Por Arturo Soto Munguía
Está en marcha, sin duda, una operación de Estado para que los 39 cuerpos de migrantes muertos en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez queden en el mismo sitio que los 49 niños de la Guardería ABC, los 137 muertos de Tlahuelilpan y los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Donde habita el olvido, diría Sabina. Donde habita la impunidad, agregaría.
Es curioso, por no decir siniestro, que en esas cuatro grandes tragedias donde cadenas de complicidades, omisiones, abusos, corruptelas y tráfico de influencias fueron formando tormentas perfectas para que la muerte envolviera en llamas a 258 personas distantes en el tiempo y en el espacio, pero convergentes en su condición de víctimas.
Y que el Estado mexicano se calzara, hoy como ayer, el uniforme de bombero para apagar los fuegos donde puede arder cualquiera, menos quienes lo encarnan.
Como en su momento lo hicieron otros gobiernos, el actual ha prometido que no habrá impunidad, se ha comprometido con el castigo a los responsables, con la investigación ‘hasta las últimas consecuencias’ y también con la implementación de acciones para la no repetición.
En los hechos, la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, con el voto de sus aliados impidió que pasara la solicitud de comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, respectivamente. Ambos, precandidatos presidenciales de su partido.
Curiosamente, fue el senador Ricardo Monreal Ávila quien propuso tales comparecencias y al momento de votar, se abstuvo. Pasó, eso sí, una propuesta para que comparezca el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño para que informe sobre los hechos trágicos de Ciudad Juárez.
Aunque las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, este se mantiene fuera del foco de la atención pública y quien ha dado la cara es la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez.
Gertz no aparece en público desde hace meses y se sabe que convalece de una enfermedad. Por razones distintas, es claro que a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López los mantendrán en un bajo perfil durante el abordaje de este tema, pese a que el INAMI depende de Gobernación y el tema migratorio está a cargo de la cancillería.
Lo más relevante en la rueda de prensa que ayer dio Rosa Icela Rodríguez fue la implicación de la empresa de seguridad privada es CAMSA, y no SEICSA, cuyo apoderado legal es el cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdez Cabrera, una empresa que tiene contratos con diversas dependencias del gobierno federal por 3 mil millones de pesos.
El periodista sonorense Jesús Alberto Ibarra documentó que esa empresa tiene un contrato por 56 millones de pesos con la Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas SA de CV, pero se sabe que presta sus servicios a otras dependencias como el IMSS, CFE y el propio INAMI.
La secretaria de Seguridad también reveló que ya se giraron órdenes de aprehensión contra 5 empleados de la empresa de seguridad, dos agentes federales y uno estatal y rubricó con el clásico “se investigará a todas las autoridades que sea necesario”.
Todo parece indicar, sin embargo, que la maquinaria de Estado se encuentra en marcha para que al final, como ocurrió en los casos ABC, Ayotzinapa, Tlahuelilpan y otros más, la justicia llegue hasta el sacrificio de algunos chivos expiatorios pero no a las cabezas de las instituciones que por omisión o por comisión permitieron que a lo largo de los años se fuera generando esa tormenta perfecta que derivó en un nuevo infierno en el que murieron esta vez, 39 migrantes.
Supongo que las autoridades gubernamentales están haciendo lo que desde su perspectiva es lo correcto, es decir, un control de daños políticos para no resultar muy dañados electoralmente en los comicios que vienen. Lo mismo hicieron gobiernos del PRI y el PAN frente a tragedias similares que les tocó en su momento.
Solo basta apuntar que entre otras cosas, ese tipo de gestión de crisis derivó, con los años, en una erosión de la legitimidad que a la postre les costó el repudio del electorado.
II
Natalia Rivera Grijalva sigue perfilándose como la diputada más productiva en la actual legislatura y una de las que recoge de mejor manera las demandas ciudadanas de diversa índole para traducirlas en leyes.
Ayer presentó una iniciativa para sancionar a las empresas que excluyan de sus procesos de reclutamiento y contratación a personas mayores de 35 años.
Los datos que fundamentan esta iniciativa son preocupantes. El segmento de personas entre 35 y 65 años de edad ha crecido en más de un 50% en los últimos 20 años, pero actualmente nueve de cada diez anuncios de empleo las dejan fuera de sus convocatorias.
En ese rango de edad las personas siguen siendo altamente productivas y estudios internacionales establecen que la capacidad de los países para producir riqueza puede crecer en un 20 por ciento si se integran a la planta laboral.
Sin embargo las empresas las continúan excluyendo mediante prácticas discriminatorias por motivos de edad, de ahí que con esta iniciativa se busque inhibir y eliminar esas prácticas otorgándole a la secretaría del Trabajo nuevas funciones de verificación y sanción, así como el incremento de multas para quienes discriminen a trabajador@s por razones de edad.
Un punto interesante es la coordinación del primer registro de empresas sancionadas por discriminación laboral en el estado y la publicación de un informe anual de acciones para evitar actos de discriminación laboral.
Bien.
III
Y ya que andamos por rumbos del Poder Legislativo, ayer se aprobó en el pleno del Congreso la iniciativa de ley que institucionaliza el 17 de marzo como el Día del Cronista Histórico en Sonora, presentada por la diputada Alicia Gaytán y socializada en parlamento abierto con hombres y mujeres que se dedican al rescate de la memoria histórica de pueblos y ciudades del estado.
La diputada ya había presentado otra iniciativa para exhortar a los ayuntamientos a designar a una persona que recoja la memoria de sus patrias chicas: personajes, historias, anécdotas, leyendas y todo aquello que contribuya a preservar esa memoria social tan necesaria para no olvidar lo que somos, lo que hacemos y de dónde venimos.
En esta iniciativa fueron consultados cronistas organizados en la ACROS (Asociación de Cronistas Sonorenses) e independientes como Pamela Corella, José Luis Batrragán, Rodolfo Rascón Valencia, Jesús Aparicio Guerrero, Blanca Rosa López, Guadalupe Peralta, Francisco Alberto Miranda y, humildemente, este relator de aconteceres.
La fecha es significativa pues el 17 de marzo es el natalicio de don Gilberto Escoboza, cronista de Hermosillo y emblema de este noble oficio.
