Categoría: Noticias

Por: Arturo Soto Munguía

El verano de 2005 fue uno de los más horribles que se recuerden en Hermosillo. La ciudad se quedó sin agua y entonces comenzó a racionarse el suministro de manera que en la mayor parte de la ‘capital del noroeste’ al abrir la llave salía solo el chasquido del aire que movía los medidores. Es decir, que también se cobraba.

Ya hace 17 años de aquellos episodios tomados a chunga hoy, en que nos bañábamos como los mosquitos, pegados a la pared, acopiábamos los ahorros para comprar un tinaco o en un desplante de opulencia fifí que incluso ahora resultará extravagante para algunos, llegamos a usar un garrafón de agua purificada para el aseo personal.

Así fuera un ‘baño vaquero’ que, para referenciar a los desconocedores, digamos que consiste básicamente en lavarse el pescuezo, los sobacos, las patas, el culo y sus zonas adyacentes.

No quiero asustarlos, pero desde hace unas semanas, en varias zonas de la ciudad se comienza a sentir una disminución en el suministro de agua.

Las noticias que llegan no son alentadoras. La presa El Novillo, de donde tuvo a bien robar agua ese santo varón llamado Guillermo y apellidado Padrés se encuentra tan seca, que las ‘tomas’ (esos tubos de donde se extrae el agua) ya no pueden ‘jalar’ sino aire.

También me tocó reportear ‘in situ’ esa magna obra de ingeniería (eufemismo que se ruboriza para esconder el atraco de más de tres mil millones de pesos ¡tres mil millones de pesos!) y observar los megatubos sumergidos en el agua de El Novillo, que se prolongaban cerro arriba y luego bajaban por kilómetros y kilómetros para llevar esa agua a Hermosillo.

‘El Novillo’, y ‘El Oviachic’ por consecuencia andan hoy por el 20% de su embalse y lo peor es que no llueve en Sonora. Es la hora de ponerse serios y no apelar a la sobrepoblación de ‘putos’ en Guaymas y otras sandeces que pueden resultar cómicas en algún momento, pero no ahora.

Hermosillo no tiene agua y Ciudad Obregón tampoco. El acueducto fue un negociazo para los mismos, incluyendo a esos que ahora levantan la mano como alternativa ante el mismo caos.

En aquel entonces hice una crónica que pudiera parecer apocalíptica, pero 17 años después recobra vigencia porque otra vez estamos a punto de quedarnos sin agua, de bañarnos como mosquitos pegados a la pared o de buscar cualquier recipiente para almacenar algo con qué lavar los trastes. O el cabello, o el sobaco o algo.

Ahí les va. No quiero buscar culpables, porque las víctimas podemos ser tod@s doña María Antonia, esa señora que le da vida al periodismo a ras de tierra, que jamás morirá bajo el fardo de los ‘datos’, siempre tan coquetos con el poder en turno.

II

Va la crónica:

Hace diez años que a doña María Antonia la alberga la misma casa, construida con lo que hace un día fue lámina negra y hoy tiene el color del desconsuelo.

En los veranos de Hermosillo, esas láminas suelen ser utilizadas como referencia para ilustrar las bondades del clima. Sobre ellas, aseguran, se puede guisar un huevo a eso del mediodía, y a lo mejor es cierto.

María Antonia Armenta, se llama y tiene 76 años. En los últimos diez ha sido -como el resto de sus vecinos en La Alborada-, nopales que los políticos van a ver, sólo cuando tienen tunas. Digámoslo más claro: votos.

Pero en estos días no tienen ni tunas, ni votos ni agua.

Bueno, agua nunca han tenido. Ni drenaje. La energía eléctrica llega a algunas casas a través de una maraña de cables que cuelgan a baja altura, enredados en árboles y postes improvisados.

A doña María se le ha venido el mundo encima desde hace cinco meses, fecha en que víctima de un aneurisma, falleció su hijo mayor, empleado de maquiladora. Tenía 40 años y era el sostén económico del hogar donde vivía junto a su madre y su hermano menor, de oficio albañil.

El muchacho le ayuda desde entonces con un poco de dinero. 150 pesos a la semana, según comienza a platicar, cuando ni siquiera parecía que de sus ojos grises podría brotar más llanto.

