Categoría: Editorial

Por: Arturo Soto Munguía
La saga de terror que vive Sonora con protagonistas guaymenses involucrados en hechos más que turbios puso de cabeza todo.

Pero uno de los daños colaterales del que poco o nada se ha hablado es la credibilidad de los organismos electorales -estatal y nacional-, sus instancias y procedimientos para la fiscalización de los recursos en campañas y la vigilancia para detectar dinero del crimen organizado en las mismas.

En la oscuridad quedan también los pactos, acuerdos o compromisos de candidat@s con sus financiadores. En el caso Guaymas, el IEE de Sonora aparece exhibido, manco, ciego, mudo…

Veamos: el tope de gastos de campaña para los y las candidatas a la alcaldía de Guaymas en 2021 aprobado por el Consejo General del instituto fue de 4 millones 529 mil 506 pesos.

Lo que ha salido a la luz hasta el momento es que el allanamiento a la casa del ex candidato del PT a la alcaldía, Rodolfo Lizárraga, por parte de un grupo de hombres armados era la búsqueda de siete millones de pesos producto de un préstamo cuyo origen hasta ahora se desconoce, pero evidentemente no vino, digamos de Bancoppel, si consideramos que sus métodos de cobranza suelen ser molestos y persistentes, pero jamás a punta de pistola.

Solamente ese préstamo casi duplica el monto del tope de campaña, aunque siempre quedará la duda si esos recursos serían aplicados también en el proselitismo de otros dos personajes que fueron candidatos: Roberto Palafox Suárez a la diputación local por el distrito XIII bajo las siglas de las Redes Sociales Progresistas y Jesús Iván Acevedo a la alcaldía de Guaymas por el partido Fuerza Social por México.

La duda tiene sentido si se considera que ambos sujetos están actualmente detenidos e investigados por su participación en el asalto a mano armada en la casa de Rodolfo Lizárraga, quien permanece bajo custodia policiaca en Hermosillo.

El punto es que el IEE cuenta con una Dirección Ejecutiva de Fiscalización que entre sus atribuciones tiene la de coordinarse con el INE para todo lo relacionado con la asignación, auditoría y fiscalización de los recursos públicos y privados a partidos y candidatos.

¿Le pasaron de noche esos siete millones de pesos, o lo que se hayan gastado de ese ‘préstamo’, pues se intuye que los encapuchados que asaltaron la casa de Lizárraga buscaban al menos una parte de ese dinero?

Pero la parte más oscura radica en los acuerdos que hacen los candidatos o los partidos con quienes financian sus campañas, al margen de los recursos públicos oficialmente asignados para ello.

Recordemos que Rodolfo Lizárraga buscó la candidatura de Morena a la alcaldía del puerto y, a pesar de ser el mejor posicionado electoralmente le fue denegada, optando por competir bajo las siglas de su partido, el PT. Es posible que los servicios de inteligencia de Morena hayan detectado algo que no les gustó en el aspirante y decidieron ir mejor con Karla Córdova, que a la postre resultó ganadora.

Aun así, todavía en la recta final de la campaña Rodolfo Lizárraga aparecía punteando en las encuestas. El señor ya se hacía despachando en la Casa de Piedra, un sueño que tenía años acariciando, y que hoy se ha vuelto una pesadilla.

Me tocó entrevistarlo un par de semanas antes de la jornada electoral y estaba segurísimo de su triunfo. Pero perdió. Y de los siete millones que el IEE jamás vio no se sabía nada, hasta que estalló el escándalo en el que no se descarta la relación con el asesinato de Daniel Palafox Suárez, el suplente de Lizárraga en el Congreso al final de la legislatura anterior.

Este caso indica que el financiamiento oscuro de candidatos y candidatas puede llegar a igualar y hasta rebasar los topes oficiales de campaña, y que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del IEE no está ni remotamente preparada para las labores a su cargo.

Y el año que entra comienza el próximo proceso electoral.

II

No han sido los mejores días para Marcelo Ebrard. España tardó mucho en otorgar el beneplácito al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz y dicen los enterados que ello se debió a la falta de cuidado en las formas diplomáticas con que el presidente hizo pública su designación.

Luego se tensaron las relaciones con Panamá, que rechazó la propuesta de AMLO para que Pedro Salmerón ocupara la embajada en aquel país. El presidente de México comparó a la canciller panameña con la Santa Inquisición por asumir como cierta, dijo, una posición del ITAM que retomaba las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el historiador. Ante el rechazo del país canalero, AMLO propuso a Jesusa Rodríguez, que tampoco ha obtenido el beneplácito del país centroamericano.

Las posiciones ambivalentes del embajador norteamericano Ken Salazar que un día aplaude la reforma eléctrica del presidente mexicano y al otro día la cuestiona, traen a maltraer al secretario de Relaciones Exteriores.

Para completar el cuadro, ayer el presidente anunció la conveniencia de ‘pausar’ las relaciones con España, aludiendo al saqueo que empresas privadas en contubernio con la corona el gobierno de aquel país y los gobiernos neoliberales de México han hecho del nuestro.

El anuncio hizo levantar las cejas aquí y allá porque de entrada, no se sabe bien a bien qué significa ‘pausar la relación’ entre ambos países y algunos anticipan una ruptura de consecuencias insospechadas en uno y otro lado del Atlántico.

Aunque después matizó su postura diciendo que era solo un comentario, una opinión, es claro que viniendo del presidente de la República sus palabras toman una dimensión distinta a la de cualquier opinador.

El eco de sus palabras no tiene el mismo efecto entre sus fieles en México que en la comunidad internacional, donde las relaciones se rigen por protocolos, convenios, tratados, formas que al presidente lo tienen sin cuidado. Vamos a pausar la relación y que el próximo presidente de México las restablezca, dijo, palabras más, palabras menos.

Como anécdota chistosa está bien, pero en España (y en otros países) no parecen tener el mismo sentido del humor que el presidente mexicano, que está haciendo trabajar horas extras a su canciller para recoger los pedazos de la vajilla que va rompiendo con campechano desparpajo y silvestre diplomacia.

