chiapas los profesores de la CNTE, obligándolo a permanecer dentro de su camioneta blindada durante más de dos horas; hace dos días, damnificados por los huracanes en el sur del país irrumpieron en un evento obligándolo a abandonar el recinto fuertemente custodiado por militares de alto rango, después de prometer que todos los damnificados recibirían sus apoyos.

Ya en una ocasión, López Obrador se negó a recibir a Javier Sicilia y a Adrián Le Barón, activistas por la justicia a desaparecidos y asesinados, bajo el mismo argumento de no comprometer su investidura.

Tienen razón los morenistas que consideran a Lilly Téllez una pieza muy menor en el tinglado político y que el presidente no tiene por qué darle foro. Aunque no pensaban eso (o si lo pensaban no lo dijeron) cuando la hicieron candidata encabezando la fórmula que llevó como segundo de a bordo a Alfonso Durazo.

A estas alturas se sabe que Morena no necesitaba de la comunicadora para barrer en las elecciones de 2018 en Sonora, pero ya es demasiado tarde. Morena la llevó al Senado y al poco tiempo renunció a la bancada guinda para sumarse a la del PAN y desde entonces se les ha convertido en una piedra en el zapato.

Téllez nunca ha sido, ni remotamente simpatizante de la izquierda. Tampoco obradorista. Si se recuerda, en sus videocolumnas previas a la elección 2018 le tundía con todo al hoy presidente y no lo bajaba de populista y demagogo.

No sé quién convenció a Alfonso Durazo, o al propio presidente de que no había un mejor perfil en Sonora y que era una buena idea invitarla como cabeza de fórmula al Senado y las consecuencias están a la vista.

No solo les clavó un puñal en la espalda a los morenistas sino que, quién lo dijera, se ha convertido en la voz más estruendosa de la oposición, al grado de que no son pocos quienes la ubican como un cuadro a considerar como candidata a la gubernatura en 2024, si bien ella ha declinado desde ya esa oferta.

Hoy, aunque traten de minimizarla, la comunicadora les está sacando canas verdes.

Mención aparte merece el hecho de lo jodida que está la oposición si está pensando en ella para que los represente en futuras contiendas acá en Sonora.

Cebolla finamente picada
Por inexperiencia, por ineptitud, por grillas baratas o por las tres cosas juntas, pero la primera oportunidad para lucir a Sonora en la aldea global se desperdició.

El mundial de beisbol Sub 23 fue un evento que prácticamente pasó desapercibido. Peor aún, si se supo de él fue por dos temas:

1.- Las declaraciones de los dirigentes de Canaco Cajeme que solicitaron al crimen organizado una tregua o que cuando menos se tomaran unas vacaciones de diez días para aparentar un estado de paz y tranquilidad durante el tiempo que durase el torneo. No se logró. De hecho, el fin de semana antepasado en Cajeme se contabilizaron 15 asesinatos a balazos.

2.- La fuga de 12 jugadores de la selección cubana, algo que suele suceder con delegaciones deportivas que llegan desde la isla y cuyos integrantes aprovechan para dejar un polvaredón, más si se encuentran a un lugar que está a unas cuantas horas de la frontera con Estados Unidos.

Una pena, sobre todo por las altas expectativas que se tenían para lucir un evento que además, hubiera hecho quedar muy bien a sus organizadores ante los ojos del presidente que, como se sabe es un fanático de este deporte y ha canalizado muchos recursos para impulsarlo.

Ahí para la otra.

Y para pifias, la que se aventó la persona que maneja las redes sociales del Registro Civil, al retuitear y dejar por un buen tiempo colgada en la cuenta institucional una fotografía de un guapote gay que desató el furor y detonó las calenturas de los tuiteros, con más de 550 likes y comentarios sexosos desde cuentas que difunden sobre todo porno gay.

Un errorcillo que a veces sucede cuando alguien confunde la cuenta personal con la institucional y saca a relucir sus pasiones. O cuando esos funcionarios manejan varias cuentas, incluyendo trolls lo mismo para grillar políticamente que para darle rienda suelta a temas que por su condición de servidores públicos no pueden manejar en las suyas propias. Normal en funcionarios públicos de estreno. Como ese, vamos a seguir viendo varios, acuérdense.