Categoría: Editorial

Por Arturo Soto Munguía

Apenas pasada la elección de 2021, el presidente destapó a sus corcholatas, adelantando como nunca la sucesión presidencial. A quince meses de aquella mañanera en la que enlistó a seis ‘tapad@s’, quizás la idea de apresurar tanto el proceso no aparezca tan genial.

Quienes estaban en la lista inicial eran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle. Ayer, agregó a la lista a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña.

La incorporación de Ricardo Monreal después de muchos meses de desprecios puede obedecer al trabajo de tejido fino que hizo en el papel de policía bueno (junto al policía malo, Adán Augusto López) para sacar adelante en el senado la reforma que extendió la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Pero quizás obedezca a otras causas, entre ellas la eventual renuncia del zacatecano ante la previsible decisión final en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que no sería cosa menor. Si a Monreal le adjudican (los propios morenistas) la operación política que derivó en la derrota electoral de Morena en media capital del país, significa que el tipo trae algo en la bola y puede abrirle otro boquete importante al partido en el gobierno si echa a andar sus habilidades en la concertación con otras fuerzas políticas.

Tatiana Clouthier ya no está en el gabinete y sus primeras declaraciones tras su salida no deben echarse en saco roto. La sinaloense avecindada en Monterrey declaró al columnista Enrique Galván, de La Jornada, que el presidente está rodeado de una jauría que no deja avanzar proyectos y que está más ocupada en la sucesión presidencial que en el ejercicio de gobierno.

El presidente sigue jactándose de su alta popularidad y muestra un exceso de confianza tal que lo lleva a ironizar con la debilidad de sus opositores y hasta se da el lujo de ofrecerles asesorías gratuitas para que conduzcan el proceso de selección de su candidato o candidata presidencial.

Pero ese exceso de confianza fue el que lo llevó también a perder la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México en 2021. Si eso no hubiera ocurrido, el presidente habría transitado la segunda mitad de su sexenio por un camino despejado en la aprobación de reformas importantes como la eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral. Las primeras dos las sacó en procesos accidentados y muy apretadamente, y la tercera está en veremos.

Con todo, una instantánea de este momento indica que no hay manera de que Morena no refrende su permanencia en Palacio Nacional para 2024. Sus bases electorales gozan de cabal salud; el aparato de Estado opera con eficiencia en la operación de políticas públicas que se traducen en votos y el ejército de leales tiene una convicción a toda prueba. Tienen muchísimo dinero y saben cómo utilizarlo.

La oposición por su parte, luce errática, desarticulada y hasta confrontada. Ni siquiera han sido ellos quienes han asestado los mejores golpes al partido oficial, sino que marchan a la cola de revelaciones periodísticas (como la de la Casa Gris), de las filtraciones producto del hackeo guacamayo o de la presunta ‘bomba’ que significaría el libro de Elena Chávez, ‘El rey del cash’, que tampoco fue el misil atómico que esperaban.

Eso no significa que no hayan minado la imagen del presidente, sobre todo fuera de los sectores que bajo ninguna circunstancia abdicarían del apoyo incondicional al proyecto de la 4T, sectores, hay que decirlo, que siguen siendo mayoritarios en el país y que sin duda le alcanzarían para refrendar el triunfo en 2024.

Por otro lado la oposición carece de un programa aglutinador, de una personalidad que concite los consensos internos y que a la vez sea competitiva electoralmente. Más bien parecen apostarle a una escalada en la guerra de tribus morenistas y al desprendimiento de personajes como Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, pero eso también es muy azaroso.

La Alianza Va por México integrada por PRI, PAN y PRD vive sus propios dramas internos y ya cambió de nombre a ‘Unid@s’ pero en ella aparecen los mismos protagonistas. Movimiento Ciudadano está jugando ‘pegado a la barda’ esperando cachar la candidatura de Marcelo Ebrard y/o Ricardo Monreal, pero eso sigue siendo también muy azaroso.

Estamos a poco menos de dos años de la elección, y muchas cosas pueden pasar en este último tramo. Veremos de qué cuero salen más correas.

II

Dejó la víbora chillando la colega y amiga Michelle Rivera al colgar en su cuenta de tuiter un aviso de que este día varios ‘panistas importantes’ presentarían su renuncia a ese instituto político.

Las razones esbozadas por la colega tienen que ver con inconformidades generadas después de la asamblea estatal, donde les cerraron espacios a ciertos militantes, y también por la invitación que hicieron al exgobernador Guillermo Padrés.

A reserva de lo que suceda hoy, me quedo con una versión obtenida de gente cercana a los asuntos del PAN, en el sentido de que el origen de esa información es, directa o indirectamente, nada menos que el exsecretario de Gobierno de Guillermo Padrés, Roberto Romero López, quien reaccionó de esa manera después de que ni siquiera fuera invitado a la asamblea estatal, y tampoco le dieron posiciones entre los consejeros estatales.

