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Por: Arturo Soto Munguía

Había tardado, pero en la trepidante saga de piquetes de ojos, zancadillas y patadas voladoras en la Secretaría del Trabajo ya apareció el nombre de Javier Villarreal Gámez, el dirigente estatal de la CTM a quien le atribuyen no solo el padrinazgo sobre Antonio Ruiz García, sino sobre la mismísima titular, Olga Armida Grijalva, que puede ser la siguiente baja en el mesón del duracismo.

Y es que el telón de fondo de los últimos acontecimientos en esa dependencia aparece la disputa por el control de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde corren cantidades nada despreciables de dinero por motivos que explicaremos más adelante.

Lo que derramó el vaso y provocó la renuncia del subsecretario Antonio Ruiz García fue la ‘luz verde’ que se le dio a la CTM para el emplazamiento a huelga en varias empresas por el pago de utilidades, mismos que operó Javier Villarreal a través del subsecretario, con quien mantiene una añeja relación que a la postre llevó a Ruiz García a ocupar la presidencia de la Junta Federal del Trabajo, mientras Olga Armida fungía como delegada de la Secretaría del Trabajo (federal) en Sonora durante el gobierno de Claudia Pavlovich.

Tanto Olga Armida como Antonio Ruiz, se dice, son posiciones del líder cetemista.

Olga Armida y Antonio Ruiz son también viejos amigos y cuando la primera ocupó la presidencia del entonces Consejo Estatal Electoral, el segundo se desempeñó como abogado externo de esa institución.

Ya se ha consignado aquí que el tenso clima laboral en la Secretaría, pero particularmente en las juntas locales de conciliación donde se han removido varios titulares (destaca la de Obregón, donde van cinco en siete meses) es resultado de la influencia de Ruiz García, que operó los ceses en las juntas cuando sus titulares no se prestaban a sus ‘jugadas’, pero terminó renunciando en días pasados porque desde Palacio no parecen muy contentos con la displicencia en el trato hacia Javier Villarreal.

Así, el cese de Antonio Ruiz no sería el inicio de la desarticulación del grupo cercano de Olga Armida, sino de las posiciones que tiene el dirigente cetemista en los tribunales laborales. Pero es al mismo tiempo una advertencia hacia la secretaria que no ha podido sacar adelante la instrucción de acabar con la corrupción en las juntas. Y con Ruiz García en la subsecretaría, menos podría hacerlo.

Pero, se preguntará con justa razón usted, sindicalista lectora, desocupado lector, ¿qué es lo que está en juego en las juntas locales como para desatar lo que ya se perfila como una limpia en la secretaría del ramo?

En obvio de tiempo y espacio, le daremos algunos elementos. La corrupción en esa secretaría existe desde tiempos inmemoriales y se manifiesta de distintas maneras. La primera de ellas tiene que ver con el control de tiempos y manejo de fechas de las audiencias dentro de los expedientes.

‘Aceitar’ con una lana al presidente de la junta o a funcionarios mayores es usualmente la diferencia entre resolver un asunto en breve o postergarlo por años; con los actuarios sucede lo mismo, por eso algunos andan a las diez de la noche entregando notificaciones, algunas con fecha del día anterior. Todo eso lo han tolerado los actuales y los anteriores titulares de la Secretaría.

En el caso de los emplazamientos a huelga sucede lo mismo, y allí la CTM tiene ‘alfombra roja’ para imponer fechas y procedimientos, obviamente, no gratis.

Eso pasaba antes y sigue pasando ahora. Por eso en Palacio han decidido tomar el toro por los cuernos y comenzar la limpia en la Secretaría del Trabajo para acabar con esas viejas prácticas. Por eso también se dice que la siguiente en bajar del barco podría ser la mismísima Olga Armida Grijalva, que no ha podido revertir esas inercias.

II

Si la deshidratada lectora, el sediento lector forman parte de esa legión que en Hermosillo comienza a pararse de puntitas para atisbar el futuro de esta ciudad cuyo crecimiento y viabilidad no puede entenderse sin el recurso agua, cada vez más escaso, le tenemos buenas noticias.

Ayer, el gobernador Alfonso Durazo mencionó un concepto al que no había aludido ni siquiera como candidato. Me refiero a lo que definió como su ‘gran legado’ y ese no es otro que garantizar el abasto de agua suficiente y de calidad para el consumo humano, el uso industrial y agrícola en la capital del estado.

Si en días pasados el gobernador sostuvo que el acueducto Independencia es insustituible, es claro que su mirada está puesta en el largo plazo y en esa perspectiva aparece irremediablemente la desalación de agua como una opción probada y efectiva, pero además sensible ante los escenarios de conflicto provocados por medidas que a la larga no son sostenibles ni sustentables, como el propio acueducto, que trasvasa el vital líquido de una cuenca a otra, lo cual en principio ya genera problemas de todo tipo.

