Categoría: Editorial

Por Arturo Soto Munguía

La semana pasada les comentábamos aquí la relevancia del encuentro que se llevará a cabo mañana en Puerto Peñasco, al que acudirán embajadores de países con los que México mantiene relaciones diplomáticos y de los cuales ya han confirmado su asistencia 67.

Este encuentro tiene una doble connotación, pues será el foro para que los visitantes extranjeros conozcan esa parte de la política energética de México relacionada con la ‘agenda verde’ en la que resulta clave la generación de energías limpias, tema en el que Sonora se ha puesto a la vanguardia nacional con proyectos que están siendo vistos con gran interés en todo el continente y más allá.

Proyectos como el de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, la licuefacción de gas natural en Guaymas y la explotación del litio son acaso los principales ejes de esta política

Por otro lado se convertirá en el mejor y más grande foro que se haya organizado en Sonora para uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, el canciller Marcelo Ebrard, a quien buena falta le hace en estos momentos recomponer su imagen en el concierto de las naciones después de las abolladuras que le pegó el exsecretario de Estado en la administración de Donald Trump al señalarlo como un político que se dobló ante las presiones del gobierno trumpista en el tema migratorio.

El gobernador Alfonso Durazo ha dado muestras de institucionalidad e imparcialidad en su trato ante las llamadas ‘corcholatas’ del presidente, prodigándoles atenciones especiales a todos. Vaya, hasta a Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal Ávila de quienes se dice tienen menos posibilidades, los acuerpó generosamente en sus periplos por Sonora. Ni qué decir de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Ahora tocará a Marcelo Ebrard aprovechar este foro, insisto, el mejor y más relevante por sus alcances internacionales, no ante un auditorio repleto de funcionarios estatales y militantes de Morena, sino ante el cuerpo diplomático en pleno, que podrá conocer lo que se está haciendo en Sonora a propósito de las energías limpias, un tema que sin duda está en la agenda de todos los países del mundo.

Obviamente un cacho del mérito se lo llevará también el gobernador al poner a Sonora ante los ojos del mundo en este tema. Un tema que, recordó ayer, el presidente López Obrador ya había esbozado desde la campaña presidencial de 2012, precisamente en un evento en Hermosillo.

II

Trascendió ayer por la tarde la captura de dos probables responsables de la desaparición forzada del médico cajemense Carlos Ríos. Finalmente se confirmaron las sospechas y una de las detenidas es la joven Mildred “N”, con la que el médico sostenía una relación.

El otro detenido es Mario “N” y ambos fueron capturados en Los Mochis, Sinaloa; su detención se logró gracias a la coordinación entre los integrantes de la Mesa de Seguridad del Mar de Cortés. Se presume que ambos presuntos están relacionados con células dedicadas al robo de automóviles.

El carro en el que viajaba el doctor, sin embargo, fue encontrado un día después de su desaparición, en estado de abandono. Y falta saber lo más importante: ¿qué pasó con el médico, que aún no aparece?

III

Si yo tengo los nombres de los cinco funcionarios del Cecytes que fueron cesados en lo que se investiga un caso de presunta corrupción relacionada con la adquisición de libros de texto, imagínense lo que tendrá sobre su escritorio el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, quien ayer adelantó que no habrá contemplaciones para sancionar a los presuntos implicados. E implicadas, porque hay mujeres en el caso, según me informan fuentes de esa institución.

Obviamente no vamos a revelar tales nombres, porque estaríamos violando el debido proceso, pero les puedo adelantar que la bala de las investigaciones pasa rozando a la directora general del sistema Cecytes, Gracia Alicia Anduro Grijalva, por ahí cerca de la jefatura de su oficina.

Las investigaciones también pasan por la dirección Administrativa, el departamento jurídico y el de adquisiciones. De comprobarse los hasta hoy presuntos delitos, el castigo tendrá que ser ejemplar, para inhibir las tentaciones en el resto del gabinete legal y el ampliado, aunque quizás no sea necesario pues se sabe que todos y todas, para llegar al cargo que ocupan hubieron de acreditar antes un diplomado de al menos un año en la Orden de Los Carmelitas Descalzos.

Pero mejor la vamos a dejar de ese tamaño. Solo precisar que si por la víspera se saca el día, están más fritos que un pollo del General Sanders a juzgar por la respuesta que dio ayer el gobernador dejando entrever que si por él fuera, con los elementos que tiene ya les habría podado de la nómina, pero es claro que también respeta el debido proceso y la presunción de inocencia. Cual debe.

La bola está en la cancha de la Contraloría de Guillermo Noriega y la Fiscalía Anticorrupción, de Rogelio López, quienes tendrán la grave responsabilidad de no dejar pasar un caso como este en el que se presumen falsificación de firmas, uso de una empresa fantasma y otras faltas administrativas graves y no graves.

Fue en la rueda de prensa de ayer cuando el gobernador abordó el tema a pregunta expresa, igual que aludió (también a pregunta expresa y lanzada ‘de bobita), a la denuncia que hicieron unos actores según la cual fueron víctimas de ‘cobro de piso’ cuando filmaban unas películas por rumbos del desierto sonorense, entre Puerto Peñasco y territorio seri.

Los hechos, si es que existieron (no se presentó denuncia alguna en la fiscalía estatal) se dieron en el año 2019, casi dos años antes de que iniciara su gestión

Se le mueve una patita a ‘Vamos’

La organización ‘Vamos’ que encabeza Norberto Barraza Almazán y que busca su registro como partido político estatal recibió ayer una bocanada de oxígeno por parte del Tribunal Estatal Electoral, al ordenar este la reposición de su asamblea constitutiva.