Ahí luego averiguamos qué pasó.

III

Los días 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo en Hermosillo el primer Foro Mundial de Energía Solar que reunirá a ponentes especialistas en la materia, del sector público y privado, así como de la academia, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Entre ellos se cuenta al expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos; el exalcalde de Los Ángeles y actual consejero de Infraestructura en California, Antonio Villaraigosa; Calixto Mateos, director General de NADBank y Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, del ITESM. También fue secretario federal de Turismo y director de Bancomext.

En el evento habrá conferencias, paneles de expertos, presentación de proyectos, encuentro de negocios B2B, sesiones de networking, talleres de capacitación, área de exposición y un hackatón, que es un encuentro de programadores para el desarrollo colaborativo de software.

Por Arturo Soto Munguía

Vaya escobazo que le dio al avispero padrecista la diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva al declarar que ese partido no buscaría una alianza con el PAN, un partido que le aplaude a un corrupto como Guillermo Padrés.

Aludía, seguramente después de leer El Zancudo de ayer, al aplauso de pie que le prodigaron al exgobernador los panistas reunidos en su asamblea estatal, aunque institucionalmente después ya ni lo mencionaron en el boletín oficial del evento.

Mal terminaba de dar esa declaración cuando el colega y amigo Fernando Oropeza la subió a su cuenta de Twitter y de allí en más todo fue como si le hubieran echado limón al ostión del padrecismo, para que sus más conspicuos representantes saltaran a la palestra yéndosele a la yugular a la diputada.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes fue en el sentido de que apenas acaba de llegar a Movimiento Ciudadano y ya pretende erigirse en vocera y artífice de la política de alianzas de ese partido, pero resulta que más tarde tuvimos en los micrófonos de la Red 93.3 FM al dirigente municipal de MC, Rogelio Cota y nos dijo que los dichos de Natalia no fueron producto de la improvisación, sino que es un tema previamente conversado en las filas emecistas y en sintonía con la dirigencia nacional donde, recogiendo el sentir de la ciudadanía han tomado la decisión de ir solos en los próximos procesos electorales.

Claro, a Natalia también le recordaron su paso por la administración de Claudia Pavlovich, donde firmó los seis años como Jefa de la Oficina del Ejecutivo, reclamándole presuntos actos de corrupción que desde luego no solo no acreditaron, sino que mientras ellos descargaban su ira contra la pasada administración, sus diputados en el Congreso local estaban aprobando el dictamen respecto a la calificación de la cuenta pública estatal 2021, que corresponde a ocho meses de la pasada administración y cuatro de la que hoy encabeza Alfonso Durazo. Con las observaciones del ISAF y posicionamiento crítico, pero la aprobaron.

Incluso la administración directa del Ejecutivo en los meses correspondientes a la administración de Claudia Pavlovich tuvo una aprobación de 100, con solo dos observaciones

Lo cierto es que a Natalia los padrecistas no le perdonan el protagonismo que tuvo durante la campaña de 2015, cuando los trajo a toallazos, de esquina a poste y no les quitó el guante de la cara hasta que salieron de Palacio de Gobierno y muchos de ellos emprendieron la graciosa huida, cargando eso sí, costales de billetes producto del saqueo a las arcas públicas.

Y fue la propia Natalia quien ayer presentó el informe de resultados de la cuenta pública 2021, acordado unánimemente en la Comisión de Fiscalización en función de las conclusiones del ISAF, que señaló mil 750 observaciones de las cuales faltan por solventar 641.

Se habla de un daño patrimonial de 564 millones de pesos, que podría reducirse si se solventan las observaciones. En realidad, para un ejercicio presupuestal de 70 mil millones de pesos, esos 564 no son tan relevantes, sobre todo considerando que el último año de Padrés, el daño patrimonial rozó los 10 mil millones de pesos.

En fin, quede este episodio como el preludio de los capítulos que están por escribirse en relación con eventuales alianzas entre partidos de oposición a Morena, que por lo visto no marchan por caminos despejados.

II

En más de la cuenta pública, en general tuvo una calificación de 86.50, pero no pasaron la prueba varias dependencias estatales: Comisión Estatal del Agua, Isssteson, Fondo de Operación de Obras Sonora SI y la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

Tampoco aprobaron 17 municipios, Empalme y Huatabampo entre los más grandes y el resto son pequeñas municipalidades de la sierra y el desierto.

El Acuerdo aprobado relativo a la cuenta estatal establece que, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, deberá dar seguimiento a cada una de las observaciones y salvedades señaladas en el Informe de Resultados del ejercicio fiscal 2021 y, en caso de no solventarlas, en términos de lo que marca la Ley en la materia, deberá promover ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad que resulten procedentes en cada caso, mismo sentido del Acuerdo sobre las 17 cuentas municipales no aprobadas.

