Categoría: Editorial

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía

Se me encogió poquito el corazón ayer que vi una imagen del gobernador Alfonso Durazo entregando proyectos productivos para mujeres jefas de familia.

Estos apoyos, por modestos que parezcan, resuelven problemas en las economías domésticas a partir del autoempleo y ayudan a paliar necesidades muy básicas de esas familias, generalmente estratificadas en la franja de la pobreza.

Se me encogió poquito el corazón, digo, porque recordé que el gobernador solía ser muy crítico sobre el -llamémoslo así-, minimalismo gubernamental de su antecesora a quien aludía en tono no desprovisto de socarronería, como una gobernadora que se la pasaba cortando listones o entregando carritos de hotdogs y aseguraba que él no iba a hacer lo mismo.

Como dato hay que apuntar que las dos o tres veces que el gobernador ha salido a presumir generación de empleos o instalación de grandes empresas, se trata de cifras correspondientes a la administración anterior y empresas instaladas en ese mismo periodo, pero esa es otra historia.

Si nos atenemos al mantra cuatroteísta de que ‘gobernar no tiene ciencia’, se puede decir que copiar, menos. Así que la directora de Desarrollo Social en el estado, Wendy Briseño se copió el programa Soy Pilar creado en la administración pasada, le cambió de nombre y ayer juntó una buena cantidad de beneficiarias del renombrado programa para que el gobernador se luciera entregando esos apoyos.

Claro que el minimalismo convence, pero la rimbombancia arrasa, de manera que ‘Soy Pilar’ se llama ahora “Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social”, y en esa lógica los ‘carritos de hot dogs’ se llaman ‘Proyectos Gastronómicos’; las máquinas de coser “Manufactura”; los kits de peluquería son “Estética” y así.

Para el magno evento se reunieron, además del gobernador, la propia Briseño; la coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Mireya Scarone, la directora general de Programas Sociales de la Sedesson, Patricia Duarte Franco y una pequeña nube de funcionarias y funcionarios públicos de apoyo para entregar 41 proyectos productivos y sumar 83 en estos tres meses, de un total de 111 a entregarse en esta primera etapa.

Ignoro cuántas etapas vaya a tener el programa, pero el hecho de que se hayan recibido mil 800 solicitudes da una idea de la cantidad de gente en lista de espera y de sus apremios económicos.

Yo sí le creo al gobernador cuando dice que vienen grandes cosas para Sonora, con el presupuesto social más grande de la historia y las obras extraordinarias como la modernización del puerto de Guaymas, la construcción, modernización y ampliación de carreteras y caminos vecinales; la modernización de las aduanas, la mega planta fotovoltaica, entre otras. Y también celebraré cuando corte los listones respectivos, con el mismo entusiasmo que celebro la entrega de carritos de hot dogs, que por el momento ha tenido a bien gestionar la copiona secretaria de Desarrollo Social.

Por lo pronto, es lo que hay. Y está bien, pero urge que se acabe este año y comience el siguiente para que la transformación de Sonora empiece a notarse.

Cebolla finamente picada

Me preguntaron ayer que si por qué no escribí nada sobre la rueda de prensa que al alimón la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río; la fiscal estatal Claudia Indira Contreras y el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez en torno a los avances en las investigaciones sobre los hechos violentos que derivaron en el asesinato de la activista feminista Marisol Cuadras, el agente municipal de Guaymas, Antelmo Gutiérrez y un limpiavidrios que cambió su botellita de agua con jabón por una .9 mm.

Pues no escribí nada porque nada hubo. Es decir, me entusiasmé cuando hablaron de once cateos e igual número de detenciones, pero el gozo se fue al pozo cuando aclararon que no necesariamente los detenidos están involucrados en el atentado que tenía como objetivos a la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova y su comisario de seguridad, Andrés Humberto Cano Ahuir.

Entiendo que por la gravedad de los hechos, les urgía salir a dar explicaciones, pero si van a hacerlo solo para informar que las investigaciones siguen, igual podrían evitarse la fatiga.