El IEE tendrá que determinar una fecha para que esa asamblea se lleve a cabo y continuar el proceso para lograr el registro. ‘Vamos’ ha denunciado persecución y hostigamiento de parte de alcaldes morenistas en San Luis Río Colorado, Nogales, Etchojoa y Cajeme para evitar que llevaran a cabo sus asambleas y eso derivó en que la autoridad electoral detuviera el proceso de registro.

La resolución del IEE fue impugnada en el TEE y con ello se garantiza que tal proceso continúe.

Por Arturo Soto Munguía

Como un balde de agua fría cayó entre las filas perredistas la renuncia de la única diputada con que contaban en el Congreso local, Alma Manuela Higuera Esquer, quien anunció ayer su incorporación a la bancada de Morena.

No se lo explican porque hasta entonces, la legisladora no había dado señales explícitas de su intención de migrar a Morena, si bien algunos de sus votos en el Congreso se habían sumado a los de esa bancada, como fue el caso del paquete presupuestal y la extensión hasta 2028 de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por contar dos de los más relevantes.

Apenas un día antes habían sostenido una reunión los integrantes de la dirigencia estatal y la diputada no les dijo nada.

Al filo de las dos de la tarde, Alma Higuera posteó en su cuenta de Twitter una carta en la que agradece las atenciones de sus amig@s perredistas y deja extendido su amor “a tantos compañeros y compañeras con los que caminé por más de 28 años”.

“A todas y todos les extiendo mi mano amiga; dejo abierta mi Alma para seguirles queriendo y seguirles considerando mis amigos y mis más estimad@s camaradas”, dice en su carta de renuncia.

Pero en el PRD no lo tomaron con tanta camaradería y más bien diríase que se encabronaron. Los más jóvenes reclamaban que el partido debería reclamar para sí esa curul, otorgándosela a su suplente, María Isabel Padilla Bacapicio, sin embargo eso no es posible. No hay una vía legal para proceder de esa manera.

El reclamo de los perredistas buscaba asideros en el hecho de que al ser electa por la vía plurinominal, los votos que la hicieron llegar al Congreso no fueron por su persona, sino por el partido, pero incluso así no hay manera de reclamar el asiento en el Congreso.

“Fue un acto de rudeza innecesaria, ¿para qué quiere una diputada más el gobierno del estado, si ya tiene sobradamente la mayoría calificada, con el voto de sus aliados?”, externó un fundador del PRD cuando se le preguntó sobre el tema.

Y con ello alude a los 16 diputados que hasta ayer integraban la bancada de Morena, incluyendo las recientes incorporaciones de Karina Zárate y Elly Sallard, que migraron desde el PRI (ahora la ex perredista son 17), más dos diputados del PES (Paloma María Terán y Kiko Munro, que renunció al PAN); dos del PVEM (Brenda Lizeth Córdova y Claudia Zulema Bours); tres del PT (Sebastián Orduño, Iram Leobardo Solís y Karina Barrera).

Morena y aliados conforman ahora un bloque de 26 de los 33 diputados y diputadas que integran la actual legislatura.

¿Cuál es la intención -se pregunta- de desaparecer la representación de otras fuerzas políticas? ¿En qué les incomodaba que el PRD tuviera una diputada, si ya cuentan con la mayoría calificada para aprobar, como lo han hecho cualquier iniciativa que mande el gobernador?

La única explicación, asegura, es un desplante de poder, un acto que confirme su posición de fuerza y demuestre el avasallamiento sobre el resto de los actores políticos.

-Bueno, pero a nadie le han puesto una pistola en la cabeza para que renuncie a su partido, le atajo.

-Pues no. Creo que aquí sí funcionaron los abrazos y no los balazos, responde, lacónicamente.

II

Habrá quien piense, al amparo del viejo apotegma de que en política no hay casualidades, que este movimiento que deja al PRD sin representación en el Congreso de Sonora se da un día después de que reapareció el exgobernador Manlio Fabio Beltrones, cabeza del grupo que según Alfonso Durazo gobernó el estado durante 30 años y lo hizo desde una práctica de saqueo.

Porque Beltrones reapareció precisamente en la asamblea plenaria de legisladores del PRD para hablar sobre la necesidad de reglamentar los gobiernos de coalición (a propósito de la alianza opositora) “para que el que gane no gane todo y el que pierda no pierda toda”.

Pero acá en Sonora al exgobernador y exdirigente nacional del PRI le dejaron a su partido sin representación en el Congreso local; le quitaron un diputado a uno de sus eventuales aliados (el PAN) y al otro eventual aliado, el PRD lo dejaron sin la única diputada que tenía.

Pero bueno, no creo que la respuesta le haya llegado tan rápido, ¿verdad?

III

Han pasado y siguen pasando tantas cosas en Guaymas, que nomás faltaba un conflicto poselectoral en el certamen para nombrar a la Reyna del Carnaval. Y en esas andan y al parecer se quieren ir a un recuento botox por botox, zapatilla por zapatilla.

Resulta que después de las pruebas de traje de coctel, fantasía y noche, además de la ronda de preguntas y respuestas sobre el carnaval, el jurado calificador decidió que la nueva soberana fue Sayani Karely Bizarro, del partido azul.

Como una especie de plurinominales, se asignó a Denisse Razo, del partido dorado, el reinado de los juegos florales. Jennifer Alondra Vega, del partido rojo quedó como princesa y Dania Guadalupe García, del partido rosa quedó como duquesa.

