Categoría: Editorial

Por Arturo Soto Munguía

Ayer hablábamos del impredecible impacto político de la tragedia de Ciudad Juárez en la que murieron 39 migrantes encerrados bajo llave en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración.

Los primeros daños los resintieron dos secretarios de Estado que a su vez son aspirantes a la candidatura presidencial por Morena: Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores y Adán Augusto López, de Gobernación.

Como suele suceder en toda tragedia que involucra al poder público, la de Ciudad Juárez está alcanzando con sus llamas a varias instituciones, empresas y personajes.

La revelación de Adán Augusto en el sentido de que si bien el INAMI depende de la secretaría de Gobernación, es la cancillería, o sea Marcelo Ebrard el responsable del tema migratorio, por un acuerdo tomado entre ellos; acuerdo que por cierto negó conocer la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que además exigió una investigación a fondo y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de la tragedia.

Esto no es un juego del ‘teléfono descompuesto’. Dibuja con meridiana claridad la ligereza y ambigüedad con que a veces se ejerce el gobierno, ese que de acuerdo al presidente de la República, “no tiene ciencia”.

Marcelo, con un poco más de oficio político, esquivó el dardo envenenado y se guardó sus opiniones sobre los dichos de Adán Augusto para posterior ocasión aduciendo respeto al dolor de las familias de las víctimas.

Cuando a Claudia Sheinbaum se le complicó la vida con la crisis del metro capitalino, no solo con el derrumbe en la Línea 12 que dejó 29 muertos, sino también con la Línea 3 donde un choque de trenes dejó a una joven universitaria muerta y varios heridos, el presidente se echó a la jefa de gobierno en sus hombros (la metáfora no es mía, sino de Gerardo Fernández Noroña) y la sacó del atolladero frente al alud de críticas que se dejaron sentir en todos los medios.

Hoy los que están en problemas son Marcelo y Adán Augusto, pero el presidente ya salió a decir que en esto, “todos estamos juntos”.

II

Pedir que la tragedia ‘no se politice’ es un mal chiste. Si en ella están involucrados funcionarios públicos y aspirantes presidenciales, obviamente que el abordaje del asunto tiene necesariamente connotaciones políticas, como en su momento lo han tenido otras, como la Guardería ABC, Pasta de Conchos, Acteal, San Fernando, Ayotzninapa, Aguas Blancas, por citar algunas en las que muchos personajes que entonces militaban en la oposición levantaron la consigna #FueElEstado como bandera política. El incendio en Ciudad Juárez los tomó ahora en posición de gobierno y los coloca ante la oportunidad de probar que “no son iguales”.

Por lo pronto la secretaria de seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez confirmó ayer que hay ocho personas identificadas como presuntos responsables: cinco elementos de la agencia privada de seguridad contratada para trabajar en el centro de detenciones donde sucedió la tragedia; dos agentes del INAMI y uno estatal, sobre quienes en breve se girarán órdenes de aprehensión.

Nada se ha dicho sobre las responsabilidades de funcionarios de alto rango y, por el contrario, ante los escarceos acusatorios entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el presidente dijo: “estamos todos juntos”, lo que más o menos perfila el rumbo que tomarán las investigaciones, por cierto a cargo de la FGR que dirige Alejandro Gertz Manero, un personaje polémico, por decirlo de forma amable.

En un carril paralelo corre la campaña de control de daños políticos dictada desde la mañanera y que en muy resumidas cuentas se puede sintetizar así: la migración y sus problemas son la manzana podrida herencia del periodo neoliberal; los responsables en primera instancia fueron los migrantes que prendieron fuego a unos colchones, se aplicará la ley y no habrá impunidad porque no somos iguales y quienes intentan documentar las responsabilidades del Estado en la tragedia son zopilotes carroñeros, mercenarios del amarillismo, conservadores que perdieron sus privilegios y que frente a otras tragedias acaecidas en gobiernos anteriores, callaron como momias.

Esto desacredita de entrada, a todo aquel que ate cabos entre la austeridad republicana que ha castigado presupuestalmente al INAMI, los yerros, omisiones y abusos en el trato a los migrantes; las negociaciones opacas (por decir lo menos) con el gobierno de EEUU para atender (contener) el fenómeno migratorio y la tormenta perfecta que se forma en los estados fronterizos con el flujo imparable de migrantes hacia el norte, y el que llega a México con las deportaciones masivas desde EEUU.

