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Por: Arturo Soto Munguía
Un kilo de cocaína a precio de mayoreo en Estados Unidos oscila en los 28 mil dólares, casi 600 mil pesos mexicanos. Ayer fueron incinerados 419 kilos en Hermosillo, producto de diversos decomisos realizados por autoridades civiles y militares.

Estamos hablando de una cifra superior a los 251 millones de pesos, nada más de ese alcaloide, que ardió en llamas junto a tres toneladas de metanfetaminas (sólida y liquida); 152 kilos de fentanilo, 98 de heroína y otros narcóticos que en conjunto suman cuatro toneladas y media y cuyo valor aproximado en el mercado de drogas más demandante del mundo puede alcanzar decenas de millones de dólares.

De ese tamaño fue el golpe a las finanzas del crimen organizado, que representa esta cantidad de narcóticos incinerados ayer bajo un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de las fuerzas armadas y corporaciones estatales, en un evento presidido por el gobernador Alfonso Durazo que fue muy puntual al dimensionar el significado de este evento.

Bajo la espesa columna de humo ardían no solo decenas de millones de dólares que no llegaron a las manos de los criminales, lo cual se traduce en una fuerte baja en su poder de fuego y de corrupción, pero también millones de dosis que se traducen en un grave problema de salud pública y en muertes, ya por el consumo, ya por la disputa por el mercado. Y en algo que resulta imposible cuantificar o dimensionar en sus justos términos: la angustia y el sufrimiento de las familias que son el telón de fondo de un problema social tremendo.

En el presídium del evento en que fue incinerada esa cantidad histórica de narcóticos, el gobernador estuvo acompañado por el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez; el comandante de la Cuarta Zona Militar, Héctor Francisco Morán González y el comandante de la 45 Zona Militar, Marco Antonio Álvarez Reyes.

El pasado mes de febrero, el Ejército mexicano realizó un decomiso de tres toneladas de cocaína en la región del desierto de Altar. En su momento consignamos que ese golpe, en términos económicos representó aproximadamente mil 200 millones de pesos.

Un mes después, el 24 de marzo las mismas fuerzas armadas decomisaron en Navojoa un arsenal en el que sobresalían casi tres millones de cartuchos útiles de diferentes calibres, además de armas largas y cortas, granadas, autos y cuatro casas que servían como bodegas.

Es decir, en tres meses consecutivos en Sonora se han asestado tres golpes espectaculares al narcotráfico, lo cual indica muy buenas cuentas por parte de las autoridades encargadas de investigar y combatir este flagelo y sin embargo, acertadamente el gobernador no saca cuentas alegres.

En su discurso, Alfonso Durazo puso el dedo en un asunto que ya habíamos consignado en este espacio justo cuando se dieron los dos eventos anteriores, el de Caborca y el de Navojoa: si los decomisos de narcóticos suman toneladas y las armas aseguradas se cuentan por cientos, si no es que miles, ¿de qué tamaño será realmente el fenómeno del crimen organizado?

Solo pensarlo enchina el cuero.

Es claro que los aseguramientos de los últimos tres meses golpean fuertemente la columna financiera de las bandas criminales y en ese sentido no se debe regatear un ápice las acciones en ese sentido. Pero tampoco deja de preocupar el hecho de que, con todos esos golpes, el crimen organizado sigue operando, provocando zozobra y muerte.

II

Y a propósito de fuerzas de seguridad, anoche la Guardia Nacional y la PESP evitaron que un grupo de manifestantes tomara la caseta de cobro en la carretera federal 15, en la salida norte de Hermosillo.

Se desconoce la identidad del grupo de manifestantes, pero se sabe que visión empresarial sí tienen, porque está por comenzar el asueto de semana santa y en estos días el flujo de vehículos aumenta considerablemente en esa rúa, en ambos sentidos, pero con el plus de que quienes vienen del norte regularmente traen ‘dolaritos’.

Esta vez, se la Pérez Prado.

III

Mientras tanto en Hermosillo todo se encuentra listo para ir por el saldo blanco en estas vacaciones. El Ayuntamiento informó que en el operativo participarán 380 servidores públicos privilegiando las áreas rurales oriente y poniente.

