Categoría: El Zancudo

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía.
El 28 de septiembre, Guillermo Padrés Elías apareció en Huatabampo presidiendo un encuentro con militantes del PAN en aquella localidad. Dos días después, Ernesto Munro Palacio, anunció el lanzamiento de la convocatoria para renovar la dirigencia estatal a su cargo.

Los primeros que, como el Moro de Cumpas salieron adelante con la intención de ganar fueron Humberto Souza y René Sotelo. Ambos comenzaron su labor de proselitismo entre liderazgos y militantes blanquiazules. Gildardo Real por su parte mantuvo un perfil más discreto mediáticamente, pero nunca dejó de tejer acuerdos con las cabezas de su partido.

En entrevistas por separado hace ya varias semanas, Humberto Souza me aseguró que él no era el candidato de Guillermo Padrés, aunque no le incomodaría y hasta le resultaría favorable que operara a su favor; René Sotelo por su parte subrayó que en su proyecto busca integrar a liderazgos y corrientes que no están de acuerdo con la continuidad de quienes tienen ya varios años al frente del partido. Ninguno se deslindó del ex gobernador.

A un mes de distancia, diversas fuentes en el PAN me confirman que Padrés ya se decantó a favor de Gildardo Real y los primeros daños colaterales fueron en las candidaturas de Sotelo y Souza, pues aunque desde fuera del partido la sociedad tiene muy claro lo que representa el padrecismo y su guía político (iba a escribir moral, pero sería un eufemismo sádico), al interior del blanquiazul sigue siendo su figura señera. Eso ilustra de algún modo el poco éxito del PAN en la construcción de nuevos liderazgos.

El 29 de septiembre escribimos: “No deja de sonar paradójico que siendo el sexenio de Guillermo Padrés el periodo en el que el PAN perdió no solo su reputación como estandarte de la honestidad que siempre izaba como oposición al PRI, sino buena parte de su militancia y no pocos cuadros relevantes, hoy muchos panistas estén volteando la mirada hacia el ex gobernador como el clavo ardiendo del que se pueden agarrar para detener su caída y levantar el vuelo.

“O quizás ese clavo no esté tan caliente y antes bien sea un punto de apoyo interesante para reagrupar a lo que queda del partido en torno a una figura que, pese a su descrédito ha tenido el poder y la habilidad para mantener un liderazgo entre sus fieles, pero también para pactar con el nuevo gobierno (estatal) de Morena, para el cual trabajan abierta o subrepticiamente varios de ellos”.

La elección interna del PAN será el próximo 5 de diciembre y hasta ahora los únicos que han confirmado su registro para el sábado 30 de octubre, lo cual significa que ya articularon sus respectivas planillas, incluyendo a la secretaria General (que debe ser mujer por criterios de género) son Gildardo Real y Humberto Souza.

De acuerdo con mis fuentes, Gildardo es el candidato del grupo compacto del ex gobernador donde destacan algunos nombres muy conocidos como los hermanos Serrato, Javier Neblina, Roberto Romero, César Bleizzefer, Chito Díaz, Ramón Díaz Nieblas, David Galván, el propio Ernesto Munro y otros de sus ex funcionarios.

No parece ser el mejor momento para la reaparición del ex gobernador. De hecho, a los días de haberse hecho pública la reunión en Huatabampo, la FGR dictó auto de formal prisión contra tres de sus funcionarios de Hacienda: Mario Cuen Aranda, Carlos Villalobos y Luis Sotelo.

Y apenas ayer, el presidente de la República recordó la saga de corruptelas que marcaron el sexenio padrecista.

¿Cuál es entonces la apuesta del PAN? ¿Reconstruirse a partir del liderazgo de una figura como Guillermo Padrés?

Parece una apuesta arriesgada después de que fue precisamente en el sexenio que encabezó cuando comenzó la debacle de Acción Nacional en Sonora, algo que el propio Gildardo Real reconoció a principios de este año cuando justificó la alianza con el PRI y el PRD bajo el argumento de que si no lo hacían, su partido estaría en riesgo de perder el registro.

Y conste que la lucha del PAN en Sonora fue larga y complicada; una verdadera batalla muchas veces cruenta contra el sistema representado por el PRI-gobierno (como solían llamarle). Su crecimiento fue lento pero sistemático: a partir de 1991 cuando Manlio Fabio Beltrones barrió en las urnas a Moisés Canale, la ventaja del tricolor se fue achicando elección tras elección.

Todavía en 2003, Eduardo Bours apenas pudo ganarle a Ramón Corral la gubernatura con menos de un punto porcentual. Ya para 2009 Guillermo Padrés barrió con Alfonso Elías, en parte por lo que dijo AMLO sobre la manipulación del caso ABC, pero también por la erosión de la hegemonía priista, el cisma que provocó la decisión de Bours al ‘sentar’ a Ernesto Gándara y entre otras cosas, la ausencia de una tercera opción seria y consolidada.

En el sexenio de Padrés el crecimiento del PAN fue explosivo, pero también lo fue su derrumbe al término del mismo. Hoy su padrón apenas rebasa los ocho mil afiliados.

La alianza con el PRI y el PRD finalmente les permitió no solo conservar su registro, sino conquistar posiciones importantes, la más valiosa, la capital del estado.

En ese contexto el PAN llega a su proceso de renovación de mandos estatales y tiene frente a sí la disyuntiva de la continuidad o el cambio. Serán finalmente sus militantes los que definan el rumbo.

CEBOLLA FINAMENTE PICADA
Nada tranquila debe andar la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens. Primero, la nueva munícipe Karla Córdova afirmó que está obligada moral y legalmente a darle cauce y seguimiento a las denuncias sobre su polémica (eufemismo suavizante) administración, y ahora el diputado local porteño, Sebastián Orduño adelantó que en el Congreso del Estado están esperando con ansias el documento de entrega-recepción para revisarlo exhaustivamente.

Y es que ayer, el cabildo guaymense aprobó sin discusión y por unanimidad tal documento, sin detenerse a analizar los temas de fondo que marcaron la administración sarista: nepotismo, mala calidad de la obra pública, desaseo financiero, playa incluyente, entre otros.

Bajo la consigna de ‘ni perdón ni olvido para los corruptos’, el diputado hizo un llamado a los nuevos regidores a seguir la línea de la alcaldesa Karla Córdova y el gobernador Alfonso Durazo de no solapar actos de corrupción.

El tema tiene cierto aire de ‘violencia intrafamiliar política’ pues el legislador proviene del PT, el mismo partido que postuló a Sara Valle en la alianza que encabezó Morena y que a lo largo de su trienio estuvo permanentemente en conflicto con otros de sus personeros, señaladamente el ex diputado Rodolfo Lizárraga y hasta con el dirigente estatal Ramón Flores.

Al parecer a Sara Valle se las tienen guardadas en el partido, pero todavía falta ver el rumbo que tomen las cosas en el Congreso.

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EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
No hay pacto ni acuerdo de impunidad para proteger a la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens después de haber dejado ‘temblando’ las finanzas municipales; lo que sí hay es voluntad política para encauzar las denuncias que contienen una considerable lista de presuntas faltas administrativas y actos que pudieran derivar en sanciones incluso penales.

Ayer conversamos con la presidenta municipal del puerto, Karla Córdova y aseguró que no solo se trata de una obligación moral el llamar a cuentas a su antecesora, sino de una responsabilidad legal que de no cumplirse, podría derivar en sanciones para ella misma.

Se entiende entonces que la señora Córdova esté especialmente interesada en que la ex alcaldesa responda por sus actos, ya que la más reciente reforma a la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Estatal de Responsabilidades tipifica el delito de omisión para aquellos servidores públicos que conociendo durante su encargo la comisión de faltas graves o no graves, evite denunciarlas.

