JUSTICIA Y PAZ PARA EL PUEBLO YAQUI
Si de algo sirvió la solicitud de perdón a la tribu yaqui y la firma del Plan de Justicia fue para confirmar la voluntad personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para visibilizar la compleja problemática de la etnia y trazar acciones concretas para ayudar a superar el atraso en el que viven.
Si esas acciones son correctas y se traducirán en la prosperidad y el desarrollo prometidos, es otro boleto, pero voluntad sí hay.
Y sirvió también para otra cosa: para comprobar los resabios de discriminación, clasismo, desprecio y racismo es una parte de la sociedad sonorense donde históricamente se ha arraigado la idea de que, por antonomasia los indígenas yaquis son huevones, mantenidos, borrachos y drogadictos.
Se oye feo, pero lamentablemente mucha gente reacciona de esa manera ante la sola mención de la etnia más representativa del estado, borrando deliberadamente de un plumazo su historia llena de abusos pretorianos, sojuzgamientos y masacres; intenciones de exterminio para despojarlos de lo único que tienen en su condición de pueblo originario: las tierras, el territorio, los recursos naturales…
Y cuando no ha sido por la fuerza ha sido por la vía de un asistencialismo populista que parte de la visión yori, imposibilitada para interpretar el mundo a partir de la cosmogonía indígena donde conceptos como acumulación, capital, propiedades tienen otro valor y significado. O tenían, porque esa cosmogonía se ha ido modificando con el correr de los años precisamente a partir de la transculturización que incluye la interacción social y política con los yoris y sus intereses muy bien definidos. Pero bueno, esa es materia para sociólogos y etnógrafos y mejor se la dejamos a ellos antes de caer en el otro extremo, el de la victimización a ultranza de los yoremes.
Lo destacable es que el plan de justicia para la etnia propuesto e implementado por el presidente López Obrador es el más ambicioso desde el famoso decreto de Lázaro Cárdenas del Río que regresaba a la tribu su territorio y su agua y que por cierto nunca se ha cumplido a cabalidad.
Básicamente ese plan contempla la restitución de más de dos mil hectáreas de territorio, 600 millones de metros cúbicos de agua que serán administrados por la propia etnia a través de un nuevo distrito de riego (018) y obras de infraestructura y equipamiento urbano; un hospital y una universidad; todo con una inversión proyectada de 11 mil millones de pesos.
Imposible no mencionar la parafernalia montada para hacer pasar la firma de este plan como un acto histórico de justicia, que no deja de palidecer cuando se observa a través de la realidad concreta y actual de la etnia, aunque se tuvo buen cuidado de no meter a la agenda de la gira el tema de la presencia del crimen organizado, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los reclamos de justicia que levantaron integrantes de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos yaquis.
Ellos no fueron invitados, pero se hicieron presentes.
Tuvo que ser el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas quien recordara a los líderes yaquis recientemente asesinados: Tomás Rojo Valencia y Luis Urbano Domínguez Mendoza. Cárdenas también metió en la agenda el tema de la ilegalidad del acueducto independencia, solicitó su cancelación y el juicio para quienes lo construyeron y operaron. Un trompo que, ténganlo por seguro no se echarán a la uña ni el presidente ni el gobernador de Sonora.
Los discursos, floridos, sentidos y llenos de citas históricas, remembranzas guerreras, evocaciones heroicas y promesas de que ahora sí, la justicia llegó para quedarse y reverdecer en la nación yoeme.
Solo el tiempo dirá si este plan marca un antes y un después en la vida de los indígenas yaquis. Si las miles de hectáreas que se abrirán al cultivo serán trabajadas por ellos mismos para su propio beneficio o se extenderá el rentismo del que actualmente viven muchos de ellos o si el agua verdaderamente les va a llegar, porque los volúmenes no dependen de un decreto, sino de la generosidad o pichicatería de la naturaleza, y de la administración de ese recurso, muy disputado por los productores agrícolas de la parte baja de la cuenca del Río Yaqui.
Veremos qué pasa.
II
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó ayer la reforma propuesta por la diputada Natalia Rivera Grijalva para institucionalizar la figura de Parlamento abierto.
El tema no es menor, pues en adelante, aquellos asuntos especialmente polémicos y de marcado interés público tendrán que pasar por un proceso de análisis y discusión en foros abiertos, con la participación de especialistas antes de ser aprobados por los legisladores y legisladoras que, dicho sea de paso cuentan entre sus filas a más de cuatro que carecen de la formación, la experiencia y el bagaje conceptual para entender ciertos temas y terminan votando prácticamente a ciegas, acatando la línea partidista.
No en balde la sátira popular los rebautizó desde hace mucho con el zahiriente epíteto de ‘levantadedos’ en una generalización que ciertamente aparece injusta para quienes sí han forjado capacidad de discernimiento o por lo menos tienen la voluntad para asesorarse bien.
El punto es que la iniciativa de Natalia Rivera no dejará lugar a los pretextos para que esta legislatura le entre en serio a la democratización de la toma de decisiones, socializando entre la comunidad y/o los sectores afectados con determinados temas, la conveniencia y viabilidad de los mismos.
De hecho esto se discutió mucho en la sesión del jueves pasado, pues la iniciativa de reforma al artículo 29 constitucional (que contiene este tema) ya había sido presentada por la legisladora priista y aprobada por el pleno, pero faltaba (falta aún) la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos (37), así como la reglamentación respectiva, que fue aprobada ayer por unanimidad con las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso.
Aunque la bancada del PRI votó en esa ocasión a favor del matrimonio igualitario, una de las diputadas que con mayor insistencia apeló a la voluntad democrática de los parlamentarios para no precipitar la decisión (además de la panista Alejandra López Noriega) fue Karina Zárate, que ayer fue reconocida por la proponente Natalia Rivera.
Karina, dijo su correligionaria, apuntaba con gran congruencia, compromiso y consistencia con su forma de hacer política y campaña, la necesidad de ir a su distrito, donde fue votada y donde debe la palabra de regresar y dialogar todos los asuntos relevantes como el que en ese momento se debatía.
Pues bien, las legisladoras y legisladores tendrán a partir de ahora la obligación legal de escuchar a los agentes sociales involucrados en la temática de las iniciativas que vayan a ser dictaminadas.
III
Nadie se llame sorprendido por la reaparición del ex gobernador Guillermo Padrés en un evento del PAN en Huatabampo. Solo confirma las versiones en el sentido de que el cananense prepara su regreso a la actividad política desde ese vértice donde converge el antipriismo que en el PAN siempre se opuso a la alianza con el tricolor, y en no pocos cuadros blanquiazules afianzados en Morena.
Shirley Vázquez, la diputada federal y Francisco Vázquez, el secretario particular del gobernador Alfonso Durazo son apenas dos muestras representativas de esos apoyos en el sur del estado, pero sin lugar a dudas los hay en el resto de los municipios.
La reaparición del ex gobernador coincidió con el encuentro de la etnia yaqui con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde Cuauhtémoc Cárdenas le solicitó la cancelación del acueducto independencia y a quienes lo construyeron y operaron (siguen operando) ilegalmente.
Dada la coyuntura y compromisos actuales, puesto a elegir entre Cuauhtémoc y Padrés, lo más probable es que Alfonso Durazo se decante por el segundo.
Spoiler: el acueducto seguirá operando. Y también el ex gobernador.
