Categoría: Editorial

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Cuando se alude a conflictos étnicos en Sonora suele echarse la mirada hacia el sur del estado, al territorio yaqui más específicamente.

Con pasar iguales o peores penurias, el resto de las etnias, acaso por ser poblacionalmente menores casi siempre pasan desapercibidas, excepción hecha de aquellas veces en que se lleva a cabo una visita de funcionarios de gobierno, algún desastre natural o problemas derivados de la construcción de obras públicas o privadas que invaden su territorio.

Regidos por sus usos y costumbres, las etnias se han dado a sí mismas formas de organización social, política, cultural que norman su convivencia de manera más o menos armónica. Salvo cuando los gobiernos yoris meten sus manos.

Eso parece estar ocurriendo en estos días con los comcáacs, más familiarmente conocidos como seris, que habitan las comunidades de Punta Chueca y El Desemboque en la costa de Hermosillo, poblaciones de economías precarias, muy lastimadas por la pobreza, la falta de servicios y también, hay que decirlo, por la actividad del crimen organizado.

Pues bien, en junio pasado, como cada tres años se llevó a cabo una elección entre los comuneros para cambiar al presidente de Bienes Comunales de la isla Tiburón, que no solo es un sitio sagrado para la tribu, sino también una reserva ecológica y área de protección de flora y fauna.

En la isla Tiburón hay especies como el venado bura y el borrego cimarrón, cotizados animales silvestres que año con año son buscados para su caza que, debidamente normada por autoridades estatales y federales, constituyen una fuente muy importante de recursos para la etnia.

Un permiso para caza de borrego cimarrón se cotiza en 45 mil dólares y para venado bura oscila entre 7 y 8 mil dólares. El año pasado se otorgaron 12 permisos para cimarrón y 10 para bura.

El dato es importante porque parece que de ahí deriva parte del conflicto que relatamos ya que el presidente de bienes comunales es quien gestiona los permisos de caza, y la elección de junio pasado fue impugnada por un grupo que encabeza Miguel Estrella, quien se reclama legítimamente electo.

De acuerdo con su versión, Estrella obtuvo 95 votos; Efraín Perales 92 y Joel Barnett 91. Sin embargo, Barnett falsificó un acta de la asamblea y la presentó ante el Registro Agrario Nacional, pero se trataba de un documento relativo a una asamblea realizada en enero, que los otros contendientes desconocen pues, alegan, las firmas fueron falsificadas.

El punto es que Barnett registró el acta en el Tribunal Agrario del distrito 28 con sede en Hermosillo y la magistrada Alejandrina Gámez la dio como buena. El grupo de Estrella se inconformó y presentó un recurso de revisión que se fue hasta los tribunales en Ciudad de México, donde todavía no se dirime.

Para mediar en el conflicto, el director Jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo citó al grupo de Miguel Estrella en su oficina de Palacio. Siempre de acuerdo con la versión de este grupo, el recién estrenado funcionario les comunicó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo tendrían que desistir del litigio y dejar en sus manos (en las de Salazar Razo) la gestión de los cintillos de caza y que ellos mismos (el gobierno estatal) los van a repartir.

Los seris inconformes no aceptaron pues ya tienen contratos firmados con cazadores que cada temporada llegan a la isla para sus actividades cinegéticas, y deben cumplirles o se harían sujetos de demandas legales.

El problema se complica porque en este conflicto aparece la señora Patricia Zepeda Arriaga, quien se dedica a la promoción y gestión de cintillos para la cacería en la isla Tiburón y es la que se queda con una buena parte de los recursos que derrama esta actividad. La señora, dicen, presume influencias tanto en las dependencias del gobierno estatal como del federal relacionadas con este tema.

Este miércoles por la mañana, el grupo de Miguel Estrella estará en las oficinas de la Sagarpha en Hermosillo buscando respuestas a sus demandas, ya que los cintillos de caza fueron entregados sin reconocer lo que reclaman como su condición de autoridad legítimamente electa.

Veremos en qué para todo esto.

II

Por fin rindieron protesta los nuevos funcionarios del Poder Legislativo, emanados de negociaciones no exentas de intensidades entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Acatando los lineamientos de la reforma constitucional recientemente aprobada (que echó abajo la reforma que hace tres años ‘atornilló’ a los hoy exfuncionarios en sus asientos), los diputados y diputadas arribaron a los acuerdos respectivos para renovar todo el aparato administrativo del Congreso en sus niveles de subdirección hacia arriba.