Cada uno de los grupos parlamentarios hizo su respectivo posicionamiento, con una fuerte carga crítica, señalando errores, omisiones y presuntas faltas administrativas, pero finalmente terminaron votando a favor.

III

Y a dos días de su primer informe de gobierno, Alfonso Durazo sigue sacando la chamba y este día andará en el meritito Rosario Tesopaco para dar el banderazo de inicio a la obra de modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, un megaproyecto que vendrá a relanzar la actividad económica entre ambos estados, teniendo como centro de operaciones el puerto, donde por cierto ya comenzaron las obras de ampliación y modernización la semana pasada.

Esta carretera, gestionada por el gobernador Alfonso Durazo y su homóloga de Chihuahua tendrá una inversión de 13 mil millones de pesos, un monto que se puede referenciar considerando por ejemplo que el programa de modernización carretera en el gobierno de Claudia Pavlovich fue de cinco mil millones, o el Acueducto Independencia de Guillermo Padrés de alrededor de cuatro mil millones, aunque inicialmente estuvo proyectado con dos mil millones aproximadamente.

IV

Otro que no se duerme en sus laureles es el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán que ayer inauguró un centro de carga para las patrullas eléctricas integrado por 345 paneles solares y 120 cargadores que estiman un ahorro de 150 mil pesos mensuales en electricidad.

Este centro de carga está ubicado en la comandancia de la Zona Norte de la Policía Municipal, allí donde antes había una especie de panteón de patrullas, un espacio que asemejaba más a un deshuesadero que a otra cosa.

Para darse una idea del ahorro, considérese que cada patrulla convencional consumía un promedio diario de 837 pesos solo en gasolina; las patrullas eléctricas consumen 65 pesos diarios y con energía limpia, renovable y gratuita.

La Policía Municipal de Hermosillo es la primera en el país en contar con un parque solar, que por cierto se hizo posible gracias a la donación de 132 paneles solares por parte del grupo empresarial FEMSA, y forma parte de una serie de estrategias con perspectiva medioambiental que viene desarrollando el ayuntamiento.

Y aquí hay que reconocer el trabajo de la directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, que por cierto ha acompañado al Toño Astiazarán en estos temas desde que estaba a cargo de la AC Energía Sonora. Palomita.

Por Arturo Soto Munguía

Algo de masoquismo hay entre los panistas sonorenses, que ayer aplaudieron a rabiar la presencia del exgobernador Guillermo Padrés en la asamblea donde se renovó el Consejo Estatal y se eligieron candidatos al Consejo Nacional.

Si bien Padrés Elías supo capitalizar la coyuntura política de un PRI quebrado por la imposición de Alfonso Elías como candidato de Eduardo Bours a la gubernatura y sumar liderazgos en Acción Nacional que permitieron romper la hegemonía histórica del tricolor para dar paso a la primera alternancia en Sonora, también es cierto que su gobierno fue un desastre de corruptelas y un fabricante de millonarios express, al grado de que seis años después fueron vapuleados en las urnas por el mismo PRI.

Si a alguien hay que endosarle el fracaso del PAN y su reducción a la mínima expresión es a Guillermo Padrés Elías y sus secuaces. No es una exageración: el propio Gildardo Real, hoy dirigente estatal de ese partido reconoció en el proceso electoral del año pasado, que si el blanquiazul no se aliaba con el PRI corría el riesgo de perder el registro como partido. De ese tamaño fue el declive.

Y sin embargo, los asistentes a la asamblea estatal se pusieron de pie para aplaudirlo, aunque en el boletín institucional el exgobernador no tuvo ni una mención que registrara su presencia.

En el evento, el dirigente estatal Gildardo Real sostuvo que el PAN es la única alternativa seria y fuerte para hacerle un frente a Morena, aunque bien a bien no se sabe si en su estrategia incluya la táctica de acabar con el enemigo desde adentro, porque varios connotados panistas (padrecistas, por cierto) ya están en la nómina del actual gobierno estatal y los municipales de Morena, y otros se andan arrimando a la sombra del duracismo, operando subrepticia, aunque no gratuitamente para su gobierno.

Por cierto, una de las tareas del nuevo Consejo Estatal será definir la política de alianzas del blanquiazul, un tema relevante porque al interior de ese partido, donde hay corrientes importantes que consideran un fracaso la alianza con el PRI y el PRD en 2021, y empujan para no repetir ese ejercicio. Ya se verá cuál es la decisión que finalmente toman.

Y también se verá si la reaparición de Guillermo Padrés les suma o les resta. Es decir, claramente les sumará en términos de dinero y de cohesión de la nomenklatura, donde el exgobernador sigue siendo el líder indiscutible, pero quién sabe si eso se traduzca en consensos hacia afuera, donde el PAN ha perdido cientos de miles de votos. Y en esa debacle, mucho tuvo que ver Padrés y los padrecistas.