Veremos en qué para todo esto.

Por: Arturo Soto Munguía

Ayer les dije que anotaran con lápiz el nombre de Franco Ferra como quien encabezará la poderosa Oficialía Mayor del gobierno del estado una vez que el Congreso local apruebe el paquete de reformas enviadas por el Ejecutivo para reordenar y reforzar la administración pública estatal, especialmente en temas de transparencia, austeridad y combate a la corrupción.

Pues si me hicieron caso, ya pueden borrar ese nombre y ahora sí anotar con marcador indeleble el de Franco Gerardo Marcelo Fabbri Vázquez, un hombre que llegará precedido de una fama bien ganada de durísima mano en su paso por la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, donde hizo el uno-dos con el hoy gobernador Alfonso Durazo cuando éste se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Su fama de ‘duro’ no nace de la nada, sino de un impresionante currículum que no citaremos completo por falta de espacio. Aunque para que se vayan dando una idea del perfil del próximo funcionario les adelantamos unos datos.

Es licenciado en ciencias políticas y en administración de recursos humanos, materiales y financieros por la UAM; licenciado en derecho por la UVM certificado por Ceneval, diplomado en ética gubernamental y corporativa, anticorrupción y conflictos de interés por la Escuela Libre de Derecho, y diplomado en alta dirección de entidades públicas por el INAP.

En lo laboral ha sido contralor y coordinador de desarrollo institucional de la CNDH; contralor interno de la secretaría de Turismo, director de recursos materiales en la secretaría de la Función Pública, coordinador de enlace en la secretaría particular de la presidencia de la República; director de Administración en la secretaría de Gobernación.

Ha sido director de Administración en el gobierno del Distrito Federal y en varias dependencias y delegaciones; director de Difusión en la ASF, asesor en esa misma dependencia, en la cámara de senadores y en la de diputados, entre otras muchas cosas.

En algunos de esos cargos (por ejemplo en la presidencia de la República con Vicente Fox trabajó al lado de Alfonso Durazo) y para no hacer el cuento más largo, fue el encargado de todo el proceso administrativo para liquidar a la Policía Federal y dar paso a la Guardia Nacional, el proyecto insignia de Durazo.

La Oficialía Mayor de la que se hará cargo trabajará junto a la Contraloría en las estrategias de optimización del gasto, y seguramente estará en coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera del estado, también propuesta como parte del paquete de reformas.

Ahí nomás para que le vayan midiendo el agua a los camotes.

II

Bien dicen que la política es un juego de espejos. El dirigente estatal del PAN, Gildardo Real Ramírez y otros mandos de ese partido presentaron ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción una denuncia penal contra la ex gobernadora Claudia Pavlovich por el presunto desvío de ocho mil millones de pesos, lo que constituye quizás la primera prueba de fuego para el nuevo fiscal anticorrupción, Rogelio López García.

La denuncia fue asumida por algunos con un dejo de humor involuntario, porque no se sabe si en las investigaciones que se deriven de tal denuncia vayan a aparecer los montos que le tocaron al PAN y a sus dirigentes por haber validado, así fuera a regañadientes prácticamente todo lo que sucedió en la administración estatal pasada, no solo en lo administrativo, sino en lo legislativo y hasta en lo electoral, donde caminaron juntos en la Alianza Va por Sonora llevando como candidato común a Ernesto ‘El Borrego’ Gándara.

Decimos que esto parece un juego de espejos porque el PAN, que después de la elección del año pasado ha navegado con bandera de oposición crítica al gobierno de la 4T, parece estar haciendo el trabajo que desde el gobierno del estado se les complica un poco, considerando que la ex gobernadora ya hace maletas para volar rumbo a Barcelona para hacerse cargo del consulado de aquella ciudad mediterránea en la península ibérica, por designación directa del presidente López Obrador.

Cuando ayer por la mañana le preguntaron al gobernador sobre la denuncia de los panistas, sostuvo que la FAS en un organismo autónomo dependiente de la Fiscalía estatal y es la que tiene el caso, pero de entrada desestimó los señalamientos y precisó que en realidad se trata de adeudos heredados de administraciones pasadas, incluyendo la de Guillermo Padrés, muchos de los cuales no tienen sustento.

“Vendrá el momento en el que nos hagan parte de las conclusiones de esa investigación y obviamente actuaremos en consecuencia”, mencionó Durazo Montaño, que en este juego de espejos asumió el papel de policía bueno, mientras que el PAN, el del policía malo.

Durazo ha sido insistente en declaraciones que aluden al mal estado en que recibió la administración estatal, pero dadas las circunstancias prefiere echar por delante a los panistas para que sean éstos quienes se vayan a la yugular de la ex gobernadora.

Un viejo truco que los panistas han ensayado mucho cuando están en la oposición, concertacesionando con el gobierno en turno, y a veces hasta les sale bien.

Si así es el caso y de la denuncia se derivan responsabilidades administrativas y/o penales contra Pavlovich, sería un maravilloso plato frío de la venganza que degustarían con fruición, sobre todo aquellos a quienes la justicia llevó a la cárcel al inicio de la administración pasada, comenzando por el propio exgobernador Padrés. El gobierno de Morena, por su parte, no tendría tanta carga de conciencia al proceder contra la hoy favorecida de López Obrador y en todo caso, dejaría que los panistas hicieran el papel de tonto útil.

Claro, todavía falta ver si existen las pruebas para acreditar la presunta comisión de los delitos imputados porque, tal y como sucedió con varios de esos panistas, las acusaciones son por corrupción, no por weyes y la prueba es que todos ellos andan libres y bien forrados.

Por cierto y a propósito del padrecismo rampante, ayer se hizo presente en la conferencia de prensa del gobernador Durazo, la contralora ‘ciudadana’ de Guillermo Padrés, aquella cuya primera declaración fue para confesar su profesión de fe hacia quien llamó su jefe.

No sabemos a ciencia cierta cómo fue que llegó hasta allí considerando su condición de invidente, esa que le impidió ver el, ese sí, descarado y obsceno saqueo de los recursos públicos que marcaron la administración de su jefe, pero bien que vio cuando le iba a tomar la foto, porque trató de cubrir su cara.