De hecho, hace un par de semanas que en esas oficinas ya no estaban los titulares, sino encargados de despacho.

Como es natural y atendiendo a la nueva configuración política de ese poder con mayoría morenista, casi todos los estrenados funcionarios traen la marca guinda de la casa, aunque otras fuerzas alcanzaron a negociar algunas posiciones.

En la dirección de Comunicación Social levantó la manita el colega y amigo Jesús Olivas Figueroa, experimentado comunicador que seguramente hará un buen papel considerando su conocimiento del medio y los protagonistas tanto de la talacha reporteril como de directivos y administradores.

Jesús estuvo apuntado en una lista de aspirantes hace tres años, como propuesta de Morena, pero por la historia que ya todos conocemos la mayoría guinda no pudo hacer valer su condición como tal y el colega tuvo que posponer hasta ahora sus aspiraciones que por fin ve cumplidas.

El trabajo que tienen enfrente no será fácil pues la comunicación institucional de un poder como el legislativo, plural, diverso y polémico exige mucha mano izquierda, especialmente en esta nueva etapa marcada por una realidad política distinta a la de legislaturas anteriores. Lidiar con la tropa que cubre la fuente y cumplir sus expectativas de información también le va a exigir horas extra. Pero el Olivas tiene la experiencia y la capacidad para sacar la tarea. Desde acá le deseamos suerte.

Los otros nombramientos son los siguientes:
– Julio César Navarro Contreras, Oficial Mayor.
– Benjamín Gaxiola Loya, titular del Órgano Interno de Control.
– Luis Rogelio Piñeda Taddei, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias.
– Florentino Valencia Durazo, Director General de Administración.
– Pavel Humberto Núñez Moreno, Director General Jurídico.
– Fernando Herrera Saldate, Director General de Normatividad y Procesos Administrativos de Contraloría Interna.
– Renso Daniel Sábori Castro, Director General de Evaluación y Auditoría de Contraloría Interna.
– Óscar Daniel Cardozo Arroyo, Subdirector de Apoyo Legislativo de Oficialía Mayor.
– Juan Carlos Aguilar Polanco, Subdirector de Estudios Legislativos de Oficialía Mayor.
– Julissa Bojórquez Castillo, Subdirectora de Documentación e Información Legislativa de Oficialía Mayor.
– María Fernanda Urquidy Vásquez, Subdirectora de Relaciones Públicas de Oficialía Mayor.
– Dulce María Domínguez Estrada, Directora General de Administración del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Roberto Morghen Gradías, Coordinador de Investigadores del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Victoria Mesalina del Carmen Larios Cortés, Subdirectora de Tesorería de la Dirección General de Administración.
– Karla Aguayo Equihua, Subdirectora de Control Presupuestal y Contabilidad de la Dirección General de Administración.
– Beatriz Alicia Salcido Madrid, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Administración.
– Julio César Coronado Olvera, Subdirector de Proveeduría y Servicios Generales de la Dirección General de Administración.
– Luz María Orduño Rodríguez, Subdirectora de Informática de la Dirección General de Administración.
– Juan Carlos Juvera Moreno, Subdirector de Atención Ciudadana de la Dirección General de Administración.
– Carmen Karina Mungarro Garibay, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Administración.
– Rubén Montaño Medina, Subdirector General Jurídico de la Dirección General Jurídica.

Por: Arturo Soto Munguía

La cinéfila lectora, el telenovelero lector se acordarán bien de aquel éxito de taquilla que retrató crudamente la realidad política mexicana del priismo autoritario.

Nos referimos a ‘La Ley de Herodes’ cuya sinopsis omitimos en obvio de tiempo y espacio, pero además porque millones de mexicanos la conocemos pues asistimos emocionados a ese relato descarnado, agridulce y vomitivo que nos contó cómo se las gastaba el viejo régimen, ya en sus estertores, ciertamente. La película se estrenó en 1999 y un año después el PRI fue echado de Los Pinos, aunque regresaría 12 años después.

Recordarán pues aquella escena entre chusca y siniestra en la que a Juan Vargas, el presidente de San Pedro de los Sahuaros le entregan una Constitución y una pistola (o una pistola y una Constitución) que simbolizaban los pilares de la gobernabilidad en su mandato.

