por Arturo Soto Munguía
Debió ser durante la campaña electoral de 2018, cuando Alfonso Durazo despuntaba como el candidato de Morena al Senado, que el ya fallecido comunicador Óscar “El Chapo” Romo le dio con saña en una de sus columnas.
No recuerdo exactamente a propósito de qué fue el madrazo, pero pudo ser por cualquier cosa. “El Chapo” Romo nunca simpatizó con las causas de la izquierda y el entonces precandidato de Morena no era, ni cercanamente, alguien que le suscitara alguna simpatía y así lo hacía patente en sus publicaciones, en las que a veces se ensañaba, filoso como era.
Pero ese no es el punto. El punto es que después de aquel sabanazo asestado al de Bavispe, este me reclamó en su cuenta de Twitter sobre lo que el otro Chapo había escrito. Le respondí que tales cosas no habían salido de mi pluma y que obviamente me estaba confundiendo.
Durazo lo tomó bien. Reconoció la confusión y, político como es, aprovechó para invitarme un café y conversar sobre los temas de la coyuntura. Desde luego que acepté y otro día nos encontramos en el restaurante de un hotel del norte de la ciudad.
Fue una plática larga y cordial sobre los temas de coyuntura y me llamó la atención la apertura mostrada incluso para asumir algunos cuestionamientos a propósito de la inopinada incorporación de muchos personajes que ya estaban viendo el crecimiento de la ola obradorista y sin más, buscaban el promisorio vuelo del columpio en el frondoso árbol de la nómina.
Algunos, le comenté, de muy mala fama y catadura.
Hizo una disertación sobre el carácter amplio e incluyente del movimiento y sobre las ventajas de sumar a todo aquel que coincidiera en terminar con la hegemonía del grupo político que durante 30 años había gobernado el estado de Sonora.
Me pareció una posición congruente con las batallas que Durazo comenzó a librar desde aquel fatídico 1994, pero manifesté mis dudas sobre ciertos personajes que podrían resultar peores entre los peores de aquellos que habían pasado por al menos uno de los gobiernos que el obradorismo pretendía derruir.
-¿Como quiénes?, preguntó.
Hubo varios que se me vinieron a la mente, pero sin duda uno de los más nocivos a la vista era un tal Alfonso Canaan, que ya andaba presumiendo desde entonces su cercanía con el candidato, desde su reconocida vocación delincuencial.
Durazo esbozó una media sonrisa y, ante la pregunta de que si no iban a establecer filtros para prevenir el arribo de esa calaña, me dijo que en esa etapa no. Que la premisa era acabar la era del priismo (y de esos seis años de panismo) en Sonora, pero que una vez conquistado el gobierno, sí serían más cuidadoso con las incorporaciones.
Ha pasado tiempo desde entonces. Durazo ganó el Senado y luego ganó la gubernatura. A su proyecto se ha incorporado mucha gente buena, que afortunadamente sigue siendo más que la no tan buena o la -de plano- mala o muy mala.
Reconozco que cuando supe que ese tipo, Canaan, fue sumado a un cargo en el gobierno de Durazo se alimentó el desencanto, pero bueno, lo entendí a partir de la dualidad de Morena como partido y como movimiento. Como partido en la búsqueda del poder, que es la vocación de todo partido, y como movimiento que en aras de ello, incorpora y suma toda clase de fuerzas que ayuden al objetivo. Aunque algunas, más que fuerzas sean debilidades.
No haré el recuento de trapacerías y penas ajenas del tipejo en mención. Solo diré que hoy, después de unos cinco años de aquel encuentro, el tipo se encargó de mercantilizar para su personal usufructo una lucha que muchos morenistas iniciaron desde aquellos años y de la que se alejaron cuando le vieron las orejas al lobo.
Con el pretexto del libre tránsito, el sujeto comandó el lucrativo negocio de la ‘toma’ de casetas de cobro en la carretera internacional 15, a la que ha vuelto incluso siendo funcionario público y alentando a un puñado de ‘activistas’ a volver a tomar las casetas, lo cual no debe tener muy contento al gobernador.
Antier lo volvieron a hacer, y antier mismo fueron desalojados por la policía estatal. A partir de esto, el sujeto en mención presentó su renuncia al cargo que ocupaba en CECOP, lo cual podría significar un respiro para el gobierno de Durazo, que se sacude un alacrán de la espalda, pero se echa otro encima porque ahora tendrá que lidiar con un tipo que, a confesión de parte (hay videos con sus testimonios) tiene vínculos con el crimen organizado y sus seguidores (también hay testimonios en los videos del desalojo en la caseta de Esperanza) han puesto en la mira al gobierno de López Obrador y al propio presidente.