Para atizar la hoguera del conflicto, surge la versión de que la empresa de seguridad a la cual pertenecen los cinco guardias involucrados en la conflagración y de quienes la propia secretaria de seguridad reconoció que incurrieron en delitos graves al no ser capaces de abrir una reja, pertenecen a una empresa propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera.

Una empresa que presta servicios al IMSS, CFE, Banco del Bienestar y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y a la que se le han otorgado 130 contratos que suman alrededor de 3 mil millones de pesos.

Este reportaje apareció en febrero pasado y lo publicó Latinus, así que ya sabemos qué va a pasar: el presidente va a decir que Carlos Loret es un instrumento de la derecha, un periodista mercenario que perdió privilegios y que primero debe explicar cómo se ha hecho de propiedades millonarias y por qué gana más que el propio presidente de México.

Y el presidente tendrá razón en sus aseveraciones y sus cuestionamientos, pero sería muy agradecible para la causa de la democracia, la transparencia y el buen nombre del proyecto de nación que encabeza, que desmintiera los datos de ese reportaje y no solo quemara en la hoguera donde deben arder los conservadores, al periodista. Que matara el mensaje, pues, no solamente al mensajero.

Insisto: la tragedia de Ciudad Juárez llega en un contexto muy distinto a la de Tlahuelilpan, donde murieron quemados 137 personas en un ducto de PEMEX y de la cual no se ha vuelto a saber nada, salvo que el memorial por las víctimas comenzó a construirse en 2020 y hasta hoy solo sigue ahí la primera piedra.

El incendio en Tlahuelilpan sucedió el 19 de enero de 2019, a 50 días de que el presidente rindiera protesta. El de Ciudad Juárez, el 28 de marzo de 2023, a unos 500 días de que concluya su mandato, y los escenarios no son iguales.

III

Va a estar bueno el juego de ‘vencidas’ que ocupará los mejores oficios de los estrategas jurídicos del gobierno del estado y de los partidos de oposición (PRI, PAN y MC) que han impugnado la reforma constitucional propuesta por el gobernador Alfonso Durazo y aprobada por el Congreso del Estado, para ‘empatar’ la elección presidencial con la de gobernador en el año 2030.

Tiempo hay, así que tampoco es para andar a las prisas.

Primero fue el tricolor, luego el blanquiazul y ayer el partido naranja presentó una acción de inconstitucionalidad contra lo que supone una iniciativa que “busca imponer gobernantes a modo, torcer la voluntad popular y nuestro sistema democrático para convertirlo en una autocracia”.

Dirigentes nacionales y estatales de MC acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer este recursos argumentando que la iniciativa viola principios fundamentales en materia electoral, trastoca la participación efectiva de las mujeres (por alternancia, los partidos deberían postular mujeres a la gubernatura en 2027, y a la luz de la reforma, su periodo sería por solo tres años); no se convocó a parlamento abierto, no incluye impacto presupuestario, entre otras.

Los dos principales soportes argumentales de la propuesta del gobernador son: que al volver concurrentes las elecciones (de presidente y gobernador) se ahorrarían recursos económicos de campaña y se incentivaría la participación ciudadana.

La pelota está en la cancha de la SCJN, veremos hasta dónde llega y cuál es el destino de este litigio.

Por Arturo Soto Munguía

No se habían cumplido ni 50 días de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador cuando sobrevino la primera tragedia de su mandato. El 18 de enero de 2019 estalló un ducto de gasolina en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo.

La sola mención de este suceso nos remite a aquellas imágenes que la televisión y las redes sociales difundieron profusamente: decenas de hombres, mujeres, niñas y niños corriendo envueltos en llamas entre alaridos de terror, frente a la impotencia de militares que no se atrevieron a evitar con tiempo las labores de huachicoleo que los lugareños llevaban a cabo en una toma clandestina.

El saldo fue de 137 muertos, 69 allí mismo convertidos en carne carbonizada y 68 más en los hospitales. 13 más resultaron con lesiones.

La tragedia tomó al presidente de la República con el bono democrático intacto, lo que facilitó el control de daños políticos: se indemnizó a las víctimas y familiares, se prometió erigir un memorial del que se colocó la primera piedra en 2020 pero que no se ha concluido. Se culpó, desde luego a las administraciones anteriores por haber permitido y auspiciado el huachicoleo y el tema pasó a diluirse en la memoria social.

Entre la noche del lunes y la madrugada de ayer martes, una nueva tragedia sacudió al país. En Ciudad Juárez recientemente estremecida por un sangriento motín en una cárcel estatal, el edificio federal del Instituto Nacional de Migración fue un muestrario de estampas que documentan la existencia del infierno.