Abreviando: si la actual alcaldesa no encausa las denuncias de hechos ya muy conocidos, las sanciones podrían recaer sobre ella lo cual sería un pésimo antecedente para su naciente carrera política.

Córdova González no puede ocultar su molestia tras la reciente comparecencia de Sara Valle ante el cabildo donde aseguró que dejó 90 millones de pesos en las arcas municipales, porque en realidad dejó poco más de 40 y el resto eran puras cuentas por cobrar, dinero que difícilmente podrá recuperar la comuna en el corto plazo y sin litigios que pueden durar años.

Para dimensionar el asunto, baste saber que la nómina del municipio es de 21 millones de pesos mensuales, de manera que ese recurso prácticamente se evaporará al finalizar este mes.

En Guaymas los problemas no cesan. La pícara popular ya dice que en el proceso de entrega recepción es indispensable que el munícipe saliente le deje al entrante un pañoletón para amarrarse la cabeza porque los dolores le van a acompañar tres años.

Ahí tienen por ejemplo el caso de la llamada ‘playa incluyente’ un atraco en despoblado, mal licitado y peor financiado con sobreprecios hasta del 700 por ciento en algunos rubros. ¡700 por ciento!

El caso ya está denunciado y por lo tanto la nueva alcaldesa está obligada a dar seguimiento a esas denuncias, que están por llegar al Congreso del Estado y a la contraloría estatal.

Otro de los problemas con los que tiene que lidiar en estos momentos la doctora Córdova es el tema del drenaje, cuyas fugas han convertido el centro histórico y otros sectores del puerto, desde el norte y hasta el sur en una extendida red de fuentes danzantes de aguas negras que ya se están convirtiendo en un asunto de salud pública.

Ya se ha solicitado la declaratoria de emergencia y está a la espera de que las autoridades estatales de Protección Civil, pero también la SIDUR a cargo de otro guaymense, Heriberto Aguilar pongan manos a la obra porque la gravedad del problema lo amerita.

Ya veremos si fructifican esas gestiones.

II

El gobernador Alfonso Durazo le dio su primer cachito de gloria a su recientemente estrenado director jurídico, Adolfo Salazar Razo, autor de un par de iniciativas que fueron firmadas ayer por el mandatario estatal y que vienen a corregir añejos vicios y privilegios.

La primera de ellas tiene que ver con la ley de notariado y vendrá a poner fin a esa historia que se repetía sexenio tras sexenio en la cual el gobernador saliente aprovechaba para ‘premiar’ a sus amigos y amigas con patentes de notarías. A partir de ahora, el gobernador queda impedido para otorgarlas durante los últimos dos años de su mandato.

Pero además, aquel servidor público que quiera obtener una notaría, deberá esperar un lapso igual al tiempo que duró en su cargo para iniciar el trámite.

Otra de las iniciativas generadas por Salazar Razo y firmada por el gobernador busca evitar el otorgamiento de pensiones vitalicias a quien no haya acreditado razones fundadas para acceder a ellas.

En la misma rueda de prensa en la que Durazo se hizo acompañar por su gabinete de seguridad, estuvo presente el director del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez que hizo un par de anuncios importantes relacionados con la cancelación de los servicios subrogados que presta esa institución.

De entrada, se cancela la relación con farmacias privadas que surtían las recetas a derechohabientes de esa institución, y también el contrato con la empresa que brindaba el servicio de imagenología. Una empresa, dijo, que el año pasado facturó 95 millones de pesos pero solo otorgó servicios por 40 millones.

Por el formato de la rueda de prensa y las prisas porque ya iba a comenzar el evento para la firma de otro acuerdo para la paz, ahora con organizaciones de la sociedad civil, no hubo oportunidad de preguntar al director del Isssteson el nombre de la empresa aludida, ni el estado que guardan las denuncias, si es que las hay, por eso que a primera vista aparece como un mega atraco.

En el tema de seguridad, la secretaria del ramo, María Dolores del Río; la fiscal estatal Claudia Indira Contreras y el propio gobernador adelantaron una numerología optimista sobre los avances en la judicialización de procesos, sentencias condenatorias, procedimientos abreviados y otros temas.

Todo bien, nomás que en Cajeme siguen las matazones y entre otras cosas, los malandrines dejaron a pie al ex alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, al robarle su camioneta, una bonita Dodge Journey sin placas, plateada, rines de aluminio de agencia, polarizado medio oscuro, asientos de piel color miel y con dos rayones en el costado del copiloto.

Les pasamos estos datos por si el sabueso lector, la detectivesca lectora la ven por allí en algún convoy de sicarios, inmediatamente hagan la denuncia correspondiente.

Cebolla finamente picada
Va una trivia: ¿Quién es la funcionaria estatal que se hace acompañar siempre por una empleada en labores de fotógrafa para inmortalizar sus participaciones en cuanto presídium, podio o silla caliente en los eventos públicos?

No importa que a veces la citada funcionaria desempeñe el papel de florero o le otorguen diez segundos al micrófono, lo importante es que sus fotos aparezcan en sus redes sociales casi en tiempo real, como si fuera el alma de la fiesta.

Ya ni el gobernador.

Es un caso típico de esa gente que en los funerales, quiere ser más importante que el muertito.

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EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Con el anuncio de ayer, Antonio Astiazarán muestra que no está ‘jugando para las gradas’ como suele decirse cuando en un partido de futbol el jugador se luce en cabriolas espectaculares que arrancan el aplauso de la afición, aunque resulten poco efectivas para mover el marcador.

El alcalde de Hermosillo presentó un detallado programa de acciones que no necesariamente concitarán las simpatías del respetable, pero proyectan la intención de poner orden en la gobernanza de la capital del estado a partir de una administración que cueste menos y haga más.

Un programa que por cierto empata con lo que en el Palacio de al lado ya perfiló antes el gobernador Alfonso Durazo y que básicamente consiste en apretar las medidas de austeridad gubernamental, eliminando gastos no indispensables -incluyendo la revisión de la nómina y el aterrizaje forzoso de aviadores-, aumentar la recaudación y modernizar la administración.

En el caso del llamado Plan de Fortalecimiento Financiero presentado por el alcalde se fija como meta reducir en 523.5 millones de pesos el gasto corriente y casi la mitad de ese monto provendrá de los servicios personales, la disminución, compactación y fusión de áreas de la administración pública.

Esto no solo requiere un ejercicio de corridas financieras sino también de política, ya que la burocracia municipal, sobre todo la base sindicalizada resentirá el recorte y ya se aprestan a evaluar el plan desde su impacto en el contrato colectivo de trabajo.

Se entiende que ya hubo pláticas con el dirigente sindical Salvador Díaz Holguín, que estuvo presente en el evento y declaró su disposición a trabajar de la mano con el patrón (en este caso el Ayuntamiento) para que a Hermosillo le vaya bien.

Otros 163 mdp provendrán de la reducción de servicios generales: electricidad, renta de inmuebles, comunicaciones y asesorías, 88 millones más se ahorrarán en gasolina y reparación de vehículos; otros 40 millones se obtendrán por la disminución en el pago de intereses de la deuda bancaria a largo plazo.

Pero no solamente a la burocracia le va a tocar apretarse el cinturón. Los ciudadanos también serán alcanzados por el largo brazo de la recaudación que espera captar más de 5 mil 842 mdp el año entrante. De este monto, al menos 702 millones ingresarán a las arcas municipales a través de un programa de recuperación de cartera vencida, así que si usted, morosa lectora, espichadito lector andan péndulos con la comuna, en los próximos días serán visitados por el amable personal de Tesorería para que actualice sus pasivos, ya sea al ‘cash’ o mediante algún convenio.

Pero de que le van a caer, le van a caer y por eso decía que el plan no va a provocar precisamente la ola en las gradas de los contribuyentes.

Esas son algunas de las medidas anunciadas.

