Categoría: Editorial

Por Arturo Soto Munguía

Hace apenas tres días el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de arranque a las obras de rehabilitación del parque La Sauceda en Hermosillo, con una inversión inicial de siete millones de pesos, y ayer el alcalde Antonio Astiazarán anunció 22.5 millones de pesos para invertir en la rehabilitación del Cárcamo en ese tan emblemático como abandonado parque recreativo.

Inaugurado en 1994, ese complejo recreativo se convirtió pronto en el lugar obligado para quien visitara Hermosillo: albercas y chapoteaderos; el museo infantil La Burbuja, juegos mecánicos, amplios espacios para picnic, una magnífica explanada para conciertos al aire libre y otras amenidades lo hacían único en el estado.

Una vorágine de acontecimientos poco claros fue acabando poco a poco con este parque, ubicado en una zona privilegiada que comprende más de 40 hectáreas al oriente de la ciudad, hasta que en 2012 cerró definitivamente sus puertas. Las últimas noticias sobre La Sauceda tenían que ver más con actos vandálicos, incendios provocados, proliferación de fauna nociva y en general, con la estampa del abandono.

Hoy el gobierno del estado ya arrancó el rescate de La Sauceda y comienzan a aplicarse los primeros recursos para rehabilitar varios espacios como parte de un proyecto más ambicioso que incluye la construcción de un parque lineal de 12 kilómetros que llegaría hasta La Victoria y, en palabras del gobernador Alfonso Durazo, en unos años no tendría nada que envidiarle al parque de Chapultepec en la Ciudad de México.

Por otro lado, el ayuntamiento de Hermosillo se hizo cargo de esa zona aledaña conocido como El Cárcamo, que en la administración pasada estuvo a punto de ser vendido, pero la oposición de grupos ambientalistas y una partida de recursos federales detuvieron el proceso de venta.

Ayer, el alcalde Toño Astiazarán anunció el arranque de la rehabilitación y modernización de la Unidad Deportiva El Cárcamo.

“Lo querían vender, querían convertir esta unidad en edificios y acabar con los espacios deportivos y eso no lo podíamos permitir. Por eso en campaña vine y dije ante deportistas que si yo ganaba no solamente lo impediríamos, sino que arreglaríamos este lugar como dios manda y hoy estoy emocionado porque vengo a honrar mi palabra”, expresó el alcalde durante el evento en el que hizo el anuncio.

Así, esta obra incluida en el Plan Hermosillo CRECE contará con cuatro campos de beisbol, dos canchas de basquetbol, dos de voleibol, un parque para patinaje, andadores peatonales, comedor urbano, área para adultos mayores y juegos infantiles incluyentes para niñas y niños con discapacidad; 241 cajones de estacionamiento y área para hacer ejercicio.

Si las cosas siguen su curso normal, muy pronto veremos renacer esa zona de la ciudad que en un tiempo fue orgullo de Sonora.

II

Conforme van apareciendo nuevas revelaciones extraídas de la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente los muy ingenuos o los deliberadamente perversos pueden sostener que los datos allí contenidos son irrelevantes.

Muchos de esos datos obtenidos ilegalmente por el grupo autodenominado Guacamaya tienen que ver con asuntos prioritarios de seguridad nacional, como el número de elementos de las fuerzas armadas destacamentados en puertos y aduanas, su capacidad operativa, poder de fuego y movilización; armas, equipo, transporte…

Esa información, en las manos equivocadas como pueden ser las de un gobierno coyunturalmente hostil o las del crimen organizado dejaría a nuestras fuerzas armadas en una condición de vulnerabilidad grave.

Si careciendo de esa información antier se registró una terrorífica masacre en Totolapan, un pueblo de Guerrero donde sicarios hicieron sonar la metralla por espacio de 40 minutos en un tiroteo que dejó un saldo de 18 muertos, incluyendo al presidente municipal. Si en cuatro años la cifra de asesinados en eventos de esta naturaleza andan rozando los 130 mil en todo el país, imagínense lo que las corporaciones criminales harían disponiendo de una radiografía más precisa de la capacidad de respuesta institucional por parte de los gobiernos federal y estatales.

A menos que se considere que por otras vías -como puede ser la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas y en las propias fuerzas armadas- esa información ya está desde hace tiempo en poder de los criminales y por eso actúan con tal descaro y desparpajo, deberíamos asumir que las cosas no pueden ir peor.

Pero nadie, quizá ni las propias elites castrenses saben a ciencia cierta la cantidad y la calidad de la información que les fue sustraída por los hackers de Guacamaya, ni quienes la están procesando en estos momentos, ni con qué fines.

Hasta ahora el Estado mexicano ha tomado el asunto con ligereza, al menos públicamente, pero seguro los servicios de inteligencia están trabajando a toda máquina para evaluar las dimensiones de la crisis y tratar de contenerla.

La información que está apareciendo dosificadamente a través de varios medios que tuvieron acceso a los seis terabytes de información parece concentrarse en aquellos temas que suelen suscitar el escándalo y el morbo, particularmente los relacionados con funcionarios públicos, policías y militares involucrados en actividades ilícitas, lo cual de suyo es grave, pero no hay manera de saber qué más puede salir a la luz.

