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EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Pues el conflicto por los permisos de caza en la etnia seri se complicó más de lo que cualquiera podría imaginar y en unas cuantas horas apareció no solo como un tema de gobernabilidad en la tribu, sino como la punta del proverbial iceberg bajo la cual aparece una complicadísima trama de intereses que ha puesto contra la pared hasta a las autoridades del gobierno estatal y federal.

El tema de los permisos de caza es un jugoso negocio que reditúa cientos de miles de dólares que jamás se han traducido en una mejora en las condiciones de vida de la etnia, pero sí en el enquistamiento de cacicazgos que tutelan la vida cotidiana de los habitantes de Punta Chueca y El Desemboque, comunidades empobrecidas y lastimadas por las carencias de lo más indispensables y en los últimos años, también por el flagelo de las adicciones a partir de su estratégica ubicación geográfica para el trasiego de drogas.

En el despacho de ayer consignamos esa parte del conflicto que tiene qué ver con la elección del presidente de bienes comunales en la etnia, que es quien administra los permisos de caza de borrego cimarrón y venado bura en la isla Tiburón, mismos que tienen un valor unitario de 45 mil dólares y 7 mil dólares respectivamente.

Miguel Estrella es un integrante de la etnia que se reclama ganador de la elección, pero las autoridades del gobierno estatal y federal reconocen a Joel Barnett lo que ha ocasionado un conflicto que llegó hasta la oficina del director jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo, a petición del Concejo de Ancianos de la tribu, que ve con preocupación el derrotero que están tomando las cosas en aquella desértica comarca.

El conflicto sin embargo, escapa de las manos de Salazar Razo y toca los ámbitos de la justicia federal, que ha fallado a favor de Barnett provocando la ira del grupo que promueve a Miguel Estrella y donde aparecen personajes como Carlos Astorga, sobrino de Miguel y a quien pobladores de la tribu señalan como el financiero de su campaña y a la sazón, el verdadero jefe de jefes en esa región.

El tema no es menor y el jurídico del gobierno del estado no tiene los alcances para incidir en la resolución de este conflicto que evidentemente requiere de una operación política de más altos vuelos, porque el papeleo en tribunales son pelillos a la mar cuando ya las cosas se están tratando de dirimir por la vía de la violencia en la etnia. Reportes desde allá consignan agresiones físicas y verbales que pueden escalar peligrosamente.

Quizás sea el momento para que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra se tome un descanso en su infatigable trajín para aparecer en las fotos de todos los presídiums oficiales y eche una mirada a lo que ocurre en territorio comcáac. Quizás sea hora de que deje de ‘sacar curas’ de los memes donde encarna a Diego Verdaguer y por lo menos le pregunte a alguien que sepa realmente lo que ocurre en la etnia seri, antes de que le llegue al gobernador con una disculpa porque no estaba enterado, porque ya fue demasiado tarde.

Ayer salió el primer millón de pesos por concepto de permisos de caza y Joel Barnett se apresuraba a meter en sobrecitos amarillos billetes que sumaban tres mil pesos para repartir entre los habitantes de Punta Chueca. Hoy hará lo mismo en El Desemboque y los indígenas de esa comunidad verán por primera vez en sus bolsillos un dinero que no veían antes.

Eso, desde luego, tiene muy molestos a quienes forman filas con Miguel Estrella, que sigue litigando su condición de presidente de Bienes Comunales y por tanto, reclamando el derecho de controlar los cintillos de caza, que a estas alturas son la principal fuente de ingresos para la etnia, aunque no hay testimonios de que ese recurso se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida.

Pero eso es historia. Los cintillos ya se entregaron y si había contratos con autoridades no reconocidas, eso es, como dijeran los Tigres del Norte, ‘cuestión olvidada’.

El problema es ahora cómo van a resolver las autoridades estatales y federales el tema de la seguridad de los cazadores norteamericanos que pagaron hasta un millón de pesos por venir a la isla Tiburón en búsqueda de un trofeo (perdón a los y las animalistas y a los, las que crean que los ranchos cinegéticos son una actividad marginal en la economía local y a quienes crean que no se cobra por exportar esas cabezas de cimarrones y buras que adornan salas, recibidores y hasta recámaras).

En un par de días más comienza la temporada cinegética y los hermanos gringos llegarán con toda su parafernalia cinegética a territorio seri, pero quizá se encuentren con ciertos conflictos irresueltos en la etnia que pueden poner en riesgo su propia seguridad personal.

El tema no se reduce a unos cintillos de caza o a un asunto de gobernabilidad basada en usos y costumbres. Trasciende los linderos de la seguridad pública, las garantías para extranjeros, las políticas públicas en materia de turismo y promoción económica, entre otras cosas.