39 migrantes murieron abrasados por las llamas de un incendio provocado, según la versión oficial, por los propios internos que se enteraron de su pronta deportación a sus países de origen: Guatemala y Venezuela, mayoritariamente.

Un video registrado por las cámaras del propio edificio federal registró al menos a dos guardias que, ya con el incendio en proceso, salieron del lugar dejando a los migrantes encerrados en las celdas donde encontraron la muerte más horrible.

Es temprano para los juicios concluyentes pero los elementos con que se cuenta hasta ahora indican que de principio a fin se violaron todos los protocolos, medidas de seguridad y prevención; la ausencia de capacitación y a reserva de confirmar, exceso de irresponsabilidad y negligencia.

Horas después del siniestro este columnista consultó con un compañero radicado en Ciudad Juárez y me dijo que desde hace 15 días aproximadamente la gente comenzó a detectar una mayor presencia de migrantes en las calles: pidiendo dinero o cualquier clase de ayuda y, en algunos casos, molestando, acosando y agrediendo a mujeres. El municipio presionó al INM que antier lunes 27 de marzo comenzó a hacer redadas, llevando a su edificio a más de 150 migrantes.

Cabe decir que no se trata de un albergue, sino de una oficina de procesamiento, donde hay muy poco personal. Saturaron el lugar, sobrevino el motín y las imágenes de la tragedia ya le dieron la vuelta al mundo.

Este evento no es fortuito y sí pudo prevenirse. El tema de la migración siempre ha sido complicado pero comenzó a tornarse crítico desde que EEUU amenazó al gobierno mexicano con gravar todas sus exportaciones si no contenían la ola migrante. Una ola migrante, huelga decir, que durante el peñismo, los morenistas alentaron como una forma de evidenciar la incapacidad del gobierno priista y en protesta por la contención policiaca de ese mismo gobierno.

Incluso ya en el gobierno de López Obrador, no fueron pocos los personajes de Morena que siguieron facilitando el paso de los migrantes hacia EEUU. Todavía se recuerda aquella recepción que le hizo Layda Sansores a una caravana de migrantes en la que hasta mariachi les llevó y bailó con ellos en las calles en una ruidosa fiesta popular.

Luego vino el manotazo de Trump, la ‘doblada’ de Marcelo Ebrard y el cerco en la frontera sur mexicana a cargo del Ejército y la Guardia Nacional, que a todas luces y por lo visto ha sido insuficiente: más de dos millones de migrantes han cruzado el territorio nacional desde entonces.

Eso ha generado problemas de todo tipo sobre todo en los estados fronterizos, agravados tras el acuerdo binacional en el que México aceptó convertirse de facto en ‘tercer país seguro’, que no es otra cosa que recibir y mantener a 30 mil migrantes deportados mensualmente de EEUU hasta que resuelvan su situación legal.

El INAMI, dependiente de la secretaría de Gobernación ha sido castigado presupuestalmente en los últimos años; el flujo de migrantes desde centro, Sudamérica y el Caribe no se ha contenido y las deportaciones desde EEUU van en aumento.

Todo esto prefiguraba la tormenta perfecta que desató su furia la madrugada del lunes, con consecuencias aún impredecibles.

Tanto el presidente como el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores han lamentado los hechos, externado condolencias y asumido compromisos de no repetición, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá.

Obviamente, el asunto ya tomó el carril de la política y la sucesión presidencial. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, titulares de la SRE y Gobernación respectivamente, son dos personajes incluidos en la lista de ‘corcholatas’ que aspiran a suceder a AMLO en la presidencia.

La tentación de capitalizar políticamente la tragedia no es diferente a la que alimentó virulentas campañas contra gobiernos panistas y priistas en los casos de la Guardería ABC y Ayotzinapa, por citar dos de los más dolorosos en la memoria social.

A diferencia de la tragedia en Tlahuelilpan con sus 137 muertos abrasados por las llamas, los migrantes muertos quemados en Ciudad Juárez, encerrados en celdas bajo llave se registran en condiciones completamente distintas, al estar legalmente bajo la responsabilidad del Estado mexicano, en instalaciones del gobierno federal y a cargo de funcionarios federales.

Políticamente, además, el momento es opuesto. Tlahuelilpan apareció en el arranque del sexenio más prometedor de la historia moderna; Ciudad Juárez aparece en la recta final de ese sexenio, ya sobre el quinto año de gobierno de López Obrador y con la sucesión presidencial atizando todas las discordias propias de un proceso de ese tipo.

