Categoría: Editorial

Por: Arturo Soto Munguía
Aarón Grageda Bustamante lo admite con una sonrisa entre pícara y nostálgica. Le hormigueaban las manos para pasarse del otro lado y ayudar a sostener las lonas con leyendas que demandan una reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora.

Su rol institucional sin embargo, lo detiene. Aarón Grageda ya no es más aquel muchacho liderando junto a otros al Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, el CEUS, la primera línea de defensa contra la imposición de la Ley 4 que generó un movimiento del que surgieron importantes cuadros políticos, académicos, profesionales y del servicio público que hoy forman parte del gobierno de la transformación en Sonora.

Como él, que es el secretario de Educación y Cultura y hoy debe aparecer al lado del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, de la rectora de la Unison, Rita Plancarte, del subsecretario de Educación Superior de la SEC, Luciano Concheiro Borquez, entre otros funcionarios y legisladores.

Ahora acompaña al gobernador Alfonso Durazo quien inauguró el Foro Estatal para la Armonización Normativa Derivada de la Ley General de Educación Superior, que se lleva cabo en el Centro de las Artes de la Unison, su Alma Mater.

Allí está también el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, que iniciaba como docente en la escuela de Economía por aquellos albores de los 90 cuando el gobierno de Manlio Fabio Beltrones se estrenó con la abrogación de la Ley 103 y dotó de un nuevo marco normativo a la Unison, vigente después de tres décadas.

En las lonas que sostienen los maestros hay un aire de nostalgia y de revancha; treinta años atrás era la marcha, el mitin, el plantón; el festival artístico-cultural; la toma de instalaciones, la jornada ‘En primavera florecen los murales’ que llenó de colores las bardas periféricas de la Unison efímeramente, porque una madrugada varios carros con compresores y pintura las dejaron de nuevo en la monotonía visual de la uniformidad cromática.

Días de huelga de hambre, represión y cárcel; de la histórica Marcha del Desierto al Zócalo Au Yutureme (‘Vamos creciendo’ en yaqui)… de todo aquello que articuló la resistencia pero no pudo con el aparato estatal, aunque sembró la semilla de esa generación que 30 años después ocupan importantes cargos en un gobierno que para ser, se apoyó mucho en ellos.

Por allí también Blanca Valenzuela, secretaria Técnica de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, quien también formó filas en aquella generación noventera que hoy sigue creyendo en la necesidad de una nueva reforma a la legislación universitaria, pero entiende que los tiempos son distintos y el proceso pasa por un amplio debate entre todos los sectores involucrados.

De hecho, en el foro que inauguró el gobernador se hicieron presentes los promotores de la reforma a la Ley 4, no solo con lonas y consignas, sino con ponencias que se discutieron en las diversas mesas para no quitar el dedo del renglón.

Alfonso Durazo se manifiesta respetuoso del tema y de la autonomía universitaria. Alude a la búsqueda de consensos, a la discusión amplia, al análisis y debate en el Congreso del Estado donde ya se encuentra la iniciativa presentada por los universitarios y que desde el año antepasado hizo suya la coordinadora parlamentaria de Morena, Ernestina Castro Valenzuela.

El tema es polémico y complicado, sin duda. Los promotores de la reforma argumentan básicamente la necesidad de democratizar la toma de decisiones en la Universidad, rescatar órganos como los Consejos Directivos y el Consejo Universitario; crear o relanzar instancias que garanticen la transparencia y la correcta aplicación de los recursos; la promoción académica, entre otras cosas.

Pero en estas tres décadas la Universidad de Sonora se ha mantenido como la Máxima Casa de Estudios en el estado, su prestigio en el plano nacional es reconocido, su planta de docentes es en general de alta calidad; su matrícula estudiantil ha crecido y en lo material, su infraestructura y equipamiento también. De hecho, las modernas instalaciones del Centro de las Artes donde se lleva a cabo el foro, nacieron sobre los escombros de lo que fue el viejo gimnasio universitario, como han surgido nuevos edificios, nuevas carreras, posgrados…

Esas y muchas otras cosas más tendrían que ser consideradas a la hora de plantearse una nueva reforma, porque de hecho, el gobernador tiene planes para la Unison y en general para las instituciones de educación superior, de donde dijo, se habrá de apoyar para trazar la ruta de la transformación en Sonora, apoyado en los hombres y las mujeres que serán la materia gris del gobierno.

“No vamos a recurrir a las consultorías. Si necesitamos -que lo necesitamos- orientación, apoyo e información, análisis, evaluación, propuestas, vamos a recurrir a los centros de educación superior y por esa vía, los estaremos fortaleciendo también en términos presupuestales”, dijo.

Y a propósito, anunció que pronto dará a conocer el mecanismo para el otorgamiento de becas para estudiantes de educación superior, sustentadas en los recursos ahorrados por el recorte al presupuesto del Congreso del Estado.

Esos son los temas prioritarios para el gobernador. La reforma a una Ley 4 perfectible, como todas las leyes, tendrá en todo caso, otros tiempos, aunque a algunos se les quemen las habas…

II

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer ayer, como aquí lo adelantamos, la lista de 20 de los 27 seleccionados en una primera ‘criba’ a los aspirantes a presidir la CEDH.

Los enlistados son los siguientes:

Gilberto Ayón Reyes, Héctor Hernández García, José Francisco Munguía Córdova, Joel López Villagómez, Jesús Agúndez Moreno, José Rodrigo Abril López, Eduardo Martínez Ramírez, Saúl Eugenio Torres Millán y Alberto Robles Mendoza.

Ellos serán entrevistados este martes entre las 4 de la tarde y las ocho de la noche.

Haydee Meza Caudillo, Pedro Germán Millán Valenzuela, Leonor Santos Navarro, Luis Fernando Rentería Barragán, Juan Francisco Alcaraz García, Octavio Grijalva Vázquez, Andrés Montoya García, Sanae Mercedes Hinojoso Taomori, Sara Blanco Moreno, Pavel Ignacio Hernández Burgos y Sergio Adrián Ruiz Rocha.