«Imagínate. Te voy a decir la verdad, un tambo de estos vale 150 pesos, a eso nos lo venden; entonces si compro el tambo, me quedo sin comer en toda la semana», dice la señora tratando de cubrirse del sol con una mantilla que parece gajo de cebolla.

Por eso no ha podido comprar un tambo para guardar agua, ahora que de plano las ‘pipas’ han espaciado sus visitas a la colonia, debido a que el racionamiento impuesto por el gobierno municipal las trae ocupadas día y noche, repartiendo agua en las zonas más afectadas.

«El agua se nos enlama porque la ‘pipa’ dura muchos días sin venir, y tenemos que pichicatearla, no vaya a ser que no venga y nos quedamos secos», explica mientras pone su mano en el filo de un tambo que alguna vez fue de 200 litros, pero el óxido ya lo lleva a la mitad.

En su casa, como en muchas otras de la colonia Alboradas, tampoco hay agua y los vecinos carecen de recipientes adecuados para almacenarla.

La guardan en contenedores de los materiales más dudosos, que tapan con tablas, pedazos de sillas o cualquier otra cosa. Ni pensar en un tinaco. Muy escasos vecinos cuentan con uno de ellos y su situación es verdaderamente complicada, ya que en toda la colonia hay una o dos llaves para abastecer a todos.

Y es que durante 20 horas al día, más de la mitad de la población hermosillense se queda sin suministro de agua potable.

A doña María Antonia eso le tendría sin cuidado, pues nunca ha tenido el servicio de agua en su casa, y desde hace diez años va y viene cargando sus cubetas para llenar sus tambos, incluido el oxidado.

Hace cinco meses, un aneurisma mató a su hijo mayor y desde entonces «todo se me ha venido encima, todas las enfermedades», dice, citando una larga lista de achaques y males que comienzan con la diabetes.

«Esta es la casita donde vivo, si quieren pásenle para que vean la pobreza», dice, como tratando de convencer a los reporteros, del infierno que vive bajo esas láminas que en un tiempo fueron negras.

Un tormento que hasta hace poco le tocaba de a menos, porque lo compartía con su hijo, el mayor, el sostén económico, el que murió hace cinco meses… el que desborda de llanto los ojos grises y entrecerrados de doña María Antonia, que aprieta en su boca la mantilla, como para no desgarrarse toda por dentro.

«Ya hemos ido a pedir tinacos, pero no nos hacen caso; hemos ido al Ayuntamiento, a esa otra parte donde dicen que están dando (tinacos); hemos ido a todas partes pero nadie nos escucha», prosigue, sollozante.

Pero ya no puede ir al centro. Su salud se fue hasta el suelo en las últimas semanas; está enferma y caminar le cuesta mucho trabajo.

Sobre todo en las accidentadas y calcinantes calles de su colonia, una más de las 200 a donde el agua no llega, por disposición de la presidenta municipal, que cada vez parece más confundida, errática y desinformada con respecto al problema.

De la alcaldesa se acuerda doña María Antonia, cuando habla del tandeo:

«Todo se me vino encima; yo no sé de qué partido sean ustedes, pero si son del PAN, díganle a esa señora que con esto, me ha quitado la vida», dice sollozando.

Alguien debería venir a decirle, mirando a los ojos de María Antonia, que el problema del agua sí se va a resolver, pero hasta el verano que entra.

Justo cuando hay elecciones, por cierto.

Por: Arturo Soto Munguía

Como le adelantamos oportunamente, ayer se discutió en las comisiones de Educación y Derechos Humanos una iniciativa de ley que busca prevenir, atender y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en las universidades de Sonora.

El tema no es menor. Las instituciones de educación superior son un espacio que de un tiempo a la fecha ha sido tomado por las estudiantes para denunciar múltiples casos de estos delitos, pero la mayor parte de ellos no llegan a las instancias donde se puedan resolver y sancionar.

Se ha llegado al extremo de apelar a la autonomía universitaria o a la protección sindical para evadir la acción de la justicia.