El director Operativo de la secretaría del Ayuntamiento, David Galván Cázares que serán 280 agentes de la policía municipal los que cubrirán con tareas de vigilancia y seguridad vial en turnos de 12 horas, con especial atención en la carretera a Bahía Kino y la que conduce a Ures, que es la puerta de entrada a los destinos turísticos de la sierra sonorense.

Explicó que se mantendrá el estado de fuerza necesario para atender las necesidades de seguridad en la ciudad desde el 13 de abril y hasta el 17 de este mismo mes.

La CIDUE por su parte ya comenzó el mantenimiento de los accesos a las comunidades rurales, y en el operativo participarán el resto de las dependencias municipales con los trabajos relativos a sus respectivas áreas.

Como sea, hay que estar muy pendientes de las medidas de seguridad a tomar por cuenta propia si es que la confinada lectora, el pandémico lector se disponen a abandonar de plano la cuarentena de dos años y lanzarse con todo a comer tamales en San Pedro y Gallina Pinta en Ures; para visitar las yodadas playas de la costa, o ausentarse en esos días de su hogar.

No está de más ninguna precaución.

Por: Arturo Soto Munguía
Hasta quienes dudaban de la ‘mano izquierda’ del secretario de Gobierno deben reconocer que en el tema de los concesionarios requisados está sacando, sin prisa pero sin pausa, la chamba que le encomendó su jefe el gobernador.

El tema no es de ninguna manera sencilla y además de lidiar con una directora del Transporte que más parece ser parte del conflicto que de la solución (los afectados no le reconocen cualidad de interlocutora), ha tenido que enfrentar a ese monstruo que ya no es un ‘pulpo camionero’ sino una víbora que el anterior gobierno les dejó chillando, en medio de un conflicto que no solo pasa por lo económico sino que involucra otros aspectos organizacionales, sociales y hasta políticos.

Como se sabe, en 2018 la gobernadora Claudia Pavlovich agarró por los cuernos ese toro al que otros gobernadores no le quisieron entrar y requisó los títulos de concesión, otorgándolos a dos empresas que, por cierto, tampoco resultaron un dechado de eficiencia en la administración del servicio. Pero además, esa negociación dejó en el gobierno la carga de seguir pagando a los exconcesionarios, sin que éstos brindaran el servicio.

Así, los requisados recibían mensualmente 60 mil pesos por cada concesión, lo que fue cancelado por la nueva administración y eso fue lo que detonó el conflicto que los mantiene en una ruidosa manifestación alrededor de Palacio de Gobierno.

El nuevo gobierno encabezado por Alfonso Durazo diseñó un plan para finiquitar el conflicto, mediante un decreto que establece otorgar medio millón de pesos por cada concesión, siempre y cuando no tengan más de tres, rango en el que se encuentran el 70 por ciento de los afectados.

Como también se sabe la oferta resultó insuficiente especialmente para algunos que tienen varias concesiones. Y de manera señalada a un viejo conocido de ese sector llamado Medardo Chávez que operaba 29 concesiones a través de una empresa.

La exigencia del grupo que encabeza Chávez es de un millón y medio de pesos por cada concesión, pero el gobernador advirtió desde un inicio que no cedería a esa demanda, en parte porque no tiene ese dinero, en parte porque le parece desproporcionada y en parte porque en todo caso hay rubros de atención social donde se debe priorizar la aplicación de recursos públicos.

Pues bien, el gobierno del estado instaló desde la semana pasada una ventanilla de atención para comenzar el proceso de liquidación con una bolsa de 165 millones de pesos, a los exconcesionarios que poseían hasta tres títulos y que después de largas jornadas de protesta, aceptaron el medio millón de pesos.

En total suman 250 concesionarios que poseen 330 títulos. En el primer día de apertura de la ventanilla se acercaron 90 de ellos, poseedores de poco más de 150 concesiones y en los próximos días es probable que la cantidad aumente, dejando en la protesta solo a aquellos que tienen varias concesiones y que esperan darle el último buen zarpazo al presupuesto que generosamente han recibido durante décadas.

El asunto llegó al Congreso del Estado, que la semana pasada hizo un exhorto al gobernador para que resolviera este conflicto y seguramente eso metió presión en el equipo de Durazo, al que no parece simpatizarle mucho la idea de que se le acumulen los problemas, menos en estos días políticamente convulsos e intensos por todo lo relativo a la consulta de revocación de mandato, donde sacó bien la tarea de la movilización el sábado pasado, pero se hizo acreedor a una ‘tarjeta amarilla’ por parte del INE.