Ellos serán entrevistados el jueves 03 de marzo en ese mismo horario. Después del análisis de sus currículums, las entrevistas y sus proyectos, el 10 de marzo el pleno recibirá una segunda lista, más acotada, sobre la cual habrán de decidir los y las legisladoras.

III

Conversamos ayer con Octavio Grijalva Vázquez para que nos diera su versión sobre los hechos en que se vio involucrado a partir, asegura, de una historia mal contada, relacionada con el feminicidio de Priscila Carolina Hernández, la joven hermosillense que el 1 de julio de 2013 fue torturada y asesinada por su novio, un ciudadano indio que hoy purga una condena de 22 años de prisión en el Cereso de Hermosillo.

El padre de Priscila Carolina, Jorge Hernández lo acusó en su momento de posible tráfico de influencias. De acuerdo con las declaraciones de Hernández, Grijalva habría presionado al juez que conoció del caso para que dictara sentencia por homicidio doloso, y no por homicidio calificado con brutal ferocidad. De hecho este caso fue el que detonó un proceso que derivó en la tipificación del delito de feminicidio en Sonora, que hasta entonces no existía.

Sostiene que por el gran impacto social que tuvo este crimen y el contexto de tensión política que se vivía en esos momentos durante el sexenio de Guillermo Padrés, se aprovechó para golpear a la institución y a él mismo.

Lo que en realidad sucedió, cuenta, es que siendo visitador de la CEDH recibió un oficio de la embajada de la India en México solicitándole revisara las condiciones de reclusión de Singh Siddhart, el homicida, ya que tenían informes de que lo tenían aislado y sin alimentos. Eso fue lo que hizo y por ello tuvo un fuerte roce con las autoridades penitenciarias pues no le permitían el acceso. Les advirtió que eso podría dar pie a una recomendación de la CEDH; el director del Cereso habló con el secretario de Seguridad, Ernesto Munro Palacio quien a su vez se comunicó muy molesto con Grijalva, aunque horas después rectificó para que el visitador lo entrevistara al día siguiente.

Octavio Grijalva encontró a Siddhart en una celda limpia, bañadito y peinadito.

Esto fue lo que detonó la polémica y las acusaciones que, sin embargo nunca fueron probadas.

“Hay gente que tiene una idea equivocada del papel de las instituciones defensoras de los derechos humanos y de quienes en ellas trabajamos. Por más cruel que haya sido el asesinato, por más culpable que sea el homicida y aunque algunos no lo asimilen, también tiene derechos humanos, sin que eso signifique una defensa”, agrega.

Lo que sí ha sucedido es que él y su familia se han visto afectados cada vez que en busca de sus aspiraciones ha ocupado cargos ya en el Colegio de Abogados, en el IEE y en el INE donde han analizado el caso sin encontrar elementos que le impidan continuar su carrera.

Y lo más grave, apunta, es que cada vez que se trae el tema a la discusión pública, la más afectada es la familia de la víctima al recordar el lamentable suceso.

Octavio Grijalva quedó seleccionado en la lista de 20 aspirantes que comparecerán ante la comisión de diputados encargada de esta parte del proceso para la designación del nuevo presidente de la CEDH. A su favor, anota que no solo tiene sus credenciales académicas, sino sobre todo su trabajo ‘en tierra’, su experiencia en las entrañas de esa comisión y en el abordaje de los asuntos no desde el escritorio, sino cara a cara con los y las interesadas.

Por: Arturo Soto Munguía
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, este lunes al filo de las cinco de la tarde los y las integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado habrán de discutir y en su caso aprobar la metodología para seleccionar al nuevo presidente de la CEDH, así como la larga lista de aspirantes que, se sabe, suman casi una treintena.

Oficialmente la lista completa deberá publicarse este mismo lunes, pero por lo pronto han trascendido algunos nombres que muestran perfiles interesantes. Hay que considerar también que algunas diputadas llevarán a la sesión una posición a favor de la alternancia de género en esa comisión que nunca ha sido presidida por una mujer.

En ese sentido, aparece un perfil que posiblemente se meta a la lista de finalistas: el de Sanae Mercedes Hinojosa Taomori. Ella es actualmente titular de la Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; licenciada en Derecho y en Criminología, en algún tiempo fue representante de Amnistía Internacional.

Otra mujer con una larguísima trayectoria en el litigio, como docente y muy comprometida con las luchas de la izquierda desde sus tiempos estudiantiles es María Auxiliadora Moreno; actualmente es titular de la Comisión de Derechos Universitarios en la Unison.

Apunte usted también a Mónica Soto Elízaga, que no es abogada pero la convocatoria no lo exige como requisito. A Mónica se le recuerda desde hace muchos años en las luchas de la izquierda, incluso fue candidata del PRD a la alcaldía de Hermosillo en 1997. Perdió la elección pero el alcalde electo, el recién finado Jorge Valencia Juillerat la incorporó como su directora de Inspección y Vigilancia por su incorruptible carrera y su mano firme.

No tengo confirmación pero me dicen que también aparece en la lista Carmen Leticia Munguía, secretaria Ejecutiva del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Por el lado de los varones han levantado la mano Andrés Montoya, experimentadísimo abogado litigante, exfuncionario público y con una sólida formación en materia de derechos humanos.

Octavio Grijalva, quien ya fue visitador de la CEDH y trae por ahí un asuntillo del que después hablaremos, pues se le recuerda involucrado en un conflicto de interés en aquel caso del feminicidio de Priscila Carolina Hernández, una joven hermosillense que fue torturada y asesinada por un ciudadano indio de nombre Singh Siddarth. Mañana les daré a conocer la versión que sobre este tema tiene el propio Grijalva, a quien se le liga con el grupo del ex presidente de la CEDH, Raúl Arturo Ramírez.

Sin duda otro perfil que acredita experiencia y capacidad, pero además tiene una historia interesante pues ha estado en ambos lados de la trinchera: como funcionario público en el sistema estatal penitenciario, y como preso después de un ‘cuatro’ que le fue tendido por la administración de Guillermo Padrés y del que salió absuelto.

Hay desde luego muchos más nombres que conoceremos este día, pero la comisión legislativa que preside Karina Barreras, a cargo del proceso de selección no la tendrá nada fácil, pues la mayoría de los perfiles tienen currículum y trayectoria para relevar al actual presidente Pedro González Avilés. Falta ver la evaluación que de sus proyectos presentados hagan los y las diputadas, así como el desempeño en la entrevista que éstos les realicen.