La iniciativa en mención es autoría de la diputada María Alicia Gaytán, de Morena, que en la legislatura pasada presidió la Comisión de Igualdad y Género desde la cual dio una férrea batalla por la protección de los derechos de las mujeres y hoy retoma el tema con una propuesta que desde ya está sacando chispas, sobre todo por las obligaciones que plantea a las autoridades universitarias para denunciar ante el ministerio público y proceder para que exista una consecuencia laboral si el victimario es un trabajador de la institución.

Cito el artículo 11 de esta iniciativa porque creo que es el que mayor polémica generará.

“Al interior de la institución educativa el nivel de gravedad de los actos de acoso sexual se determinará de conformidad con la normatividad interna, pero el responsable de sustanciar el procedimiento que nazca de la denuncia deberá hacer del conocimiento inmediato de estos hechos al agente del ministerio público en los términos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la dirección de Recursos Humanos de la respectiva institución para el inicio del procedimiento rescisorio si así resulta procedente de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, contratos colectivos o reglamentos que los rija”.

“Desde la perspectiva de las estudiantes resulta complejo enfrentarse y defenderse de situaciones de acoso sexual porque además del caso personal, se enfrenta al condicionamiento que la propia estructura educativa, jerárquica y masculinizada aporta al silenciamiento del problema por parte de las víctimas que no disponen de herramientas necesarias para enfrentarse mediante la denuncia a toda la estructura de poder”, expone la iniciativa, que también apunta la ausencia de protocolos para atender este tema en la mayoría de las universidades.

Frente a esto, surge la necesidad institucional de prevenir, atender y sancionar este ejercicio de poder materializado en una relación de subordinación real de la víctima en los ámbitos escolares (…) que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva y que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del mismo sexo, lo cual trae efectos perjudiciales en el ambiente académico y personal de la víctima, agrega.

Aunque también reconoce los esfuerzos de autoridades universitarias para combatir este problema, sostiene que hay un vacío en el marco normativo que actualmente se limita a resoluciones no vinculativas y recomendaciones ambiguas, “pero de lo que se trata es de establecer sanciones proporcionales a los actos cometidos, a que se delibere sobre posibles responsabilidades penales y laborales de sujeto activo de estas conductas tanto por la autoridad civil como por la universitaria”.

En resumen, el objetivo es prevenir los actos de acoso y hostigamiento sexual, pero también crear los mecanismos, protocolos, programas y demás para atenderlos y sancionarlos, garantizando un ejercicio pleno de los derechos de las y los estudiantes universitarios en un ambiente de paz, concordia y ausente de violencia.

En este objetivo se incluye la corresponsabilidad de la comunidad universitaria, así como la capacitación al personal docente y administrativo para que promuevan la prevención y en su caso la intervención correspondiente.

Un punto muy interesante es la prohibición de prácticas de conciliación y mediación para casos de acoso y hostigamiento sexual, pues se sabe que éstas promueven la revictimización y culpabilización de la víctima.

Y otro no menos importante es la consideración como omisiones de la autoridad universitaria, de aquellos casos en que se nieguen a atenderlos o canalizarlos; evitar el acceso a la justicia o impedir a la víctima el acceso a información, material probatorio y evidencias necesarias para la integración del expediente.

La iniciativa generó consensos en las comisiones y pronto será llevada al pleno, donde la discusión para su eventual aprobación promete ponerse intensa.

II

Hermosillo se convirtió ayer en la primera ciudad del país en contar con una flotilla de patrullas eléctricas. El alcalde Antonio Astiazarán entregó las primeras seis unidades de este tipo, en un ambicioso plan que proyecta completar un parque vehicular de 300.

Actualmente la capital cuenta con 70 patrullas de propulsión mecánica, lo que no solamente resulta insuficiente para las labores policiacas en una ciudad de casi un millón de habitantes, sino que su gasto en combustible y costo de mantenimiento constituyen una grave sangría al presupuesto municipal.

Comparadas con estos vehículos, las nuevas patrullas eléctricas generarán un ahorro de hasta 54 mil pesos mensuales, ya que funcionan con electricidad y se cargan con energía solar. Una carga les permite recorrer hasta 394 kilómetros en la zona urbana.