O bien se valió de un perro lazarillo o bien ya recuperó la vista, porque ahora hasta se permite escudriñar el trabajo que está haciendo el contralor Guillermo Noriega Esparza, a quien trae de las solapas reclamando todo lo que en su momento ella no hizo.

Pero bueno, ese es el juego de espejos que a veces nos ofrece las imágenes invertidas de esto que cada vez parece más el mundo al revés.

III

No son dos, ni tres, ni cuatro, sino siete millones de pesos los que andan perdidos en el caso de Rodolfo Lizárraga, el ex diputado del PT cuya casa fue allanada por personas armadas que buscaban ese dinero en efectivo que, de acuerdo a la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras fue ‘prestado’ para una campaña electoral, y era lo que buscaban las personas armadas que allanaron el domicilio del guaymense.

Sobre este caso ya hay cuatro personas detenidas, tres de ellas relacionadas con la política y uno más, la pareja sentimental del exdiputado. Y no se descarta que el asunto tenga relación con el asesinato del suplente de Lizárraga en la legislatura pasada, Daniel Palafox Suárez.

El tema tiene a los sonorenses en el filo de la butaca.

Por: Arturo Soto Munguía
Lo que parecía un caso más de delincuencia común en el convulso puerto de Guaymas tomó un giro insospechado y ya se convirtió en un thriller que mantiene al respetable en el filo de la butaca.

Una saga con los componentes que el más ambicioso escritor de novela negra quisiera para un best seller: crimen sanguinario, lucha por el poder, narcopolítica, ambiciones desatadas, traición, romance gay, barandilla y tribunales…

El pasado 19 de enero cuatro sujetos encapuchados y armados irrumpieron en la vivienda del ex diputado local del PT, Rodolfo Lizárraga encañonando a los moradores y exigiendo dinero en efectivo. Como no encontraran, causaron destrozos en la casa y huyeron con rumbo desconocido.

Por esos hechos, el también ex candidato del PT a la alcaldía del puerto presentó una denuncia de hechos, cuyas diligencias llevaron a la detención, ayer, de al menos dos presuntos involucrados: Roberto Palafox Suárez, asesor político del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, y ex candidato en 2021 a la diputación local por el distrito 13; también Jesús Iván Acevedo, regidor del ayuntamiento de Guaymas en la administración anterior que encabezó Sara Valle y en la actual, que encabeza Karla Córdova. En 2021 fue candidato a la alcaldía por el partido Fuerza Social por México.

El juez oral de lo penal Octavio Castrejón Martínez solicitó la aprehensión de ambas personas, además de Daniel Palafox Suárez, Bryan Alberto Juárez Ponce y José Luis Angulo Tapia. Extraoficialmente se habla de cuatro detenidos, es decir todos los señalados anteriormente, a excepción del hoy occiso.

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el cuatro de febrero, mismo día en que Daniel Palafox Suárez, quien se desempeñaba como director de informática en el Ayuntamiento de Empalme fue encontrado muerto, con un balazo en la cabeza y las manos amputadas. Su cuerpo fue abandonado en un paraje al sur de la rielera ciudad, donde se ubica una capilla a la Santa Muerte, sitio donde suelen aparecer cadáveres del 98 por ciento de los que andando en actividades ilícitas, corren más riesgo de ser ejecutados.

José Luis Angulo Tapia se desempeñó como coordinador de vendedores ambulantes en el trienio de Sara Valle Dessens, y Bryan Alberto es un joven que no cumple 20 años y que hasta hace poco sostenía una relación sentimental con Rodolfo Lizárraga. Algo pasó en esta relación porque el muchacho está involucrado en el allanamiento a la casa del ex diputado.

Desde que sucedió el asalto en su casa de Guaymas, Lizárraga permanece en una especie de auto arraigo domiciliario en Hermosillo, custodiado 24/7 por agentes de la policía estatal. Ayer declaró a la prensa estar tranquilo tras las detenciones, pero hay elementos para suponer que esa tranquilidad es fingida.

La desaparición y el asesinato de Daniel Palafox Suárez le dieron un vuelco a esta saga, que tiene sus antecedentes en una no tan vieja disputa entre ambos personajes. Palafox Suárez era el suplente de Lizárraga en el Congreso local; cuando éste solicitó licencia para competir por la alcaldía de Guaymas, Suárez tomó su lugar, pero al perder la elección, Lizárraga quiso volver por su curul, a lo que Palafox se negó y entraron en un conflicto que dirimieron públicamente en los medios de comunicación en términos nada amables.

Daniel y Roberto Palafox Suárez difundieron en junio pasado, una denuncia contra Lizárraga acusándolo entre otras cosas, de enriquecimiento inexplicable. La denuncia la hizo pública Daniel Palafox en el programa de radio del colega y amigo José Ramírez un día antes de la elección.

El 27 de mayo, una página de Facebook llamada El Blog de Guaymas (que anteriormente se llamaba El Blog del Narco) había reproducido casi literalmente lo que Palafox expuso en el programa de radio: compra de terrenos, construcciones, vehículos pagados de contado, entre otras cosas, por parte del ex diputado que, agregan, antes de ocupar ese cargo no tenía ni cuenta de ahorros.

Otro dato relevante es que la detención de los presuntos se llevó a cabo por la Unidad de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, por lo que se presume que no solo andan tras la pista del robo con violencia en la casa de Lizárraga, sino del asesinato de Daniel Palafox Suárez, que tuvo todas las características de haber sido ejecutado por el crimen organizado.

Quedan muchos puntos oscuros en esta historia y habrá que esperar el resultado de las pesquisas que llevan a cabo los sabuesos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Pero todo huele muy mal…

II

Pasemos mejor a asuntos más amables. El secretario de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo estuvo ‘corriendo el lápiz’ durante los últimos meses para pulir un paquete de trece modificaciones legales para relanzar el desempeño gubernamental en áreas sensibles: combate a la corrupción, transparencia, seguridad y combate a la delincuencia; equilibrio económico y desarrollo social.