Claro, también hay mucha paja en toda esa información, y algunos datos que confirman la gravedad de una vulneración de la seguridad nacional ante grupos terroristas extranjeros y cárteles mexicanos.

Por ejemplo, en una evaluación de riesgos sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Oficialía Mayor de la Defensa Nacional y el Comité de Administración del AIFA (integrado por militares) hizo un listado de grupos con posibilidades de perpetrar un acto de interferencia ilícita.

Encabezando la lista están Hezbollá y Al Quaeda con 10 y 12 puntos en una escala del nivel de amenaza que representan. Con 8 y 9 puntos en esa escala aparecen el Estado Islámico de Irak y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El Cártel Jalisco Nueva Generación está considerado con un nivel de amenaza de 10 puntos, igual que Hezbollá. El cártel La Familia, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y el cártel de los Beltrán Leyva aparecen con 8 puntos en esa escala.

También aparecen organizaciones sindicales y sociales que de acuerdo a esa información podrían constituir una amenaza seria. Allí aparecen el sindicato Libertad (ramos del transporte y la construcción, pero presuntamente ligados a extorsiones y otras actividades ilícitas); la CNTE y colectivos feministas catalogados con un nivel de amenaza de 10, es decir, el mismo que Hezbollá, un grupo de terroristas musulmanes.

En la lista aparecen también los familiares de niños con cáncer y las madres usuarias de guarderías infantiles con 6 y 5 puntos en la escala de amenaza, es decir, andan en el rango de peligrosidad del Cártel Unión Tepito, el Cártel del Centro y los ex trabajadores de la extinta Policía Federal.

Qué pena, pero mientras nuestras fuerzas armadas concentraban sus labores de inteligencia en grupos como los familiares de niños con cáncer o usuarias de guarderías infantiles, les llegó la Guacamaya y les robó toda la información, incluyendo aquella que sí puede poner en alerta a organizaciones criminales verdaderamente peligrosas.

Esta historia continuará.

Por Arturo Soto Munguía

Una milimétrica lectura de los pros y los contras, de los consensos sociales y de los costos políticos debió hacer el gobernador Alfonso Durazo para tomar la decisión, postergada durante muchos años por sus antecesores, de levantar la ‘piola de cuota’ que integrantes de la etnia yaqui mantenían en Vícam, esquilmando indiscriminadamente a usuarios de esa rúa.

No es casual que otros gobernadores hayan sido omisos en el abordaje de este tema. El único que se animó a desplegar un operativo como el que vimos ayer fue Eduardo Bours y la memoria registra aquellas imágenes de los policías estatales persiguiendo a los yaquis entre los matorrales. También se recuerda que fue flor de un día, porque las ‘piolas de cuota’ volvieron a instalarse unos días después.

Pero lo que muchos no sabíamos ahora es que desde hace meses, las autoridades tradicionales de la etnia que se encuentran participando desde el inicio de la implementación del Plan de Justicia Yaqui dieron el aval para que los grupos que mantenían los retenes fueran desalojados por el gobierno. Es decir, el consenso suscitado ayer y registrado de inmediato en las redes sociales por la liberación de la carretera también tiene aval entre autoridades de la tribu, algo que quizá no hizo Eduardo Bours en su momento.

La étnica lectora, el aborigen lector estarán enterados que el martes pasado fue detenido un joven que participaba de uno de esos retenes a la altura de Estación Oroz. Eso desató las protestas entre sus familiares y otros miembros de la etnia que procedieron a bloquear la carretera y unas horas después les cayó la policía estatal y la Guardia Nacional para despejar la carretera en un episodio donde hubo cinco detenidos.

Ayer miércoles, un nutrido contingente de policías estatales y federales hizo lo propio en Vícam, en un operativo en el que se detuvieron 20 personas. La carretera ya está despejada y los agentes permanecerán allí para evitar que se vuelvan a instalar.

Hace mucho que una medida tomada por el gobierno estatal no concitaba tantos consensos sociales como la que ayer culminó con la liberación de la carretera internacional. Ciudadanos y liderazgos de diversa filiación aplaudieron sonoramente el desalojo y respaldaron la decisión del gobernador Alfonso Durazo.

Eso, supongo, fue parte de esa lectura previa para decidirse a poner fin a un asunto que surgió como un justo reclamo de la etnia por la deuda histórica del Estado Mexicano no solo en materia de justicia social, sino en pesos contantes y sonantes que le corresponden por el llamado ‘paso de servidumbre’, una suerte de compensación, bono o impuesto por el uso de su territorio.

Pero el asunto se fue enredando de tal modo que al paso de los años y producto de la división -también añeja- en la etnia, ya no se sabía dónde comenzaba el saldo de la deuda histórica y dónde comenzaba la baquetonada, sobre todo de grupos y personajes de dudoso proceder.

Lo cierto es que la cuotas que comenzaron siendo voluntarias y apelando a la solidaridad de los usuarios de la carretera se convirtieron en obligatorias y con montos fijos, que eran cobrados de no muy buena manera, al grado de que provocaron no pocos episodios de violencia, connatos de zafarranchos y agresiones a automovilistas y camioneros.