Pero rápidamente impugnaron la elección seguidoras de las candidatas que no se alzaron con el cetro de Reyna, y armaron un cañaveral de pasiones en las redes sociales, acusando al árbitro electoral de ser parciales y favorecer a la señorita Sayani Karely, lo cual obviamente no fue aceptado por las instancias oficiales, y mucho menos por las huestes de la ganadora.

Las impugnadoras sospechan que en el jurado se colaron Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, lo que no da certeza a la elección, mientras que los organizadores del certamen alegan que históricamente han prevalecido criterios de equidad, imparcialidad y máxima publicidad en el proceso, por lo que desecharon las impugnaciones.

A estas alturas no se sabe si el litigio va a seguir en la Sala Superior de Guadalajara o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia a la que no le tienen mucha fe porque dicen que allí ni licenciados son y compran los títulos en Santo Domingo.

Esperemos que al final se imponga la concertación y el diálogo, porque lo otro es apostarle a la lucha callejera, y eso vendría a acabar con la paz y la tranquilidad del apacible puerto, donde uno puede esquivar una bala de cuerno de chivo, pero librarse de un zapatillazo ya está más cabrón.

Guaymas, Guaymitas…

Por Arturo Soto Munguía

Que haya sido el gobernador Alfonso Durazo quien informó de la detención de Claudio “N”, alias “El Güero”, presunto autor intelectual de la golpiza propinada a un pequeño empresario gastronómico de Caborca, refleja el grado de prioridad que le dieron a ese caso por parte de las autoridades estatales.

El video, grabado y difundido por los propios malandros en lo que inicialmente se dijo era un escarmiento por negarse a ‘pagar piso’ envió un mensaje funesto no solo contra ciudadanos que eventualmente podrían ser extorsionados por esos grupos criminales que operan en la región, sino un abierto y flagrante reto al Estado mexicano, que no puede darse el lujo de aparecer inoperante mientras la delincuencia exhibe y presume abusos contra ciudadanos indefensos.

El asunto escaló porque al día siguiente de haber viralizado ese video, apareció otro grabado allá mismo, en Caborca y en el que aparecen otros sujetos emprendiéndola a tablazos contra un par de mecánicos.

Si bien la violencia criminal ya se ha vuelto parte de la cotidianidad en algunas regiones del estado, como Guaymas, Empalme y Cajeme, y no deja de ser preocupante la cantidad de homicidios dolosos que se registran un día sí y otro también, no es menos cierto que sí hay una diferencia entre los ajustes de cuentas entre miembros del crimen organizado, y la agresión y la humillación de ciudadanos comunes, gente trabajadora que tuvo la desgracia de ser victimados por esos rufianes.

Todavía no se ha confirmado si esas agresiones tuvieron su origen en el ‘cobro de piso’ (las primeras indagatorias apuntan a que el taquero no les vendió comida por haberse acabado y allí recibió las amenazas) pero independientemente de los motivos, el gobierno estaba obligado a responder con rapidez y eficacia. Lo otro hubiera sido mostrar el rostro de la claudicación ante esos criminales.

Porque hermanitas de la caridad no eran. El sujeto en cuestión fue detenido después de labores de investigación que llevaron a realizar un cateo en una vivienda en Altar. Allí se encontraban otros tres sujetos que también fueron detenidos y se les encontró en posesión de 600 pastillas al parecer de fentanilo. De entrada al “Güero Claudio” le ejecutaron orden de aprehensión por los delitos de amenazas cumplidas, lesiones calificadas con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, asociación delictuosa y violación a la intimidad personal. O sea, le tiraron con todo el Código Penal.

Era muy importante para la autoridad responder con rapidez en este caso para enviar a los presuntos delincuentes de la zona un mensaje contundente de que no habrá impunidad cuando ataquen a ciudadanos que tienen un modo honesto de vivir. Ahora habrá que esperar las declaraciones de los detenidos para ver si de allí derivan nuevas detenciones a otros integrantes de células criminales que operan en la región.

II

Interesante la reunión que sostuvo el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán con unos 300 priistas convocados por Zaira Fernández y Pascual Soto la semana pasada, encuentro que fue interpretado como el trabajo inicial de construcción de una alianza rumbo al 2024, desde las bases tricolores.

Zaira y Pascual, cabezas de un movimiento que han denominado ‘Priistas inconformes’ han estado corriendo la milla por las colonias de Hermosillo y otras partes del estado trabajando con la base militante donde se encuentra la fuerza estructural del PRI, que en el caso de Hermosillo no es desestimable considerando que fueron esos votos los que llevaron al Toño Astiazarán a la presidencia municipal.

Uno de los principales acuerdos en esa reunión entre el alcalde y los priistas fue que para el buen funcionamiento de las alianzas, irán juntos independientemente de lo que decidan las dirigencias de sus partidos, donde por cierto el tema de la alianza ni siquiera se ha discutido suficientemente y hasta ahora solo hay posiciones difusas y no pocas reticencias sobre todo entre el PRI y el PAN.

Ahora bien, por parte de los ‘priistas inconformes’ tampoco han dejado claro hasta donde van a llegar con este movimiento y cuáles serían los términos de una alianza ‘desde las bases’ cuando hay una dirigencia reconocida por las instancias del partido y las autoridades electorales. Y esa dirigencia es la que finalmente tendrá que tomar una posición respecto a la alianza con otros partidos, y firmarla.