Fue el gobernador Alfonso Durazo quien presentó este paquete de reformas que en breve habrán de pasar por el Congreso del Estado para su aprobación.

A reserva de abundar líneas más adelante sobre algunas de estas reformas, destaquemos una que no aparece en relieve pero que vendrá a modificar sustancialmente el trabajo del gabinete.

Se trata de la desaparición de la Secretaría Técnica y la creación de la Oficialía Mayor, una instancia que ya existía en gobiernos anteriores pero desapareció en el gobierno de Claudia Pavlovich.

Según los enterados, en esta oficina se concentrará prácticamente todo el poder del Ejecutivo (después del que él detenta, claro); será una especie de supersecretaría y su ocupante será el verdadero brazo derecho del gobernador.

No digan que aquí lo leyeron pero esa oficina no la ocupará nadie del actual gabinete, sino que vendrá alguien del centro del país y se habla de un capitán de navío de nombre José López Ferra, hombre que estuvo muy cerca de Alfonso Durazo cuando éste ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el gabinete federal y es gente de todas sus confianzas.

Desde luego, apunte este nombre con lápiz, porque luego pasan otras cosas, pero el hecho cierto es que a partir de las nuevas reformas comenzará a operar de nuevo la Oficialía Mayor.

Por lo demás “Los cambios institucionales que propongo buscan cuatro grandes objetivos: un equilibrio de poderes democrático, la institucionalización de la austeridad republicana, el combate decidido a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones en asuntos públicos que fueron abandonados durante décadas como la movilidad, el deporte, la seguridad pública y el desarrollo sostenible”, dijo el gobernador.

Así, la titularidad en el ISAF y la Fiscalía estatal tendrán una vigencia de seis años para evitar encubrimiento e impunidad en administraciones salientes, y será el Congreso del Estado el que designe a los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos, facultad que hasta ahora recae en los titulares de dichas dependencias.

También será el Congreso junto con el Ejecutivo quienes definan al titular de la secretaría de Seguridad, lo que hasta ahora recae en el Consejo Ciudadano de SP.

Se modificará la Ley Anticorrupción para que las observaciones sean vinculantes a procesos legales; se abrirá a las denuncias ciudadanas y se reducirán las percepciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Sus sesiones de trabajo serán públicas a través de canales oficiales.

Se creará la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera y aumentarán los tiempos de prescripción para delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. También se faculta a la Contraloría a suspender contratos donde se detecten posibles daños patrimoniales. Hasta la omisión de cuotas del Isssteson será considerada falta grave. Ningún servidor público podrá ganar más que el titular del Ejecutivo.

Codeson se integrará a la Secretaría de Educación y Cultura, entre otras reformas.

“Las modificaciones propuestas son reformas de largo aliento que buscan dejar una arquitectura institucional diseñada con una visión de Estado, lo suficientemente sólida para que nuestro gobierno y las futuras administraciones cuenten con instrumentos normativos que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades. En lo inmediato, las y los sonorenses se beneficiarán con un gobierno austero que concentra los recursos públicos en proyectos, programas y acciones que benefician a la mayoría y a los más necesitados”, culminó el mandatario.

Por: Arturo Soto Munguía
Más que los resultados, hay una espera no despojada de cierto morbo por conocer las razones, los alcances y la utilidad práctica del estudio que la semana pasada anunciaron la fiscal estatal y la secretaria de Seguridad en Sonora, según el cual se estaría comprobando que el 98 por ciento de las víctimas de homicidio doloso, lo fueron por su involucramiento en actividades ilícitas.

Sin descalificar a priori dicho estudio, el sentido común indica que para arribar a esa conclusión no se requeriría un equipo multidisciplinario que se devanara los sesos y consumiera recursos públicos eventualmente cuantiosos.

Pero esa sería la parte menos cuestionable. Lo más serio es el camino de la criminalización y la revictimización de ese 98 por ciento de los y las muertas en tiroteos, enfrentamientos y ejecuciones, sin contar esa otra imprecisable cifra de cadáveres encontrados con preocupante frecuencia por los colectivos de madres buscadoras, que apenas el sábado daban cuenta de lo que llamaron ‘un campo de exterminio’ en Santa Ana.

Soy un convencido de que el gobierno de la cuarta transformación en Sonora ha privilegiado la incorporación de cuadros con una visión progresista, de avanzada, surgida de la investigación y la academia, nutrida en autores vanguardistas. Profesionales de la abogacía, la criminalística, la sociología y otras disciplinas, que pueden y deben arribar a mejores puertos en materia de políticas públicas a partir de la investigación, el análisis, el procesamiento de datos para interpretar la realidad.

La Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad no son la excepción, pero en este caso siento que sus titulares, Claudia Indira Contreras y María Dolores del Río están quedando a deber.

Realmente no serviría de mucho, y antes bien nos haría regresar 20 años en la historia, concluir basados en ese estudio, que sí hay muchos homicidios dolosos pero los ciudadanos de bien pueden estar tranquilos porque los muertos tienen antecedentes penales y perfiles criminales, es decir, ‘se están matando entre ellos’ y solo el dos por ciento de las víctimas son ‘daños colaterales’ o saldo rojo de violencia familiar y riñas por causas no relacionadas con el crimen organizado.

No se vale que las funcionarias citadas se aprovechen de que el gobernador anda a mil por hora, para meterle un gol como este.

Veamos: Alfonso Durazo trae sin duda, la experiencia de haber estado al frente de la secretaría de Seguridad federal, pero en las últimas semanas lo hemos visto recorriendo el estado atendiendo asuntos de la gobernanza que reclaman su presencia.

El gobernador trae en su agenda los temas del plan de justicia para Cananea, el plan de justicia para la etnia yaqui y el plan de justicia para los seris que no son, ni de lejos, asuntos menores. Lo hemos visto ir y venir a la Ciudad de México en la gestión de asuntos indispensables para el relanzamiento económico del estado: la modernización de aduanas, el puerto de Guaymas, la modificación del entorno urbano de Nogales; proyectos para Cajeme, obras carreteras, libramientos y desde luego la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco.