En el marco del Plan de Justicia para la etnia se esbozaron algunas propuestas, siendo las más publicitadas: el cambio de la caseta de Esperanza más al norte y la asignación de un porcentaje de lo que Capufe recauda por concepto de peaje. En una de sus giras, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso calcular el monto de lo que recaudan los yaquis en sus retenes, y asignarles esa cantidad institucionalmente.

Ninguna de las dos propuestas prosperó y las ‘piolas de cuota’ se mantuvieron. Lo que también se mantuvo fue la inconformidad de los usuarios de la carretera que exigían por todos los medios terminar con este problema.

Ayer finalmente se tomó la decisión y el retén de Vícam fue levantado.

El tema, sin embargo tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver con la profunda división que existe en la etnia, cuyos pueblos tienen dos y hasta tres guardias tradicionales que se asumen como autoridad. El gobierno no reconoce a todas y, por ejemplo, hay grupos importantes que se sienten excluidos de las negociaciones del Plan de Justicia, y que son precisamente quienes auspiciaban las ‘piolas de cuota’.

Grupos que se van a inconformar y apelando a la autonomía de su nación, a sus usos y costumbres y al derecho sobre su territorio pueden hacer escalar el conflicto.

Además de la fuerza pública, el gobierno del estado (y el federal) tendrán que sacar a relucir la mano izquierda de la negociación política (y quizás la chequera) para evitar desaguisados mayores. Y con esto aludo a personajes que operan abierta o subrepticiamente y que han enrarecido la convivencia en las comunidades indígenas de manera grave. Y con ‘grave’ me refiero a hechos de violencia que han llegado al asesinato de dirigentes, autoridades tradicionales y familiares de las mismas; extorsiones y levantones.

El graderío social sonorense ciertamente se levantó para aplaudir la liberación de la carretera. Lo que sigue es mantener ese respaldo a las tareas de operación política que desactiven eventuales brotes de violencia y encaucen las demandas de la tribu por la vía de la negociación y el diálogo, un camino que aparece abierto con el Plan de Justicia, pero en el que no todos los grupos al interior de la etnia parecen dispuestos a caminar.

El asunto no es nada sencillo, pero el gobernador parece tener la lectura correcta del contexto y así lo dejó ver en su cuenta de Twitter ayer por la tarde, cuando escribió: “El día de hoy continuamos con los operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década. En operativos anteriores de diversas instituciones de seguridad federales y estatales realizados en la zona se han decomisado armas de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal, drogas y dinero, por lo que no descartamos ninguna línea de investigación. Estamos comprometidos con salvaguardar la seguridad de miles de personas que transitan esta carretera y seguiremos actuando para que estos hechos no se repitan”.

Que así sea.

II

Ya van tres mañaneras en que el presidente va a la cola de los cuestionamientos surgidos de las revelaciones de los hackers de Guacamaya. Para un hombre de poder, acostumbrado a imponer la agenda cotidiana, debe ser bastante incómodo estar capeando el temporal de preguntas sobre asuntos que supuestamente son irrelevantes porque ‘no es algo que no se supiera’, pero que lo obligan a estar aclarando diariamente.

Ni toda la discografía de Chico Ché parece suficiente para banalizar las revelaciones que están surgiendo, sobre todo las relacionadas con las fuerzas armadas y personajes de su círculo cercano. Las más recientes aluden a la verdadera autoría de la reforma para controlar a la Guardia Nacional, donde ubican a la misma Sedena, y a la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, que según el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, entregó la seguridad pública del estado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hay por lo menos cien medios de comunicación, nacionales y extranjeros escudriñando la información obtenida del hackeo a los servidores de la Sedena y de allí han salido estas revelaciones. Es decir, no son inventadas, sino surgidas de comunicaciones institucionales.

Ciertamente hay información irrelevante, pero hay otra que aparece muy comprometedora.

Estamos a nada de que el ‘cállate chachalaca’ se convierta en un ‘cállate guacamaya’.

Por Arturo Soto Munguía

Consumatum est. Las fuerzas armadas -que viven uno de los momentos más turbulentos de la historia reciente tras el hackeo de Guacamaya y la divulgación de información comprometedora- permanecerán en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Igual que en la cámara de diputados, en la de senadores la bancada del PRI fue clave para aportar los votos necesarios (y hasta sobraditos) para aprobar una iniciativa que, ciertamente, tuvo modificaciones producto del cabildeo entre legisladores.

Como comandantes en jefe de esos cabildeos estuvieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López por parte del gobierno federal y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada morenista que todo parece indicar aplicaron el viejo truco del policía malo y el policía bueno.

Fue un día intenso en el senado, con debates que dejaron ver la calaña de algun@s legislador@s que suelen confundir la más alta tribuna de la nación con un vagón del metro, aunque también hubo quienes con altura de miras y argumentos sólidos defendieron sus posturas de una y otra parte.

El bloque opositor se fracturó. PAN y MC se mantuvieron firmes en su voto en contra, pero el PRD aportó dos votos, el de Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo.

El PRI se fue de paso y solo Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu aguantaron a pie firme. Con matices (por no llamarle maromas) votaron a favor: Sylvana Beltrones, Eruviel Ávila, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Manuel Añorve, Ángel García Yáñez y Mario Zamora. Claudia Anaya no asistió.

