Por Arturo Soto Munguía
Aaaaaaficionadooooooos que viveeeeeeeen la intensidaaaaaaad de los posibles cambios en el gobierno estatal, se viene una oportunidad de oro para medir qué tan firme está la fiscal estatal Claudia Indira Contreras en su cargo.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitó la comparecencia de la funcionaria ante el Congreso del Estado para responder por las 15 recomendaciones que le hizo a propósito de igual número de desapariciones de personas sobre las cuales, según la CEDH, la fiscalía ha sido omisa o ha dilatado las investigaciones.
El tema es relevante porque como se sabe, la titular de la Fiscalía fue nombrada por el Congreso y solo el Congreso puede removerla, de manera que esa comparecencia sería un termómetro ideal para medir las animosidades que desde Palacio de Gobierno hay y que sin duda se reflejarán en las posiciones que asuman los y las diputadas afines al gobernador.
De acuerdo con la CEDH, la fiscalía aceptó dar cumplimiento a cuatro de las seis recomendaciones hechas en cada uno de los casos para reparar las violaciones de derechos a las víctimas, pero no admitió tales violaciones como graves ni sistemáticas, y tampoco aceptó ofrecer una disculpa pública a las víctimas.
Y de acuerdo a la legislación vigente, si la autoridad no acepta total o parcialmente una recomendación se le citará a comparecer ante el Congreso, y si persiste en ello se podría denunciar penal y/o administrativamente a la autoridad responsable, es decir, a la señora Contreras Córdova.
No hay que perder de vista este proceso, porque en función del trato que le dispensen a la fiscal los legisladores y legisladoras (sobre todo del bloque oficialista) se sabrá realmente el ánimo que hay en Palacio de Gobierno respecto a su permanencia en el cargo.
Qué nervios.
II
Por relatos de terceros o de las propias víctimas, las redes sociales han dado cuenta de varios casos suscitados sobre todo en Hermosillo, de jóvenes mujeres que una noche que puede ser la de hoy o la de cualquier fin de semana, salieron buscando el natural derecho a la diversión y el esparcimiento, pero la alegría devino en tragedia.
Casos de abuso sexual, violación, desaparición y hasta feminicidios aparecen eventualmente en los medios de comunicación, a veces frente a la indiferencia social que ha llegado a normalizar estos sucesos o peor aún, frente a la condena de quienes juzgan y sentencian: “ellas se lo buscaron, quién las trae a esas horas en la calle, para qué toman”…
En las últimas semanas se ha denunciado lo que parece ser una práctica criminal que llegó para quedarse y que consiste en usar, sin consentimiento, sustancias que alguien mezcla en las bebidas y que una vez ingeridas dejan a las jóvenes en total estado de indefensión.
Se han conocido víctimas, pero a menos que me equivoque, lo que no se ha conocido son victimarios. Es decir, no se sabe hasta el momento de alguien que haya sido detenido, vinculado a proceso o juzgado por ese delito que ha venido a agregar un ingrediente más de temor y zozobra al desvelo de padres y madres, parejas o familiares que inevitablemente esperan con angustia el regreso de los suyos a casa con la esperanza de que todo esté bien.
Y la impunidad, se sabe, es el principal estímulo para la comisión del delito.
De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal, en los últimos dos años el delito de violación se ha incrementado en 46.7%; el abuso sexual en 23.9% y el acoso sexual en 66.6%.
Sí, a todos toca la responsabilidad de cuidarnos y cuidarlas. Hay recomendaciones y protocolos, medidas de prevención y uso de tecnologías para conocer ubicación en tiempo real y un sinfín de medidas para prevenir situaciones de riesgo, pero lamentablemente la noche alberga también sombras acechantes.
Y si ninguna medida de prevención está de más, tampoco está de más tipificar y sancionar como delito lo que hoy se conoce como ‘sumisión química’ que es precisamente esa práctica no consentida de drogar a alguien con fines aviesos.
De eso trata la iniciativa que presentó ayer la diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva para proteger a los y las jóvenes contra criminales que alteran bebidas en puntos de reunión, estableciendo castigos severos y nuevas obligaciones para los negocios donde se venden y consumen dichas bebidas, que podrían ser sancionados con la cancelación de la licencia correspondiente.
Sonora sería el primer estado en incorporar a su legislación la figura de sumisión química como delito y como agravante de otros delitos.
La iniciativa tiene mérito, pues parte del pulso que se toma a la realidad de estos días y propone sanciones de 4 a 10 años de prisión para quien cometa ese delito, sin prejuicio de las penas que correspondan a otros delitos que se cometiesen sobre la víctima. La pena se agrava si el autor del delito resulta ser empleado o colaborador del establecimiento donde se cometa.
La sumisión química se define como la administración de sustancias psicoactivas a una persona con fines criminales o delictivos.
Bien por esta iniciativa de Natalia Rivera que una vez más demuestra estar legislando a partir de lecturas correctas de una realidad social que a veces late más aprisa que los corazones de otros funcionarios públicos más ocupados en sus inmediateces políticas.
III
Leída de cartilla
Me gustó el discurso que dio el gobernador Alfonso Durazo en el foro organizado por la Coparmex Sonora, el sindicato patronal más importante del estado, en el que se agrupan los verdaderos ‘machuchones’ del capital; los hombres y mujeres del dinero, los que invierten, generan empleos y potencian el desarrollo.
Lejos de ser un discurso de confrontación -aunque admitió que política e ideológicamente existen diferencias entre ese sector de la sociedad y el proyecto de la cuarta transformación- fue un elocuente llamado a aprovechar las oportunidades que ofrecen los grandes proyectos de desarrollo que ya están en marcha en Sonora.
Proyectos que representan miles de millones de pesos y a los que el sector empresarial sonorense debe estar atento para ser partícipes, con la advertencia, eso sí, de que si no son ellos, serán otros quienes los aprovechen.
Citó el caso de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco donde está por licitarse una segunda etapa que significa más de 800 millones de dólares; la carretera Guaymas-Chihuahua, cuya segunda etapa la gano un consorcio de empresas sonorenses y donde se invertirán más de mil 300 millones de pesos. La modernización del puerto de Guaymas y el proyecto para sacar del casco urbano de Nogales las vías del ferrocarril.
Aludió también a San Carlos, cuyo potencial turístico detonará extraordinariamente con las obras que se realizan en el puerto de Guaymas y la carretera a Chihuahua, que en dos o tres años potenciará ese destino y los invitó a invertir desde ya, no esperarse a que la carretera esté lista, para desarrollar la infraestructura turística y de servicios.
Alfonso Durazo puntualizó que su gobierno será facilitador de la inversión para lo cual trabaja en la disminución de trámites para que más empresas se establezcan en Sonora y generen mejores empleos, mensaje que fue captado por el presidente de Coparmex Sonora Norte, quien convocó a sus agremiados a trabajar conjuntamente con el gobierno del estado.