Nunca es buen momento para las tragedias, pero siempre habrá un peor momento para las mismas y este parece ser uno de ellos.

II

Sigue de amor la llama en el expartidazo, que ayer anunció la renovación de cuatro comités municipales entre los que se encuentra Hermosillo, donde se registró para el cargo de presidente Luis Miguel Vargas uno de los dirigentes de aquel movimiento contra el cobro de tenencia vehicular conocido como ‘Los Malnacidos’. Le acompañaría en la secretaría General Blanca Colosio.

Pa’ pronto, brincaron en redes sociales sus detractores dentro del mismo PRI aduciendo que nadie quería ese cargo y que al señor Vargas lo habían obligado a renunciar al gobierno de la 4T, donde estaba trabajando.

El propio Vargas se comunicó a este espacio para explicar que cuando él levantó la mano para competir sabía que cuando menos otros dos aspirantes harían lo mismo, pero al final se avanzó en un proceso de unidad “que es lo que más le conviene al partido en estos momentos”.

Aclaró que efectivamente laboraba en el Centro Federal de Conciliación, dependencia de la secretaría del Trabajo, donde tenía un contrato temporal por seis meses, que su pago era por honorarios y su labor se desarrollaba fuera de esas oficinas fungiendo como una especie de notario público que solo daba fe de los actos relacionados con la relación obrero-patronal.

Por lo pronto ya están encaminados los procesos de renovación de comités en Bavispe, Pitiquito y San Luis Río Colorado y por lo que se ve, esos procesos y los que faltan no estarán exentos de intensidades grilleriles.

Por Arturo Soto Munguía

Todavía no llega el mes de los niños y en Sonora la agenda de estos últimos días ha estado llena de eventos que involucran programas en favor de ese grupo etario.

Primero la diputada Karina Zárate presentó una iniciativa de ley para crear la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, que aunque engloba a todas las edades, parte de un trabajo de muchos años por parte de la diputada en favor de los niños y niñas con discapacidad.

Luego se inauguró la Décima Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fungiendo como anfitriona la directora del Sistema DIF-Sonora, Lorenia Valles Sampedro.

Y ayer, el gobernador del estado, Alfonso Durazo firmó un importante convenio nada menos que con la Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que tiene presencia en más de 190 países articulando mecanismos de coordinación con gobiernos locales para librar a la niñez de la violencia, la pobreza, la enfermedad y la marginación.

El organismo internacional entregó una unidad móvil para atención médica y orientación de menores y mujeres migrantes en la frontera, en la que se brindarán servicios de medicina general, nutrición y psicología.

En ese acto se firmó otro convenio, este con las cámaras empresariales para promover las salas de lactancia en los centros de trabajo con el fin de mejorar el bienestar de las madres trabajadoras y desde luego, de sus hijos e hijas.

El gobernador por su parte subrayó el incremento del programa de becas para estudiantes desde primaria hasta la universidad, que pasó a 621 millones de pesos y se comprometió a crear un fondo de dos mil millones al término de su gestión.

La nota chusca corrió a cargo del secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante que al parecer trae el santo de espaldas y ya comienzan a apodarlo “El Gabrielón”, en obvia referencia a aquel incansable corcel de la zona rural oriente de Hermosillo al que corrían cada semana.

A Grageda le estalló en la cara el caso de corrupción en el Cecytes que derivó en la renuncia de la directora General, Gracia Anduro y el cese de seis funcionarios más. Luego se le vino encima el retraso en la entrega de uniformes escolares y eso le valió un par de regaños por parte del gobernador.

En las últimas semanas han dejado crecer el rumor de que el secretario de Educación está a punto de ‘tirar la toalla’ bajo el argumento de que en la academia, donde es una ‘chucha cuerera’ tiene una mejor retribución económica y menos ‘broncas’.

Pues bien, en el evento de ayer, supongo que a la gente de Eventos Especiales se le ocurrió la buena idea de decorar las mesas con unos bonitos perros de globoflexia, esa manualidad con la que se forman diversas figuras a partir de globos de hule.

Tocó la coincidencia que después de las presentaciones de rigor y hasta el emotivo discurso de una pequeña invitada que lució sus dotes oratorias, le tocó el turno al gobernador y, cuando más concentrado estaba este en su discurso ¡PUM! Se revienta uno de los globo-perritos provocando el sobresalto del mandatario. Y seguramente del personal de seguridad más cercano a la escena.