II

Y a propósito de gente que no le ayuda al gobernador, sino que le arrima más problemas, comienzan a aparecer por varios frentes.

En el tema de la revocación de mandato por ejemplo, han salido a relucir prácticas que sería una exageración decir que creíamos olvidadas, pues la mapachería y el uso de recursos públicos para fines partidistas no se crean ni se destruyen, solo se transforman y eso, como mencionamos arriba, ya le valió que el INE dictara medidas cautelares por la manifestación del sábado pasado.

Pero no es el único rubro en que algunos personeros de la 4T, de viejo y de nuevo cuño andan dándole al traste a la esperanza de un gobierno diferente a los del PRIAN. También en el mundo de los negocios comienzan a florecer algunos que inevitablemente llamarán la atención no solo por su alta redituabilidad sino por los personajes que de ellos participan.

En columnas anteriores mencionamos en este espacio que, asociado con un próspero empresario gastronómico del sur del estado, el ex asesor de Enrique Claussen en el Isssteson y la secretaría de Salud, Leonardo Félix Escalante había incursionado en el no menos próspero negocio de la proveeduría de alimentos al Sistema Estatal Penitenciario, donde hay decenas de miles de bocas que mantener diariamente y eso significa muchísimo dinero.

De acuerdo con información hecha llegar a este despacho, la cadena de mando la encabeza un empresario que se hace llamar el ‘Número uno’, operada por el empresario restaurantero en cuanto al control de insumos alimenticios y vigilada en lo administrativo por el exasesor de gobiernos priistas que, me dicen, no pierde oportunidad de presumir sus buenos oficios para trascender gobiernos independientemente de sus siglas.

Es cuestión de que los servicios de inteligencia del avezado sabueso de la contraloría estatal, Guillermo Moreno Esparza le ponga la lupa a una empresa denominada Urbanizadora de la Presa SA de CV para encontrar el hilo de una madeja de empresas subcontratadas en este negocio que, también hay que decirlo, en otros gobiernos ha sido una minita de litio, para no decir de oro porque eso ya pasó a la historia.

Esperemos que este asunto no le raspe la lámina al gobierno estatal, cuyo titular tiene fama de implacable en el combate de este tipo de prácticas del pasado, que parecen más vigentes que nunca.

Por: Arturo Soto Munguía
En estos días cuando parecen multiplicarse las voces que advierten de una escalada en el presidencialismo decidido a ‘ir por todas las canicas’ pasando por encima de los otros dos poderes y de los organismos autónomos, la SCJN levantó la mano para mostrar que no será tan fácil.

En los últimos dos días los ministros de la Suprema Corte han propinado dos reveses al titular del ejecutivo. Primero al invalidar una norma que obligaba a los exfuncionarios del gobierno federal a esperar 10 años para incorporarse laboralmente al sector privado, y que fue presentada por el presidente de la República con el objetivo de evitar que expresidentes y exsecretarios (sobre todo) prestaran sus servicios a grandes empresas trasnacionales donde podrían aprovechar la información privilegiada de la que disponen para hacer grandes negocios.

Al presidente le causan mucho escozor los casos de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, que al término de su mandato fueron contratados por trasnacionales con grandes negocios en México, señaladamente en el sector energético. El lunes, la SCJN la echó por tierra.

Pero más importante todavía es lo que sucedió ayer, cuando nueve de los once ministros del pleno de la Corte le ‘amarraron las manos’ al presidente en el manejo discrecional de los recursos obtenidos por los programas de austeridad, tal y como lo mandataba una ley presentada también por el titular del Ejecutivo.

El tema no es menor. En los primeros tres años de su gobierno, esos recursos ascienden a 13 mil millones de pesos provenientes básicamente de las medidas de austeridad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero casi la mitad tiene su origen en los organismos autónomos.

Esos recursos eran aplicados en los programas federales “o al destino que por decreto determine el presidente”.

Los ministros concluyeron que esa norma violenta la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir el destino del gasto público.

Si ayer el presidente calificó como una aberración la resolución de la SCJN que invalidó la norma alusiva a los exfuncionarios y adelantó que la combatiría legalmente, su molestia aumentará hoy al enterarse del nuevo revés de los ministros.