Por otro lado, se entiende que al ser Zaira Fernández la síndica en el gabinete del Toño Astiazarán este mantenga una cercanía constante con ella y lo que representa en el tricolor, pero extraña que el alcalde hasta el momento no se ha reunido con la dirigencia formal que encabeza Rogelio Díaz Brown y eso pudiera mandar señales no muy claras a propósito de lo que viene en materia de alianzas.

Si bien el presidente municipal no milita en el PAN, sí representa la figura más notable de ese partido en estos momentos y algún peso tiene su voz en las decisiones que se tomen. Con más de 20 años de militancia en el PRI, al que renunció en febrero de 2018, conoce muy de cerca a los personajes y las situaciones que se viven en ese partido actualmente.

Llegado el momento tendrá que tomar decisiones al respecto.

Por Arturo Soto Munguía

Todavía no se disipa el humo de la bomba que le estalló en la cara a la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel allá en el altiplano, cuando empiezan a aflorar otros casos en Sonora, no de los mismos alcances y dimensiones, pero que ya encendieron focos de alerta en autoridades de la Contraloría estatal, la Fiscalía Anticorrupción y la secretaría de Educación y Cultura, por lo menos.

Desde la semana pasada, en los micrófonos de la Red 93.3 FM el colega y amigo Fernando Oropeza reveló el caso de lo que pueden llegar a ser hasta 300 empleados y empleadas del Isssteson que consiguieron acreditar certificados de preparatoria a partir de una triangulación que involucra al sindicato, autoridades educativas y al menos una institución educativa.

El contralor estatal Guillermo Noriega Esparza informó hace tres días que ya está detenido un servidor público que tendrá que ‘devolver las entradas’, toda vez que la institución para la que labora estuvo pagándole durante años un bono extra o un estímulo por acreditar estudios de preparatoria. Lo afiliados a ese sindicato (y a otros en la burocracia) reciben un sobresueldo del 5 por ciento si acreditan esos estudios; del diez por ciento si son de licenciatura y del 15 por ciento si son de algún posgrado.

Noriega Esparza reveló que han encontrado otros casos en el sector salud, particularmente en enfermeras a las que les fueron vendidos títulos de especialidades y cursos adicionales en lugares que no tenían permisos para expedirlos.

A ciencia cierta no se sabe cuántos burócratas estatales compraron sus certificados o documentos que acreditan estudios no realizados, pero se presume que no son pocos, habida cuenta que los primeros casos detectados datan desde 2016, pero en estos momentos deber estar bastante preocupados por las consecuencias de sus actos. Y sobre todo porque al menos en el caso del sujeto que ya fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción alcanzó un acuerdo para devolver el equivalente a todo lo que el Isssteson le pagó, adicional a su salario base desde que presentó dicho documento apócrifo.

Quedan desde luego varias dudas relacionadas con la (o las) escuelas que expidieron los certificados, los montos cobrados por ello y la participación que en esta enmarañada madeja pudo tener la dirigencia sindical que, se presume, llevaba ‘moche’ por sus gestiones.

En otro caso similar, medios cajemenses (Tribuna del Yaqui, Rosa Lilia Torres, entre otros) difundieron que alumnos del Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT) campus Ciudad Obregón, denunciaron que fueron timados con la acreditación de sus estudios. Dicho centro ‘educativo’ ofrecía certificar estudios de bachillerato cursados en línea en un semestre, cobrando 800 pesos mensuales y entre 5 mil y diez mil pesos por el certificado.

Pero cuando algunas alumnas acudieron inscribirse a instituciones de educación superior para continuar sus estudios se encontraron con que las universidades no reconocen la validez oficial del documento, supuestamente validado por la SEP.

Acudieron a las instalaciones de la ‘escuela’, sobre la calle Chihuahua entre Guerrero y No Reelección y se encontraron con que los presuntos educadores ya habían dejado un polvaredón y solo encontraron el edificio vacío.

Las estudiantes se preocuparon cuando conocieron las denuncias que estudiantes de ese ‘centro educativo’ en Baja California presentaron ante la fiscalía de aquella entidad, lo que derivó en su clausura.

En el caso de las estudiantes cajemenses no hay dolo de su parte, pues ellas aparecen en calidad de agraviadas, pero este es un trompo que habrá de caer en la uña no solo de la fiscalía sonorense, sino de la SEC, una instancia por la que se supone deben pasar las autorizaciones de toda institución educativa en el estado.

En el caso del CEATT, se ofrecían

Vamos a buscar al secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante para que nos informe si la dependencia a su cargo conocía el caso de esta ‘escuela’ y si tiene algún listado de otras que también operan en la entidad bajo criterios similares.

Desde abril del año pasado, la SEC informó a través del coordinador General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, Juan de Dios Cáñez Moreno, que las empresas que ofrecen asesoría y capacitación para la rápida obtención de certificados de estudio y títulos profesionales bajo ningún motivo tienen la atribución legal de expedir ese tipo de documentos.

La SEC, explicó el funcionario de acuerdo con un comunicado oficial del gobierno del estado, es una instancia verificadora que tiene personal capacitado para orientar a la ciudadanía acerca de las instituciones que cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

También hizo un llamado a las personas para que consulten por vía telefónica al número 6622 89 76 00 extensión 2380, o al correo electrónico cedula.profesional@sonora.edu.mx ya que la SEC tiene un registro actualizado de las instituciones autorizadas para expedir certificados de estudios y títulos profesionales.

