Por: Arturo Soto Munguía
La cinéfila lectora, el telenovelero lector se acordarán bien de aquel éxito de taquilla que retrató crudamente la realidad política mexicana del priismo autoritario.
Nos referimos a ‘La Ley de Herodes’ cuya sinopsis omitimos en obvio de tiempo y espacio, pero además porque millones de mexicanos la conocemos pues asistimos emocionados a ese relato descarnado, agridulce y vomitivo que nos contó cómo se las gastaba el viejo régimen, ya en sus estertores, ciertamente. La película se estrenó en 1999 y un año después el PRI fue echado de Los Pinos, aunque regresaría 12 años después.
Recordarán pues aquella escena entre chusca y siniestra en la que a Juan Vargas, el presidente de San Pedro de los Sahuaros le entregan una Constitución y una pistola (o una pistola y una Constitución) que simbolizaban los pilares de la gobernabilidad en su mandato.
La escena era chistosa porque era cierta. Se trataba de una recreación que encarnaba todos los vicios del viejo sistema que terminó hartando a los mexicanos, hasta que años después, más concretamente en 2018 el hartazgo se convirtió en los votos que echaron de la presidencia de la República a los corruptos, espurios, gandallas y enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas, para darle oportunidad a los honestos, legítimos, amorosos y transparentes.
Pero, reconociendo que el nuevo gobierno está transformando muchas cosas, algo pasó de entonces a la fecha, a juzgar por una serie de acontecimientos, políticas públicas, decisiones gubernamentales que nos hacen preguntarnos si no estaremos regresando a aquel pasado aborrecible, al menos en algunos temas.
Fueron muchas batallas, costó mucha sangre, se perdieron vidas, se encarceló y vejó a mucha gente en ese largo proceso para hacer menos escarpado el camino de la transición democrática; para que la sociedad se diera a sí misma instituciones que con todo y sus imperfecciones y con frecuencia serias fallas, acotaran al poder de un solo partido, de un solo hombre.
Los organismos, tribunales y fiscalías electorales; las instituciones de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, las universidades y centros de investigación son algunos ejemplos de esas instituciones que hoy están en la mira del nuevo gobierno.
No exentas de fallas, omisiones y hasta corruptelas, mal que bien acotaban al poder autoritario. Falibles o sospechosas, es mejor tenerlas que desaparecerlas de un manotazo o absorberlas y regresarlas a su estado larvario, cuando eran poco menos que un apéndice del gobierno, no instituciones de Estado.
Hoy, llama la atención que un día, las armas nacionales se sumen al activismo político al proyecto de nación que en nombre de la transformación encabeza el presidente, su partido y sus aliados, y al siguiente el mismo jefe del Ejecutivo ordene publicar un decreto que empareda a piedra y lodo toda la información sobre proyectos megamillonarios en los que por cierto, participa el propio ejército.
La Constitución y la pistola, pues.
¿Qué dice el citado decreto?
Dice lo siguiente:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hídrico, medio ambiente, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren estratégicos para el desarrollo nacional”.
En lenguaje liso y llano, toda la información sobre los llamados proyectos estratégicos será ocultada por motivos de seguridad nacional y por ser de interés público. Eso incluye el aeropuerto de Santa Lucía y otros cuatro en construcción; la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transístmico, entre otros.
Por citar un ejemplo, el programa de modernización de aduanas que se llevará a cabo con recursos de un fideicomiso que cuenta con 70 mil millones de pesos quedaría en la total opacidad y por tanto bajo el manejo discrecional de sus ejecutores. Y así con el resto.
No hay que confundirse. El decreto no surge como respuesta al reportaje de Latinus que documenta la opacidad y presuntas trácalas del ejército en Santa Lucía. En todo caso, debe saberse que en agosto de 2020 la periodista sonorense Zorayda Gallegos documentó el desvío de 156 millones de dólares a empresas fantasmas contratadas para llevar a cabo proyectos de infraestructura: carreteras, caminos rurales, cuarteles, bases aéreas, juzgados, hospitales militares entre otros, lo que le ganó un reconocimiento internacional.
La opacidad pues, no es nueva, como tampoco lo es la estrategia para legitimarla, en la que juegan un papel fundamental los legisladores federales de Morena que ya han presentado sendas iniciativas para evitar que por la vía del amparo se ataquen leyes impulsadas por el presidente relacionadas con proyectos de la CFE, Pemex o el proyecto ‘Agua saludable’ en la región de La Laguna, que costaría 10 mil millones de pesos.
El tema es complicadísimo y seguramente estamos frente a un colosal litigio que habrá de dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por cierto ya le han dado ‘palo’ a algunas iniciativas y decretos presidenciales.
Es complicado porque de entrada tendría que abrogarse o modificarse la legislación sobre el derecho a la información que está ligado a tratados internacionales vinculatorios en materia de derechos humanos, por ejemplo. Ya se ve venir una acción de inconstitucionalidad para atacar el decreto.
El decreto también instruye a todas las dependencias a otorgar la autorización provisional para iniciar todos los proyectos en un plazo máximo de cinco días y si no se emite la autorización en ese lapso, se considerará resuelta en sentido positivo.
Imaginemos el tiempo que requiere la elaboración del manifiesto de impacto ambiental (que es apenas uno de los requisitos) para una carretera, una presa, una planta fotovoltaica. Las dependencias deberán autorizarlo en menos de una semana y si no lo hacen, la obra se lleva a cabo de todas maneras. Primero mato y luego virigüo.
Y lo más chingón es que, de acuerdo a los ‘considerandos’ del decreto, todo esto se hace en nombre de “la planeación democrática del desarrollo nacional (…) y la democratización política, social y cultural de la nación”.
Créanlo: en nombre de la democracia, la nación, la patria, el PRI hizo las peores barbaridades, incluyendo los fraudes electorales. Si tienen dudas, pueden preguntarle a Bartlett porqué se le conoce como ‘fraude patriótico’ el que se aventó en Chihuahua en 1986.
Con el famoso decreto se viene, insisto, un litigio grande. Lo bueno es que las instituciones como el Poder Judicial todavía están de pie. Madreadonas, pero de pie. Lo bueno también es que el gobierno está echando mano de la ley para sacar adelante sus iniciativas. La cosa se puede poner más fea cuando en vez de la constitución, utilice la pistola.
Qué putos nervios.
