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Por Arturo Soto Munguía

Para nadie medianamente informado escapa la idea de que la sucesión presidencial ha entrado en sus fases finales y nos encontramos en un punto de no retorno de lo que aparece como una espiral de violencia verbal y acciones políticas que conforme se acerque más la fecha de las elecciones tensarán al máximo las cuerdas de la confrontación.

Como citábamos ayer, eso ya llegó a las calles y no se observa voluntad de alguna de las partes para bajarle el tono ni la contundencia de las acciones. El conflicto involucra a personas e instituciones: partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos, productores agrícolas, organismos autónomos y hasta la SCJN y sus ministr@s. Obviamente el presidente de la República juega un papel central en todo esto que es un terreno en el que suele moverse como pez en el agua.

Nadie sabe con precisión qué es lo que sucederá en el tramo que falta para la elección de 2024, pero la única certeza es que podríamos estar ante un proceso singularmente conflictivo tanto al interior de los partidos políticos como hacia afuera, donde comienza a bullir el caldero de una sociedad civil de animosidades en ascenso.

Contrario a otros procesos particularmente conflictivos como el de 1988, 1994 o 2006, no es la presidencia de la República la que esté en el centro de la polémica o en riesgo de decidirse en un volado. Hasta hoy, todos los estudios demoscópicos indican que la intención del voto por Morena y por su precandidata más aventajada rebasa con mucho a la intención del voto por la oposición.

No sucede lo mismo en los ámbitos regionales. En los estados, donde se disputarán los 300 distritos federales y los 32 escaños al Senado, así como diputaciones locales y alcaldías es donde la contienda se puede volver más virulenta, sobre todo por el accionar de grupos locales y poderes de facto, no todos de una reputación digamos, prístina.

Hay que abrocharse los cinturones porque muy pronto estaremos entrando a la verdadera zona de turbulencia. Más.

II

Y a propósito, sorprendió la semana pasada un misilazo de campaña negra contra el gobernador Alfonso Durazo, que pretendía involucrar a su familia en una red de narcotráfico. La publicación, aparecida en un portal electrónico desconocido hasta entonces, citaba fuentes del Departamento del Tesoro de EEUU, pero no documentaba nada.

La maniobra fue tan burda que se descalificó sola. Si hubiese una investigación sobre el gobernador y su familia, éste no entrara y saliera a la Unión Americana con la despreocupación que lo ha hecho muy recientemente, cuando incluso estuvo en Washington promoviendo el Plan Sonora de Energía Sustentable.

En realidad se trató de una falacia que por cierto ya habían intentado durante la campaña electoral de 2021.

Con la información que seguramente posee quien fungió como secretario federal de Seguridad Pública; con las relaciones que tiene el gobernador con los órganos de inteligencia del país, seguramente ya tiene algunas pistas sobre el origen de ese nuevo golpe, al que muchos le encuentran visos de ‘fuego amigo’, lo cual no suena tan descabellado considerando el ascenso de Durazo Montaño en la escala de poder del gobierno y de su partido, y las pasiones propias de la campaña sucesoria ya en marcha.

Por su relevancia en el plano nacional, Durazo puede ser un objetivo de las fuerzas políticas que se mueven en ese nivel y que participan de la lucha por el poder, que suele ser descarnada y letal.

Aunque por lo visto también trae ‘fuego amigo’ en el plano local, mas no sé si tengan los alcances para idear y operar una campaña tan nefasta como la citada, si bien en ese entorno hay algunos personajes que traen una agenda de rencores y revanchas contra el mandatario.

III

Además de los aportes culturales, la promoción del talento local y la derrama económica (calculada en 46.6 mdp), uno de los aspectos a resaltar en las Fiestas del Pitic 2023 fue el saldo blanco. Cuatro días de festejos por el 323 aniversario de Hermosillo congregaron en el centro histórico, las sedes alternar y las rutas del arte a más de 200 mil visitantes sin que se registraran incidentes mayores.

Obviamente el alcalde Antonio Astiazarán ponderó la importancia del trabajo en equipo, pues prácticamente todas las dependencias se coordinaron para lograr estos resultados, así como cuerpos de seguridad municipales y estatales e instituciones de atención de emergencias.

