Categoría: Noticias

Por: Arturo Soto Munguía

En Sonora se está trabajando en dos vías para resolver el complejo tema de la seguridad pública: por un lado, destinando fuertes recursos para el combate a la pobreza extrema, que a la postre se convierte en tierra fértil para la tentación de las actividades ilícitas, y por el otro, en el equipamiento y capacitación de las corporaciones policiacas.

Ayer el gobernador Alfonso Durazo anunció que el próximo año se destinarán 750 millones de pesos para los programas orientados a la población más vulnerable. La cifra es notable si se considera que este año se aplicaron cien millones de pesos en esos programas.

Al mismo tiempo, la secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río informó que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asciende a 350 millones de pesos y con él se adquirieron 118 patrullas y se llegará a 140 este año. Con esos recursos se ha adquirido también armamento, cargadores, chalecos balísticos cuyo costo roza los 40 millones de pesos; otros 30 millones para la implementación del programa de radiocomunicación P-25, circuitos cerrados de televisión, camionetas para traslado de reos y detectores de metales, así como uniformes para las corporaciones y para el personal del sistema penitenciario.

Entre el combate a la pobreza y el fortalecimiento de las corporaciones, en Sonora se está trabajando bien.

Pero no ayudan mucho declaraciones como las vertidas por el presidente en su mañanera de ayer.

Lo pudo decir más fuerte pero no más claro. El presidente de la República aceptó que entidades como Sinaloa no se encuentran entre las que registran el mayor número de homicidios dolosos debido a que allí es un solo cártel el predominante. Y si no hay enfrentamientos entre cárteles, no hay homicidios. Esa es la lógica presidencial.

A fuerza de ser objetivos se debe reconocer que mentiras, no dijo. En otros estados, y en no pocas ciudades del país las disputas por las plazas entre grupos del crimen organizado derivan invariablemente en toda suerte de asesinatos y masacres.

Cajeme, para no ir muy lejos, en varias ocasiones ha sido rankeada en el top five de las ciudades más peligrosas del mundo. Las autoridades de los tres niveles de gobierno han aceptado que en ese municipio son al menos tres grupos criminales los que libran sus propias guerras y el saldo ha sido de terror.

Apenas antenoche, allí fue asesinada a balazos la regidora del PT en Bácum, Verónica Montiel, lo que por cierto muestra de nuevo esa penumbra densa en la que no se alcanza a distinguir dónde comienza la política y dónde la actividad criminal. No es el primer asesinato de funcionarios públicos del PT en Sonora, por cierto.

El problema con la cita que nos ocupa no es lo que se dice, sino quién lo dice. Que sea el presidente de la República, por mandato de ley también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en México es por lo menos, escalofriante, porque es la admisión tácita de que el crimen organizado es una especie de coadyuvante en las tareas de pacificación del país.

Y sobre todo porque se da en un contexto en que los grupos criminales parecen estar intensificando sus acciones, cada vez más espectaculares: la toma del mercado en San Cristóbal de las Casas, el llamado Robo del siglo en Colima, los convoyes que se mueven libremente por las carreteras y caminos del país, o el asalto ayer mismo a una plataforma petrolera en la Sonda de Campeche.

En el abordaje al tema del crimen organizado, el presidente ha sido pródigo en declaraciones desafortunadas, pero esta creo que se lleva las palmas porque prácticamente está planteando que en alguna medida, la pacificación del país depende de la supremacía de un cártel del crimen organizado sobre los otros. Algo así como que el narco se regula con el narco.

¿Y saben que es lo peor? Que mentiras no dijo. Pero que sea el presidente quien lo diga no solo es políticamente incorrecto, sino socialmente inaceptable por las implicaciones que pudiera tener, y las interpretaciones que se le pueden dar.

Por ejemplo, que el Estado mexicano ha subrogado a los criminales las tareas de seguridad. O que los capos del crimen organizado lo tomen como un aliciente para escalar sus guerras por el control del territorio, o fortalecer alianzas inconfesables con el propio Estado mexicano. Terrible.

II

Como estaba cantado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI declaró procedente la impugnación de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu a la fórmula de Zaira Fernández y Pascual Soto, con lo que validó a los quejosos como fórmula única y con ello se define el relevo en la dirigencia estatal de ese partido, que comenzó dormilonamente desde noviembre pasado, pero que se puso intensa en las últimas dos semanas y se decantó con esta resolución.

Las cosas sin embargo, no acaban aquí. Zaira y Pascual ofrecerán una rueda de prensa la mañana de este viernes en la que básicamente anunciarán la impugnación del proceso en tribunales electorales, mientras que Onésimo e Iris harán lo propio una hora después, seguramente para celebrar la designación que los pone al frente del partido en Sonora, en sustitución de Ernesto de Lucas y Kitty Gutiérrez.

