Categoría: Editorial

EL ZANCUDO Por: Arturo Soto Munguía
El primero de mayo de 2002, durante el desfile conmemorativo de la gesta obrera de 1886 en Estados Unidos, la CTM en Hermosillo marchó en contingentes que desplegaron mantas de apoyo a quien entonces comenzaba a ‘sonar’ como precandidato del PRI al gobierno del estado, Eduardo Bours Castelo.

Allí comenzó de hecho la precampaña de quien fuera considerado el ‘candidato rebelde’ en el tricolor, toda vez que el ‘oficial’ era Alfonso Molina Ruibal, en quien el gobernador Armando López Nogales tenía puestas sus esperanzas transexenales. No fue así: Bours Castelo le ganó la contienda interna concitando apoyos sociales y políticos variopintos, pero sin duda un apoyo que pesó fue el de la CTM.

Esa central obrera, que hasta la década de los 80 del siglo pasado constituía uno de los principales (si no es que el principal) venero de votos para el PRI comenzó a diluir sus simpatías después de la elección presidencial de 1988, cuando empezó a perder fuerza el hasta entonces implacable sistema corporativista del tricolor, con sus sectores y organizaciones.

Todavía en 1994, fue el propio Fidel Velázquez -quien años antes había declarado que el poder lo tomaron por las armas y no se los quitarían con votos-, fue el encargado de validar el destape de Ernesto Zedillo, en aquel famoso encuentro tantas veces citado en el que, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el entonces gobernador de Sonora presenta un video (en VHS) donde aparece el malogrado candidato refiriéndose elogiosamente a su coordinador de campaña, Zedillo Ponce de León.

El presidente Salinas refiere que el doctor Zedillo tiene capacidades para entrar al relevo, y el vetusto líder obrero rubrica: “nos leyó el pensamiento, señor presidente”.

Pero los tiempos de gloria de la CTM ya iniciaban su declive. Seis años más tarde, el PRI dejaba el poder de la presidencia y no por las armas, sino por los votos.

En Sonora, todavía fue clave para el triunfo de Eduardo Bours, apretadísimo por cierto. Menos de un punto porcentual de diferencia respecto al candidato panista Ramón Corral Ávila.

Seis años después, el PAN ganó la gubernatura y no son pocos los panistas que aseguran que en ese triunfo, los cetemistas ‘jalaron con ellos’. No es remoto. El corporativismo del PRI ya para ese entonces mostraba su desgaste. A la CTM no le fue mal con Guillermo Padrés, con quien mantuvieron una relación de colaboración y más que eso. Durante su gobierno fue construido el gran edificio que hoy alberga la sede de esa central obrera en la zona del Vado del Río, en Hermosillo.

Con el gobierno de Claudia Pavlovich la CTM mantuvo un constante estira y afloja. Si bien no hubo ruptura, sí varios desencuentros y no pocas relaciones tirantes, pero es un hecho que la CTM está hoy muy lejos de la incondicionalidad al tricolor, aunque sigue reclamando para sí las respectivas cuotas a la hora de las candidaturas, posiciones plurinominales y de gobierno.

Ayer, la CTM abrió de par en par las puertas de su sede al gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño y su dirigente estatal, Javier Villarreal Gámez lo recibió con algo más que cordialidad institucional. Si todavía viviera ‘El Mena’, diría que “se le tiró como El Santo” (desde la tercera cuerda).

“Seré un aliado incondicional en la lucha por mejorar las condiciones para las y los trabajadores; los necesito en mi proyecto”, dijo Alfonso Durazo en el Congreso Estatal Extraordinario de la central obrera priista.

“La verdad es que para nosotros este día es muy importante, es el principio de una relación que estoy seguro va a ser muy fructífera para el Estado de Sonora, para los trabajadores, para el desarrollo inteligente de las empresas con una filosofía de ganar-ganar, en ese sentido habremos de hacer un gran equipo con el gobernador amigo, Alfonso Durazo”, dijo por su parte Javier Villarreal.

Presentes allí el dirigente nacional del STIRT, Ricardo Acedo Samaniego y el líder moral de la CTM en Sonora, Francisco Bojórquez Mungaray, así como la diputada local Rosa Isela Martínez y Fernando Salgado, el representante del dirigente nacional cetemista, Carlos Aceves del Olmo.

Civilidad política, le llaman.

II

Pisó callos bien duro la entrevista que publicamos ayer con Humberto Souza, aspirante a la dirigencia estatal del PAN, en la que reveló varias cosas y sostuvo que la única manera de reposicionar a su partido es refrescando los liderazgos con militantes históricamente desestimados y con hombres y mujeres de la sociedad civil.