Si las autoridades del área de Seguridad sacaron bien el trabajo, mención aparte merece la dirección de Servicios Públicos Municipales a cargo de Sergio Pavlovich, que desplegaron operativos 24/7 para mantener limpias las sedes de los conciertos masivos, tarea nada menor considerando que los asistentes generaron nada menos que 123 toneladas de basura durante los cuatro días.

Un buen saldo en todos los sentidos el arrojado por esta edición de las Fiestas del Pitic, que cada año ponen más alta la vara para superar los aforos, la calidad de los artistas invitados, el talento local y el resto de actividades artísticas, culturales y recreativas.

IV

Movimiento ciudadano sigue sumando cuadros para su causa. Ayer, la bancada naranja anunció la incorporación a las filas emecistas del regidor caborquense Juan Murrieta, una decisión que, dijo, tomó después de reflexionar sobre su paso por la vida pública, cuyos orígenes se remiten a las luchas sociales como el movimiento de los ‘Malnacidos’ contra la tenencia disfrazada del gobierno padrecista en 2012-2103.

En el Ayuntamiento de Caborca fue contralor ciudadano durante la administración 2015-19; su afiliación política era al PRI pero desde ayer firma como integrante de la bancada naranja, que con esta incorporación ya suma 44 regidores en el estado.

Este anuncio se hizo en la Perla del Desierto, en un evento donde estuvo el dirigente estatal de MC, Manuel Scott y los diputados locales Natalia Rivera y Ernesto de Lucas. Rivera Grijalva celebró la incorporación y dijo que Juan Murrieta “representa todo lo deseable en política y eso significa que es un hombre que ha mostrado valentía al enfrentar al poder; entiende que la política es servicio y me alienta saber que ahora lo tengo como compañero de batalla”.

Por Arturo Soto Munguía

Lo ocurrido ayer en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería ser una señal de alerta sobre el rumbo que está tomando la disputa por el poder político en el país: el enfrentamiento de grupos civiles en la calle, apostando a la superioridad numérica más que a las razones, que por cierto salen sobrando cuando de lo que se trata es de avasallar al contrario, no puede ser un buen presagio.

Un grupo de simpatizantes de Morena mantenían desde hace más de un mes, un plantón en la SCJN. La manifestación, pacífica pero ruidosa; sin violencia, pero llena de simbolismos admonitorios y fúnebres, se reforzó desde el pasado 20 de mayo con gente que llegó desde Veracruz encabezada por el gobernador morenista de aquella entidad, Cuitláhuac García.

Los manifestantes exigen la cabeza (casi literal) de la presidenta de la SCJN, Norma Piña y de los ministros y ministras que han estado votando en contra de iniciativas y decretos emitidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El propio presidente mantiene desde hace tiempo, pero en las últimas semanas con mayor virulencia, una narrativa feroz contra la SCJN en general y contra la ministra Norma Piña en particular.

El presidente, los 22 gobernadores de Morena (y aliados), legisladores y dirigentes políticos militantes de la 4T están empujando en favor de una reforma constitucional para que los magistrados de la SCJN sean electos por el voto popular. Esa reforma no podrá ser mientras sus promotores no tengan la mayoría calificada en el Congreso y por eso el tema escaló hasta lo político-electoral, con el famoso ‘Plan C’ que, impulsado desde Palacio Nacional apunta a conquistar esa mayoría en 2024.

Pero ayer, una nutrida marcha convocada por organizaciones contrarias al presidente y a su proyecto de nación, desalojaron no sin violencia a los manifestantes en el plantón. Arrancaron sus carteles y lonas, destrozaron sus casas de campaña y hubo enfrentamientos físicos. La policía capitalina tuvo que intervenir para cubrir la retirada de los manifestantes.

Al margen de ingenuidades, nadie puede sostener que el plantón de morenistas contra Norma Piña es un acto civil espontáneo, pero hay suficientes elementos para creer que está alentado (y financiado) desde instancias del gobierno y su partido; de la misma forma, nadie puede sostener que la marcha que arrasó con el plantón es un acto civil espontáneo, pero hay suficientes elementos para creer que estuvo alentado (y financiado) por élites adversas al obradorismo.

Estamos pues frente a una disputa que se está dirimiendo en las calles, inflamada por una narrativa cada vez más visceral y cada vez más reduccionista en ambos bandos: izquierda y derecha, liberales y conservadores, fifís y chairos…

Vaya cosa.

Pero no es asunto menor. Ese reduccionismo ha permeado en amplios sectores sociales (de uno y otro bando) y ha dinamitado familias y relaciones de amistad, de trabajo, de estudios, de convivencia.