La escena era chistosa porque era cierta. Se trataba de una recreación que encarnaba todos los vicios del viejo sistema que terminó hartando a los mexicanos, hasta que años después, más concretamente en 2018 el hartazgo se convirtió en los votos que echaron de la presidencia de la República a los corruptos, espurios, gandallas y enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas, para darle oportunidad a los honestos, legítimos, amorosos y transparentes.

Pero, reconociendo que el nuevo gobierno está transformando muchas cosas, algo pasó de entonces a la fecha, a juzgar por una serie de acontecimientos, políticas públicas, decisiones gubernamentales que nos hacen preguntarnos si no estaremos regresando a aquel pasado aborrecible, al menos en algunos temas.

Fueron muchas batallas, costó mucha sangre, se perdieron vidas, se encarceló y vejó a mucha gente en ese largo proceso para hacer menos escarpado el camino de la transición democrática; para que la sociedad se diera a sí misma instituciones que con todo y sus imperfecciones y con frecuencia serias fallas, acotaran al poder de un solo partido, de un solo hombre.

Los organismos, tribunales y fiscalías electorales; las instituciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, las universidades y centros de investigación son algunos ejemplos de esas instituciones que hoy están en la mira del nuevo gobierno.

No exentas de fallas, omisiones y hasta corruptelas, mal que bien acotaban al poder autoritario. Falibles o sospechosas, es mejor tenerlas que desaparecerlas de un manotazo o absorberlas y regresarlas a su estado larvario, cuando eran poco menos que un apéndice del gobierno, no instituciones de Estado.

Hoy, llama la atención que un día, las armas nacionales se sumen al activismo político al proyecto de nación que en nombre de la transformación encabeza el presidente, su partido y sus aliados, y al siguiente el mismo jefe del Ejecutivo ordene publicar un decreto que empareda a piedra y lodo toda la información sobre proyectos megamillonarios en los que por cierto, participa el propio ejército.

La Constitución y la pistola, pues.

¿Qué dice el citado decreto?

Dice lo siguiente:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren estratégicos para el desarrollo nacional”.

En lenguaje liso y llano, toda la información sobre los llamados proyectos estratégicos será ocultada por motivos de seguridad nacional y por ser de interés público. Eso incluye el aeropuerto de Santa Lucía y otros cuatro en construcción; la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transístmico, entre otros.

Por citar un ejemplo, el programa de modernización de aduanas que se llevará a cabo con recursos de un fideicomiso que cuenta con 70 mil millones de pesos quedaría en la total opacidad y por tanto bajo el manejo discrecional de sus ejecutores. Y así con el resto.

No hay que confundirse. El decreto no surge como respuesta al reportaje de Latinus que documenta la opacidad y presuntas trácalas del ejército en Santa Lucía. En todo caso, debe saberse que en agosto de 2020 la periodista sonorense Zorayda Gallegos documentó el desvío de 156 millones de dólares a empresas fantasmas contratadas para llevar a cabo proyectos de infraestructura: carreteras, caminos rurales, cuarteles, bases aéreas, juzgados, hospitales militares entre otros, lo que le ganó un reconocimiento internacional.

La opacidad pues, no es nueva, como tampoco lo es la estrategia para legitimarla, en la que juegan un papel fundamental los legisladores federales de Morena que ya han presentado sendas iniciativas para evitar que por la vía del amparo se ataquen leyes impulsadas por el presidente relacionadas con proyectos de la CFE, Pemex o el proyecto ‘Agua saludable’ en la región de La Laguna, que costaría 10 mil millones de pesos.

El tema es complicadísimo y seguramente estamos frente a un colosal litigio que habrá de dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto ya le han dado ‘palo’ a algunas iniciativas y decretos presidenciales.

Es complicado porque de entrada tendría que abrogarse o modificarse la legislación sobre el derecho a la información que está ligado a tratados internacionales vinculatorios en materia de derechos humanos, por ejemplo. Ya se ve venir una acción de inconstitucionalidad para atacar el decreto.

El decreto también instruye a todas las dependencias a otorgar la autorización provisional para iniciar todos los proyectos en un plazo máximo de cinco días y si no se emite la autorización en ese lapso, se considerará resuelta en sentido positivo.

