Categoría: Editorial

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía

Solamente en Sonora sucede que en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un comando armado irrumpe en el palacio municipal de Guaymas con el objetivo de asesinar a la alcaldesa de Guaymas, haciendo estallar una granada de fragmentación y disparando armas largas que segaron la vida de una joven que participaba en la marcha feminista de ese día.

En la refriega también fue asesinado un policía municipal y otro hombre, además resultaron varios heridos entre ellos el colega y amigo Noé Cabrales, fotógrafo y sub director de Comunicación Social en el ayuntamiento porteño.

La alcaldesa estaba acompañada de su comisario de Seguridad, Andrés Humberto Cano Ahuir, un personaje envuelto en la polémica desde el día que le interceptaron una llamada en la que presuntamente sugiere la ejecución de un agente involucrado con un grupo criminal. Agente que fue asesinado a balazos días después, cuando regaba unas plantas en el frente de su casa.

Con esos antecedentes, cualquiera la pensaría dos veces para hacerse acompañar de este capitán de la Marina Armada que fue uno de los cuatro militares propuestos por el entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño para hacerse cargo de las policías municipales en Navojoa, Cajeme, Guaymas y Hermosillo.

A él le tocó en el puerto durante la administración de la polémica alcaldesa Sara Valle Dessens.

Los testimonios y las imágenes difundidas tras el atentado en la llamada Casa de piedra revelan que minutos antes, la alcaldesa recibió a las manifestantes y hasta se tomaron fotos juntas. Después se desató el infierno en el que cayó muerta Marisol Cuadras, una joven feminista de reconocido activismo en las causas de las mujeres.

La alcaldesa siempre estuvo acompañada de cerca por Cano Ahuir, el marino que, pese a sus antecedentes fue propuesto por la propia alcaldesa Karla Córdova para repetir en el cargo durante su administración durante un periodo de tres meses en los que estaría a modo de prueba. El cabildo aprobó esa propuesta.

La seguridad pública está fuera de control en Guaymas desde el trienio pasado. Recordemos que la casa de la entonces alcaldesa Sara Valle fue baleada en una ocasión y ella tuvo que despachar casi la mitad de su administración desde el cuartel militar, custodiada por la tropa (y por el mismo Cano Ahuir) pues recibió amenazas de muerte.

Recordemos también que en junio de 2019, el contralor municipal Daniel Morales Pardini fue asesinado a balazos en la calle principal del puerto, la Avenida Serdán. Antes de ocupar ese cargo, el malogrado funcionario desempeñó el cargo de subdirector de la Policía Municipal. Durante la administración de Sara Valle, más de una decena de agentes municipales fueron asesinados por el crimen organizado.

Pero nada supera lo que sucedió ayer. Los sicarios fueron a cobrar la vida de la alcaldesa Karla Córdova en el mismísimo Palacio Municipal donde se encontraba rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad cuyos integrantes fueron evidentemente sorprendidos, aunque alcanzaron a matar a uno de los agresores. El resto huyó y hasta el momento de redactar esta nota se desconoce su paradero.

El atentado, dirigido contra una mujer y en el que resultó asesinada una joven activista de apenas 18 años es doblemente trágico porque coincidió con la manifestación contra la violencia hacia las mujeres. Marisol cuadras, que minutos antes portaba un cartel con la leyenda ‘Nos queremos vivas’ cayó abatida por las balas de los criminales.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno se les debería estar cayendo la cara de vergüenza, pero sobre todo deberían estar dando el manotazo en la mesa para cambiar lo que haya que cambiar en el puerto, donde la violencia criminal ya rebasó todos los límites.

Las enérgicas condenas y las sentidas condolencias no sirven de mucho si no hay resultados concretos, como de hecho no los hay.

En Sonora no terminábamos de salir del espanto por el hallazgo de las Madres Buscadoras en la costa de Hermosillo: 16 fosas clandestinas con los restos de quizás una veintena de personas hasta ese día en calidad de desaparecidas, cuando nos enteramos con horror de lo que sucedió en Guaymas.

¿Qué nivel del horror, el descaro, la impunidad y el cinismo falta desbloquear en Sonora?