Lo único que no puede seguir es la ‘onda grupera’, dijo, aludiendo a la formación de corrientes al interior del partido, que desde hace tiempo se disputan los liderazgos más como una oportunidad para el reparto de posiciones a partir de sus afinidades y no como un proyecto de inclusión que considere las naturales diferencias pero que privilegie los consensos sobre lo fundamental.

En el papel, suena interesante la idea de limar las diferencias facciosas que suelen aparecer no solo en el PAN, sino en todos los partidos políticos, pero en la práctica, en la realidad-real, luce como una tarea bastante complicada.

Y eso quedó de manifiesto ayer mismo, cuando de inmediato y por alusión, saltó en Twitter el ex secretario de gobierno de Guillermo Padrés, el impresentable Roberto Romero López para negar que haya sido él quien invitara a Souza a integrarse a una subsecretaría, lo cual por cierto nunca dijo el entrevistado, pero así lo interpretó Romero López.

El ex funcionario padrecista que acumuló más y mejor fama de bandido en ese sexenio, hizo otros cuestionamientos al entrevistado, y en ellos ‘arrobó’ a otros personajes de la primera línea del padrecismo, con lo que confirma la presencia de tal corriente como grupo político dentro del partido, que sin duda reclamará posiciones y definirá su apoyo a algún candidato o candidata a la dirigencia estatal.

En algún sentido, Souza tendría que sentirse bien. Si tiene la animadversión de Roberto Romero y sus secuaces, tendría que considerarlo una prenda de honor. Pero de que está lejos de desaparecer la ‘onda grupera’ en el PAN, está lejos.

Por mi parte debo aclarar una errata. En la entrevista escribí que Souza estuvo en la campaña que perdió Kiko Munro por la alcaldía de Puerto Peñasco en 2012. Eso nunca ocurrió. Sí estuvo en las de 2015 y 2018, ambas ganadoras.

III

Felicitación grande para la directora General de Radio Sonora, la colega y amiga María Elena Verduzco Chaires, que casi para despedirse del cargo cierra fuerte celebrando dos nuevas concesiones para la radiodifusora del estado.

Tras la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Instituto Federal de Telecomunicación (IFETEL) otorga a Radio Sonora dos nuevas concesiones, lo que permitirá ampliar la transmisión radiofónica en 7 municipios y 2 comunidades serranas.

Con esto, Radio Sonora alcanzará una cobertura prácticamente del 100 por ciento del territorio estatal al autorizarse estas concesiones para las cabeceras municipales de San Javier y Bacerac, alcanzando los municipios de Huachinera, Bavispe, La Colorada y Soyopa y sus respectivas comunidades.

El tema es importante porque desde el inicio de esta administración estatal se comenzó a trabajar en la ampliación de la cobertura de la señal, que ahora llega a las zonas más recónditas de la geografía sonorense. Bien ahí.

Se acabó la onda grupera en el PAN: Humberto Souza.

Siguiendo con la serie de entrevistas a quienes aspiran a dirigir a los partidos de oposición que tienen enfrente sus procesos de renovación de mandos estatales, ayer conversamos con Humberto Souza Chávez, que hasta este lunes se desempeñaba como secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN.

Nacido en Hermosillo, comenzó a militar desde temprana edad en el blanquiazul y se forjó en la doctrina y los principios de ese partido abrevando de los viejos de la tribu, más específicamente en la familia de los Limón, fundadores del partido en aquellos tiempos cuando militar en la oposición era una toma de distancia clara y contundente con el PRI que aparecía prácticamente como el detentador exclusivo del ejercicio de gobierno, por las buenas o por las malas.

Admite que con el correr de los años y el arribo del PAN a más posiciones de gobierno y legislativas, hubo también personajes que fueron diluyendo esas fronteras y terminaron asemejando mucho las prácticas que a la postre, fueron mermando la autoridad moral y política de la institución; provocando renuncias y desprendimientos de militantes y el alejamiento de la sociedad que antes nutría con sus votos las urnas que la llevaron a escalar política y electoralmente hasta alcanzar gubernaturas y la presidencia de la República.

Pero en el camino aparecieron también las tentaciones y las ambiciones propias del poder; hubo personajes que se olvidaron de la historia y los principios del partido, liderazgos que se corrompieron y tomaron forma algunas corrientes que terminaron viendo para sí mismas y no para la sociedad a la que se debían. Apareció pues, lo que algunos han dado en llamar ‘La onda grupera’.

Eso se tiene que terminar, asegura, porque quizás haya resultado muy redituable para algunos, pero no para la institución que fue la que terminó pagando los errores, y esa es precisamente una de las tareas que ocuparía su agenda en caso de llegar a la dirigencia estatal: volver al trabajo de tierra, a tocar puertas casa por casa, a convencer a quienes se han ido de que la institución rebasa la naturaleza de los hombres; levantar las banderas de la sociedad civil.