Eso sin contar asuntos que injustamente pueden considerarse más domésticos -porque no lo son-, como el reordenamiento financiero y administrativo del estado, el rescate del Isssteson, el plan anticorrupción y de austeridad, entre otros temas que le exigen un trabajo de 24/7.

La seguridad en el estado es, a no dudarlo un tema prioritario y si bien el gobernador dijo que se haría cargo personalmente, es obvio que en la complejidad de la gobernanza debe delegar tareas, y así ha depositado su confianza en dos mujeres que, lamentablemente aparecen rebasadas por una realidad empeñada en hacerlas ver erráticas y a veces hasta desesperadas. No es para menos.

Así las cosas, no queda más que esperar los resultados de ese estudio y que éstos vayan más allá de la revictimización y el desafortunado cliché ‘se están matando entre ellos’, porque entonces sí, no hay más opción que rezar para no aparecer algún malhadado día en la estadística del dos por ciento que no andamos en malos pasos y nos toque la de malas.

En el pasado, la criminalización de las víctimas y su consecuente revictimización hacía las veces de argumento para justificar la ausencia de resultados en las investigaciones de los homicidios dolosos. Si andaban en eso, se lo merecían, era la traducción más socorrida, lo que se decía sin decirlo.

Y sí, es posible que el 98% de los ejecutados (as) anduvieran en actividades ilícitas, pero sería interesante saber qué porcentaje de esos crímenes sigue en la impunidad, un dato que sería bueno incluir en el ya famoso estudio.

En vía de mientras y a vuelapluma, dejo cuatro nombres de víctimas cuyos asesinatos no han sido resueltos. Los cito porque no eran anónimos sicarios que aparecen y desaparecen sin que aparentemente nadie los reclame.

Abel Murrieta, Ricardo López, Marisol Cuadras y Daniel Palafox. Un candidato a la alcaldía de Cajeme, un periodista de Guaymas, una activista del feminismo en el mismo puerto y un funcionario municipal de Empalme.

Son, desde luego, mucho más, pero ¿servirá de algo saber si están en el 98 o en el dos por ciento? A mi juicio no. Todos están muertos y sus crímenes, impunes.

II

No empezó bien el año para el gremio periodístico. Cinco asesinados en estos primeros días de 2022, cuatro en enero, uno en febrero; tres de ellos en Tijuana, donde los demonios andan sueltos.

Ayer se reportó el asesinato de Marcos Ernesto Islas. Cuatro balazos segaron su vida, a las puertas de su casa. Por la noche, la fiscalía de Baja California confirmó la detención de Jocsar Fidel ‘N’ como presunto responsable del crimen.

Marcos Ernesto editaba un portal de noticias, aunque tenía tiempo que se había retirado de esa actividad.

Cinco periodistas asesinados en los primeros días del año que corre no son cosa menor. Mucho menos si los crímenes aparecen en un contexto de escalada en la confrontación del poder político con la prensa, donde hasta a Carmen Aristegui, hasta hace muy poco referente del periodismo con vocación obradorista, le fue colocada una diana en la espalda para que los seguidores del presidente descargaran en ella su furia, acusando traición.

El derecho de réplica y el diálogo circular al que apela el presidente con frecuencia se está convirtiendo en una peligrosa competencia por ver de qué lado se lanzan más descalificaciones, denuestos y francas agresiones. El presidente es duro en sus calificativos, pero no lo son menos sus detractores, que sin trabas ni recato lo insultan a él y a su familia diariamente.

Estamos en un momento en que no hay manera de saber quién comenzó los ataques, pero lo peor es que no hay visos de que en alguna de las partes vaya a caber la mesura. Preocupante, porque la violencia verbal es la antesala de la violencia física.

En el picado mar de la escalada criminal y la manga ancha de la impunidad, ¿qué si algún deschavetado atentara contra la vida de alguno de los villanos favoritos del presidente? ¿Qué si en el peor de los casos, lo hiciera promovido por alguno de los enemigos del presidente?

Por el bien de todos, los ánimos deben atemperarse.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
“¿Qué es, qué es, que entre más le quitas más grande es?”. Así rezaba una vieja adivinanza que solíamos escuchar de los mayores, aquellos que hoy andamos correteando el refuerzo tras las dos dosis de la vacuna contra la Covid19.

La respuesta es sencilla: el hoyo.

Muchos años después, la respuesta a esa adivinanza bien pudiera ser: el crimen organizado.

Hace un par de días el delegado de la FGR daba a conocer el aseguramiento de armas, vehículos y droga en la semana anterior: 38 fusiles de asalto y 20 armas cortas, destacando también 400 mil pastillas de fentanilo, un narcótico 50 veces más potente que la heroína, 38 vehículos terrestres y una avioneta.

El informe se dio en la rueda
de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo, quien celebró los decomisos, destacó la participación de las policías estatales en las acciones que llevaron a ellos y subrayó que son parte del combate permanente a la delincuencia organizada.

Sacar de las calles 50 o 60 armas de fuego en poder de los criminales cada semana son acciones dignas de reconocimiento, alentadoras y plausibles.

Pero al mismo tiempo, sobrecogedoras. Porque si semanalmente las autoridades civiles y militares sacan de las calles tantas armas, tanta droga y detienen a tanto presunto delincuente, ¿de qué tamaño será el poder de fuego, el económico del crimen organizado si desde hace varios meses no registramos un punto de inflexión que indique el descenso en los delitos de alto impacto, homicidios dolosos, señaladamente?

Es difícil dimensionar la magnitud del fenómeno de la violencia criminal, mucho menos a partir del solo parámetro del decomiso de armas, pero el sentido común indica que si cientos de ellas son arrancadas de las manos de los sicarios mensualmente y los hechos de sangre no disminuyen, obviamente son muchas más las que permanecen en su poder.

¿Cuántas? Imposible saberlo, pero eso nos lleva inevitablemente a otras preguntas relacionados con el mercado negro de armas en Estados Unidos, la porosidad de la frontera y la corrupción de las autoridades aduaneras y policiacas tanto del lado mexicano como de sus pares al norte.