II

Apenas en noviembre pasado, Marco Antonio Andrade me buscó para obsequiarme un libro. Yo no tenía idea de que quizás en esos días ya estaba afectado por una enfermedad terminal, que finalmente acabó con su vida ayer domingo.

A Marco Antonio lo conocí en la Universidad de Sonora en aquellos días de amor y de guerra cuando comenzaban a soplar los vientos de cambio en el país. 1987-88 como referencia imprescindible para entender la transición en México.

Estudiante de derecho, brillante orador, alumno aventajado y muy participativo políticamente, como suele ser la gente de Cananea. Destacó pronto como profesional y diez años después ya firmaba como director Jurídico del Congreso del Estado, donde solía presumir lo que llamaba sus poemas jurídicos, textos muy bien soportados en la ciencia del Derecho que los convertían en irrebatibles.

Fue el autor de toda la parte jurídica en que se apoyaron los diputados para revocarle el mandato a Sara Valle Dessens en su primer mandato como alcaldesa de Guaymas.

Su sagacidad lo hizo redactar una iniciativa para lograr que los diputados de la LV legislatura (1997-2000) incrementaran sus dietas, algo que solo se permitía a condición de que dicho incremento aplicara para la siguiente legislatura. No sé cómo lo hizo, pero documentó y argumentó de tal forma su propuesta, que encontró el resquicio por el cual hacerla pasar sin violentar la ley vigente.

También fue director Jurídico y secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, consultor de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y últimamente firmaba como asesor y representante legal de varias empresas mineras nacionales y extranjeras.

Su muerte me tomó por sorpresa. En mi escritorio tengo el libro De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera, de Umberto Eco, con una dedicatoria inmerecida para este tundeteclas.

Y como las malas noticias no vienen solas, días antes nos enteramos del fallecimiento de otro viejo conocido, pero éste del otro lado de la geometría política. Andrade militó siempre en la izquierda, desde el PSUM hasta el PRD; Martín Lugo Félix lo hizo siempre en el PRI. Tampoco pudo superar un cáncer y también se fue, dejando a familiares y amigos llenos de pesar.

A Martín también lo conocí desde aquellos años, cuando era dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, y pese a las diferencias políticas siempre fue alguien con quien se podía conversar y convivir.

Descansen en paz ambos buenos camaradas.

III

El alcalde Antonio Astiazarán se dio tiempo para asistir a la asamblea estatal del PAN, y él sí mereció una mención en el comunicado oficial.

El Toñito es hoy por hoy, el activo más valioso de ese partido, aunque como candidato de la alianza, la mayor parte de sus votos haya provenido del PRI. Como alcalde de la capital del estado ha sacado la chamba destacando sobre todos los alcaldes y alcaldesas del resto de los municipios.

El mayor problema que enfrenta en estos momentos es el del desastre que las lluvias provocaron en las vialidades de Hermosillo, pero no se ha tirado al piso como otros alcaldes, esperando que desde el estado o la federación les apoyen en ese tema. De hecho, es quien más recursos ha destinado para remediar un asunto que requiere miles de millones de pesos.

De hecho acaba de anunciar la intensificación de los trabajos con 27 cuadrillas que tienen como objetivo tapar 300 mil baches para fin de año.

Lo cierto también es que el alcalde se ha anotado varios éxitos en su gestión, acaso uno de los más relevantes es la adquisición de 220 patrullas eléctricas para fortalecer la seguridad pública -un rubro en el que Hermosillo, pese a ser la ciudad más poblada del estado, ha mantenido niveles aceptables- y ese programa ya está siendo considerado por otros alcaldes, como Javier Lamarque, de Cajeme, para implementarlo en sus municipios.

De hecho, este programa será expuesto en el Taller Nacional de Movilidad Eléctrica con Municipalidades 2022, que se llevará a cabo en Nicaragua, como parte del proyecto “Avanzando hacia la electrificación con un enfoque regional”, del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Por Arturo Soto Munguía

Hace apenas tres días el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de arranque a las obras de rehabilitación del parque La Sauceda en Hermosillo, con una inversión inicial de siete millones de pesos, y ayer el alcalde Antonio Astiazarán anunció 22.5 millones de pesos para invertir en la rehabilitación del Cárcamo en ese tan emblemático como abandonado parque recreativo.

Inaugurado en 1994, ese complejo recreativo se convirtió pronto en el lugar obligado para quien visitara Hermosillo: albercas y chapoteaderos; el museo infantil La Burbuja, juegos mecánicos, amplios espacios para picnic, una magnífica explanada para conciertos al aire libre y otras amenidades lo hacían único en el estado.