Después de este proceso, la comisión presentará el 10 de marzo una lista con quienes considere las personas idóneas para ocupar la presidencia de la CEDH, con la aclaración que esa lista no será vinculatoria en la decisión que tome el pleno.

II

El adormilado proceso para renovar la dirigencia estatal del PRI tuvo un relanzamiento con el activismo que viene desplegando la exsíndica municipal Zaira Fernández Morales, a quien más rápido que inmediatamente le comenzaron a buscar paternidades políticas, siendo la más mencionada la de Manlio Fabio Beltrones.

La especie tiene sentido considerando que fue en el sexenio del de Villa Juárez cuando la joven política comenzó su carrera y desde entonces se ha mantenido vigente.

Sin embargo no todo parece ser tan definitorio en este tema. El viernes pasado circuló en redes sociales una fotografía en la que aparecen otros aspirantes a la silla que está por desocupar Ernesto de Lucas Hopkins y allí se observa a beltronistas químicamente puros como Pedro Ángel Contreras y Rogelio Díaz Brown, así como Sara Thompson, una amiga muy cercana de Zaira. También se observa ahí a otro de los aspirantes, Humberto Robles Pompa, mejor conocido como ‘El Buitre’. Igual aparece Ulises Cristópulos, con lo que se manda un mensaje en el sentido de que no será la mano de Ricardo Mazón la que mueva la cuna en este proceso, al menos apoyando a Zaira.

Esa es una de las lecturas sobre la percepción que se quiso generar con esa imagen, donde el Buitre aparece como un aspirante que no solo ha tomado distancia de la exgobernadora Claudia Pavlovich, sino que ha enderezado algunos señalamientos críticos sobre su persona.

O que las ‘canicas’ de Manlio y por extensión, de Pavlovich no están puestas en una sola canasta. Vaya usted a saber, porque en eso de las paternidades luego se prenden velas a varios santos. En todo caso, diríase que el único de los aspirantes que abiertamente no pertenece a ese grupo es Bulmaro Pacheco, lo cual no se sabe si es malo o es bueno.

III

Y a propósito de la exgobernadora, fuentes regularmente bien informadas la ubicaron la semana pasada en el aeropuerto, maletas en mano rumbo a Barcelona, donde tomará posesión de su cargo como cónsul de nuestro país en aquella sede.

Hubo sorpresa entre algunos observadores de la cosa pública, pues Claudia Pavlovich no apareció en la lista de propuestas que el presidente envió al senado de la República para ocupar diversos cargos en el servicio exterior mexicano.

Lo cierto es que el consulado de Barcelona es de los considerados ‘de carrera’ y sus titulares no requieren la aprobación de los senadores, sino que son una designación directa del presidente.

Por: Arturo Soto Munguía

El 29 de junio de 2011 se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de Participación Ciudadana. Entre otros, este ordenamiento contempla mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta vecinal y la consulta popular para que los ciudadanos podamos incidir en las decisiones de gobierno, antes y después de que sean tomadas.

La memoriosa lectora, el olvidadizo lector podrían actualizar mi base de datos donde por más que busco, no encuentro uno solo de estos ejercicios que se hayan realizado a lo largo de más de diez años de aquella fecha. Los instrumentos de consulta popular existen incluso en nuestra constitución estatal, pero no los usamos ni los promovemos, pese a que serían de mucha utilidad para resolver asuntos de interés público.

Lo anterior viene a cuento a propósito de la próxima consulta nacional para la revocación de mandato que se llevará a cabo dentro de 44 días, es decir el próximo 10 de abril.

El 17 de diciembre de 2021 el INE determinó en una votación de 6 a 5, aplazar la consulta argumentando falta de recursos para su realización, después de que la Cámara de Diputados recortara su presupuesto en más de 4 mil millones de pesos, mientras que para llevar a cabo la consulta se requerían 3 mil 830 millones y el instituto contaba con una bolsa de mil 500 millones.

A esto le siguió un intenso debate, un choque frontal entre la presidencia de la República y el INE; entre Morena y sus aliados por una parte, y por la otra la oposición agrupada en el resto de los partidos políticos y otras organizaciones. Finalmente, una semana después la SCJN ordenó al INE llevar a cabo la consulta con los mil 500 millones de pesos.

Ese es un apretadísimo resumen del proceso frente al cual estamos. Ahora lo que sigue es el dilema: ¿votar o no votar en la consulta?

Aunque el INE es el encargado de organizarla, Morena y sus aliados andan a todo tren promoviendo la participación en la misma. Por el lado de la oposición, digamos que el segmento más importante está llamando a no participar. Ambas posiciones se sustentan en argumentos.

Los primeros ponderan la oportunidad histórica de hacer valer el voto ciudadano para decidir en las urnas si el presidente debe continuar o no su mandato, lo cual sentaría un precedente en materia de cultura democrática.

Los segundos sostienen que se trata de un ejercicio dirigido básicamente a los simpatizantes del gobierno federal, que significa un derroche de recursos para conseguir un resultado no solo previsible a favor del mandatario, sino inútil en tanto que difícilmente se logrará una participación del 40 por ciento de la lista nominal, requerido para que la consulta sea vinculante.

Estamos ante un curioso caso en el que ambas partes tienen argumentos poderosos, y seguramente si una estuviera en el lugar de la otra, probablemente los argumentos también se rotarían.

Es claro que a pesar del bombardeo mediático, el presidente mantiene niveles de popularidad muy altos y ganará holgadamente la consulta para seguir al frente del gobierno. Queda clarísimo también que en México, donde usualmente la mitad de la lista nominal (y no pocas veces, más de la mitad) desprecia su encuentro con las urnas en procesos normales, organizados con todos los recursos humanos, materiales, económicos y propagandísticos, en una consulta como la que se plantea, la concurrencia será más baja.

En su momento estelar en 2018, el entonces candidato obtuvo poco más de 30 millones de votos, una cifra inédita para llegar a la presidencia en México. Para que esta consulta sea vinculante se requieren aproximadamente 36 millones de votos.