Ya sea la construcción de una planta desaladora en Bahía de Kino o continuar el proyecto modular (así fue concebido) de la planta que está por comenzar operaciones en Empalme, para abastecer Hermosillo, pero la solución para la capital apunta en ese sentido y ya se están haciendo los estudios correspondientes.

Recordemos que hace más de 20 años la miopía de un alcalde como Pancho Búrquez boicoteó la construcción de una desaladora propuesta por el gobernador Armando López Nogales, que a estas alturas ya se habría pagado sola y estuviera abasteciendo a Hermosillo administrada por el propio ayuntamiento, pues su concesión a particulares ya estaría vencida.

Pero bueno, eso es historia y la realidad se ha encargado de probar que López Nogales tenía razón, y es hora de retomar el proyecto (ese o cualquier otro similar) porque ciertamente, como dicen en Cajeme, de lo que se trata es de gestionar nuevas fuentes de abasto y no dividir un recurso insuficiente.

No hay fecha para esto, pero si el gobernador dijo que ese sería su gran legado, no tengo ninguna duda de que trabajará en ese sentido en los próximos cinco años. Bien.

A vuelapluma

Fuimos de los primeros en condenar en este espacio el contenido de una llamada interceptada a ‘Alito’ Moreno en la que haría palidecer a un perico alvaradeño. Soez y corriente como el que más, el dirigente nacional del PRI soltó de su ronco pecho una serie de sandeces, entre otras aquella de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre.

‘Alito’ es a todas luces indefendible. De hecho, hay quien sostiene que su presencia en la dirigencia nacional es un peligro no solo para el PRI, sino para la eventual alianza opositora rumbo a la elección 2024, lo cual no es muy errado.

Pero del otro lado no cantan mal las rancheras. El propio ‘Alito’ dio a conocer una grabación donde el senador Manuel Velasco (sí, el mismo que envió al hoy desaparecido de la vida pública David León a entregar sobres amarillos con dinero a Pío López Obrador), en papel de cabildero de Adán Augusto López, que a su vez bajó la línea del presidente de la República, amenaza al priista con destruirlo si no plegaba a su bancada a favor de la reforma eléctrica.

Al priista ciertamente lo hicieron garras con la filtración de llamadas obscenas (incluso en lo político) -tampoco es que necesitaran mucho para desacreditarlo-, pero éste respondió con la filtración de esa llamada con Manuel Velasco, que no le pide nada a las suyas en términos de obscenidad política.

Así como el campechano no tiene manera de componer sus dislates documentados en las llamadas que presentó la gobernadora de su estado, Layda Sansores, Manuel Velasco tampoco.

Incluso obtenidos ilegalmente, esos diálogos son el retrato más fiel de una clase política negada a superar las guerras en las alcantarillas. Qué pena.

Por: Arturo Soto Munguía

Ya eran demasiados los problemas que estaba generando en la Secretaría del Trabajo el abogado Antonio Ruiz García, segundo en la estructura de mando en esa dependencia que encabeza Olga Armida Grijalva Otero, y a quien se le atribuía el tenso clima laboral que a la postre se tradujo en renuncias importantes, la más reciente, de América Murrieta Saldívar, subsecretaria de Promoción de Empleo y Productividad.

Cuando esto sucedió, escribimos en este espacio lo siguiente: Ayer cayó una subsecretaria, mañana quién sabe. En resumen, en la Secretaría del Trabajo, donde la bandera es la dignidad del trabajador, todos son desechables, incluso los que se consideren cercanos a la titular, con mayor razón quienes no estén tan cerca.

Pues a quien le tocó empacar sus cosas ahora fue precisamente al que se consideraba el hombre más cercano a Olga Armida Grijalva.

En esta su columna favorita usted se enteró antes que nadie de las versiones que ubicaban al señor Ruiz García como la mano que mecía la cuna de una serie de movimientos que derivaron también en la renuncia de José Luis Lomelí Gutiérrez, que ocupaba el cargo de América Murrieta pero se fue dejando la víbora chillando con una carta en la que consignaba el comportamiento mafioso de lo que llamó un ‘gabinete de sombra’ que era el que verdaderamente tomaba las decisiones en la Secretaría, no siempre las más acertadas, por cierto.

No lo dijo, pero mis fuentes aseguran que en ese ‘gabinete de sombra’ el liderazgo recaía no en la secretaria, sino en su segundo de a bordo, Antonio Ruiz, que formaba dupla con el secretario particular de Grijalva Otero, Efraín Zamora para controlar las juntas de conciliación el primero, la secretaría el segundo.

Aquí le informamos también de los movimientos que se han dado en la junta local de Cajeme, donde van cinco titulares en lo que va de esta incipiente administración, y el telón de fondo en esos cambios tiene que ver con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias atribuidos precisamente a Ruiz García.