El hombre del momento este miércoles será sin duda Ricardo Monreal, pieza clave en la negociación de la reforma con sus excorreligionarios del tricolor. No solo sacó la tarea a un presidente que todavía hace unas semanas lo ubicaba al lado de sus adversarios en el tema de la militarización de la seguridad pública; con ello también asestó un garrotazo en la columna vertebral de la alianza opositora, de por sí prendida con alfileres después de la votación en la cámara de diputados. Alito Moreno, quién lo dijera, también sale fortalecido y su intención de quedarse al frente del PRI nacional hasta el año entrante es prácticamente un hecho.

¿Qué cedió Morena para conseguir esos votos? Algunos allá en el altiplano sostienen que en la mesa estuvo la elección de gobernador en el Estado de México, donde la maestra Delfina podría ser la moneda de cambio con el aún poderoso Grupo Atlacomulco, pero eso ya entra en el terreno de las especulaciones.

Lo cierto es que el Ejército se queda en las calles hasta 2028 (por lo menos) y el bloque opositor tendrá que entrar en un proceso de redefinición de alianzas. Morena sale jubilosa y fortalecida; en la oposición hay duelo.

El argumento más socorrido de los opositores que votaron a favor fue el compromiso plasmado en la iniciativa, de garantizar un presupuesto digno para fortalecer policías municipales y estatales, pero eso ya estaba contemplado en la iniciativa que validaron en 2019 cuando se acordó mantener a las fuerzas armadas en la calle hasta 2024, y no se cumplió en estos tres años.

Que se cumpla en los siguientes es un volado.

Por otro lado, en parte le asiste la razón al presidente cuando asegura que de regresar el ejército a los cuarteles, el crimen organizado estaría de fiesta, pero en parte no, porque los criminales están de fiesta desde hace años, y esa fiesta en realidad ha sido una orgía de sangre que ha dejado más de 130 mil muertos.

Veremos lo que sucede en los años por venir.

II

En temas locales, se advirtió en este espacio que, aquel ultimátum que el gobernador Alfonso Durazo dio a su secretario de Infraestructura, Heriberto Aguilar para asegurar el arranque de la segunda etapa de las obras de modernización del puerto de Guaymas a más tardar el seis de octubre se parecía más a un pleito arreglado, solo para llegar a esa fecha, dar el banderazo a esas obras y repetir el espaldarazo al guaymense.

El tiempo lo confirma. Este día el gobernador estará en Guaymas, acompañado desde luego por Aguilar Castillo, para dar el banderazo al dragado de construcción para canales de navegación, la dársena de ciaboga, las áreas de maniobras y atraque del recinto portuario, así como a la construcción de un gran almacén frigorífico para mantener la cadena de frío para la revisión de aduana.

Ayer, al término de la rueda de prensa del gobernador, me encontré a Heriberto Aguilar en las escaleras de Palacio de Gobierno. Traía una sonrisa que no le cabía en la cara, así que por esa víspera se puede sacar el día.

III

Anoche se tensó el ambiente en territorio yaqui, cuando familiares de un joven detenido en flagrancia bloqueando un tramo carretero en Pótam, protestaron por su detención a manos de agentes de la AMIC, y reaccionaron bloqueando la carretera internacional a la altura de Estación Oroz, provocando un gran caos entre los usuarios de esa rúa.

Policías estatales acudieron al lugar y desalojaron a los manifestantes, deteniendo a otros cinco y liberando la carretera ya entrada la noche. Los agentes permanecerán en el lugar en previsión de nuevos bloqueos, pero el clima de tensión puede escalar en estos días.

Las reacciones en redes sociales fueron mayoritariamente a favor de la acción de los agentes estatales, y de una vez exigieron que se pasaran a Vícam y a Loma de Guamúchil donde todavía se mantienen retenes de cobro yaqui a los que no se ha podido mover por las buenas y no se animan a hacerlo por las malas, a pesar de las múltiples denuncias de abusos contra usuarios de la carretera, y a que ya se han presentado episodios de violencia, sin contar las extendidas versiones en el sentido de que los indígenas en los retenes están infiltrados por personas cuyos intereses están más ligados a actividades ilícitas que a las demandas de la etnia.

Un tema complicado al que las autoridades de gobierno no han podido o no han querido entrarle a fondo, y a pesar de que el Plan de Justicia para la etnia va muy avanzado y ya se están viendo las obras que contempla, incluyendo escuelas, un hospital, clínicas y hasta el acueducto para llevar agua a todas las comunidades, los retenes de cobro permanecen inamovibles.

Si el presidente desestimó las revelaciones sobre sus enfermedades, banalizando el tema al programar la canción de Chico Ché “No me quiso el ejército”, es posible que este martes acuda de nueva cuenta a su paisano asesor de cabecera en materia de manejo de crisis y control de daños y nos deleite con otra rolita que bien puede ser esa de ¿Tons qué, mami?

No hay nada que no se sepa, estaríamos preocupados si estuviéramos metidos en asuntos de corrupción, dijo, palabras más palabras menos, el presidente.

Pero de entre los millones de documentos que Guacamaya obtuvo mediante un hackeo masivo al sistema digital de la Sedena, comienzan a aparecer en diversos medios que están escudriñando ese mundo de información, más revelaciones.

Una de ellas tiene que ver con los casos de abuso sexual, acoso y otras violaciones a los derechos humanos en la propia corporación castrense.