Eso es precisamente lo sobrecogedor del asunto: asimilar que por impresionantes que aparezcan los decomisos y detenciones, están lejos de representar un debilitamiento significativo de las bandas criminales que, al contrario, parecen robustecerse a cada golpe.

Ayer fue un día negro en Sonora. Huatabampo, una ciudad del sur del estado que usualmente no aporta notas rojas de manera frecuente, vivió momentos de terror. Un sujeto discutió con su esposa, le dio un balazo en la mano, asesinó a un tío de la señora que intentó defenderla y huyó a bordo de su camioneta, disparando a los transeúntes, asesinando a un joven y lesionando a dos más (completamente ajenos al conflicto) para luego intentar suicidarse de un balazo en el cuello, cuando chocó el auto contra un árbol y se vio rodeado por la policía. Y eso que solo traía una pistola calibre .40.

Luego la municipal tuvo que acuartelarse en su comandancia, temiendo que el grupo al que pertenece el agresor intentara alguna acción en su contra.

Huatabampo es una comunidad relativamente tranquila, pero de acuerdo con fuentes locales, el hecho de que no aparezcan en los medios no significa que los delitos no se cometan. Los levantones, me dicen, son asunto cotidiano.

Horas más tarde, en un ejido situado a escasos kilómetros de la cabecera municipal en Cajeme, sujetos acribillaron a un hombre y huyeron a Ciudad Obregón provocando una aparatosa movilización de las diferentes corporaciones policiacas. Hubo intercambio de disparos y finalmente el auto en que viajaban impactó contra un tráiler, volcándose y cayendo a un canal. Allí fueron asegurados dos sujetos a quienes se les encontró en posesión de tres fusiles de los conocidos como ‘cuerno de chivo’.

Eso fue al filo del mediodía. Para las cinco de la tarde, en la colonia Ladrillera de Ciudad Obregón fue asesinado a balazos otro hombre en una vivienda, y una hora después, en San Luis Río Colorado masacraron a otro hombre dentro de su auto. En Hermosillo, esa misma tarde balearon a otro sujeto en las calles Gaspar Luken y Bulevar Quiroga.

Todo esto en un solo día. Mejor cerramos el tema y nos retiramos lentamente llevándonos la duda en el pensamiento: ¿ya habrán capturado al ‘Mataperros de Ures’?

II

Tampoco en Hermosillo comenzó bien el año. Jubilados y pensionados van por su tercer día de plantón y bloqueo en palacio municipal, lo que ha obligado a los funcionarios que usualmente despachan allí, al home office.

Los manifestantes reclaman la restitución de beneficios como vales de despensa, servicio médico, gastos funerarios y pago de luz que el Ayuntamiento retiró de su pago quincenal. Como negociador, el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta no ha podido destrabar el conflicto y su oferta de restituir solo los vales de despensa a quienes ganen menos de siete mil pesos fue rechazada por los jubilados y pensionados.

Piden además un encuentro con el alcalde Antonio Astiazarán, que no se ha concretado.

Mientras tanto en el palacio de al lado, ex concesionarios del transporte urbano tienen toda la semana en un ruidoso plantón, reclamando les sean devueltas las concesiones que les retiró el gobierno de Claudia Pavlovich, otorgándolas a una empresa foránea que por cierto, tampoco ha cumplido su oferta de mejorar el servicio.

En ambos casos los conflictos permanecen empantanados en parte por una fallida operación política, pero fundamentalmente porque esas demandas no se resuelven con política sino con dinero, y dinero no hay, así que los plantones pueden prolongarse.

En el caso de los ex concesionarios el gobernador ya adelantó que no cederá ante demandas que lucen exageradas, como el pago de hasta 700 mil pesos mensuales a algunos de ellos, que ni siquiera trabajan las unidades.

Dijo también que está preparado política y emocionalmente para aguantar las presiones mientras continúen las negociaciones. Lo de ‘emocionalmente’ seguro lo dijo por los bocinazos que durante horas y horas hacen sonar los manifestantes en su plantón, bombardeando con decibeles las oficinas de Palacio.

En los próximos días vamos a ver si aparece la ‘mano zurda’ tanto en el ayuntamiento como en el gobierno del estado para darle una salida a estos conflictos.

Por: Arturo Soto Munguía
La Comisión Estatal de Derechos Humanos no solo existe, sino que hasta emite recomendaciones.

Aunque ustedes no lo crean vejada lectora, abusador lector, el largo brazo del ombudsman sonorense Pedro Gabriel González Avilés llegó hasta Cajeme, y más específicamente hasta el escritorio del alcalde Javier Lamarque Cano para que llame a cuentas a algunos agentes de su policía municipal que, a juzgar por la denuncia que dio pie a la recomendación, hicieron como que estaban ocupados sosteniendo un entretenido diálogo con la morenita del Tepeyac y desatendieron un llamado del 9-1-1 para que acudieran a un domicilio donde un sujeto sí identificado amenazaba con una pavorosa arma de fuego a su aterrada esposa.

Mientras los municipales hacían como que la virgen les hablaba, el sujeto de marras que a la postre resultó ser un oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal pretendía dirimir un diferendo con su señora, para lo cual dejó de lado cualquier curso de mediación y control de crisis, y en su lugar sacó su Prieto Beretta (así dice la nota del 29 de junio del año pasado, que consigna los hechos, aunque seguramente se trataba de una Pietro Beretta, que ya en la zacapela, cualquiera la ve prieta) calibre nueve milímetros con la cual la amenazó.

El punto es que los municipales no fueron ni para darle un vasito de agua con azúcar para el susto a la aterrada denunciante, pero eso no dio pie a la recomendación, sino el hecho de que no lo detuvieron, sino que llamaron a sus colegas de la AMIC, uno de los cuales llegó para desarmar al belicoso policía, y a otra cosa mariposa. Ah, los municipales tampoco elaboraron el Informe Policial Homologado a pesar de tratarse de un hecho en el que una mujer estuvo bajo riesgo de muerte.