Es fácil decirlo, pero no es tan sencillo llevarlo a cabo. Sin embargo, en la elección 2021 avanzamos un poco en ese camino, sobre todo en aquellos municipios y distritos donde se privilegiaron perfiles emanados de la sociedad, que si bien no consiguieron el triunfo sí conectaron con la ciudadanía y ayudaron a incrementar la votación en un contexto particularmente difícil, como en Caborca y en Guaymas, por citar algunos.

Recordemos que Morena, independientemente de quién fuera su candidato a la gubernatura tenía por lo menos el 33 por ciento de las preferencias electorales. Incluso si Célida López hubiera sido su candidata, Morena estaba arriba en las preferencias. Esa fue una de las razones por las cuales finalmente se decidió concretar la candidatura común en torno a Ernesto Gándara; si el PRI y el PAN hubieran ido solos no tenían ninguna posibilidad de haber alcanzado las posiciones con las que hoy cuentan, pocas, ciertamente, pero de otro modo ni siquiera podían aspirar a ello, sostiene.

¿Etiquetas? Pues sí, es muy común que te las pongan, dice. Y cita su propio caso para quienes lo ven como parte del grupo del actual dirigente estatal. En realidad, asegura, yo había trabajado más en labores de capacitación y formación de militantes y simpatizantes, pero estuve ayudando en la primera campaña de Kiko Munro por la alcaldía en 2012, cuando perdió; también trabajé con él en la campaña de 2015 cuando ganó y me integró a su equipo; luego trabajamos en la reelección, que también ganamos.

Con Ernesto Munro me integré como subsecretario de Seguridad, después de rechazar una oferta para la subsecretaría de Gobierno, pero imagínate trabajar al lado de Roberto Romero, dice sonriendo.

Sin embargo no me considero parte de una corriente o grupo en particular; de hecho por eso renuncié a mi cargo en la dirigencia estatal y me he dedicado a recorrer los municipios, visitando a los verdaderos liderazgos locales panistas, que son los que finalmente importan, los que pueden apuntalar esta tarea de un PAN fortalecido, que recupere su mística pero al mismo tiempo que sea una opción real de gobierno.

Esa es la tarea, asegura: recuperar las bases del partido, alimentar nuevos liderazgos, vincularnos más con la sociedad civil y no seguir en la ‘onda grupera’. Definitivamente ese no es el camino, concluye.

II

Estamos a menos de un mes del relevo de mandos en el gobierno del estado y la cercanía de esa fecha acelera el pulso de muchos interesados en esta transición, no pocos alimentando la idea de la ruptura, la venganza o el ajuste de cuentas sobre agravios reales o imaginarios.

No es casual que, ante las declaraciones del gobernador electo, Alfonso Durazo en el sentido de que una vez rindiendo protesta llevará a cabo auditorías a la administración saliente, varios las interpreten como un adelanto de persecución.

Sin embargo, en esa misma conferencia donde anunció las auditorías, Durazo Montaño puntualizó que hasta el momento su equipo de entrega recepción no ha encontrado irregularidades y la entrega de información se ha dado en los cauces de normalidad y sin contratiempos.

Las auditorías no son excepcionales en esta etapa de la transición, sino que forman parte de todos los procesos de entrega recepción y de hecho, las administraciones entrantes están obligadas a ello, como bien dijo el gobernador electo, para dotar de total transparencia dicho proceso.

Hay varias señales que ha enviado Durazo Montaño que hacen anticipar un relevo de mando tranquilo: sus encuentros con la gobernadora Claudia Pavlovich signados por la cordialidad; su reciente reunión con los diputados locales del PRI, también en un marco de civilidad.

Incluso este martes, Alfonso Durazo estará presente como invitado especial en el Congreso Estatal Extraordinario de la CTM, algo que habla muy bien del respeto y la inclusión que nutren su visión sobre el gobierno que encabezará a partir del próximo 13 de septiembre.

No creemos que el gobernador electo vaya a dejar en la impunidad cualquier caso de corrupción que encuentre, pero tampoco que vaya a ceder a las ansias desbordadas de quienes alimentan el revanchismo desde viejos agravios.

Por: Arturo Soto Munguía

Debo confesar que nunca he visto una ‘mañanera’ completa y también debo extender el bien ganado certificado de vocación por el martirio, profesión de fe, sacrificio involuntario u obligación contractual de quienes sí lo han hecho. Más aún de quienes lo han hecho muchas veces y, si alguien se las ha aventado todas, se merece por lo menos el bronce de su busto en el Zócalo capitalino.