Una vorágine de acontecimientos poco claros fue acabando poco a poco con este parque, ubicado en una zona privilegiada que comprende más de 40 hectáreas al oriente de la ciudad, hasta que en 2012 cerró definitivamente sus puertas. Las últimas noticias sobre La Sauceda tenían que ver más con actos vandálicos, incendios provocados, proliferación de fauna nociva y en general, con la estampa del abandono.

Hoy el gobierno del estado ya arrancó el rescate de La Sauceda y comienzan a aplicarse los primeros recursos para rehabilitar varios espacios como parte de un proyecto más ambicioso que incluye la construcción de un parque lineal de 12 kilómetros que llegaría hasta La Victoria y, en palabras del gobernador Alfonso Durazo, en unos años no tendría nada que envidiarle al parque de Chapultepec en la Ciudad de México.

Por otro lado, el ayuntamiento de Hermosillo se hizo cargo de esa zona aledaña conocido como El Cárcamo, que en la administración pasada estuvo a punto de ser vendido, pero la oposición de grupos ambientalistas y una partida de recursos federales detuvieron el proceso de venta.

Ayer, el alcalde Toño Astiazarán anunció el arranque de la rehabilitación y modernización de la Unidad Deportiva El Cárcamo.

“Lo querían vender, querían convertir esta unidad en edificios y acabar con los espacios deportivos y eso no lo podíamos permitir. Por eso en campaña vine y dije ante deportistas que si yo ganaba no solamente lo impediríamos, sino que arreglaríamos este lugar como dios manda y hoy estoy emocionado porque vengo a honrar mi palabra”, expresó el alcalde durante el evento en el que hizo el anuncio.

Así, esta obra incluida en el Plan Hermosillo CRECE contará con cuatro campos de beisbol, dos canchas de basquetbol, dos de voleibol, un parque para patinaje, andadores peatonales, comedor urbano, área para adultos mayores y juegos infantiles incluyentes para niñas y niños con discapacidad; 241 cajones de estacionamiento y área para hacer ejercicio.

Si las cosas siguen su curso normal, muy pronto veremos renacer esa zona de la ciudad que en un tiempo fue orgullo de Sonora.

II

Conforme van apareciendo nuevas revelaciones extraídas de la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente los muy ingenuos o los deliberadamente perversos pueden sostener que los datos allí contenidos son irrelevantes.

Muchos de esos datos obtenidos ilegalmente por el grupo autodenominado Guacamaya tienen que ver con asuntos prioritarios de seguridad nacional, como el número de elementos de las fuerzas armadas destacamentados en puertos y aduanas, su capacidad operativa, poder de fuego y movilización; armas, equipo, transporte…

Esa información, en las manos equivocadas como pueden ser las de un gobierno coyunturalmente hostil o las del crimen organizado dejaría a nuestras fuerzas armadas en una condición de vulnerabilidad grave.

Si careciendo de esa información antier se registró una terrorífica masacre en Totolapan, un pueblo de Guerrero donde sicarios hicieron sonar la metralla por espacio de 40 minutos en un tiroteo que dejó un saldo de 18 muertos, incluyendo al presidente municipal. Si en cuatro años la cifra de asesinados en eventos de esta naturaleza andan rozando los 130 mil en todo el país, imagínense lo que las corporaciones criminales harían disponiendo de una radiografía más precisa de la capacidad de respuesta institucional por parte de los gobiernos federal y estatales.

A menos que se considere que por otras vías -como puede ser la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas y en las propias fuerzas armadas- esa información ya está desde hace tiempo en poder de los criminales y por eso actúan con tal descaro y desparpajo, deberíamos asumir que las cosas no pueden ir peor.

Pero nadie, quizá ni las propias elites castrenses saben a ciencia cierta la cantidad y la calidad de la información que les fue sustraída por los hackers de Guacamaya, ni quienes la están procesando en estos momentos, ni con qué fines.

Hasta ahora el Estado mexicano ha tomado el asunto con ligereza, al menos públicamente, pero seguro los servicios de inteligencia están trabajando a toda máquina para evaluar las dimensiones de la crisis y tratar de contenerla.

La información que está apareciendo dosificadamente a través de varios medios que tuvieron acceso a los seis terabytes de información parece concentrarse en aquellos temas que suelen suscitar el escándalo y el morbo, particularmente los relacionados con funcionarios públicos, policías y militares involucrados en actividades ilícitas, lo cual de suyo es grave, pero no hay manera de saber qué más puede salir a la luz.

Claro, también hay mucha paja en toda esa información, y algunos datos que confirman la gravedad de una vulneración de la seguridad nacional ante grupos terroristas extranjeros y cárteles mexicanos.

Por ejemplo, en una evaluación de riesgos sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Oficialía Mayor de la Defensa Nacional y el Comité de Administración del AIFA (integrado por militares) hizo un listado de grupos con posibilidades de perpetrar un acto de interferencia ilícita.