El alcalde anunció que tiene programadas otras dos entregas para el 31 de mayo, cuando se sumarán 220 unidades eléctricas nuevas. Con esto, el tiempo de respuesta se reducirá de 30 a cinco minutos, explicó.

Al igual que las motocicletas eléctricas que recientemente entregó, las patrullas serán asignadas a un solo elemento de la Policía Municipal para incentivar su cuidado, toda vez que en un plazo determinado, el agente podrá adquirirla para su uso particular.

Actualmente, cada patrulla es utilizada por tres elementos, y si tienen ‘la patita pesada’, se la acaban en dos o tres años.

Por: Arturo Soto Munguía
Se tomaron muy en serio las y los diputados el tema de la legislación con perspectiva de género y ayer dictaminaron sendas reformas que vendrán a resolver asuntos que realmente tocan y lastiman la vida cotidiana sobre todo de las mujeres.

De entrada se aprobó reformar el artículo 24 del Código de familia, que parece haber sido redactado en el medioevo, ya que impedía a las mujeres divorciadas volver a casarse en un plazo no menor de 300 días, o someterse a una prueba de embarazo, esto último con la finalidad de saber con certeza la paternidad del bebé en gestación, en caso de que el resultado fuera positivo.

Esta fue una propuesta de la diputada Elly Sallard, del PRI, quien calificó la legislación derogada como una norma totalmente discriminatoria para las mujeres (los hombres pueden casarse cinco minutos después de haber firmado el divorcio), vulnera los derechos de igualdad de las mujeres, su dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, pero además es violatoria de tratados internacionales en la materia.

La iniciativa, expuso, surgió de sus recorridos en campaña durante el proceso electoral del año pasado, cuando varias mujeres le plantearon el drama que representa un divorcio cuando la pareja es uno de los típicos machos que todavía actúan bajo la premisa de que ‘si no eres mía no eres de nadie’; que albergan dudas sobre la paternidad de algún hijo y que hasta llegan al hostigamiento y la violencia.

En ese mismo tenor, la diputada Alejandra López Noriega, del PAN, presentó una iniciativa de ley que busca proteger al cónyuge que, habiéndose dedicado a las tareas del hogar y encontrándose en situación de desigualdad, usualmente queda en el desamparo en caso de divorcio.

También se trata de una reforma al Código de familia para proteger al cónyuge (generalmente la cónyuge) que realiza tareas no remuneradas y a quienes la legislación actual deja en el desamparo en caso de divorcio, si no adquirió bienes o no desarrolló una carrera profesional por dedicarse al hogar.

Por último, el diputado Jacobo Mendoza, de Morena, presentó una iniciativa a favor de la adopción post-mortem, esto es, un mecanismo que garantiza el derecho de adopción aun cuando los padres adoptivos hayan fallecido en el proceso.

La propuesta va en el sentido de que si en el proceso de adopción fallece uno de los cónyuges adoptivos, el otro puede continuar el proceso; o si fallecen ambos, los abuelos pueden seguir el procedimiento siempre y cuando así sea su voluntad y se hayan creado entre ellos lazos afectivos de carácter filial.

La iniciativa también protege a todos aquellos menores que se encuentren sujetos a un juicio de adopción y cumplan la mayoría de edad durante el proceso. En esos casos el juicio debe continuar y la sentencia surtir efecto como si se tratara de un menor de edad.

Son iniciativas que sin duda van orientadas a proteger a las personas más vulnerables, especialmente las mujeres, por lo que probablemente también causen escozor entre la población masculina, señaladamente en aquellos que siguen viviendo en el México decimonónico y creen que aún está vigente el derecho de pernada y otras prácticas históricas de abuso y servidumbre sexual y económica.

Pero si creen que esto para aquí, permítanme decirles que no. Muy pronto habrá de presentarse una iniciativa que sacará aún más chispas entre el machirulismo rapaz, solo que no estoy en condiciones de darles más detalles. Pero aquí se van a enterar en los próximos días sobre este tema.

Y ya que andamos por rumbos del Congreso del Estado, los y las legisladoras enviaron un exhorto al gobernador del estado para que se ponga las pilas en la resolución del conflicto con los concesionarios a quienes se les requisaron los títulos y que desde hace varias semanas mantienen un ruidoso plantón exigiendo se les indemnice conforme a lo que ellos consideran justo (un millón y medio de pesos), aunque el gobierno ya abrió una ventanilla para pagar a razón de medio millón de pesos por concesión requisada.

