Por: Arturo Soto Munguía
Hasta quienes dudaban de la ‘mano izquierda’ del secretario de Gobierno deben reconocer que en el tema de los concesionarios requisados está sacando, sin prisa pero sin pausa, la chamba que le encomendó su jefe el gobernador.
El tema no es de ninguna manera sencilla y además de lidiar con una directora del Transporte que más parece ser parte del conflicto que de la solución (los afectados no le reconocen cualidad de interlocutora), ha tenido que enfrentar a ese monstruo que ya no es un ‘pulpo camionero’ sino una víbora que el anterior gobierno les dejó chillando, en medio de un conflicto que no solo pasa por lo económico sino que involucra otros aspectos organizacionales, sociales y hasta políticos.
Como se sabe, en 2018 la gobernadora Claudia Pavlovich agarró por los cuernos ese toro al que otros gobernadores no le quisieron entrar y requisó los títulos de concesión, otorgándolos a dos empresas que, por cierto, tampoco resultaron un dechado de eficiencia en la administración del servicio. Pero además, esa negociación dejó en el gobierno la carga de seguir pagando a los exconcesionarios, sin que éstos brindaran el servicio.
Así, los requisados recibían mensualmente 60 mil pesos por cada concesión, lo que fue cancelado por la nueva administración y eso fue lo que detonó el conflicto que los mantiene en una ruidosa manifestación alrededor de Palacio de Gobierno.
El nuevo gobierno encabezado por Alfonso Durazo diseñó un plan para finiquitar el conflicto, mediante un decreto que establece otorgar medio millón de pesos por cada concesión, siempre y cuando no tengan más de tres, rango en el que se encuentran el 70 por ciento de los afectados.
Como también se sabe la oferta resultó insuficiente especialmente para algunos que tienen varias concesiones. Y de manera señalada a un viejo conocido de ese sector llamado Medardo Chávez que operaba 29 concesiones a través de una empresa.
La exigencia del grupo que encabeza Chávez es de un millón y medio de pesos por cada concesión, pero el gobernador advirtió desde un inicio que no cedería a esa demanda, en parte porque no tiene ese dinero, en parte porque le parece desproporcionada y en parte porque en todo caso hay rubros de atención social donde se debe priorizar la aplicación de recursos públicos.
Pues bien, el gobierno del estado instaló desde la semana pasada una ventanilla de atención para comenzar el proceso de liquidación con una bolsa de 165 millones de pesos, a los exconcesionarios que poseían hasta tres títulos y que después de largas jornadas de protesta, aceptaron el medio millón de pesos.
En total suman 250 concesionarios que poseen 330 títulos. En el primer día de apertura de la ventanilla se acercaron 90 de ellos, poseedores de poco más de 150 concesiones y en los próximos días es probable que la cantidad aumente, dejando en la protesta solo a aquellos que tienen varias concesiones y que esperan darle el último buen zarpazo al presupuesto que generosamente han recibido durante décadas.
El asunto llegó al Congreso del Estado, que la semana pasada hizo un exhorto al gobernador para que resolviera este conflicto y seguramente eso metió presión en el equipo de Durazo, al que no parece simpatizarle mucho la idea de que se le acumulen los problemas, menos en estos días políticamente convulsos e intensos por todo lo relativo a la consulta de revocación de mandato, donde sacó bien la tarea de la movilización el sábado pasado, pero se hizo acreedor a una ‘tarjeta amarilla’ por parte del INE.
II
Y a propósito de gente que no le ayuda al gobernador, sino que le arrima más problemas, comienzan a aparecer por varios frentes.
En el tema de la revocación de mandato por ejemplo, han salido a relucir prácticas que sería una exageración decir que creíamos olvidadas, pues la mapachería y el uso de recursos públicos para fines partidistas no se crean ni se destruyen, solo se transforman y eso, como mencionamos arriba, ya le valió que el INE dictara medidas cautelares por la manifestación del sábado pasado.
Pero no es el único rubro en que algunos personeros de la 4T, de viejo y de nuevo cuño andan dándole al traste a la esperanza de un gobierno diferente a los del PRIAN. También en el mundo de los negocios comienzan a florecer algunos que inevitablemente llamarán la atención no solo por su alta redituabilidad sino por los personajes que de ellos participan.
En columnas anteriores mencionamos en este espacio que, asociado con un próspero empresario gastronómico del sur del estado, el ex asesor de Enrique Claussen en el Isssteson y la secretaría de Salud, Leonardo Félix Escalante había incursionado en el no menos próspero negocio de la proveeduría de alimentos al Sistema Estatal Penitenciario, donde hay decenas de miles de bocas que mantener diariamente y eso significa muchísimo dinero.
De acuerdo con información hecha llegar a este despacho, la cadena de mando la encabeza un empresario que se hace llamar el ‘Número uno’, operada por el empresario restaurantero en cuanto al control de insumos alimenticios y vigilada en lo administrativo por el exasesor de gobiernos priistas que, me dicen, no pierde oportunidad de presumir sus buenos oficios para trascender gobiernos independientemente de sus siglas.
Es cuestión de que los servicios de inteligencia del avezado sabueso de la contraloría estatal, Guillermo Moreno Esparza le ponga la lupa a una empresa denominada Urbanizadora de la Presa SA de CV para encontrar el hilo de una madeja de empresas subcontratadas en este negocio que, también hay que decirlo, en otros gobiernos ha sido una minita de litio, para no decir de oro porque eso ya pasó a la historia.
Esperemos que este asunto no le raspe la lámina al gobierno estatal, cuyo titular tiene fama de implacable en el combate de este tipo de prácticas del pasado, que parecen más vigentes que nunca.
