EL ZANCUDO Por: Arturo Soto Munguía
Estamos, dijo hace algunos días el gobernador Alfonso Durazo, administrando el caos.
Aludía, no sin razón, a lo que se encontró la nueva administración al llegar a sus oficinas y comenzar a revisar aquello que durante el proceso de entrega recepción o no era tan evidente o fue maquillado de tal forma que no lo detectaron.
Casi decían como la diputada Rosa Elena Trujillo a propósito de la cuenta pública estatal: el informe está tan bien hecho que no le entendimos. Urge legislar.
Pero en descargo, habría que decir que esta narrativa del caos aparece periódicamente cada transición gubernamental, la mayoría de las veces con razón, otras como una especie de blindaje por si las expectativas generadas durante la campaña no se cumplen conforme transcurre el tiempo.
Vale recordar la anécdota citada por el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa cuando, unos días después de tomar posesión en 2015 le tocó recibir a unos inversionistas europeos en su oficina de palacio, mismo que no se llevaron los padrecistas porque no pudieron ponerle ruedas.
El saqueo de la oficina la hacía lucir una coqueta decoración minimalista, porque se habían llevado hasta los lápices. Al edificio no le habían dado mantenimiento en meses, ni siquiera una fumigada porque eso hubiera sido una suerte de suicidio colectivo, de manera que en plena reunión el estrenado funcionario comenzó a sudar frío. Sobre el techo, un cucarachón tridimensional avanzaba con torpeza, amenazando con caer sobre la cabeza de uno de los empresarios. Qué pena con las visitas.
Esa narrativa, cambiando lo que haya que cambiar, se repite sexenalmente. O trianualmente en el caso de los ayuntamientos.
Si de consuelo le sirve, el gobernador debe saber que no está solo en eso de administrar el caos.
Ayer salieron a informar sobre el estado de cosas que encontró la administración del Toño Astiazarán en la comuna hermosillense y el resultado es desolador:
Una deuda de corto plazo que asciende a 170 millones de pesos. De la deuda de largo plazo mejor ni hablamos, porque eso provocó una baja en su calificación crediticia de ocho puntos en los últimos tres años.
En el trienio de Alejandro López Caballero, Hermosillo era el cuarto municipio más endeudado del país; para el 2020, ya en la administración de Célida López ascendió un peldaño ubicándose como el tercero con mil 764 millones de pesos, solo detrás de Tijuana y Monterrey según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la cámara federal de diputados.
Una cartera vencida de mil 300 millones de impuestos prediales no cubiertos; un crédito fiscal por 147 mdp por el cual el SAT se cobra ‘a lo chino’ entre 11 y 12 mdp mensuales.
Flor Ayala Robles Linares, tesorera; Lisette López Godínez, directora de Recursos Humanos y Ramón Corral Aguirre, oficial mayor, revelaron en rueda de prensa algunos datos interesantes: la administración de Toño Astiazarán enfrenta 186 juicios laborales en su contra, que representan 72 mdp en indemnizaciones, entre otros temas, algunos tan graves como falta de control en el registro de personal lo que alimenta las sospechas sobre la existencia de una nutrida flota de aviadores.
En el resto de los municipios, señaladamente en los de más de 100 mil habitantes la situación no es diferente, excepto por el hecho de que en ellos la transición fue entre alcaldes del mismo partido y se les complica más la denuncia de presuntas irregularidades ya que sería un explícito reconocimiento de que sus gobiernos fallaron.
Así pues los nuevos alcaldes y alcaldesas van a tener que morderse un dedo para no evidenciar el caos que les tocará administrar, pero a la larga eso va a acotar mucho sus márgenes de acción y en tres años pueden estar repitiendo la historia.
En aras de no parecer muy belicosos, los tres funcionarios del gobierno municipal de Hermosillo “coincidieron en que la meta es superar las dificultades apostándole a la eficiencia operativa, los ahorros, la mejora en la recaudación, y recuperación de cartera vencida por diferentes conceptos, y a partir del aumento de los ingresos tener mejor margen de maniobra para la inversión pública y mejora en los servicios públicos”.
El reto para todos los ayuntamientos es enorme.
II
Como lo adelantamos en el despacho anterior, el gobernador Alfonso Durazo informó este lunes sobre el avance en los acuerdos con la tribu yaqui para levantar las piolas de la carretera federal, reubicar la caseta de esperanza y determinar un monto de los recursos allí captados para destinarlos a la etnia yaqui.
Antes de reubicar esa caseta de cobro -y el resto de las ubicadas en esa rúa-, tendrán que recuperarlas pues hasta hoy siguen tomadas por un grupo de vivales que apoyaron las campañas de Morena y que luego se dividieron. Algunos se replegaron y hasta fueron contratados en el gobierno del estado; otros se mantienen en la toma.
A ellos, el gobernador les mandó un mensaje en el sentido de que si verdaderamente están comprometidos con el bienestar de los sonorenses deben dialogar para ‘devolver’ las casetas, siempre por la vía del diálogo. Aunque advirtió que si a vía de la negociación política se agota, el gobierno federal tomará otro tipo de acciones.
No especificó cuales, pero se intuye que muy pronto los susodichos van a tener que buscar otra forma de mantenerse (podría ser trabajando, pero esa posibilidad es remota), o asumir que el gobierno puede suministrar les gratuitamente techo y alimento diario en cualquiera de los bonitos ‘resorts’ con los que cuenta el sistema estatal penitenciario. Qué nervios.
Cebolla finamente picada
Las fanfarrias que acompañaron la reaparición del ex gobernador Guillermo Padrés celebrando por todo lo alto que el gobierno persecutor de Claudia Pavlovich ya se había marchado y la 4T no tenía interés alguno en perseguirlo políticamente, callaron como los mariachis de José Alfredo.
La FGR recordó ayer que existen dos procesos penales en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero. La extinta PGR se desistió de las acusaciones por delincuencia organizada y el propio presidente de la República dejó ver que en ello intervinieron sus abogados Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, el segundo villano favorito de AMLO después de Felipe Calderón.
Hoy, la FGR considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra el ex gobernador y así lo hará en su momento.
Desde luego, Padrés se volvió a hacer humo y al parecer entendió que calladito se ve más bonito y que la suave mano de Claudia Pavlovich es una brisa fresca comparada con la tormenta que le puede significar torear al fiscal carnal Alejandro Gertz Manero que ahorita no anda buscando a quien se la hizo, sino a quien se la pague, después del perro oso con Lozoya y el avispero que trae encima por un litigio contra su propia familia.
Ya veremos de qué va el próximo capítulo de esta serie.