Imaginemos el tiempo que requiere la elaboración del manifiesto de impacto ambiental (que es apenas uno de los requisitos) para una carretera, una presa, una planta fotovoltaica. Las dependencias deberán autorizarlo en menos de una semana y si no lo hacen, la obra se lleva a cabo de todas maneras. Primero mato y luego virigüo.

Y lo más chingón es que, de acuerdo a los ‘considerandos’ del decreto, todo esto se hace en nombre de “la planeación democrática del desarrollo nacional (…) y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Créanlo: en nombre de la democracia, la nación, la patria, el PRI hizo las peores barbaridades, incluyendo los fraudes electorales. Si tienen dudas, pueden preguntarle a Bartlett porqué se le conoce como ‘fraude patriótico’ el que se aventó en Chihuahua en 1986.

Con el famoso decreto se viene, insisto, un litigio grande. Lo bueno es que las instituciones como el Poder Judicial todavía están de pie. Madreadonas, pero de pie. Lo bueno también es que el gobierno está echando mano de la ley para sacar adelante sus iniciativas. La cosa se puede poner más fea cuando en vez de la constitución, utilice la pistola.

Qué putos nervios.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
No debería desestimarse la delgada línea que separa la dignidad militar del activismo político, y que acaba de cruzar el General secretario de la Defensa Nacional Juan Cresencio Sandoval, al llamar a los mexicanos a unirse a la 4T.

En el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el General Secretario hizo un llamado a cerrar filas en torno al proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no puede ser considerado un desliz retórico. Porque el mensaje no viene de Mario Delgado, Fernández Noroña o cualquier otro civil en ejercicio de su derecho de participación política.

Si con alguna frecuencia suele decirse que el citado proyecto de nación se alimenta de una mirada al pasado, pensar en el activismo político de los militares echa esa mirada aún más atrás, a principios de los años 40, cuando eran el cuarto sector del entonces Partido de la Revolución Mexicana integrado por los sectores agrario, popular, obrero y militar.

Eso se terminó con la reconversión del PRM al PRI, aunque los militares siguieron teniendo gran peso en las decisiones políticas en el gobierno del partido único en esa etapa en la que Estado, gobierno, partido y presidente eran una y la misma cosa.

Aunque las fuerzas armadas dejaron de ser un sector del PRI, jamás se escindieron del partido en el gobierno. Al menos no del todo. De hecho, el todavía invencible tricolor fue dirigido nacionalmente por los generales Rodolfo Sánchez Taboada, Gabriel Leyva Vázquez, Agustín Olachea Avilés y Alfonso Corona del Rosal.

Fue bajo la dirección de este último cuando en 1963 se creó la Asociación Leandro Valle que, afiliada al PRI seguía negociando posiciones de gobierno y cargos de elección popular. Así llegaron diez militares a ocupar las gubernaturas de Zacatecas (Fernando Pamanes Escobedo); Oaxaca (Eliseo Jiménez Ruiz); Yucatán (Gracilano Alpuche Pinzón); Chiapas (Absalón Castellanos Domínguez, por cierto prisionero de guerra del EZLN durante el levantamiento armado de 1994); Hidalgo (Corona del Rosal y Oswaldo Cravioto Cisneros); Nayarit (Rogelio Flores Curiel); Aguascalientes (Miguel Ángel Barberena) y Baja California (Hermenegildo Cuenca Díaz).

También tuvieron un sinnúmero de senadores, diputados federales y locales.

Con el ascenso de nuevas fuerzas políticas, el modelo de partido único se agotó y dio paso a la competencia, la alternancia, la redefinición del Estado mexicano, la creación de nuevas instituciones que ayudaron a pavimentar el camino de la transición y se acotó a las fuerzas armadas a tareas propias de su naturaleza.

La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea es clara en su artículo 17 que a la letra reza: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Se argumentará que ninguna ley está por encima de la Constitución y por tanto cualquier ciudadano mexicano tiene a salvo el derecho de asociación, afiliación y la libertad de expresión, incluidos los militares.

Esto desde luego sería materia para expertos constitucionalistas, pero el sentido común indica que en un contexto como el actual, en que a los militares se les han conferido tareas, facultades y prerrogativas nunca antes vistas, estaríamos a un paso de que las fuerzas armadas participen también en la dirigencia de los partidos políticos, en el INE, en el Banco de México, en el ISTAI y en cuanta institución civil les parezca.