El gobernador voltea hacia el lugar donde se dio el pequeño ‘explotido’ (dijera un camarada) y ¡trágame tierra!, era el sitio que ocupaba Aarón Grageda. Entre sonriente y desconcertado, Alfonso Durazo solo alcanzó a ‘bromear’: “algo está pasando… espero que Aarón no esté jugando, je, je, je”, soltó, con los dientes apretados y esa sonrisa congelada que, supongo, debe enfriar más de una aspiración política entre sus colaboradores.

Ignoro si fue al secretario de Educación al que le tronó el globo-perro, pero de lo que no tengo duda es que a Aarón Grageda sí le tronó algo en esos segundos de tensión.

En fin, cosas que pasan y rompen la solemnidad de algunos eventos, aunque realmente fue solo un momento chusco que no alteró el buen desarrollo del acto.

Lo que es cierto es que los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas de la agenda pública de estas semanas, y todavía falta abril, cuando vienen los festejos por su día, incluyendo las celebraciones escolares y los eventos protocolarios en el Congreso y los ayuntamientos donde se nombran diputad@s y regidor@s infantiles en esa fecha, cuando también hay mucha actividad en la SEC.

II

Soy de la idea de que la esencia de la Universidad está en su nombre y es la universalidad. Es decir, la inclusión y la tolerancia como algunos principios básicos del respeto a todas las corrientes del pensamiento, ideologías y credos, aunque eventualmente eso no suceda y se presenten debates álgidos que pueden llegar hasta la violencia. Ha pasado.

Ejemplos hay a pasto, pero baste recordar el movimiento llamado #YoSoy132 nacido en una universidad privada, la Iberoamericana en CDMX a raíz de la visita del entonces candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto.

Los estudiantes le echaron montón, lo increparon y lo persiguieron hasta obligarlo a refugiarse en un baño. El gobierno, para descalificar la manifestación difundió que se trató de una pequeña protesta de 131 jóvenes. De allí nació el Yo Soy 132 como una forma de sumarse a lo que posteriormente se convertiría en una organización que tuvo un papel relevante en aquella coyuntura electoral de 2012.

Se trataba de estudiantes muy politizados, bien informados, atentos y activos ante el entorno político-electoral de aquellos días.

Viene a cuento la digresión porque el miércoles pasado circuló una fotografía de Guillermo Padrés conversando con estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, algo que generó reacciones de rechazo y un alud de críticas no solo hacia la maestra que llevó al exgobernador a platicar con sus alumnos. Alumnos de la maestra, se entiende, no de Padrés.

Críticas normales fuera de la Universidad, donde Padrés Elías dejó bastantes heridas abiertas en una sociedad civil que reprobó su gestión y se lo hizo saber en las urnas después de un prometedor periodo de alternancia que terminó convertido en una orgía de corrupción, abusos, enriquecimientos ilícitos y consolidación de una comalada de políticos a quienes algunos llegaron a conocer como “Las Cebras”, porque eran unos pinches asnos, pero bien rayados.

Con sus honrosas excepciones, apuntaría, en el tono en el que lo hace nuestro prócer nacional cada vez que arremete contra comunicadores, adversarios políticos, empresarios, feministas y cualquier sector que se resista a rendirle pleitesía.

Guillermo Padrés fue encarcelado por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal. Actualmente enfrenta en libertad condicional un proceso por lavado de dinero, después de pagar una fianza de 100 millones de pesos.

Hacer el recuento de trapacerías del exgobernador sería extender demasiado el espacio de esta columna, pero baste decir que salvo su equipo más cercano, beneficiarios por cierto de un sexenio en el que tiraron el piojo escandalosamente y a los que él mismo definió desde su primer año de gobierno como “Huichos Domínguez”, nadie más salió en su defensa.

Independientemente de su situación jurídica, el juicio de la sociedad sonorense está dado y se manifestó en las urnas en 2015: culpable.

Conviene detenerse en otro punto: el de la Universidad de Sonora, que solía ser un espacio hostil para los políticos, señaladamente los del PRI y el PAN y que hoy aparece más bien como un ambiente mayoritariamente despolitizado, amorfo y tibio. En otros tiempos, cualquier otro personaje con menores señalamientos sobre presuntos actos delincuenciales que Guillermo Padrés, no habría llegado ni a la plaza Emiliana de Zubeldía.

Y conste que por estos días la Unison debería registrar una efervescencia política notable, considerando que están por arrancar los procesos electorales para decidir sobre estudiantes y maestros que habrán de integrar los órganos de gobierno establecidos en la ley 169 recientemente aprobada.