Admito que me equivoqué. Salazar Razo es la pieza menor en esto que parecía un desacuerdo tribal, pero que a estas alturas se puede complicar más de la cuenta. Y allá, en Punta Chueca y El Desemboque la comunidad seri sigue preguntándose cuándo podrán ver cumplido el derecho al agua potable, por decir lo menos.

II

Y bueno, no es que uno sea un apátrida, un enemigo de la promoción económica que incluye la llamada industria sin chimeneas que es el turismo, pero tampoco se puede fingir que acá Sonora es la representación gráfica de un algodón de azúcar.

Ayer las Madres Buscadoras, esas mujeres que algún día, no sé cuándo, tendrían que remover a chingadazos todas las letras de oro en las paredes del Congreso del Estado para llenarlas de cruces por sus muertos, encontraron otras fosas clandestinas.

En ellas, los restos de al menos 20 personas que algún día fueron hijos, tías, primos, sobrinas y que hoy son un diente chueco en una mandíbula llena de tierra; un resto de la ropa con la que salió al baile, un zapato que estrenaba, un tatuaje todo borroso, un escapulario, una medalla, una sonrisa chueca, un adiós, un hasta luego, un me voy y no regreso.

Un no sé. Un estoy muerta, muerto. Me hallaste. No soy feliz pero tú lo eres, madre, porque me encontraste.

Fosas clandestinas aquí a tiro de piedra. Más cerca, mucho más cerca que la foto de mañana con funcionarios y funcionarias de sonrisas ensayadas y mantras inservibles para bajar los índices de criminalidad, pero muy buenas para mantenerse en esos cargos donde la nómina llega puntualmente, como el olvido de las promesas de campaña.

EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
Cuando se alude a conflictos étnicos en Sonora suele echarse la mirada hacia el sur del estado, al territorio yaqui más específicamente.

Con pasar iguales o peores penurias, el resto de las etnias, acaso por ser poblacionalmente menores casi siempre pasan desapercibidas, excepción hecha de aquellas veces en que se lleva a cabo una visita de funcionarios de gobierno, algún desastre natural o problemas derivados de la construcción de obras públicas o privadas que invaden su territorio.

Regidos por sus usos y costumbres, las etnias se han dado a sí mismas formas de organización social, política, cultural que norman su convivencia de manera más o menos armónica. Salvo cuando los gobiernos yoris meten sus manos.

Eso parece estar ocurriendo en estos días con los comcáacs, más familiarmente conocidos como seris, que habitan las comunidades de Punta Chueca y El Desemboque en la costa de Hermosillo, poblaciones de economías precarias, muy lastimadas por la pobreza, la falta de servicios y también, hay que decirlo, por la actividad del crimen organizado.

Pues bien, en junio pasado, como cada tres años se llevó a cabo una elección entre los comuneros para cambiar al presidente de Bienes Comunales de la isla Tiburón, que no solo es un sitio sagrado para la tribu, sino también una reserva ecológica y área de protección de flora y fauna.

En la isla Tiburón hay especies como el venado bura y el borrego cimarrón, cotizados animales silvestres que año con año son buscados para su caza que, debidamente normada por autoridades estatales y federales, constituyen una fuente muy importante de recursos para la etnia.

Un permiso para caza de borrego cimarrón se cotiza en 45 mil dólares y para venado bura oscila entre 7 y 8 mil dólares. El año pasado se otorgaron 12 permisos para cimarrón y 10 para bura.

El dato es importante porque parece que de ahí deriva parte del conflicto que relatamos ya que el presidente de bienes comunales es quien gestiona los permisos de caza, y la elección de junio pasado fue impugnada por un grupo que encabeza Miguel Estrella, quien se reclama legítimamente electo.

De acuerdo con su versión, Estrella obtuvo 95 votos; Efraín Perales 92 y Joel Barnett 91. Sin embargo, Barnett falsificó un acta de la asamblea y la presentó ante el Registro Agrario Nacional, pero se trataba de un documento relativo a una asamblea realizada en enero, que los otros contendientes desconocen pues, alegan, las firmas fueron falsificadas.

El punto es que Barnett registró el acta en el Tribunal Agrario del distrito 28 con sede en Hermosillo y la magistrada Alejandrina Gámez la dio como buena. El grupo de Estrella se inconformó y presentó un recurso de revisión que se fue hasta los tribunales en Ciudad de México, donde todavía no se dirime.

Para mediar en el conflicto, el director Jurídico del gobierno del estado, Adolfo Salazar Razo citó al grupo de Miguel Estrella en su oficina de Palacio. Siempre de acuerdo con la versión de este grupo, el recién estrenado funcionario les comunicó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo tendrían que desistir del litigio y dejar en sus manos (en las de Salazar Razo) la gestión de los cintillos de caza y que ellos mismos (el gobierno estatal) los van a repartir.