Como en toda batalla de ganadores y perdedores, es sintomático que Onésimo e Iris ofrecerán su rueda de prensa en la sede del partido, mientras que Zaira y Pascual lo harán en un café de la colonia 5 de Mayo.

El registro de esta fórmula fue invalidado argumentando que no cumplió con algunos requisitos, aunque el propio Onésimo admitió en entrevista de radio que sí lo habían hecho.

El asunto pues, va para largo y se da en un contexto nacional donde Alito Moreno, el dirigente nacional pasa por su peor momento político y su permanencia al frente del partido está pendiendo de un hilo. Aunque después del encuentro que tuvo con exdirigentes nacionales él dijo que cumpliría con el periodo de cuatro años para el que fue electo, lo cierto es que su presencia se está convirtiendo en una carga muy pesada y no sería raro que en los próximos días haya noticias al respecto.

Como sea, el proceso derivó en un choque de trenes donde hasta ahora, el que descarriló fue el de las corrientes agrupadas en torno a los grupos de poder reales y fácticos del PRI en Sonora, que de alguna manera hegemonizaron el poder en los últimos 30 años.

Vamos a ver cómo evoluciona esto.

III

Estos y otros interesantes temas los abordaremos hoy al filo de la una de la tarde en la Mesa de Análisis del Informativo Sonora en Red, que se transmite por la FM de la Red 93.3 y sus plataformas digitales en Facebook y YouTube, así como en la señal de Azteca Tucson Canal 14 para todo el sur de Arizona.

Por: Arturo Soto Munguía
No es sencilla la tarea que se ha puesto como meta la presidenta del Congreso, Natalia Rivera Grijalva: pavimentar el camino del reencuentro de las instituciones -concretamente del Poder Legislativo- con una sociedad civil que por diversas causas ha tomado distancia y no tiene la menor de las ideas sobre el trabajo que allí se realiza.

Seguramente no es la única integrante de la actual legislatura a quien le interesa este tema, pero quizás sí la que tenga una idea más elaborada sobre la forma de abordar el reto.

No es física cuántica, ni una fórmula encriptada; se reduce a algo más sencillo aunque no se les da a todos: trabajo. Trabajo cercano a la sociedad civil, legislando sobre sus problemáticas concretas y los temas que tocan sus cotidianidades, pero sobre todo, integrando a esa sociedad a través de sus organizaciones a las labores legislativas.

En una entrevista concedida para la audiencia de la Red 93.3 en el Informativo Sonora en Red, donde me toca colaborar junto a Fernando Oropeza, la presidenta de la Diputación Permanente ejemplifica con dos casos muy específicos.

La reciente reunión con 30 gobiernos locales de Arizona (incluyendo tres comunidades indígenas) agrupadas en la Asociación de Gobiernos de Maricopa (MAG, por sus siglas en inglés) y la gestión de legisladores sonorenses para agilizar el trámite de un permiso especial a quienes viajen a cualquier lugar de Arizona y Nuevo México. Actualmente se tiene que tramitar ese permiso si se desea ir más allá de Tucson.

Y vaya que en Sonora hay gente interesada en obviar ese trámite.

El otro tema es el del parlamento abierto, producto de una reforma al artículo 129 constitucional, propuesta por la propia Natalia Rivera y aprobada por unanimidad y en seguimiento de la cual este mismo jueves serán presentados l@s siete integrantes del Comité Técnico Asesor, una instancia de participación ciudadana que coadyuvará a la socialización y discusión de iniciativas, dictámenes y temas diversos que son materia de debate en el Congreso.

Lo interesante de este punto es que por primera vez, la sociedad civil tendría la oportunidad de conocer y opinar sobre temas como los relativos a presupuestos, cuentas públicas y fiscalización, que hasta hoy eran objeto de discusión en ámbitos muy reducidos.

Pero vayamos por partes.

Primero, el encuentro con representantes de MAG se da por primera vez en Hermosillo, aunque se trata de una asociación con más de 70 años de fundada y con trabajos previos de coordinación con los gobiernos locales de Sonora para abordar agendas comunes, que por cierto son nutridas.

Solo como dato, el 70 por ciento del turismo que registra Arizona proviene de Sonora y de cada diez dólares que entran a ese estado, siete llegan de Sonora; incluso en tiempos de pandemia, cuando estuvieron cerrados los puertos terrestres, el 56% del turismo que visitó Arizona llegó desde nuestro estado.

Para darse una idea, por la frontera entre ambos estados se mueven anualmente de ida y vuelta, 18 mil millones de dólares. La relación entre ambos estados es pues, intensa. En lo comercial, pero también en lo industrial, la cultural, lo turístico y un sinfín de temas más, de allí que se hace necesario trabajar en la armonización de las leyes a ambos lados de la frontera, para mejorar los términos y las áreas de oportunidad en esa relación.

