Por Arturo Soto Munguía
Una milimétrica lectura de los pros y los contras, de los consensos sociales y de los costos políticos debió hacer el gobernador Alfonso Durazo para tomar la decisión, postergada durante muchos años por sus antecesores, de levantar la ‘piola de cuota’ que integrantes de la etnia yaqui mantenían en Vícam, esquilmando indiscriminadamente a usuarios de esa rúa.
No es casual que otros gobernadores hayan sido omisos en el abordaje de este tema. El único que se animó a desplegar un operativo como el que vimos ayer fue Eduardo Bours y la memoria registra aquellas imágenes de los policías estatales persiguiendo a los yaquis entre los matorrales. También se recuerda que fue flor de un día, porque las ‘piolas de cuota’ volvieron a instalarse unos días después.
Pero lo que muchos no sabíamos ahora es que desde hace meses, las autoridades tradicionales de la etnia que se encuentran participando desde el inicio de la implementación del Plan de Justicia Yaqui dieron el aval para que los grupos que mantenían los retenes fueran desalojados por el gobierno. Es decir, el consenso suscitado ayer y registrado de inmediato en las redes sociales por la liberación de la carretera también tiene aval entre autoridades de la tribu, algo que quizá no hizo Eduardo Bours en su momento.
La étnica lectora, el aborigen lector estarán enterados que el martes pasado fue detenido un joven que participaba de uno de esos retenes a la altura de Estación Oroz. Eso desató las protestas entre sus familiares y otros miembros de la etnia que procedieron a bloquear la carretera y unas horas después les cayó la policía estatal y la Guardia Nacional para despejar la carretera en un episodio donde hubo cinco detenidos.
Ayer miércoles, un nutrido contingente de policías estatales y federales hizo lo propio en Vícam, en un operativo en el que se detuvieron 20 personas. La carretera ya está despejada y los agentes permanecerán allí para evitar que se vuelvan a instalar.
Hace mucho que una medida tomada por el gobierno estatal no concitaba tantos consensos sociales como la que ayer culminó con la liberación de la carretera internacional. Ciudadanos y liderazgos de diversa filiación aplaudieron sonoramente el desalojo y respaldaron la decisión del gobernador Alfonso Durazo.
Eso, supongo, fue parte de esa lectura previa para decidirse a poner fin a un asunto que surgió como un justo reclamo de la etnia por la deuda histórica del Estado Mexicano no solo en materia de justicia social, sino en pesos contantes y sonantes que le corresponden por el llamado ‘paso de servidumbre’, una suerte de compensación, bono o impuesto por el uso de su territorio.
Pero el asunto se fue enredando de tal modo que al paso de los años y producto de la división -también añeja- en la etnia, ya no se sabía dónde comenzaba el saldo de la deuda histórica y dónde comenzaba la baquetonada, sobre todo de grupos y personajes de dudoso proceder.
Lo cierto es que la cuotas que comenzaron siendo voluntarias y apelando a la solidaridad de los usuarios de la carretera se convirtieron en obligatorias y con montos fijos, que eran cobrados de no muy buena manera, al grado de que provocaron no pocos episodios de violencia, connatos de zafarranchos y agresiones a automovilistas y camioneros.
En el marco del Plan de Justicia para la etnia se esbozaron algunas propuestas, siendo las más publicitadas: el cambio de la caseta de Esperanza más al norte y la asignación de un porcentaje de lo que Capufe recauda por concepto de peaje. En una de sus giras, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso calcular el monto de lo que recaudan los yaquis en sus retenes, y asignarles esa cantidad institucionalmente.
Ninguna de las dos propuestas prosperó y las ‘piolas de cuota’ se mantuvieron. Lo que también se mantuvo fue la inconformidad de los usuarios de la carretera que exigían por todos los medios terminar con este problema.
Ayer finalmente se tomó la decisión y el retén de Vícam fue levantado.
El tema, sin embargo tiene varias aristas. Una de ellas tiene que ver con la profunda división que existe en la etnia, cuyos pueblos tienen dos y hasta tres guardias tradicionales que se asumen como autoridad. El gobierno no reconoce a todas y, por ejemplo, hay grupos importantes que se sienten excluidos de las negociaciones del Plan de Justicia, y que son precisamente quienes auspiciaban las ‘piolas de cuota’.
Grupos que se van a inconformar y apelando a la autonomía de su nación, a sus usos y costumbres y al derecho sobre su territorio pueden hacer escalar el conflicto.
Además de la fuerza pública, el gobierno del estado (y el federal) tendrán que sacar a relucir la mano izquierda de la negociación política (y quizás la chequera) para evitar desaguisados mayores. Y con esto aludo a personajes que operan abierta o subrepticiamente y que han enrarecido la convivencia en las comunidades indígenas de manera grave. Y con ‘grave’ me refiero a hechos de violencia que han llegado al asesinato de dirigentes, autoridades tradicionales y familiares de las mismas; extorsiones y levantones.
El graderío social sonorense ciertamente se levantó para aplaudir la liberación de la carretera. Lo que sigue es mantener ese respaldo a las tareas de operación política que desactiven eventuales brotes de violencia y encaucen las demandas de la tribu por la vía de la negociación y el diálogo, un camino que aparece abierto con el Plan de Justicia, pero en el que no todos los grupos al interior de la etnia parecen dispuestos a caminar.
El asunto no es nada sencillo, pero el gobernador parece tener la lectura correcta del contexto y así lo dejó ver en su cuenta de Twitter ayer por la tarde, cuando escribió: “El día de hoy continuamos con los operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década. En operativos anteriores de diversas instituciones de seguridad federales y estatales realizados en la zona se han decomisado armas de alto poder, un vehículo con blindaje artesanal, drogas y dinero, por lo que no descartamos ninguna línea de investigación. Estamos comprometidos con salvaguardar la seguridad de miles de personas que transitan esta carretera y seguiremos actuando para que estos hechos no se repitan”.
Que así sea.
II
Ya van tres mañaneras en que el presidente va a la cola de los cuestionamientos surgidos de las revelaciones de los hackers de Guacamaya. Para un hombre de poder, acostumbrado a imponer la agenda cotidiana, debe ser bastante incómodo estar capeando el temporal de preguntas sobre asuntos que supuestamente son irrelevantes porque ‘no es algo que no se supiera’, pero que lo obligan a estar aclarando diariamente.
Ni toda la discografía de Chico Ché parece suficiente para banalizar las revelaciones que están surgiendo, sobre todo las relacionadas con las fuerzas armadas y personajes de su círculo cercano. Las más recientes aluden a la verdadera autoría de la reforma para controlar a la Guardia Nacional, donde ubican a la misma Sedena, y a la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, que según el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, entregó la seguridad pública del estado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Hay por lo menos cien medios de comunicación, nacionales y extranjeros escudriñando la información obtenida del hackeo a los servidores de la Sedena y de allí han salido estas revelaciones. Es decir, no son inventadas, sino surgidas de comunicaciones institucionales.
Ciertamente hay información irrelevante, pero hay otra que aparece muy comprometedora.
Estamos a nada de que el ‘cállate chachalaca’ se convierta en un ‘cállate guacamaya’.