Esta información, claramente, no llegó a los y las estudiantes del CEATT que ahora andan en vueltas judiciales reclamando sus certificados o la devolución de su dinero.

II

Comenzando el año previmos que ante la coyuntura electoral 2023-24 el conflicto entre los protagonistas de la cosa pública iba a subir de intensidad y así está sucediendo.

La nueva zacapela verbal entre el presidente de la República, los consejeros del INE y dirigentes de partidos políticos a propósito del llamado ‘Plan B’ para la reforma electoral que hoy se encuentra en la SCJN, la marcha convocada por partidos opositores y el arranque de las campañas en Estado de México y Coahuila es apenas el inicio de esta escalada.

Ayer tronó una nueva ‘bomba’ al descubrirse en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc que preside la panista Sandra Cuevas, propaganda contra Claudia Sheinbaum. La policía capitalina tomó las instalaciones de la alcaldía lo que detonó un nuevo conflicto. Sandra Cuevas es una de las aspirantes del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y una de las más férreas críticas de Morena y de la administración de Sheinbaum.

El operativo corrió a cargo de agentes de la fiscalía capitalina que encabeza Ernestina Godoy y sin duda este viernes amanecerá candente el asunto en la capital del país. Los agentes descubrieron lonas y volantes de campaña negra contra la jefa de Gobierno, mientras que desde la alcaldía Cuauhtémoc corrió la versión que esa propaganda había sido ‘sembrada’ por sindicalizados afines a Morena.

Cualquiera que sea la versión veraz, no deja de ser grave. Y esto, señoras y señores, apenas comienza.

Por Arturo Soto Munguía

Vale la pena llamar la atención sobre un tema que a simple vista pareciera irrelevante pero no lo es tanto si se consideran los anuncios tanto del ámbito local como del estatal, acerca del rescate y remozamiento del mercado municipal como uno de los atractivos del centro histórico de la ciudad.

El mercado es por excelencia el punto de encuentro de miles de parroquianos que todavía lo tienen como referencia ya para realizar sus compras cotidianas, ya para disfrutar la gastronomía regional; para ir a echarse un cafecito mañanero o vespertino mientras se profundiza en el debate de la cosa pública y se ejerce la titánica tarea de orientar el rumbo de la República en inagotables tertulias.

Hasta ahí todo bien, salvo por el pequeño detalle que después de comer y beber a los parroquianos y parroquianas les entran las urgencias urinarias y/o defecatorias pero, oh sorpresa, los baños están cerrados.

El asunto entra en el terreno de la grilla porque el cierre de los baños es consecuencia de un litigio entre la presidenta de los locatarios del mercado municipal, Migdelina Castillo y la señora que durante años administró, como herencia de su madre, los baños, realizando funciones multitask: atención al cliente, cobro del servicio, limpieza y suministro del pedacito de papel que eventualmente se rompía con malolientes consecuencias para los dedos.

Escatologías aparte, el caso es que mientras el litigio corre en tribunales, aparecieron en los baños unos anuncios de ‘CLAUSURADO’ que parecen oficiales pero son más apócrifos que los títulos de algunos empleados del Isssteson o el de la ministra Yasmín Esquivel.

Y en lo que se decide de qué lado está la razón, la clausura se convierte en un problema para los usuarios, sobre todo los adultos mayores ya que por estos días, la única opción que tienen son unos baños portátiles que instalaron frente a la tienda Woolworth, algo retirados de la sede del cotilleo.

Las lenguas viperinas han dejado correr la versión de que tales baños portátiles son un negocio de la propia Migdelina, pero ese no es el punto, sino las quejas que comienzan a generarse porque debido a la distancia a la que se encuentran, y considerando que eventualmente a los señores y señoras se les puede venir de improviso un escalofriante torzón, el episodio se vuelve aterrador “porque de aquí a que llegas ya te cagaste y cuando regresas para seguir el debate ya te dieron ganas de mear otra vez”, confió a este medio un compungido parroquiano.

Este penoso asunto viene como secuela también de la demora en los trabajos de remodelación del inmueble, cuya ‘bolita’ se echan entre el gobierno del estado, el ayuntamiento, el INAH y la presidenta de los locatarios.

Ojalá las autoridades tomen nota y le metan turbo a este asunto antes de que las urgencias parroquianas se conviertan en un problema de salud pública y tenga uno que caminar por las banquetas del centro con el tiento de quien va por un camino minado, cuidándose de no pisar una caca.

¡Guácala!

II

Otro asunto que también está para aflojar el estómago pero por diferentes motivos, es el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las fuerzas armadas puedan realizar detenciones de presuntos criminales en territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades policiales, siempre y cuando se haga conforme a la ley.

Los mexicanos sabemos bien lo que “conforme a la ley” significa en México, sobre todo tratándose de policías y militares.

La CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en junio de 2019 cuando todavía firmaba como ombudsman Luis Raúl González Pérez, reclamando la invalidez del artículo 19 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y señaladamente del quinto transitorio de esa misma ley.

Dicho artículo alude a la obligación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de dar aviso inmediatamente a la autoridad policial de las detenciones, pero el quinto transitorio establece que cuando la fuerza armada permanente realice tareas de seguridad pública (como ya ocurre) estará sujeta a lo dispuesto en la presente ley; “en este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19”.

Esto desde luego es materia de un intenso debate jurídico que incluye a la cámara de diputados, a la que desde entonces se acusaba de omisión al no prever las acciones que el personal del RND deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos (hackeo, que por cierto ya ocurrió con el episodio Guacamaya Leaks).