El reto, sin embargo es extraordinario en términos de cultura democrática y participación ciudadana. Si la oposición atisbara una mínima posibilidad de hacer ganar el ‘no’, hace mucho que estuvieran promoviendo la movilización de sus seguidores. Por eso no están llamando a votar por el ‘no’, sino a abstenerse para no validar un ejercicio en el que serían apabullados.

Así, el llamado al abstencionismo, que nunca ha tenido una inspiración democrática, es producto fundamentalmente de un cálculo político-electoral: el presidente y su partido saldrían fortalecidos de ese ejercicio, y llegarían ‘embalados’ -como se dice en la jerga deportiva- a las elecciones intermedias de junio, en las que además de la Cámara de Diputados se renovarían congresos locales y ayuntamientos en todo el país, y las gubernaturas en seis estados.

En descargo hay que decir que el presidente y su partido tienen también ese cálculo político. Del éxito de la consulta depende en alguna medida el estado anímico y las condiciones en las que llegarían a la elección dos meses después, aun cuando hasta ahora las tendencias les son favorables en la mayoría de los casos.

En ese contexto, salir a votar ya sea a favor o en contra es una decisión personalísima que cada quien habrá de sopesar en su momento a partir de sus propias lecturas del momento histórico.

Un escenario ideal sería que al menos los ciudadanos que usualmente acuden a las urnas (más o menos el 50% de la lista nominal) lo hicieran en ese ejercicio. El resultado sería vinculante y tendría que ser acatado, ya sea que el presidente se quede (como incluso buena parte de la oposición quiere, argumentando que fue electo por seis años) o que se vaya, como lo manifiestan algunos que por cierto no acudirán a las urnas bajo las premisas señaladas líneas arriba.

En abstracto, el ejercicio ofrece una magnífica oportunidad para hacer valer la voluntad popular y contribuye enormidades al fortalecimiento de la cultura democrática que tanta falta hace en el país.

En lo concreto, sin embargo está cruzado por esas líneas del cálculo político no exento de mezquindades cortoplacistas y también, por qué no decirlo, de los viejos vicios y trampas electorales que aún persisten en nuestra clase política (como los cientos de miles de firmas que resultaron con inconsistencias tan solo en la recolección previa para validar la consulta).

En resumen, el ejercicio de revocación debería ser visto no solo en el contexto de la coyuntura, sino en una perspectiva de largo plazo como un ejercicio didáctico de cultura democrática que en algún tiempo podría convertirse en una práctica normalizada para evaluar y ratificar o deponer gobiernos por la vía pacífica.

Pero en un clima de tanta polarización, de un debate tan visceral como el que vivimos en estos días, al parecer ni siquiera estamos listos para esta conversación.

II

Anoche asesinaron a Jorge Camero, secretario particular del alcalde de Empalme, Luis Fuentes. Camero tenía una larga carrera en la comunicación, señaladamente en radio, y en sus últimos días dirigía un medio digital: “El Informativo”.

Más temprano, fue encontrado el cuerpo sin vida de quien se presume es la persona que apareció en un video mientras era ‘levantado’ por un grupo de hombres armados en San Luis Río Colorado.

La delincuencia organizada no da tregua.

No hay un asesinato más grave que otro, pero en el caso de Camero es doblemente preocupante porque es el segundo funcionario municipal de Empalme ejecutado en menos de un mes. El otro fue el director de informática Daniel Palafox Suárez, involucrado por cierto en la investigación del asalto a la casa del exdiputado Rodolfo Lizárraga.

Un tema muy escabroso porque tiene como telón de fondo lo que a todas luces parece un ajuste de cuentas por deudas adquiridas para financiar campañas electorales.

Cuando el crimen organizado se entrecruza con la política, no puede ser de ninguna manera, una buena señal.

Por: Arturo Soto Munguía
En la sesión de este jueves en el Congreso del Estado se votará la reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo con lo que posiblemente esta semana comiencen a operarse los cambios y se conozcan nuevos nombramientos.

Recordemos que esta reforma incorpora la secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad, que busca fortalecer el trabajo en esa materia; concreta la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación donde la firma fuerte es la de Edgar Hiram Sallard, que articulará también las funciones de Radio Sonora y Telemax. Además se crea la Coordinación General de Asesores, donde insistentemente se ha manejado el nombre de Jesús Valencia, un operador político de primer nivel importado desde la meritita delegación Iztapalapa.

Al desaparecer la secretaría Técnica del Ejecutivo, se crea la Oficialía Mayor cuya titularidad la ocuparía el licenciado Franco Fabbri Vázquez, quien trabajó muy cerca de Alfonso Durazo cuando éste firmaba como secretario de Seguridad Pública federal.

Entre otras cosas, en el proyecto se propone fusionar la Dirección General de Transporte y el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, lo que dará pie a la creación del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, como un órgano descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Todos estos cambios incluyen una redefinición de facultades y atribuciones de varias dependencias y, de acuerdo con el dictamen buscan un gobierno más eficaz y eficiente, que promueva, fortalezca y garantice el derecho a la buena administración pública.

Pese a que el gobernador advirtió la semana pasada que no tenía pensado hacer cambios en su gabinete (excepto los que plantea esta reforma), esta semana trascendió el despido del subdirector médico del Isssteson, doctor Danilo Sotelo, que por cierto apeló al mismísimo jefe del ejecutivo para litigar el cese que fulminantemente le propino el director General, Jesús Manuel Acuña Méndez.

II

Y a propósito, el belicoso funcionario no sale de una cuando ya está en otra. Recién se acaba de quitar de encima al doctor Danilo Sotelo, cuando el director del Isssteson ya está abriendo la puerta para que regrese el maestro Leonardo Félix Escalante, que estuvo muy cerca, como secretario particular y como asesor de Enrique Claussen Iberry cuando éste ocupó la dirección de ese instituto.

El regreso del maestro universitario no tendría nada de malo, pues presume que con su experiencia puede sacar al buey de la barranca en el Isssteson, pero en las filas de Morena hay inconformidad pues eso significaría que se sigue privilegiando la incorporación de personajes que operaron para la campaña de ‘El Borrego’ Gándara por encima de militantes que aseguran tienen más derecho.

