Por Rodrigo Sotelo
Javier Lamarque tuvo conocimiento de lo que ocurría y no actúo para prever el funesto desenlace en el caso Alma Lourdes.
Todavía tenemos fresco en la memoria el incendio provocado en un bar de San Luis Río Colorado que costara la vida a 13 personas. Desde esa madrugada del 22 de julio a la fecha, no se ha sabido absolutamente nada. La autoridad local se ha declarado incompetente, el Estado no ha intervenido y la Fiscalía ha optado por esconderse.
Aún no sabemos quién es el dueño del bar “Beer House” ni por qué operaba sin permisos, con alcohol hasta en las puertas de emergencia y sin supervisión de Protección Civil. El alcalde de este municipio es Santos González Yescas, de Morena, una fichita que en su segundo periodo acumula acusaciones de nepotismo, acoso sexual, hostigamiento y cifras récord en homicidios.
Santos González fue el primero en demostrar que la corrupción e impericia de un Ayuntamiento, mata personas inocentes. Pero agradece que tenemos un sistema político, y una división de poderes unificada, diseñado para disimular y subsistir, sin necesidad de gobernar.
El fin de semana, como segunda advertencia, se propagó un incidente inaudito ocurrido en otro municipio encabezado por Morena.
En minutos, se viralizó el video y se conoció la historia de Alma Lourdes: la empleada de una carnicería en Ciudad Obregón que, por defender a su hermana, recibió tres balazos de un acosador septuagenario ya detenido.
De inmediato, surgieron reacciones y la natural exigencia de justicia, con un particular enfoque de rechazo al “patriarcado” y al “machismo” como el padre de todos los asesinatos de mujeres.
Difiero, la reflexión debe ser más profunda. El entorno de violencia que hoy nos lastima, lo construimos y padecemos todos. No entiendo esa necesidad de ensuciar cualquier grito de indignación y reclamo de justicia con ese feminismo infructuoso y oportunista.
Evidentemente padecemos una decadencia familiar que obliga a una introspección, pero para quien no lo entienda tenemos normas, reglas, leyes. Y para hacerlas respetar debe haber gobierno que observe, inhiba y cumpla con su responsabilidad pública.
Como lo pudo hacer el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, pero al igual que su compañero de SLRC, sin temor a consecuencias optó por desatender su obligación y reconocer la negligencia institucional que lo involucra por omisión.
Lamarque admitió ayer en conferencia que la corporación municipal recibió el reporte, que acudió a la carnicería donde trabajaba Alma, y hay “una tarjeta informativa que se levantó de la actuación de la Policía Municipal cuando se recibió el reporte y cuando acudió al lugar”.
“Nada más que en ese momento ya no estaba la situación, se le indicó a los afectados que tenían que proceder con la Fiscalía a levantar una denuncia como se hace de acuerdo al protocolo”. Y remata: “Ustedes saben perfectamente bien que la Policía Municipal, si no hay flagrancia, no puede actuar”.
Lamarque no solo olvida que la Policía Municipal, como primer respondiente, está para servir y proteger; se lavó la cara con el programa “Salva” de la Secretaría de Seguridad Pública.
¿No es la prevención y seguimiento al delito contra las mujeres, parte central de la estrategia de seguridad pública? ¿No es propósito de este sistema motivar reportes de abusos y maltratos para de inmediato iniciar un trabajo de acompañamiento coordinado?
A Alma Lourdes no la mató el “machismo” o el “patriarcado”, la mató un viejito depravado que fue denunciado horas antes, pero la autoridad municipal decidió ignorar la evidencia y el grito desesperado de la potencial víctima.
Javier Lamarque tuvo conocimiento de lo que ocurría y no actúo para prever el funesto desenlace. Su ineptitud, como la de Santos González en el incendio del bar, resultó criminal.
Es la otra impunidad de la que no se habla. Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