A cambio, el alcalde se comprometió a invertir más de mil 400 millones de pesos para atender prioridades de agua, seguridad y obra pública, lo que representa el triple de lo invertido en administraciones pasadas; el grueso de esos recursos se aplicarán en el rubro de agua potable (unos mil mdp), y una buena parte se utilizará en la adquisición de flota vehicular para seguridad pública, incluyendo patrullas eléctricas.

II

Después de cuatro años ‘tomadas’ ayer fueron regresadas al gobierno federal las casetas de cobro en la carretera federal 15, ubicadas en Guaymas, Hermosillo y Esperanza.

El autodenominado Movimiento por el Libre Tránsito, una agrupación no exenta de sospechosismo finalmente acordó con autoridades estatales y federales para devolver las casetas y ayer el propio gobernador anunció que las mismas volvían a la administración de Capufe.

Ha trascendido que uno de los acuerdos para la ‘liberación’ de las casetas es la implementación de un programa de exención de cuotas para residentes de Sonora, aunque todavía no se conocen más detalles sobre él.

Sigue pendiente también el tema de la reubicación de la caseta de Esperanza y la definición de criterios para determinar el monto que será destinado a la tribu yaqui, de lo que en ella se recaude.

Por lo pronto esas tres casetas ya están funcionando normalmente y falta saber lo que sucederá con las que operan en Magdalena, al norte, y La Jaula, al sur.

Los que siguen funcionando normalmente también son las ‘piolas de cobro’ que tienen los yaquis en Pótam, Vícam y Loma de Guamúchil donde ya hay visos de acuerdo a partir del Plan de Justicia para la etnia, pero por lo visto no logran aterrizar del todo.

Veremos si en los próximos días hay noticias al respecto.

CEBOLLA FINAMENTE PICADA
Un parto de los montes resultó la multipublicitada entrevista con Guillermo Padrés, que terminó en un lastimero soliloquio autovictimizante y poco convincente.

Nada que agregar al respecto después del perro tuitazo de la maestra Leyla Acedo (@leyleona) resumiendo impecable e implacablemente ese ejercicio publicitario, que no periodístico.

“Es como si Paty Chapoy entrevistara a Sergio Andrade. Puro espanto de cinismo y nula memoria”, escribió lacónica pero demoledoramente en su cuenta de Twitter la aguerrida profesora investigadora del Colegio de Sonora.

Ya después de eso, ni para que comentar más nada. Adiós.

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“MAYNEZ, UN CROMADOR DE CORNETAS”: DAVID FIGUEROA
Varias cosas no le gustaron a David Figueroa Ortega respecto a la conducción del partido Movimiento Ciudadano en Sonora y decidió tomar distancia del mismo, permanecer como regidor en el Ayuntamiento respondiendo, dice, a los ciudadanos y no al partido en el que por cierto no milita.

No me voy, asegura, porque no me puedo ir de una organización a la que no pertenezco, pero sí tomo distancia.

Entre las cosas que no le gustaron, dice, entrevistado anoche vía telefónica, es una idea medio extraña que permeó para que en el Consejo Estatal de MC que se realizó este fin de semana en Hermosillo se eligiera a Manuel Scott como el nuevo dirigente relevando a Carlos León García bajo el criterio de que ‘ahora le tocaba al sur del estado’.

Yo no estuve de acuerdo, pero tampoco es para que me hagan caso a mí, considerando que no milito en el partido, aunque tampoco tengo que convalidar eso y prefiero seguir en lo mío, trabajando para los ciudadanos desde el cabildo.

Lo que menos le gustó, asegura, es que al llegar a Hermosillo el representante de la dirigencia nacional, Jorge Álvarez Máynez lo primero que hizo fue ir a tomarse la foto con el alcalde Antonio Astiazarán.

“Se supone que quienes representamos al partido en el cabildo somos los regidores de MC y ni siquiera nos tomó en cuenta, se fue directo a cromarle la corneta al alcalde”, subraya.

Asegura que mantendrá la relación con el partido y sus dirigentes porque finalmente fue bajo sus siglas que compitió y tendría que haber una relación institucional para tratar los temas de interés en el cabildo, pero estoy convencido que el interés que debe prevalecer es el de los ciudadanos y no los del partido.

La cromada lectora, el cornetero lector estarán de acuerdo, sin embargo, en que después de estas declaraciones su relación con la dirigencia partidista no quedará en muy buenos términos. Ya se verá.

Sobre todo porque David asegura que MC en Sonora está cayendo en las mismas prácticas que otros partidos, asegurando las posiciones para una burocracia que se la pasa tomándose selfies mientras relega a quienes hacen la talacha en las calles, a quienes se fletan en las campañas, pero bien que aprovechan los votos por ellos conseguidos para agenciarse las plurinominales.

¡Pum!

Figueroa Ortega renunció al PAN en octubre de 2017 después de muchos años de militancia y en los que ocupó diversos cargos en el partido (fue dirigente estatal) y de elección (alcalde de Agua Prieta, diputado local y federal); también fue cónsul de México en Los Ángeles.

En las negociaciones de la llamada Alianza Va por Sonora buscó ser su candidato a la alcaldía de Hermosillo, pero las negociaciones entre PRI, PAN y PRD derivaron en la candidatura de Antonio Astiazarán que a la postre resultó ganador en la campaña 2021.

David se retiró de esa alianza y se acercó a MC, donde fue designado candidato consiguiendo 37 mil votos, una votación significativa (Antonio Astiazarán tuvo 106 mil y la candidata de Morena, Célida López tuvo 101 mil) que le sirvió al partido para contar con dos regidores en el cabildo.

El desprendimiento de Figueroa Ortega dará de qué hablar en los próximos días.

II

Apenas en el despacho anterior consignamos las dificultades que entraña la interlocución con la etnia yaqui, en parte por la profunda división que hay en la tribu y en parte por las ambigüedades con que hasta ahora se ha operado el Plan de Justicia, que ya provocaron el regreso de un grupo de indígenas a la toma de la carretera internacional para instalar su ‘piola de cuota’.

Pues el asunto puede escalar, porque ya no son solamente una parte de los liderazgos yaquis quienes están haciendo sonar sus tambores de guerra, sino que otras tribus se están sumando, bajo las consideraciones de que las políticas públicas del gobierno federal deben alcanzarlos a todos.

Mañana martes se llevará a cabo en la ramada de Pótam un encuentro internacional indígena convocado por autoridades tradicionales de Rahúm, Belem y Pótam, al que están asistirán también representantes de otras etnias como los mayos, pápagos y seris.

En la agenda destacan los temas de la inclusión de las demandas de las etnias en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2024 de los ayuntamientos con asentamientos indígenas, pero el que llama más la atención está relacionado con lo que consideran una exclusión en todas las naciones indígenas sonorenses, del Plan de Justicia que explícitamente menciona solo a los yaquis.

III

Comenzó el proceso de lavado de imagen del exgobernador Guillermo Padrés y su carrera para hacerse de la dirigencia estatal del PAN a través de su candidato Gildardo Real.

Ante eso solo queda reiterar que hasta el peor delincuente tiene derecho a una defensa, y esa tendría que darla en los tribunales donde por cierto subsisten dos juicios en su contra, uno por lavado de dinero y otro por defraudación fiscal.

Pero como la reaparición del ex gobernador tiene un objetivo político, también debe litigar en los medios y es lo que está haciendo.

Desde luego que seguiremos la entrevista que el colega y amigo Luis Alberto Medina está anunciado con promocionales que ya quisiera un rockstar. Más que por interés periodístico, la veremos con el mismo morbo que si entrevistara al Mochaorejas, al Pozolero o a alguien así.

IV

El Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Rafael Acuña Griego como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Es, de acuerdo con lo trascendido, el inicio de un breve camino para que sea designado presidente del Poder Judicial, relevando a Francisco Gutiérrez Rodríguez.