No es que las mañaneras carezcan de contenido informativo, pero probablemente éste se reduzca a un diez por ciento del tiempo que se llevan cotidianamente y es de fácil consulta en otros medios, sobre todo en redes sociales que garantizan la instantaneidad del flujo informativo.

El punto es que el otro 90 por ciento es una suerte de performance extraño, a veces alucinante, un chisporroteo de frases hechas y rituales de culto con un tufillo a copal e incienso y no pocos orgasmos mal disimulados entre algunos de los presentes, ante la palabra del Señor, irrebatible por definición, replicable por obligación y absolutamente cierta de acuerdo al artículo Primero del dogma de fe que a la letra reza que en aquellos casos en que la palabra del presidente no corresponda a la realidad, la realidad pasa a chingarse porque los otros datos tienen el toque místico de la divinidad que todo lo explica aunque nada aclare.

Parece cómico, pero es un poco trágico. Ayer, por ejemplo, justo el día en que la periodista Azucena Uresti fue la destinataria de un mensaje difundido en redes sociales por el presunto jefe de un cártel del narcotráfico, rodeado de sicarios portando armas de alto poder, amenazándola de muerte, el presidente enviaba, divertido y despreocupado su propio mensaje a los dueños de medios de comunicación que forman filas en su lista de adversarios.

Casi con un chasquido de sus dedos, ordenó a su personal proyectar desde esa privilegiada tribuna que ocupa los principales espacios en medios de comunicación de todo tipo, un viejo video en el que aparecen Juan Gabriel y Rocío Dúrcal cantando su sonado éxito ‘Déjame vivir’.

Con una pícara sonrisa de satisfacción, el presidente acompañaba el pegajoso estribillo:

Para ti no tengo amor, no
No tengo amor ni tengo nada
Nada nada nada nada nada nada nada nada
Que no que no…

Si algún día nuestros descendientes en tercera o cuarta generación se encuentran este video, quizás batallen para explicarse por qué la concurrencia aplaudió al final del videoclip, pero ese es otro misterio de las mañaneras.

Horas más tarde se conocería la amenaza de que fue objeto la periodista Uresti y los defensores a ultranza del confeso fan del Divo de Juárez dirán que aún no sabía de tal amenaza, lo cual es cierto. Como también es cierto que sí sabe del número de periodistas que han caído asesinados por las balas del crimen organizado a lo largo y ancho del país, y que esa cifra supera la de sexenios anteriores.

Y a estas horas también sabe que el origen de esa amenaza se encuentra, presuntamente, en uno de los cárteles más violentos del mundo, el mismo que organizó un operativo de película para emboscar al jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, quien sobrevivió de milagro gracias al blindaje de la camioneta en que viajaba, por citar el caso en el que más cerca le han pasado las balas a la 4T.

Cierto que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas informó más tarde que se tomarán las medidas pertinentes (amo este sorprendente hallazgo declarativo) para proteger a la periodista amenazada. Sí, tan cierto como que desde diciembre de 2018 a la fecha y de acuerdo con datos de la mismísima secretaría de Gobernación, han sido asesinados 43 periodistas, siete de ell@s beneficiari@s del mecanismo de protección.

También han caído asesinadas 68 personas defensoras de los derechos humanos, dos de ellas inscritos en dicho mecanismo de protección.

Confieso que hace un par de años, creía que las mañaneras eran un modelo de comunicación que se iba a agotar rápidamente. Ayer, que vi a un par de camaradas conversando sobre el tema y coreando el estribillo de Juanga, divertidos, supe que esto va para largo.

Es lo que hay.

II

En días pasados conversamos con Cecilio Luna e Inan Lagarda sobre el tema que mantiene ocupada la atención de la sociedad entera: el regreso a clases presenciales, los retos y los riesgos que ello implica.

El primero es presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que ha llamado a mantener extrema cautela frente a esa medida; la segunda preside una organización que desde hace varias semanas salió a las calles para respaldar el llamado a volver a las aulas.

Ambos coinciden en que el regreso a clases presenciales es necesario, pero tiene diferentes diagnósticos sobre las condiciones en que se encuentran los planteles educativos y la capacidad para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Ambos admiten que sí existe una diferencia notable entre las escuelas del sector público y algunas del sector privado y eso tendría que ser tomado en cuenta no solo por las autoridades, sino por profesores, administrativos, alumnos y padres de familia.

Hace unos días me tocó ver los promocionales de una institución privada en los que informan sobre los preparativos para el regreso a las aulas: control de accesos, delimitación de espacios y reducción de aforos; modificación de horarios, material y equipo sanitario suficientes así como doctores disponibles y asesoría en línea; personal capacitado para mantener permanentemente sanitizados edificios, mobiliario y equipo, entre otras cosas.

