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COMIENZA LA RECUPERACIÓN DE LA PAZ EN SONORA

Nos resistimos a dar crédito a las versiones hechas llegar a este despacho en el sentido de que los gobiernos de Baja California, Sinaloa y Chihuahua, limítrofes con Sonora están comenzando a sellar sus fronteras ante el previsible ‘efecto cucaracha’ que podrían sufrir en los próximos días.

El ‘efecto cucaracha’, como el policiaco lector, la malandrina lectora lo recuerdan se registra cuando en alguna entidad del país se aprietan las tuercas al crimen organizado, se le persigue y se le castiga provocando que los malosos pongan pies en polvorosa buscando estados donde las autoridades sean más condescendientes con sus perversas acciones.

En Sonora, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río y la fiscal estatal Claudia Indira Contreras ya anunciaron la primera acción conjunta para apretar esas tuercas e iniciar la recuperación de la paz en Sonora, lo que seguramente puso a temblar a los sicarios que asuelan casi todo el territorio estatal en sus disputas por las plazas más codiciadas.

Y esa primera acción es, escóndase sicaria lectora; huya, mariguanero lector, la firma de un convenio de colaboración por la paz con los 72 alcaldes de Sonora. Pero eso no se quedará ahí. También firmarán oooootro convenio, éste con la ciudadanía representada en cámaras empresariales, escuelas, asociaciones civiles y grupos de vecinos.

No quiero imaginar la estampida de malandros que provocará todo esto.

De acuerdo con la propia secretaria de Seguridad, “este esfuerzo y esta construcción de nuevas y distintas estrategias se verán reflejadas en los municipios prioritarios. Con la suma del trabajo de todos, transformaremos al estado a ras de suelo para alcanzar una Sonora de paz”, según escribió en su cuenta de tuiter.

Obviamente los delitos del fuero común y sobre todo los de alto impacto son un problema gravísimo que se ha vuelto espeluznante en los últimos años y no se podrá terminar con él de la noche a la mañana, pero desde este humilde despacho confiamos en que con la firma de unos 15 o 20 convenios más ya los sonorenses podamos volver a sacar el catre para dormir en el porche, a gusto.

PD.- ¿Alguien sabe en qué quedó el famoso mando único policial anunciado como una de las medidas urgentes que tomaría este gobierno en materia de seguridad?

Yo tampoco.

Cuando se quiere, se puede.

Aunque ya fue aprobada la reforma constitucional para implementar en Sonora el llamado parlamento abierto, la mayoría de los cabildos no han hecho lo propio; sin embargo, a propuesta de Natalia Rivera Grijalva la Comisión de Fiscalización acordó trabajar en su primera sesión bajo los lineamientos de ese sistema.

El parlamento abierto tiene como premisas fundamentales la democratización de la toma de decisiones y la transparencia en el ejercicio legislativo para que los temas abordados por las y los legisladores queden bajo el escrutinio público y todos sepamos, ahora sí que para citar a un clásico, quien es quién en el Congreso.

La Comisión de Fiscalización, que preside la misma Natalia Rivera sesionó ayer bajo uno de esos esquemas, transmitiendo en vivo las cuatro horas que duró la sesión en la que compareció el Auditor Mayor de Hacienda, Ramón Moya Grijalva para abordar el tema de las cuentas públicas del estado y los municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Esta es la primera vez que una sesión de esa comisión se transmite íntegra, de manera que cualquier ciudadano interesado pueda informarse vía redes sociales de lo que allí se discute; asimismo todos los documentos que se expongan deberán ser considerados públicos para permitir ese ejercicio de transparencia.

En esta primera sesión se hicieron observaciones y se plantearon dudas sobre el destino del gasto público tanto del gobierno del estado como de algunos municipios y del propio Congreso, lo que anticipa un debate intenso cuando el tema llegue al pleno.

Por lo pronto, bien por la voluntad de transparentar el ejercicio legislativo pese a que la reforma para incorporar la figura de parlamento abierto todavía no cuenta con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los cabildos sonorenses, pero eso habla de la voluntad para avanzar en mejores prácticas legislativas.