Pero no es así. Hoy los estudiantes de Comunicación pueden recibir a Guillermo Padrés para que les hable de buenas prácticas gubernamentales, acaso con la misma curiosidad académica con la que los estudiantes de Medicina recibirían al “Mochaorejas” para que les impartiera una conferencia sobre el método quirúrgico de desprendimiento del pabellón auditivo y su revalorización en el mercado de los condicionamientos para la reintegración de familiares ausentes.

En fin…

Por Arturo Soto Munguía

Son tiempos raros estos de la relación bilateral con Estados Unidos. Un día hay abrazos y al siguiente cachetadas guajoloteras. Un día los republicanos abogan por la intervención armada para combatir al narco en México; al siguiente el enviado de la Casa Blanca para el Cambio Climático reconoce el liderazgo del presidente mexicano de quien dice, entiende que el futuro de ambas naciones está unido para siempre.

Un día el Departamento de Estado norteamericano fustiga la política de derechos humanos en México y genera el enojo de AMLO, que les responde con que su ‘departamentito’ hizo un informe que es un bodrio y que EEUU solo ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio.

Un día AMLO se lanza contra los republicanos intervencionistas, y al siguiente está asumiendo la defensa oficiosa del republicano Donald Trump frente a una eventual detención que según el presidente mexicano lo dejaría fuera de la contienda electoral, como quisieron hacerlo con él por la vía del desafuero.

Ken Salazar, el embajador estadunidense que se la lleva en Palacio Nacional y siempre ha mostrado una buena actitud con AMLO, ayer invitó a Manuel Bartlett a visitar EEUU, lo que revivió la vieja leyenda de que el político poblano tiene cuentas pendientes en aquel país y, sea cierto o no, el embajador le dio un escobazo al panal de los recuerdos sobre el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

Casi al mismo tiempo que el Departamento de Estado norteamericano daba a conocer un durísimo informe sobre derechos humanos en México, el subsecretario Brian Nichols recibía en Washington al archirrival del presidente mexicano, Lorenzo Córdova destacando la “reputación mundial” del INE.

En medio de la tormenta declarativa de norte a sur y de sur a norte, al que se le ha multiplicado la chamba es al canciller Marcelo Ebrard que, más que en funciones de apagafuegos, anda como Manolín y Shilinsky en aquella vieja cinta del Cine de Oro mexicano intitulada “Dos de la vida airada”.

¿Se acuerdan? En una de las escenas, ambos cómicos de carpa son contratados para subir un piano a un departamento en el que una pareja riñe y se reconcilia y cada vez que eso sucede ordenan a los cargadores que bajen el piano o que suban el piano. Así lo hacen una y otra vez hasta que el piano queda destrozado por tantas maniobras.

La película es muy divertida y el símil con el canciller no es del todo descabellado. Nomás con que la política exterior mexicana, o la candidatura de Marcelo no vayan a terminar como el piano de la película.

II

Procuradores y procuradoras de los derechos de las infancias se encuentran reunidos en Hermosillo desde ayer, para buscar la articulación de políticas en favor de niñas, niños y adolescentes que enfrentan la vulneración de sus garantías de modo diverso pero igualmente serio en las distintas regiones del país.

La Décima Conferencia Nacional de estos funcionarios estatales fue inaugurada ayer por el procurador federal Oliver Castañeda y el discurso de bienvenida corrió a cargo de la directora del DIF-Sonora, Lorenia Valles Sampedro quien a nombre de la presidenta honoraria de ese sistema, Rocío Chávez Murillo destacó que “El éxito de la política pública en favor de este grupo de atención prioritaria requiere la voluntad y el trabajo coordinado, profesional y eficaz de todas y todos; para ello la labor de las procuradurías es fundamental desde la perspectiva de derechos humanos, género, familia, interculturalidad y etaria (alusivo a las edades), que supere las visiones adultocentristas que aún permean socialmente”.

Al encuentro asisten titulares de las procuradurías especializadas en cada estado de la República y a lo largo de tres días se llevarán a cabo varias actividades entre ellas un par de conversatorios, sesiones plenarias, talleres sobre adopciones internacionales, mesas de trabajo y ponencias sobre infancias y adolescencias transgénero, restitución internacional de personas menores de edad, entre otras.

En Sonora, la procuraduría del ramo depende del DIF-Sonora y está a cargo de Jorge Axayácatl Yeomans, quien también tuvo una participación destacada en el evento de inauguración.