¿Cuántas escuelas públicas se acercan siquiera a esas condiciones? Muy pocas, supongo. El reto en ese sector es inmenso y requerirá de la colaboración de todos los involucrados para reducir al máximo los riesgos de contagio.

Si bien las autoridades dejaron a los padres de familia la opción de mandar a sus hijos a las escuelas o mantenerlos en clases remotas, la disyuntiva es compleja: los niños y jóvenes necesitan socializar y las familias recuperar sus tiempos y espacios en la nueva normalidad, pero siempre aparecerá la sombra de la duda sobre los riesgos de exponerlos al virus.

La fecha para el regreso a clases presenciales es el próximo 30 de agosto: ¿usted ya tomó una decisión al respecto?

LA PRÓXIMA LEGISLATURA: DÍA DE CAMPO PARA ALFONSO DURAZO.
En un despacho anterior comentábamos cómo el próximo gobernador de Sonora tendrá prácticamente un día de campo al menos durante la primera mitad de su sexenio, en cuanto a su relación con el Congreso del Estado.

Que se recuerde, las últimas dos legislaturas con una mayoría de diputados provenientes de las mismas filas partidistas que el gobernador, fueron las que correspondieron al periodo de Manlio Fabio Beltrones; de allí en adelante, para sacar adelante sus iniciativas todos los gobernadores han tenido que hacer uso de sus capacidades de cabildeo, negociación política y, eventualmente, uno que otro cañonazo de esos que el General Álvaro Obregón tasó en 50 mil pesos, pero a los que, con los años, la mano invisible del mercado de votos ha tenido que agregarle varios ceros.

Alfonso Durazo no tendrá que lidiar con eso. La bancada de su partido está compuesta por 14 diputados que, sumados a siete más de sus aliados suman 21. Le faltaría solamente uno más para completar la mayoría calificada que se requiere para reformar la constitución.

Se entiende que para toda reforma constitucional se necesita también la aprobación del 50 por ciento más uno de los cabildos, pero teniendo el control de la chequera desde la secretaría de Hacienda estatal, eso no tendría por qué representar problema alguno.

Pero detengámonos un momento en un tema que ha sido poco abordado y para el cual se justifica la referencia a las legislaturas pasadas: el de los perfiles de diputados y diputadas plurinominales, quienes llegan a la cámara como posiciones de sus respectivos partidos.

Se entiende que en los años 70 la presión social obligó al gobierno del partido prácticamente único a abrir espacios en el Poder Legislativo a la oposición, señaladamente a la de izquierda que reclamaba espacios ya por la vía legal, ya por la vía armada, lo cual constituía un verdadero reto a la gobernabilidad.

La reforma política de entonces ayudó a despresurizar esa situación y comenzaron a llegar a las cámaras hombres y mujeres que representaban verdaderos liderazgos en sus sectores. Fogueados en la lucha y en el debate de las ideas, con una formación política consistente y con un bagaje cultural a veces admirable.

Incluso los y las plurinominales del partido gobernante solían ser abogados versados en el litigio y en el servicio público, cuando no en las dirigencias partidistas, sindicales, sociales. Eran, usualmente quienes llevaban la voz cantante en los debates legislativos.

Claro, esto no necesariamente era la regla y eventualmente se colaban personajes bastante folcklóricos, por no decir baquetones o improvisados, pero eso dependía fundamentalmente de la prelación confeccionada en las respectivas listas, desde las cúpulas partidistas.

De aquella primera legislatura del sexenio beltronista recordamos a don Jesús Larios Ibarra por el PAN y a Juvencio Torres Ávila, el primer diputado que tuvo el PRD. A ellos les tocaba debatir con políticos del PRI a quienes no se les puede regatear formación académica y experiencia política, auténticos tiranosaurios Rex como Jesús Enríquez Burgos, Enrique Fox Romero, Ricardo Ibarra, por citar a algunos.

Una legislatura antes, la oposición al PRI tuvo a Adalberto Rosas López, Quinardo Meléndrez e Hilario García Galindo (que no recuerdo si todos eran pluris) por el PAN, o a Cecilia Soto González, que si mal no recuerdo llegó por el PARM. Los ‘agarrones’ eran muy buenos con priistas como Roberto Sánchez Cerezo, Héctor Parra Enríquez, Roberto Díaz Gallardo y otros personajes del jurásico tricolor.

Aunque se dice que los tiempos han cambiado mucho, en lo esencial la confección de las listas de plurinominales se sigue rigiendo bajo criterios muy similares de afinidad con los grupos o corrientes que hegemonizan al interior de cada partido político. La formación académica, el desempeño profesional o la experiencia legislativa o en el servicio público a veces pasan hoy a un segundo plano.

Veamos quiénes ocuparán las curules por cada partido político en la próxima legislatura.