Cebolla finamente picada

“El tricolor en su laberinto” podría ser el título -poco original, pero llegador-, para la novela que está escribiéndose por estos días a propósito de la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador y para la cual necesita los votos que no tiene, ni siquiera con sus aliados en la cámara de diputados federal.

Y esos votos no vendrían de otra parte que del PRI, pues el PAN y el PRD, compañeros coyunturales de viaje en la pasada contienda electoral ya adelantaron que votarán en contra.

Así, el tricolor se encuentra entre la espada del presidente y la pared de su tembeleque vocación opositora. Entre su añoranza por el nacionalismo revolucionario que incubó lo que hoy se conoce como Morena, y el coqueteo con las políticas neoliberales que tanto le redituaron económicamente a sus más encumbrados personeros, pero tan costosas le resultaron electoralmente.

Entre la amenaza presidencial de ser exhibidos como traidores a la patria (como si no lo hiciera a diario), y la amenaza de ser exhibidos como traidores a una coalición que vendió con regular éxito la idea de una opción opositora.

La decisión no es sencilla y el dirigente nacional del PRI está siendo fuertemente presionado por todos los flancos, ante lo cual optó por una graciosa huida hacia la socialización de la propuesta, la consulta popular y cualquier cosa que le permita ganar tiempo y no salir tan raspado de esta encrucijada.

Spoiler: el PRI le va a dar al presidente los votos que necesita para completar las dos terceras partes del quórum legal en la sesión donde se discuta y se apruebe la reforma. Conseguirá un poco de oxígeno morenista para seguir vivo, pero no lo suficiente para su recuperación en el mediano plazo.

Y el presidente estará feliz, feliz, feliz porque además de sacar adelante su reforma, dinamitará una nueva alianza opositora que, aunque quiera minimizarla, le abolló seriamente la corona al grado de que hoy tenga que apelar a sus ex correligionarios priistas para recuperar terreno.

Se pondrá intenso, de eso no hay duda.

VILLALOBOS, EL CAPITÁN MIL HORAS Y SIETE VIDAS

Corrían los días del verano de 2015 y la campaña de Claudia Pavlovich no prendía del todo, después de un arranque más que desangelado en Hermosillo, Navojoa y Cajeme.

La campaña no prendía por obvias razones, entre las que se cuenta el conflicto interno en el tricolor tras el nuevo descarte de Ernesto Gándara al que todos daban como seguro candidato a la gubernatura, y el poderoso apoyo del aparato estatal en ese entonces comandado por Guillermo Padrés a su candidato Javier Gándara.

Después de más de un mes de campaña las cosas comenzaron a cambiar. A Javier Gándara le pesó demasiado la carga negativa del entonces gobernador, de quien nunca tomó distancia y mucho menos se deslindó, y los operadores de Claudia Pavlovich relanzaron una ofensiva mediática que dio en el clavo de las corruptelas padrecistas resumidas en un eslogan que recogía el descontento y alimentaba la esperanza: “Lo bueno es que ya se van”.

Por esos días, cuando Morena ni siquiera aparecía en el mapa político-electoral se llevó a cabo en Guaymas un evento de la candidata del PRI teniendo como sede el Hotel Playas de Cortés, precisamente de la familia Gándara. El dato es relevante porque para ese entonces se habían limado casi todas las asperezas y los priistas ponderaron la unidad que, de no haberse dado, habría repetido la historia de la derrota seis años atrás, cuando la candidatura de Alfonso Elías Serrano provocó la diáspora que le abrió paso a Padrés.

El tema en ese evento era el de la salud. Allí el principal orador, el que presentó el plan de la candidata en la materia fue un impecable profesional de la medicina que a la postre sería el titular de la Secretaría de Salud: Gilberto Ungson.

Pero entre la concurrencia hubo muchos cuchicheos y no pocas cejas arqueadas. Al lado de la candidata apareció, sonriente y despreocupado el señor Mario Villalobos García, el sempiterno dirigente sindical de los trabajadores de la salud, tanto estatales como federales.