Entre lo ocurrido ayer en la SCJN y la posibilidad del linchamiento homicida al amparo de las turbas solo media una arenga, ya desde palacio, ya desde cualquiera de los frentes que ayer tomaron la calle y arrasaron inopinadamente hasta con las cruces en memoria de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC o los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Hay un elemento a considerar. Hasta el año pasado, las calles y las plazas, las movilizaciones sociales parecían ser patrimonio del obradorismo, mientras sus adversarios difícilmente marcaban presencia. Fue épico aquel espectáculo de las casas de campaña vacías volando por el cielo del zócalo capitalino durante un plantón convocado por la organización Frenaa, en octubre de 2020.

Era un plantón ‘de a mentiritas’ con carpas abandonadas que no resistieron un inopinado ventarrón.

Pero el 13 de noviembre del año pasado, miles de personas se manifestaron en el Monumento a la Revolución. El presidente los despreció y, minimizándolos, lanzó el reto de que llenaran el zócalo.

Le tomaron la palabra y el 26 de febrero de este año, pusieron el zócalo a reventar en una manifestación en defensa del INE. Cientos de miles se reunieron esa vez y otros tantos replicaron la movilización en las principales ciudades del país.

El presidente acusó el golpe. Se vio obligado a modificar su agenda (cosa que no suele hacer) y adelantar un informe de gobierno que oficialmente daría el 1 de diciembre, cambiándolo para el 27 de noviembre. Obviamente esa movilización rebasó cualquier otra que se haya registrado en el país, pues no se escatimaron recursos para llevar cientos de miles de personas, desde todos los estados a la manifestación.

En marzo pasado, el día 18, conmemoración de la expropiación petrolera repitió la dosis y todo el aparato de Estado operó para movilizar un mar de gente. Si desde la oposición AMLO era capaz de atiborrar el zócalo, como presidente y con el apoyo de 22 gobernadores aquello era pan comido.

Sin embargo las calles ya no son solo suyas. La manifestación de ayer, con todo y no ser multitudinaria fue suficiente para desalojar el plantón de sus afines en la SCJN.

Obviamente ese golpe no quedará sin respuesta. Si alguien tiene experiencia, capacidad y recursos para el desagravio, es el presidente y su partido.

El problema es calcular el límite de las confrontaciones callejeras, sobre todo cuando hay dos procesos electorales estatales en puerta para el próximo domingo en el Estado de México y en Coahuila. Según las proyecciones, la candidata de Morena en el primero, Delfina Gómez no tendría mayores dificultades para alzarse con el triunfo, y en el segundo, Armando Guadiana perdería ese estado para la causa morenista.

Pero en ninguna de esas entidades se descartan conflictos poselectorales ni incidentes el día de la votación.

En un contexto tan erizado y con los ánimos tan caldeados, tampoco son improbables los episodios de violencia.

Esto, más lo que se acumule rumbo al 2024, fecha de la sucesión presidencial marcarán la dinámica de esa transición y por lo que se observa, no será un lecho de rosas.

Por Arturo Soto Munguía

Fuentes regularmente bien enteradas nos aportan algunos datos que hacen previsible el relevo en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública donde despacha María Dolores del Río.

Esto, nos dicen, a partir del arribo de Gustavo Rómulo Salas Chávez a la Fiscalía estatal, opción que eligió sobre la oportunidad de ocupar un alto cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al lado de su amiga, la presidenta Norma Piña con quien guarda afectos desde sus tiempos del doctorado en la UNAM.

Salas Chávez no es nativo de Sonora, pero tampoco desconoce la realidad local. Su más reciente encargo fue el de secretario Técnico de la Mesa Estatal de Seguridad y eso le permitió hacer acopio de información clave sobre el mapa criminal en Sonora, sus actores, zonas de influencia y eventuales relaciones de esos grupos con funcionarios del ramo.

De hecho, el fuerte del nuevo fiscal, de acuerdo a lo que se ha publicado ya abundantemente son los temas relacionados con el acopio de información delicada sobre temas de seguridad, acopio que no siempre se habría realizado por las vías más ortodoxas, sino que incluirían métodos que estarían lindando los terrenos del espionaje.