A Morena le corresponde una plurinominal y esta recayó en Margarita Vélez de la Rocha. Aunque no ha ocupado cargos públicos anteriormente (salvo el honorario como presidenta del DIF Cajeme en la actual administración de su esposo Sergio Pablo Mariscal), ella ha militado en la izquierda desde sus tiempos estudiantiles y viene de una familia que siempre ha participado en las luchas populares y sindicales. Su compromiso con el proyecto de Morena está fuera de toda duda.

Movimiento Ciudadano contará con dos pluris: Jorge Russo Salido, que ya tiene la experiencia como legislador federal, y Rosa Elena Trujillo, académica de la Universidad de Sonora que ya ocupó una regiduría en Hermosillo.

El PT tendrá una diputada de lista y ella es Diana Karina Barreras Samaniego. Ex regidora del PAN en el trienio del Maloro Acosta, fue el voto clave para la autorización de la polémica concesión del alumbrado público. Casó luego con Sergio Gutiérrez Luna, otro ex funcionario del gobierno de Guillermo Padrés que hoy ha escalado alto en Morena y sin duda su voz pesó a la hora de colocarla en el primer lugar de la lista.

De Beatriz Cota Ponce, la plurinominal del PANAL se conoce poco, salvo su militancia en el sindicalismo magisterial, ocupando algunos cargos en el SNTE.

El PES tendrá otra diputada plurinominal y es Paloma María Terán Villalobos. Sin mayor experiencia política directa, viene sin embargo de una familia que siempre ha estado en esa actividad. Es hija del matrimonio formado por Vicente Terán Uribe e Irma Villalobos, acaso la representación más clara del poder dinástico en Agua Prieta, donde a lo largo de los años se han alternado en la alcaldía, la diputación local y la federal, ya sea por el PRI o por otro partido. La hija Mayor, Irma, llegó al Congreso federal en 2018 por el PRI como plurinominal, pero renunció para incorporarse al PES, luego de casarse con el coordinador parlamentario de ese partido.

El PRD tendrá una diputada plurinominal en la persona de Alma Manuela Higuera Esquer, reconocida luchadora social en la región sur del estado.

Los que acumulan más experiencia son los del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins y Natalia Rivera Grijalva, y del PAN, Ernesto ‘Kiko’ Munro. Una segunda pluri del blanquiazul es María Sagrario Montaño Palomares, de quien tampoco se conoce mucho, salvo que es una posición de su esposo, el alcalde de Huatabampo, Ramón Díaz Nieblas.

Esos son los y las diputadas plurinominales de la próxima legislatura. Ya habrá tiempo de evaluar su desempeño.

Por: Arturo Soto Munguía

El ejercicio de consulta llevado a cabo el pasado domingo tiene, entre todos aquellos puntos oscuros que han sido severamente criticados, una parte rescatable: la intención de fomentar entre los ciudadanos la participación en la definición de políticas públicas sobre temas que son de su interés.

Cualquier intento por involucrar a la sociedad en las acciones de gobierno es plausible, en tanto ayuda a democratizar la toma de decisiones y en general, la vida pública del país.

Lamentablemente en México, los procesos electorales han configurado un extenso catálogo de trampas y marrullerías que no ha sido posible erradicar del todo, y prevalecen aún como inhibidores de la participación ciudadana voluntaria, libre e informada.

Ha costado mucho trabajo, tiempo y hasta vidas construir las instituciones electorales que arrojen niveles aceptables de certeza en la organización y los resultados de las elecciones, y sin embargo éstas siguen teniendo sombras de dudas y sospechas de todo tipo.

No hay punto de comparación entre aquellos procesos que todavía en los años 80 del siglo pasado eran una oda al pillaje más descarado, y las que hoy tenemos a partir de la construcción de organismos con cierto grado de autonomía y ciudadanización, pero es claro que falta mucho camino por recorrer.

La descalificación de esos organismos y la tentación de arrasar con ellos para reconstruir otros a su modo y manera, no abonan en ese camino, mucho menos si esa intentona viene del propio gobierno, interesado en regresar al patrimonialismo con que asumía en el pasado la integración y el funcionamiento de los órganos electorales.

Convertir una consulta pública en un ejercicio de validación de consignas partidistas fue quizás el principal motivo del fracaso de este primer intento, al que le voltearon la espalda el 90 por ciento de los electores.

La consulta pública es un mecanismo para la democratización del país, pero cuando el partido político en el gobierno se lo apropia, se convierte en lo contrario. Entre otras cosas, por eso la gente no acudió a las urnas.

Así, lo bueno de la consulta es la intención de involucrar a la sociedad en el debate público y ofrecerle el poder de incidir en las decisiones; lo malo, que al convertirse en una suerte de recuento interno de los simpatizantes de un partido político, dejó fuera al resto de la sociedad, que con su desprecio les hizo saber que están dispuestos a validar propuestas del gobierno, pero no todas.