El diario El País, de España dio a conocer que al menos 42 militares se encuentran involucrados en estos hechos; algunos ya están en prisión, otros en proceso y algunos simplemente fueron cambiados de pelotón.

De acuerdo con la información publicada, más de 300 militares fueron acusados, procesados o sentenciados por violar derechos humanos, pero 23 son casos de violación calificada o abuso sexual desde 2009 a la fecha.

Uno de los casos más recientes es de este 2022 y alude a un informe enviado por un contraalmirante destinado en Puerto Peñasco, Sonora en el que da cuenta del abuso sexual y hostigamiento del que fueron víctimas soldados (mujeres) en Chihuahua, por parte de mandos medios y superiores de la Sedena.

Los registros incluyen el testimonio de una mujer militar que fue abusada por un capitán y por ello pidió su cambio a otra base.

El ejército, relata el medio español, ha hecho circular una carta en la que sus miembros se comprometen a no incurrir en conductas de ese tipo

Uno de los casos contenidos en los documentos hackeados, y cuya veracidad fue aceptada incluso por el propio presidente es el de “una soldado que tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018. Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y cinco mil 300 pesos de multa. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército”,

Se sabe que en nombre de la disciplina castrense y la verticalidad absoluta de la cadena de mando, en el Ejército se suelen presentar abusos de este tipo, especialmente con mujeres, pero difícilmente trascienden a la luz pública.

Los documentos de Guacamaya, puestos a disposición de quien quiera consultarlos, o enviados a ciertos medios de comunicación para su divulgación, documentan estos y otros casos que en condiciones normales y en otro país ya serían un escándalo que habría colocado a los mandos militares en situaciones comprometidas.

En México, sin embargo, es posible que bajo el argumento de que ya se sabía, de que ya hay militares presos y bajo proceso, se argumente que todo se trata de una nueva andanada del conservadurismo nacional y extranjero, pero que no pasará nada y a lo sumo el presidente nos ponga a Chico Ché cantando

Tons qué mami (tú dirás lo que hay que hacer)
Tons qué mami (mira que te quiero ver)
Tons qué mami (eres algo sin igual)
Tons qué mami (para mí eres especial)

II

El ayuntamiento de Hermosillo ha puesto a disposición de los ciudadanos un chat de whatsapp para que a través de él puedan reportarse problemas con el alumbrado público, vecinos con música a alto volumen, automóviles abandonados, baches, deficiencias en la recolección de basura entre otros.

Se trata de una herramienta denominada “Hola” a la que puede accederse a través de un código QR que ha sido colocado en todas las dependencias municipales y viene a sumarse a las que ya existen con esos mismos fines: la línea 072, la aplicación HermosilloGob, las redes sociales y la atención en ventanillas. A través de éstas el ciudadano puede conocer el estado de folios anteriores, ponerse la corriente con adeudos y resolver dudas.

El alcalde Antonio Astiazarán puso en marcha esta nueva herramienta, que es como cualquier chat de whatsapp, con número 662 155 0100 y con respuesta automatizada para recibir reportes que serán canalizados a las dependencias respectivas para agilizar la atención de los problemas denunciados.

III

Por mandato de ley, ayer inició operaciones en nuevo sistema de justicia laboral en Sonora, pero será esta mañana cuando el gobernador Alfonso Durazo encabece el acto protocolario para su implementación.

Básicamente el nuevo sistema busca que la justicia en materia laboral sea cada vez más transparente, ética y que se destierre la corrupción, una viejísima inercia que usualmente termina perjudicando a los más desprotegidos.

Se supone que ya se encuentran en óptimas condiciones las instalaciones físicas de 13 juzgados, así como la estructura administrativa y organizacional que habrán de sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de negra historia.

Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una de las dependencias estatales que ha tenido un primer año muy accidentado en cuanto a su funcionamiento interno y las pugnas entre el personal y mandos de la secretaría ha provocado varios cambios, enroques y ceses en las juntas locales.

El reto no es menor para la maestra Olga Armida Grijalva Otero, titular de la Secretaría, pues el rezago en miles de expedientes es una pesada carga con la que habrá de seguir lidiando. Y por si fuera poco, el viernes pasado la dirigente estatal de la CATEM, Caarolina Lara anunció que ha presentado alrededor de mil 900 emplazamientos a huelga, que vienen a sumarse a otros tantos que la CTM está presentando en el marco de las próximas revisiones salariales y contractuales que, considerando los efectos de la inflación, se antojan complicados.

Ya veremos.

Por Arturo Soto Munguía

Un solitario cantor rasga las cuerdas de su guitarra desgranando las notas de una canción icónica. “No lo van a impedir”, de Amaury Pérez en la voz de Alonso López deleita a un público que quizá llegaba a 50 personas.

Entre el público, aplauden unos cuantos. No hay mucho más que documentar porque la convocatoria a ese recital en el centro de gobierno pasó desapercibida, si la hubo.

Tampoco hubo marcha, mitin ni plantón. Ni una pinta, un volante, un pronunciamiento. La memoria alcanza apenas para colocar a media asta la bandera en la Universidad de Sonora, o para postear en redes sociales algún cartel viejo, una remembranza, un poema o algo que quiere serlo.