Si esa leyenda urbana cobra visos de veracidad, casi ningún funcionario del área de seguridad podría tener la certeza de que en el escritorio del señor Salas Chávez no está, mínimo, alguna llamadita para ordenarle a la muchacha que ayuda en la casa la lista del mandado, para pedir una pizza o cualquier otra cotidianidad que los funcionarios públicos tienen, como cualquier ciudadano común.

El primero que cayó fue el vicefiscal Gustavo Bustamante, herencia de la administración anterior, y de allí para abajo, la ‘operación escoba’ se antoja implacable.

Y continuará, si a eso agregamos que el señor Salas Chávez llega precedido también de un currículum impresionante que documenta su participación directa en casos ultra espinosos como el de Ayotzinapa, la masacre de San Fernando, en Tamaulipas; la masacre de Bavispe entre otros, así como una excelente relación con los altos mandos de las fuerzas armadas hoy en el ojo del huracán por la presunta utilización del programa Pegasus, un software de manufactura israelí para intervenir comunicaciones, queda claro que el conocimiento del nuevo fiscal sobre la realidad sonorense va más allá de saber cuáles son las mejores coyotas de Hermosillo, la mejor cecina de Cajeme, la machaca de Tacupeto y las diferencias cualitativas entre los quesos de Tricheras, Ímuris y Mazatán, por decir algo.

La ‘Operación Escoba’ que el nuevo fiscal llegó implementando en la fiscalía, removiendo prácticamente toda la estructura de mandos y supliendo cargos con personal de su confianza resulta natural y perfila un replanteamiento de la forma en que va a operar en adelante esa institución donde, después de un par de décadas se empoderaron al menos cuatro grupos cuyas cabezas visibles son el comandante Manolo Barrios, Carlos Castillo, la propia Claudia Indira Contreras y algunos personajes ligados al exprocurador Abel Murrieta.

Agreguemos otro elemento: el señor Salas Chávez, desde su posición en la secretaría Técnica de la Mesa Estatal de Seguridad nunca tuvo, según mis fuentes, una buena relación ni con su predecesora, ni con la señora Del Río, cuyo perfil y ‘expertise’ no encajarían en el replanteamiento de la política de seguridad en el estado y por ello comienza a cobrar fuerza la versión de un eventual relevo en la Secretaría a su cargo.

Claro, no es la primera vez que a la ex alcaldesa de Hermosillo le cantan ‘Las Golondrinas’ en el cargo, pero la llegada de un nuevo fiscal, aparentemente sin compromisos con grupos locales (de los malos y de los buenos) y con fama de implacable, pone de nueva cuenta sobre la mesa la viabilidad de mantener al frente de la secretaría de Seguridad a una persona que no haga sinergia con el nuevo hombre fuerte del gobernador en la Fiscalía.

Ya veremos.

II

Pero mejor pasemos a cosas más relajadas. Anoche se inauguraron las Fiestas del Pitic 2023 con las que se conmemora el 323 aniversario de la fundación de Hermosillo y desde temprano el centro histórico de la ciudad comenzó a llenarse de gente para pasar lista de presente en los diversos foros que acogieron todas las expresiones culturales.

Acá el jazz para el oído refinado; más allá el rock para soltar la greña, en otra parte la salsa cubana para sudar de lo lindo bailando en la cálida noche hermosillense. Allá en el foro Rosales la gente aguantó a pie firme el solazo de la tarde para conseguir el mejor lugar y disfrutar el concierto que cerró la jornada inaugural con Julión Álvarez, cantante de regional mexicano que convoca a miles, de todo género, de toda edad, de toda condición social.

El centro histórico es un hervidero de gente. Hay vendimia de todo y para todos; los bares y restaurantes, las cantinas son otros foros peculiares y albergue de tertulias y pasiones; en la calle está el arte, la cultura, la convivencia.

En la inauguración, el alcalde Antonio Astiazarán viaja en el tiempo y recuerda a los fundadores de esta ciudad que nació a la vera del río y que 323 años después ha evolucionado con las aportaciones de gente llegada de todas partes para integrar una comunidad plural, diversa, moderna, donde se mezclan las culturas para crear algo único.

“Donde otros ven adversidad, las y los hermosillenses vemos la posibilidad de superarnos, una oportunidad para demostrar que en el desierto se vive bien, que en este desierto se cuida el agua, transforma los rayos del sol en energía y es un gran sitio para formar comunidad, vivir, invertir y trabajar”, dijo.

