Categoría: Policiaca

Hermosillo, Sonora.- Sonora se ubicó el año pasado en el sexto lugar nacional con mayor índice de muertes violentas en el país, con una tasa anual de 58 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución de 12 asesinatos, con respecto a 2021.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 Sonora registró mil 723 muertes con violencia, solo por debajo de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua.

Precisó que en el país se registraron de manera general 32 mil 223 homicidios, de las cuales el 67.6 por ciento fueron por disparos de arma de fuego, 9.7 por ciento por arma blanca, y 7.4 por ciento por estrangulamiento.

Apuntó que, en el caso de los hombres la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de ese género fue de 44.4 por ciento, mientras que en las mujeres fue de 5.8 por ciento.

Elementos de la Guardia Nacional división caminos ubicaron a un autobús, y al momento de llevar a cabo la supervisión al interior se encontraban hombres, mujeres, jóvenes y niños provenientes de Centroamérica.

Esta mañana fue detenido un camión que trasladaba a un grupo de 129 migrantes en la carretera Guaymas- Hermosillo, los ocupantes y el chofer fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guaymas.
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La situación se dio cuando elementos de la Guardia Nacional división caminos ubicaron a un autobús, al momento de llevar a cabo la supervisión al interior se encontraban hombres, mujeres, jóvenes y niños provenientes de Centroamérica, el chofer fue detenido quedando a disposición de la autoridad.

Posteriormente, alrededor de las 11:30 horas, se realizó un dispositivo de seguridad por parte de las autoridades Federales a disposición del ministerio público para trasladar a personas ilegales a la ciudad de Hermosillo.

La movilización inició la noche del pasado lunes, donde un grupo liderado por la activista Alba Luz Borbón tomó la caseta de Esperanza, Fundición y la Jaula, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional a solicitar el retiro.

Tal y como lo habían anunciado en semanas anteriores, ciudadanos tomaron las casetas de cobro del sur de Sonora para exigir el libre tránsito por la Carretera Internacional 15, pero horas después corporaciones de seguridad detuvieron a 12 personas por afectar directamente la Ley Federal de Vías de Comunicación.

La movilización inició la noche del pasado lunes, donde un grupo liderado por la activista Alba Luz Borbón tomó la caseta de Esperanza, Fundición y la Jaula, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional a solicitar el retiro.

A través de un comunicado, la Mesa Estatal de Seguridad informó que el desalojo y detención se realizó conforme a la ley, ya que las personas estaban cometiendo un presunto delito y se detectaron en flagrancia.

“La operación se realizó con éxito y se efectuó el desalojo, detención y puesta a disposición de las autoridades federales a las 12 personas que infringían la ley, al obstruir las vías de comunicación. Será la autoridad federal la que determinará lo que en derecho proceda”, informó.
La mayoría eran mujeres

La líder del movimiento, Alba Luz Borbón, comentó que estas acciones se realizaron en coordinación con un grupo de transportistas, pero la mayoría de los participantes eran mujeres que fueron detenidas por las autoridades.

Agregó que van a tener una reunión con autoridades del Gobierno del Estado, para conocer el paradero de las personas detenidas, con el fin de apoyar en los procedimientos legales para que sean liberadas.

Mientras tanto, dijo, no planean tomar de nuevo las casetas de cobro, ya que se tiene una reunión programada para el próximo jueves con el representante de la Secretaría de Gobernación Federal en Sonora, Máximo Moscoso Pintado, con el fin de analizar el tema del libre tránsito.

“Vamos a hablar hasta que nos reunamos con el delegado federal para que se diga la verdad de ellos y la nuestra con la ley en la mano, esa es la idea. Nos da tristeza que hayan detenido a estas personas porque nosotros no estamos haciendo nada ilegal”, comentó.

Cd. Obregón, Sonora.- El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón localizó un panteón clandestino en una vivienda abandonada en la colonia Nueva Palmira.

Las madres recibieron una denuncia anónima respecto al lugar, señalando que hay, al menos, 15 cuerpos de personas desaparecidas, por lo que este martes van a continuar con los trabajos de búsqueda.