Debates jurídicos aparte, el hecho cierto es que los ministros de la SCJN avalaron por mayoría que las fuerzas armadas registren directamente en el sistema nacional de detenciones las capturas de presuntos delincuentes sin dar aviso previo a las autoridades competentes. Para decirlo llanamente, batearon la queja de la CNDH y al parecer el argumento central tiene que ver más con prevenir hackeos que con el respeto a los derechos humanos.

En un país que cerró el 2022 con más de 109 mil (¡109 mil!) personas desaparecidas, dejar en el aire un tema tan delicado como este no deja de tener reverberaciones políticas, sobre todo por la muy larga historia del papel de las fuerzas armadas en la persecución de ‘criminales’ durante la llamada ‘Guerra Sucia’, que dejó una estela de muertes, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones sobre todo entre jóvenes activistas de izquierda.

Se podrá decir que en tiempos de la cuarta transformación el ejército ya no realiza esas funciones porque es pueblo uniformado, pero para serle franco, yo tendría mis reservas.

Hay que estar muy pendientes de la reacción de la CNDH después de esta ‘bateada’. Se debería dar por descontada una inconformidad considerando que la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra tiene motivos fundados, personales, familiares, políticos para impugnar algo así, toda vez que su hermano fue víctima de desaparición forzada precisamente en aquellos años de la ‘Guerra Sucia’.

Su madre, Rosario Ibarra de Piedra nació a la vida política buscando a su hijo desaparecido, fundó la organización Eureka, acaso el antecedente de lo que hoy son los grupos de madres buscadoras y murió sin conocer la verdad de lo que sucedió con su hijo.

Pero también, considerando que la señora Piedra (la hija) se ha mostrado más bien blandengue y omisa en otros casos de violación de derechos humanos, sobre todo cuando involucran a los poderes del Estado, no hay muchas esperanzas.

Veremos qué opinan las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos tanto en el país como en el plano internacional.

Por hoy aquí la dejamos.

Por Arturo Soto Munguía

Alfonso Durazo es el matador de mitos. Las lenguas viperinas tejieron cualquier cantidad de ellos cuando vieron que pasaba el tiempo y el gobernador de Sonora le abría las puertas y les garantizaba el foro y el aplauso a las ‘corcholatas’ del presidente, incluyendo a Ricardo Monreal ‘El hijo desobediente’, pero nada se sabía de la recepción que le daría a Marcelo Ebrard.

Y es que por allí hay una historia de viejos agravios reales o inventados, vaya usted a saber, entre ambos personajes desde hace casi 30 años, que más adelante les recordaremos.

Pero la corcholata que aún no visitaba Sonora tendrá un inmejorable marco para venir a promover su precandidatura, justo cuando los vientos no soplan del todo bien a favor de la señora Claudia Sheinbaum que ya no siente lo duro sino lo tupido.

Así es. En el mero día de La Candelaria, el canciller Marcelo Ebrard estará en Sonora para encabezar un encuentro con 87 embajadores de países con los que México mantiene relaciones diplomáticas y la agenda no es en modo alguno, irrelevante.

Acompañado del gobernador Alfonso Durazo, Ebrard Casaubón estará en Puerto Peñasco para mostrar al mundo los avances en la construcción de la planta fotovoltaica que se construye en la esquina noroeste de la patria y que constituye junto con otros proyectos, la vanguardia de la política nacional en materia de energías limpias.

El anuncio lo hizo ayer el propio gobernador, quien explicó que a los diplomáticos extranjeros se les expondrá el Plan Sonora de Energías Sostenibles, un ambicioso proyecto que nació en esta entidad pero que fue adoptado por el gobierno federal para replicar su modelo en otras regiones del país.

Nada más la planta solar de Puerto Peñasco está proyectada para que en una década produzca el 40 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país, pero el Plan incluye otros componentes no menos importantes, a saber: la planta de licuefacción de gas en Guaymas y la modernización de ese puerto; la explotación del litio en el yacimiento de Bacadéhuachi, entre otros.

Y es que al presidente López Obrador se le ha cuestionado lo que parece ser una predilección por las energías no renovables, pero en justicia, esos cuestionamientos no consideran lo que está ocurriendo en Sonora, donde se trabaja para consolidar un ecosistema de energías limpias fincado en las ventajas competitivas del estado.

El sol del desierto de Altar, la salida desde Guaymas a la Cuenca del Pacífico, su condición de frontera con Estados Unidos, uno de los mayores yacimientos de litio en el mundo y entre otras cosas, el talento humano forjado en las universidades del estado, que permitirá aportar más de cinco mil ingenieros e ingenieras a los planes de producción de semiconductores que ya están en marcha con capital estadunidense en la región Sonora-Arizona.

Bien vistas las cosas, el foro que tendrá Marcelo Ebrard en Sonora el próximo 2 de febrero no será el de una conferencia tipo Adán Augusto sobre los efectos de la cruza de pingüinos sudafricanos y xoloizcuintles de Azcapotzalco en la gobernabilidad mexicana, o una videoconferencia de Claudia Sheinbaum sobre sus exitosas políticas públicas en la Ciudad de México que en sus primeros tres años de gobierno provocaron, junto con la impericia política, la derrota electoral en más de la mitad de las alcaldías capitalinas.

Pero bueno, no es la intención de esta columna amarrar navajas innecesariamente, aunque sí resaltar que el ‘Carnal Marcelo’ estará por esos días en el ojo del mundo promoviendo esa otra parte de la política energética mexicana que no tiene que ver con los combustibles fósiles, sino con las energías limpias, un tema prioritario en la agenda de las naciones.