Versatilidad sí tiene Félix Escalante, pues también se le ha visto por las oficinas de los Ceresos donde las manda cantar como director Nicolino Guiseppe Mariano Cangiamilla y nos aseguran que entre ambos tienen la mira puesta en el jugoso negocio de la proveeduría de alimentos para los centros de readaptación en el estado. Qué nervios.

III

Se desveló el misterio y el martes la ex presidenta del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Taddei Zavala fue electa como titular del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información por un periodo de siete años.

Nadie debe llamarse sorprendido pues desde que se inscribió en la larga lista de aspirantes se sabía que llegaba con la ‘bendición’ de los hados de Palacio, aunque en este caso eso es un tema complementario, pues la nueva comisionada presidenta del ISTAI acredita capacidad sobrada, algo que sin duda pesó mucho entre los diputados a la hora de tomar la decisión final. Claro, el apellido le da una ayudita, pero lo fundamental fue lo otro.

En realidad, había más expectativa por conocer los nombres de los otros dos comisionados, ya que en la víspera de los nombramientos se manejaban como finalistas Pablo Humberto Grageda Bustamante y Rafael Higuera, pero ninguno de los dos quedó, ni siquiera como suplentes.

Al parecer los diputados y diputadas de la Comisión de Transparencia valoraron en el primer caso, el parentesco de Pablo Humberto con el secretario de Educación, Aarón Grageda y no quisieron arriesgarse a un litigio por conflicto de intereses; en el caso de Higuera quizás pesó su cercanía con el PRI.

Finalmente quedaron en esas posiciones Ana Patricia Briseño Torres y Wilfredo Román Silva. Como suplentes van Rebeca Fernanda Aguirre (siete años), Celia Marina Aguilar Esquer (cinco años) y Jesús Manuel Enríquez Romo (tres años).

IV

Fuerte le sopló el ministro Arturo Saldívar a las cenizas de la Guardería ABC reviviendo un fuego que volvió a alcanzar a la diputada Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón y emparentada con una de las dueñas de esa estancia infantil donde se escribió la peor tragedia en la historia de Sonora y probablemente de México.

Saldívar reveló que el entonces presidente montó un operativo de Estado para proteger a su esposa, un tema que por cierto no aparece en un libro de su autoría y cuya presentación sirvió de marco para esas declaraciones que incendiaron de nuevo la pradera con ese doloroso tema, y metieron al debate a muchos de los protagonistas de ese triste capítulo.

Desde luego, las declaraciones fueron un escobazo al panal y las reacciones se desataron por todos lados, especialmente fue la propia Margarita Zavala quien negó tales hechos, intentando defenderse de acusaciones que la perseguirán toda su vida.

Fernando Gómez Mont, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio calderonista fue otro de los que respondieron, ya que el ministro lo señala de ser quien estuvo a cargo de ese operativo para obligarlo a cambiar el dictamen donde aparecía Zavala y funcionarios del IMSS con responsabilidades en ese crimen.

“Es falso que hubiera presiones indebidas a los ministros. El gobierno federal era parte interesada en ese procedimiento, presentó sus argumentos legales como era su derecho. La gran mayoría de ministros desechó el proyecto del ministro Zaldivar”, dijo Gómez Mont en declaraciones a La Jornada.

Desde luego, el tema llegó a la Cámara de Diputados, a la de senadores y a los partidos políticos reviviendo viejos enconos y propiciando un debate que momentáneamente opacó el tema que ya va para tres semanas en la agenda nacional, relacionado con la casa que ocupó en Houston el hijo del presidente y su familia.

Por: Arturo Soto Munguía
Doña Socorro es el rostro de la desesperación. De la suya y la de todos. En sus manos crispadas sobre las manos del gobernador está la tensión del sufrimiento que no quiere saber de cifras y estadísticas, de números y gráficas, de tendencias a la baja y puntos de inflexión.

No. Doña Socorro es a todas luces la encanecida estampa del sufrimiento de una madre cuyo hijo cayó preso de las adicciones y en el abismo de la caída le ha dado dos nietas cuya custodia o adopción no puede lograr después de siete años de ir tropiezo tras tropiezo en el intrincado laberinto de la burocracia con la que se ha estrellado una y otra vez.

Habita en la colonia Nuevo Hermosillo y probablemente sea una de sus primeras habitantes, de aquellas mujeres y hombres jóvenes que llegaron al nuevo fraccionamiento en el suroriente de la ciudad para fundar a finales de los 80 un hogar fincado en las esperanzas del progreso que prometía la nueva planta ensambladora de Ford, que detonó la expansión de la mancha urbana hacia aquello que era un solo llano.

Clase obrera que abrazaba sueños de estabilidad patrimonial, de seguridad laboral, del regocijo tierno que provoca ver a sus plebes correteando con desenfado por las plazas, las calles y los parques imaginando un futuro que no llegó.

Peor aún, que llegó con el rostro de la inmovilidad social, de la depauperación económica, la descomposición de un tejido social que es quizás el peor legado de al menos tres décadas de gobiernos que los condenaron al olvido.

La Nuevo Hermosillo, que llegó a pensarse como una ‘ciudad satélite’, un conglomerado vecinal casi autónomo a las afueras del casco urbano donde sus habitantes pudieran encontrar todo lo necesario -incluido el traslado rápido y económico a sus fuentes de empleo en el parque industrial-, treinta años después es una postal llena de manchas y borrones.

Entre sus doce mil habitantes, los fundadores se hicieron viejos; los hijos crecieron y sin duda muchos lograron superar los escollos de las sucesivas crisis, las devaluaciones, el error de diciembre, la fuga de capitales, el modelo que privilegia la privatización del gozo y la socialización de las penas, el espejismo que propicia la necesidad de escapar, pero deja en el camino a muchos que, como el hijo de doña Socorro, se quedó atrapado en el infierno.

Hoy la Nuevo Hermosillo es una de las que registran mayores índices delincuenciales y el entorno es propicio para ello: cientos de casas abandonadas que sirven de ‘picaderos’, calles oscuras llenas de ‘tiraderos’ y de ‘tiradores’ hacen de la intranquilidad el pulso cotidiano.

