Por Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
Hoy nuestro compromiso social y periodístico, por insignificante que sea, nos obliga a cuestionar y revisar la inédita tragedia en el Palacio municipal de Guaymas.
Los lamentos categóricos, las condenas y el envío de condolencias, se las dejaremos a nuestros políticos y gobernantes, siempre dispuestos a no perder la esperanza de dar con los responsables para llevarlos ante la justicia.
Enfurece que hayan matado a una mujer más –y otras dos personas- que, irónicamente, se encontraba manifestándose pacíficamente en uno de los sitios que se piensan menos propensos a un ataque armado.
Lo inaudito es que el crimen organizado ahora hasta tenga mejor entendimiento de los simbolismos y que aprovechara una concentración feminista para bañar de sangre la banqueta de las autoridades que tendrían que temer y eludir.
En un amargo pronóstico, como si se requiriera mucha imaginación, hace más de un año –cuando López Obrador destapaba a Alfonso Durazo- publicamos que no presagiaba nada bueno el mensaje que se envía desde Palacio Nacional.
Desde aquel momento decíamos que no era decoroso, ni racional, que el argumento del entonces aspirante a candidato fuera venir a atender el llamado de la militancia y no el de las víctimas y sus familias.
Se había perdido el pudor, lo cual no era normal ni ejemplo de moralidad cuando Sonora se caía a balazos.
Ya en el gobierno, comentamos aquí hace unos diez días, que pasaron a ya no sonrojarse al desglosar número de muertos, armamentos y antecedentes criminales de quienes integran los grupos que generan violencia.
Pero ya con lo de ayer en Guaymas, podemos concluir que atestiguamos la escalada a una pérdida del respeto institucional.
El caso Guaymas es un desafío que traspasa la tenue línea de la normalizada convivencia entre quienes tienen por negocio la inseguridad y quienes simulan combatirla. Hay un perímetro de tolerancia que nunca se había violado.
Con la tragedia de Guaymas se rompieron todos los códigos, la delincuencia dejó desarmada y de rodillas a su contraparte.
Ahora, el manual de reacción deberá incluir algo más que trasladar la mesa de seguridad, que la firma de otro pacto, que el anuncio de otro decreto.
La secretaria María Dolores del Río, se tendrá que buscar otra palabrita que no sea “coordinación”, otra estrategia que no implique contratar más policías o la llegada de más guardias nacionales.
Y lo que aterra y en gran medida explica, es que desde la Fiscalía se confirme que el blanco del ataque sea el comisario Andrés Humberto Cano Ahuir, ratificado por la nueva alcaldesa Karla Córdova.
Esta negligencia criminal de la presidenta municipal, nos obliga a recordar el momento y los motivos de la llegada de este mando militar.
Cano es producto de la idea de militarizar las policías de los municipios que concentran mayor incidencia delictiva. Y quien anunció el cambio de comisarios por militares con la promesa de traer experiencia y disciplina, fue el entonces secretario de seguridad y ahora gobernador del estado.
¿Ya podemos decir que no funcionó, que fracasaron o debemos esperar que mueran más inocentes?
¿O la prioridad tendría que ser, como lo posteó la insensible de Lorenia Valles, reconocer la respuesta rápida del gobernador, la secretaria María Dolores y las autoridades federales, “para dar con los responsables”?
¿Dónde está la oposición que hoy más que nunca se ocupa de contrapeso? ¿Ya se esteraría Lilly Téllez de lo que pasó en el estado que representa?
Aunque tal vez debamos comprender, como dice la feminista a conveniencia de Wendy Briceño, que el deterioro de la paz social en Sonora lleva años escalando…
Éstas ya se perdieron el respeto, pero a ellas mismas.