Finalmente los militares ya son constructores, administradores y empresarios de los megaproyectos sexenales: el aeropuerto de Santa Lucía (y otros cuatro más pequeños), la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y los bancos del Bienestar, por lo que se sabe.

También hacen funciones de agentes de migración, administran las aduanas, reparten gas, vacunas y libros de texto, entre otras.

Así, el activismo político del General Secretario puso nerviosos a más de cuatro que ven cómo la manu militari está ganando cada vez más espacios en todos los ámbitos, incluyendo el de la seguridad pública que, se dijo hasta el cansancio durante la pasada campaña de AMLO, no realizarían. De hecho, el hoy presidente repitió mucho la promesa de regresar el ejército a los cuarteles y lo que está a la vista es otra cosa.

Recordemos que la Guardia Nacional, integrada en un 90 por ciento por militares opera en todo el país realizando tareas de seguridad pública.

Más aún, a raíz de los hechos violentos en Tulum donde hubo un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado y en el tiroteo asesinaron a dos turistas extranjeros, el mismo General Secretario anunció la creación de un batallón de mil 445 agentes de la Guardia Nacional para vigilar la Riviera Maya. Este modelo se replicará próximamente en otros destinos turísticos de México.

De manera muy mal disimulada, finalmente los militares, como en el sexenio de Calderón, están a cargo de la seguridad pública.

¿Qué de raro tendría que se hicieran cargo también de la gobernanza? La puerta parece estar abriéndose.

Como cosa curiosa, en el proyecto de nación que el señor Sandoval llamó a apoyar participan las más diversas corrientes ideológicas: desde la extrema derecha que no ve con malos ojos la militarización de la vida pública, hasta la izquierda que no hace mucho andaba a salto de mata huyendo de los balazos en las montañas, perseguidos por el mismo ejército al que abominaban y que hoy les guiña un ojo.

Por cierto, AMLO le entregó al General Secretario la medalla a la honestidad. Para ser sincero, es la primera vez que sé de este galardón y tengo la impresión que se trata de un invento urgente después del reportaje que documentó la presunta contratación de empresas fantasma, otras con antecedentes de desvío de recursos y varias operaciones que huelen a corrupción en la adjudicación de contratos por parte del ejército en el aeropuerto de Santa Lucía.

En fin…

II

Se nos acabó el espacio, pero mañana les compartiremos algunos trascendidos de la asamblea estatal del PRI donde se dieron cita más de un millar de militantes y ex militantes como Antonio Astiazarán y Ernesto Gándara, así como el ex gobernador Eduardo Bours Castelo y desde luego, todos los aspirantes a suceder a El Pato de Lucas en la dirigencia estatal, a saber: Humberto Robles Pompa, Pascual Soto, David Palafox, Bulmaro Pacheco y Rogelio Díaz Brown.

Que no estaban muertos ni andaban de parranda, dijo el Pato. Cuando mucho, malheridos y con la resaca de la derrota electoral de hace cinco meses, agregarían los malosos.

Mañana les pasamos uno que otro tip que salió de ese encuentro.

Por: Arturo Soto Munguía

Doña Ignacia Paredes Miranda tiene 69 años y desde antier se encontraba en la sala de Urgencias de la clínica del IMSS de la calle Juárez en Hermosillo con un diagnóstico de piedras en la vesícula.

Requiere cirugía pero no hay médicos disponibles y los que hay están sobresaturados de trabajo, así que mañana cumpliría dos días sin comer, pues nadie sabe si providencialmente se abrirá un espacio en algún quirófano y el personal médico tendrá un respiro en medio del trajín que tiene a todos trabajando a destajo para atenderla.

Anoche la subieron a piso y le dieron un vasito de avena y sigue esperando el quirófano.

Doña Nachita es adulta mayor y su salud de por sí ya era precaria porque las desgracias suelen no venir solas y hace poco uno de sus hijos murió de cáncer tras una larga y penosa convalecencia que se lo fue acabando hasta dejarlo en los puros huesos y ella estuvo allí para ver cómo se le apagaba una vida que era pura alegría, vitalidad y energía en sus apenas 45 años.