Mientras tanto, los criminales no descansan y no hay día que pase sin que una o más personas sean asesinadas violentamente en Sonora.

II

Se enojó ayer el presidente de la República, pero no por el paro en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) sino por el reportaje que publicaron varios medios de comunicación y que involucra a uno de sus hijos mayores de edad en presuntos negocios si no ilícitos, al menos cobijados por la sombra del presidencial apellido.

A los estudiantes y profesores no pasó de tildarlos, era previsible, como parte de la mafia del poder intelectual que comandan Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze aunque éstos, a decir del profesor del CIDE Adrián Lajous, posiblemente nunca hayan puesto un pie en esa institución.

El presidente cargó contra la revista Proceso, pero no es la primera vez que lo hace, lo que sí sorprendió fue la virulencia con la que anatematizó a la periodista Carmen Aristegui a quien desconoció de fea manera y lo más bajito que le dijo fue que era una conservadora que jamás ha apoyado las causas del pueblo que, por antonomasia son las causas del presidente.

Si alguna periodista hay en México, comprometida con las causas democráticas es Carmen Aristegui. Desde sus trincheras, ella fue pieza clave en las luchas que terminaron llevando a Andrés Manuel a la presidencia. Los antiamlo aluden a ella como Chairistegui, lo cual es un indicador del lado en el que la ubican.

Pero cometió el error de darle cabida al citado reportaje, surgido de una investigación en la que participaron varios medios y elaborado por Tania Gómez y Sergio Rincón, lo que desató la ira del presidente.

Este episodio solo confirma el talante de López Obrador y sus consideraciones sobre lo que debe y no debe ser el periodismo.

Si Aristegui es conservadora, ya podemos concluir que para el presidente el modelo a seguir, el icono del compromiso periodístico con la verdad y el ejercicio profesional y documentado, es Lord Molécula.

Así las cosas.

Por: Arturo Soto Munguía
Abrimos la semana con un paro y toma de instalaciones en el Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE).

El tema es importante no por lo que representa su comunidad en términos numéricos (su población estudiantil apenas rebasa el medio millar), sino porque después del choque del presidente con la UNAM y el Conacyt, el CIDE encarna en estos días el desencuentro de una parte de la comunidad académica y científica del país con la visión que sobre la educación tiene y delinea el presidente.

Desde su perspectiva, las universidades, centros de investigación e instituciones culturales fueron tomadas por los conservadores durante el periodo neoliberal para inocular en los jóvenes el peligroso virus del aspiracionismo pequeño burgués y despojándolas de su compromiso con el pueblo y la transformación que encabeza.

Bajo esa premisa, lo primero que hizo el presidente a través de sus diputados en el Congreso federal fue materialmente ‘confiscar’ los fideicomisos, alimentados varios de ellos por recursos generados por las propias instituciones a partir de prestación de servicios, licencias de tecnologías, uso de patentes y convenios con otras instituciones públicas y empresas privadas.

De allí se financiaban becas, proyectos de investigación, participación en foros internacionales, intercambios académicos y demás. Obvio, para el presidente todo eso no solo es innecesario, sino muy oneroso y es un pretexto para que los académicos le den vuelo a sus excesos lúdicos viajando por el mundo bebiendo vinos caros y exquisitas viandas.

Pues eso se acabó. En la cuarta transformación no puede haber profes ricos con pueblo pobre, así que ‘matanga dijo la changa’ y se apropió de los fideicomisos destinando esos recursos para otros fines, señaladamente los que tienen que ver con el financiamiento de los programas del Bienestar.