Desde el pasado sábado, las integrantes encontraron un cuerpo y siete más este lunes.

Los cuerpos de tres policías fueron hallados en un predio baldío de Ciudad Obregón, Sonora.

Las víctimas habían sido privadas de la libertad el pasado 30 de junio, cuando se encontraban en su domicilio tomando café.

Familiares de los tres hermanos señalaron que un comando irrumpió en el inmueble y se los llevó por la fuerza.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que los policías habían muerto, tras confirmar que los cuerpos hallados en un predio baldío de la colonia Valle Verde eran de ellos.

José de Jesús N., Carlos Armando N. y Marco Antonio N. pertenecían a la Policía Municipal de Cajeme.

La hipótesis de las autoridades es que se trató de una agresión directa contra ellos, en tanto que la línea de investigación apunta a un grupo criminal que opera en la región.

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad informaron de un enfrentamiento armando entre personal de la Policía Municipal y civiles que dejó como saldo preliminar cinco agresores armados muertos y un oficial herido en San Ignacio Río Muerto.

La tarde de este miércoles 31 de mayo se activó el Código Rojo luego de reportarse la presencia de un convoy de camionetas con hombres armados.

Al lugar se trasladaron elementos de la Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Los hombres armados se enfrentaron con policías municipales, donde un oficial resultó con lesiones menores en su mano.

Se aseguraron cinco fusiles de asalto y un vehículo en el operativo.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) fueron los encargados de procesar la escena.

El número de casos registrados en el boletín epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud Sonora, muestra un aumento de 52 por ciento en violencia intrafamiliar, respecto al año pasado, esto con corte al 13 de mayo, correspondiente a la semana epidemiológica 19.

Con base a la información emitida por la institución estatal, durante el año 2022 se registraron 120, mientras que este año la cifra es de 229 casos probables notificados.

En el caso de Hermosillo, el panorama es positivo, ya que se registró una disminución de 47 por ciento, pues está vez se tuvo conocimiento de 30 casos, mientras que la cifra del año precio fue de 64.

Por otro lado, en Nogales las cifras muestran señales de alarma, pues en la semana epidemiológica 19 del 2022 se registraron ocho casos, pero para este año el número es 155 casos, es decir, casi 20 veces más.
Otro lado de la violencia intrafamiliar

Cuando se habla de violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer es un tema de primera importancia, de acuerdo con Sofia Domínguez Adame, Defensora de los Derechos Humanos y Abogada Feminista Particular.

“La violencia intrafamiliar es un concepto social; suele aparecer cuando se trata de manipular, agredir a mujeres psicológica, emocional y económicamente; se presenta en todas las esferas de la vida diaria de una mujer, desde maternar: es el caso de la violencia vicaria, que viene a raíz de la violencia familiar, cómo es el caso de la manipulación, que es violencia psicoemocional”, detalló.

En cuanto a las cifras comentadas sobre el incremento de la violencia intrafamiliar, la abogada aseguró que en su labor profesional y humanitaria ha observado el aumento de este tipo de violencia.

“La violencia ha aumentado en Sonora. Yo todos los días recibo más de 20 llamadas pidiendo auxilio, hacen falta ministerios públicos y personal sensibilizado con perspectiva de género”, dijo.

En ese sentido, finalizó compartiendo para la ciudadanía que, en caso de requerir auxilio en cuanto a violencia intrafamiliar, especialmente contra la mujer, es importante asistir a los órganos de derechos humanos y buscar acompañamiento legal con perspectiva de género para evitar el fenómeno de la revictimización.

El gabinete de seguridad federal informó que de noviembre de 2018 a abril de 2023 se ha registrado un aumento de casi 49.6% los casos de violencia familiar y un 45.4% las víctimas de trata en el país, de acuerdo con el primer informe semestral de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

A pesar de que las autoridades de seguridad señalaron que la mayoría de los delitos del fuero común registraron una disminución, las víctimas de violación incrementaron un 43.2% y el narcomenudeo reportó un alza del 41.9%.

