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Por Arturo Soto Munguía

Suceda lo que suceda en el accidentado proceso para renovar la dirigencia del PRI en Sonora, Onésimo Aguilera ya pasará a la historia quizás como el más efímero en la historia de ese partido, con solo 36 días en el cargo.

El 20 de junio pasado asumió la dirigencia acompañado de Iris Sánchez Chiu, después de que la comisión respectiva del CEN invalidara la fórmula de Zaira Fernández y Pascual Soto argumentando que no habían cumplido algunos requisitos de la convocatoria. La historia es conocida: Zaira y Pascual impugnaron, la Sala Superior del TEPJF con sede en Guadalajara remitió el expediente al TEE y éste falló a favor de la reposición del proceso.

Un proceso bastante desaseado que estuvo a cargo de un enviado del dirigente nacional Alito Moreno, el señor Jorge Meade Ocaranza, cuya estancia en Sonora también fue muy breve y ciertamente, polémica.

Una vez que la autoridad electoral ordenó reponer el proceso y convocar a nuevas elecciones, el CEN del PRI envió un nuevo delegado, el cenecista Ramiro Hernández García que asumió las funciones de dirigente y aunque este mostró más capacidad de negociación y una de sus primeras acciones fue reunirse con casi todos los exlíderes estatales, mantuvo los nombramientos que Onésimo e Iris habían hecho en el Comité Directivo Estatal.

Los efímeros dirigentes también hicieron lo propio e impugnaron la resolución del TEE y la mismo hizo la dirigencia nacional, pero ayer, la Sala Regional de Guadalajara ‘bateó’ esta impugnación y confirmó la orden para realizar elecciones y elegir a sus dirigentes en un nuevo proceso.

Onésimo Aguilera ha dicho que lo rechazado por la Sala Guadalajara es una impugnación presentada por el PRI nacional, pero que otra interpuesta por él fue aceptada, de manera que el resolutivo final se sabrá dentro de dos o tres semanas.

Se sabe que si el PRI va a una elección abierta, o incluso si esta se da en el Consejo estatal, Onésimo e Iris no tienen posibilidades de regresar a las oficinas que brevemente ocuparon en el edificio de Keneddy y Colosio, ya que Zaira y Pascual nunca dejaron de recorrer la milla visitando a las bases del partido en todo el estado, que en su mayoría fueron nombrados cuando las corrientes que representan dominaban la estructura.

De acuerdo con la más reciente resolución de la autoridad electoral, en la contienda solo podrán participar las dos planillas registradas y por lo que se ve, la de Zaira y Pascual llevan ventaja.

Como telón de fondo en toda esta trama, aparece la figura del dirigente nacional Alejandro Moreno, que no pasa por sus mejores momentos en términos de popularidad entre los priistas, señalado como está, de haber pactado con el gobierno federal del Morena para servirle de comparsa en sus intenciones de mantener a la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública, mediante un madruguete que por lo pronto ya provocó que el PAN y el PRD declararan suspendida temporalmente la Alianza Va por México.

Alito, como se sabe, es el principal apoyo de Onésimo e Iris, y de su suerte depende en buena medida lo que suceda en Sonora. Su permanencia al frente del tricolor parece estar prendida con alfileres desde hace rato, y a menos que Morena le dé respiración de boca a boca, no se ve cómo pueda mantenerse en el cargo por mucho tiempo, considerando además la pesada carga en que se ha convertido para la alianza opositora, que ya tiene enfrente las elecciones estatales en Coahuila y Estado de México.

El otro escenario es que Morena, en correspondencia con la genuflexión del dirigente nacional priista, no solo se olvide del juicio de desafuero en su contra, sino que le aplique una RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) y lo mantenga vivo para que le siga haciendo chambitas. Pero eso no es muy del agrado de los tricolores… ¿O sí?

Esta historia no termina de escribirse.

II

Al filo de la media noche de ayer (hora local en Sonora) el Senado de la República aprobó con los votos de Morena y sus aliados (PVEM, PT y PES) las reformas para que la Guardia Nacional pase estar operativa y administrativamente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Después de un largo y acalorado debate que se extendió por diez horas, el bloque opositor (PRI-PAN-PRD-MC) se mantuvo en el rechazo a la iniciativa, pero solo pudieron sumar 51 votos, contra 70 del bloque oficial.

El senador morenista Ricardo Monreal fue el único que se abstuvo.

El dictamen fue aprobado en lo general, y aunque hay artículos reservados para su discusión en lo particular, la decisión ya está tomada.

Lo anterior, porque no se trató de una reforma constitucional (que requeriría la dos terceras partes que Morena no tiene en el senado) sino de reformas a leyes secundarias que requieren solo la mitad más uno de los votos, que el bloque oficial fácilmente completa.