La bronca, obviamente le va a caer al gobernador Alfonso Durazo (por si le faltara alguna) y en muy buena medida eso deriva del deficiente trabajo que ha realizado en la Dirección del Transporte su titular Lirio del Castillo, que nomás no encuentra la punta de la hebra a la enredada madeja de este conflicto.

Lirio del Castillo, quien solicitó licencia para separarse de su cargo como diputada local (llegó como plurinominal del Partido Verde) y prefirió asumir las riendas de aquella dependencia estatal, ahorita debe estar dándose de topes contra las paredes, porque eso de echarle problemas encima al gobernador en lugar de quitárselos no suele ser lo más recomendable.

Lo paradójico del caso es que fue Claudia Zulema Bours, su ex compañera de bancada verde (aunque ésta sí electa por el voto popular) quien presentó el exhorto de marras, en el que se admite estar al tanto de las negociaciones entre las partes en conflicto, sin embargo no se ha logrado resolver.

Esto debería servir para que la señora Del Castillo pusiera más de su parte para destrabar el conflicto, pero me dicen que no suda ni se acongoja mucho y ahorita anda más ocupada en una consulta popular para modificar rutas del transporte en Hermosillo. Su despreocupación, me dicen, obedece a que se siente muy respaldada por un padrino cuya identidad no me quisieron revelar, pero está fuera de la esfera gubernamental. Eso dicen.

Por: Arturo Soto Munguía
La afiliación de Lilly Téllez al PAN y su intención manifiesta de abanderar a la oposición como su candidata a la presidencia de la República ha hecho reverdecer esperanzas en esa oposición tan huérfana de liderazgos.

Creo, desde esta humilde tribuna, que representa todo lo contrario a esas expectativas. La ex conductora de televisión encarna precisamente todo aquello que alimenta y refuerza la narrativa que mejor le ha funcionado al presidente y al aparato de Estado para ganar la agenda, conquistar audiencias, acendrar la polarización en la que AMLO se mueve como pez en el agua.

Lilly Téllez representa la traición, la incongruencia, el oportunismo, el berrinche y la ausencia de propuestas (¿conocen alguna iniciativa que haya presentado como senadora?).

Sin duda su discurso está plagado de los clichés y lugares comunes que suelen contraponer a los clichés y los lugares comunes oficiales, pero eso no lleva a ningún lado.

Habla y dice lo que quiere oír el sector que odia al presidente, endulzando sus oídos, pero al mismo tiempo se coloca en el pecho una diana donde caben todas las flechas de los tiradores oficiales: fifí, neoliberal, ultraderechista, conservadora, machuchona…

Sería, creo, la candidata ideal. Para López Obrador.

II

Son varias cosas, además de la insuficiencia presupuestal, las que mantienen trabadas las negociaciones entre jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo y la parte patronal que en este caso es el propio Ayuntamiento.

Una de ellas es un convenio firmado entre el sindicato y la contraloría municipal donde se establece que las prerrogativas reclamadas por los inconformes (vales de despensa, apoyos funerarios, de salud y para el pago de luz eléctrica, básicamente) “únicamente podrán ser aplicadas en beneficio de los trabajadores que durante la vigencia del mismo se encuentren prestando sus servicios al referido ayuntamiento, mas no en favor de aquellos que han tenido un cambio de situación jurídica, entendiéndose por tales a aquellas personas que han pasado de ser trabajadores en activo (relación laboral) a formar parte de la lista de jubilados o pensionados de la institución de seguridad social que corresponde (relación administrativa.)”.

Esta cláusula es de alguna manera el origen del conflicto y aunque se han trabajado algunas alternativas para apoyar a jubilados y pensionados con menores ingresos, el asunto se ha complicado porque en el grupo de inconformes hay personas que ganan hasta 182 mil pesos y que bien podrían prescindir de otros apoyos.

Si bien son los menos (20), hay otro grupo que gana 50 mil pesos (28); uno más amplio que gana 35 mil pesos (111) y otro más formado por 298 personas con ingresos de 25 mil pesos.

