Por Arturo Soto Munguía
Como ostiones cuando les echan limón se revolvieron más de cuatro ayer, cuando vieron el video en el que aparecía el exgobernador Eduardo Bours al término de un evento en Ciudad Obregón, dándole ‘raite’ a Alfonso Durazo, al parecer al aeropuerto de donde volaría a Guaymas para presidir el evento de aniversario de la Marina Armada de México.
El video, viralizado en redes sociales fue tomado por la tremenda colega, amiga y paisana Rosa Lilia Torres.
De lo que hablaron, solo ellos lo saben, como dirían los más viejos de la tribu.
Como hombre de Estado que es, Alfonso Durazo ha desarrollado la templanza para dialogar con quien sea, incluso con aquellos que se considerarían sus adversarios políticos, aunque cabe precisar que en el caso de Eduardo Bours existen demasiadas reservas para ubicarlo en ese campo.
No hay elementos para decir que son amigos, amigos, lo que se dice amigos, pero tampoco los hay para afirmar que Durazo alberga los mismos rencores que alimentan a no pocas personas que por las razones que gusten y manden, incluyendo el doloroso y politizado tema de la guardería ABC, odian a Eduardo Bours.
(Extraña, paradójicamente, entre algun@s que se desgarraron las vestiduras por el encuentro de ayer se cuentan reconocid@s padrecistas que, a no dudarlo, fueron directa o indirectamente beneficiarios de la capitalización política de la tragedia en la guardería, y hoy militan en Morena o firman como titulares en cargos de sus gobiernos o en el Poder Legislativo, pero a ellos volveremos al final de la columna).
Recapitulemos. En su discurso de toma de posesión como gobernador, Alfonso Durazo acuñó el concepto ‘sexenio de 30 años’ para aludir a los gobiernos que le antecedieron y con los que fue particularmente crítico. La referencia no dejó lugar a dudas: Durazo tomó posesión en 2021 y 30 años antes, en 1991 hacía lo propio Manlio Fabio Beltrones.
En ese lapso pasaron por Palacio de Gobierno, además de Manlio: Armando López Nogales, Eduardo Bours, Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich.
La del 13 de septiembre de 2021 no sería la primera ni la última vez que el gobernador Durazo identificara con su nombre al villajuarense como cabeza de ese grupo político-empresarial al que durante su primer informe de gobierno acusó de haber ejercido el poder discrecionalmente, haciendo del estado un botín.
Pero al siguiente día, en su primera rueda de prensa como gobernador, Durazo aclaró: “Debo agregar una excepción, el día de ayer mencionaba al doctor (Samuel) Ocaña, (él) está fuera del sexenio 30 años, pero creo que también hubo un gobierno ajeno a la influencia de ese sexenio de 30 años, que fue el de Eduardo Bours”.
Eduardo Bours, por su parte, ya le había coqueteado en la campaña de 2021.
Más que los amigos comunes, a Durazo y Bours parecen unirlos los enemigos comunes.
En aquellos días de proselitismo 2021, el cajemense declaró que Alfonso sería buen gobernador, pero su hermano (Ricardo Bours) era el mejor.
Ernesto Gándara no, porque no tiene palabra, sostuvo. Recordemos que Ernesto era el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD ese año, pero la historia es más larga.
En 2009, siendo gobernador, Eduardo vetó la candidatura de El Borrego. En 2015 se congratuló de que no fuera candidato (así fuera con ayuda de Manlio, fíjense qué paradojas) y en 2021 no movió un dedo para apoyarlo, aunque ambos fueran priistas.
Eduardo no tiene estima por El Borrego ni por Manlio, Durazo tampoco. Por eso se dice que no son los amigos comunes los que los unen, sino los enemigos comunes.
En ese contexto es en el que podría ubicarse políticamente el encuentro de ayer, aunque a varios morenistas y no pocos priistas ese acercamiento les provocó más que urticaria.
Ahora bien, conviene insistir en que Alfonso Durazo, como hombre de Estado que es, ha dado sobradas muestras de que no gobierna desde el rencor y la exclusión. De que es capaz de tender puentes antes que dinamitarlos y de que tiene la templanza para dialogar incluso con quienes no van en la procesión, detrás suyo, con los incensarios humeantes.
El problema, en todo caso es para esa pequeña legión de devotos que aún juegan a la política en cancha de tierra con dos ladrillos de portería, pero nunca han jugado en los estadios donde realmente se disputan los campeonatos importantes y deben conformarse con gritar desde las gradas o el sofá frente a la tele o en el mejor de los casos, desde la banca.
En una sociedad democrática, nadie debería sorprenderse por un diálogo entre políticos no afines.
Pero en una sociedad donde el discurso de odio es fuego cruzado, este tipo de encuentros suelen ser yesca seca para el denuesto y el vituperio que incendian la pradera.
Aunque también, vale decir, es un necesario calentamiento para la hiperflexibilidad necesaria en aquellos casos donde se vuelve obligado morderse un huevito o desnucarse en una maroma con alto grado de dificultad.
El problema, concluyo, no es del gobernador, sino de quienes no entienden su visión de hombre de Estado.
II
No se hagan bolas
El próximo lunes en la comunidad seri de El Desemboque se colocará la primera piedra de una de las dos bodegas refrigeradas que forman parte de las obras que incluye el Plan de Justicia para la etnia. La otra estará ubicada en Punta Chueca.
El evento es importante por dos cosas, básicamente. Por su protagonistas y por lo que representa en términos de continuidad de los trabajos de dicho plan, sobre el que se cernía el fantasma de la división en la tribu, un fenómeno que ha sido de los principales obstáculos para la dispersión de recursos en otras etnias, la yaqui señaladamente, donde la dualidad de gobiernos es proverbial.
Al evento en Desemboque acudirá el gobernador del estado Alfonso Durazo y el comisionado nacional de Pesca, Octavio Almada, entre otros representantes de los gobiernos estatal y federal.
Y por parte de la tribu estará presente el gobernador Joel Barnett y el recién nombrado presidente del Consejo de Ancianos, Genaro Gabriel Herrera Astorga.
Esto significa que después de ciertos movimientos desestabilizadores al interior de la etnia las cosas han tomado el curso normal y la presencia de autoridades gubernamentales y tradicionales marca el reconocimiento de estas últimas como únicas interlocutoras en la gestión del plan de justicia.
Un plan a través del cual ya se están invirtiendo 76 millones de pesos en caminos rurales y 84 millones más en proyectos para apoyar la economía comunitaria, así como diversos montos para obras de infraestructura hídrica, sin olvidar 70 millones más para la adquisición de binomios lanchas-motores fuera de borda.
Esperemos que con este acto queden despejadas las dudas sobre la legitimidad de las autoridades tradicionales y se abra el camino para la continuidad del plan de justicia para esa olvidada etnia.