Por ejemplo, se sabe que en Arizona no se cuenta con un rastro certificado, de manera que toda su producción ganadera tiene que ser llevada a Nuevo México y Texas, siendo que en Agua Prieta existe un rastro de la Unión Ganadera Regional de Sonora, certificado incluso por autoridades pecuarias y sanitarias de Estados Unidos. Los ganaderos arizonenses podrían hacer uso de esas instalaciones abatiendo mucho sus costos y a la vez generando muchos empleos en México.

Ya hay un convenio también para becar con el 50% a todos los estudiantes sonorenses que apliquen y sean aceptados en la Universidad de Arizona, y como ese, existen muchos temas más en los que hay que fortalecer la relación bilateral y los diputados y diputadas sonorenses pueden colaborar mucho en ello.

Pero si de reencontrarse (y reivindicarse) con la sociedad civil se trata, el parlamento abierto es fundamental. Permite por ejemplo que si una iniciativa dictaminada en el Congreso es considerada lesiva al interés ciudadano, pueda revertirse en tribunales, equilibrando así las decisiones legislativas a partir del reclamo ciudadano.

Este jueves será presentado el grupo que conforma el Comité Técnico Asesor, una instancia encargada de elaborar el plan de acción para socializar todos los temas legislativos mediante convocatorias a la sociedad civil para que participen en su enriquecimiento por las vías que ese comité proponga: foros, plataformas digitales y cualquier otro espacio que consideren adecuado.

Se trata de dejar atrás la simulación de las consultas que terminaban en diálogos de sordos y provocar que la socialización de las iniciativas sea objeto de debates amplios, temáticos, que ofrezcan resultados concretos con los grupos interesados: en materia de políticas de género, de violencia contra los animales, de transporte y de toda la agenda que se discute en el Congreso, incluyendo dos de las tareas sustantivas del Poder Legislativo como lo son el presupuesto y la fiscalización de su ejercicio.

Como presidenta de la Comisión de Fiscalización, Rivera Grijalva sostiene que desde el inicio de su gestión ha trabajado con mecanismos de parlamento abierto, creando micrositios de consulta para darle publicidad a todo: dictámenes, sesiones, asistencia a las mismas, oficios, dictámenes y todo aquello que resulte de interés público.

De hecho, se ha encargado al Instituto Superior de Auditoría Fiscal que además de los legajos con las cuentas públicas y presupuestos, se entregue una versión en ‘lenguaje ciudadano’, una versión que pueda socializarse en sectores amplios de la sociedad, porque siempre se presentan en un lenguaje técnico que solo entienden los especialistas, como si quisiera esconderse de la mirada ciudadana, dice.

II

Como se estableció en un despacho anterior, la llamada Ley Ingrid no atenta contra la libertad de expresión, garantizada con sus respectivas limitantes en el artículo sexto constitucional. Pero para evitar interpretaciones en otro sentido, el gobernador del estado enviará una propuesta de modificación que especifique que no se afecta el ejercicio periodístico ni la labor de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Lo anterior lo estableció el propio gobernador en su rueda de prensa semanal, donde presentó avances en obras de infraestructura que ya están en marcha, como la carretera Agua Prieta-Bavispe con todo y sus 59 puentes que forman parte de la obra hidráulica. Algunos tramos ya tienen la carpeta asfáltica, y será entregada a más tardar el día último de diciembre de este año.

Y otra buena noticia es que están por entregarse varios tramos de la carretera federal 15, entre los que se encuentra el de las ‘curvas de Quijano’, a la altura de Ímuris, un tramo de curvas complicadas al que por fin se le está entrando. También el tramo que cruza Vícam y el límite entre Sonora y Sinaloa, que se encuentran en pésimo estado.

En el evento, el gobernador presentó un video sobre los avances en la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, donde también se están intensificando los trabajos. Pero nada mencionó de la invitación que hizo a reporteros y reporteras hace un par de semanas para visitar in situ la obra.

Ese tipo de giras están canceladas desde el principio de esta administración por razones estrictamente presupuestales, de pobreza franciscana y porque además la banda reporteril como niño Dios (picio).

El asunto es fácilmente salvable, sin embargo. Que cada quien lleve sus burritos de los que sea, sándwiches veganos para los de estómago delicado, o una torta de El Chavo para los todo-terreno, y sus respectivos sodones. Nada de chayoostiones en Las Torres o un ‘prófugo’ en que El Flavio, pa’ que vea que jalamos.

Por cierto, si algún día el gober va al más famoso restaurante del malecón en Peñasco, tiene que probar ese pescado y de paso averiguar la historia de su nombre.