Si los criminales ya se animaron a tomar por asalto el palacio municipal del puerto de Guaymas, atacar con una granada explosiva y balear a gente inocente, ¿cuál será el siguiente paso?

Las autoridades tienen la palabra. Los ciudadanos, la desolación, el miedo, la tristeza, la capacidad de asombro intacta.

Qué pena.

Colofón

Al filo de la media noche se activó nuevamente el código rojo en el puerto. El cuerpo de un hombre sin vida fue arrojado desde un vehículo en la salida norte, a la altura de la gasolinera El Valiente.

Momentos antes se activó en Empalme, donde se escucharon ráfagas de metralla.

Así el cierre de este jueves negro en Sonora.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Pues el conflicto por los permisos de caza en la etnia seri se complicó más de lo que cualquiera podría imaginar y en unas cuantas horas apareció no solo como un tema de gobernabilidad en la tribu, sino como la punta del proverbial iceberg bajo la cual aparece una complicadísima trama de intereses que ha puesto contra la pared hasta a las autoridades del gobierno estatal y federal.

El tema de los permisos de caza es un jugoso negocio que reditúa cientos de miles de dólares que jamás se han traducido en una mejora en las condiciones de vida de la etnia, pero sí en el enquistamiento de cacicazgos que tutelan la vida cotidiana de los habitantes de Punta Chueca y El Desemboque, comunidades empobrecidas y lastimadas por las carencias de lo más indispensables y en los últimos años, también por el flagelo de las adicciones a partir de su estratégica ubicación geográfica para el trasiego de drogas.

En el despacho de ayer consignamos esa parte del conflicto que tiene qué ver con la elección del presidente de bienes comunales en la etnia, que es quien administra los permisos de caza de borrego cimarrón y venado bura en la isla Tiburón, mismos que tienen un valor unitario de 45 mil dólares y 7 mil dólares respectivamente.

Miguel Estrella es un integrante de la etnia que se reclama ganador de la elección, pero las autoridades del gobierno estatal y federal reconocen a Joel Barnett lo que ha ocasionado un conflicto que llegó hasta la oficina del director jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo, a petición del Concejo de Ancianos de la tribu, que ve con preocupación el derrotero que están tomando las cosas en aquella desértica comarca.

El conflicto sin embargo, escapa de las manos de Salazar Razo y toca los ámbitos de la justicia federal, que ha fallado a favor de Barnett provocando la ira del grupo que promueve a Miguel Estrella y donde aparecen personajes como Carlos Astorga, sobrino de Miguel y a quien pobladores de la tribu señalan como el financiero de su campaña y a la sazón, el verdadero jefe de jefes en esa región.

El tema no es menor y el jurídico del gobierno del estado no tiene los alcances para incidir en la resolución de este conflicto que evidentemente requiere de una operación política de más altos vuelos, porque el papeleo en tribunales son pelillos a la mar cuando ya las cosas se están tratando de dirimir por la vía de la violencia en la etnia. Reportes desde allá consignan agresiones físicas y verbales que pueden escalar peligrosamente.

Quizás sea el momento para que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra se tome un descanso en su infatigable trajín para aparecer en las fotos de todos los presídiums oficiales y eche una mirada a lo que ocurre en territorio comcáac. Quizás sea hora de que deje de ‘sacar curas’ de los memes donde encarna a Diego Verdaguer y por lo menos le pregunte a alguien que sepa realmente lo que ocurre en la etnia seri, antes de que le llegue al gobernador con una disculpa porque no estaba enterado, porque ya fue demasiado tarde.

Ayer salió el primer millón de pesos por concepto de permisos de caza y Joel Barnett se apresuraba a meter en sobrecitos amarillos billetes que sumaban tres mil pesos para repartir entre los habitantes de Punta Chueca. Hoy hará lo mismo en El Desemboque y los indígenas de esa comunidad verán por primera vez en sus bolsillos un dinero que no veían antes.

Eso, desde luego, tiene muy molestos a quienes forman filas con Miguel Estrella, que sigue litigando su condición de presidente de Bienes Comunales y por tanto, reclamando el derecho de controlar los cintillos de caza, que a estas alturas son la principal fuente de ingresos para la etnia, aunque no hay testimonios de que ese recurso se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida.