El caso del CIDE es peculiar además, porque en la campaña electoral de 2018 varios estudiantes hicieron viral un video en el que aparecían mostrando su credencial de la institución y adelantando su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Tres años después se van al paro y tomarán las instalaciones porque además, recientemente fue removido por pérdida de confianza el director Alejandro Madrazo Lajous, nombrando como interino a José Antonio Romero Tellaeche. Esa decisión fue impugnada por una parte del alumnado y la planta docente, que iniciaron un movimiento reivindicando la libertad de cátedra y de expresión que, consideran se ven amenazadas. El movimiento tomó vuelo después de que la FGR acusó a 31 investigadores del Conacyt de delincuencia organizada.

Como en otros temas, al presidente no le falta razón en algunas de sus afirmaciones. En la comunidad académica y científica se ha creado una élite dorada de funcionarios que ganan muy bien y viven mejor, aunque eso no significa que necesariamente sean partícipes de actos de corrupción.

Tienen acceso a salarios muy altos si se les compara con la media nacional para un profesionista, además de becas, bonos, viáticos, ingresos extra por su trabajo en la iniciativa privada u otras instituciones y organizaciones internacionales. Mucho les ha costado llegar a esos niveles, años de estudio y trabajo especializado.

Es difícil precisar cuántos han llegado ahí por su esfuerzo personal o familiar, y cuántos por la meritocracia y la lealtad a grupos de poder que ciertamente existen en todas esas instituciones. Pero antes de investigar a detalle, el sello de este gobierno es echarlos a todos y todas en el costal del conservadurismo neoliberal y agarrar corte parejo, cerrando además las vías del diálogo, que es lo que reclaman en este caso los estudiantes y profesores del CIDE.

La protesta finalmente es focalizada y no parece tener por dónde desbordarse hacia apoyos en sectores populares. Al contrario, bastaría que el presidente mostrara durante una de sus mañaneras el cheque quincenal de algún ‘machuchón’ de la academia para demostrarle al pueblo bueno y pobre, que ese privilegiado puede llegar a ganar más de cien mil pesos mientras la gente se muere de hambre.

La comunidad académica y científica sigue siendo en México un sector minoritario y en donde el presidente tiene muchos apoyos, especialmente entre aquellos y aquellas que por su trabajo, antigüedad y preparación tienen asegurados sus ingresos y pensiones holgadas o trabajo en la burocracia gubernamental ahora que están al frente.

Quienes no entran en ese rango pueden protestar y movilizarse. No son por el momento una oposición que al presidente le quite el sueño, mucho menos si con aquello que les quita, alimenta a una gran base social a partir de sus programas sociales dirigidos a los más necesitados.

Los niveles de aprobación que incluso los medios ‘conservadores’ reportan, indican que AMLO sigue gozando de grandes simpatías, aunque le urge refrendarlas porque eso es parte de su estilo personal y las necesidades de legitimación a la mitad de su mandato.

Por eso este primero de diciembre está convocando a un informe de gobierno en el zócalo capitalino. Un encuentro masivo (la cuarta ola de la Covid19 y el descubrimiento de una nueva variable son irrelevantes) en el que vuelva a demostrar que tiene el apoyo popular y la oposición sigue moralmente derrotada, numéricamente diezmada y políticamente destanteada.

Hasta hoy eso le ha funcionado y bien. En el próximo informe (ya reportan saturación de vuelos en Sonora y renta de camiones para trasladar simpatizantes al zócalo en Ciudad de México) seguramente veremos la reafirmación de esa narrativa que insiste en la descalificación del adversario, encarnado en esa minoría que se le opone por haberles quitado sus privilegios y porque quieren seguir robando.

Estudiantes y maestros de la UNAM, Conacyt y ahora el CIDE habrán de entrar al costal de esa minoría que lo seguirá siendo, mientras el gobierno siga repartiendo a nombre del presidente cientos de miles de millones de pesos para alimentar una base social mucho más amplia.

Y los cartones no parece que se vayan a emparejar al menos en el corto plazo. Mucho menos si la oposición sigue aturdida, reciclando liderazgos gastados y yendo a la zaga de la agenda que cotidianamente les marcan desde las mañaneras.

