Por: Arturo Soto Munguía
Era cuestión de tiempo. Ayer, un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego contra jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato que viajaban en un vehículo y que al parecer desobedecieron la orden de parar su marcha cuando les marcaron el alto.
Los hechos, en Irapuato la tarde de ayer. Un joven murió de un balazo en la cabeza y una muchacha se encuentra delicada, herida en el hombro.
No son las primeras víctimas civiles de la Guardia Nacional. El 8 de septiembre de 2020, un matrimonio de agricultores regresaba de una manifestación contra el trasvase de agua de la presa La Boquilla, en Chihuahua hacia Estados Unidos como parte de un acuerdo binacional firmado en 1944 pero que generó conflictos con agricultores del vecino estado.
La pareja fue balaceada por agentes de la Guardia Nacional. El hombre murió en el acto y la mujer no sobrevivió a las heridas después de ser trasladada a un hospital.
Aunque hubo seis agentes detenidos por estos hechos, sobre los mismos prevalecen muchas dudas. En el caso de los estudiantes de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue condenó lo que a su juicio fue un uso desproporcionado de la fuerza y esto pone sobre la mesa -otra vez- el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Se sabe que la Guardia Nacional está integrada en más del 90 por ciento por elementos del ejército cuya formación no necesariamente es compatible con las tareas que usualmente llevan a cabo las corporaciones policiacas, y el asesinato del joven guanajuatense seguramente encenderá de nueva cuenta el debate sobre la militarización de las tareas de seguridad pública.
Un debate que llega en el momento menos oportuno para Andrés Manuel López Obrador –que como candidato prometió regresar el ejército a los cuarteles, pero como presidente le ha conferido las más disímbolas tareas, desde empresarios hasta albañiles- que se apresta a mandar al Congreso una iniciativa de ley para adherir la Guardia Nacional a la Sedena, lo que seguramente será rechazado por la oposición, que ya descubrió en la rechazada reforma eléctrica, el peso de la unidad legislativa para enfrentar las puntas más agudas del presidencialismo a ultranza.
El tema tiene mucho de fondo y es un asunto eminentemente político. Que los militares, así sea bajo el uniforme de la Guardia Nacional comiencen a disparar sobre civiles es tanto como empezar a caminar por la delgada línea de un gobierno democrático y uno que opte por las salidas violentas, rebasando lo que hasta hoy son simbolismos que aparecen en forma de vallas metálicas, gases lacrimógenos, toletes, antimotines y demás parafernalia represiva en las movilizaciones sociales y en medio de un ambiente de tensiones y confrontación política.
Aguas con eso, en estos días en que la Guardia Nacional se ha convertido en la primera línea de contención de movimientos sociales, ya en el plano de las luchas sociales urbano-populares, ya en el combate a la delincuencia, ya en las tareas de policías, ya como valladar del flujo migratorio.
No han sido pocas las imágenes en que al calor de estas movilizaciones, los agentes son agredidos, humillados, escupidos por gente protestando en pueblos y ciudades. Y los militares, aunque solo obedecen órdenes de sus superiores, tienen el dedo muy cerca del gatillo. Aguas.
II
En asuntos más amables, arrancó ayer en Sonora el programa insignia del gobierno federal, ‘Sembrando vida’ que dejará este año una derrama económica de casi cien millones de pesos en ocho municipios a través del pago de cinco mil pesos mensuales para mil 600 personas que se inscriban en este programa.
Para el arranque estuvo en Hermosillo el subsecretario de inclusión productiva y desarrollo social de la Secretaría del Bienestar, Hugo Raúl Paulín, en un evento donde el gobernador Alfonso Durazo esbozó propuestas interesantes para agregarle valor al trabajo de hombres y mujeres de los municipios donde comenzará el programa.
La idea es sembrar árboles frutales que en el mediano plazo permitan mediante la gestión de cooperativas comercializar y procesar las cosechas, generando cadenas productivas que serían de gran provecho para esas poblaciones donde resulta complicado encontrar fuentes de empleo. Otro de los cultivos a considerar es el de agave para producir bacanora, el destilado que ha dado fama y gloria a Sonora.
Y es que entre los municipios-objetivo de este programa se encuentran varios cuya vocación productiva tiene que ver históricamente con el destilado de esta bebida, como Bacanora, Arivechi, Ónavas, Rosario, San Javier y Yécora.
También propuso que el programa privilegie la reforestación de las márgenes de los ríos Yaqui, Mayo y Sonora, aprovechando las condiciones propicias para sembrar allí frutales y maderables.
La forestal lectora, el malpensado lector sacarán cuentas inmediatamente y percibirán que esa derrama inicial de cien millones de pesos anuales podría tener un fin electoral justamente en municipios que no por pequeños son menos importantes y donde Morena no ha tenido el éxito deseado. Pero esas son meras especulaciones grilleriles, ¿verdad?
De lo que sí hay que estar pendientes es que esos recursos se apliquen bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas que hasta el momento no han aparecido en otros estados donde ya opera, y donde la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones por cientos de millones de pesos.
III
Y ya que andamos por terrenos de la generación de empleos, el combate al ocio y la añoranza por la nómina, vayan la desempleada lectora, el subempleado lector desempolvando sus currículums porque el Congreso del Estado ya lanzó un par de convocatorias que los podrían sacar de la angustia del piojo y la incertidumbre de los ingresos esporádicos y aleatorios, con el agregado de que por fin la patria les reconocería su ‘expertise’ a favor de las mejores causas.
La primera de ellas es para que presenten ante el Congreso las propuestas de hombres y mujeres para ocupar un cargo como integrantes del Comité Técnico Asesor del Parlamento Abierto, o bien se autopropongan si consideran que cumplen con los requisitos indispensables.
El parlamento abierto es una figura de participación ciudadana aprobada en esta legislatura a propuesta de la diputada Natalia Rivera y en resumidas cuentas se trata de un espacio para la discusión y socialización de las iniciativas de reformas legales de mayor impacto en la comunidad.
Si entre la lectoría de esta su columna favorita hay alguien interesado(a), pueden consultar las bases de la convocatoria en el sitio web del Congreso del Estado o bien acudiendo físicamente a la Oficialía de Partes en el edificio del Poder Legislativo. Pero píquenle porque solo tienen cuatro semanas para hacerlo.
La segunda convocatoria es para elegir a quien habrá de ocupar el cargo de Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, que dejó vacante Jesús Ramón Moya Grijalva hace algunas semanas.
La convocatoria puede ser consultada en el mismo sitio www.congresoson.gob.mx así que ya saben: chamba hay, lo que se necesita es acreditar los requisitos y haber cruzado sin mancharse, el pantano de la abnegación por las mejores causas y la obcecada e irreductible vocación por el servicio público.