En las cifras sobre los delitos del fuero común, las autoridades compararon el periodo de noviembre de 2018 – abril de 2019 con el de noviembre 2022 – abril 2023.

En el documento se señala una disminución de los delitos de homicidio doloso con 12.7%, feminicidio con 2.19% y el secuestro con 60%.

Sin embargo, también se reportó un incremento en la extorsión del 25.3% y víctimas de lesiones dolosas en 5.6%.

En marzo de 2019 se publicó el decreto con el que se creó la Guardia Nacional y en un acuerdo de 2020, se permitió a las Fuerzas Armadas la colaboración en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria.

Hasta la fecha, Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua y Chiapas son los estados con más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para las tareas de seguridad pública.

Sinaloa suma 4 mil 879 elementos con 2 mil 100 de refuerzo; Guanajuato cuenta con un total de 4 mil 368 de los que mil 750 son de refuerzo y Chiapas reporta 3 mil 966 efectivos.

El gabinete de seguridad federal compareció este martes a puerta cerrada ante senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública.

El gobernador Alfonso Durazo dio a conocer la renuncia a su cargo de la fiscal Claudia Índira Contreras Córdova a quien reconoció su empeño y hará una oferta para que continúe como parte de su equipo.

Fue electa como Fiscal General del Estado por las dos terceras partes del pleno Congreso Local, por un periodo de nueve años, y la ex gobernadora Claudia Pavlovich, le tomó protesta el 15 de noviembre del 2018.

Este martes, Contreras Córdova, hizo formal entrega de carta de renuncia con carácter de irrevocable tanto al Congreso del Estado de Sonora, como al titular del Poder Ejecutivo. Dicha renuncia tendrá vigencia a partir del próximo 15 de mayo.

Alfonso Durazo dijo en conferencia de prensa que no ha tenido oportunidad de pensar quién la relevará en el cargo, pero analizará un perfil que domine de manera total el ámbito penal.

Un abogado penalista y que marque pauta desde ahí, con su desempeño; una gente honesta, recalcó.

Alguien “que por su trayectoria tengamos la certeza de que no se prestará jamás a una componenda o alguna complicidad, particularmente con las organizaciones criminales”.

Reconoció tanto la autonomía de la Fiscalía, como la soberanía del Gobierno del Estado, por lo que reconocerá un perfil con liderazgo.

Una persona con capacidad para interactuar plenamente con el Gobierno del Estado y por supuesto alguien que pase el examen de control de confianza.

Esta evaluación “deberá ser realizada por una dependencia de carácter nacional, ya sea la Secretaría de Marina el Centro Nacional de Inteligencia o la Fiscalía General de la República”.

“En esos exámenes de control de confianza te esculcan todo y se los digo por experiencia propia”, expresó el gobernador Durazo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

El pleno de la SCJN apoyó con ocho de 11 votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el Gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El ministro argumentó que en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 se establece que la administración de este cuerpo, que ahora tiene cerca de 128 mil integrantes, debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública.

“Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”, consideró la presidenta de la SCJN, Norma Piña.

La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, que han desplegado cerca de 90 mil agentes en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles.

Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la Guardia Nacional, que él prometió mantener civil.

Pero en 2022 envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Antes de la votación de la Corte, el mandatario negó en su rueda de prensa matutina que esté “militarizando” al país al argumentar que debía ceder la Guardia Nacional al Ejército para evitar que se corrompa.

“Utilizan como excusa de que se va a militarizar el país. Los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo ahora están preocupados y son defensores de derechos humanos. Hipócritas”, sostuvo.

Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanos a López Obrador, votaron en contra de invalidar la reforma al replicar los argumentos del mandatario.

En particular, señalaron que, aunque la Guardia Nacional pase a manos del Ejército no se militariza porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas.

“No se puede confundir la Secretaría de Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo”, señaló Zaldívar.

La reforma había causado controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército mexicano de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera de México con Estados Unidos.