EL ZANCUDO | Por: Arturo Soto Munguía
No recuerdo a algún alcalde o gobernador que haya sido encausado penalmente por haber reprobado en sus cuentas públicas.
Sanciones administrativas y hasta inhabilitaciones sí, pero que el ejercicio indebido del presupuesto se traduzca en algunos años a la sombra, no lo recuerdo.
Y esto se debe básicamente a que las facultades de fiscalización del Congreso y la ruta crítica que siguen esos procesos están diseñadas para que todo quede en fuegos de artificio, en ejercicios para la retórica y en oportunidades de subir a la tribuna para lucir dotes de oratoria, quienes las tienen, porque algun@s francamente y con la pena, serían descalificad@ en un concurso de secundaria.
Muy sucintamente el proceso es como sigue: los diputados (generalmente sus asesores) revisan las cuentas públicas del estado y los municipios, hacen las observaciones correspondientes y en caso de que éstas no sean solventadas en un plazo determinado, ha lugar a sanciones por parte de los órganos de control, ya sea la contraloría estatal o las municipales.
Si alguien no solventa esas observaciones, se inician los procedimientos, ya por responsabilidad administrativa a través de la Contraloría, ya por las fiscalías en caso de daño patrimonial, lo cual casi nunca ocurre.
El pleno del Congreso abordó ayer este tema y por lo menos hasta esta parte del proceso repitió la historia: posicionamientos de cada bancada, unos reprobando la cuenta pública estatal, como fue el caso de Morena y el PAN; otros defendiéndola como fue el caso, obviamente del PRI.
Al final serán otras instancias, señaladamente la contraloría a cargo de Guillermo Noriega Esparza la encargada de determinar si hay o no sanciones después de una revisión más detallada posterior al periodo legal para solventar las observaciones.
El informe de las cuentas públicas fue presentado por el ISAF y la bancada de Morena en voz de su coordinadora Ernestina Castro Valenzuela lo rechazó contundentemente en lo que corresponde a la administración estatal “por considerarlo ineficiente, irregular, confuso y probablemente cómplice en el errático, ilegal e ilegítimo manejo del destino de la contabilidad gubernamental”.
Su homólogo del PAN, Kiko Munro hizo lo propio y también reprobó a nombre de su bancada la cuenta pública estatal “pues el Gobierno del Estado incurrió en diversas irregularidades en el uso de los recursos públicos, ya que no existió transparencia en el destino de los mismos, como el de obras o proyectos de inversión, lo que ocasionó afectaciones en los municipios al no recibir de manera puntual las participaciones federales y se estima fueron alrededor de 66 gobiernos municipales los que se vieron afectados.
Diana Karina Barrera, a nombre de la bancada del PT puso el foco en el tema que abre esta columna: la falta de ‘dientes’ para sancionar malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos: “Queremos trabajar en conjunto con nuestras compañeras y compañeros diputados para realizar las reformas pertinentes, para que no solo se revise y se califiquen las cuentas públicas, sino que además existan consecuencias”, expresó.
Con el colmillo que le ha crecido a lo largo de tres legislaturas locales de las que ha sido parte, Fermín Trujillo, del PANAL hizo un llamado a abordar el tema con seriedad y no solo desde el atrincheramiento partidista, toda vez que así como unos cuestionan la cuenta pública de ayer, el año próximo les tocará defenderla. Es, dijo, parte del juego político.
Pero como en la casa del jabonero, en el Congreso también el que no cae resbala y al maestro se le fue una desafortunada frase que hizo recordar al verde-priista Samuel Moreno Terán admitiendo su condición de corruptos hace algunos años.
“Todos nacemos inocentes, pero en el trayecto del servicio público con hacemos delincuentes”, dijo.
Pos bueno.
La maestra Rosa Elena Trujillo, de MC tuvo una participación más bien cándida.
“El informe de resultados está muy bien elaborado pero está hecho para que sea difícil de entender y de encontrar la “ruta del peso”, así como irregularidades del gasto sin la ayuda de expertos, lo que calificó como muy lamentable ya que, aunque esté disponible al público, no es una información accesible y ese es uno de los puntos en los que se debe de legislar”, dijo.
O sea, el informe está tan bien elaborado que no entendimos ni madres. Urge legislar.
El PRI, desde luego defendió el informe relativo a la anterior administración estatal y ‘El Pato’ de Lucas indicó que la pandemia por el coronavirus obligó a las administraciones públicas de todo el mundo, en la que por supuesto se incluye a Sonora, a tomar decisiones urgentes, inéditas, arriesgadas e impopulares, en las que no había tiempo que perder ni antecedente o protocolo que marcara un rumbo preciso o una estrategia conocida y probada a seguir.
“Las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo este importante ejercicio de fiscalización implicó la suma de mujeres y hombres ejemplares, quienes de manera escrupulosa fiscalizaron más del 85 por ciento del total de los recursos destinados a los tres poderes del Estado, a sus entes autónomos y a 72 municipios que conforman la geografía política de nuestra entidad. De esa magnitud y alcance fue el trabajo realizado por el ISAF en plena pandemia COVID-19”, aseveró.
Y así, posicionamientos vemos, sanciones no sabemos.
II
Sin salirnos del Congreso, sigue avanzando el proceso de integración de comisiones. Uno de los más acertados nombramientos en la presidencia de una de ellas, la de vivienda, es la de Ely Sallard.
Con más de 32 años de experiencia en los sectores público y privado, la legisladora conoce como nadie todo lo relacionado con el tema y trae muchas ideas para desarrollar. Una de ellas es un programa de recuperación de viviendas abandonadas, del que pronto se conocerán más detalles. Pero de que le entiende al asunto, le entiende y muy bien.
III
El que también entiende que la antisolemnidad a veces es parte del ejercicio político, pero no es recomendable quedarse siempre en el chascarrillo es el alcalde de la capital, Antonio Astiazarán.
Después de la escaramuza con el presidente de la República a propósito de nieves y pavimentos, el alcalde de Hermosillo se fue a disfrutar un sabroso helado de pithaya, pero no se enganchó más en el tema.
Al contrario, puso manos a la obra y logró la aprobación en cabildo de un paquete de obras hasta por 550 millones de pesos que se invertirán en la construcción de 49 pavimentos nuevos con concreto hidráulico, ocho rehabilitaciones con ese mismo material en cruceros; 17 rehabilitaciones de bulevares y avenidas con asfalto y mejoras en nueve parques, cinco unidades deportivas, 3 centros Hábitat y un programa de semaforización.
O sea, el alcalde se pone a chambear sin esperar el carrito de las nieves, ya que los recursos para ejercer estas obras provienen del sector social y privado, lo cual indica el nivel de cabildeo que trae con los constructores, y la prisa por seguir reparando Hermosillo, que francamente lo necesita.
En los próximos 33 meses el pago a esos constructores se hará con el flujo de recursos del presupuesto de egresos de la capital, pero definitivamente el alcalde no se quedó nomás disfrutando su nieve y puso literalmente manos a las obras.