Pero eso es historia. Los cintillos ya se entregaron y si había contratos con autoridades no reconocidas, eso es, como dijeran los Tigres del Norte, ‘cuestión olvidada’.

El problema es ahora cómo van a resolver las autoridades estatales y federales el tema de la seguridad de los cazadores norteamericanos que pagaron hasta un millón de pesos por venir a la isla Tiburón en búsqueda de un trofeo (perdón a los y las animalistas y a los, las que crean que los ranchos cinegéticos son una actividad marginal en la economía local y a quienes crean que no se cobra por exportar esas cabezas de cimarrones y buras que adornan salas, recibidores y hasta recámaras).

En un par de días más comienza la temporada cinegética y los hermanos gringos llegarán con toda su parafernalia cinegética a territorio seri, pero quizá se encuentren con ciertos conflictos irresueltos en la etnia que pueden poner en riesgo su propia seguridad personal.

El tema no se reduce a unos cintillos de caza o a un asunto de gobernabilidad basada en usos y costumbres. Trasciende los linderos de la seguridad pública, las garantías para extranjeros, las políticas públicas en materia de turismo y promoción económica, entre otras cosas.

Admito que me equivoqué. Salazar Razo es la pieza menor en esto que parecía un desacuerdo tribal, pero que a estas alturas se puede complicar más de la cuenta. Y allá, en Punta Chueca y El Desemboque la comunidad seri sigue preguntándose cuándo podrán ver cumplido el derecho al agua potable, por decir lo menos.

II

Y bueno, no es que uno sea un apátrida, un enemigo de la promoción económica que incluye la llamada industria sin chimeneas que es el turismo, pero tampoco se puede fingir que acá Sonora es la representación gráfica de un algodón de azúcar.

Ayer las Madres Buscadoras, esas mujeres que algún día, no sé cuándo, tendrían que remover a chingadazos todas las letras de oro en las paredes del Congreso del Estado para llenarlas de cruces por sus muertos, encontraron otras fosas clandestinas.

En ellas, los restos de al menos 20 personas que algún día fueron hijos, tías, primos, sobrinas y que hoy son un diente chueco en una mandíbula llena de tierra; un resto de la ropa con la que salió al baile, un zapato que estrenaba, un tatuaje todo borroso, un escapulario, una medalla, una sonrisa chueca, un adiós, un hasta luego, un me voy y no regreso.

Un no sé. Un estoy muerta, muerto. Me hallaste. No soy feliz pero tú lo eres, madre, porque me encontraste.

Fosas clandestinas aquí a tiro de piedra. Más cerca, mucho más cerca que la foto de mañana con funcionarios y funcionarias de sonrisas ensayadas y mantras inservibles para bajar los índices de criminalidad, pero muy buenas para mantenerse en esos cargos donde la nómina llega puntualmente, como el olvido de las promesas de campaña.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Cuando se alude a conflictos étnicos en Sonora suele echarse la mirada hacia el sur del estado, al territorio yaqui más específicamente.

Con pasar iguales o peores penurias, el resto de las etnias, acaso por ser poblacionalmente menores casi siempre pasan desapercibidas, excepción hecha de aquellas veces en que se lleva a cabo una visita de funcionarios de gobierno, algún desastre natural o problemas derivados de la construcción de obras públicas o privadas que invaden su territorio.

Regidos por sus usos y costumbres, las etnias se han dado a sí mismas formas de organización social, política, cultural que norman su convivencia de manera más o menos armónica. Salvo cuando los gobiernos yoris meten sus manos.

Eso parece estar ocurriendo en estos días con los comcáacs, más familiarmente conocidos como seris, que habitan las comunidades de Punta Chueca y El Desemboque en la costa de Hermosillo, poblaciones de economías precarias, muy lastimadas por la pobreza, la falta de servicios y también, hay que decirlo, por la actividad del crimen organizado.

Pues bien, en junio pasado, como cada tres años se llevó a cabo una elección entre los comuneros para cambiar al presidente de Bienes Comunales de la isla Tiburón, que no solo es un sitio sagrado para la tribu, sino también una reserva ecológica y área de protección de flora y fauna.

En la isla Tiburón hay especies como el venado bura y el borrego cimarrón, cotizados animales silvestres que año con año son buscados para su caza que, debidamente normada por autoridades estatales y federales, constituyen una fuente muy importante de recursos para la etnia.