El golpe para la madre fue durísimo y la depresión encontró en ella presa fácil. Hasta que comenzó con esos dolores que antier la llevaron al IMSS, acaso la única opción de quienes están definitivamente fuera de la posibilidad de acceder a la atención en una clínica privada.

Cualquiera que haya pasado por la sala de Urgencias del IMSS, ya no como paciente, sino para visitar a un familiar o a un amigo sabrá que las escenas están muy cerca de lo dantesco y muy lejos de las cuentas alegres con que suelen endulzar la propaganda gubernamental para convencernos de que en materia de salud pública, estamos a nada de equipararnos con esa Dinamarca que no somos, que nunca hemos sido.

La sala de Urgencias de ese hospital, y de cualquier hospital público es una invitación a la desesperación y la tristeza, que de por sí era crítica pero se tornó peor en los últimos meses por la pandemia de la Covid19.

El personal médico y de enfermería va y viene cargando el peso del heroísmo muy en boga para medallas y reconocimientos pero que no se refleja en la nómina ni en acceso a medicinas, equipo, instrumentos, tecnología necesaria para despresurizar esa suerte de campamento de guerra a donde todos llegan con heridas y diagnósticos críticos.

Niños, ancianos, jóvenes, mujeres que hacen un coro fúnebre de quejidos y lamentos que llena el aire de aromas pesados a medicina, alcohol, sangre, lágrimas y esperan donde pueden, incluso en el suelo donde improvisan algo para sostener un frasco de suero en lo alto. Todo mundo luce triste y cansado y hasta la muerte parece exhausta agazapada en algún rincón, también esperando, esperando.

Este relato, aunque quisiera, no puede estar desprovisto de una crítica política. Pero que se entienda: no es hacia un funcionario o una administración en particular. Consigna lo que está pasando hoy 18 de noviembre de 2021 pero igual describe lo que pasó ayer o hace un año o más de una década.

No es un ‘yo acuso’ específico pero tampoco exime a nadie. Sucesivos gobiernos de todo signo han estado al frente de esta institución cuya nobleza es tanta que no han podido acabársela a pesar de que le han puesto empeño a esa tarea, transando, corrompiendo, normalizando el dolor y el sufrimiento, aspirando el aire de la seguridad personal en la nómina y exhalando el tufo de la insensibilidad perdonavidas.

Patrones y trabajadores pagan obligatoria y puntualmente sus cuotas, que no son una bicoca, para hacerse del derecho a reclamar una atención de calidad y calidez’ como rezaba un viejo eslogan que por cierto no he vuelto a escuchar quizás porque la desfachatez ya no les dio para tanto.

El caso de doña Nachita es uno entre decenas, si no es que cientos en esta hora, que están pasando por lo mismo.

La corrupción o lo que quieran ha ido erosionando la nobleza de esta institución hasta dejarla ciega, sorda, manca, coja, lista para terapia intensiva y cirugía mayor que nadie puede o no quiere hacer.

Apenas la semana pasada el dirigente estatal de la CTM, Javier Villlarreal ponía el dedo en la llaga y denunciaba el déficit de más de 400 médicos especialistas en el IMSS Sonora. En su más reciente visita a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo acompañar de todo su gabinete, incluyendo al director de esa institución, Zoe Robledo. Junto a él, Alfonso Durazo recogió la demanda del cetemista, admitió el déficit de médicos y juntos firmaron un convenio para subsanarlo gradualmente.

Ya veremos cuándo sucede eso. En vía de mientras la carga de trabajo al personal médico y de enfermería se sigue acumulando, los pacientes se hacinan en clínicas y hospitales y sus familiares van y vienen frenéticamente, desesperadamente buscando medicinas, ayudas, sangre o lo que sea necesario.

Por lo pronto está prohibido enfermarse si la achacosa lectora, el hipocondriaco lector forman filas en esa legión de mexicanos y mexicanas cuya atención médica depende de las instituciones públicas, de cualquier orden de gobierno.

El IMSS es acaso la institución de salud más importante y de mayor cobertura en el país, pero no ha sido la única afectada con la desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Insabi, que entró en operación trastabillando y hasta ahora no parece ser mejor que lo anterior.

Esperemos, por el bien de esa legión que no tenemos más opción que las instituciones públicas, que todo mejore.

Por lo pronto, prohibido enfermarse.