III

Bastante ruido mediático se ha generado en torno al caso del joven Nathan Karim, presunto responsable del atropellamiento de una familia, la madre y dos niños que fueron gravemente lesionados. El caso tomó resonancia porque los padres del joven, apelando a una excluyente de responsabilidad contenida en la ley, ayudaron al muchacho a escapar, se presume que a Estados Unidos.

También porque la madre del joven trabaja en la defensoría de oficio y el padre tiene un cargo jerárquico en una congregación religiosa importante.

Ante las presiones, la Fiscalía estatal reiteró ayer que desde el pasado 17 de marzo hizo la solicitud de ‘Ficha Roja’ a las autoridades estadunidenses y la alerta migratoria para la localización de Nathan Karim y dijo confiar en que la coordinación binacional rendirá frutos.

La Fiscalía, sin embargo parece tener dos varas para estos casos. En junio de 2021 sucedió un evento similar al norte de Hermosillo. El señor Daniel Favian Ramos Soto murió después de ser atropellado por el joven conductor de un Mustang conducido a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Lomas el 29 de junio de 2021, cuando el hoy occiso se encontraba ejercitándose; el joven perdió el control del vehículo en una curva que está sobre el bulevar Paseo Las Lomas, impactó a la víctima prensándolo además contra una barda.

Después de casi dos años, la Fiscalía aún no formula imputación ni se ha integrado con prontitud la carpeta de investigación.

El agente del Ministerio Público que conoce de este caso es Fernando Pérez Tadeo, asignado a la agencia de tránsito en la zona norte.

IV

Como se lo adelantamos ayer, Miguel Ángel Osorio Chong dejó de ser el coordinador de los senadores priistas después de una asonada que lleva la firma de Alejandro Moreno Cárdenas, que no gana elecciones pero tiene la manita pesada a la hora del control interno en ese partido.

Osorio Chong, quien salió antes de que concluyera el cónclave de senadores, que dejaba la coordinación del grupo parlamentario pero que no renunciaría al PRI y dará la batalla legal para su reinstalación. Su cargo lo ocupa ahora Manuel Añorve.

Con esta maniobra, acusó, lo que busca Alito Moreno es extender su mandato hasta 2024.

Con ello, Alito Moreno tendría ‘mano’ a la hora de ‘palomear’ candidaturas en 2024, cuando estarán en juego nueve gubernaturas, 300 diputaciones federales, 64 escaños en el senado más las respectivas plurinominales en ambas cámaras, amén de las legislaturas estatales.

Esto último no lo dijo Osorio pero es una deducción lógica.

Por Arturo Soto Munguía

Despojado del poder que detentó por 70 años consecutivos en el país, con una recuperación tan efímera como el sexenio de Peña Nieto, el viejo partido tricolor pasa por una de sus peores crisis no solo hacia afuera en términos de imagen y aceptación electoral, sino hacia dentro, donde sus liderazgos más notables han entrado en la ruta del choque.

Este miércoles por la tarde se llevará a cabo una reunión de senadores priistas que según trascendió anoche tiene como objetivo destituir a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación parlamentaria.

La asonada, atribuida al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas está acompañada de las senadoras Beatriz Paredes Rangel, Sylvana Beltrones Sánchez, Claudia Anaya, y sus compañeros de bancada Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora, Ángel García y Manuel Añorve; este último sería la propuesta para sustituir al hidalguense.

En círculos priistas corre la versión de que este movimiento tendría el propósito de acercar (más) a la bancada senatorial tricolor con el partido oficial, Morena, en el marco de las ‘concertacesiones’ que en la cámara de diputados permitieron al partido en el gobierno sacar adelante varias iniciativas, algunas importantes como la de extender la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028.

Se presume también un pacto para entregar (o al menos no meter ni las manos, como ha ocurrido en otras elecciones estatales) la gubernatura en el Estado de México, a cambio de la de Coahuila, donde se prevé una derrota de Morena producto de la división que provocó la candidatura del senador Armando Guadiana.

En un carril paralelo, otro de los liderazgos históricos del priismo en el ramo sindical, Ricardo Acedo Samaniego enfrenta un ríspido proceso en el que debe enfrentar denuncias por malversación de cuotas sindicales que podrían alcanzar un monto de 260 millones de pesos.

Sobre Acedo Samaniego, sempiterno dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Stirt) pesa una denuncia presentada por siete de los nueve integrantes del CEN de ese sindicato por varias anomalías que rayan en prácticas fraudulentas y de corrupción, como desvío de cuotas sindicales hacia cuentas personales, venta de plazas y entre otras cosas, una cuenta bancaria con recursos del sindicato desde la cual salieron recursos para pagar boletos de avión a Europa, cheques entregados a particulares, compra de membresías de lujo en destinos turísticos y propiedades inmobiliarias en Morelos, Puerto Vallarta y Hermosillo.