La sorpresa tenía sentido. Villalobos ha tejido una larga y negra historia de charrismo sindical, componendas sospechosas, pactos de conveniencia que le han permitido no solo la sobrevivencia en el privilegio de la cúpula sindical, sino un poder desmesurado que le ha permitido vendettas personales, agandalles y sobre todo, plazas, muchas plazas para amigos y familiares, sin contar la nutrida flota de aviadores en la nómina gubernamental, donde sigue nadando a sus anchas.

Lo hizo con gobernadores priistas, lo hizo con Guillermo Padrés y lo sigue haciendo con Alfonso Durazo, a cuya campaña también se sumó alegremente. A Villalobos se le conoce como ‘El capitán mil horas’ por su conocida vocación por la aviación en la nómina, pero también como ‘El siete vidas’ porque ha transitado con singular frescura por administraciones de distinto signo partidista.

Hoy, que en su plan de austeridad el gobernador Alfonso Durazo ha anunciado una cruzada contra los aviadores, veremos qué tan en serio se toma esa empresa cuando le toque toparse con el señor Villalobos y el poder que ha acumulado para librar incluso órdenes de aprehensión y toda clase de investigaciones.

Sobre este tema, el gobernador informó que se detectaron 4 mil 900 servidores públicos que no presentaron su declaración patrimonial, por lo que -sin imputar a nadie y sin adelantar juicios-, podría tratarse de personas que cobran puntualmente sus quincenas sin presentarse a trabajar. Aviadores, pues.

Solamente en la Secretaría de Salud hay 694 personas que por alguna razón omitieron ese trámite de ley; en el Isssteson 637, en la Secretaría de Educación y Cultura 2 mil 610, por citar aquellas en las que se registraron más omisiones.

Ciertamente no podría asegurarse que todos son aviadores, pero ya la contraloría a cargo de Guillermo Noriega se encargará de aclararlo.

Qué nervios.

II

Y a propósito del sector salud, revelador dato el que dio Jesús Manuel Acuña, director del Isssteson: ocho por ciento de los jubilados y pensionados se llevan el 25 por ciento de todo el recurso para los ex trabajadores afiliados a esa institución.

Se trata de las llamadas ‘megapensiones’ o ‘pensiones doradas’ que llegan a rebasar en algunos casos los 200 mil pesos mensuales y esa es una de las muchas sangrías que tienen a la institución al borde de la quiebra, o por lo menos en la insolvencia que ya provocó retrasos en los pagos.

Esta quincena, se pagará a pensionados y jubilados que cobran pensiones entre dos mil y 44 mil pesos, dejando para la semana entrante a los que tienen pensiones más altas.

El gobernador anunció ayer también que se encuentran estudiando alguna estrategia jurídica para revertir esa situación, algo que se ve sumamente complicado porque la retroactividad de la ley no aplica en perjuicio de persona alguna. O para decirlo llanamente, quienes hoy gozan de esas jugosas pensiones lo seguirán haciendo, ya que no es ilegal aunque, como dijo el gobernador, sea inmoral.

Si a la nueva administración le sirve de consuelo, vale apuntar que la situación podría ser peor, si no es porque en el segundo año del gobierno de Claudia Pavlovich, el entonces director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras promovió (y ganó) un amparo en la Suprema Corte para impedir que más de mil jubilados y pensionados (o en vías de serlo) cobraran sus pensiones a partir del salario bruto, que incluye las famosas compensaciones con las que se disparaban los montos.

Ese amparo dejo intocadas (por efectos de la citada irretroactividad de la ley) las pensiones de ese ocho por ciento que inopinadamente desangra el fondo de pensiones, pero evitó que una muy nutrida horda de aspiracionistas ingresaran en masa a esa casta de privilegiados.

Veremos cómo lidia este torito el nuevo gobernador.

DE NOVATADAS, PIFIAS Y COSAS PEORES.

Qué macizo se han de estar dando cabezazos contra la pared quienes invitaron a Lilly Téllez para que fuera candidata al senado de la República, donde se ha convertido desde su bajísimo perfil político en un verdadero tormento para el partido que la postuló.