Y lo feo, comprobar una vez más que entre algunos personeros del gobierno de la segunda alternancia en México quedan aún sedimentos del viejo régimen autoritario, normalizador de prácticas fraudulentas para validar, así sea rellenando urnas, un ejercicio que no despertó mayor interés que el de la propia militancia del partido oficial.

II

Y a propósito de la consulta, llamó la atención la foto que subió a su cuenta de tuiter el alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez participando de ese ejercicio.

Ejerció un voto crítico, digamos, pues aunque sostuvo que la ley no se consulta, también apuntó que para exigir hay que participar.

El gesto fue criticado por muchos cibernautas, pero otros lo interpretaron como una suerte de ‘bandera blanca’, un guiño hacia el gobierno federal y por qué no, hacia el gobernador electo, Alfonso Durazo con quien le esperan (al menos) tres años de gestión separados solo por el puente que conecta los palacios de gobierno, el estatal y el municipal.

Es, creo, una buena señal de parte del alcalde electo que anticipa así la voluntad de no apostarle a la confrontación sino al ejercicio de la política entendida ésta como la vía para alcanzar acuerdos, independientemente del origen partidista de los titulares del poder ejecutivo estatal y municipal.

Desde que Guatimoc Yberri entró en contradicciones con Manlio Fabio Beltrones en el trienio 1991-94, la historia de la relación entre los ocupantes de ambos palacios, aun siendo del mismo partido político está llena de episodios ríspidos en los que usualmente quien ha salido más raspado es quien ocupa la alcaldía.

Una alcaldía que por cierto, tiene fama de ser una trituradora de aspiraciones políticas, y si no solo hay que pasar revista sobre el destino que tuvieron los y las presidentes municipales de la capital de ese entonces a la fecha.

Por ahí desfilaron después de ‘El Guaty’, Gastón González Guerra, Jorge Valencia Juillerat, Pancho Búrquez, Dolores del Río, Ernesto Gándara, Javier Gándara, Alejandro López Caballero, Manuel Ignacio Acosta y Célida López Cárdenas.

Varios de ellos aspiraron -y algunos lo intentaron- pasarse al palacio de enseguida, pero se quedaron en el intento. No todos se pelearon con el gobernador (o gobernadora) en turno, pero a quienes lo hicieron les fue peor.

Toño Astiazarán no es un novato en estos menesteres: ya fue diputado local, federal y alcalde de Guaymas; ocupó diversos puestos públicos y ha desarrollado un retorcido colmillo político, que le permite hacer sus propias lecturas del momento que le ha tocado vivir.

No hay que sorprenderse entonces, si el guaymense envía esta clase de señales, sobre todo porque si en algún momento se vislumbraba una transición accidentada tanto en lo municipal como en lo estatal, las señales que se han enviado hasta ahora apuntan a procesos de entrega-recepción más bien tersos.

De hecho ayer se reunieron los alcaldes, el interino y el electo, para encabezar la reunión de la Comisión Mixta de Entrega-Recepción teniendo como tema central de ese encuentro el relativo a la seguridad pública.

Tanto Fermín González como Antonio Astiazarán estuvieron acompañados de sus principales colaboradores y el reporte indica que todo transcurrió en un clima de cordialidad.

Ya vendrán las explicaciones, justificaciones y reparto de culpas, pero de entrada, no hay manera de considerar un éxito la consulta de ayer: la abrumadora mayoría de los ciudadanos le dieron la espalda y decidieron no salir a las urnas.

Menos del 10 por ciento del padrón movilizado para el primer ejercicio de la llamada democracia plebiscitaria es suficiente para considerarlo un fracaso, pese a que la consigna era bastante atractiva: llevar a juicio a los ex presidentes, aunque en sentido estricto no se trataba de eso, sino de responder a una pregunta bastante laxa, por no decir confusa y al final, poco convincente, como se reflejó en las urnas.

Nadie esperaba, ni los propios promotores oficiosos de la consulta (además del INE como promotor oficial), una participación siquiera cercana a los 37 millones requeridos para que la misma tuviera un carácter vinculatorio, pero tampoco esperaban que se quedaran tan lejos. Hicieron falta 30 millones de votos para llegar a esa cifra.

Culpar al INE por la bajísima participación ciudadana es apenas un recurso para la auto exoneración en un proceso que no concitó mayor interés que el del llamado voto duro del lópezobradorismo, lo que debió encender focos rojos en su tablero porque no llegó a siete millones.