Al bloque opositor le queda el recurso de promover una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, pero a como están soplando los vientos en estos últimos días, parece que ha caído el último out en este juego.

Porque en la Suprema Corte, donde ayer se discutió otro tema candente: el de la prisión preventiva oficiosa cuya inaplicación había sido propuesta por dos ministros (Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández), estos retiraron sus proyectos, con lo que de momento el tema queda pendiente, pero todo parece indicar que los ministros, como Alito, tampoco aguantaron las presiones.

En los últimos días, el presidente de la República lanzó todas sus baterías contra los legisladores que estaban contra la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y contra los ministros que proponían eliminar la prisión preventiva oficiosa (no la justificada) y, para estas horas ya puede decirse que el presidente ganó ambas partidas.

La aplanadora guinda, por si tenían alguna duda, goza de cabal salud.

Por Arturo Soto Munguía

La posibilidad de que la Alianza Va por México presente candidaturas comunes en el Estado de México y Coahuila el próximo año está en el aire. El anuncio de una ‘suspensión temporal’ hecha por el PAN y el PRD respecto a su alianza -legislativa y electoral- con el PRI lesionó severamente esa posibilidad, que podría extenderse incluso hasta 2024 en la elección presidencial.

Si juntas esas tres fuerzas tenían pocas expectativas de triunfo, separadas van al fracaso seguro.

En Palacio Nacional hay fiesta grande.

El hilo que las mantenía unidas era el de la ‘moratoria constitucional’ decretada para rechazar cualquier iniciativa de reforma a la Carta Magna enviada por el Ejecutivo en el Congreso, ya se rompió y hoy menos que nunca, las cuentas no les salen.

Y se rompió con la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre, un alfil de Alito Moreno, que terminó anunciando como propuesta del PRI la extensión del periodo para mantener al Ejército y la Marina en labores de seguridad pública hasta 2028, lo cual fue considerado como un madruguete.

Se pueden echar muchas maromas para explicar la conveniencia de esa reforma en la que el tricolor va solo (o en la que espera contar con los votos de Morena) pero la jugada fue bastante obvia y no hay quien suponga algo distinto al hecho de que el dirigente nacional del PRI, acorralado en un juicio de desafuero que permita juzgarlo por diversos delitos, pactó con Palacio Nacional para salvar el pellejo.

Alito no solo provocó la ruptura de la alianza, también provocó una implosión en su partido, donde escaló el conflicto con personajes importantes que desde hace meses venían pidiendo su renuncia, entre los que se cuentan Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, entre otros exdirigentes nacionales.

Si en el Senado de la República algunos legisladores del PRI leales a Moreno Cárdenas inclinan la balanza a favor de la iniciativa presidencial para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, ya pueden irse despidiendo de otras dos gubernaturas el año que entra, y de la presidencia en 2024.

A Morena y sus aliados, que de por sí tenían el camino despejado en esa ruta, la fragmentación de la oposición a raíz de este tema le vino como anillo al dedo.

Ya le toca a Guaymas… pero una limpia

Se dice, en tono de chascarrillo, que una maldición pesa sobre el bello puerto, que después de aquella época de esplendor donde el cooperativismo camaronero estaba en auge y la prosperidad se respiraba en el puerto, no ha vuelto a ver la suya.

No lo van a creer, pero en aquel entonces, por allá en los años 70 del siglo pasado los estándares de vida entre los guaymenses estaban por encima de los de cualquier otro municipio de Sonora y eso suele ilustrarse con un dato: las agencias de automóviles en el puerto fueron en varias ocasiones las que registraron los más altos niveles de ventas de autos nuevos. Circulaba el dinero, pues.

Hoy, a los guaymenses no les alcanzan los dedos para tapar los hoyos de un barco que hace agua por todos lados.

El deterioro en el nivel de vida ha llevado a un ciudadano guaymense a demandar a la Comisión Estatal del Agua reclamando el derecho a un medio ambiente sano, por los problemas de salud pública que están generando las aguas negras que corren alegre y pestilentemente por sus calles, muchas de ellas destrozadas en sus pavimentos por las recientes lluvias.

Frente a problemas como estos, la famosa playa incluyente que significó un atraco en despoblado por al menos ocho millones de pesos viene quedando en calidad de mal chiste.

Esos se cuentan entre los problemas que de manera más generalizada sienten los y las ciudadanas del puerto, pero hay otro, la violencia, que si bien impacta de manera focalizada a ciertos grupos de personas lógicamente vinculadas a la actividad criminal, ya ha cobrado vidas inocentes, víctimas colaterales y está generando zozobra en la comunidad.

Hacer un recuento de estos hechos, en los que han caído abatidos casi una veintena de agentes policiacos en los últimos cuatro años, funcionarios municipales y desde luego presuntos delincuentes, sería larguísimo.