Un permiso para caza de borrego cimarrón se cotiza en 45 mil dólares y para venado bura oscila entre 7 y 8 mil dólares. El año pasado se otorgaron 12 permisos para cimarrón y 10 para bura.

El dato es importante porque parece que de ahí deriva parte del conflicto que relatamos ya que el presidente de bienes comunales es quien gestiona los permisos de caza, y la elección de junio pasado fue impugnada por un grupo que encabeza Miguel Estrella, quien se reclama legítimamente electo.

De acuerdo con su versión, Estrella obtuvo 95 votos; Efraín Perales 92 y Joel Barnett 91. Sin embargo, Barnett falsificó un acta de la asamblea y la presentó ante el Registro Agrario Nacional, pero se trataba de un documento relativo a una asamblea realizada en enero, que los otros contendientes desconocen pues, alegan, las firmas fueron falsificadas.

El punto es que Barnett registró el acta en el Tribunal Agrario del distrito 28 con sede en Hermosillo y la magistrada Alejandrina Gámez la dio como buena. El grupo de Estrella se inconformó y presentó un recurso de revisión que se fue hasta los tribunales en Ciudad de México, donde todavía no se dirime.

Para mediar en el conflicto, el director Jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo citó al grupo de Miguel Estrella en su oficina de Palacio. Siempre de acuerdo con la versión de este grupo, el recién estrenado funcionario les comunicó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo tendrían que desistir del litigio y dejar en sus manos (en las de Salazar Razo) la gestión de los cintillos de caza y que ellos mismos (el gobierno estatal) los van a repartir.

Los seris inconformes no aceptaron pues ya tienen contratos firmados con cazadores que cada temporada llegan a la isla para sus actividades cinegéticas, y deben cumplirles o se harían sujetos de demandas legales.

El problema se complica porque en este conflicto aparece la señora Patricia Zepeda Arriaga, quien se dedica a la promoción y gestión de cintillos para la cacería en la isla Tiburón y es la que se queda con una buena parte de los recursos que derrama esta actividad. La señora, dicen, presume influencias tanto en las dependencias del gobierno estatal como del federal relacionadas con este tema.

Este miércoles por la mañana, el grupo de Miguel Estrella estará en las oficinas de la Sagarpha en Hermosillo buscando respuestas a sus demandas, ya que los cintillos de caza fueron entregados sin reconocer lo que reclaman como su condición de autoridad legítimamente electa.

Veremos en qué para todo esto.

II

Por fin rindieron protesta los nuevos funcionarios del Poder Legislativo, emanados de negociaciones no exentas de intensidades entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Acatando los lineamientos de la reforma constitucional recientemente aprobada (que echó abajo la reforma que hace tres años ‘atornilló’ a los hoy exfuncionarios en sus asientos), los diputados y diputadas arribaron a los acuerdos respectivos para renovar todo el aparato administrativo del Congreso en sus niveles de subdirección hacia arriba.

De hecho, hace un par de semanas que en esas oficinas ya no estaban los titulares, sino encargados de despacho.

Como es natural y atendiendo a la nueva configuración política de ese poder con mayoría morenista, casi todos los estrenados funcionarios traen la marca guinda de la casa, aunque otras fuerzas alcanzaron a negociar algunas posiciones.

En la dirección de Comunicación Social levantó la manita el colega y amigo Jesús Olivas Figueroa, experimentado comunicador que seguramente hará un buen papel considerando su conocimiento del medio y los protagonistas tanto de la talacha reporteril como de directivos y administradores.

Jesús estuvo apuntado en una lista de aspirantes hace tres años, como propuesta de Morena, pero por la historia que ya todos conocemos la mayoría guinda no pudo hacer valer su condición como tal y el colega tuvo que posponer hasta ahora sus aspiraciones que por fin ve cumplidas.

El trabajo que tienen enfrente no será fácil pues la comunicación institucional de un poder como el legislativo, plural, diverso y polémico exige mucha mano izquierda, especialmente en esta nueva etapa marcada por una realidad política distinta a la de legislaturas anteriores. Lidiar con la tropa que cubre la fuente y cumplir sus expectativas de información también le va a exigir horas extra. Pero el Olivas tiene la experiencia y la capacidad para sacar la tarea. Desde acá le deseamos suerte.