Pocos personajes concitan el consenso de la manera como lo ha hecho el señor Acuña Griego, un decano de la abogacía, funcionario público y un político de reconocidísima trayectoria.

Es, ciertamente un personaje muy cercano a los afectos del gobernador Alfonso Durazo Montaño y por ello ha recibido algunos cuestionamientos más bien marginales o por lo menos, desprovistos de autoridad moral frente a una figura como la del veterano litigante.

Esos cuestionamientos vinieron básicamente del PAN pero no cuentan mucho, sobre todo si consideramos que el señor Acuña Griego sustituye inicialmente a Sebastián Sotomayor, un abogado que tuvo que rendir protesta por correo electrónico porque su nombramiento no salía ni con fórceps en una legislatura adversa al padrecismo que lo impuso.

Por donde quiera que se le vea, el nombramiento de Rafael Acuña Griego es un acierto y será muy interesante ver el relanzamiento del Poder Judicial en todos los ámbitos de su competencia.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
La ‘piola de cuota’ instalada nuevamente por los yaquis de Loma de Guamúchil (y algunos de Loma de Bácum) es el menor de los problemas que en estos momentos enfrentan el gobierno del estado y el gobierno federal en relación con la tribu yaqui. Detrás de él aparece una trama más compleja que puede dar al traste con el multi publicitado Plan de Justicia para la etnia.

Y el telón de fondo es una profunda división que existe en la tribu, a la que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes ni su brazo operador en Sonora, Hugo Aguilar solo han contribuido a agudizar reeditando viejas prácticas que fueron precisamente las que dieron pie a la dualidad de gobiernos tradicionales.

Hoy en día, solo cuatro de los ocho pueblos yaquis (Huírivis, Rahum, Tórim y Cócorit) tienen un gobernador electo según sus usos y costumbres; otros tres, Bácum, Vícam, Pótam y Belem tienen dos gobernadores y el caso de Vícam es paradigmático porque tiene tres.

¿Quiénes son los interlocutores reconocidos por el gobierno para acordar sus políticas públicas?

Esa pregunta se la hice el pasado lunes al gobernador Alfonso Durazo y me respondió que las autoridades tradicionales legítimamente electas y reconocidas por sus pueblos.

Y está bien, si no fuera porque en todos los casos donde hay gobernadores duales cada uno de ellos se asume como depositario de esa representatividad y tiene su propia tropa. Más aún, existen liderazgos que sin ser producto de una decisión plebiscitaria inciden en sus comunidades a propósito de temas importantes.

Por citar solo algunos, el de Mario Luna Romero cabeza de un grupo notable apoyado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que mantiene vivo el litigio contra el acueducto Independencia. Ese grupo se está reorganizando y sumando apoyos para relanzar la demanda de su cancelación como una condicionante para la implementación del Plan de Justicia para la etnia. De hecho, en la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio hijo del General Lázaro Cárdenas se lo hizo ver frente a frente.

Dentro de este grupo, al que en la etnia se le conoce como ‘Los Chipilones’ por el buen trato que recibieron durante el sexenio pasado, ya surgieron diferencias y también se encuentran divididos.

Hay otro grupo en el que aparecen liderazgos como el de Martín Valencia, Guadalupe Flores, Anabela Carlón, todos ellos asesorados por el maestro Rodrigo González, que mantienen una lucha contra el gasoducto de la empresa Lenova, desde el pueblo de Loma de Bácum y que de hecho lograron desviar el curso de su instalación.

A partir de 2010 la lucha de los indígenas contra el acueducto Independencia fue un factor de cohesión que aglutinó a la mayoría de los liderazgos yaquis que a su vez fueron apoyados por los productores agrícolas y otras organizaciones de la sociedad civil cajemense. El gobierno de Guillermo Padrés, buscando legitimar su proyecto se apoyó en algunos gobernadores, lo que atizó más la discordia.

Una discordia que no ha cesado desde entonces y que se manifestó de nueva cuenta en octubre de 2016 cuando se enfrentaron habitantes de Loma de Guamúchil y Loma de Bácum en un episodio violento que dejó saldo de una persona muerta, varios lesionados y uno más en la cárcel: Fidencio Aldama, que aún permanece preso acusado de homicidio tras esos hechos. Los cajemenses ya no acompañaron a los yaquis en la lucha contra el gasoducto y eso también contribuyó a la división.

El Plan de Justicia para la etnia anunciado por el presidente de la República es el más ambicioso que se recuerde desde el gobierno del General Cárdenas y sin embargo, enfrenta resistencias en una parte de la tribu, básicamente por una razón: hasta hoy se ha quedado en palabras y maquetas.

El plan incluye la creación de un distrito de riego para el territorio yaqui pero no se tiene ni idea de cómo se va a administrar; tampoco se sabe si la cuota de agua prometida se vaya a cumplir pues eso no depende de un decreto sino de la disponibilidad del vital líquido. Y eso sin contar el conflicto que pueda suscitar con sus otrora aliados, los productores agropecuarios cajemenses que advierten una disminución en los volúmenes para su distrito de riego.

Se incluye también un acueducto para llevar agua a las comunidades yaquis, pero ya existe uno que lleva agua desde la presa El Oviáchic hasta Guaymas y que eventualmente ha sido bloqueado por los indígenas que nomás ven pasar el tubo pero en sus comunidades tienen serios problemas de desabasto de agua potable y ni se diga de drenaje.

El plan también incluye la construcción de un hospital cuya maqueta ya fue presentada; de varias clínicas y escuelas, así como obras de infraestructura hídrica, pero en la tribu comienza a campear la desconfianza de que todo se trate de historias repetidas en las que se ha prometido todo y no se ha cumplido prácticamente nada.

Peor aún, acusan a Adelfo Regino y Hugo Aguilar de operar de manera muy similar a sus antecesores, repartiendo dinero, carros y otras prebendas entre gobernadores y liderazgos afines para legitimar el Plan de Justicia, como en su momento lo hicieron otros gobiernos en los casos del acueducto Independencia y el gasoducto.

Operación estatal no hay. La titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), Griselda López ha tenido un perfil tan bajo que casi nadie se acuerda de que es la nueva titular de ese organismo donde relevó a Antonio Cruz Casas, quien sigue apareciendo en el portal de la CEDIS como el comisionado.

Recientemente, el gobernador Alfonso Durazo anunció la reubicación de la caseta de cobro de Esperanza y un programa para destinar una parte de lo allí recaudado a las comunidades indígenas, aunque no precisó ni el lugar a donde sería reubicada, ni el monto de esos recursos ni los criterios para determinarlos.

Todas esas ambigüedades en un Plan que aparece como un magnífico acto de justicia para la etnia, han comenzado a levantar resquemores en la tribu y de hecho, es el motivo por el cual los yaquis de la Loma de Guamúchil volvieron a tomar la carretera para instalar su ‘piola de cuota’, apenas unos días después de que el gobernador Durazo anunciara un acuerdo para levantar esa toma.

Entre las ambigüedades del gobierno y la profunda y añeja división en la tribu, que dificulta la interlocución, comienzan a sonar tambores de guerra en territorio yoreme.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Aunque el emplazamiento a huelga de la CTM para el próximo 25 de octubre correspondería abordarlo a la secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva por tratarse de un asunto laboral, por el matiz eminentemente político del conflicto corresponde también al secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra.

Pero el conflicto involucra también a la directora del Transporte, Lirio Anahí del Castillo, que depende de Heriberto Aguilar, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de la cual depende la citada dirección.

El emplazamiento a huelga por parte de las huestes de Javier Villarreal Gámez, quien ya anunció la solidaridad de los 90 sindicatos cetemistas de Hermosillo es el primer trompo verdaderamente zumbón que se echará a la uña el estrenado gobierno estatal y hay que estar muy atentos al abordaje que vaya a dársele.