Fue por lo menos un caso de encubrimiento entre policías en el que la vida de la señora estuvo en peligro, y por ello ni tarda ni perezosa la CEDH se abocó a las diligencias necesarias y después de siete meses emitió una recomendación al señor Lamarque Cano solicitando iniciar un procedimiento administrativo contra los agentes en cuestión, concluirlo en tiempo y forma y rendir un informe del seguimiento y avance del caso.

También le solicitó reasignar a los agentes a funciones donde no tengan contacto directo con la ciudadanía e instruir a quien corresponda para ofrecer capacitación a los elementos en materia de derechos humanos en el ejercicio de su deber y sensibilidad en el trato a la ciudadanía.

Grave el caso por tratarse de la agresión a una mujer, pero es más grave porque el agresor es un agente de la Fiscalía estatal. No se tratara del ‘Mataperros de Ures’ porque hasta al SWAT entra en acción…

II

Pues no es uno ni dos ni tres las solicitudes ante el IEE para crear nuevos partidos políticos estatales. Al Partido Sonorense de Alí Camacho, Manny Hernández y Fernando Valenzuela se suma el Partido Sonorense Independiente, impulsado por Petra Santos, pero se sabe que el ex director de Servicios Públicos Municipales y experimentado político Norberto Barraza Almazán está haciendo su luchita en ese sentido.

Aún más, me reportan que no son los únicos partidos en ciernes (antes tienen que cumplir una serie de requisitos legales), de manera que para 2024 seguramente veremos, si no muchas caras nuevas en las boletas electorales, por lo menos muchas siglas nuevas.

La experiencia reciente con los partidos de nueva creación es que sirven como plataforma para impulsar candidaturas -generalmente de hombres y mujeres que por diversas razones abandonaros militancias previas-, les alcanza para ganar algunas regidurías pero no para el 3 por ciento de la votación general, lo que inevitablemente los condena a desaparecer en una especie de debut y despedida.

Así fue con el MAS (Movimiento Alternativo Sonorense) que participó por primera vez en 2018 como partido estatal y desapareció ese mismo año. Lanzó como candidato a la alcaldía de Hermosillo al ex perredista José Guadalupe Curiel, a quien le alcanzó para una regiduría. Hoy es funcionario estatal.

En la elección pasada compitieron Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, aunque estos dos tenían registro nacional y en el caso del último, desapareció en la elección previa como Partido Encuentro Social. Sus candidatos a la gubernatura, Cuauhtémoc Galindo Delgado y Carlos Zataráin hoy forman parte del gabinete ampliado de Alfonso Durazo.

Otro partido de nueva creación y con registro nacional que participó en la elección 2021 es Fuerza Social por México, que postuló a María del Rosario Fátima Robles Robles como candidata a la gubernatura. Ese partido también perdió el registro y su candidata se inscribió en la lista de aspirantes para dirigir el Instituto Sonorense de las Mujeres, pero se quedó en el camino. Fue seleccionada Mireya Scarone Adarga.

El único caso ‘exitoso’ es el del Partido Social Demócrata que compitió en 2009 llevando como candidato a la alcaldía al ex priista Vicente Terán Uribe, quien ganó la elección en Agua Prieta. Fue exitoso porque ganó la alcaldía pero igual desapareció en esa elección.

Veremos cómo recibe el electorado a las nuevas opciones que se presenten en 2024, donde habrá de todo.

Por: Arturo Soto Munguía

Si usted, decepcionado lector, desesperanzada lectora ya se hartó de los partidos políticos y está pensando seriamente en pasarse al lado de la mayoría abstencionista que marcó época en la elección pasada cuando se quedó en sus casas viendo como la aplanadora guinda cargada de cascajo le pasaba por encima a lo que quedaba del resto de los partidos, haga una pausa y reconsidere.

Hace días se presentaron en el IEE los señores Alí Camacho, Fernando Valenzuela y Manuel Hernández para presentar la documentación respectiva solicitando se reconozca oficialmente a lo que han dado en llamar Partido Sonorense, una organización con alcance estatal que vendrá a hacer trizas a cuanta opción político electoral se le atraviese en su camino en 2024.

(Risas grabadas).

Alí Camacho es un activista social del sur del estado que en repetidas ocasiones ha buscado una candidatura por el PRI, mismas veces que ha sido ‘bateado’, y Manny Hernández es (o era hasta hace poco) cabeza de la llamada Corriente Crítica del PRI. A Fernando Valenzuela no lo conocemos bien, pero no es el Toro de Etchohuaquila, eso sí lo tenemos claro.

Ahora que si le da cus-cus votar por el neoliberalismo redimido, no se descorazone, porque también podrá voltear hacia la izquierda y encontrarse con el nuevo partido político que hoy, hoy, hoy será anunciado (también como solicitante de registro) nada más y nada menos que por la aguerrida luchadora social y defensora de los desamparados (Benjamín Hurtado no entra en esta categoría), la mismísima Petra Santos Ortiz.

Todos estos personajes están buscando, no vayan ustedes a creer que su vigencia política y su sobrevivencia en el cada vez más escurridizo presupuesto público, sino que traen toda la voluntad de aportar su trabajo, experiencia, conocimientos y proyectos a la construcción de un Sonora más próspero, democrático, progresista, incluyente, plural, diverso y chulo de bonito.

(Aplausos grabados).

Así que ya lo sabe, si usted es de los que se andan moviendo entre los titubeos ideológicos, las vacilaciones políticas y las indefiniciones programáticas, muy pronto tendrá un nuevo par de opciones, si no para comenzar la quinta transformación, por lo menos para consolidar liderazgos de los que estamos ávidos todos aquellos que aún consideramos insuficientes la guía espiritual, el faro moral, la consistencia ética y el poderoso ejemplo de abnegación y entrega a las mejores causas de la patria que representan el Lupillo Curiel, el Temo Galindo y el Bebo Zatarain, los exponentes más preclaros de una lucha que no ha sido en vano.