El grupo más amplio es el que percibe ingresos por 15 mil pesos, integrado por 399 jubilados y pensionados, mientras que aquellos que ganan 7 mil pesos suman 227 y los que ganan 3 mil pesos son solo 40.

En las negociaciones de este conflicto ya hay avances para regresar algunos apoyos -independientemente del convenio que los excluye-, a las personas de menores ingresos (rango entre los 3 mil y 7 mil pesos) y se valora la posibilidad de ampliarlo a quienes obtienen 15 mil pesos, pero el tema ya derivó por el camino de la política partidista y eso entorpece las negociaciones.

Ayer en la manifestación que realizaron en palacio municipal se hicieron presentes el diputado del PT, Sebastián Orduño y el dirigente estatal de ese partido, Ramón Flores para apoyar a los integrantes del Movimiento 30 de julio, como se conoce a la agrupación de jubilados y pensionados.

Una agrupación que ya buscó la intervención del gobernador del estado, Alfonso Durazo, que por cierto se ha mantenido al margen; consiguió una recomendación de la CEDH y ahora llevó el tema al Congreso del Estado, donde estos temas suelen convertirse en moneda de cambio o instrumentos de presión política entre los partidos allí representados.

La capital del estado, como se sabe concentra casi un tercio de la población del estado (y por consiguiente de la lista nominal electoral); constituyó para Morena y sus aliados la derrota más dolorosa en el proceso de 2021 y obviamente su proyección es conquistar esta plaza por primera vez en 2024.

Es desde luego, una lucha legítima considerando que los partidos políticos tienen como divisa principal la conquista del gobierno, pero si en ese lance aprovechan un movimiento que surgió con demandas muy específicas, cabe la posibilidad de que esas demandas se inscriban en una plataforma partidista a la que eventualmente sean ajenos y en determinado momento sean utilizados solo como instrumento de golpeteo político, restándole legitimidad al movimiento.

Se entiende que en su afán por conseguir sus demandas, jubilados y pensionados abran la puerta a la partidización del conflicto, pero también es previsible que eso entorpezca aún más las negociaciones, como ha ocurrido en otros casos. Veremos qué pasa.

III

Ayer hubo elecciones extraordinarias en siete municipios de Oaxaca y cuatro de Veracruz. A Morena le fue muy mal en ambos casos.

No es una muestra representativa o que marque tendencias rumbo a las elecciones estatales del próximo 5 de junio en seis entidades, pero los resultados debieron prender alguna luz de alerta en el partido oficial que, pese a los saldos no del todo favorables obtenidos en 2021 cuando perdieron la mitad de la ciudad de México, han venido construyendo una narrativa de invencibilidad, que al menos ayer rodó por el suelo desde lo local.

En Oaxaca, donde habrá elecciones de gobernador en junio, perdieron seis de las siete alcaldías en disputa. El PVEM, que fue solo, ganó en cuatro; la alianza PRI-PAN-PRD-PANAL ganó una y la alianza PAN-PANAL ganó la otra.

En Veracruz mientras tanto, de las cuatro presidencias municipales que estaban en juego, Morena en alianza con el PT ganó solo una; el PT ganó una, el PRD otra y el partido de nueva creación ‘Podemos’ ganó la cuarta.

Se trata de municipios pequeños, ciertamente, pero a Morena le habría servido mucho ganarlas para reforzar su narrativa triunfalista, sobre todo en vísperas de la revocación de mandato. Porque independientemente de la dimensión de estos triunfos de la oposición, el mensaje que se manda es que la gente desdeñó las opciones de Morena.

En el plano nacional, esos pequeños municipios son una insignificancia en términos de votos. Pero la sumatoria de muchos acontecimientos que se han dado desde la elección de 2021 puede ser que no sea tan irrelevante.

Vienen eventos interesantes como la revocación de mandato, la discusión y aprobación o rechazo de la reforma eléctrica (un tema para nada menor) y las elecciones estatales del 5 de junio, que servirán para dejar atrás el terreno de las especulaciones y arrojarán elementos más objetivos para un análisis de lo que podría ocurrir en 2024.