Lo cierto es que si algunos amarranavajas, esos sí profesionales hablaban de que Marcelo Ebrard no tendría una buena recepción en Sonora, habida cuenta las diferencias históricas remitidas a aquellos tiempos aciagos en que Durazo era para Luis Donaldo Colosio lo que Ebrard era para Manuel Camacho Solís, van a tener que tragar gordo porque el foro que tendrá en Sonora el canciller será el de mayor relevancia de cuantos se han organizado hasta ahora, para Claudia o para Adán Augusto.

Un par de semanas después, el 19 de febrero el propio presidente López Obrador estará en Sonora para reunirse con representantes de la empresa china Ganfeng para negociar los términos de la explotación del litio en el estado, que a partir de la reforma del año pasado correrá a cargo de la paraestatal LitioMX.

II

Otro de los temas importantes en la mañanera de ayer del gobernador Durazo fue la inversión del gobierno federal por 350 millones de pesos, ya comprometida para renovar totalmente la carretera 36 desde el entronque con la que va de Hermosillo a Bahía de Kino, hasta Puerto Libertad.

Esta vía se construyó en el sexenio de Eduardo Bours y es un corredor que bordea la costa del Mar de Cortés cruzando el desierto y conectando a Hermosillo con Puerto Peñasco y la frontera noroeste, una región de gran potencial turístico y productivo. Este proyecto incluye obras complementarias como el trayecto de Bahía Kino a Punta Chueca y de allí a El Desemboque, en la región seri.

III

Y a propósito de territorio seri, aproveché la oportunidad para preguntar al gobernador sobre una propuesta que ha estado en la mesa de discusión, entre varias que se han planteado para despejar el camino del conflicto interno y abrir la brecha de la pacificación en la tribu.

Me refiero a la posibilidad de que el gobierno cancele la expedición de permisos de caza, tema que al parecer el gobernador trae ya muy bien valorado porque de entrada consideró que no esa medida no es necesaria, aunque precisó, está abierto a trabajar y dialogar con absoluto respeto a los usos y costumbres y a la autonomía del pueblo seri, en cualquier medida que ayude a que los grupos en disputa moderen su beligerancia.

Tanto el gobernador como el secretario de Gobierno han dado puntual seguimiento a los hechos en territorio seri, conocen a sus protagonistas y en el caso de Álvaro Bracamonte, ya ha tenido varias reuniones con Enrique Robles, el depuesto presidente del Consejo de Ancianos y promotor de una especie de ‘golpe de Estado étnico’ en el que nombró a Moisés Méndez como gobernador, pero sin tener el consenso de las autoridades tradicionales ni de la mayoría en las dos comunidades donde se asienta la etnia: Punta Chueca y El Desemboque.

Lo relevante del caso es que el gobernador Durazo rechazó la idea de cancelar la expedición de permisos de caza, consciente de que eso representa la principal fuente de ingresos en efectivo para la etnia (más de un millón de dólares por temporada), motivo por el cual también los seris no aceptaron la propuesta del presidente López Obrador para abandonar la explotación de la actividad cinegética controlada y sustituirla por tours fotográficos.

El problema reside, y eso también lo reconoció Durazo Montaño, en la distribución de los recursos obtenidos por los permisos de caza. Son más de veinte millones de pesos que desatan las ambiciones en algunos personajes de la tribu y de allí se derivan los conflictos.

En el caso de los comca’ac el conflicto no ha escalado de la forma en que se manifiesta entre los yaquis y el Plan de Justicia para la Etnia Seri afortunadamente sigue corriendo conforme a lo planeado y ya se instalaron dos plantas desalinizadoras para abastecer de agua potable a las comunidades, una de ellas alimentada con energía solar; se están construyendo viviendas y arreglando el camino desde Punta Chueca hasta El Desemboque.

No es de asfalto porque así lo decidieron ellos, pero se construyeron los puentes que evitarán en lo sucesivo que los arroyos se lleven el camino en temporada de lluvias, dejando incomunicadas las dos poblaciones.

En un par de semanas se entregarán también varios binomios (lanchas y motor fuera de bordo) para habilitar la actividad pesquera.

Por Arturo Soto Munguía

“Llegaron muy alterados. Se le echaron encima a mi hija, la golpearon y le robaron su teléfono celular; cuando intenté quitárselos de encima, uno de ellos me jaló de las greñas y me ‘pescueceó’ como gallina. A mi hermano lo golpearon, no sé si con un bat o con un machete, pero le abrieron la cabeza”.

Es el testimonio de Joel Barnett, que ayer presidiría la asamblea de los pueblos de Punta Chueca y Desemboque para ratificar su condición de gobernador, presidente de Bienes Comunales de la Isla del Tiburón y titular de la Unidad de Manejo Ambiental de la isla más grande de México.

Y cuando alude a sus atacantes se refiere a Enrique Robles y Moisés Méndez. El primero de ellos fue destituido como presidente del Consejo de Ancianos pero en un desplante organizó una asamblea en la que nombró como gobernador a Moisés Méndez, un tipo que se presume sacerdote y chamán, pero de cuestionada reputación en la etnia.

El trasfondo del conflicto no es solo de gobernabilidad interna en la tribu. También tiene que ver con la disputa por considerables cantidades de dinero que el gobernador tradicional administra y cuyo origen es la comercialización de los permisos de caza de borrego cimarrón (que llegan a costar hasta 45 mil dólares) y de venado bura, dos especies muy cotizadas entre cazadores norteamericanos, que además se gastan pequeñas fortunas en la taxidermia y exportación de los trofeos (cabezas de los animales).

