Por Víctor Fausto Silva D.
Está visto y comprobado que en este país, la aplicación de la ley es a conveniencia de quien tiene el garrote por el mango, y el uso (y abuso) de la fuerza pública ni se diga.
Los levantiscos yaquis –quizá porque gozan del paternalísimo título de “hermanos”- bloquean la carretera internacional y extorsionan a los automovilistas cada vez que les pega la gana y necesitan “una feria”, sin que autoridad alguna les ponga freno.
Es que, ¡pobrecitos!, ante el nefasto olvido de los gobiernos, no les queda de otra para reivindicar sus derechos sagrados, así se pasen por el arco del triunfo los derechos ajenos, ya no al libre tránsito, sino incluso a la vida, porque usted recordará que meses atrás hasta un plomazo le metieron al chofer de un tráiler que no se quiso “mochar”.
De ese pelo el asalto en despoblado que los señores ejecutan desde hace años.
La otra cara de la moneda se ha visto con la reacción de las autoridades hacia las protestas de quienes integran el llamado Movimiento por el libre tránsito en Sonora, que amparados en un derecho ciertamente constitucional, han tomado casetas de cobro de manera intermitente, reclamando al gobierno el incumplimiento de acuerdos tendientes –por lo menos- a exentar de pago a los residentes locales.
La más reciente de sus manifestaciones se dio el pasado primero de julio, con la toma de las casetas de peaje de Fundición, Esperanza y La Jaula, pero a diferencia de lo que sucede con los yaquis, pa´pronto les cayó “manotas” para ejecutar el desalojo mediante un mega operativo policiaco.
Quienes lo atestiguaron y quienes lo difundieron por fotos y videos, coinciden en que aquello parecía un despliegue como el imaginable para capturar a Rafael Caro Quintero o a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán.
Y pasó lo mismo que con la carrera del Moro de Cumpas, porque vino gente de´onde quiera: lo mismo policías municipales que estatales y de la afamada Guardia Nacional, que llegaron armados con equipo antimotines y hasta apostaron en la caseta de Fundición ¡una tanqueta!
Un bochinche por todo lo alto, pues, con ribetes de estrategia y fuerza militar como para convencer a cualquiera de que en Sonora impera el estado de derecho, y como para disuadir al malandro más pintado de que vale más hacerle caso a su mamá, porque de lo contrario irá a chirona sin tentar baranda.
Por supuesto, un mega operativo de tal envergadura tenía que arrojar resultados acordes con el objetivo trazado, de tal manera que los diligentes genízaros rindieron en su parte de novedades que pusieron en fuga a ¡10 mujeres!, seguramente de alta peligrosidad y negrísimos antecedentes en el bajo mundo del hampa, mínimo equivalentes a los de Camelia la Tejana.
Ya fuera de la chunga que involuntariamente generan los serios y sesudos autores de dichas estrategias, el que debería revisar el saldo final de un operativo tan apantallante como de famélicos resultados es el gobernador Alfonso Durazo, porque líderes del movimiento, como Alba Luz Borbón, le cargaron ipso facto la etiqueta de represor, y a las corporaciones participantes, de trabajar “para un gobierno corrupto y narco”.
A grito pelado, la señora Borbón encaró a los celosos guardianes del orden, reprochándoles que se ensañen contra quienes encabezan luchas justas, en vez de buscar a sus tres compañeros policías “levantados” en Pueblo Yaqui, Cajeme, “un municipio de guerra”.
Pues sí: si Durazo quería demostrar que aquí nadie está por encima de la ley, bienvenida su postura institucional…y siempre y cuando se demuestre en los hechos que el rasero será igual para todos.
Porque si mañana o pasado regresan los yaquis con sus bloqueos de forajidos y terminan recibiendo apapachos y preferencias de “hermanos”, en vez de la estricta aplicación de la ley, todo habrá quedado en una inútil y ridícula faramalla.
Tampoco deja de tener razón un amigo que comentó sobre lo aparatoso del operativo:
“Cuando tantos municipios están ardiendo por la violencia desatada en Sonora, lo que menos se necesita son montajes espectaculares como éstos. Se requiere inteligencia, eficiencia y eficacia a la hora de combatir la inseguridad, pero mediante tiros de precisión, no como el Borras tirando golpes a ver cuál atinan”.
“Si además se trata de exhibir la fuerza del Estado para erradicar o por lo menos inhibir a los criminales, ¿por qué no los mandan a Caborca, por ejemplo, pero cuando están las balaceras, no cuando ya pasaron y nada más llegan a contar muertos y casquillos y a poner la famosa cinta amarilla?”
Pues sí. No le falta razón a nuestro lector, con un añadido: ¿acaso no garantizó el presidente López Obrador que nunca se reprimirían con la fuerza pública manifestaciones como ésta? Ahí hubo fuerzas federales, que tampoco se mandan solas…
(Volviendo al primer tema y conociendo a los yaquis, seguramente no tardarán mucho en poner a prueba al Gobernador con otra serie de atracos y tropelías. Entonces veremos cuánto hay de cierto en que la ley se aplica pareja, o si se trata de pura faramalla. Se cazan apuestas).