Hermosillo está de fiesta. De fiestas del Pitic.

Por Arturo Soto Munguía

Lo que tenía que pasar pasó y el Congreso del Estado aprobó por unanimidad (el dato es importante) el nombramiento del nuevo fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez y lo que siguió fue el acto protocolario del toma de protesta a cargo del gobernador del estado, acompañado de la presidenta del Congreso, Alejandra López Noriega.

Resaltamos el tema de la unanimidad porque ilustra los pormenores de una coyuntura como la que presenciamos por estos días, en que la bancada mayoritaria y sus aliados no tendrían necesidad de desplegar las artes de la negociación para hacer pasar cualquier iniciativa, señaladamente las que vienen desde el Ejecutivo.

Sin embargo, se ve que hubo ‘tejido fino’ desde Palacio de Gobierno y desde la misma bancada de Morena para sacar adelante este nombramiento con el consenso de todas las fuerzas políticas, algo que significa mucho tratándose de un nombramiento como el del titular de la Fiscalía.

En la unanimidad, como se sabe, todos son iguales, aunque la historia nos recuerda que en la igualdad siempre unos son más iguales que otros. El PAN, por ejemplo, aprobó el nombramiento pero no hizo posicionamiento alguno al respecto. Kiko Munro, coordinador del PES, aliado de Morena literalmente se le tiró como “El Santo” al señor Salas Chávez y calificó el nombramiento como “una decisión correcta, con un perfil probado y en el momento necesario para Sonora y todos sus ciudadanos”. No le puso un ‘ocso’ nomás porque Dios es muy grande…

Sobresaliente la posición de la bancada de Movimiento Ciudadano cuyos integrantes ofrecieron por la mañana una rueda de prensa en la que fundaron su decisión de acompañar la propuesta del gobernador, matizando tal acompañamiento con un discurso crítico en el sentido de que, en adelante, el Ejecutivo no tendría más pretextos para justificar los magros resultados en materia de procuración de justicia y coordinación para el combate al crimen.

El posicionamiento corrió a cargo de Ernesto de Lucas, que algo le sabe al tema pues fungió como secretario de Seguridad en el gobierno de Eduardo Bours.

Conviene detenerse un poco en este posicionamiento, porque hasta hace un par de semanas, la bancada de MC había mantenido una posición sumamente crítica respecto a lo que ocurría en el Congreso donde, acusaban, la mayoría de Morena y sus aliados ni siquiera se tomaban la molestia de leer las iniciativas presentadas por los emecistas, y las mandaban sin atajos a la congeladora legislativa, independientemente de que sus contenidos estuvieran orientados a llenar vacíos legales en temas de verdadero impacto social.

Atribuían esa actitud, y en su momento lo hicieron saber los otros tres integrantes de la bancada naranja, Rosa Elena Trujillo, Jorge Russo y Natalia Rivera, al espíritu crítico de sus posicionamientos respecto a las políticas gubernamentales, quejándose de la falta de reciprocidad pues en más de una ocasión se sumaron convencidos a las iniciativas oficiales, señaladamente las relacionadas con la hacienda pública.

Pero es claro que algo sucedió porque ayer, así sea con un matiz crítico, decidieron acompañar la propuesta del Ejecutivo para aprobar su propuesta (única) de nuevo fiscal estatal.

En la víspera, por cierto, se destrabó la iniciativa de la diputada Natalia Rivera para tipificar como delito la sumisión química, esa práctica ilegal de adulterar bebidas alcohólicas, un tema que es motivo de preocupación en amplios sectores de la sociedad, debido a que mediante esas prácticas se han cometido delitos aún peores: acoso sexual, privación ilegal de la libertad, abuso y hasta violaciones sobre todo en jóvenes mujeres que acuden a lugares donde se expenden bebidas alcohólicas.

Para ser justos, esta iniciativa, que no solo penaliza la adulteración de bebidas sino que obliga a los establecimientos a implementar mecanismos y protocolos para proteger a sus clientes, debió aprobarse hace mucho no solo en comisiones, sino en el pleno. Pero por alguna razón se mantenía ‘congelada’.

Como sea, se nota que la puerta de la negociación política se ha abierto y eso es una buena señal, que algunos adjudican al estrenado secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, aunque otros, como los sindicalizados del ISEA sostienen que el señor nomás no puede con la papa caliente del conflicto que mantienen con la directora de esa institución, María Engracia Carrazco.