Pero eso no sería nada si en los próximos días su iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica es declarada inconstitucional en el máximo tribunal del país. Ayer, la sesión en la que se discutía el tema tuvo que ser levantada sin conclusiones, pero al menos dos ministros adelantaron ya su voto en contra, argumentando que esa ley viola el principio de libre competencia que se debe buscar en el sector, privilegia las facultades de la CFE y cancela las subastas para adquirir energía, lo que afectaría a los usuarios finales al elevar el precio de la electricidad.

El escenario en que se declare inconstitucional es poco probable, pues para ello se requiere el voto de ocho de los once ministros y ministras; es decir, al gobierno le basta con conseguir cuatro votos a favor de la constitucionalidad para desechar todos los recursos legales que se han presentado contra esa ley.

Pero esa es una parte del problema. La otra es la reforma constitucional que está por discutirse y en su caso aprobarse en la cámara de diputados, relacionada con el sector energético. Una cosa es la Ley de la Industria Eléctrica que se discute en la Corte, y otra la reforma eléctrica que se discutirá en la Cámara, donde a Morena y sus aliados les faltan 55 votos para alcanzar la mayoría calificada requerida para una modificación constitucional.

Y el PRI ya adelantó que votará en bloque contra la reforma, lo mismo que el PAN y el PRD, que en conjunto presentarán una propuesta alterna.

La propuesta del presidente es la columna vertebral de su proyecto en el rubro energético y si no pasa en el Congreso el coraje en Palacio Nacional será mayúsculo. Tema aparte es la presión del gobierno y las corporaciones norteamericanas que han puesto en duda la continuidad del T-MEC si esa reforma se aprueba.

Pero por si algo faltaba, tampoco la propuesta presidencial de reforma electoral tiene el camino despejado. El tema del que más se ha hablado sobre esta iniciativa es el de la elección directa en las urnas, de consejeros del INE y magistrados del TEPJF.

La propuesta parece vestir el ropaje democrático, pero el diablo está en los detalles. Los candidatos y candidatas serían propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a razón de 20 personas cada uno de esos poderes, diez hombres y diez mujeres.

¿Alguien pondría en tela de duda las filias políticas de las eventuales propuestas de Presidencia? En un Congreso de mayoría morenista, ¿cuántas personas identificadas con la oposición serían aprobadas? Creo que muy pocas. Y lo mismo ocurriría con las propuestas de la Corte.

Al final, la ‘plantilla’ de candidatos y candidatas estaría compuesta mayoritariamente por personajes identificados con el gobierno federal y tanto el INE como el TEPJF quedarían integrados por puros afines a la 4T. Sobre todo porque una elección como esta difícilmente despertaría el entusiasmo ciudadano de manera masiva, y más bien el voto provendría de las bases electorales de los partidos, donde obviamente la ventaja la tiene el partido del gobierno, programas clientelares incluidos.

Esos son algunos de los ‘peros’ que la oposición le está poniendo a la propuesta presidencial en la materia, cuyo destino es más bien incierto. Si no pasa, vendrá otro coraje en Palacio Nacional.

II

Pero bueno, no todas son malas noticias. Acá en Sonora la rueda de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo tuvo puras buenas: ya está lista la asignación presupuestal para la carretera que unirá a Guaymas con Chihuahua, proyecto en el que se invertirán 13 mil millones de pesos junto a la federación y el gobierno de aquel estado.

Esta es una obra anunciada desde el inicio de la actual administración y ya está listo el proyecto ejecutivo, la asignación presupuestal y los acuerdos con el vecino estado, de manera que en muy poco tiempo podremos comenzar a ver las máquinas trabajando. Son muy buenas noticias para Sonora, y en particular para el alicaído puerto de Guaymas, al que ya le toca una buena racha.

Por otro lado, el gobernador anunció que el premio para el primer lugar en la carrera Río Sonora Trail 2022 aumentará de 50 mil a 500 mil pesos y habrá una bolsa acumulada de 500 mil pesos más para los ganadores en las diferentes categorías. Se espera, dijo, la participación de mil personas en esta justa deportiva que tiene el objetivo de promover las bellezas de esa ruta y sus destinos turísticos.

La secretaria de Turismo Célida López Cárdenas invitó también a los y las fotógrafas sonorenses a enviar sus mejores trabajos de paisajes regionales para montar la exposición itinerante ‘Sonora, un tesoro por descubrir’ que se exhibirá en la Ciudad de México el próximo 15 de junio.