Por eso a doña Socorro se le quiebran las palabras en la súplica: “queremos ayuda, profesionales que ayuden a las mujeres a tratar con hijos adictos, que les enseñen; yo ya aprendí muchas cosas pero veo a muchos niños sumergidos en las drogas, ¡no es posible que nos los arrebaten cada vez más pequeños!”, casi grita mientras toma las manos del gobernador, que acaba de presidir el arranque de las Jornadas por la Paz en el parque Diana Laura Riojas.

“Esto no es de clases sociales, no es de nivele económico, las drogas nos están quitando a los hijos, nos están robando la paz”, suelta la señora en un río de palabras con las que también explica las penurias por las que ha pasado para lograr la adopción de sus nietas, acogerse a algún programa de seguridad social que le permita dejarles algo para cuando ya no esté.

Doña Socorro ya no es la joven que en la Nuevo Hermosillo alimentaba la esperanza de una vejez a cargo de sus hijos, sino la abuela aterrada porque su pensión no les servirá de nada a sus nietas.

Alfonso Durazo escucha, voltea a sus lados, gira instrucciones. María Dolores del Río se acerca solícita. Le dice a doña Socorro que se quedará con ella para tratar su caso.

II

Doña Socorro no solo toma las manos del gobernador. También le toma la palabra. Le dice que ella está dispuesta a trabajar junto al personal que envíe el gobierno para apoyar con sus propias experiencias y ayudar a otras madres que como ella, viven sus propios dramas.

Y es que minutos antes Durazo reconoció la imposibilidad de avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad sin una colaboración vecinal, sin esa participación social que es imprescindible para ganar a la delincuencia los espacios públicos que a través de los años les ha arrebatado.

Por la mañana, el gobernador citó en su rueda de prensa el caso de un niño de 13 años y un adolescente de 12 que en Cajeme fueron sentenciados por homicidio calificado con alevosía y ventaja en número de dos.

Es una tragedia, sostuvo, para afianzar su llamado a la corresponsabilidad social, a la atención del entorno familiar para evitar más casos como este, del que no dio detalles, pero se sabe que los muchachos robaron una moto a otro joven que les advirtió los denunciaría a las autoridades y eso fue motivo para que ‘El Chapo’ y ‘El Chiquitín’, como apodan a los agresores, lo asesinaran junto a otra mujer.

De ese tamaño, de ese color, de ese dolor es el problema que como bien dice doña Socorro, no es cuestión de clases sociales.

Pero cómo se ensaña entre los más pobres.

III

Menudo trabajo el que tienen las instituciones para recuperar la tranquilidad. Por un lado el combate a la delincuencia, por el otro la prevención del delito y la cultura de la paz.

En la plaza Diana Laura Riojas de la Nuevo Hermosillo están todas y todos. El gobernador, el alcalde Antonio Astiazarán; la secretaria de Seguridad, la fiscal estatal Claudia Indira Contreras; mandos policiacos municipales y estatales; mandos militares, soldados, marinos, Guardia Nacional. Medio gabinete estatal y al menos un cuarto del municipal estaban ahí.

También los vecinos de la Nuevo Hermosillo y otras colonias que integran uno de los tres polígonos en que se ha dividido la capital para sectorizar la atención a los problemas de inseguridad pública a partir de un modelo de participación ciudadana que incluye a siete colonias más en aquel sector y la proyección de hacer lo propio en otros dos sectores de la ciudad, en la colonia Solidaridad y en La Cholla y Los Arroyos donde la problemática es aún más compleja que en la Nuevo Hermosillo. Y eso ya es decir mucho.

IV

Que la mentira le puede dar la vuelta al mundo antes que la verdad termine de vestirse es una verdad de a kilo.

También lo es que la narrativa oficial, la de antes y la de ahora están condenadas al fracaso mientras no sustituyan el esfuerzo por generar percepción a partir de estadísticas, por resultados concretos, que son la mejor manera de generar percepción.

V

Mientras en la Nuevo Hermosillo se ponderaban las expectativas de las jornadas por la paz, en las redes sociales se viralizaba un video de un ‘levantón’ en San Luis Río Colorado. A punta de chingadazos, varios hombres subían a otro a un pick up y se perdían en la dimensión desconocida del desierto sonorense.

Frente a hechos consumados, no hay política de prevención que valga. La violencia en aquella esquina noroeste del estado tiene su explicación y el gobernador lo expuso por la mañana: militares, estatales y Guardia Nacional decomisaron un cargamento de tres toneladas de cocaína y esa puede ser una de las razones que expliquen la toma de la ciudad de Caborca por un comando de un centenar de sicarios en días pasados.

Tres toneladas de cocaína es un descomunal golpe al narco por donde quiera que se le vea. Representa un valor de 60 millones de dólares, algo más de mil 200 millones de pesos, una cantidad de ‘cueros de rana’ que ni usted, pichicata lectora, manirroto lector verán siquiera en fotos alguna vez en esos sueños donde aparecen vaciando la Ross y la tiendita de dólar, que ya es de 1.20.

Poner el acento en las políticas de prevención y en la corresponsabilidad social, sin embargo, sigue siendo lo correcto siempre y cuando vayan más allá del discurso.

Gente con ganas de entrarle al toro hay.

Allí mismo en la Nuevo Hermosillo nos abordó Sergio Chávez. Él es un entrenador de box que tiene una cuadra de 153 niños y jóvenes prospectos al talento deportivo. Sí, ahí en esa colonia donde la esperanza parece perdida, hay sociedad civil de carne y hueso, no de cuartillas para tesis.

Sergio abordó al gobernador y al alcalde, pero al parecer trae alguna carga negativa pues algún malhadado día se metieron a robar a su casa y, en defensa propia, resultó con severas lesiones en los nudillos después de pegarle unos putazos a los ladrones. Ahora Sergio está ‘judicializado’, según nos contó en rápida entrevista.

Pero, dice, está dispuesto a colaborar con lo que sabe hacer, que es encausar a los jóvenes en el deporte, “nomás que el gobierno no apoya”.

Resumiendo: gobierno hay, lo ha habido siempre. Sociedad civil también hay y también desde siempre. Quizás falte quién encuentre el lazo que los una.

