Por Arturo Soto Munguía
De ninguna manera resulta extraña la pobrísima participación de los estudiantes universitarios en las elecciones llevadas a cabo el pasado miércoles para integrar los órganos de gobierno de la Máxima Casa de Estudios.
Prácticamente la totalidad de los y las estudiantes que actualmente cursan una carrera en la Unison ni siquiera estaban en el presupuesto de sus padres cuando bajo la antigua Ley 103 se registró el último proceso electoral de ese tipo, de manera que en su mayoría no tienen una idea siquiera cercana de la importancia de ganar espacios de representación en esos órganos.
Que su participación no haya llegado al 30 por ciento indica al menos dos cosas. Por un lado, que el sector estudiantil se encuentra desorganizado, desmovilizado, carente de liderazgos y alejado, cuando no refractario a la cultura de la participación social y política.
Por otro lado, es claro que después de tres décadas de vigencia de la Ley 4, esta cumplió cabalmente con uno de sus objetivos que era precisamente el de la desarticulación de las organizaciones estudiantiles y su marginación de los órganos de gobierno; la imposición de un modelo educativo fincado más en las aspiraciones individuales que en la conciencia colectiva y en la desvinculación de los estudiantes con la realidad social.
Salvo contadas excepciones, la Ley 4 castró la natural rebeldía juvenil y desmotivó el interés de los estudiantes por las labores sustantivas de la Universidad, señaladamente las relacionadas con la extensión universitaria. Fueron 31 años en esa tónica.
Se veía venir, pues, el desprecio y desinterés por la jornada electoral. Durante el proceso de socialización de la nueva ley 169, la participación de los jóvenes fue marginal y eventualmente, simbólica. En este mismo espacio consignamos en su momento que los grandes ‘ganones’ de la reforma fueron los académicos y académicas que, con más experiencia y en muchos casos inspirados en la nostalgia por dinámicas en las que sí les tocó participar al cierre de la década de los 80, condujeron de punta a cabo el proceso de reforma, en foros abiertos y en cuchupos políticos que a los ya veteranos sindicalistas forjados en el asambleísmo, la marcha, el mitin y el plantón les resultan bastante familiares.
Con la diferencia de que hoy, se llevan de ‘piquete de ombligo’ con las autoridades gubernamentales, particularmente aquellas que estuvieron promoviendo y cabildeando la reforma a la Ley 4. De manera más específica con el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, que forma parte de esa generación de universitarios que resistió sin éxito la imposición de la llamada Ley Beltrones.
No es casual que la participación de los académicos haya rebasado el 70 por ciento.
Hoy, los académicos retoman los espacios que les fueron arrebatados en 1991 y en adelante serán protagonistas centrales en la toma de decisiones más relevantes en la Máxima Casa de Estudios: políticas, administrativas, financieras, académicas.
Tendrían que pasar tres, cuatro o más años para que los estudiantes despierten del marasmo y dimensionen la oportunidad que les brinda la nueva legislación universitaria al reconocerles su mayoría de edad como actores políticos y como el sector mayoritario que son en la Universidad de Sonora. Hoy no fue. Hoy despreciaron, por desinterés, por desconocimiento; por su desorganización o valemadrismo, la oportunidad de ser parte activa del gobierno universitario y participar en las políticas que sin duda les conciernen directamente.
II
Movimiento Ciudadano fue el único partido político que desde el inicio de la discusión sobre la reforma que pretendía acotar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se manifestó en contra y fue un contrapeso clave para que finalmente es iniciativa fuera enviada a la congeladora.
No es un asunto menor y aquí lo advertíamos hace unos días. Esa reforma, que de inicio había sumado el consenso pocas veces visto entre el partido oficial y la oposición del PAN, PRI y PRD, pretendía entre otras cosas limitar al TEPJF en la atención a acciones afirmativas de grupos vulnerables, de paridad y en la vida interna de los partidos políticos.
Estos son algunos de los puntos que planteaba dicha reforma:
a).- Someter las acciones afirmativas al límite literal de la ley (art. 41).
b).- Limitar la judicialización de los asuntos internos de los partidos políticos a los mencionados explícitamente en las leyes aplicables, concediendo a los partidos políticos amplias facultades para garantizar la paridad de género en el ejercicio de su autodeterminación y autoorganización (art. 41).
c).- Establecer la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para adoptar medidas afirmativas para grupos vulnerables y garantizar la paridad de género en el acceso a espacios de representación (art. 73).
d).- Circunscribir la competencia del TEPJF a controversias reguladas únicamente por leyes electorales (art. 99).
e).- Limitar las resoluciones del TEPJF al tenor literal de la ley (art. 99).
f).- Excluir de la jurisdicción electoral los actos y determinaciones de las Cámaras del Congreso, así como las decisiones de sus órganos de gobierno y las correspondientes a sus regímenes interiores (art. 99).
g).- Facultar a la SCJN, mediante controversia constitucional, a conocer los litigios originados por actos y determinaciones del Congreso y sus órganos de gobierno (art. 105).
En resumen, blindar a las dirigencias de los partidos políticos para que hicieran, literalmente, lo que les diera su gana, independientemente de que en ello se pasara por encima de los derechos de sus militantes.
La oposición solitaria de MC, sin embargo, detonó la inconformidad de legisladores y legisladoras del resto de los partidos, incluyendo a Morena y sus aliados. El primero que dio un paso atrás fue el PAN y al romperse la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución, no les quedó de otra que mandar a la congeladora esa iniciativa.
En Sonora hubo un posicionamiento firme del partido naranja, cuyos diputados sostuvieron que “No podemos aceptar una reforma que privilegie la autorregulación de los partidos otorgándoles una discrecionalidad que restringe la posibilidad regulatoria de autoridades electorales; es un cheque en blanco del que ya conocemos sus resultados”, expresó la diputada Rosa Elena Trujillo, coordinadora de su bancada, en una rueda de prensa en la que estuvieron también Natalia Rivera, Jorge Russo y Ernesto de Lucas.