Lo más reciente que hicieron fue crear el llamado Frente Cívico Nacional, que busca competir en las elecciones presidenciales de 2024 como una nueva alianza opositora.

Pero sus integrantes fundadores son: Guadalupe Acosta Naranjo (PRD); Beatriz Pagés (PRI); Gustavo Madero (PAN); Fernando Belaunzarán (PAN), entre otros como Emilio Álvarez Icaza, Francisco Valdez Ugalde, Cecilia Soto y María Elena Morera.

Con esa oposición que tuitea muy duro y hace memes bien cabrones pero cosecha pocos votos, el presidente puede seguir durmiendo tranquilo.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía

Solamente en Sonora sucede que en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un comando armado irrumpe en el palacio municipal de Guaymas con el objetivo de asesinar a la alcaldesa de Guaymas, haciendo estallar una granada de fragmentación y disparando armas largas que segaron la vida de una joven que participaba en la marcha feminista de ese día.

En la refriega también fue asesinado un policía municipal y otro hombre, además resultaron varios heridos entre ellos el colega y amigo Noé Cabrales, fotógrafo y sub director de Comunicación Social en el ayuntamiento porteño.

La alcaldesa estaba acompañada de su comisario de Seguridad, Andrés Humberto Cano Ahuir, un personaje envuelto en la polémica desde el día que le interceptaron una llamada en la que presuntamente sugiere la ejecución de un agente involucrado con un grupo criminal. Agente que fue asesinado a balazos días después, cuando regaba unas plantas en el frente de su casa.

Con esos antecedentes, cualquiera la pensaría dos veces para hacerse acompañar de este capitán de la Marina Armada que fue uno de los cuatro militares propuestos por el entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño para hacerse cargo de las policías municipales en Navojoa, Cajeme, Guaymas y Hermosillo.

A él le tocó en el puerto durante la administración de la polémica alcaldesa Sara Valle Dessens.

Los testimonios y las imágenes difundidas tras el atentado en la llamada Casa de piedra revelan que minutos antes, la alcaldesa recibió a las manifestantes y hasta se tomaron fotos juntas. Después se desató el infierno en el que cayó muerta Marisol Cuadras, una joven feminista de reconocido activismo en las causas de las mujeres.

La alcaldesa siempre estuvo acompañada de cerca por Cano Ahuir, el marino que, pese a sus antecedentes fue propuesto por la propia alcaldesa Karla Córdova para repetir en el cargo durante su administración durante un periodo de tres meses en los que estaría a modo de prueba. El cabildo aprobó esa propuesta.

La seguridad pública está fuera de control en Guaymas desde el trienio pasado. Recordemos que la casa de la entonces alcaldesa Sara Valle fue baleada en una ocasión y ella tuvo que despachar casi la mitad de su administración desde el cuartel militar, custodiada por la tropa (y por el mismo Cano Ahuir) pues recibió amenazas de muerte.

Recordemos también que en junio de 2019, el contralor municipal Daniel Morales Pardini fue asesinado a balazos en la calle principal del puerto, la Avenida Serdán. Antes de ocupar ese cargo, el malogrado funcionario desempeñó el cargo de subdirector de la Policía Municipal. Durante la administración de Sara Valle, más de una decena de agentes municipales fueron asesinados por el crimen organizado.

Pero nada supera lo que sucedió ayer. Los sicarios fueron a cobrar la vida de la alcaldesa Karla Córdova en el mismísimo Palacio Municipal donde se encontraba rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad cuyos integrantes fueron evidentemente sorprendidos, aunque alcanzaron a matar a uno de los agresores. El resto huyó y hasta el momento de redactar esta nota se desconoce su paradero.

El atentado, dirigido contra una mujer y en el que resultó asesinada una joven activista de apenas 18 años es doblemente trágico porque coincidió con la manifestación contra la violencia hacia las mujeres. Marisol cuadras, que minutos antes portaba un cartel con la leyenda ‘Nos queremos vivas’ cayó abatida por las balas de los criminales.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno se les debería estar cayendo la cara de vergüenza, pero sobre todo deberían estar dando el manotazo en la mesa para cambiar lo que haya que cambiar en el puerto, donde la violencia criminal ya rebasó todos los límites.