Y ante la complejidad del problema, mejor nos despedimos con las palabras que Stevie Wonder le dijo a José Feliciano: “Quisiera ver”.

Por: Arturo Soto Munguía
Así se llama un breve cuento de Gabriel García Márquez que con su magistral narrativa nos lleva por el verano pegajoso de un pueblo tropical donde el tiempo transcurre en la monotonía bucólica en que los hombres pasan las tardes en el billar, jugando y escuchando en la radio de ese mismo local las transmisiones de los juegos de beisbol.

Cuenta la historia de Dámaso, un joven casado con Ana, una mujer que le mantenía hasta su compulsiva afición al tabaco. También le daba para los tragos y para ir al cine.

El muchacho, que evidentemente no había nacido con vocación o destreza alguna para el trabajo, tampoco estaba conforme con esa vida, así que cierta noche decide que puede entrar a robar el billar y así lo hace. Pero regresó a casa a la media noche sin más que 25 centavos en la bolsa y las tres bolas de billar envueltas en una franela roja.

Ana lo reprende porque anticipa un mega mitote en el pueblo y porque además las bolas no tenían más valor allí que el de la prueba del hurto.

El despertar del día siguiente en el pueblo es un escándalo. Todo mundo hablando del robo, arremolinados fuera del establecimiento donde alguna voz aventuró la idea de que antes vio a un forastero en el pueblo y pudo haber sido él quien se robó las bolas de billar.

-Tuvo que ser, en este pueblo no hay ladrones, dijo una mujer en la pequeña multitud.

Días después aprehendieron a un negro en el cine, la policía lo cosió a madrazos y lo llevó preso. En vez de ser un alivio para Dámaso fue peor. Ahora no sabía qué hacer con las bolas porque en el pueblo no las podía vender. Pensó en ir de pueblo en pueblo, robando bolas de billar en uno y vendiéndolas en otro y así hasta amasar una fortuna.

Pero Dámaso no tenía dinero para viajar y Ana no quiso prestarle, ni siquiera con la amenaza de que la abandonaría, como de hecho lo hizo hasta que se le acabaron los cigarros y tuvo que volver a casa porque podía dejar de beber y de comer, pero no de fumar.

La policía supo que no fue el negro quien robó las bolas de billar, porque esa noche había estado con una prostituta, misma que, amenazada con ser llevada presa les dio 20 pesos a los agentes y el crimen quedó resuelto.

Pero las bolas de billar estaban enterradas bajo la cama de Dámaso. Una noche, después de haber bebido de más y atormentado por la culpa, decidió que lo mejor era ir a regresarlas. Su mujer trató de impedírselo porque lo más seguro era que lo atraparan. Esa noche la luna alumbraba las calles del pueblo como si fuera de día, pero Ana no pudo detenerlo ni a la fuerza, ni diciéndole que ella iría a regresarlas y se echaría la culpa; finalmente estaba encinta y no podrían ponerla en el cepo. Todo con tal de no perder a Dámaso.

Pero fue imposible detenerlo.

Eres un burro. Lo que Dios te dio en ojos te lo quitó en sesos, le dijo.

Dámaso regresa al billar esa noche llevando las bolas y es sorprendido por el dueño, don Roque, quien amenazándolo con una barra le exigió que devolviera también los 200 pesos que había en la gaveta.

-Usted sabe que no había nada, le dijo Dámaso.

Don Roque siguió sonriendo.

Había doscientos pesos -dijo- y ahora te los van a sacar del pellejo, no tanto por ratero como por bruto.

Ahí termina el cuento de García Márquez.

Y me vino a la memoria porque ayer, el presidente López Obrador parafraseó su título para defenderse de las acusaciones que siguieron a la saga de la ‘casa gris’, ahora con el presunto desvío de miles de millones de pesos en diversas dependencias de gobierno federal auditadas por el ISAF.

Ya no es como antes, dijo el presidente. Y agregó: en este gobierno no hay ladrones.

No sé si el presidente leyó el cuento del colombiano o nomás se acordó del título. Creo lo segundo. Si lo hubiese leído sabría que es una mala referencia. Que cualquiera que sí lo haya hecho sabrá que en el pueblo retratado por García Márquez no solo había ladrones, sino también corruptos y gandallas.

De Dámaso mejor ni hablamos.

II

Un viejo conocido de Morena Universitaria ha reaparecido por algunas dependencias estatales levantando algo más que suspicacias, pues hace mucho se distanció del proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y al parecer ahora quiere volver por la puerta grande.

Quienes lo han escuchado aseguran que presume de ese regreso fincada su expectativa en las buenas relaciones que aún mantiene con aquellos que hicieron posible el triunfo de Morena en Sonora. El anunciado triunfal regreso ha generado molestias en algunos morenistas porque, dicen, no viene en plan de aportar, sino de hacer negocios.

Se trata del maestro universitario Leonardo Félix Escalante que durante una parte del boursismo firmó como director de Radio Sonora, y en el sexenio de Claudia Pavlovich se desempeñó como secretario particular y súper asesor del director del Isssteson, Enrique Claussen Iberri.

Es en las oficinas donde se le ha visto, dicen que presume sus contactos no en el área de salud o radiodifusión, sino en la proveeduría de alimentos para los Ceresos, una veta más que generosa para los negocios.

Conocemos al maestro Félix Escalante y, aunque hace muchos años no tenemos contacto, desconocíamos su incursión en esa área de oportunidad, aunque todo puede suceder; el problema es que esta versión ya ha generado molestias entre militantes que tienen años en la brega y ya varios meses con el currículum bajo el brazo esperando un llamado para incorporarse al proyecto transformador de Sonora, sin que sean tomados en cuenta.

Vamos a consultar algunas fuentes allá enfrente de la Unión Ganadera Regional para corroborar algunos datos y saber de qué va la cosa.

Por: Arturo Soto Munguia

Indudablemente el tema de la ‘Casa gris’ descolocó seriamente al presidente de la República; su equipo de manejo de crisis fue por decir lo menos, errático y perdieron la conversación pública al menos en las dos últimas semanas, como también fue evidente en las redes sociales.

