Por Arturo Soto Munguía
Llegó la hora del recuento del primer año de la cuarta transformación en Sonora.
Sin rencores ni venganzas, sin exclusiones, pero sin evitar el ajuste de cuentas con el pasado, particularmente con ese al que desde la campaña -y lo reiteró ayer- el entonces candidato a la gubernatura aludió como el grupo que durante 30 años ejerció el poder discrecionalmente haciendo del estado un botín y que está lejos, subrayó, de regresar.
Con matices, la liturgia de los informes sigue intacta. Se extrañaron a las afueras del Congreso los ruidosos grupos de manifestantes que solían llegar con exigencias de todo tipo, pero también los no menos ruidosos grupos de apoyadores -convencidos o acarreados- que llegaban para acuerpar al jefe del Ejecutivo.
No se necesitaron. Varias cuadras de esa parte del centro histórico de Hermosillo estaba custodiada por un impresionante dispositivo de seguridad: agentes municipales y estatales, cadetes del Instituto de Policía, militares vestidos de civil pero inconfundibles bajo las guayaberas blancas o la ropa casual, el cabello muy corto, los ‘chícharos’ en las orejas.
Son los que cuidan la seguridad de los invitados especiales: Adán Augusto López, secretario de Gobernación y el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, señaladamente.
Al recinto legislativo no entra nadie. Solo la comitiva que acompaña al gobernador y que esperaron pacientemente la presidenta de la Cámara, Diana Karina Barreras y el presidente de la CRICP, Fermín Trujillo Fuentes.
En cinco minutos desahogaron el protocolo. Breve tiempo, pero suficiente para que a la neopetista le ganara la emoción de saberse protagonista estelar de la nueva hegemonía y haciendo a un lado formalismos, visiblemente emocionada hizo también a un lado las simulaciones y prácticamente le cedió su condición de presidenta de un poder autónomo al gobernador: “Llevar las riendas del Congreso no es nada fácil, pero sabemos que nuestro señor gobernador con su capacidá y su honestidá lo va a llevar a cabo”.
Desahogado el protocolo, la comitiva se trasladó al Auditorio Cívico, a un costado del edificio sede del Poder Legislativo. Hacía muchos años que el viejo auditorio no se usaba para un informe de gobierno y ahora reverdecía los laureles de la no menos vieja liturgia en la que aparecen liderazgos sociales, políticos y empresariales. Líderes de partidos, legisladores, alcaldes y alcaldesas; un exgobernador, Samuel Ocaña; mandos militares y el gabinete legal y ampliado.
Todos solícitos, atentos, expectantes y prestos al aplauso que rubrica cada frase matona, cada logro descrito, cada compromiso perfilado.
Alfonso Durazo es, a no dudarlo, el gobernador más sólidamente legitimado en las urnas con el voto ciudadano en estos últimos 30 años que suele citar como referencia para establecer el parteaguas entre el antes y el ahora. Manlio Fabio Beltrones fue el último que llegó con el carro (casi) completo y gobernó con absoluto control sobre los otros poderes, sobre partidos y organizaciones sociales, sobre el sector empresarial y hasta sobre los poderes eclesiásticos y los medios de comunicación, usando siempre el viejo truco de la zanahoria y el garrote.
Durazo se cuida mucho, en su mensaje, de marcar la diferencia: Nosotros no vamos a reprimir, sentencia, y pondera la estabilidad social que ha marcado su primer año de gobierno, en el que no ha habido una sola huelga lo que atribuye al ejercicio de la política que privilegia el diálogo por encima de la coerción o la amenaza.
Durazo es también un hombre agradecido. Abre su discurso refrendando su lealtad absoluta al presidente de la República, a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto de nación. Sin ambages ni recovecos se cuadra ante el líder de la cuarta transformación y no deja un resquicio para la duda sobre su compromiso con él.
Enseguida devela las claves de la legitimidad: un ejercicio gubernamental que privilegia a los sectores más amplios de la población y a los más abandonados, a los que nunca les había tocado.
Parece sencillo, pero no lo es tanto. En Sonora hay casi 600 mil beneficiarios de los programas del bienestar, entre los que se cuentan masivamente estudiantes becados, jóvenes construyendo el futuro y adultos mayores. Casi 600 mil sonorenses que periódicamente reciben montos que van desde los mil pesos mensuales de una beca para niños y niñas de primaria, hasta 3 mil 850 pesos bimestrales para personas de la tercera edad.
Si es mucho o es poco no está a discusión. Lo que es un hecho es que en el imaginario colectivo, los beneficiarios de esos programas concluyen que ese dinerito no lo tenían y peor aún, que en lugar de caer a sus bolsillos, los anteriores gobiernos se lo robaban.
Parece una ecuación sencilla, pero no todos la entienden aunque en ella reside buena parte de los resultados electorales en las últimas dos jornadas, la de 2018 y la de 2021. La primera llevó a Alfonso Durazo al senado; la segunda a la gubernatura.
Lo que siguió fue la danza de los millones. La inversión en educación, salud, infraestructura; los planes de justicia para las etnias yaqui, mayo, seri y guarijío, así como el plan de justicia para Cananea. Destacó el arranque de los frentes de obra en la modernización del puerto de Guaymas, que incluye la carretera que unirá al puerto con el estado de Chihuahua y que forma parte de un megaproyecto que establecerá un corredor comercial y turístico con alcances globales para llevar mercancías (incluyendo gas natural) a los países de la cuenca del Pacífico en Asia.
No todo, sin embargo, podía ser miel sobre hojuelas. El apartado de seguridad sigue siendo un tema polémico. El gobernador citó datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública para documentar que en lo que va de su administración el homicidio doloso ha bajado 6%, con lo que se rompió la tendencia de violencia ascendente iniciada en 2013. Dijo que el feminicidio se redujo en 40%, el robo a casa habitación bajó 16%; el robo a transeúnte, 7%; el robo en transporte público, 40%; la extorsión, 11%; el narcomenudeo disminuyó 18% y la violencia familiar 14%.
La delincuencia organizada, empero, se esmeró en mostrar que tenía otros datos. Ayer mismo hubo un intento de motín en el Cereso de Guaymas, donde se registró el asesinato de al menos una persona, en hechos distintos; en Rosario Tesopaco estalló la violencia, hubo tres vehículos incendiados y un asesinato; en Empalme hubo cuatro ejecuciones y una balacera que sumió en el pánico a la población.
En Guaymas y Empalme las balaceras ocurrieron en zonas céntricas y cercanas a escuelas y jardines de niños.
En San Luis Río Colorado hubo enfrentamientos entre bandas criminales que dejaron un saldo de cuatro personas asesinadas.
El tema de la seguridad pública, y sobre todo el de los delitos de alto impacto sigue siendo una sombra sobre el gobierno de Alfonso Durazo. Una sombra que ennegreció su primer informe de gobierno.