No sé en qué vaya a parar esto, pero no pude evitar recordar aquel momento en el que le pregunté al entonces candidato al senado sobre los filtros y me dijo que en campaña no había, pero en el gobierno sí.
No los hubo, y aquí habrá consecuencias porque en vía de mientras, hay 12 personas detenidas por el bloqueo carretero; un funcionario que renunció (¿renunció?) y un ‘movimiento’ muy raro por el libre tránsito.
II
El proceso para elegir al nuevo comisionad@ del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya entró en la ruta del litigio federal, después de que el Tribunal Estatal Electoral desechó el recurso presentado por la Bancada Naranja argumentando vicios de origen que violentaron el procedimiento.
Esta es una historia que comenzó el 1 de abril pasado con la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del ISTAI para asumir el cargo de consejera presidenta del INE. En una primera interpretación de la ley, correspondía a su suplente, Rebeca Fernanda López Aguirre, pero en la Cámara de Diputados se interpretó de un modo distinto la ley y designó a López como presidenta interina (cargo que no existe en la ley respectiva), y no por el tiempo que le restaba a la propietaria, es decir, siete años.
Ahí empezó a enredarse el proceso porque la mayoría de Morena y sus aliados decidieron que Rebeca López asumiera el cargo interinamente en lo que la Comisión de Transparencia del Congreso abría un nuevo proceso para elegir a quien ocuparía el cargo por el plazo de siete años.
Desde el principio se percibió la intención de impulsar perfiles más cercanos a la 4T que el de López Aguirre, hija de una reconocida militante y exlegisladora priista.
Pero el proceso se enredó. La convocatoria establecía que la lista de aspirantes se publicaría el 9 de mayo, pero la Comisión amplió ese plazo hasta el día 15. En ese entonces corrió la versión de que estaban abriendo la oportunidad a que la exfiscal Claudia Indira Contreras se inscribiera como aspirante, especulando sobre una negociación con el gobierno estatal según la cual renunció a la Fiscalía antes de cumplirse su periodo, a cambio de ocupar la presidencia del ISTAI. Todo quedó en especulaciones porque la exfiscal nunca se inscribió.
Al término del primer plazo se inscribieron 11 personas; al ampliarse se agregaron tres más, entre ellas Ana Maribel Salcido Jashimoto, actual secretaria Técnica del ISTAI y a quien identifican como parte del grupo que a la distancia comanda el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y en el plano local su esposa, la diputada Karina Barreras, del PT que dirige en Sonora Ramón Flores. Hoy existen versiones de que la balanza podría inclinarse por ese lado.
El problema es que para la extensión del plazo de la convocatoria, la Comisión de Transparencia sesionó vía Whatsapp y en el acuerdo respectivo aparecen los nombres de las diputadas de MC Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo, pero no sus firmas.
Eso provocó una primera demanda ante el Tribunal Estatal Electoral por parte de ambas por lo que señalan como violación a sus derechos político-electorales “al validar el acuerdo de una sesión que no se llevó a cabo, que no sucesión, en la que no pudimos estar, opinar ni votar”, dijo Natalia Rivera en una rueda de prensa que ofreció ayer la Bancada Naranja.
Explicó que aunque el TEE tiene seis resoluciones favorables a los afectados en igual número de casos similares el suyo lo rechazaron señalando que no se aludía a derechos político-electorales, sino a derecho parlamentario.
“Creemos que hubo presiones de Palacio de Gobierno y por lo tanto desecharon de plano nuestra demanda, quizá porque darnos la razón implicaba tumbar todo el proceso, destituir a la presidenta interina y reiniciar el proceso desde el punto en que se encontraba antes de la primera convocatoria”, explicó.
Ayer mismo, las diputadas Rivera y Trujillo presentaron una nueva denuncia en la sede del TEE, que será turnada a la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, donde confían en que les den la razón y se reponga el procedimiento.
III
En esa misma rueda de prensa, el diputado Ernesto “El Pato” de Lucas llamó al gobierno del estado a sacar las manos del proceso en el ISTAI, y aprovechó el momento para denunciar que la empresa responsable de dar mantenimiento a los elevadores del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde murió una niña prensada en uno de ellos, cuenta con contratos en 14 municipios de Sonora.
Sitraven, la empresa en cuestión tiene contratos en los hospitales del IMSS-Bienestar en Caborca, Guaymas, Cananea, Cajeme, Agua Prieta, Nogales, Navojoa, entre otros municipios.
Resaltó que la empresa nació apenas en 2018 y para 2019 ya tenía su primer contrato; a partir de allí ha firmado 17 contratos por 37.2 millones de pesos, 15 de ellos para el mantenimiento de elevadores en el IMSS.