Las enérgicas condenas y las sentidas condolencias no sirven de mucho si no hay resultados concretos, como de hecho no los hay.

En Sonora no terminábamos de salir del espanto por el hallazgo de las Madres Buscadoras en la costa de Hermosillo: 16 fosas clandestinas con los restos de quizás una veintena de personas hasta ese día en calidad de desaparecidas, cuando nos enteramos con horror de lo que sucedió en Guaymas.

¿Qué nivel del horror, el descaro, la impunidad y el cinismo falta desbloquear en Sonora?

Si los criminales ya se animaron a tomar por asalto el palacio municipal del puerto de Guaymas, atacar con una granada explosiva y balear a gente inocente, ¿cuál será el siguiente paso?

Las autoridades tienen la palabra. Los ciudadanos, la desolación, el miedo, la tristeza, la capacidad de asombro intacta.

Qué pena.

Colofón

Al filo de la media noche se activó nuevamente el código rojo en el puerto. El cuerpo de un hombre sin vida fue arrojado desde un vehículo en la salida norte, a la altura de la gasolinera El Valiente.

Momentos antes se activó en Empalme, donde se escucharon ráfagas de metralla.

Así el cierre de este jueves negro en Sonora.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Pues el conflicto por los permisos de caza en la etnia seri se complicó más de lo que cualquiera podría imaginar y en unas cuantas horas apareció no solo como un tema de gobernabilidad en la tribu, sino como la punta del proverbial iceberg bajo la cual aparece una complicadísima trama de intereses que ha puesto contra la pared hasta a las autoridades del gobierno estatal y federal.

El tema de los permisos de caza es un jugoso negocio que reditúa cientos de miles de dólares que jamás se han traducido en una mejora en las condiciones de vida de la etnia, pero sí en el enquistamiento de cacicazgos que tutelan la vida cotidiana de los habitantes de Punta Chueca y El Desemboque, comunidades empobrecidas y lastimadas por las carencias de lo más indispensables y en los últimos años, también por el flagelo de las adicciones a partir de su estratégica ubicación geográfica para el trasiego de drogas.

En el despacho de ayer consignamos esa parte del conflicto que tiene qué ver con la elección del presidente de bienes comunales en la etnia, que es quien administra los permisos de caza de borrego cimarrón y venado bura en la isla Tiburón, mismos que tienen un valor unitario de 45 mil dólares y 7 mil dólares respectivamente.

Miguel Estrella es un integrante de la etnia que se reclama ganador de la elección, pero las autoridades del gobierno estatal y federal reconocen a Joel Barnett lo que ha ocasionado un conflicto que llegó hasta la oficina del director jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo, a petición del Concejo de Ancianos de la tribu, que ve con preocupación el derrotero que están tomando las cosas en aquella desértica comarca.

El conflicto sin embargo, escapa de las manos de Salazar Razo y toca los ámbitos de la justicia federal, que ha fallado a favor de Barnett provocando la ira del grupo que promueve a Miguel Estrella y donde aparecen personajes como Carlos Astorga, sobrino de Miguel y a quien pobladores de la tribu señalan como el financiero de su campaña y a la sazón, el verdadero jefe de jefes en esa región.

El tema no es menor y el jurídico del gobierno del estado no tiene los alcances para incidir en la resolución de este conflicto que evidentemente requiere de una operación política de más altos vuelos, porque el papeleo en tribunales son pelillos a la mar cuando ya las cosas se están tratando de dirimir por la vía de la violencia en la etnia. Reportes desde allá consignan agresiones físicas y verbales que pueden escalar peligrosamente.