Los otros nombramientos son los siguientes:
– Julio César Navarro Contreras, Oficial Mayor.
– Benjamín Gaxiola Loya, titular del Órgano Interno de Control.
– Luis Rogelio Piñeda Taddei, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias.
– Florentino Valencia Durazo, Director General de Administración.
– Pavel Humberto Núñez Moreno, Director General Jurídico.
– Fernando Herrera Saldate, Director General de Normatividad y Procesos Administrativos de Contraloría Interna.
– Renso Daniel Sábori Castro, Director General de Evaluación y Auditoría de Contraloría Interna.
– Óscar Daniel Cardozo Arroyo, Subdirector de Apoyo Legislativo de Oficialía Mayor.
– Juan Carlos Aguilar Polanco, Subdirector de Estudios Legislativos de Oficialía Mayor.
– Julissa Bojórquez Castillo, Subdirectora de Documentación e Información Legislativa de Oficialía Mayor.
– María Fernanda Urquidy Vásquez, Subdirectora de Relaciones Públicas de Oficialía Mayor.
– Dulce María Domínguez Estrada, Directora General de Administración del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Roberto Morghen Gradías, Coordinador de Investigadores del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Victoria Mesalina del Carmen Larios Cortés, Subdirectora de Tesorería de la Dirección General de Administración.
– Karla Aguayo Equihua, Subdirectora de Control Presupuestal y Contabilidad de la Dirección General de Administración.
– Beatriz Alicia Salcido Madrid, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Administración.
– Julio César Coronado Olvera, Subdirector de Proveeduría y Servicios Generales de la Dirección General de Administración.
– Luz María Orduño Rodríguez, Subdirectora de Informática de la Dirección General de Administración.
– Juan Carlos Juvera Moreno, Subdirector de Atención Ciudadana de la Dirección General de Administración.
– Carmen Karina Mungarro Garibay, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Administración.
– Rubén Montaño Medina, Subdirector General Jurídico de la Dirección General Jurídica.

Por: Arturo Soto Munguía

La cinéfila lectora, el telenovelero lector se acordarán bien de aquel éxito de taquilla que retrató crudamente la realidad política mexicana del priismo autoritario.

Nos referimos a ‘La Ley de Herodes’ cuya sinopsis omitimos en obvio de tiempo y espacio, pero además porque millones de mexicanos la conocemos pues asistimos emocionados a ese relato descarnado, agridulce y vomitivo que nos contó cómo se las gastaba el viejo régimen, ya en sus estertores, ciertamente. La película se estrenó en 1999 y un año después el PRI fue echado de Los Pinos, aunque regresaría 12 años después.

Recordarán pues aquella escena entre chusca y siniestra en la que a Juan Vargas, el presidente de San Pedro de los Sahuaros le entregan una Constitución y una pistola (o una pistola y una Constitución) que simbolizaban los pilares de la gobernabilidad en su mandato.

La escena era chistosa porque era cierta. Se trataba de una recreación que encarnaba todos los vicios del viejo sistema que terminó hartando a los mexicanos, hasta que años después, más concretamente en 2018 el hartazgo se convirtió en los votos que echaron de la presidencia de la República a los corruptos, espurios, gandallas y enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas, para darle oportunidad a los honestos, legítimos, amorosos y transparentes.

Pero, reconociendo que el nuevo gobierno está transformando muchas cosas, algo pasó de entonces a la fecha, a juzgar por una serie de acontecimientos, políticas públicas, decisiones gubernamentales que nos hacen preguntarnos si no estaremos regresando a aquel pasado aborrecible, al menos en algunos temas.

Fueron muchas batallas, costó mucha sangre, se perdieron vidas, se encarceló y vejó a mucha gente en ese largo proceso para hacer menos escarpado el camino de la transición democrática; para que la sociedad se diera a sí misma instituciones que con todo y sus imperfecciones y con frecuencia serias fallas, acotaran al poder de un solo partido, de un solo hombre.

Los organismos, tribunales y fiscalías electorales; las instituciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, las universidades y centros de investigación son algunos ejemplos de esas instituciones que hoy están en la mira del nuevo gobierno.