No se trata de un asunto menor porque una huelga en el servicio de transporte urbano implica detener los aproximadamente 300 mil pasajes diarios de hermosillenses que tienen en esas unidades su única opción de movilidad, así que un conflicto laboral le pegaría a un sector importante de la población usuaria, pero también a las empresas que resentirían las ausencias y retardos del personal.

Los operadores que reclaman una serie de incumplimientos salariales y contractuales, como los concesionarios que como patrones resultaron más de lo mismo respecto a sus antecesores, a quienes el gobierno anterior les rescindió las concesiones precisamente por el permanente estado de conflicto en que mantenían la relación con sus trabajadores, pero también por el incumplimiento de los términos en que deberían prestar el servicio, son ‘cachoras muy apedreadas’ en sus tácticas de negociación con el gobierno.

Las más de las veces, tanto el gobierno como las partes en conflicto han ‘pateado el bote’ en este tema que es de una complejidad abrumadora por la cantidad de problemas de todo tipo que se han acumulado a lo largo de muchos años y en donde hasta los ex concesionarios aparecen involucrados.

Las últimas veces que los operadores se han ido al paro, el gobierno ha entrado al quite echando mano de taxis o habilitando camiones particulares en las rutas más importantes, pero eso resuelve a medias y temporalmente el problema que, insistimos en parte por esas prácticas ha ido creciendo inexorablemente.

La huelga está programada para estallar el próximo lunes a las cinco de la mañana y hasta ayer, el concesionario Jesús Padilla Zenteno se negaba a presentarse en una mesa de negociación argumentando que no está dispuesto a ceder a las demandas laborales (como el pago de horas extra) porque en ninguno de los otros estados donde también opera concesiones lo hace.

Las autoridades por su parte, no han emitido algún posicionamiento respecto a este conflicto en puerta y resultará sumamente interesante ver de qué están hechos los nuevos funcionarios en materia de atención a conflictos laborales.

A no ser, desde luego, que sigan ocupados con esa bola de nieve que está creciendo en varias dependencias a raíz de los despidos del personal de la pasada administración, un tema con el que siempre deben lidiar los gobiernos entrantes y que esta vez se repite, incluyendo los desplantes autoritarios hacia los despedidos.

II

El Congreso del Estado otorgó ayer la presea del poderío de las mujeres sonorenses, correspondiendo a Olga Haydée Flores, Elizabeth Araux Sánchez, Guadalupe Taddei Zavala, Martha Patricia Alonso Ramírez y Silvia Isabel Núñez Esquer en los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural, respectivamente.

Esta es la primera vez que se entrega este galardón y ninguna de ellas lo desmerece. Se trata de mujeres destacadas en sus trayectorias profesionales y su activismo a favor de diversas causas desde una perspectiva de género.

Y a propósito de mujeres en el Congreso, la diputada Natalia Rivera presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación que tiene como objetivo generar políticas públicas que faciliten el acceso a internet para niñas y niños de educación básica.

El tema es muy vigente sobre todo a raíz de la pandemia que evidenció la gran brecha digital entre quienes cuentan con acceso a la red de redes y a dispositivos electrónicos, y quienes quedaron fuera de las clases remotas durante el confinamiento.

El espíritu de esta iniciativa que fue turnada a comisiones para su estudio es evitar que esa brecha siga creciendo y dejando al margen de las nuevas habilidades digitales a los sectores más vulnerables de la población estudiantil, a partir de un programa sin limitación de acceso y cobertura en los sectores más pobres.

III

Se le enredó la piola en la conducción de la sesión en que se discute la miscelánea fiscal 2022 al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna y si por la víspera se saca el día, la aprobación de la propuesta presidencial será todo menos miel sobre hojuelas.

Anoche hubo gritos y sombrerazos; empujones y una que otra cachetada guajolotera entre diputados y diputadas en San Lázaro cuando se discutía el punto de la deducibilidad de las aportaciones de empresas a organizaciones no gubernamentales.

Acatando la línea presidencial dictada por la mañana, legislador@s de Morena mayoritearon a mano alzada la aprobación de un tope a esa deducibilidad, ya que como se sabe, AMLO dijo ayer que las empresas no estaban para el altruismo, sino para pagar impuestos y esas aportaciones en realidad tienen como finalidad evadirlos.

Lo notable es que fue una diputada de Morena, María Clemente García quien prendió la mecha al pronunciarse en contra de la línea presidencial. Ella vive desde hace 13 años con VIH y ha podido acceder a servicios y medicamentos gracias a organizaciones de la sociedad civil “consiguiendo una calidad de vida que el Estado me ha negado”, dijo.

A partir de allí diputados de oposición pidieron una votación nominal, Morena se opuso y se armó la rebambaramba, obligando al presidente de la Directiva a decretar un receso.

El resultado de la elección 2021 comienza a tener efectos en el quehacer legislativo. A Morena no le fue mal en estos comicios, pero tampoco le fue tan bien como hubiera querido.

La oposición está haciendo valer su peso y, para estar moralmente derrotada ya metió en aprietos a la bancada mayoritaria. El zafarrancho de anoche anticipa una discusión bastante álgida en otros temas, señaladamente el de la reforma eléctrica, que podría ser rechazada, lo que sería una severa abolladura a la corona del presidente.

Estamos frente a los primeros tiros de calentamiento en la nueva configuración del Congreso federal.

EL ZANCUDO Por: Arturo Soto Munguía
Estamos, dijo hace algunos días el gobernador Alfonso Durazo, administrando el caos.

Aludía, no sin razón, a lo que se encontró la nueva administración al llegar a sus oficinas y comenzar a revisar aquello que durante el proceso de entrega recepción o no era tan evidente o fue maquillado de tal forma que no lo detectaron.

Casi decían como la diputada Rosa Elena Trujillo a propósito de la cuenta pública estatal: el informe está tan bien hecho que no le entendimos. Urge legislar.

Pero en descargo, habría que decir que esta narrativa del caos aparece periódicamente cada transición gubernamental, la mayoría de las veces con razón, otras como una especie de blindaje por si las expectativas generadas durante la campaña no se cumplen conforme transcurre el tiempo.

Vale recordar la anécdota citada por el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa cuando, unos días después de tomar posesión en 2015 le tocó recibir a unos inversionistas europeos en su oficina de palacio, mismo que no se llevaron los padrecistas porque no pudieron ponerle ruedas.

El saqueo de la oficina la hacía lucir una coqueta decoración minimalista, porque se habían llevado hasta los lápices. Al edificio no le habían dado mantenimiento en meses, ni siquiera una fumigada porque eso hubiera sido una suerte de suicidio colectivo, de manera que en plena reunión el estrenado funcionario comenzó a sudar frío. Sobre el techo, un cucarachón tridimensional avanzaba con torpeza, amenazando con caer sobre la cabeza de uno de los empresarios. Qué pena con las visitas.

Esa narrativa, cambiando lo que haya que cambiar, se repite sexenalmente. O trianualmente en el caso de los ayuntamientos.

Si de consuelo le sirve, el gobernador debe saber que no está solo en eso de administrar el caos.

Ayer salieron a informar sobre el estado de cosas que encontró la administración del Toño Astiazarán en la comuna hermosillense y el resultado es desolador:

Una deuda de corto plazo que asciende a 170 millones de pesos. De la deuda de largo plazo mejor ni hablamos, porque eso provocó una baja en su calificación crediticia de ocho puntos en los últimos tres años.

En el trienio de Alejandro López Caballero, Hermosillo era el cuarto municipio más endeudado del país; para el 2020, ya en la administración de Célida López ascendió un peldaño ubicándose como el tercero con mil 764 millones de pesos, solo detrás de Tijuana y Monterrey según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la cámara federal de diputados.