Quizás sea el momento para que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra se tome un descanso en su infatigable trajín para aparecer en las fotos de todos los presídiums oficiales y eche una mirada a lo que ocurre en territorio comcáac. Quizás sea hora de que deje de ‘sacar curas’ de los memes donde encarna a Diego Verdaguer y por lo menos le pregunte a alguien que sepa realmente lo que ocurre en la etnia seri, antes de que le llegue al gobernador con una disculpa porque no estaba enterado, porque ya fue demasiado tarde.

Ayer salió el primer millón de pesos por concepto de permisos de caza y Joel Barnett se apresuraba a meter en sobrecitos amarillos billetes que sumaban tres mil pesos para repartir entre los habitantes de Punta Chueca. Hoy hará lo mismo en El Desemboque y los indígenas de esa comunidad verán por primera vez en sus bolsillos un dinero que no veían antes.

Eso, desde luego, tiene muy molestos a quienes forman filas con Miguel Estrella, que sigue litigando su condición de presidente de Bienes Comunales y por tanto, reclamando el derecho de controlar los cintillos de caza, que a estas alturas son la principal fuente de ingresos para la etnia, aunque no hay testimonios de que ese recurso se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida.

Pero eso es historia. Los cintillos ya se entregaron y si había contratos con autoridades no reconocidas, eso es, como dijeran los Tigres del Norte, ‘cuestión olvidada’.

El problema es ahora cómo van a resolver las autoridades estatales y federales el tema de la seguridad de los cazadores norteamericanos que pagaron hasta un millón de pesos por venir a la isla Tiburón en búsqueda de un trofeo (perdón a los y las animalistas y a los, las que crean que los ranchos cinegéticos son una actividad marginal en la economía local y a quienes crean que no se cobra por exportar esas cabezas de cimarrones y buras que adornan salas, recibidores y hasta recámaras).

En un par de días más comienza la temporada cinegética y los hermanos gringos llegarán con toda su parafernalia cinegética a territorio seri, pero quizá se encuentren con ciertos conflictos irresueltos en la etnia que pueden poner en riesgo su propia seguridad personal.

El tema no se reduce a unos cintillos de caza o a un asunto de gobernabilidad basada en usos y costumbres. Trasciende los linderos de la seguridad pública, las garantías para extranjeros, las políticas públicas en materia de turismo y promoción económica, entre otras cosas.

Admito que me equivoqué. Salazar Razo es la pieza menor en esto que parecía un desacuerdo tribal, pero que a estas alturas se puede complicar más de la cuenta. Y allá, en Punta Chueca y El Desemboque la comunidad seri sigue preguntándose cuándo podrán ver cumplido el derecho al agua potable, por decir lo menos.

II

Y bueno, no es que uno sea un apátrida, un enemigo de la promoción económica que incluye la llamada industria sin chimeneas que es el turismo, pero tampoco se puede fingir que acá Sonora es la representación gráfica de un algodón de azúcar.

Ayer las Madres Buscadoras, esas mujeres que algún día, no sé cuándo, tendrían que remover a chingadazos todas las letras de oro en las paredes del Congreso del Estado para llenarlas de cruces por sus muertos, encontraron otras fosas clandestinas.

En ellas, los restos de al menos 20 personas que algún día fueron hijos, tías, primos, sobrinas y que hoy son un diente chueco en una mandíbula llena de tierra; un resto de la ropa con la que salió al baile, un zapato que estrenaba, un tatuaje todo borroso, un escapulario, una medalla, una sonrisa chueca, un adiós, un hasta luego, un me voy y no regreso.

Un no sé. Un estoy muerta, muerto. Me hallaste. No soy feliz pero tú lo eres, madre, porque me encontraste.

Fosas clandestinas aquí a tiro de piedra. Más cerca, mucho más cerca que la foto de mañana con funcionarios y funcionarias de sonrisas ensayadas y mantras inservibles para bajar los índices de criminalidad, pero muy buenas para mantenerse en esos cargos donde la nómina llega puntualmente, como el olvido de las promesas de campaña.