La maldición de Lilly ya le cayó encima al mismísimo presidente de la República que ayer anunció su negativa a asistir a la sede del Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que esta vez condecorará merecidamente a Ifigenia Martínez, una mujer de larga trayectoria en la lucha de la izquierda, desde aquellos años en que abandonó las filas del PRI para construir una opción alternativa al bipartidismo PRI-PAN que entonces dominaba el escenario electoral.

Un solo tuit de la comunicadora anticipando una recepción especial para el presidente bastó para que éste reculara y, bajo el argumento de no poner en riesgo su investidura, anunció que no asistiría a esa ceremonia cuyo protocolo dispone que solo dos personas hagan uso de la voz: la presidenta del Senado, en este caso Olga María Sánchez Cordero y la galardonada.

Pero al presidente no le va bien en escenarios no controlados. Ya lo retuvieron en Chiapas los profesores de la CNTE, obligándolo a permanecer dentro de su camioneta blindada durante más de dos horas; hace dos días, damnificados por los huracanes en el sur del país irrumpieron en un evento obligándolo a abandonar el recinto fuertemente custodiado por militares de alto rango, después de prometer que todos los damnificados recibirían sus apoyos.

Ya en una ocasión, López Obrador se negó a recibir a Javier Sicilia y a Adrián Le Barón, activistas por la justicia a desaparecidos y asesinados, bajo el mismo argumento de no comprometer su investidura.

Tienen razón los morenistas que consideran a Lilly Téllez una pieza muy menor en el tinglado político y que el presidente no tiene por qué darle foro. Aunque no pensaban eso (o si lo pensaban no lo dijeron) cuando la hicieron candidata encabezando la fórmula que llevó como segundo de a bordo a Alfonso Durazo.

A estas alturas se sabe que Morena no necesitaba de la comunicadora para barrer en las elecciones de 2018 en Sonora, pero ya es demasiado tarde. Morena la llevó al Senado y al poco tiempo renunció a la bancada guinda para sumarse a la del PAN y desde entonces se les ha convertido en una piedra en el zapato.

Téllez nunca ha sido, ni remotamente simpatizante de la izquierda. Tampoco obradorista. Si se recuerda, en sus videocolumnas previas a la elección 2018 le tundía con todo al hoy presidente y no lo bajaba de populista y demagogo.

No sé quién convenció a Alfonso Durazo, o al propio presidente de que no había un mejor perfil en Sonora y que era una buena idea invitarla como cabeza de fórmula al Senado y las consecuencias están a la vista.

No solo les clavó un puñal en la espalda a los morenistas sino que, quién lo dijera, se ha convertido en la voz más estruendosa de la oposición, al grado de que no son pocos quienes la ubican como un cuadro a considerar como candidata a la gubernatura en 2024, si bien ella ha declinado desde ya esa oferta.

Hoy, aunque traten de minimizarla, la comunicadora les está sacando canas verdes.

Mención aparte merece el hecho de lo jodida que está la oposición si está pensando en ella para que los represente en futuras contiendas acá en Sonora.

Cebolla finamente picada
Por inexperiencia, por ineptitud, por grillas baratas o por las tres cosas juntas, pero la primera oportunidad para lucir a Sonora en la aldea global se desperdició.

El mundial de beisbol Sub 23 fue un evento que prácticamente pasó desapercibido. Peor aún, si se supo de él fue por dos temas:

1.- Las declaraciones de los dirigentes de Canaco Cajeme que solicitaron al crimen organizado una tregua o que cuando menos se tomaran unas vacaciones de diez días para aparentar un estado de paz y tranquilidad durante el tiempo que durase el torneo. No se logró. De hecho, el fin de semana antepasado en Cajeme se contabilizaron 15 asesinatos a balazos.

2.- La fuga de 12 jugadores de la selección cubana, algo que suele suceder con delegaciones deportivas que llegan desde la isla y cuyos integrantes aprovechan para dejar un polvaredón, más si se encuentran a un lugar que está a unas cuantas horas de la frontera con Estados Unidos.