Una cartera vencida de mil 300 millones de impuestos prediales no cubiertos; un crédito fiscal por 147 mdp por el cual el SAT se cobra ‘a lo chino’ entre 11 y 12 mdp mensuales.

Flor Ayala Robles Linares, tesorera; Lisette López Godínez, directora de Recursos Humanos y Ramón Corral Aguirre, oficial mayor, revelaron en rueda de prensa algunos datos interesantes: la administración de Toño Astiazarán enfrenta 186 juicios laborales en su contra, que representan 72 mdp en indemnizaciones, entre otros temas, algunos tan graves como falta de control en el registro de personal lo que alimenta las sospechas sobre la existencia de una nutrida flota de aviadores.

En el resto de los municipios, señaladamente en los de más de 100 mil habitantes la situación no es diferente, excepto por el hecho de que en ellos la transición fue entre alcaldes del mismo partido y se les complica más la denuncia de presuntas irregularidades ya que sería un explícito reconocimiento de que sus gobiernos fallaron.

Así pues los nuevos alcaldes y alcaldesas van a tener que morderse un dedo para no evidenciar el caos que les tocará administrar, pero a la larga eso va a acotar mucho sus márgenes de acción y en tres años pueden estar repitiendo la historia.

En aras de no parecer muy belicosos, los tres funcionarios del gobierno municipal de Hermosillo “coincidieron en que la meta es superar las dificultades apostándole a la eficiencia operativa, los ahorros, la mejora en la recaudación, y recuperación de cartera vencida por diferentes conceptos, y a partir del aumento de los ingresos tener mejor margen de maniobra para la inversión pública y mejora en los servicios públicos”.

El reto para todos los ayuntamientos es enorme.

II

Como lo adelantamos en el despacho anterior, el gobernador Alfonso Durazo informó este lunes sobre el avance en los acuerdos con la tribu yaqui para levantar las piolas de la carretera federal, reubicar la caseta de esperanza y determinar un monto de los recursos allí captados para destinarlos a la etnia yaqui.

Antes de reubicar esa caseta de cobro -y el resto de las ubicadas en esa rúa-, tendrán que recuperarlas pues hasta hoy siguen tomadas por un grupo de vivales que apoyaron las campañas de Morena y que luego se dividieron. Algunos se replegaron y hasta fueron contratados en el gobierno del estado; otros se mantienen en la toma.

A ellos, el gobernador les mandó un mensaje en el sentido de que si verdaderamente están comprometidos con el bienestar de los sonorenses deben dialogar para ‘devolver’ las casetas, siempre por la vía del diálogo. Aunque advirtió que si a vía de la negociación política se agota, el gobierno federal tomará otro tipo de acciones.

No especificó cuales, pero se intuye que muy pronto los susodichos van a tener que buscar otra forma de mantenerse (podría ser trabajando, pero esa posibilidad es remota), o asumir que el gobierno puede suministrar les gratuitamente techo y alimento diario en cualquiera de los bonitos ‘resorts’ con los que cuenta el sistema estatal penitenciario. Qué nervios.

Cebolla finamente picada

Las fanfarrias que acompañaron la reaparición del ex gobernador Guillermo Padrés celebrando por todo lo alto que el gobierno persecutor de Claudia Pavlovich ya se había marchado y la 4T no tenía interés alguno en perseguirlo políticamente, callaron como los mariachis de José Alfredo.

La FGR recordó ayer que existen dos procesos penales en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero. La extinta PGR se desistió de las acusaciones por delincuencia organizada y el propio presidente de la República dejó ver que en ello intervinieron sus abogados Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, el segundo villano favorito de AMLO después de Felipe Calderón.

Hoy, la FGR considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra el ex gobernador y así lo hará en su momento.

Desde luego, Padrés se volvió a hacer humo y al parecer entendió que calladito se ve más bonito y que la suave mano de Claudia Pavlovich es una brisa fresca comparada con la tormenta que le puede significar torear al fiscal carnal Alejandro Gertz Manero que ahorita no anda buscando a quien se la hizo, sino a quien se la pague, después del perro oso con Lozoya y el avispero que trae encima por un litigio contra su propia familia.

Ya veremos de qué va el próximo capítulo de esta serie.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Viaje relámpago el fin de semana a Ciudad Obregón, la capital mundial de los balazos sin tregua.

El domingo a media mañana nos encontramos al alcalde Javier Lamarque Cano despachando asuntos relacionados con el Organismo Operador de Agua en los famosísimos Taquitos de la Ford, muy recomendables, especialmente los combinados de manita con chicharrón, y mejor aún si se acompañan con un bichi caliente y un cocacolón helado.

El alcalde desayunó con el director de Oomapas, Guillermo Patiño Fierro pero lo notable es que ambos llegaron solos, sin más acompañantes y sin personal de seguridad. El punto llamó la atención pues para el nivel de violencia criminal que ha alcanzado aquel sufrido municipio, es raro ver al jefe de la comuna caminando como uno más en las calles de la ciudad.

Cierto también que aunque las mesas estaban llenas, nadie pareció notar la presencia del alcalde. No recibió un solo saludo, excepción hecha de un servidor, que aprovechó el momento para documentar gráficamente ese encuentro.

La imagen, publicada en mi cuenta de Twitter recibió varios comentarios no muy amables hacia el munícipe, uno de ellos aduciendo que bien puede pasearse por donde quiera y pasar desapercibido pues no ha hecho nada por Cajeme.

El comentario me pareció ciertamente injusto, pues el alcalde apenas tiene un mes en funciones y es muy poco tiempo para una evaluación, mucho menos en materia de seguridad, ya que es un tema de responsabilidad compartida con los gobiernos estatal y federal.

Me quedo con el hecho poco común de ver al alcalde del municipio más violento del estado (el mes pasado cerró con más de 60 asesinatos y en lo que va de octubre ya rebasaron los 30) despachando asuntos de trabajo en una taquería banquetera sin un solo elemento de custodia.

La mejor interpretación, como siempre, taquera lectora, malpasado lector, la tendrán ustedes.

II

Comienzan a tomar forma los acuerdos para levantar las piolas que los hermanos yaquis tienen en la carretera internacional condicionando el paso de los usuarios de esa rúa al pago de una cuota ‘voluntaria’ que ya ha provocado incidentes violentos.

Una de las salidas puede ser el establecimiento de un porcentaje de los ingresos captados en la caseta de cobro ubicada en la salida norte de Ciudad Obregón, con lo que se resarciría el llamado ‘paso de servidumbre’, un derecho por el uso del territorio yaqui para la instalación de infraestructura eléctrica, ferroviaria, telefónica, carretera y de ductos para el traslado de agua, gas y combustibles líquidos.

Esa propuesta se planteó ayer en un encuentro que sostuvo el gobernador Alfonso Durazo con sus homólogos de los ocho pueblos yaquis, como parte del seguimiento del Plan de Justica para la etnia y de acuerdo con sus declaraciones ya es del conocimiento del presidente de la República, quien manifestó estar de acuerdo.

Claro, el gobierno federal tendría que ‘recuperar’ esa caseta, actualmente usufructuada por una extraña organización autollamada Movimiento Ciudadano por el Libre Tránsito, un sospechoso engendro nacido al calor de la contienda electoral 2018, en el que inicialmente participaban varios de los que hoy ostentan cargos públicos en gobiernos de Morena, o en ese partido.

También participaban allí ciudadanos de distintas organizaciones no gubernamentales y activistas sociales que posteriormente se deslindaron cuando advirtieron que un grupo de vivales se ‘adueñó’ del movimiento con fines primordialmente recaudatorios.

Pero incluso ese grupo, que actualmente tiene ‘tomadas’ todas las casetas de la Carretera 15 se ha dividido, algunos de sus ‘dirigentes’ fueron contratados por el gobierno de Alfonso Durazo pese a sus nefastos antecedentes y otros se mantienen cobrando esas cuotas ‘voluntarias’.