No exentas de fallas, omisiones y hasta corruptelas, mal que bien acotaban al poder autoritario. Falibles o sospechosas, es mejor tenerlas que desaparecerlas de un manotazo o absorberlas y regresarlas a su estado larvario, cuando eran poco menos que un apéndice del gobierno, no instituciones de Estado.

Hoy, llama la atención que un día, las armas nacionales se sumen al activismo político al proyecto de nación que en nombre de la transformación encabeza el presidente, su partido y sus aliados, y al siguiente el mismo jefe del Ejecutivo ordene publicar un decreto que empareda a piedra y lodo toda la información sobre proyectos megamillonarios en los que por cierto, participa el propio ejército.

La Constitución y la pistola, pues.

¿Qué dice el citado decreto?

Dice lo siguiente:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren estratégicos para el desarrollo nacional”.

En lenguaje liso y llano, toda la información sobre los llamados proyectos estratégicos será ocultada por motivos de seguridad nacional y por ser de interés público. Eso incluye el aeropuerto de Santa Lucía y otros cuatro en construcción; la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transístmico, entre otros.

Por citar un ejemplo, el programa de modernización de aduanas que se llevará a cabo con recursos de un fideicomiso que cuenta con 70 mil millones de pesos quedaría en la total opacidad y por tanto bajo el manejo discrecional de sus ejecutores. Y así con el resto.

No hay que confundirse. El decreto no surge como respuesta al reportaje de Latinus que documenta la opacidad y presuntas trácalas del ejército en Santa Lucía. En todo caso, debe saberse que en agosto de 2020 la periodista sonorense Zorayda Gallegos documentó el desvío de 156 millones de dólares a empresas fantasmas contratadas para llevar a cabo proyectos de infraestructura: carreteras, caminos rurales, cuarteles, bases aéreas, juzgados, hospitales militares entre otros, lo que le ganó un reconocimiento internacional.

La opacidad pues, no es nueva, como tampoco lo es la estrategia para legitimarla, en la que juegan un papel fundamental los legisladores federales de Morena que ya han presentado sendas iniciativas para evitar que por la vía del amparo se ataquen leyes impulsadas por el presidente relacionadas con proyectos de la CFE, Pemex o el proyecto ‘Agua saludable’ en la región de La Laguna, que costaría 10 mil millones de pesos.

El tema es complicadísimo y seguramente estamos frente a un colosal litigio que habrá de dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto ya le han dado ‘palo’ a algunas iniciativas y decretos presidenciales.

Es complicado porque de entrada tendría que abrogarse o modificarse la legislación sobre el derecho a la información que está ligado a tratados internacionales vinculatorios en materia de derechos humanos, por ejemplo. Ya se ve venir una acción de inconstitucionalidad para atacar el decreto.

El decreto también instruye a todas las dependencias a otorgar la autorización provisional para iniciar todos los proyectos en un plazo máximo de cinco días y si no se emite la autorización en ese lapso, se considerará resuelta en sentido positivo.

Imaginemos el tiempo que requiere la elaboración del manifiesto de impacto ambiental (que es apenas uno de los requisitos) para una carretera, una presa, una planta fotovoltaica. Las dependencias deberán autorizarlo en menos de una semana y si no lo hacen, la obra se lleva a cabo de todas maneras. Primero mato y luego virigüo.

Y lo más chingón es que, de acuerdo a los ‘considerandos’ del decreto, todo esto se hace en nombre de “la planeación democrática del desarrollo nacional (…) y la democratización política, social y cultural de la nación”.

Créanlo: en nombre de la democracia, la nación, la patria, el PRI hizo las peores barbaridades, incluyendo los fraudes electorales. Si tienen dudas, pueden preguntarle a Bartlett porqué se le conoce como ‘fraude patriótico’ el que se aventó en Chihuahua en 1986.

Con el famoso decreto se viene, insisto, un litigio grande. Lo bueno es que las instituciones como el Poder Judicial todavía están de pie. Madreadonas, pero de pie. Lo bueno también es que el gobierno está echando mano de la ley para sacar adelante sus iniciativas. La cosa se puede poner más fea cuando en vez de la constitución, utilice la pistola.

Qué putos nervios.