El daño fue grande pero que se sepa, hasta ahora las elecciones se ganan con votos y no con tuitazos.

Salvo algunas encuestas siempre discutibles y la estridencia de las voces amplificadas en redes, no hay indicadores más confiables para concluir, como algunos se han adelantado a hacerlo, “que el sexenio ya se acabó”, “que el presidente está derrotado” y que “este año será la tumba de la Cuarta Transformación”.

Adelantar esas vísperas sería al menos ingenuo, básicamente porque el presidente sigue teniendo el control del aparato de Estado y no se diga del partido; su capacidad en términos de recursos económicos, materiales y humanos es notoriamente superior al de una oposición partidista que, mostrándose muy rijosa no atina sino a marchar a la cola del debate público potenciado por otros personajes.

Las figuras más sobresalientes del PRI y el PAN prácticamente han cedido la vanguardia de la oposición (voluntaria o involuntariamente) a otras voces, señaladamente las de los autores del reportaje que evidenció el modo de vida del hijo mayor de López Obrador, de manera que si en estos momentos hubiera elecciones presidenciales es muy probable que Carlos Loret o Brozo consiguieran si se postularan, más votos que Ricardo Anaya o Alito Moreno, por mencionar a algunos.

El autodestape de Lilly Téllez no solo fue un despropósito, sino la confirmación de los peligros que encarna la banalización de la política. En las revueltas aguas de los últimos días, la senadora agitó la bandera del encarcelamiento de López Obrador si es que ella llegase a la presidencia, como le gustaría, según dijo.

Y posiblemente en la crisis de liderazgos opositores al obradorismo, habrá quién le compre tal consigna, pero de lo que no cabe ninguna duda, es que ya se la compraron en Palacio Nacional, de la misma manera como Enrique Peña Nieto se la compró a Ricardo Anaya cuando éste anticipó lo mismo para el entonces presidente. Anaya no solo no ganó la elección; hoy anda a salto de mata y su anticipadisima candidatura está lejos de representar un peligro para la hegemonía de Morena.

Hay al menos dos aduanas antes de la sucesión presidencial que sí pueden tomarse como indicadores de lo que puede suceder en 2024: la consulta para la revocación de mandato, que en ningún escenario alcanzaría los 36 millones de votos emitidos (independientemente si es a favor o en contra) para hacerla vinculante, pero será un poderoso ejercicio para aceitar la maquinaria Estatal y de partido rumbo a la aduana que sigue.

Y esta la constituyen las elecciones en seis estados de la República: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el próximo 5 de junio.

Morena no gobierna en ninguno de esos estados pero las previsiones eran, al menos hasta antes del escándalo de la ‘Casa gris’ (y de los conflictos internos en Morena) que ganara al menos cinco de las seis.

Por ello no es gratuito que desde ahora la oposición (y aquí incluimos a Latinus y a Mexicanos Contra la Corrupción, entre otras organizaciones) estén disparando toda su artillería contra el presidente y contra su paritdo que, también hay que apuntarlo, han abierto flancos importantes, por omisión y por comisión y justamente en ellos están recibiendo la metralla.

Hoy, Morena gobierna 16 estados y la mitad de la Ciudad de México donde en conjunto hay 58 millones de habitantes. Si el vaticinio se cumple, en 2022 estaría gobernando 21 de las 31 entidades (y la mitad de la Ciudad de México si la oposición conserva las posiciones ganadas el año pasado). Eso convertiría al partido del presidente en un enemigo formidable, aún más poderoso de lo que se mostró en 2021, y prácticamente estaría diciéndole adiós al sueño opositor de recuperar la presidencia.

Eso lo sabe la oposición y por eso ha escalado su ofensiva y lo seguirá haciendo en adelante. Pero también lo saben en Palacio Nacional y están trabajando en ese sentido.

Así, lo que hemos visto hasta ahora en materia de denuncias, ataques y contraataques; guerra sucia, campañas negras, fake news, piquetes de ojos y puñaladas traperas no es nada comparado con lo que viene.

¿Y la gobernanza? Bien, gracias. Lamentablemente en un clima erizado de confrontación política, los asuntos urgentes de la nación: crecimiento y desarrollo, combate a la corrupción, la pobreza y la inseguridad seguirán estando en segundo plano.

La guerra de unos por conservar el poder y de otros por recuperarlo, no se va a detener en esas minucias.

II

Parece temprano para evaluar el desempeño que según la percepción de sus gobernados tienen los alcaldes del país, ya que aún no completan seis meses al frente de sus municipios, sin embargo la empresa Mitofsky realizó un estudio en ese sentido y en el lugar número 12 (al medir a quienes gobiernan capitales estatales) aparece el de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Cuando se miden todos los alcaldes del país, ‘El Toño’ ocupa el lugar 28, lo que muestra un avance de 11 casillas respecto a la medición de diciembre pasado, en la que ocupaba el lugar 39.

Son buenos números para el guaymense avecindado en Hermosillo que, con su larga trayectoria en el servicio público seguramente no se llenará del caldo flaco que suelen servir las casas encuestadoras.

Astiazarán trae programas interesantes, sobre todo los relacionados con un ambicioso proyecto relacionado con la masificación del uso doméstico de energía solar que sería un ejemplo nacional no solo por los beneficios económicos traducidos en una reducción del costo de la energía eléctrica, sino porque se inscribe en esa visión vanguardista que apunta a las ciudades sustentables de las que si bien aún nos encontramos lejísimos, hay buenas señales en ese sentido.

Prueba de ello es la licitación para adquirir 220 patrullas eléctricas (actualmente Hermosillo cuenta con 70 en operación) mediante un esquema de arrendamiento financiero en el que se pagarán con recursos del propio municipio.

Esta es una buena noticia no solo porque se multiplicará por cinco la flota vehicular de la policía municipal y se reducirán sustancialmente los tiempos de respuesta, sino porque se está haciendo en esa perspectiva del desarrollo sustentable, lo que a la larga se traduce no solo en beneficios económicos, sino en un gobierno amigable con el medio ambiente.

En algo deben haber influido estos programas para traducirse en puntos de aprobación para el alcalde, aunque aún sea muy temprano para echar campanas al vuelo.