Encabezando la lista están Hezbollá y Al Quaeda con 10 y 12 puntos en una escala del nivel de amenaza que representan. Con 8 y 9 puntos en esa escala aparecen el Estado Islámico de Irak y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El Cártel Jalisco Nueva Generación está considerado con un nivel de amenaza de 10 puntos, igual que Hezbollá. El cártel La Familia, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y el cártel de los Beltrán Leyva aparecen con 8 puntos en esa escala.

También aparecen organizaciones sindicales y sociales que de acuerdo a esa información podrían constituir una amenaza seria. Allí aparecen el sindicato Libertad (ramos del transporte y la construcción, pero presuntamente ligados a extorsiones y otras actividades ilícitas); la CNTE y colectivos feministas catalogados con un nivel de amenaza de 10, es decir, el mismo que Hezbollá, un grupo de terroristas musulmanes.

En la lista aparecen también los familiares de niños con cáncer y las madres usuarias de guarderías infantiles con 6 y 5 puntos en la escala de amenaza, es decir, andan en el rango de peligrosidad del Cártel Unión Tepito, el Cártel del Centro y los ex trabajadores de la extinta Policía Federal.

Qué pena, pero mientras nuestras fuerzas armadas concentraban sus labores de inteligencia en grupos como los familiares de niños con cáncer o usuarias de guarderías infantiles, les llegó la Guacamaya y les robó toda la información, incluyendo aquella que sí puede poner en alerta a organizaciones criminales verdaderamente peligrosas.

Esta historia continuará.

Por Arturo Soto Munguía

Una milimétrica lectura de los pros y los contras, de los consensos sociales y de los costos políticos debió hacer el gobernador Alfonso Durazo para tomar la decisión, postergada durante muchos años por sus antecesores, de levantar la ‘piola de cuota’ que integrantes de la etnia yaqui mantenían en Vícam, esquilmando indiscriminadamente a usuarios de esa rúa.

No es casual que otros gobernadores hayan sido omisos en el abordaje de este tema. El único que se animó a desplegar un operativo como el que vimos ayer fue Eduardo Bours y la memoria registra aquellas imágenes de los policías estatales persiguiendo a los yaquis entre los matorrales. También se recuerda que fue flor de un día, porque las ‘piolas de cuota’ volvieron a instalarse unos días después.

Pero lo que muchos no sabíamos ahora es que desde hace meses, las autoridades tradicionales de la etnia que se encuentran participando desde el inicio de la implementación del Plan de Justicia Yaqui dieron el aval para que los grupos que mantenían los retenes fueran desalojados por el gobierno. Es decir, el consenso suscitado ayer y registrado de inmediato en las redes sociales por la liberación de la carretera también tiene aval entre autoridades de la tribu, algo que quizá no hizo Eduardo Bours en su momento.

La étnica lectora, el aborigen lector estarán enterados que el martes pasado fue detenido un joven que participaba de uno de esos retenes a la altura de Estación Oroz. Eso desató las protestas entre sus familiares y otros miembros de la etnia que procedieron a bloquear la carretera y unas horas después les cayó la policía estatal y la Guardia Nacional para despejar la carretera en un episodio donde hubo cinco detenidos.

Ayer miércoles, un nutrido contingente de policías estatales y federales hizo lo propio en Vícam, en un operativo en el que se detuvieron 20 personas. La carretera ya está despejada y los agentes permanecerán allí para evitar que se vuelvan a instalar.

Hace mucho que una medida tomada por el gobierno estatal no concitaba tantos consensos sociales como la que ayer culminó con la liberación de la carretera internacional. Ciudadanos y liderazgos de diversa filiación aplaudieron sonoramente el desalojo y respaldaron la decisión del gobernador Alfonso Durazo.

Eso, supongo, fue parte de esa lectura previa para decidirse a poner fin a un asunto que surgió como un justo reclamo de la etnia por la deuda histórica del Estado Mexicano no solo en materia de justicia social, sino en pesos contantes y sonantes que le corresponden por el llamado ‘paso de servidumbre’, una suerte de compensación, bono o impuesto por el uso de su territorio.

Pero el asunto se fue enredando de tal modo que al paso de los años y producto de la división -también añeja- en la etnia, ya no se sabía dónde comenzaba el saldo de la deuda histórica y dónde comenzaba la baquetonada, sobre todo de grupos y personajes de dudoso proceder.

Lo cierto es que la cuotas que comenzaron siendo voluntarias y apelando a la solidaridad de los usuarios de la carretera se convirtieron en obligatorias y con montos fijos, que eran cobrados de no muy buena manera, al grado de que provocaron no pocos episodios de violencia, connatos de zafarranchos y agresiones a automovilistas y camioneros.