Ni ellos ni los yaquis apostados en Vícam y Pótam parecen estar atentos al avance en las negociaciones para despejar la carretera, pues ayer todavía se encontraban allí pasando los botes para que los usuarios cooperen con sus causas.

Mientras tanto el Plan de Justicia para la etnia sigue avanzando y ayer el gobernador se reunió con sus homólogos yaquis para proponer el establecimiento de una zona especial a la vera de la carretera en territorio yoreme, que permita mediante ciertos privilegios fomentar el establecimiento de empresas que contribuyan a generar empleos en esa región.

III

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez mantiene un buen ritmo de trabajo en la integración de los comités vecinales llamados CRECES, un modelo de organización en las colonias que si bien ya existía desde hace muchos años, en esta administración tendrán la facultad de decidir las prioridades presupuestales, incidiendo así en el mejoramiento de sus entornos.

Hasta el momento van once comités instalados y la meta es cerrar el año con 50 y llegar a 200 en 2022.

La propuesta suena interesante porque integra a los vecinos en la discusión de los temas que les afectan, siendo los más recurrentes los relacionados con seguridad pública, áreas verdes y espacios deportivos, alumbrado y bacheo.

El alcalde ha tenido el tino de invitar a las diputadas y diputados locales para que sean parte de esta discusión, ya que es en el Congreso del Estado donde finalmente se decide la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de los municipios. Ayer, estuvieron acompañándolo las diputadas Karina Zárate y Alejandra López Noriega en las colonias Modelo y Miguel Hidalgo, respectivamente.

Cebolla finamente picada

Al menos uno de los tres ex funcionarios del padrecismo a quienes un juez dictó auto de formal prisión por el presunto desvío de 80 millones de pesos apareció en una radio local la semana pasada alegando ser víctima de una persecución por razones políticas.

Se trata del tesorero de Padrés, Mario Cuen Aranda con quien hay que coincidir en sus dichos.

Efectivamente son razones políticas las que están detrás del auto de formal prisión, ya que es política de la FGR meter al bote a los bandidos.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
No recuerdo a algún alcalde o gobernador que haya sido encausado penalmente por haber reprobado en sus cuentas públicas.

Sanciones administrativas y hasta inhabilitaciones sí, pero que el ejercicio indebido del presupuesto se traduzca en algunos años a la sombra, no lo recuerdo.

Y esto se debe básicamente a que las facultades de fiscalización del Congreso y la ruta crítica que siguen esos procesos están diseñadas para que todo quede en fuegos de artificio, en ejercicios para la retórica y en oportunidades de subir a la tribuna para lucir dotes de oratoria, quienes las tienen, porque algun@s francamente y con la pena, serían descalificad@ en un concurso de secundaria.

Muy sucintamente el proceso es como sigue: los diputados (generalmente sus asesores) revisan las cuentas públicas del estado y los municipios, hacen las observaciones correspondientes y en caso de que éstas no sean solventadas en un plazo determinado, ha lugar a sanciones por parte de los órganos de control, ya sea la contraloría estatal o las municipales.

Si alguien no solventa esas observaciones, se inician los procedimientos, ya por responsabilidad administrativa a través de la Contraloría, ya por las fiscalías en caso de daño patrimonial, lo cual casi nunca ocurre.

El pleno del Congreso abordó ayer este tema y por lo menos hasta esta parte del proceso repitió la historia: posicionamientos de cada bancada, unos reprobando la cuenta pública estatal, como fue el caso de Morena y el PAN; otros defendiéndola como fue el caso, obviamente del PRI.

Al final serán otras instancias, señaladamente la contraloría a cargo de Guillermo Noriega Esparza la encargada de determinar si hay o no sanciones después de una revisión más detallada posterior al periodo legal para solventar las observaciones.

El informe de las cuentas públicas fue presentado por el ISAF y la bancada de Morena en voz de su coordinadora Ernestina Castro Valenzuela lo rechazó contundentemente en lo que corresponde a la administración estatal “por considerarlo ineficiente, irregular, confuso y probablemente cómplice en el errático, ilegal e ilegítimo manejo del destino de la contabilidad gubernamental”.

Su homólogo del PAN, Kiko Munro hizo lo propio y también reprobó a nombre de su bancada la cuenta pública estatal “pues el Gobierno del Estado incurrió en diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos, ya que no existió transparencia en el destino de los mismos, como el de obras o proyectos de inversión, lo que ocasionó afectaciones en los municipios al no recibir de manera puntual las participaciones federales y se estima fueron alrededor de 66 gobiernos municipales los que se vieron afectados.

Diana Karina Barrera, a nombre de la bancada del PT puso el foco en el tema que abre esta columna: la falta de ‘dientes’ para sancionar malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos: “Queremos trabajar en conjunto con nuestras compañeras y compañeros diputados para realizar las reformas pertinentes, para que no solo se revise y se califiquen las cuentas públicas, sino que además existan consecuencias”, expresó.

Con el colmillo que le ha crecido a lo largo de tres legislaturas locales de las que ha sido parte, Fermín Trujillo, del PANAL hizo un llamado a abordar el tema con seriedad y no solo desde el atrincheramiento partidista, toda vez que así como unos cuestionan la cuenta pública de ayer, el año próximo les tocará defenderla. Es, dijo, parte del juego político.

Pero como en la casa del jabonero, en el Congreso también el que no cae resbala y al maestro se le fue una desafortunada frase que hizo recordar al verde-priista Samuel Moreno Terán admitiendo su condición de corruptos hace algunos años.

“Todos nacemos inocentes, pero en el trayecto del servicio público con hacemos delincuentes”, dijo.

Pos bueno.

La maestra Rosa Elena Trujillo, de MC tuvo una participación más bien cándida.

“El informe de resultados está muy bien elaborado pero está hecho para que sea difícil de entender y de encontrar la “ruta del peso”, así como irregularidades del gasto sin la ayuda de expertos, lo que calificó como muy lamentable ya que, aunque esté disponible al público, no es una información accesible y ese es uno de los puntos en los que se debe de legislar”, dijo.

O sea, el informe está tan bien elaborado que no entendimos ni madres. Urge legislar.

El PRI, desde luego defendió el informe relativo a la anterior administración estatal y ‘El Pato’ de Lucas indicó que la pandemia por el coronavirus obligó a las administraciones públicas de todo el mundo, en la que por supuesto se incluye a Sonora, a tomar decisiones urgentes, inéditas, arriesgadas e impopulares, en las que no había tiempo que perder ni antecedente o protocolo que marcara un rumbo preciso o una estrategia conocida y probada a seguir.

“Las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo este importante ejercicio de fiscalización implicó la suma de mujeres y hombres ejemplares, quienes de manera escrupulosa fiscalizaron más del 85 por ciento del total de los recursos destinados a los tres poderes del Estado, a sus entes autónomos y a 72 municipios que conforman la geografía política de nuestra entidad. De esa magnitud y alcance fue el trabajo realizado por el ISAF en plena pandemia COVID-19”, aseveró.

Y así, posicionamientos vemos, sanciones no sabemos.

II

Sin salirnos del Congreso, sigue avanzando el proceso de integración de comisiones. Uno de los más acertados nombramientos en la presidencia de una de ellas, la de vivienda, es la de Ely Sallard.

Con más de 32 años de experiencia en los sectores público y privado, la legisladora conoce como nadie todo lo relacionado con el tema y trae muchas ideas para desarrollar. Una de ellas es un programa de recuperación de viviendas abandonadas, del que pronto se conocerán más detalles. Pero de que le entiende al asunto, le entiende y muy bien.