Ayer otro hecho de alto impacto volvió a sacudir el puerto. Un grupo de cinco personas fue privado de la libertad el 5 de septiembre. Sus captores los mantenían vigilados en una casa ubicada en una colonia popular, muy cerca de una escuela primaria.

Uno de ellos aprovechó que la persona que los vigilaba se durmió, para tomar su arma y hacer varias detonaciones que activaron el código rojo y movilizaron de inmediato a las corporaciones policiacas y militares. Al llegar se encontraron con las cinco personas, entre las que se encontraba una mujer de 31 años, Alma Verónica. Todos ellos fueron atendidos y entrevistados por personal de la fiscalía estatal para iniciar las pesquisas sobre la privación ilegal de la libertad de que fueron víctimas.

Un comunicado de la fiscalía sostiene que a Alma Verónica se le ofrecieron las medidas de protección que marca el protocolo: traslado a otros municipios o entidades y protección con elementos de seguridad, pero la mujer las rechazó a pesar de que le explicaron el alto nivel de riesgo que implicaba quedarse en el puerto.

Aun así, tuvo acompañamiento de policías municipales, mismos a quienes despidió argumentando que no los necesitaba, lo cual quedó plasmado en el informe policial homologado que firmaron los agentes.

Horas después, un comando armado llegó a su domicilio en la colonia El Rastro y disparó sobre ella, matándola en el acto. Extraoficialmente, hubo un reporte de que más temprano, un grupo de hombres armados llegaron al hospital a donde fue trasladado uno de los liberados que se encontraba herido. No pudieron ingresar al nosocomio, pero generaron mucha alarma.

Muchas cosas de este tipo están sucediendo en el puerto, pero aludir a la famosa maldición sería banalizar los hechos. Es mucho el trabajo que tiene que hacer en esa región la Mesa de Seguridad.

Por Arturo Soto Munguía

Que “Alito” Moreno es un dirigente político impresentable, de pena ajena e indefendible por sectores importantes del priismo y sus aliados es cierto, como lo es el hecho de que el gobierno de López Obrador tiene en ese personaje al mejor aliado para dinamitar cualquier atisbo de alianza opositora.

Si alguien resumiera en una sola palabra todo aquello que el hoy presidente articuló siendo candidato en un amplísimo catálogo de condenas a los vicios del viejo régimen, y que la mayoría de los mexicanos ‘compraron’ con la expectativa de que serían erradicadas, tendría que escoger entre dos: una de ellas es “Calderón”, la otra, “Alito”.

Los servicios de inteligencia del gobierno federal tienen documentado hasta el infinito y más allá, todo lo que el aún dirigente del PRI ha hecho a lo largo de su carrera política. Sobre todo, aquello que lo relaciona con actividades ilícitas o política y moralmente incorrectas.

Se las estuvieron guardando hasta antes de que el PRI se sumara al rechazo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente, pero una vez que lo hizo, le cayeron a palos y para ello utilizaron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que hizo del escarnio sobre su paisano un ‘reallity show’ de proporciones épicas y revelaciones escandalosas.

Hoy el tema energético es pasado. Lo que aparece enfrente es otra de las urgencias transexenales del presidente: la adscripción legal en lo administrativo, operativo y financiero, de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso, como se sabe ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con la reforma a leyes secundarias, pero falta una reforma constitucional que debe ser aprobada en el Senado.

Y en el Senado esa reforma se va a topar con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, que acaba de demostrar que aliado con fuerzas opositoras a Morena, puede ganarle al partido del presidente.

Pero ‘Alito’ sigue siendo el dirigente nacional del PRI, con quien el secretario de Gobernación cuchicheó recientemente en un acercamiento lleno de sospechosísimo porque en él podrían estar negociando algunos votos tricolores en el Senado.

El tema ha escalado de tal forma que ya no se trata de personas. Ni Alito, ni Adán, ni Monreal ni otros. Se trata de la sucesión 2024 y las posibilidades de que la alianza opositora se mantenga unida si quiere aspirar al menos a un meritorio segundo lugar.

Lo otro es pulverizarla y abrir las grandes alamedas por donde pase el pueblo coreando ‘es un honor estar con Obrador’ mientras el PRI y el PAN y el PRD y MC se hacen trizas solos.

En ese contexto debe entenderse la iniciativa presentada por la diputada priista (muy cercana a Alito) Yolanda de la Torre para extender hasta 2028 la disposición que tiene el presidente para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La iniciativa aparece como el plan B de López Obrador en caso de que el Senado rechace la reforma constitucional, y para ello utiliza al priismo de Alito, que por cierto carga sobre sus espaldas un juicio de desafuero.