En el marco del Plan de Justicia para la etnia se esbozaron algunas propuestas, siendo las más publicitadas: el cambio de la caseta de Esperanza más al norte y la asignación de un porcentaje de lo que Capufe recauda por concepto de peaje. En una de sus giras, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso calcular el monto de lo que recaudan los yaquis en sus retenes, y asignarles esa cantidad institucionalmente.

Ninguna de las dos propuestas prosperó y las ‘piolas de cuota’ se mantuvieron. Lo que también se mantuvo fue la inconformidad de los usuarios de la carretera que exigían por todos los medios terminar con este problema.

Ayer finalmente se tomó la decisión y el retén de Vícam fue levantado.

El tema, sin embargo tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver con la profunda división que existe en la etnia, cuyos pueblos tienen dos y hasta tres guardias tradicionales que se asumen como autoridad. El gobierno no reconoce a todas y, por ejemplo, hay grupos importantes que se sienten excluidos de las negociaciones del Plan de Justicia, y que son precisamente quienes auspiciaban las ‘piolas de cuota’.

Grupos que se van a inconformar y apelando a la autonomía de su nación, a sus usos y costumbres y al derecho sobre su territorio pueden hacer escalar el conflicto.

Además de la fuerza pública, el gobierno del estado (y el federal) tendrán que sacar a relucir la mano izquierda de la negociación política (y quizás la chequera) para evitar desaguisados mayores. Y con esto aludo a personajes que operan abierta o subrepticiamente y que han enrarecido la convivencia en las comunidades indígenas de manera grave. Y con ‘grave’ me refiero a hechos de violencia que han llegado al asesinato de dirigentes, autoridades tradicionales y familiares de las mismas; extorsiones y levantones.

El graderío social sonorense ciertamente se levantó para aplaudir la liberación de la carretera. Lo que sigue es mantener ese respaldo a las tareas de operación política que desactiven eventuales brotes de violencia y encaucen las demandas de la tribu por la vía de la negociación y el diálogo, un camino que aparece abierto con el Plan de Justicia, pero en el que no todos los grupos al interior de la etnia parecen dispuestos a caminar.

El asunto no es nada sencillo, pero el gobernador parece tener la lectura correcta del contexto y así lo dejó ver en su cuenta de Twitter ayer por la tarde, cuando escribió: “El día de hoy continuamos con los operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década. En operativos anteriores de diversas instituciones de seguridad federales y estatales realizados en la zona se han decomisado armas de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal, drogas y dinero, por lo que no descartamos ninguna línea de investigación. Estamos comprometidos con salvaguardar la seguridad de miles de personas que transitan esta carretera y seguiremos actuando para que estos hechos no se repitan”.

Que así sea.

II

Ya van tres mañaneras en que el presidente va a la cola de los cuestionamientos surgidos de las revelaciones de los hackers de Guacamaya. Para un hombre de poder, acostumbrado a imponer la agenda cotidiana, debe ser bastante incómodo estar capeando el temporal de preguntas sobre asuntos que supuestamente son irrelevantes porque ‘no es algo que no se supiera’, pero que lo obligan a estar aclarando diariamente.

Ni toda la discografía de Chico Ché parece suficiente para banalizar las revelaciones que están surgiendo, sobre todo las relacionadas con las fuerzas armadas y personajes de su círculo cercano. Las más recientes aluden a la verdadera autoría de la reforma para controlar a la Guardia Nacional, donde ubican a la misma Sedena, y a la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, que según el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, entregó la seguridad pública del estado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hay por lo menos cien medios de comunicación, nacionales y extranjeros escudriñando la información obtenida del hackeo a los servidores de la Sedena y de allí han salido estas revelaciones. Es decir, no son inventadas, sino surgidas de comunicaciones institucionales.

Ciertamente hay información irrelevante, pero hay otra que aparece muy comprometedora.

Estamos a nada de que el ‘cállate chachalaca’ se convierta en un ‘cállate guacamaya’.

Por Arturo Soto Munguía

Consumatum est. Las fuerzas armadas -que viven uno de los momentos más turbulentos de la historia reciente tras el hackeo de Guacamaya y la divulgación de información comprometedora- permanecerán en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Igual que en la cámara de diputados, en la de senadores la bancada del PRI fue clave para aportar los votos necesarios (y hasta sobraditos) para aprobar una iniciativa que, ciertamente, tuvo modificaciones producto del cabildeo entre legisladores.

Como comandantes en jefe de esos cabildeos estuvieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López por parte del gobierno federal y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada morenista que todo parece indicar aplicaron el viejo truco del policía malo y el policía bueno.

Fue un día intenso en el senado, con debates que dejaron ver la calaña de algun@s legislador@s que suelen confundir la más alta tribuna de la nación con un vagón del metro, aunque también hubo quienes con altura de miras y argumentos sólidos defendieron sus posturas de una y otra parte.

El bloque opositor se fracturó. PAN y MC se mantuvieron firmes en su voto en contra, pero el PRD aportó dos votos, el de Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo.