(Matracas, confeti y serpentinas)

II

El pequeño José es un bebé de unos cuantos días de nacido. Todavía no abre bien los ojos y en su infinita inocencia y probablemente no haya sido todavía presentado ante Dios para su fe bautismal, pero su madre ya lo presentó ante un gran cuadro con la imagen de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. El mejor presidente de México, en voz de su propia madre, que lo llevó en brazos como quien se lo ofrece a un santo.

La madre no es cualquier madre. Se trata de la señora María del Pilar Ávila Olmedo, a la sazón gobernadora de Baja California, que apenas hace unos días presentó a la criatura en redes sociales y ayer, hizo circular un video en el que destilando devoción, lleva al niño ante la imagen del presidente. La fe mueve montañas, pero el fanatismo las convierte en luminosas epifanías, en sacramento laico, en reverencial entrega y en abnegada ofrenda.

El pequeño José, que en su infinita inocencia no tiene culpa de nada, ni siquiera de nacer en un hospital privado de San Diego porque qué oso el IMSS o un hospital público de México tampoco entiende porqué su madre hace grabar ese video con él como segundo protagonista (el primero es AMLO, claro) y lo viraliza en redes sociales.

La estampa me enchinó un poco el cuero. Primero porque en estos días el país entero se sacudió con la noticia de un bebé un poco mayor que José, pero sin tanta suerte. No nació en San Diego, sino en un hospital de Iztacalco; presentó problemas de salud y fue sometido a una operación que no resistió y tras fallecer fue enterrado en el panteón Nicolás Tolentino, de Iztapalapa, de donde su cadáver fue robado y encontrado después en el basurero del penal de San Miguel, en Puebla.

Ni el pequeño José, ni su madre ni el presidente tienen la culpa de este espeluznante crimen. Pero si la narrativa gubernamental versa machaconamente sobre igualdad, derechos para todos, respeto a las infancias, empatía con los vulnerables, lo mínimo que se podía pedir era un poco de sensibilidad y ‘timing’.

La estampa de doña Pilar llevando a su pequeño hijo a presentarlo ante la imagen del presidente quizás hizo rodar más de una emocionada lágrima a cualquier devoto de San Andrés, pero no deja de ser inoportuna especialmente porque un día antes, manos criminales asesinaron en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado y una semana atrás, al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel.

Cada quien tiene derecho a venerar las imágenes que a su fe convenga, y a transmitir esa veneración a su familia, pero doña Pilar, figura pública, gobernadora de un estado donde acaban de asesinar a dos periodistas arteramente bien podría reservarse esos actos de fe para espacios y momentos más íntimos.

Insisto, no tiene doña Pilar la culpa de lo ocurrido al otro bebé ni a los periodistas asesinados, pero la escena muestra diáfanamente la burbuja en la que viven algunos gobernantes, su distancia con la realidad, su absoluta falta de empatía y una cierta vocación por trascender ante los ojos del supremo mandante.

III

Ayer comentábamos que el gobernador Alfonso Durazo ha tenido que ponerse el overol, arremangarse la camisa y atender personalmente algunos conflictos sociales y políticos que poco a poco se van desentrampando: Cananea, yaquis, transporte urbano, seguridad pública.

¡Seguridad pública!, gritarán, saltando de su asiento el balaceado lector, la rafagueada lectora, y con justa razón.

Pues ayer en su rueda de prensa para dar a conocer los avances en el Plan de Justicia para Cananea donde destaca la creación de un fondo con recursos federales y del Grupo México para garantizar un ingreso mensual por diez años a los mineros retirados, así como atención médica, el gobernador tocó también el escabroso tema de la inseguridad, acompañado del delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez.

Dieron a conocer que en esta última semana se incautaron 400 mil pastillas de fentanilo, 352 kilos de narcóticos, 38 armas de asalto, 20 armas cortas, 157 cargadores, diez mil cartuchos, 38 vehículos terrestres y una aeronave. Sobre estos últimos se harán las gestiones correspondientes para habilitarlos como ambulancias; la avioneta podría dar ese servicio a comunidades de la sierra para casos de emergencia.

Hasta aquí todo muy bien.

Pero más tarde nos enteramos por medio de un boletín de la Fiscalía estatal, de la intensa movilización del personal de esa dependencia. Hasta Ures viajaron un agente del MP especializado, un médico veterinario y personal de servicios periciales; también elementos de la Agencia de Investigación Criminal, del departamento de Abigeato que se coordinaron a su vez con sus homólogos de Ures.

La intensa movilización atendió dos demandas por las muertes de Azul, Pulguita, La Pelos, La Wera y Nala, perritos “de ambos sexos, diversas razas y edades”, precisa el boletín.

El personal de la fiscalía inició las pesquisas de las que se desprendieron dos líneas de investigación, aunque no especifica cuáles, o lo hace de manera muy general quizás para respetar la presunción de inocencia de los presuntos autores del envenenamiento de los pobres animalitos, y desde luego el debido proceso.

El boletín es hermoso y revelador: “Ana Laura, propietaria de ‘Nala’, cruza de Pitbull con criollo narró que envenenaron a la perrita el sábado por la noche, falleció el domingo por la madrugada, por lo que decidió interponer la denuncia de la cual ya fue atendida”.

Desde luego, no podían dejar pasar la oportunidad de presumir el reconocimiento social a la eficiencia y rapidez de la atención policiaca. Agregan, citando a la misma Ana Laura: “Se me hizo muy rápido porque ayer hable con una muchacha que me dijo ‘vamos a pasar el caso directamente a la fiscalía’ y hoy en la mañana ya me marcaron, que venían para acá… están haciendo muy buen trabajo porque fue de un día para otro”, expuso.

Esta columna, de innegable vocación animalista, reconoce en toda su valía los trabajos para dar con el envenenador de perros en Ures, pero de nuevo, el ‘timing’. Hay una matazón de cristianos desde Cajeme hasta SLRC y los sabuesos de la fiscalía andan tras la pista de un presunto envenenador de perros.

Agradezcamos que al menos no convocaron a una rueda de prensa, así fuera virtual para dar a conocer el sonado caso. Vaya pues.