En Hermosillo, el dos de octubre fue un día soleado.

Un buen día para inaugurar la exposición militar “La Gran Fuerza de México” con la cual, aseguró el gobernador Alfonso Durazo, “la ciudadanía podrá tener un acercamiento con elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, instituciones que tiene una gran aceptación entre la población”.

Esta exposición estará disponible hasta el próximo 25 de octubre y los visitantes podrán disfrutar de actividades como grupos musicales, tirolesa y torre de rappel, pista de obstáculos infantiles (sic) exhibición de aeronaves y vehículos militares, paseo a caballo, exhibición ecuestre, exhibición canófila, entre otras, de acuerdo con el boletín que da cuenta del evento.

En el mismo estuvieron mandos militares y de seguridad pública, el alcalde de Hermosillo y el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, sede de la exposición.

No lo mencionan en el boletín, pero también estuvo el secretario de Educación, Aarón Grageda, aunque él se encargó de hacer patente su presencia subiendo a su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece abrazando al Subjefe del Estado Mayor, Freddy Rebollar.

Vueltas que da la vida para pasar del dos de octubre no se olvida/es de lucha combativa, al domingo soleado ideal para inaugurar una exposición militar y reconocer el trabajo que hace el Ejército, que siempre ha sido pueblo uniformado bajo el mando de un civil que es el comandante supremo, pero ahora es más civil, más supremo y más al lado del pueblo, no como antes que ordenaba masacrarlo.

Ya aquello de alimentar la memoria social es agua pasada, recurso de los nostálgicos, asidero de trasnochados, última instancia para desempolvar el recuerdo y no se oxide en los estantes donde hoy aparecen imágenes más alegres y triunfantes.

Por ahí anda uno que otro todavía, como el profe Joel Montoya que el viernes organizó una exposición fotográfica y algunos actos recordatorios de la masacre del dos de octubre, pero afortunadamente fue en un aula de la Unison y con poquitos estudiantes de Comunicación y Derecho.

Porque tampoco se trata de remover mucho las cenizas de aquellos fuegos, menos ahora que por fin tenemos un gobierno que ha puesto al Ejército al servicio del pueblo, como siempre debió estar.

Ayer domingo en Sonora, el dos de octubre volvió a ser un día soleado.

Banderazos

A diez días de que rinda su primer informe de gobierno, Alfonso Durazo parece decidido a dar el salto entre los primeros doce meses con anuncios de megaproyectos de infraestructura que marcarán su paso por la gubernatura, y los banderazos que alientan la esperanza de que las maquetas y power points pasan a convertirse en realidades.

Hace un par de semanas dio el banderazo a las obras de la primera etapa de la modernización del puerto de Guaymas y el próximo seis de octubre es el plazo fijado para iniciar otras cuatro obras complementarias de ese megaproyecto cuya inversión rebasa los tres mil millones de pesos y que incluye los primeros avances en la modernización de la carretera que unirá a Guaymas con Chihuahua.

La semana pasada dio el banderazo a las obras de rehabilitación del bulevar García Morales en Hermosillo, esa rúa que conecta a la capital con Bahía de Kino y en ese mismo evento anunció que el año próximo comenzará la ampliación a cuatro carriles de los primeros diez kilómetros (los más transitados) de esa carretera.

Y ayer dio el banderazo a las obras de rehabilitación del Parque La Sauceda, un espacio público que durante los últimos 10 años fue dejado en el abandono y que hoy está proyectado para invertirle de tal modo “que no le pida nada al bosque de Chapultepec”, dijo el mandatario.

Este proyecto incluye un parque lineal de 12 kilómetros que conectará con La Victoria, al poniente de la ciudad y en el cual se contemplan áreas de esparcimiento, para la práctica deportiva y espacios para la celebración de eventos culturales.

De entrada, las obras iniciadas ayer deberán estar listas en tres meses y consisten en colocación de malla sombra en pérgolas, habilitación de sanitarios, malla ciclónica, red de riego por goteo, iluminación de andadores y en canchas; pintura y túneles para vegetación en andadores.

Hay desde luego otras obras que ya están en marcha como las de la planta fotovoltaica en Puerto Peñasco, que será la más grande de América Latina, y las correspondientes al Plan de Justicia para la etnia yaqui, algunas que inauguró la semana pasada y otras, como el acueducto que llevará agua a todas las comunidades de la nación yoreme, que ya tiene avances significativos.

Una y otra vez el gobernador ha explicado que las obras de infraestructura, sobre todo las que tienen una dimensión como las proyectadas en Sonora, requieren de diferentes plazos para su arranque, y estos no son cortos, considerando que solamente los proyectos ejecutivos se pueden llevar meses y eventualmente, años.

Lo bueno es que ya iniciaron y, si las cosas pintan bien, nada las detendrá en los años por venir.

Por Arturo Soto Munguía

El hackeo al sistema digital de la Sedena no podía llegar en un momento más inoportuno para el presidente de la República, justo cuando el caso Ayotzinapa ha tensado las cuerdas de su relación con el Ejército, que incluso parece acorralado por el Grupo de Expertos Independientes que investigan el caso y que ayer revelaron la existencia de intercepciones telefónicas en tiempo real sobre lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 que indican la colusión de militares, policías y criminales en esos hechos.