El PRI se fue de paso y solo Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu aguantaron a pie firme. Con matices (por no llamarle maromas) votaron a favor: Sylvana Beltrones, Eruviel Ávila, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Manuel Añorve, Ángel García Yáñez y Mario Zamora. Claudia Anaya no asistió.

El hombre del momento este miércoles será sin duda Ricardo Monreal, pieza clave en la negociación de la reforma con sus excorreligionarios del tricolor. No solo sacó la tarea a un presidente que todavía hace unas semanas lo ubicaba al lado de sus adversarios en el tema de la militarización de la seguridad pública; con ello también asestó un garrotazo en la columna vertebral de la alianza opositora, de por sí prendida con alfileres después de la votación en la cámara de diputados. Alito Moreno, quién lo dijera, también sale fortalecido y su intención de quedarse al frente del PRI nacional hasta el año entrante es prácticamente un hecho.

¿Qué cedió Morena para conseguir esos votos? Algunos allá en el altiplano sostienen que en la mesa estuvo la elección de gobernador en el Estado de México, donde la maestra Delfina podría ser la moneda de cambio con el aún poderoso Grupo Atlacomulco, pero eso ya entra en el terreno de las especulaciones.

Lo cierto es que el Ejército se queda en las calles hasta 2028 (por lo menos) y el bloque opositor tendrá que entrar en un proceso de redefinición de alianzas. Morena sale jubilosa y fortalecida; en la oposición hay duelo.

El argumento más socorrido de los opositores que votaron a favor fue el compromiso plasmado en la iniciativa, de garantizar un presupuesto digno para fortalecer policías municipales y estatales, pero eso ya estaba contemplado en la iniciativa que validaron en 2019 cuando se acordó mantener a las fuerzas armadas en la calle hasta 2024, y no se cumplió en estos tres años.

Que se cumpla en los siguientes es un volado.

Por otro lado, en parte le asiste la razón al presidente cuando asegura que de regresar el ejército a los cuarteles, el crimen organizado estaría de fiesta, pero en parte no, porque los criminales están de fiesta desde hace años, y esa fiesta en realidad ha sido una orgía de sangre que ha dejado más de 130 mil muertos.

Veremos lo que sucede en los años por venir.

II

En temas locales, se advirtió en este espacio que, aquel ultimátum que el gobernador Alfonso Durazo dio a su secretario de Infraestructura, Heriberto Aguilar para asegurar el arranque de la segunda etapa de las obras de modernización del puerto de Guaymas a más tardar el seis de octubre se parecía más a un pleito arreglado, solo para llegar a esa fecha, dar el banderazo a esas obras y repetir el espaldarazo al guaymense.

El tiempo lo confirma. Este día el gobernador estará en Guaymas, acompañado desde luego por Aguilar Castillo, para dar el banderazo al dragado de construcción para canales de navegación, la dársena de ciaboga, las áreas de maniobras y atraque del recinto portuario, así como a la construcción de un gran almacén frigorífico para mantener la cadena de frío para la revisión de aduana.

Ayer, al término de la rueda de prensa del gobernador, me encontré a Heriberto Aguilar en las escaleras de Palacio de Gobierno. Traía una sonrisa que no le cabía en la cara, así que por esa víspera se puede sacar el día.

III

Anoche se tensó el ambiente en territorio yaqui, cuando familiares de un joven detenido en flagrancia bloqueando un tramo carretero en Pótam, protestaron por su detención a manos de agentes de la AMIC, y reaccionaron bloqueando la carretera internacional a la altura de Estación Oroz, provocando un gran caos entre los usuarios de esa rúa.

Policías estatales acudieron al lugar y desalojaron a los manifestantes, deteniendo a otros cinco y liberando la carretera ya entrada la noche. Los agentes permanecerán en el lugar en previsión de nuevos bloqueos, pero el clima de tensión puede escalar en estos días.

Las reacciones en redes sociales fueron mayoritariamente a favor de la acción de los agentes estatales, y de una vez exigieron que se pasaran a Vícam y a Loma de Guamúchil donde todavía se mantienen retenes de cobro yaqui a los que no se ha podido mover por las buenas y no se animan a hacerlo por las malas, a pesar de las múltiples denuncias de abusos contra usuarios de la carretera, y a que ya se han presentado episodios de violencia, sin contar las extendidas versiones en el sentido de que los indígenas en los retenes están infiltrados por personas cuyos intereses están más ligados a actividades ilícitas que a las demandas de la etnia.

Un tema complicado al que las autoridades de gobierno no han podido o no han querido entrarle a fondo, y a pesar de que el Plan de Justicia para la etnia va muy avanzado y ya se están viendo las obras que contempla, incluyendo escuelas, un hospital, clínicas y hasta el acueducto para llevar agua a todas las comunidades, los retenes de cobro permanecen inamovibles.