Sobre este tema volveremos mañana, porque se está complicando y también está poniendo a prueba la mano zurda del secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante.

II

Hubo actividad por rumbos del PRI estatal, donde su dirigente Rogelio Díaz Brown salió a fijar postura en torno al irresuelto problema de los productores de trigo y maíz en el sur del estado a quienes dijo, el gobierno federal no solo les ha fallado, sino que los ha despreciado.

Recordó que los programas de apoyo al campo, señaladamente el de los precios de garantía fueron compromisos de campaña de AMLO en 2018, pero siguen pendientes desde entonces.

El PRI, señaló no había fijado postura para no dar pie al sobado argumento oficial de que el tema se estuviera aprovechando con fines políticos y justificara su inacción en ese argumento, cuando en realidad se trata de un tema “puramente económico” en el que el gobierno no ha sido capaz de ofrecer soluciones a los productores de trigo y maíz, pero tampoco a porcicultores, avicultores y en general a los hombres y mujeres del campo donde descansa la autosuficiencia alimentaria del país.

Ni siquiera ha cumplido, recordó, aquella promesa de campaña según la cual desconcentraría las dependencias federales trasladando la SADER a Ciudad Obregón y en lugar de apoyar al campo, desapareció 20 de los 22 programas federales que ya existían para mantener la sustentabilidad del sector agropecuario, incluyendo a Financiera Rural, que dejó a muchos productores a merced de la banca privada.

“El gobierno federal está tratando de engañar y dividir a la sociedad diciendo que son los productores que más tienen quienes quieren los apoyos, pero no entienden que el fondo del asunto son millones de familias que dependen del sector agropecuario”, subrayó.

III

Hay algunos temas más en el tintero pero mejor la dejamos hasta aquí, para guardar pila, ya que hoy, hoy, hoy, comienzan las Fiestas del Pitic 2023 y a estas alturas del partido tampoco estamos como para aguantar más de tres al hilo y como usted sabe, habrá más de diez eventos a lo largo del día para rematar por la noche en el concierto de Julión Álvarez, que se espera convoque más gente que la presentación del libro “De La Habana a Camagüey”, que ya le anda disputando el título de Best Seller al de Marcelo Ebrard, que ni me acuerdo como pinches se llama.

Aquí la dejamos pues.

Por Arturo Soto Munguía

Había tardado en enseñar el cobre de la traición la senadora Lilly Téllez, que le mojó la pólvora a no pocos panistas incautos que ya se estaban entusiasmando con la retórica visceral y hueca, pero relativamente efectiva para cautivar sobre todo a los más recalcitrantes odiadores de todo lo que huela a 4T.

Ante la propuesta de Santiago Creel, otro de los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN en el sentido de que tal candidatura debería definirse a partir de una base de un millón de firmas de apoyo, la conductora de televisión sugirió que el diputado federal estaba siendo financiado por vaya usted a saber qué fuerzas, y prácticamente condicionó la unidad del PAN a un método de selección distinto a ese que, según su dicho implica un derroche de recursos y no tiene garantías, pues “quien controla el partido controla las firmas”.

De paso pues, le arrimó la lámina al partido que la acogió con tanto entusiasmo después de renunciar a la bancada senatorial de Morena, a donde llegó por efecto de la ‘ola guinda’, aunque ella suponga que fue por su carisma, presencia, propuesta (¿?) y arrastre entre las multitudes. En Sonora todos sabemos que si la señora Téllez hubiera sido la candidata del PAN (en alianza con PRI y PRD en esa elección, Morena le hubiera pasado por encima inmisericordemente. Pero esa es otra historia.

Lo cierto es que el posicionamiento de Téllez a través de su cuenta de Twitter hizo arquear las cejas a la clase dirigente del PAN, que atisba la posibilidad de que la sonorense, enceguecida por el sueño guajiro de ser su candidata presidencial, les aplique la que aplicó en Morena y no solo tome distancia de ellos, sino que se convierta en un ‘cuchillito de palo’ que dinamite el de por sí escarpado camino de la unidad.

En este espacio se ha mencionado que detrás del discurso visceral antiobradorista de la senadora, en realidad se esconde la mejor carta de López Obrador para pasarle por encima a la oposición, ya que representa y sintetiza impecablemente todo aquello que el presidente se ha encargado de fijar en el imaginario colectivo de millones de mexicanos, como las fuerzas más oscuras del conservadurismo, la corrupción, el oportunismo y el regreso a un estado de cosas que en 2018 los mexicanos rechazaron en las urnas.