III

El que también entiende que la antisolemnidad a veces es parte del ejercicio político, pero no es recomendable quedarse siempre en el chascarrillo es el alcalde de la capital, Antonio Astiazarán.

Después de la escaramuza con el presidente de la República a propósito de nieves y pavimentos, el alcalde de Hermosillo se fue a disfrutar un sabroso helado de pithaya, pero no se enganchó más en el tema.

Al contrario, puso manos a la obra y logró la aprobación en cabildo de un paquete de obras hasta por 550 millones de pesos que se invertirán en la construcción de 49 pavimentos nuevos con concreto hidráulico, ocho rehabilitaciones con ese mismo material en cruceros; 17 rehabilitaciones de bulevares y avenidas con asfalto y mejoras en nueve parques, cinco unidades deportivas, 3 centros Hábitat y un programa de semaforización.

O sea, el alcalde se pone a chambear sin esperar el carrito de las nieves, ya que los recursos para ejercer estas obras provienen del sector social y privado, lo cual indica el nivel de cabildeo que trae con los constructores, y la prisa por seguir reparando Hermosillo, que francamente lo necesita.

En los próximos 33 meses el pago a esos constructores se hará con el flujo de recursos del presupuesto de egresos de la capital, pero definitivamente el alcalde no se quedó nomás disfrutando su nieve y puso literalmente manos a las obras.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Decir que la esperanza muere al último en un estado donde la muerte campea libre y trágicamente por doquier es como mencionar la soga en la casa del ahorcado.

Pero si de algo sirve el acuerdo por la paz que se firmó ayer es para alimentar esa esperanza, antes de que también muera.

Después de lo plasmado aquí en el despacho de ayer sobre este tema, hay poco que escribir a casa respecto a la firma del convenio para el mando policial coordinado, conocido como Acuerdo por la paz, salvo esa gran expectativa que levanta en el sentido de que ahora sí habrá una respuesta institucional a la escalada violenta que sacude al estado y de manera muy especial y lamentable a Cajeme.

Antes de que se firmara el acuerdo en Hermosillo entre el gobernador del estado, las titulares de la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía estatal, así como autoridades federales, ya se conocía de varias ejecuciones en aquel municipio del sur, y durante el día siguieron hasta alcanzar once víctimas de las balas del crimen organizado.

La tragedia no paró allí. Esa misma mañana se registró un hecho insólito en un juzgado de lo familiar, donde un hombre disparó contra un funcionario público, matándolo en el acto para posteriormente introducirse a una oficina y darse un balazo en la cabeza que terminó costándole la vida.

El crimen no tiene relación con la delincuencia, sino con rencillas familiares producto de un litigio por la custodia de los hijos del suicida, pero los hechos dejaron de manifiesto la vulnerabilidad institucional, los pobres o inexistentes protocolos de seguridad en los juzgados donde el hombre entró tranquilamente sin que el arma que portaba fuera detectada.

Al menos 11 asesinatos en una sola ciudad el mismo día son suficientes para documentar la gravedad del problema. Una lectura condescendiente sobre el tema sería que precisamente por ello es que las instituciones están coordinando acciones para abatir esos indicadores, pero el hecho cierto es que tal coordinación ya existía y para ello sesiona diariamente la llamada Mesa de Seguridad en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Se infiere que con este acuerdo habrán de mejorarse los trabajos en ese sentido, pero la gente ya está cansada de vivir con miedo en Ciudad Obregón y el valle del yaqui, pero también en otras regiones y municipios donde menudean las balaceras y los homicidios dolosos.

Tristemente los medios de comunicación hemos caído en la fúnebre dinámica de estar contando los muertos del día, pero es imposible voltear hacia otro lado cuando la cotidianidad en Sonora está siendo alterada tan violentamente.

La sociedad estará muy pendiente de lo que suceda en adelante con la implementación de este acuerdo, que fue presentado como la mejor ruta para transitar el camino de la pacificación y por el bien de todos, más vale que así sea y se comiencen a ver resultados a la brevedad.

Tienen razón quienes sostienen que el fenómeno de la violencia criminal no apareció súbitamente y tampoco se puede resolver en unos cuantos días, pero quienes asumieron hace un mes las riendas del estado vendieron la idea de que tenían la respuesta y es lo que la gente sigue esperando.

Porque la esperanza muere al último, pero de seguir así las cosas, si se permite la hipérbole, después de que caiga el último asesinado, la esperanza terminará suicidándose.

II

Mientras tanto el presidente de la República sigue divirtiéndose con chascarrillos, baladronadas y provocaciones. Realmente lo disfruta, atrincherado en Palacio Nacional, blindado por el aplauso y la obsecuencia en un foro para él solito, desde el cual hace reverberar sus palabras por todo el país, todo el día, todos los días.

Hace poco evitó acudir al senado para el acto de entrega de la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, “porque una senadora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto”, asentó en una carta dirigida a la galardonada. No permitiría, dijo antes, que se manchara la investidura presidencial.

El presidente se ríe pero no se lleva, y a veces se lleva, pero no se aguanta.

“¿Y tu nieve de que la quieres?” es una frase que no está llamada al mármol de la historia, ni a acrisolar algún discurso trascendente. Es más bien una alocución coloquial de uso corriente entre secundarianos cándidos y juguetones.

Pero si viene desde la respetabilísima e inmaculada investidura presidencial suena jocosa, desata el aplauso de la parroquia de fieles y se replica masivamente en todos los medios de comunicación.

Con esa frase respondió el presidente a una presunta solicitud que hizo el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, de seis mil millones de pesos requeridos para pavimentar la ciudad que gobierna.

La cifra rebasa con mucho el presupuesto de la capital de Sonora para todo el año, por lo que ciertamente suena desorbitada, pero en descargo hay que decir que el presidente partió de una premisa falsa. No fue el Toño quien la solicitó, sino Fermín González Gaxiola cuando fungió como alcalde interino en el relevo de Célida López, y lo hizo a partir de un estudio elaborado por el IMPLAN.

Pero bueno, las mañaneras no son para contabilizar las presuntas pifias y mentiras del presidente, solo las de sus adversarios. La palabra presidencial no admite réplica ni cotejo, solo el aplauso, la subyugación… y muchos memes.

Pero la investidura es la investidura y el alcalde de Hermosillo se habría visto mal si le responde de mal modo al presidente de la República. Astiazarán lo tomó por el lado amable, respondió que la nieve era bienvenida sobre todo si venía con una buena cantidad de recursos para la pavimentación y que él estaba dispuesto a poner la parte que le corresponde al ayuntamiento para ese fin.

Al final no pasó de una escaramuza verbal para el divertimiento colectivo y el afianzamiento de esa imagen del líder carismático, coloquial y dicharachero que cotidianamente consigue con éxito mantener a la opinión pública ocupada en sus dislates mientras el país avanza a pasos agigantados hacia su conversión en Dinamarca.

Iba a escribir Noruega, pero en ese peligroso y violento país un loco acaba de matar a cinco personas a flechazos, así que no sería justo tomarlo como modelo para el futuro de este México de fraternidad, amor, paz, prosperidad y abrazos, muchos abrazos.

III

Breve charla con el presidente del Congreso, Jacobo Mendoza a propósito de la reforma constitucional que entre otras cosas permitirá reestructurar el aparato administrativo del Poder Legislativo, un tema que trae nerviosos a muchos y muchas, unos porque deben despedirse de sus cargos, otros porque ya se les cansó el brazo de ensayar el ‘Sí, protesto’ de rigor.

Nos comenta el ex dirigente estatal de Morena que es posible que este mismo jueves se complete el voto aprobatorio en las dos terceras partes de los cabildos sonorenses, cuota requerida para darle cauce a la reforma.

De esa manera la próxima semana se estaría viendo lo relativo a las adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso y a partir de esa fecha comenzarían a operarse los cambios, así que no coman ansias.