Ayer por la tarde, el grupo de Hackers conocido como ‘Guacamaya’ hizo llegar a Carlos Loret de Mola parte de la información obtenida vía la vulneración de los sistemas de la Sedena y que, presumen, contiene 6 terabytes de documentos, comunicaciones, mensajes, videos, diagnósticos, estrategias y razonamientos de las fuerzas armadas mexicanas.

Lo relevante no es lo que contiene esa parte de la información confidencial que le proporcionaron a Loret y que alude a la precaria salud del presidente, detalles sobre el ‘culiacanazo’ o discrepancias entre el secretario de Defensa y el de la Marina, que de alguna manera son temas que en México corren de boca en boca incluso más allá del círculo rojo.

Lo que más debería de preocupar es el resto de la información a la que los hackers tuvieron acceso gracias, se dice, a que el gobierno federal ha ‘pichicateado’ la inversión en sistemas de seguridad digital. Hace un par de meses también la CFE fue hackeda y le ‘robaron’ toda su base de datos de clientes.

Pero momento. ¿Quiénes son los ‘hacktivistas’ de Guacamaya?

Bien a bien nadie lo sabe, pero a juzgar por una especie de manifiesto que publicaron recientemente, se podría deducir que se trata de genios cibernéticos con una gran carga ideológica de izquierda, profundamente antiimperialistas y de arraigado fervor latinoamericano.

Y aquí es donde entra el sospechosismo, porque siendo así resulta por lo menos extraño que los ejércitos, policías y gobiernos a los que ha vulnerado en sus sistemas digitales sean los de corte progresista (o por lo menos cargados a la izquierda) en América Latina: Chile, Colombia, Perú, El Salvador y México.

La historia ha probado que detrás de los discursos más radicales de la izquierda se escondan sus antípodas. Que detrás de las proclamas más feroces contra un gobierno, se escondan los agentes de ese gobierno. Que el más antiyankee de los activistas sea un agente de la CIA.

Y en México hay ejemplos de sobra. ¿No acaso el mismo ejército tenía infiltrados entre los normalistas de Ayotzinapa y que por cierto hoy se cuentan entre los desaparecidos?

Echemos un ojo a algunos párrafo de esa suerte de manifiesto de Guacamaya:

“Los ejércitos de América Latina (a la que aluden como Abya Yala) han garantizado y facilitado la entrada de empresas extractivistas provenientes del norte global. Son permisivos con estas, son los guardaespaldas de dichas empresas. El ejército armado es el que ejerce el trabajo sucio de los estados, de las empresas, de la delincuencia organizada, como el narcotráfico. A la vez que son obedientes y entrenados directamente por el imperio norteamericano que también tiene físicamente sus bases en territorio de Abya Yala.

“Entregamos esto a los pueblos de Abya Yala para remover la digna rabia, para que los que no hayan visto vean; para pensar y repensarnos en resistencias, para repensarnos la liberación de los pueblos y de la Madre Tierra. Filtramos sistemas militares y policiales en México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones”.

No perdamos de foco un par de cosas. Primero, el objetivo de Guacamaya es el ejército mexicano, al que acusa de hacer el trabajo sucio del gobierno y servir al narcotráfico, premisas que alimentan la narrativa en boga a raíz del derrotero que tomó la investigación del caso Ayotzinapa y que sin duda tensará más las cuerdas entre la cúpula militar y el gobierno civil que encabeza López Obrador.

Y segundo, parecería bastante inocente que el medio elegido para difundir las filtraciones sea Latinus y más específicamente Carlos Loret de Mola. Un medio con sede en Estados Unidos y un periodista dedicado de tiempo completo a minar la credibilidad del presidente y el gobierno que encabeza.

Inocente, digo, porque al presidente y a su poderosa maquinaria de información y propaganda les resulta relativamente sencillo descalificar la veracidad de lo difundido viniendo de Latinus y de Carlos Loret.

En cuatro años de permanente guerrilla informativa desde esas fuentes, al presidente no le han restado bases de apoyo significativamente, aunque hubo misiles tremendos como el abordaje del ‘culiacanazo’, la captura del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos o la ‘Casa Gris’ de José Ramón López Beltrán.

El tema de fondo en el ‘Guacamayazo’ es dilucidar si detrás del golpe está la mano del gobierno, los grupos de poder, militares y/o los servicios de inteligencia estadunidense, y cuál sería en todo caso la intención de operar de esa manera, justo en este momento.

Desde luego que la oposición al obradorismo está de plácemes porque suponen que cualquier cosa que dinamite la legitimidad del gobierno de AMLO debe ser aplaudida, sin detenerse mucho en lo ominoso que puede resultar la desestabilización política, sobre todo si en el centro del protagonismo están los militares.

Aguas.

II

Pero bueno, basta de conspiracionismos y tenebras. Mejor suelten el cuerpo, relájense que ya es viernes y aparten unas horas para hoy en la tarde porque si andan en Hermosillo no pueden perderse el agasajo literario que promete ser la presentación del libro Libreta de apuntes, una antología de puro chuqui narrativo que se debe degustar en su tinta.

La neta, una colección de relatos breves salidos de las mejores plumas sonorenses antologizadas en una colección que será presentada hoy a las siete de la tarde en Casa Madrid (Sufragio Efectivo 21, centro de Hermosillo).

