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Por: Arturo Soto Munguía

No están ustedes para saberlo aunque yo sí para contarlo; ayer que llegó el operativo sorpresa de la Contraloría estatal y la Fiscalía Anticorrupción a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue como si hubieran rociado banquetas y oficinas con pintura invisibilizadora marca ACME: desaparecieron todos los coyotes.

Se sabe que estos operativos son aleatorios, pero como en política no hay casualidades resulta sumamente notable que se llevara a cabo después de una serie de sospechosos cambios en la estructura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre los que se cuenta a tres subsecretarios y varios presidentes de Juntas locales, en medio de muchas acusaciones sobre la corrupción que prevalece en esa dependencia.

La mecha la prendió José Luis Lomelí, subsecretario de Promoción del Empleo y Productividad, con una carta de renuncia en la que evidenció una serie de manejos turbios a cargo de lo que llamó un ‘gabinete de sombra’: el círculo cercano a la titular del ramo, Olga Armida Grijalva, donde destacaba el subsecretario Antonio Ruiz García y el secretario particular de Grijalva Otero, Efraín Zamora.

Lomelí fue relevado por América Murrieta Saldívar, quien renunció unas semanas después. El enrarecido clima laboral (vaya paradoja) en la Secretaría del Trabajo se atribuía a la tenebra operada por Antonio Ruiz, a quien finalmente le llegó la guillotina la semana pasada. Se sabe que el señor Ruiz García era una posición de la CTM en esa dependencia y que era el comandante en jefe de todas las triquiñuelas que a la postre, se traducían en pingues ganancias.

El punto que resulta muy significativo es que por primera vez, la Contraloría se hizo acompañar de personal de la Fiscalía Anticorrupción y les pasaron una báscula que ya quisieran los judiciales de los 80’ para un sospechoso de conspiración contra la democracia occidental y cristiana. Revisaron controles internos, libros de gobierno, flujo de dinero y si no atraparon un coyote fue porque, como les dijimos líneas arriba, desaparecieron como si hubieran ido tras el correcaminos.

Las huestes del contralor Memo Noriega salieron con varios expedientes bajo el brazo y al menos uno de ellos que definitivamente da para una investigación penal y que en el momento procesal oportuno les informaremos cuál es. De la evidencia recogida se determinará si proceden auditorías más completas o si basta con proponer mejoras en los procesos.

Por lo que hemos podido averiguar, el telón de fondo en toda esta trama tiene que ver con una viejísima inercia de complicidades entre funcionarios del Trabajo, despachos divinos, empresas y sindicatos, señaladamente de la CTM, que tuvo sus momentos de gloria durante los gobiernos del PRI y el efímero padrecismo panista.

Y por lo que se ve, el actual gobierno estatal ha tomado la decisión de pegar el manotazo en la mesa y acabar con esos viejos vicios, lo cual por cierto vendría a oxigenar un área estratégica para los proyectos de desarrollo económico que trae en su agenda Alfonso Durazo.

Algunos de los casos más recurrentes de corrupción en esa secretaría están relacionados con el doble papel de algunos funcionarios que a la vez fungen como asesores de empresas y su relación con los llamados despachos divinos; es común también que en algunos casos los funcionarios se queden con una parte del dinero que corresponde a un trabajador que gane un juicio (hay casos en que los cheques salen a nombre de un funcionario y no del trabajador).

La dilación de la justicia en demandas por despido es otro procedimiento que se cobra caro, y no solo afecta al trabajador que se encuentra desempleado, sino a la empresa que a la larga tiene que pagar cantidades mucho mayores porque las prestaciones se disparan.

Este tipo de prácticas dilatorias se han traducido en la acumulación de expedientes que a su vez provoca un serio rezago que satura las oficinas con sobrecargas de trabajo, y ya ni hablar de temas como los contratos de protección que sirven para extorsionar a empresarios de todos calibres, incluyendo los más pequeños.

Cualquiera que se dé una vuelta por las juntas del trabajo para pedir una asesoría, podrá detectar la presencia de abogados que lo abordan, lo enganchan y lo convencen de firmar una demanda.

Mucha gente no tiene idea de esos procedimientos legales y no se dan cuenta que con su firma, le otorgan al abogado en cuestión facultades múltiples para que actúe en su nombre y representación para recibir finiquitos y desistirse de la demanda. Lo que muchas veces sucede es que el abogado se arregla con el demandado, cobra, retira la demanda y deja al trabajador chiflando en la loma.

Esos son los famosos coyotes. Esos que desaparecieron ayer, cuando llegó el operativo de la Contraloría y la FAS.

II

Los días de Alito Moreno en la dirigencia nacional del PRI están contados. Si, como todo parece indicar, Morena le vuelve a pasar la aplanadora por encima a la Alianza Va por México en las elecciones estatales del próximo domingo, el campechano no tiene nada que hacer al frente de lo que queda de ese partido.

No me lo crean a mí, pero a partir del lunes comenzará una serie de manifestaciones de los propios tricolores para deshacerse de lo que consideran un pesado lastre rumbo a la sucesión presidencial 2024.

Pero no solo es en el PRI donde el campechano trae el santo de espaldas. En los propios partidos opositores aliados, señaladamente en el PAN comienza a crecer la idea de que con esos amigos no van a llegar muy lejos. El razonamiento, claro, se movería en la lógica de que para cargas negativas, ya con Ricardo Anaya, Calderón, Fox, el Jefe Diego y otras joyitas tienen suficiente.

Los misiles soltados por la senadora Layda Sansores contra su coterráneo fueron tan estridentes que ni siquiera dejaron oír las voces que se quejan por la ilegalidad de las grabaciones obtenidas, ni su nulo valor probatorio en un eventual litigio.

Alejandro Moreno fue aniquilado, como sería la intención de Palacio Nacional, según la otra grabación con la que quiso defenderse el priista, y en la que Manuel Velasco le advierte que por instrucciones del número uno y el número dos (AMLO y Adán Augusto, en clave) lo harían papilla si su bancada no votaba a favor de la reforma eléctrica, como de hecho pasó.

Pasó que el PRI votó en contra y pasó que a Alito lo trituraron.

Lo que este episodio deja claro, es que Morena en el gobierno federal ya recurrió al arsenal de mañas y trapacerías que, como buenos sobrevivientes de aquellos años en que militaban en el PRI-Gobierno, aprendieron muy bien y lo están usando.

Escuchar al presidente decir “yo no me meto en esas cosas”; al secretario de Gobernación sonreír pícaramente y preguntar “¿Con esta voz, cómo voy a amenazar a alguien?”, o ver a Layda festejar desde la obscenamente lujosa finca heredada por su padre, un cacique priista en toda la extensión de la palabra, es el mejor flashback de aquellos años en que los tres militaban en el PRI-Gobierno, que está de regreso.

Y que desde luego, sabe cómo ganar elecciones a costa de lo que sea. Si no, que le pregunten a Muñoz Ledo, que ya está muy viejo, pero todavía se acuerda bien.