Una pena, sobre todo por las altas expectativas que se tenían para lucir un evento que además, hubiera hecho quedar muy bien a sus organizadores ante los ojos del presidente que, como se sabe es un fanático de este deporte y ha canalizado muchos recursos para impulsarlo.

Ahí para la otra.

Y para pifias, la que se aventó la persona que maneja las redes sociales del Registro Civil, al retuitear y dejar por un buen tiempo colgada en la cuenta institucional una fotografía de un guapote gay que desató el furor y detonó las calenturas de los tuiteros, con más de 550 likes y comentarios sexosos desde cuentas que difunden sobre todo porno gay.

Un errorcillo que a veces sucede cuando alguien confunde la cuenta personal con la institucional y saca a relucir sus pasiones. O cuando esos funcionarios manejan varias cuentas, incluyendo trolls lo mismo para grillar políticamente que para darle rienda suelta a temas que por su condición de servidores públicos no pueden manejar en las suyas propias. Normal en funcionarios públicos de estreno. Como ese, vamos a seguir viendo varios, acuérdense.

LAS TENTACI0NES DEL DINERO NO DISTINGUEN MILITANCIAS
La mayoría de los involucrados en el ramalazo periodístico conocido como Pandora Papers, que enlista a empresarios, políticos y funcionarios públicos mexicanos ligados a millonarias transacciones financieras en paraísos fiscales mediante empresas fantasma, poseen fortunas acumuladas durante los años del viejo régimen.

De hecho, varios de ellos aparecieron en el primer trabajo del Consorcio de Periodistas de Investigación, una organización en la que participaban reporteros de 76 países cuando dieron a conocer los resultados de sus sigilosas pesquisas. Hoy la lista de periodistas y países participantes ha aumentado.

Pandora Papers salió a la luz en 2016 y desde su condición de político de oposición, Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación a fondo pues el asunto olía muy mal y con razón. Esas firmas financieras se utilizan generalmente para evadir impuestos, esconder fortunas (eventualmente mal habidas) y en el peor de los casos, para lavar dinero de procedencia dudosa, por no decir del crimen organizado.

Cinco años después llama la atención que en la nueva revelación periodística aparezcan personajes ligados al gobierno federal, algunos de ellos muy, pero muy cercanos al ahora presidente de la República.

El asunto es serio porque evidencia que la tentación de incurrir en actividades que si no tipifican como lavado de dinero y delincuencia organizada sí se parecen mucho, no es exclusiva de la tecnocracia rapaz del periodo neoliberal sino que alcanza a importantes personajes de un gobierno que ha hecho de la honestidad su estandarte.

Apenas en el despacho del viernes comentábamos la inconformidad que comienza a crecer en el partido gobernante por la inclusión de personajes provenientes de otros partidos, que no solo les arrebatan a militantes de Morena candidaturas y cargos públicos, sino que llegan con las malas mañas aprendidas en su paso por la política desde otras trincheras. Pues bien, hoy queda claro que las tentaciones agarran parejo.

Julio Scherer Ibarra, a quien el presidente considera su hermano, era hasta hace unas semanas su director jurídico y es uno de los nombres que más cejas ha arqueado por la sorpresa ya que aparece como administrador de un departamento en Miami valuado en 1.5 millones de dólares. También aparece relacionado con una empresa que provee al gobierno federal del servicio de comida en las cárceles mexicanas, un negocio multimillonario que le valió ser parte de un expediente judicial abierto desde hace un par de años.

Armando Guadiana fue militante del PRI hasta 2012, partido por el cual fue diputado local décadas atrás; hoy es un pintoresco senador por Morena que ha amasado una gran fortuna con la explotación de minas de carbón en Coahuila para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad. Además de aparecer en un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, el senador reconoció en entrevista que no declaró 28 millones de dólares en su declaración patrimonial porque ‘se atontó’.

Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes tiene una trayectoria más ligada al sector empresarial, aunque fue asesor de Pemex durante los gobiernos priistas de los 70’.