Los seris inconformes no aceptaron pues ya tienen contratos firmados con cazadores que cada temporada llegan a la isla para sus actividades cinegéticas, y deben cumplirles o se harían sujetos de demandas legales.

El problema se complica porque en este conflicto aparece la señora Patricia Zepeda Arriaga, quien se dedica a la promoción y gestión de cintillos para la cacería en la isla Tiburón y es la que se queda con una buena parte de los recursos que derrama esta actividad. La señora, dicen, presume influencias tanto en las dependencias del gobierno estatal como del federal relacionadas con este tema.

Este miércoles por la mañana, el grupo de Miguel Estrella estará en las oficinas de la Sagarpha en Hermosillo buscando respuestas a sus demandas, ya que los cintillos de caza fueron entregados sin reconocer lo que reclaman como su condición de autoridad legítimamente electa.

Veremos en qué para todo esto.

II

Por fin rindieron protesta los nuevos funcionarios del Poder Legislativo, emanados de negociaciones no exentas de intensidades entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Acatando los lineamientos de la reforma constitucional recientemente aprobada (que echó abajo la reforma que hace tres años ‘atornilló’ a los hoy exfuncionarios en sus asientos), los diputados y diputadas arribaron a los acuerdos respectivos para renovar todo el aparato administrativo del Congreso en sus niveles de subdirección hacia arriba.

De hecho, hace un par de semanas que en esas oficinas ya no estaban los titulares, sino encargados de despacho.

Como es natural y atendiendo a la nueva configuración política de ese poder con mayoría morenista, casi todos los estrenados funcionarios traen la marca guinda de la casa, aunque otras fuerzas alcanzaron a negociar algunas posiciones.

En la dirección de Comunicación Social levantó la manita el colega y amigo Jesús Olivas Figueroa, experimentado comunicador que seguramente hará un buen papel considerando su conocimiento del medio y los protagonistas tanto de la talacha reporteril como de directivos y administradores.

Jesús estuvo apuntado en una lista de aspirantes hace tres años, como propuesta de Morena, pero por la historia que ya todos conocemos la mayoría guinda no pudo hacer valer su condición como tal y el colega tuvo que posponer hasta ahora sus aspiraciones que por fin ve cumplidas.

El trabajo que tienen enfrente no será fácil pues la comunicación institucional de un poder como el legislativo, plural, diverso y polémico exige mucha mano izquierda, especialmente en esta nueva etapa marcada por una realidad política distinta a la de legislaturas anteriores. Lidiar con la tropa que cubre la fuente y cumplir sus expectativas de información también le va a exigir horas extra. Pero el Olivas tiene la experiencia y la capacidad para sacar la tarea. Desde acá le deseamos suerte.

Los otros nombramientos son los siguientes:
– Julio César Navarro Contreras, Oficial Mayor.
– Benjamín Gaxiola Loya, titular del Órgano Interno de Control.
– Luis Rogelio Piñeda Taddei, Director General del Centro de Investigaciones Parlamentarias.
– Florentino Valencia Durazo, Director General de Administración.
– Pavel Humberto Núñez Moreno, Director General Jurídico.
– Fernando Herrera Saldate, Director General de Normatividad y Procesos Administrativos de Contraloría Interna.
– Renso Daniel Sábori Castro, Director General de Evaluación y Auditoría de Contraloría Interna.
– Óscar Daniel Cardozo Arroyo, Subdirector de Apoyo Legislativo de Oficialía Mayor.
– Juan Carlos Aguilar Polanco, Subdirector de Estudios Legislativos de Oficialía Mayor.
– Julissa Bojórquez Castillo, Subdirectora de Documentación e Información Legislativa de Oficialía Mayor.
– María Fernanda Urquidy Vásquez, Subdirectora de Relaciones Públicas de Oficialía Mayor.
– Dulce María Domínguez Estrada, Directora General de Administración del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Roberto Morghen Gradías, Coordinador de Investigadores del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora.
– Victoria Mesalina del Carmen Larios Cortés, Subdirectora de Tesorería de la Dirección General de Administración.
– Karla Aguayo Equihua, Subdirectora de Control Presupuestal y Contabilidad de la Dirección General de Administración.
– Beatriz Alicia Salcido Madrid, Subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de la Dirección General de Administración.
– Julio César Coronado Olvera, Subdirector de Proveeduría y Servicios Generales de la Dirección General de Administración.
– Luz María Orduño Rodríguez, Subdirectora de Informática de la Dirección General de Administración.
– Juan Carlos Juvera Moreno, Subdirector de Atención Ciudadana de la Dirección General de Administración.
– Carmen Karina Mungarro Garibay, Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Administración.
– Rubén Montaño Medina, Subdirector General Jurídico de la Dirección General Jurídica.