Pues al parecer todos estos asuntos terminaron por llenarle el buche de piedritas a alguien en Palacio, y la primera consecuencia es el adiós al subsecretario Antonio Ruiz, que se va, por cierto, lastimado, a juzgar por un tuit que colgó en su cuenta ayer por la noche y que a la letra dice:

Los mitotes, las injurias, la cizaña, las intrigas, las envidias, las amarguras, las venganzas, los revanchismos son eso y nada más. La conciencia está tranquila.

Seguiremos informando.

II

Ayer fuimos especialmente severos al abordar el tema de la seguridad pública en el plano nacional, cuya estrategia consiste básicamente en dejar que las cosas pasen porque finalmente no pasa nada, aunque sí pase.

Parece trabalenguas, pero a veces queda la impresión de que el presidente está convencidísimo de que así como la prensa se regula con la prensa, el narco debe regularse con el narco, lo que traducido al lenguaje cotidiano significa dejar que se maten entre ellos hasta que no quede uno solo sobre el territorio nacional, mientras se atacan las causas que originan la violencia, señaladamente la pobreza, a través de programas sociales.

Esto de ir a la raíz del problema es correcto, aunque solo tendrá efectos en el largo plazo, pero como dijo el clásico, en el largo plazo todos vamos a morir de viejos, si es que antes no nos alcanza una bala y nos deja en calidad de daño colateral.

Afortunadamente en Sonora se está trabajando en un tercer plano: el involucramiento de la sociedad civil organizada para integrarla en políticas públicas de prevención del delito, señaladamente aquellos que nacen en el seno de las familias pero van escalando de manera tal que sin saber cómo ni cuándo, de pronto aquello que comenzó como un caso de violencia intrafamiliar se convierte en episodios más graves.

El gobierno no puede solo, y reconocerlo es un buen comienzo para buscar y encontrar los apoyos en esa parte de la sociedad comprometida con mejores entornos que desde ya generen condiciones de prevención, seguridad y respuesta pronta ante el delito.

Ayer se firmó un convenio de la secretaría de Seguridad estatal con dos corporativos importantes de Sonora, en un evento atestiguado por el gobernador Alfonso Durazo y en el que estuvieron presentes los líderes de todas las cámaras empresariales, esas que agrupan desde los pequeños hasta los más grandes negocios; los empleadores de cientos de miles de hombres y mujeres que a su vez pueden replicar esas prácticas en sus casas y en sus trabajos para abatir la violencia de género.

Se trata de un programa para garantizar espacios seguros a las mujeres que son víctimas de violencia en los centros de trabajo y/o en sus entornos familiares. El convenio fue firmado por los capitanes de las empresas Caffenio y Súper del Norte, pero se pretende replicarlo en el resto de los negocios, para que la prevención venga de abajo hacia arriba, y no esperar que las autoridades asuman toda la responsabilidad, algo que además es objetivamente imposible.

Hay una cifra que dio el gobernador y que ofrece una idea de lo difícil que eso resulta. La Policía Estatal de Seguridad Pública cuenta con 866 elementos (desde hace 12 años la plantilla no ha crecido) para atender un territorio como el de Sonora, con más de 180 mil kilómetros cuadrados.

Esto es, a cada agente le correspondería atender un territorio de 200 kilómetros cuadrados. ¿Se entiende ahora el déficit y por qué es necesario involucrar a la sociedad en pleno?, no para atender esa parte de los delitos de alto impacto, sino esos otros que surgen en el seno familiar, por diversas causas.

Es claro que el gobierno tiene una responsabilidad mayúscula en este asunto y al respecto, Durazo Montaño explicó que este mismo año se terminará de pagar, gracias a los ahorros obtenidos por su plan de austeridad, un crédito de 2 mil 500 millones de pesos, al que mensualmente se le ‘abonan’ 250 mdp.

Esa cantidad, a partir de noviembre próximo tendrá como destino programas de mejora a las condiciones laborales y contractuales de los elementos de la policía estatal y permitirá incrementar la planta laboral hasta llegar a 6 mil elementos. La meta, dijo el gobernador, es lograr que la de Sonora sea la policía mejor calificada y mejor pagada del país.

Servando Carvajal y Manuel Heriberto Vázquez Escudero, directores de las empresas firmantes del convenio se mostraron entusiasmados y dispuestos a participar de este programa denominado ‘Salva’, que incluye no solo seguridad para mujeres trabajadoras de sus empresas, sino también una serie de compromisos para conectar las cámaras externas de sus empresas con el C5i; la creación de grupos de whatsapp para dar seguimiento a incidencias delictivas, y capacitación del personal para atender situaciones en tanto arriban las autoridades.