Por: Arturo Soto Munguía

Hechos aislados pero cada vez más frecuentes (diría el clásico) muestran un grado de descomposición social y un predominio de la delincuencia organizada sobre las instituciones del Estado mexicano lo cual, lejos de tener un impacto político, parece reforzar la legitimidad del gobierno federal.

Es un fenómeno raro. Y complejo.

Ayer, un comando armado de hombres encapuchados tomó por asalto el mercado de San Cristóbal de la Casas, en Chiapas. Al parecer es parte de la disputa por el territorio y por los negocios de la zona. Situaciones similares se han vivido en otros estados del país, donde municipios enteros han sido materialmente copados por grupos de la delincuencia organizada, que se mueven con entera libertad y complacencia de las autoridades.

Por espacio de tres o cuatro horas, los sicarios incendiaron vehículos, realizaron disparos y bloqueos de calles. Como llegaron, se fueron. La gente se escondió donde pudo y las imágenes de los hechos inundaron las redes sociales.

El pasado 5 de junio, en el puerto de Manzanillo, Colima, un grupo de hombres tomaron un patio de maniobras de una empresa privada y por espacio de al menos ocho horas, revisaron contenedores y se robaron los que eligieron. Inicialmente se dijo que la carga robada era de oro, plata y zinc, aunque las autoridades locales aclararon ayer que en realidad se trató de concentrado de durazno propiedad de una empresa procesadora de jugos; aires acondicionados y llantas.

Lo raro del asunto es que los hechos se conocieron siete días después de perpetrados. No hay manera de explicar un atraco de esta naturaleza sin dimensionar el nivel de organización de los presuntos, su conocimiento del terreno, así como información, mucha información sobre la actividad en el lugar, muy cercano por cierto a una base de la Marina Armada de México, a cuyo cargo está el puerto.

Difícilmente hay un país en el mundo donde se registren hechos de este calibre y de manera tan frecuente. Eso sin contar el recuento diario de asesinatos que pueblan el territorio nacional y que al parecer están tan normalizados que la gente los asume ya como parte de sus cotidianidades.

Los reportes de productores agrícolas, ganaderos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos en el sentido de una escalada en la extorsión y el cobro de piso en casi todos los estados del país, son también parte de la narrativa cotidiana.

Todo pasa y al mismo tiempo no pasa nada. El país entero parece sumido en el marasmo y la resignación, y en el caso de la clase política, los opinólogos y comentócratas, bastante más entretenidos en el juego sucesorio, las corcholatas, los escándalos y rijosidades en los partidos políticos.

Los índices de popularidad del presidente están en niveles más que aceptables, su calificación también y el aval en las urnas a su proyecto de gobierno es inobjetable, como quedó de manifiesto en cada elección desde 2018.

A vuelo de pájaro cualquiera podría pensar que los mexicanos aceptamos que podemos seguir viviendo con todo esto, sin mayores repercusiones. O que no hay, en el escenario actual, un proyecto de gobierno que sea ‘comprado’ por los electores de manera significativa.

Personalmente, me inclino más por lo segundo. La oposición sigue noqueada, chapoteando en un mar de desaciertos; sin personajes ni oferta atractivos. Esto va para largo.

II

Y a propósito, terminó sin novedad el encuentro del dirigente nacional del PRI con sus antecesores: la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas sigue sobre la mesa, pero al menos de ese encuentro no resultó la defenestración. Los trascendidos indican, sin embargo, que esta reunión abrió un compás de espera mientras se le busca una salida ‘decorosa’ al campechano, al que le sigue lloviendo en la milpa.

No solo fue acorralado por el jurásico tricolor para quienes Moreno Cárdenas amenaza convertirse en una suerte de meteorito que los extinga por completo; también la fiscalía de Campeche realizó una inspección en una de sus múltiples propiedades sobre las que pesan litigios acerca de su legal adquisición, también la gobernadora Layda Sansores difundió un nuevo audio de contenido similar a los anteriores, donde se escucha al dirigente priista en diálogos bastante bizarros y emblemáticos de la corrupción que se le achaca.

Alito Moreno se ha convertido en una ‘papa caliente’ no solo para su partido, sino para la propia alianza con el PAN y el PRD rumbo al 2024, al grado de que el propio Claudio X. González le asestó tremendo mazazo en la cabeza con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, involucrándolo en una presunta triangulación de dinero para la compra-venta de inmuebles y terrenos. El campechano está resultando con más propiedades que la moringa.

En camino de convertirse en una aceituna, a punto de perder el hueso, ya lo están agarrando de botana. Su homólogo de Morena, Mario Delgado publicó en su cuenta de Twitter, con ácido humor negro lo siguiente: “Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés y la derecha. #FuerzaAlito”.

Sin ninguna clase de autoridad moral o política, evidenciado en sus corruptelas, responsabilizado de las derrotas electorales desde 2019, Alejandro Moreno se ha vuelto insostenible en el PRI. Al tiempo.