Por Arturo Soto Munguía
En territorio seri comienza la temporada de caza y con ella, comienza también la temporada de grilla.
Los millonarios ingresos que representa la venta de permisos de caza para borrego cimarrón -entre 40 mil y 45 mil dólares cada uno- atraen de nuevo a personajes ajenos a la tribu, quienes a través de liderazgos reales o ficticios en la etnia están presionando y operando para minar el gobierno que encabeza Joel Barnett, a quien consideran un obstáculo para sus lucrativas actividades.
Para esta temporada se han autorizado 12 permisos para borrego cimarrón y de nueva cuenta, como sucede desde hace cinco años aparecieron los señores Rafael Aguilar y Luis Romero Castrillón para reclamar cuatro de esos permisos. Lo hacen a través de miembros de la tribu a quienes financian con cantidades de entre 5 mil y 50 mil pesos para exigir tales permisos, que luego ellos venden hasta en 90 mil dólares, de acuerdo con versiones hechas llegar a este despacho.
La cosa no para allí. Una de las puntas de lanza que tienen estos empresarios originarios de San Luis Potosí, desde donde operan una empresa llamada Desert Hunt, es Dora Alicia Moreno Méndez quien firma como subdirectora de enlace con la comunidad Comca’ac en la secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, a cargo de Wendy Briseño.
De acuerdo con testimonios de indígenas comca’ac, la señora Moreno Méndez sería un manjar para el contralor estatal Guillermo Noriega Esparza si éste tuviera intenciones de acreditar trabajo, pues en el último año su tren de vida ha tenido una más que notable aceleración. La casa que está construyendo destaca en medio de las pobrísimas unidades habitacionales en Punta Chueca y constantemente viaja a Hermosillo muy bien viaticada.
Aprovechando su posición en el gobierno estatal, trabaja para los empresarios de Desert Hunt y parte de su labor es sabotear el liderazgo del gobernador Joel Barnett, de acuerdo con las versiones recogidas.
Estos empresarios exhiben un contrato por cuatro permisos que consiguieron mediante la firma de cuatro integrantes de la etnia a quienes se supone ya se los pagaron, pero ese dinero jamás ingresó a la etnia, como sucede con los recursos obtenidos por los permisos que se venden oficialmente por las autoridades tradicionales y que el gobernador dispersa entre todas las familias de la tribu.
Para ayudarse en esta labor, Dora Alicia Moreno se apoya en un primo (y socio) llamado Moisés Méndez, que recientemente formó una asociación civil en la Ciudad de México, llamada Gobierno Pluricultural de Sonora, asumiéndose como autoridad no solo de los seris, sino del resto de las etnias del estado.
De hecho, en su cuenta de Facebook de presenta como Rey & Sacerdote. “Hombre universal: hecho con polvos del infinito y partículas de las estrellas, mi origen no es el barro, ni tampoco de los animales, mi código genético viene de las potestades eternas, los hombres de acuario, de tauro, de leo y de escorpión”.
Con esa asociación civil ha prometido gestiones como la expedición de placas para autos chuecos por la módica suma de mil 500 pesos, y construcción de viviendas, para lo cual obtuvo 2 mil 500 pesos de cada familia seri interesada en tener una casa, que probablemente sean las del Plan de Justicia para la etnia.
Las ambiciones se están desbordando en la comunidad seri de Punta Chueca y El Desemboque y la grilla contra el gobernador Joel Barnett está siendo azuzada por estos personajes y el momento es crítico, pues en los próximos días comenzarán a fluir los recursos del Plan de Justicia para la etnia, algo así como 80 millones de pesos para diversos proyectos productivos, hídricos, de vivienda y de infraestructura.
Seguiremos informando y les daremos a conocer el contrato que los empresarios muestran como prueba de que ya pagaron los permisos, pero no pudieron acreditar tales pagos, mucho menos comprobar que el recurso llegó a la etnia.
De hecho, ayer estuvieron en Sagarpha Rafael Aguilar, Dora Moreno, Moisés Méndez, Enrique Robles y Luis Miguel López, mostrando depósitos menores (de mil pesos), pero no a la cuenta del gobernador Barnett, sino de Dora y Moisés.
Seguiremos informando.
II
En noticias más amables, el gobernador Alfonso Durazo regresó muy entusiasmado de su visita a Bacadéhuachi donde supervisó las instalaciones del yacimiento de litio en aquel municipio, que potencialmente representa un ‘boom’ económico sin precedentes en el estado.
Para darse una idea de ese potencial, el yacimiento está ubicado en una ‘lengua’ de siete kilómetros de largo, uno y medio de ancho y 400 metros de profundidad. Contiene litio en arcilla que debe ser procesado mediante métodos físicos y químicos y ya existe la tecnología para hacerlo.
El gobernador comparó este yacimiento, en términos económicos, con el descubrimiento de lo que hoy es el complejo Cantarell descubierto en 1958, explorado en 1971, que inició operaciones en 1979 y que durante dos décadas generó las dos terceras partes del petróleo producido en México.
De ese tamaño podría ser lo que representa el litio sonorense.
En otro tema, sin descartar eventuales cambios en su gabinete, dijo que ese es un proceso de revisión permanente, pero llamó a los propaladores de versiones sobre la salida de algunos personajes, a no comer ansias.
Quienes han sido mencionadas como probables remociones del mesón del duracismo son la fiscal estatal Claudia Indira Contreras (aunque su cargo se decide en el Congreso) y la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, a quienes ya se les comienza a conocer como ‘Las Gabrielonas’ porque, como a aquel famoso caballo de la zona rural oriente de Hermosillo, las corren cada semana.
Pero últimamente ha sido mencionado con insistencia el director del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, que según fuentes del instituto no solo ha entrado en conflicto con actores importantes de la Junta de Gobierno, personal subordinado y algunos sindicatos, sino que resultó un verdadero ‘uñitas por dentro’, algo que ciertamente no ha sido confirmado.
Pero la sorpresa podría brincar por otro lado, pues aunque desde hace tiempo se sabe que el jefe de la oficina del Ejecutivo, Rodolfo Castro estaba siendo investigado en Baja California por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones durante su paso por el gobierno de Jaime Bonilla, ayer se llevó a cabo la audiencia para determinar si se vinculaba a proceso, sin que a la hora del cierre de este despacho se tuvieran noticias al respecto.
El próximo domingo a las diez de la mañana continuará la audiencia, a la que por cierto no se presentaron algunos de los implicados, pero Rodolfo Castro sí asistió.
Pendientes.