Con los puros nombres usted sabrá que no hay una línea de desperdicio en este libro: Josefa Isabel Rojas Molina, Heriberto Duarte, Martín Salas, Lenin Guerrero, Joel García, Omar Gámez Navo, Carlos Sánchez y a huevo, mi compadre Miguel Ángel Avilés.

Confieso que no conocía las letras de algunos de ellos, pero ya les pegué un entre y son, si se permite la licencia literaria, una verga ensalivada. Neta, vayan, disfruten de viva voz y compren el libro. No se van a arrepentir.

Ya de ahí si se quieren ir a cantinear, queda muy cerca el Club Obregón, La Barra Hidalgo y La Verbena. De lo que pase allí ya no me hago responsable.

Por Arturo Soto Munguía

Hoy, hoy, hoy comienza el Kino Fest un evento que desde ahora y hasta el 3 de diciembre llenará cada fin de semana con eventos recreativos, culturales, deportivos y gastronómicos en el principal destino turístico de Hermosillo, Bahía de Kino donde el cerrojazo decembrino lo dará nada menos que Su Majestad La Brissa con todos sus éxitos, incluido La Colaless, que pone a bailar hasta a los que no sabemos.

El evento anunciado por el alcalde Antonio Astiazarán es organizado pensando en la demanda cultural y recreativa del turismo local, nacional y extranjero, pero al mismo tiempo pensando en los prestadores de servicios de la zona costera, que en temporada baja necesitan reactivar sus economías después de dos años de pandemia.

Hoy arrancan las actividades con un recorrido de 400 motociclistas que saldrán desde Hermosillo hacia el parque inclusivo Kino Mágico donde habrá un festival con música en vivo. El sábado la sede será el área de palapas de Kino Nuevo donde se ofrecerá una amplia gama de propuestas musicales en un entorno playero que nadie querrá perderse.

Entre otras cosas está programado el tradicional torneo de pesca a realizarse en el estero de Santa Rosa y en el que se entregarán más de 60 mil pesos en premios para los ejemplares marinos más pesados. Este torneo se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre y la inscripción para competidores tendrá un costo de 400 pesos, recursos que se donarán a la base local de la Cruz Roja.

Y para quienes gustan pedalear bicicletas, propias o prestadas, el 20 de noviembre habrá una carrera ciclista de 100 kilómetros saliendo desde el estadio Sonora en Hermosillo, hasta Kino Viejo donde se llevará a cabo la premiación.

Una de las actividades más emblemáticas de este festival es la muestra gastronómica que esta vez se llevará a cabo en Kino Mágico con un costo de 350 pesos que incluye, además de la degustación de la amplísima oferta culinaria playera, el concierto con el grupo de rock Nunca Jamás. Y como ya dijimos, el cierre correrá a cargo de La Brissa y su concierto gratuito, así que hay que estar pendientes de la cartelera para aprovechar los siguientes fines de semana.

Desde luego, es obligado reiterar el llamado al disfrute con responsabilidad, la conducción a la defensiva sobre todo en los trayectos de ida y vuelta sobre la carretera, y a no deschongarse mucho para llegar a diciembre con saldo blanco, pero bien gozados con los eventos de este festival.

II

Ayer se cumplió un año de la firma del decreto que crea el Plan de Justicia para la etnia yaqui y el gobernador Alfonso Durazo sostuvo un encuentro con autoridades tradicionales de los ocho pueblos, así como de los tres niveles del gobierno yori.

En este primer año se han asumido tres compromisos principales: resolver las necesidades de agua potable a todas las comunidades a través de un acueducto cuya construcción ya comenzó y en el que se invertirán dos mil 190 millones de pesos; la creación del distrito de riego 018 y la recuperación del caudal ecológico del río Yaqui.

Adicionalmente se están construyendo obras de equipamiento urbano y otras como la Universidad del Pueblo Yaqui que ayer quedó formalizada mediante la firma del documento respectivo. Hasta ahora hay 36 obras concluidas y una en proceso, en las que se han invertido 231 millones de pesos, de acuerdo con el titular de Sedatu en Sonora, Hiram Robles Esquivel.

Se trata de rehabilitación de guardias tradicionales, espacios educativos, de salud y deportivos, así como la cooperativa pesquera en Bahía de Lobos. En materia de agua potable se han invertido 415 mdp en 18 comunidades.

III

Reaccionó rápido la fiscal estatal Claudia Indira Contreras al responder al titular de la CEDH, Luis Fernando Rentería que ya se trabaja en cada una de las 15 recomendaciones enviadas el pasado martes por el ombudsman y recordó que cuenta con un plazo de 15 días hábiles para informar si se aceptan dichas recomendaciones.

Básicamente, las mismas se refieren a casos de omisiones y dilación de justicia en 15 casos de personas desaparecidas en Sonora.

Este capítulo continuará, pues hoy jueves el ombudsman ofrecerá una rueda de prensa a las ocho de la mañana para ofrecer detalles en torno a las recomendaciones citadas, mientras que a las 10:30 se llevará a cabo la conferencia semanal del área de seguridad estatal, donde seguramente la fiscal tendrá su versión sobre lo que se haya dicho más temprano.

Qué nervios.