Detrás de esta otra asonada, aparece la mano de otro sonorense, Francisco Contreras Vergara, otrora aliado de Acedo Samaniego, con quien por alguna razón ha roto lanzas y se ha convertido en su principal crítico.

El destino del veterano dirigente sindical oriundo de Cananea es incierto.

II

En temas más amables, ayer fue presentada en el Congreso local una iniciativa que busca crear la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad para asegurar el pleno respeto a sus derechos humanos.

Esta iniciativa, de acuerdo con su autora, la diputada Karina Zárate, propone que esta Procuraduría forme parte del Sistema DIF-Sonora y fue previamente consensuada con la directora de esa institución, Lorenia Valles Sampedro, presente en la sesión de pleno.

Procuradurías de este tipo solo existen en los estados de Oaxaca y Nuevo León y se especializan en atender problemas de desigualdad, violación a la dignidad, discriminación social y laboral, entre otros que sufren las personas con discapacidad.

III

Y a propósito de Lorenia Valles, su nombre rondó por las cabezas de varios asistentes a la rueda de prensa del gobernador Alfonso Durazo, cuando este informó que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Hermosillo-Bahía Kino.

Y es que si la memoriosa lectora, el olvidadizo lector no nos dejan mentir, esa obra fue una bandera de campaña de la hoy directora del DIF-Sonora durante la contienda electoral del 2021 cuando ganó con amplio margen el distrito 3 federal, pero fue llamada por el gobernador para hacerse cargo que hoy ocupa.

Pues bien, ayer el gobernador anunció que la SCT ofrecía realizar el proyecto ejecutivo para esa obra, que estaría listo en junio próximo a un costo de 50 millones de pesos. Como la ley permite que un particular tome la iniciativa de presentar un proyecto de obra bajo la modalidad de ‘obra no solicitada’, pues resulta que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se adelantó y ya tiene listo el proyecto ejecutivo, con siete etapas que comprende desde el aeropuerto internacional hasta Kino Nuevo.

Eso no significa que vaya a realizarse, pues no hay dinero ni para el proyecto ejecutivo, menos para la obra, pero el presidente de CMIC Sonora, Jorge Aguirre expuso que los constructores organizados ya lo tienen listo y están dispuestos a elaborar un banco de proyectos ejecutivos, en el entendido de que eso no obliga al gobierno a contratarlos.

“Aquí no hay moches, entres, cuotas, nada; todo se hace con transparencia”, aseguró el gobernador, que aprovechó el tema para llamar al contralor Guillermo Noriega Esparza, quien informó que la directora del Cecytes, Gracia Anduro ya presentó su renuncia y fueron separados de sus cargos otros seis funcionarios de esa institución, debido al presunto fraude en la contratación de empresas para la elaboración de libros de texto.

Fue una conferencia de prensa con muchos temas, pero conviene resaltar la convocatoria para solicitudes de becas a las que pueden acceder estudiantes de universidades públicas y cuyos montos son de mil, mil 500 y dos mil pesos mensuales. La información para solicitar estos estímulos se encuentra en el sitio www.becasycredito.gob.mx

Pero de entrada se puede precisar que se cuenta con un fondo de 612 millones de pesos para otorgar 40 mil becas a igual número de estudiantes universitarios, lo cual es un salto importante considerando que de 2018 a 2020 se entregaron solo 400.

Ora revelación interesante es lo voluntarioso que está resultando el alcalde de Caborca, Abraham “El Cubano” Mier, a quien el gobernador recomendó sacar de la cartelera de las Fiestas del 6 de Abril al cantante de narcocorridos Luis R. Conriquez pero el munícipe decidió cancelar todos los eventos, en lo que algunos consideraron un berrinche por no haberlo dejado, primero, que le pusiera el nombre del cantante a un bulevar de La Perla del Desierto, y luego que el artista amenizara las fiestas con sus corridos bélicos y su apología de la violencia criminal.

Como si el horno estuviera para bollos, sobre todo en Caborca donde el pasado domingo se enfrascaron en un largo tiroteo dos grupos criminales dejando una estela de siete muertos, entre ellos dos civiles ajenos a la refriega.

Las autoridades informaron de la captura de varias personas presuntamente participantes de la balacera y el aseguramiento de armas, vehículos y ponchallantas, cargadores y cartuchos.