Así como traicionó primero al PRI, con el que coqueteó siempre Lilly Téllez, y los morenistas le aplaudían a rabiar en sus mítines de campaña, luego traicionó a Morena y los panistas andaban encantados. Pero con ese inflamadísimo ego que la desborda, ahora supone que tampoco el PAN la merece y los morenistas solo se sientan a disfrutar del espectáculo. No digan que no podía saberse.

II

Pero si de pleitos de callejón hablamos, no es para nada menor lo que ocurre en otro frente de la oposición, donde Movimiento Ciudadano desplegó banderas contra el PRI en una primera instancia, y luego contra el PAN, al que entre otras cosas le recordó cómo su candidato en 2018, Ricardo Anaya, a quien el presidente priista Enrique Peña Nieto quiso meter a la cárcel mientras Alito Moreno le aplaudía, pero al PAN ya se le olvidó y ahora van en alianza con los tricolores, escribió en su cuenta de Twitter Jorge Álvarez Maynez, dirigente de MC.

Priistas y panistas se le fueron a la yugular a los emecistas acusándolos de estar fungiendo de comparsas de Morena y, como telón de fondo, el mismísimo Alito Moreno se autodestapa como precandidato de la alianza opositora a la presidencia de la República.

Para estar a poco más de un año de las elecciones, los ánimos se están caldeando de manera singular entre fuerzas opositoras y se están dando con todo a diez días de las elecciones en Coahuila y Estado de México.

Por cierto, esta mañana al filo de las 9:00 horas, la bancada de MC en el Congreso local ofrecerá una rueda de prensa donde seguramente abordarán el tema que se discutirá más tarde en el pleno, a propósito del nombramiento del nuevo fiscal estatal, pero será inevitable preguntarles por la marejada política con epicentro en el altiplano, pero que ya metió a la discusión a sus dos gobernadores: Samuel García, de Nuevo León y Enrique Alfaro, de Jalisco.

Dos horas después, la dirigencia estatal del PRI tendrá su rueda de prensa en la que seguramente abordarán este espinoso tema. Ya les estaremos reportando desde el lugar de los hechos.

III

El Congreso del Estado decidirá hoy en sesión extraordinaria el nombramiento de Gustavo Rómulo Salas Chávez como fiscal estatal, a propuesta del gobernador Alfonso Durazo. Para tal nombramiento se requiere una mayoría calificada que holgadamente tienen Morena y sus aliados, por lo que su asunción es un hecho, aunque habrá que conocer los posicionamientos de las otras bancadas.

Salas Chávez tomará el cargo que interinamente ocupa Tadeo Gradillas, luego de que Claudia Indira Contreras presentara su renuncia con carácter de irrevocable. Rómulo Salas llega precedido de una fama de hombre de mano dura, muy cercano a las fuerzas armadas y con larga trayectoria en instancias de investigación y persecución del crimen organizado. Es hombre muy cercano al gobernador Durazo, con quien trabajó durante el paso de este por la secretaría de Seguridad federal.

IV

Me es muy grato comunicarles que la tercera edición del libro “De La Habana a Camagüey” ya salió de imprenta y muy pronto estaremos dándoles los pormenores sobre su presentación.

Este pequeño libro de crónicas de vida cotidiana en Cuba tiene un especial significado porque tiene su propia historia que, desde luego viene contenida en sus páginas y tiene que ver con una presentación fallida en La Habana, donde el libro fue decomisado y catalogado como ‘literatura contrarrevolucionaria’, con todo lo que eso implica en Cuba.

Eso sirvió para incorporar a los textos originales, más orientados a recrear la vida cotidiana en la isla que a los temas políticos, las crónicas del decomiso, con todos los avatares del caso.

Por alguna razón, a mi amiga Margarita Torres, que en ese entonces se encontraba estudiando un posgrado en la Universidad de Europa Central en Budapest se le ocurrió que era buena idea presentar allá el libro, habida cuenta el interés que despierta la vigencia del comunismo en Cuba, en países de aquella región donde ya pasaron esa experiencia histórica.

Por supuesto que nos fuimos a presentarlo allá, pero esa es otra historia.

Pendientes con la presentación en Hermosillo. Ahí les aviso.