El conflicto se venía incubando desde hace mucho, pero escaló el año pasado cuando comenzó la gestión de los permisos de caza, y se cruzó además con las millonarias sumas de dinero que el gobierno federal destina a la tribu como parte del Plan de Justicia para la misma, aunque Joel Barnett asegura que eso no es cierto, pues tales recursos llegan al banco y desde allí mismo se dispersan entre constructores y proveedores de bienes y servicios relacionados con dicho plan.

Ayer todo estaba preparado para finiquitar el tema de la legitimidad del mandato de Joel Barnett, pero llegaron Enrique Robles y Moisés Méndez acompañados de unas diez personas más y la emprendieron a golpes contra la vicepresidenta del Consejo de Ancianos, Mirna Herrera Astorga y la hija del gobernador, Salma Noelia. La zacapela fue grande porque allí estaban reunidos comuneros de Punta Chueca y El Desemboque, los dos pueblos seris.

Algunos integrantes del Consejo de Ancianos sacaron rifles con los que hicieron disparos al aire para disuadir a los agresores. No hubo heridos de bala, pero sí hombres y mujeres con diversas lesiones. El propio gobernador recibió golpes y arañazos. Un hijo de Enrique Robles fue el que “me ‘pescueceó’ como gallina”, dice.

No hubo consecuencias mayores porque en el lugar había elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, aunque evidentemente no intervinieron pues no hay hasta ahora ni un detenido.

Por esos motivos, ayer por la noche Joel Barnett viajó a Hermosillo para presentar una denuncia en la Fiscalía estatal contra Enrique Robles y Moisés Méndez.

Barnett asegura que ha tenido pláticas con el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte y el subsecretario Martín Vélez, y ellos le han manifestado el reconocimiento como autoridad tradicional de la etnia seri, que está metida en un verdadero conflicto interno en el que aparecen como telón de fondo intereses no del todo claros, como los de Dora Alicia Moreno Méndez, funcionaria del gobierno del estado en Sedesson y “que nunca ha gestionado beneficios para la comunidad, pero apoya y trabaja al lado de Enrique Robles y Moisés Méndez”, de acuerdo con Joel Barnett.

El tema se complica porque dentro de unos meses, en julio próximo habrá de elegirse un nuevo gobernador en la etnia y hay por lo menos tres aspirantes a ese cargo, pero sobre todo, hay un contexto de conflicto en el que ya salieron a relucir armas y apareció sangre.

Cuidado.

II

El pasado viernes en el Hospital Infantil del Estado se develó una escultura en honor al niño Ismael Mondragón, como parte del acuerdo amistoso de reparación que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los progenitores del menor y el Estado Mexicano.

El evento fue organizado por el gobierno federal y presidido por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fue un evento emotivo y lleno de desagravios, especialmente para el padre y la madre de Ismael, quien perdió la vida el 15 de diciembre de 2024 tras una intervención quirúrgica realizada por un médico no especialista en el caso y en la que no se utilizaron ni el instrumental ni las técnicas adecuadas.

El evento generó muchas reacciones, unas de solidaridad con la familia a quien la CIDH otorgó medidas de satisfacción acordadas con los padres del menor, erigiendo este memorial en su honor que busca visibilizar el caso para no repetirlo; otras llamando la atención sobre lo lúgubre que resulta para los familiares de pacientes de ese hospital, saber que allí se cometió una fatal negligencia médica.

Debates aparte, la que pasó desapercibida fue la presencia del contralor del estado, Guillermo Noriega Esparza, quien mantuvo un perfil discreto en el evento y ni siquiera apareció a la hora de las menciones.

Pero al final, llamó la atención el fuerte abrazo entre el padre de Ismael, Edgar Mondragón y Guillermo Noriega. Una colega preguntó que si se conocían, y el papá del niño recordó que hace años, el ahora contralor escuchó su testimonio en un café y allí mismo sacó su laptop de la mochila y comenzó a redactar la que sería la primera demanda que “El Memo” presentara ante la CIDH.

Esto fue hace unos quince años.

Al “Memo” ni lo mencionaron en el evento, pero fue el que inició el litigio para el acuerdo entre el estado y la familia agraviada para que la memoria social mantenga presente las cosas que no deben repetirse nunca más.

III

Y ya que andamos con temas de familia, ayer fue el último día de operaciones de la pista de hielo instalada en el parque infantil de Hermosillo por parte del DIF Sonora.

Nos dimos una vuelta por el lugar y después del mediodía pudimos constatar el acierto de esta amenidad a la que acudieron cientos de familias para probar sus aptitudes y destrezas en el patinaje sobre hielo, algo que difícilmente los habitantes de este desierto llamado Sonora podríamos disfrutar a menos que el cambio climático se ponga muy radical y en una de esas termine convirtiendo el estado en Dinamarca.

Mientras esperamos a que eso suceda, la directora del DIF, Lorenia Valles gestionó una edición más de esta pista de hielo en la que miles de hermosillenses sacaron a la Anna Shcherbakova que llevan dentro y le entraron con fe a la patinada, aunque la mayoría parecían becerritos recién paridos y no faltó quién azotara de nalgas contra la helada pista.

Eso sí, el evento fue una fiesta pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia me convencieron de calzarme los patines. Es que ya no hay refacciones para andar haciéndole al ensarapado, pues.