Por Arturo Soto Munguía
Eraclio López Díaz es trabajador de una empresa de seguridad privada. Como muchos de los más de 28 mil hombres y mujeres que se dedican a esa actividad, labora bajo condiciones muy precarias en materia salarial y no se diga en contractuales.
En noviembre del año pasado mientras desarrollaba su trabajo en un inmueble ubicado en el parque industrial, fue mordido por una garrapata. Le transmitió la bacteria que provoca rickettsia y cayó en cama. Tuvo que ser hospitalizado y en el transcurso de su convalecencia cayó en coma.
El inmueble que estaba cuidando es una vieja bodega incautada por lo que antes se conocía como Servicio de Administración de Bienes Asegurados y que bajo la administración de AMLO se convirtió en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Que las empresas de seguridad privada presten sus servicios en dependencias de los tres niveles de gobierno es más común de lo que se imagina. Casi el 30 por ciento de ellas lo hacen, sobre todo las que pertenecen a políticos y militares. En el caso de la empresa para la que trabajaba Eraclio López Díaz, se trata de CUSAEM, una empresa asentada en el Estado de México y que según Claudio Huidobro tiene entre sus dueños al mismísimo expresidente de México, Enrique Peña Nieto y al actual gobernador de aquella entidad, Alfredo del Mazo.
Con todo y eso, López Díaz laboraba en condiciones precarias y sin seguridad social. Apenas vive para contarlo, dice su dirigente sindical, Claudio Huidobro, quien lo acompaña a la sede del Congreso del Estado donde esperan la sesión de la Comisión del Trabajo que preside el petista Sebastián Orduño, para plantearle una serie de demandas que vienen gestionando desde hace años sin resultados favorables.
Huidobro reconoce que recientemente se reformó la ley que regula las empresas de seguridad privada en el estado, muchas de las cuales operan de manera desordenada, sin supervisión ni control y evadiendo responsabilidades contractuales con su personal.
Sin embargo esas reformas no incluyen lo relacionado con el ámbito laboral y las irregularidades en la contratación permanecen. El problema se agudiza porque sobre todo en la pasada administración estatal menudearon las empresas de nueva creación formadas por funcionarios públicos para prestar sus servicios en las mismas instituciones de gobierno, además de empresas privadas.
La situación alcanzó uno de sus puntos más álgidos en 2018, cuando el sindicato que representa a los trabajadores de la empresa que presta sus servicios en el IMSS estalló una huelga. Paradójicamente una de las demandas de ese movimiento es que los guardias de seguridad ni siquiera contaban con seguridad social. Durante el conflicto, los huelguistas fueron reemplazados por elementos del ejército mexicano que desempeñaron una función de esquiroles.
Claudio Huidobro dice que casos como el de Eraclio López se repiten a lo largo y ancho del estado, no en el sentido de que los muerda una garrapata, sino en la desprotección de sus derechos laborales, pues de las 434 empresas que brindan seguridad privada en Sonora, muy pocas cumplen cabalmente con sus obligaciones para con los trabajadores, y como complemento, hay varios sindicatos que los agrupan, pero muchos ni siquiera saben cuáles son pues se trata más bien de sindicatos conocidos como ‘de protección’, auspiciados por la misma empresa para cuidar sus intereses y no los de los trabajadores.
De los aproximadamente 28 mil guardias de seguridad que trabajan en Sonora, un tercio son mujeres. La gran mayoría son obligados a trabajar jornadas de 12 horas que no consideran el pago horas extra y eso no solo se traduce en un menor ingreso, sino que impacta sus pensiones y jubilaciones, así como otras prestaciones laborales.
La idea de reunirse con los diputados de la Comisión del Trabajo es para plantearle demandas muy concretas que tienen que ver con la certificación del personal para acceder a salarios dignos, de al menos 274 pesos diarios.
Huidobro dice que ya se han reunido con el diputado Sebastián Orduño y con el mismo secretario del Trabajo, Francisco Vázquez, quienes los han atendido muy bien y hasta les ofrecen café en sus oficinas. “Pero un cafecito no nos sirve de nada”, se lamenta.
II
Un interesante encuentro tuvo lugar ayer en el Centro de Gobierno, a donde acudieron alcaldes y alcaldesas de todo el estado para firmar un convenio con el gobernador Alfonso Durazo mediante el cual se canalizarán este año 150 millones de pesos para 600 obras en todos sus municipios.
Estos recursos corresponden al programa Transforma Sonora y estarán orientados a través del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, a materializar la infraestructura que requieren y dar respuesta a las necesidades más sentidas de la gente.
Más temprano el gobernador colocó la placa de Sonora Salva en el Palacio de Gobierno. Este programa certifica espacios públicos y privados como sitios en donde el personal ha recibido capacitación para atender mujeres víctimas de acoso, orientarlas y protegerlas.
Es un programa de la secretaría de Seguridad Pública cuya titular, María Dolores del Río estuvo presente.
El evento, desde luego tuvo mucho de simbólico pues si hay un lugar en Hermosillo que por su vigilancia a cargo de policías municipales, estatales, marinos, soldados y Guardia Nacional es seguro no solo para mujeres, sino para todo público es el Palacio de Gobierno, pero sirvió para difundir los alcances del programa y para dejar sentado que, aunque falta mucho por hacer en materia de protección a las mujeres, como reconoció la secretaria, se está avanzando.
III
Hoy habrá oportunidad de aclarar varias dudas que resultaron del anuncio de la eventual compra o renta de unidades para el transporte urbano, con motores de combustión interna o eléctricos, pues habrá rueda de prensa con la titular del Instituto de Movilidad y Transporte, Lirio del Castillo. Ya les estaremos informando.
También estará allí el secretario de la Consejería Jurídica, Adriel Córdova Pimentel para abordar el tema de la capacitación para defensores de oficio y operadores del sistema de justicia para adolescentes.