Culpar al ‘PRIAN’, a la derecha, a los conservadores o como quiera que se aluda desde Palacio Nacional a la oposición, es peor, porque sería otorgarle el reconocimiento como ‘oposición moralmente victoriosa’, ya que sus llamados a no participar en la consulta habrían sido más poderosos que los del partido del presidente y los del propio presidente, que por cierto no votó, ya que se encontraba de gira por Nayarit y no hubo casillas especiales para esta consulta.

Planteado como un ejercicio de democracia participativa, la consulta se redujo a prácticamente un evento interno del partido en el gobierno que movilizó a su militancia, a simpatizantes y a una muy reducida parte de los beneficiarios de programas sociales.

En el caso de Sonora, por ejemplo, de una lista nominal de dos millones 196 mil 722 electores, votaron solo 27 mil 362. Apenas el 1.2 por ciento. ¿Dónde quedaron los más de 400 mil votantes que hace dos meses salieron a votar por Morena, principal promotor de la consulta? Misterio.

Estamos claros que el interés de una elección constitucional es distinta a la de una consulta popular, pero aun así la diferencia es abismal.

Por otro lado, el hecho de que prácticamente el 100 por ciento de los participantes votaran por el ‘sí’ era previsible, pues la consulta estaba diseñada para eso, con todo y el barroquismo de la redacción en la pregunta, pero tal cosa se vuelve irrelevante frente al monumental desprecio que recibió la consulta.

Quejarse por la falta de difusión es también el auto reconocimiento de que esta vez Morena, sus dirigentes, funcionarios públicos; sus simpatizantes entre los que se cuentan artistas, creadores, intelectuales, académicos y diversos liderazgos fracasaron como promotores del voto.

Durante más de un mes, incluso antes de los tiempos oficiales para la difusión de la consulta y durante el mismo día del ejercicio, ocuparon sus espacios en redes sociales, medios tradicionales y cualquier otra forma de propaganda para convocar a los ciudadanos a expresarse. Pero no tuvieron eco. O al menos, no el que hubieran deseado.

A media mañana, quien esto escribe recorrió cuatro centros de votación en el norte de la ciudad. Estaban desolados. En las urnas, las boletas no llegaban a diez y en algunos casos no contenían una sola. Llamó la atención que quienes concurrieron a votar, en su mayoría fueron personas de la tercera edad, beneficiarios de los apoyos a adultos mayores.

Pero ¿dónde quedó el resto de beneficiarios de otros programas, como el de Jóvenes construyendo el futuro (mejor conocidos como ‘ninis’), mujeres y demás?

Pues en sus casas. Simplemente no les sedujo la idea de ir a votar y eso es una mala señal para Morena y sus gobiernos.

También puede decirse, no sin razón, que es una mala señal para la democracia y la participación ciudadana, pues más del 90 por ciento de los electores empadronados despreciaron la consulta, por las razones que la democrática lectora, el vacacionista lector guste y mande.

¡Más del 90 por ciento!
Incluso descontando a la mitad del padrón que usualmente no acude a las urnas, y a los que omitieron hacerlo esta vez como un posicionamiento político en contra de lo que consideraron una farsa, una capricho presidencial, una pérdida de tiempo, una payasada o cualquier otro argumento de los que nos hemos enterado en estos días, queda un universo bastante considerable de votantes que se supone acudirían a respaldar la iniciativa presidencial y no lo hicieron.

La referencia son los 16 millones que en junio pasado votaron por Morena, pero ayer nueve de millones de ellos despreciaron la consulta.

Esto no será del agrado del jefe de la Nación y líder nato del partido en el gobierno, sobre todo porque de alguna manera este ejercicio era una especie de revisión de sus clientelas electorales y una medición de su convocatoria rumbo a lo que viene el año entrante: el referéndum para la revocación de mandato.

El abstencionismo superior al 90 por ciento registrado en esta consulta es, sin duda, un misil directo al presidencial ego, que seguramente desatará reacciones. Eso lo veremos a partir de hoy lunes, cuando previsiblemente, el señor presidente no amanezca con el mejor humor.

Por último: para que la consulta fuera vinculante, se requerían unos 37 millones de votos, cifra que ni el presidente mismo esperaba alcanzar. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales mucha gente despreció el ejercicio.

Más allá del lugar común de que ‘la ley no se consulta’, el abstencionismo de ayer tuvo que ver con la negativa a validar un ejercicio que, aunque parezca un contrasentido a su presunto objetivo (enjuiciar a los corruptos del pasado) en realidad aparecía como la oportunidad para que el presidente tomara distancia de esa tarea y se lavara las manos amparado en su máxima de que ‘el pueblo manda’. Y como el pueblo despreció la consulta, pues ya no habrá tal enjuiciamiento. De hecho, López Obrador había adelantado que votaría por el ‘NO’ al juicio contra sus antecesores.

Genial ¿no?