Hoy aparece como propietario de una empresa también en aquel paraíso fiscal, que tampoco incluyó en su declaración patrimonial.

Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, aunque él la haya negado como concubina para librar el escándalo de sus propiedades no declaradas argumentando que estaban a su nombre, pero ninguna relación tenía con ella. Ahora aparece vinculada a una empresa creada en Panamá y propietaria de una cuenta bancaria en Las Bahamas.

El escándalo es una verdadera caja de Pandora en todo el mundo, pues involucra a políticos, empresarios, funcionarios y artistas de diversas nacionalidades. En el caso de México no extraña que aparezcan nombres como el de Germán Larrea, María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir entre los empresarios enlistados en el reportaje. Sus fortunas siempre han estado bajo la sospecha de un crecimiento desorbitado al amparo del poder político en el viejo régimen.

Extraña, sí, que aparezcan personajes cercanos al primer círculo del presidente López Obrador que ahora tendrá que salir a explicar el tema, aunque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto ya adelantó que abrirá una investigación sobre todos los mencionados.

Spoiler: por lo menos a la gente cercana al presidente no les pasará nada.

II

Y a propósito de bandidos, Ricardo Anaya continuó con su miniserie ‘El Perseguido’, denunciando ahora que el verdadero beneficiario de los sobornos presuntamente destinados por la empresa Odebrecht para comprar el voto de diputados por la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto es Emilio Lozoya, quien se quedó con seis millones de dólares que le habrían sido entregados para tal fin.

En su tercer video de la miniserie, el ex candidato panista acusa que los seis millones de dólares fueron depositados, según la declaración de un socio de Lozoya, por ‘una persona de Hidalgo’ (se refiere a Fabiola Tapia Vargas) quien falleció en octubre de 2014, poco después de la entrega de ese dinero.

Anaya debe saber muy bien lo que es utilizar a terceras personas (acreditando su identidad con su INE y otros documentos) pues los panistas tienen experiencia en esos menesteres.

Durante el padrecismo, ese procedimiento se utilizó para la operación de compraventa de un terreno valuado en 36 millones de pesos ubicado en el vado del río en Hermosillo. Don Trini (Trinidad Ayala Valencia) apareció como el propietario de ese terreno, siendo que el señor es un modesto cantinero de Navojoa.

El ayuntamiento de Hermosillo, presidido entonces por Javier Gándara utilizó su nombre y credencial de elector para escriturar unas 30 hectáreas vendidas al entonces presidente del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo.

También una señora de Álamos, de nombre María Amanda Mendoza fue utilizada mediante ese mismo procedimiento para hacerla aparecer como socia mayoritaria de una empresa minera utilizada para blanquear millones de pesos en empresas de los hermanos del gobernador Padrés. La señora murió por esos mismos días, en las mismas condiciones de pobreza extrema que vivió siempre.

En resumen, eso del blanqueo de dinero, triangulaciones financieras sospechosas, empresas fantasma y demás siguen siendo moneda corriente en la clase política y empresarial, indistintamente de la filiación partidista.

III

Cerramos con otra historia de terror. Ayer por la noche fue baleado en conocido restaurante de San Carlos el policía municipal Jesús Eduardo Manjarrez Covarrubias (‘El Chapo Manjarrez).

En agosto del año pasado circuló en redes sociales la grabación de una conversación telefónica presuntamente entre esta persona y el director de la Policía Municipal de Guaymas, Andrés Humberto Cano Ahuir. En ese diálogo, el jefe le ordena al subordinado proceder contra un par de agentes de la corporación que estarían ligados a grupos criminales en el puerto. Una de las personas mencionadas apareció muerto días después.

Cano Ahuir fue ratificado en su cargo por la actual alcaldesa del puerto, Karla Córdova, condicionando el cabildo su permanencia a una ‘prueba’ de tres meses.

El agente Manjarrez fue perseguido y baleado por personas armadas y alcanzó a llegar a las instalaciones de la Policía Estatal de Seguridad Pública, de donde lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

El puerto sigue caliente.