Vaya, las cosas se han puesto de tal modo tragicómicas, que hasta Layda Sansores anunció un ‘impasse’ en la filtración de audios comprometedores, por lo menos en lo que se define el tema del momento.

Hay, definitivamente muchas cosas en juego, cosas importantes, no como la presunta honra de Alito Moreno que, pase lo que pase, está políticamente muerto.

En el fondo está el proyecto transexenal de López Obrador, donde las fuerzas armadas tienen un rol fundamental y podría decirse, no sin exageraciones, histórico.

Y eso ha provocado rispideces en Morena, pero no son nada comparadas con las que generó en la alianza opositora, donde ya el PAN, segunda fuerza nacional, condicionó la permanencia de tal alianza al rechazo a la iniciativa de Yolanda de la Torre.

Esa, la cámara de diputados es una pista de este circo. La otra es el Senado, donde hoy habrá noticias.

Estos días son de una intensidad tal, que lo importante para la clase política -incluyendo desde luego a la clase gobernante- es la continuidad o la alternancia de sus proyectos, que según cada cual representan la paz, la prosperidad, el progreso, la alegría y el bienestar de todos, pero en lo que ellos se entretienen haciéndose trizas, el país arde. Y para ejemplos, el que sigue.

II

Tres trabajadores de la CFE, de esos a los que recientemente el director de la paraestatal aludió con malogrado humor como ‘mugrosos’, fueron asesinados ayer en la carretera a Ónavas, en el tramo San Javier-Tónichi.

Una camioneta fue incendiada y allí fallecieron dos de ellos. Más tarde se encontró otro vehículo con el cuerpo sin vida de otro electricista. Dos más fueron encontrados con vida y trasladados a Hermosillo en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Una verdadera tragedia cuyo seguimiento está en manos de la Fiscalía General de la República.

Asesinados por presuntos integrantes de una de las células del crimen organizado que opera en esa parte de la sierra entre Sonora y Chihuahua, los electricistas eran personas muy apreciadas en sus localidades de origen, por lo que el crimen conmocionó tremendamente a sus comunidades, pero también sacudió las conciencias en todo el país, porque esta vez no fue un tiroteo entre criminales, sino el ataque a trabajadores del gobierno federal cuya labor no tiene nada que ver con la agenda de seguridad pública.

Se sabe que desde hace décadas, en esa región hay presencia del crimen organizado y que eventualmente es escenario de enfrentamientos de bandas rivales, levantones y asesinatos, pero hace mucho que no se registraban ataques letales contra civiles, al menos no con la saña con que estos fueron perpetrados.

Notable también, el pasmo de las autoridades que tardaron horas para ofrecer información sobre lo ocurrido y cuando lo hicieron fue con ambigüedades que no aportaron nada a lo que previamente había circulado con profusión en las redes sociales.

De la paraestatal para la que trabajaban los hoy occisos ni hablar. Ya mañana o pasado habrá tiempo para un sentido lamento o una enérgica condena. Una esquela tal vez.

Cuánta razón tuvo el gobernador Alfonso Durazo cuando apenas un día antes, señalaba que a pesar de que los homicidios dolosos han tenido un decremento con respecto al año pasado en estas mismas fechas, no quería echar las campanas al vuelo con esas cifras porque luego sobreviene un delito de alto impacto -como este- y echa por tierra la percepción y las estadísticas.

Para estas horas, las corporaciones policiacas estatales, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas ya sobrevolaron el territorio de los hechos y despliegan un operativo para dar con los responsables. Ojalá que los atrapen y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

III

La Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado dictaminó ayer la iniciativa de la diputada Celeste Taddei Arriola que incluye el uniforme neutro en las escuelas públicas y privadas como estrategia de igualdad y no discriminación.

Básicamente de lo que se trata es de garantizar el derecho de las niñas y jóvenes a decidir si usan falda o pantalón en el uniforme escolar y aunque a muchos les parece un tema banal, fue previamente socializada para conocer las experiencias de las escolapias no solo en el ambiente de sus planteles, sino en el transporte y espacios deportivos.

En la comisión dictaminadora la iniciativa fue bien recibida y tanto la presidenta de la misma, Beatriz Cota Ponce como la secretaria Rosa Elena Trujillo coincidieron en que se trata de un tema prioritario en materia de derechos y libertades, con el que se busca combatir las brechas de desigualdad y los estereotipos de roles de género.

Incluso el diputado Iram Solís sostuvo que es un momento histórico en el que se reduce la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, para que éstas se sientan cómodas al acudir a las escuelas.

El documento fue enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que hoy decidirá si esta iniciativa se manda al pleno para su discusión y en su caso aprobación en la sesión de mañana jueves.

A propósito, por cierto, de prioridades.